99 Propuestas Reales Contra La Corrupcion

30
99 PROPUESTAS REALES CONTRA LA CORRUPCIÓN

description

Un documento presentado esta semana que está firmado por especialistas en los distintos campos dónde han redactado sus propuestas (administración pública, consumo, derecho, economía, ética, justicia, medicina, organización empresarial, psicología, sociología y urbanismo) y que a todos ellos les une su preocupación compartida con la ciudadanía por la degradación social y moral de la sociedad.

Transcript of 99 Propuestas Reales Contra La Corrupcion

  • 99 PROPUESTAS

    REALES CONTRA LA

    CORRUPCIN

  • 2

    2

    SUMARIO I- ADMINISTRACIN GENERAL

    II- ADMINISTRACIN LOCAL III- SISTEMA DE PARTIDOS Altos cargos Financiacin:

    o propuestas al modelo; o propuestas para combatir causas; o propuestas sobre infracciones y sanciones.

    IV- SISTEMA FINANCIERO V- TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES VI- ESCENARIOS SENSIBLES:

    1. Urbanismo 2. Sanidad 3. Empresa 4. Contratacin pblica 5. Seguridad Social y proteccin social 6. Justicia:

    A. MEDIDAS ESTRUCTURALES, ORGANIZATIVAS Y DE GESTIN B. MEDIDAS DE REFUERZO Y APOYO C. MEDIDAS DE REFORMA DEL PROCESO PENAL EN GENERAL D. MEDIDAS RELATIVAS AL TRIBUNAL DEL JURADO

    E. MEDIDAS RELATIVAS A LOS AFORAMIENTOS F. MINISTERIO FISCAL Y POLICA JUDICIAL G. MEDIDAS RELATIVAS A LOS BIENES INTERVENIDOS Y A LAS

    RESPONSABILIDADES CIVILES Y PECUNIARIAS H. MEDIDAS RELATIVAS A TESTIGOS Y PERITOS I. MEDIDAS RELATIVAS A LOS INDULTOS J. EJECUCIN PENAL Y PENITENCIARIA K. OTRAS MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIN EN DIFERENTES

    MBITOS

    VII- CDIGO PENAL VIII- EPLOGO

    PARTICIPANTES

  • 3

    3

    I.- ADMINISTRACIN GENERAL PROPUESTA 1: Fortalecimiento de las instituciones, persiguiendo mayores controles preventivos, vigilancia, inspecciones y actuaciones presididas exclusivamente por sometimiento al Derecho, objetividad, neutralidad ideolgica, e inters pblico. Para ello:

    Reduccin significativa de los cargos pblicos a 150.000 (Espaa tiene el triple que Alemania con la mitad de poblacin); potenciando sin embargo los servicios pblicos esenciales (sanidad, polica, bomberos, justicia, etctera) con personal suficiente y competente

    Impulso a la carrera funcionarial: acceso por concurso-oposicin, reduccin puestos de libre designacin, Estatuto de la Funcin Pblica

    o Creacin de un cuerpo/carrera de personal especializado para aquellos puestos que exigen la especializacin (jurdica, econmica, docente, sociolgica, sanitaria, de cooperacin, etc.) de donde procedern necesariamente los respectivos nombramientos.

    Establecer en todos los lugares de trabajo unos estndares de calidad/cantidad de trabajo mnimos y adecuados, por debajo de los cuales no podra ser admisible la presencia de un trabajador, as como unos objetivos de incentivacin con repercusin econmica y profesional. Se reformar el sistema sancionador de forma tal que quien no cumpla con esos estndares se le abra expediente en el que el trabajador pueda ser expulsado de su puesto de trabajo, incluso teniendo una oposicin aprobada, y sin derecho alguna a indemnizacin en los casos ms claros.

    Los funcionarios con dedicacin exclusiva no podrn realizar otro trabajo remunerado. Desaparece la posibilidad de tener trabajo que no sea en exclusiva. Sin embargo, cualquier trabajo que realicen fuera de su horario laboral s tendr repercusin en su categora laboral y en sus emolumentos por tal categora. Se establecer para ello una relacin de trabajos posibles y admitidos a realizar con sus correspondientes puntos y emolumentos, de forma tal que pueda ser lo ms objetivo posible.

    Lmites legales a lo que ha denominado huida del Derecho Administrativo, mediante toda clase de prestacin de servicios pblicos por sociedades mixtas que emplean dinero pblico por funcionarios pero amparados en la legislacin mercantil.

    El acceso a la Universidad ser mediante oposicin pblica y su resultado ser el 75% de la puntuacin final. El otro 25% lo ser por publicaciones, formacin acreditada y experiencia docente.

    PROPUESTA 2: Reducir sensiblemente el nmero de personas de designacin poltica y apostar por funcionarios de carrera, especialmente en puestos de control (por ejemplo interventores de ayuntamientos).

    Suprimir la contratacin de asesores. Hasta el cargo de Director General o equivalente debe ser ocupado por

    funcionarios, aunque se mantenga su eleccin por libre designacin.

  • 4

    4

    PROPUESTA 3: Aplicacin estricta de los medios de control de las Administraciones Pblicas

    Los interventores deben cumplir sus funciones de control de los gastos pblicos con absoluta minuciosidad.

    Los contratos no pueden fraccionarse ni adjudicarse a los mismos contratistas en un periodo de tiempo determinado.

    La Inspeccin de Servicios debe cumplir asiduamente su funcin de vigilancia de las actuaciones de los funcionarios.

    Crear un cuerpo de inspectores que puedan controlar el adecuado cumplimiento del trabajo y aptitud suficiente para el mismo, a cualquier nivel, en cualquier administracin y en cualquier momento, sin necesidad de preavisar, slo identificndose como tal. Este cuerpo tendr buzn abierto al pblico para reclamaciones laborales, las cuales sern investigadas.

    PROPUESTA 4: Transparencia de todas las actuaciones de las Administraciones

    Establecimiento de foros de consulta y participacin de la ciudadana. Crear un cuerpo de mediacin-arbitraje para resolver en un plazo muy breve de

    tiempo, no ms de un mes, cualquier queja presentada por un ciudadano contra un funcionario, sin que quepa distinguir si es nacional, local o autonmico. Este cuerpo estar formado por personas independientes y con conocimientos jurdicos y de mediacin suficientes. La resolucin ser elevada a los superiores para su efectivo cumplimiento

    No se abonar ninguna multa en efectivo metlico (salvo en oficinas de recaudacin o a travs de entidades bancarias) en el momento de su imposicin, o se abonar a travs de tarjeta o se dar un plazo al ciudadano para abonarla, incluso cuando se trate del desenganche de la gra.

    Transparencia de las sedes y oficinas pblicas, propiciando el acceso informado de los ciudadanos a las sedes y oficinas pblicas con atencin de personal preparado humanitariamente para esta tarea.

    PROPUESTA 5: Subvenciones a Organizaciones Sociales.

    a. Regulacin de las subvenciones a organizaciones empresariales y sindicales, de forma que se asigne una parte de las mismas directamente proporcional al nmero de afiliados, para los gastos de mantenimiento (incluidos los correspondientes a asistencia a rganos colegiados de la Administracin); y otra parte proporcional al nmero de delegados obtenidos en las elecciones sindicales.

    b. La participacin de las organizaciones sindicales en actividades de asesoramiento a los trabajadores deben excluirse de cualquier cobertura pblica, directa o indirecta, funcionando como una empresa privada que percibe de los interesados los gastos que se generen.

    c. La accin formativa por parte de estas organizaciones debe regularse sustituyendo las subvenciones por becas a los trabajadores que participen en las distintas acciones para el pago de los gastos generados.

  • 5

    5

    PROPUESTA 6: Insistencia en la motivacin y en la naturaleza de servicio pblico Incorporar en todas las escalas formativas (escolar, grado medio, universitaria y permanente) la formacin en valores, competencias y habilidades para el ejercicio de la funcin pblica al servicio de los ciudadanos PROPUESTA 7: La recuperacin tica pasa por la exigencia de ejemplaridad a todo cargo pblico no slo en la toma de decisiones sino en todas sus actuaciones vinculadas, debiendo articular medios eficaces para la inmediata destitucin de quien incumpla. Las indemnizaciones son de los clientes. Los honorarios, aunque puedan ser libres, deben ser adecuados a los intereses de los clientes, de forma tal que no impidan la reclamacin de los derechos en juego. Todos los honorarios, de abogados, arquitectos, debern ajustarse a estos lmites, siendo sancionado deontolgicamente su incumplimiento. Se establecern para ello unos porcentajes sobre la cuanta a reclamar, por encima de los cuales no se podrn percibir esos honorarios. PROPUESTA 8: Creacin de un Consejo Ciudadano, formado por personas de credibilidad social acreditada, independientes y con capacidad terica y/o prctica, que pudieran, junto con un equipo de funcionarios tcnicos, auditar la transparencia desde las Administraciones pblicas, tanto desde la vertiente econmica como social. De esta manera todas las Administraciones, funcionarios pblicos y cargos pblicos tendran que dar las explicaciones verbales/documentales, etc, necesarias al citado Consejo, cuyos expedientes o informes deberan tener el poder de solucionar, sancionar,. las situaciones de falta de transparencia/corrupcin, etc.

  • 6

    6

    II.- ADMINISTRACIN LOCAL PROPUESTA 9: Necesidad de tener representantes polticos preparados mnimamente en el funcionamiento de la administracin y comprometidos en el servicio pblico, exigindose que slo mediante acuerdo motivado los rganos de decisin puedan modificar las propuestas elaboradas por los servicios tcnicos.. PROPUESTA 10: Formacin continua de todo servidor pblico para reciclar conocimientos, medicin del desempeo y encuestas de satisfaccin ciudadana, que tengan su reflejo a posteriori en las retribuciones. PROPUESTA 11: Endurecer el rgimen de responsabilidad tanto de los funcionarios como de los polticos en relacin a su gestin, debiendo existir una consonancia con los delitos o actuaciones que puedan ser delictivas, y las penas a imponer. Propuesta 12: Medios vlidos y eficaces de control, dotndolos de personal suficiente y de procedimientos giles para fiscalizar la gestin de los ms de 8.000 ayuntamientos que existen en Espaa.

  • 7

    7

    III.- SISTEMA DE PARTIDOS PROPUESTA 13: Altos cargos: Ir hacia sistemas de listas abiertas que rebajen el poder de las cpulas de los

    partidos. Acceso a cargos pblicos: Exigencia de que quien acceda a un cargo pblico

    tenga un trabajo remunerado al que renuncie temporalmente, y aporte un certificado de su situacin econmica en ese momento.

    Limitacin del tiempo de permanencia en los cargos pblicos a 4 u 8 aos, debiendo tambin aportar en el momento de su cese otro certificado de su situacin econmica.

    Transparencia en la fijacin de los sueldos con publicacin en pgina web de la institucin de los ingresos por cualquier concepto (asistencia actos, dietas, etc.).

    Rgimen de incompatibilidades para el ejercicio de cualquier otro cargo retribuido, extensivo a un perodo de tiempo posterior para cargos directivos en empresas privadas que hubieren tenido relacin con las funciones pblicas desempeadas.

    Incorporar la responsabilidad civil de los polticos en la gestin de los recursos pblicos

    Introducir la responsabilidad poltica en los Estatutos de cada formacin con su exigencia en la ley de partidos que imponga automticamente consecuencias:

    I. con la incoacin de causa por corrupcin, la suspensin de militancia poltica II. desde la primera resolucin judicial con imputacin, la separacin del cargo

    pblico que ocupe III. desde el procesamiento o apertura del juicio oral, la separacin definitiva del

    cargo pblico IV. con la sentencia condenatoria, la pena accesoria prevista en la ley penal

    Incorporar la responsabilidad penal de la formacin poltica o sus cargos representativos cuando la misma participen a ttulo lucrativo o como encubridores en actos realizados por miembros del mismo relacionados con la corrupcin poltica

    Restriccin temporal de toda pensin o subsidio al abandonar el cargo desempeado.

    Prohibicin de desempear cualquier cargo pblico y de formar parte de listas electorales desde la imputacin de cualquier delito relacionado con la corrupcin.

    Reducir y publicar los privilegios fiscales durante el desempeo de cualquier cargo pblico

    PROPUESTA 14: Incorporar la e-democracia mediante herramientas como la firma electrnica para permitir consultas de cuestiones relativas a la modificacin de los programas electorales

    Propuestas de reforma relacionadas con el modelo de financiacin

    a) La financiacin a travs de recursos pblicos (art. 3 L.O. 5/2012)

  • 8

    8

    PROPUESTA 15: Mantener la financiacin pblica para preservar la igualdad de oportunidades entre los partidos, indicando un nivel mximo de ayuda. PROPUESTA 16: La financiacin pblica para actividades concretas (congresos, jornadas, actos electorales o de partido, etc.) realizadas por los partidos -o las organizaciones vinculadas a cada uno de ellos- no podrn exceder de determinada cantidad porcentualmente fijada segn el resultado electoral, cuyos criterios de asignacin debern fijarse a nivel nacional o comunitario en funcin de la naturaleza del acto.

    b) Respecto a la financiacin privada (art. 4 a art. 8 de la LO 5/2012) PROPUESTA 17: No permitir donaciones de empresas con contrato vigente con la Administracin en el momento de la donacin, y tampoco de empresas que por su actividad contraten habitualmente con la Administracin, (por ejemplo empresas constructoras o empresas energticas). PROPUESTA 18: No hay razn para exceptuar los bienes inmuebles. PROPUESTA 19: Aunque en el proyecto de L.O. de control de la actividad financiera de los partidos polticos -aprobado en el Congreso el 22 enero 2015- se prohben las donaciones de las personas jurdicas, que no se van a evitar; no se prohben las donaciones de personas jurdicas para sufragar gastos electorales, ni donaciones de personas jurdicas a fundaciones vinculadas a los partidos, quedando tal prohibicin en papel mojado PROPUESTA 20: Eliminar la posibilidad de condonacin de la deuda. PROPUESTA 21: En el proyecto de L.O. de control de la actividad financiera de los partidos polticos -aprobado en el Congreso el 22 enero 2015- se definen cules son las fundaciones que pueden considerarse vinculadas a un partido poltico, pero no se establece ningn lmite respecto a la financiacin privada que reciben.

    Propuestas para combatir las causas de la financiacin ilegal PROPUESTA 22: Necesidad de reducir y limitar los gastos electorales con medidas como el acortamiento de las campaas electorales o el fomento de espacios gratuitos en los medios. Delimitar y definir claramente el concepto de gasto electoral, para evitar que los fondos ordinarios sirvan para pagar gastos electorales encubiertos. Determinar un lmite mximo de gasto autorizado, eliminando gastos superfluos como el buzoneo, los grandes mtines, etc.

  • 9

    9

    PROPUESTA 23: Limitar los gastos ordinarios efectuados por los partidos polticos, en buena parte generado por la profesionalizacin de los partidos. PROPUESTA 24: Bajo ndice de afiliados. Posibilidad de que las cuotas de los afiliados y las dems aportaciones sean deducibles de la base imponible del IRPF, con un lmite entre 600 y 800 euros anuales.

    PROPUESTA 25: Problemas de transparencia. Presentar por los partidos polticos los estados financieros de toda la organizacin, regulando las consecuencias de incumplimientos de colaboracin con el Tribunal de Cuentas. En el proyecto se recoge como infraccin leve con una sancin entre 2.000 y 10.000 euros. PROPUESTA 26: Regular un rgimen homogneo para todos los partidos de presentacin de cuentas e indicar un tiempo para la presentacin de las cuentas y las correspondientes sanciones en caso de incumplimiento.

    Propuestas de reforma sobre las infracciones y sanciones

    a) LO 5/2012

    PROPUESTA 27: Realizar una graduacin de las infracciones que permita, a su vez, una

    graduacin de las sanciones. El proyecto grada y diferencia entre infracciones muy graves, graves y leves.

    En materia de donaciones privadas, la imposicin de las sanciones no slo vaya dirigida a la parte receptora de la aceptacin, sino tambin al donante.

    Ampliar el escaso y poco detallado el catlogo de las infracciones, aunque el proyecto concreta algn detalle.

    Prever como sancin la retencin de las subvenciones hasta que se cumpla con la obligacin de rendicin o hasta que se subsanen los defectos, precisando cunto tiempo puede demorarse un partido poltico en presentar sus cuentas, agravando la sancin a la privacin de la subvencin. El proyecto de LO. recoge sanciones para cada tipo de infraccin.

    b) Infracciones y sanciones en la LOREG

    PROPUESTA 28: El Tribunal de Cuentas debe estar facultado para imponer una reduccin o la no

    adjudicacin de la subvencin. La LOREG debe establecer el catlogo de infracciones y sanciones La LOREG debe prever un rgimen de recursos. La inclusin de la letra c) del art. 17.1 LO 5/2012 lleva a una superposicin de

    normativa. Puede ocurrir que un partido poltico que incumpla cualquiera de los

  • 10

    10

    lmites de gastos electorales pueda, por un lado, ver reducida su subvencin a propuesta del Tribunal de Cuentas, conforme al art. 134.2 LOREG, y, por otro lado, se le imponga una sancin equivalente al exceso de gastos conforme al art. 17.1 c) LO 5/2012.

  • 11

    11

    IV.- SISTEMA FINANCIERO PROPUESTA 29: Aprobar una Directiva Europea que impida a las empresas que se hayan visto implicadas en casos de corrupcin, tanto pertenecientes a los pases de la Unin Europea como al resto del mundo, poder optar a ningn contrato pblico en ningn pas europeo durante los prximos 5 aos. PROPUESTA 30: Poner una tasa especial del 5% (tasa frente a la corrupcin) durante un periodo de tiempo a todas las ventas que realicen en la Unin Europea las empresas que hayan sido declaradas corruptas PROPUESTA 31: Implicar a los servicios secretos en la deteccin de los corruptos. PROPUESTA 32: Publicar en todos los pases europeos las listas de las empresas y personas implicadas en casos de corrupcin. PROPUESTA 33: Tener un registro europeo (y mundial si la ONU lo asumiera) con las empresas y personas corruptas de acceso libre o con condiciones no exigentes PROPUESTA 34: Impedir que dichas personas puedan comprar casas de lujo o llevar a sus hijos a colegios de lite, en definitiva, limitaciones que les hagan sentir el rechazo popular proporcional a la falta. PROPUESTA 35: Crear un registro mundial de la riqueza financiera (catastro financiero) PROPUESTA 36: Entretanto desaparecen los parasos fiscales, introducir una tasa penalizadora (entre el 1 y el 5%) a cualquier transaccin llevada a cabo con un paraso fiscal, tanto de entrada como de salida de capitales, publicitando las operaciones de las empresas que con ellos se realicen y denunciando las relaciones comerciales de nuestro pas con los mismos. PROPUESTA 37: Crear una Corte Especial de Justicia Europea para estos casos que acte con diligencia (el tiempo es clave en economa) PROPUESTA 38: Devolucin de las cantidades apropiadas indebidamente con los correspondientes recargos, actuando sobre el patrimonio suyo, de su cnyuge, sus hijos y rastreando cualquier posibilidad de sociedades interpuestas, con bloqueo de los movimientos de capitales que se pudieran llevar a cabo.

  • 12

    12

    PROPUESTA 39: Revisar la regulacin sobre el delito fiscal facilitando su publicidad PROPUESTA 40: Prohibir el fraccionamiento de los contratos salvo casos muy excepcionales y justificados PROPUESTA 41: Los condenados por corrupcin no podrn tampoco pedir subvenciones, modificaciones o ayudas del sector pblico. PROPUESTA 42: Potenciar la Oficina Anticorrupcin con competencias e independencia efectiva.

  • 13

    13

    V.- TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES PROPUESTA 43 Atender a las Recomendaciones de 14 diciembre 2012 y su posterior ratificacin en diciembre de 2014 del Grupo de Trabajo de la OCDE sobre cohecho de servidores pblicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, en relacin con el soborno transnacional, la responsabilidad de las personas jurdicas, las sanciones a imponer, los mecanismos eficaces de investigacin y enjuiciamiento, la asistencia judicial recproca, la extradicin, y la prevencin y deteccin eficaz.

  • 14

    14

    V.- ESCENARIOS SENSIBLES 1.- Urbanismo PROPUESTA 44: Desvincular la edificabilidad asignada por el planeamiento a la propiedad del suelo. Cada propietario debera tener derecho a una determinada edificabilidad independiente del planeamiento o decisiones polticas. Los aumentos de edificabilidad decididos por el planeamiento seran pblicos, no del propietario agraciado con esa decisin. PROPUESTA 45: Estabilidad legislativa. La inestabilidad legislativa, agravada por la permanente innovacin de la ley nacional y de las autonmicas (generalmente por falta de consenso entre los partidos polticos) provoca ineficacia y desprestigio de la legislacin, inmadurez e incompetencia de muchas de las regulaciones, perturbacin de las capacidades profesionales y de las administraciones pblicas, y la consecuente inseguridad jurdica, perturbacin del mercado y de la actividad de los operadores. Supone una inestimable contribucin a la corrupcin. PROPUESTA 46: Continuidad y coherencia en la ordenacin de territorio y las directrices de planeamiento urbanstico. La segregacin competencial genera desequilibrios en la gestin urbanstica. Existe una continuidad real en el suelo (entre comunidades, entre ayuntamientos,) que en muchos casos no se refleja en la disgregada ordenacin de territorio ni en los planeamientos. PROPUESTA 47: Transparencia e implicacin real de la ciudadana no slo en la aprobacin del planeamiento sino tambin en el proceso de elaboracin. Su ausencia posibilita que el planeamiento pueda llegar a defender intereses particulares en vez de los generales. Sera imprescindible desarrollar mecanismos que faciliten el conocimiento por parte de la ciudadana, su educacin y finalmente su participacin. PROPUESTA 48: Proteger espacios o edificios posibilitando usos compatibles que los haga sostenibles, evitando operaciones opacas o directamente corruptas (recalificaciones, quemas, abandono, ruina,) 2.- Sanidad PROPUESTA 49: Promocin del mrito profesional. Disponer de un proceso de seleccin de profesionales que van a desarrollar una gestin

  • 15

    15

    en puestos de responsabilidad que prime la capacidad de cada puesto tanto jefaturas de servicio y de seccin como los distintos puestos directivos en atencin especializada, atencin primaria y rganos de gestin de la Administracin sanitaria (incluidas las Direcciones Generales). Transparencia de los contratos y conciertos con el sector privado PROPUESTA 50: Elaborar una web especfica para acceder con carcter abierto a todas las contrataciones realizadas por la administracin sanitaria que incluya los pliegos tcnicos as como las valoraciones realizadas para cada propuesta. PROPUESTA 51: Facilitar el acceso al ciudadano de la morbilidad y mortalidad asociadas a la actividad asistencial de los distintos centros de salud y hospitales. Evaluacin previa (y gil) de las innovaciones teraputicas y diagnsticas. PROPUESTA 52: Establecer un procedimiento gil que evale y permita el uso de las innovaciones teraputicas y diagnsticas a nivel nacional con la colaboracin y participacin de todas las CCAA.

    PROPUESTA 53: La necesaria regulacin del conflicto de intereses de los facultativos que participen en proyectos de colaboracin con las compaas del sector salud.

    PROPUESTA 54: Publicitar las cantidades econmicas percibidas por los facultativos en base a la participacin en este tipo de proyectos con obligacin tanto para las empresas como para los facultativos. PROPUESTA 55: Protocolizacin de las decisiones clnicas basadas en la evidencia cientfica y en criterios de coste/efectividad. Establecer protocolos para la utilizacin de frmacos en base a criterios de evidencia cientfica y coste/efectividad incentivando su adherencia y penalizando al facultativo la falta de seguimiento de los mismos. 3.- Empresa PROPUESTAS 56: Pedir a las empresas y las asociaciones empresariales que implanten polticas activas de lucha contra la corrupcin como una seal inequvoca de lo que debe ser una empresa responsable Para que una empresa tenga una poltica activa de lucha contra la corrupcin ha de disponer, por lo menos, de estos cinco elementos:

  • 16

    16

    1. Creacin de la figura del compliance officer, responsable de vigilar la adecuacin de las prcticas de la empresa a la legalidad en cualquier parte del mundo donde opere directa o indirectamente

    2. Aprobacin de un cdigo tico que incluya de forma clara y detallada su voluntad de luchar contra la corrupcin y los criterios y prcticas de la que se dota para conseguirlo. Aprobacin alta direccin

    3. Diseo e implementacin de herramientas de formacin para el personal sobre la temtica de la corrupcin y las prcticas para combatirla y mecanismos de denuncia annima

    4. Aplicacin de las medidas anticorrupcin en toda la cadena de valor con apoyo y supervisin de los proveedores

    Programa control de cumplimiento 5. Programa control de cumplimiento

    4.- Contratacin pblica PROPUESTA 57: Reforzar la plataforma de contratos del sector pblico como ventanilla nica PROPUESTA 58: Eliminar la negociacin sin publicidad por la cuanta, establecer criterios de adjudicacin claros y de su ponderacin y puntuacin, exigiendo por medios electrnicos al menos 3 ofertas vlidas atendiendo al criterio del precio PROPUESTA 59: Uniformidad de reglas y la eliminacin de las instrucciones previstas en el artculo 191 TRLCSP PROPUESTA 60: Regular la publicidad de los modificados, e introducir la posibilidad de su impugnacin PROPUESTA 61: Redefinir las competencias de los rganos externos (tribunal de cuentas y homlogos autonmicos) con facultades ejecutivas, correctivas y con potestad para imponer sanciones PROPUESTA 62: Formacin que permita profesionalizar el sector de la contratacin pblica PROPUESTA 63: Adaptar los programas de cumplimiento anticorrupcin al mbito pblico

  • 17

    17

    PROPUESTA 64: Disear una estrategia de transparencia de los contratos pblicos desde la lgica de la rendicin de cuentas PROPUESTA 65: Para la concesin de dinero pblico para proyectos y subvenciones, no slo se valorar el cumplimiento de los requisitos formales legalmente exigibles, sino tambin la repercusin pblica de tales proyectos y el beneficio a la ciudadana en general o sector al que va dirigido. PROPUESTA 66: Elaborar un cdigo tico de prevencin y aseguramiento de la integridad de los contratos pblicos PROPUESTA 67: Prohibir la contratacin de empresas o personas vinculadas en primer o segundo grado de parentesco donde figuren familiares con responsabilidad

    PROPUESTA 68: Se crear la figura de los controladores de proyectos y subvenciones, a los que corresponde contrastar los datos aportados por los solicitantes, no siendo suficiente con el contraste documental, sino con obligacin de comprobar personalmente desde el nmero de socios o integrantes de una empresa, sociedad, asociacin o sindicato, hasta la existencia de la sede en la que se hallen, su solvencia social y patrimonial, para llevar a cabo el buen fin del proyecto.

    5.- Seguridad Social y proteccin social

    PROPUESTA 69: Recuperar y potenciar las funciones de las entidades y servicios pblicos en el mbito de la proteccin por incapacidad laboral temporal, eliminando la introduccin de intereses privados que provocan constantes conflictos de competencias y la inseguridad de los beneficiarios y empresas.

    PROPUESTA 70: Vinculacin de las prestaciones sociales a situaciones concretas y determinadas suprimiendo obstculos para la plena normalizacin e integracin de un colectivo que est marginado, debiendo determinarse con objetividad los requisitos de acceso a la prestacin de que se trate.

    PROPUESTA 71: Calificacin de las situaciones de necesidad: las diferentes situaciones a proteger deben definirse en trminos objetivos y cuantificables, a partir de los informes tcnicos para calificar la situacin a valorar, muy particularmente la Situacin econmica; la

  • 18

    18

    enfermedad/minusvala; y la situacin social.

    PROPUESTA 72: Participacin y control: las organizaciones sociales, que renan suficientes niveles de representatividad, deben ejercer un control efectivo tanto sobre la regulacin de las distintas prestaciones y servicios como acerca de la eficacia y aplicacin concreta de las mismas, lo que exige que tengan que motivarse suficientemente.

    Seguridad Social:

    PROPUESTA 73: Establecer polticas pblicas de recuperacin del ideal de cobertura de la Seguridad Social, al menos hasta niveles anteriores a los recortes adoptados a raz de la crisis financiera. Del mismo modo, es indispensable la recuperacin de las polticas pblicas de Atencin a la dependencia y la eliminacin de las desigualdades territoriales en el marco de la proteccin.

    PROPUESTA 74: Garantizar la transparencia administrativa en el mbito del procedimiento administrativo seguido tanto ante las entidades gestoras de la Seguridad Social, como ante las Comunidades Autnomas competentes para la resolucin de expedientes de calificacin de Minusvalas y Grados de Dependencia. A tal efecto, resulta indispensable reforzar la motivacin de las resoluciones administrativas, dando traslado de inicio al posible beneficiario de los informes o dictmenes mdicos y sociales oficiales que dan soporte a cada resolucin, para que el derecho al recurso pueda ser ejercicio con plenitud de garantas.

    PROPUESTA 75: Adoptar medidas para evitar la afiliacin irregular en orden a adquirir el derecho a percibir prestaciones (fundamentalmente de enfermedad, jubilacin, maternidad y desempleo) sin que exista una actividad laboral real que respalde tal afiliacin; prevenir situaciones para evitar la cotizacin irregular en orden a la percepcin o mejora indebida de las prestaciones; y establecer lmites para evitar la percepcin irregular de prestaciones.

    PROPUESTAS 76: Inspeccin y control Regular el procedimiento de inspeccin, procurando la implicacin de todos los organismos y entidades en la erradicacin de las conductas corruptas y de las situaciones irregulares e incrementando las sanciones, de forma que no compense el incumplimiento de la norma por la cuanta de la sancin.

    PROPUESTAS 77: Eliminar el copago farmacutico en el caso de los pensionistas y discapacitados, reduciendo de forma considerable y progresiva la de los restantes beneficiarios.

  • 19

    19

    6.- Justicia Regeneracin democrtica PROPUESTAS 78: MEDIDAS ESTRUCTURALES, ORGANIZATIVAS Y DE GESTIN

    1. Incremento del nmero de jueces hasta alcanzar la media europea de 21 jueces por 100.000 habitantes.

    2. Incremento de los presupuestos para Justicia hasta al menos el 3% de los Presupuestos Generales del Estado

    3. Autonoma presupuestaria del Poder Judicial o al menos establecimiento de un porcentaje mnimo y garantizado para Justicia.

    4. Ordenacin del reparto de competencias en materia de Justicia. 5. Modernizacin informtica, que permita la compatibilidad de los sistemas

    informticos de las Comunidades Autnomas, actualmente incompatibles entre s, y con la Fiscala.

    6. Potenciacin de los jueces de adscripcin territorial 7. Instauracin de la nueva oficina judicial regulada desde 2003 u otra ms

    eficiente. 8. Comarcalizacin de los juzgados de violencia sobre la mujer 9. Organizacin judicial ms flexible, sin posibilidad de predeterminacin del

    rgano competente.

    PROPUESTAS 79: SELECCIN, FORMACIN Y ELECCIN DE JUECES:

    1. Incorporar en el proceso selectivo, en la formacin inicial y en la continua la profundizacin en "valores constitucionales", con trascendencia para la admisin a la funcin pblica, para la ordenacin escalafonal y para la evaluacin del desempeo, incluida la eleccin de cargos de libre designacin.

    2. Profundos cambios en el sistema de seleccin y nombramiento de los miembros del Tribunal de Cuentas, del Consejo General del Poder Judicial e incluso del Tribunal Constitucional

    3. Eliminacin de la posibilidad del nombramiento de magistrados a propuesta de los parlamentos autonmicos

    4. Impedir el ejercicio de la jurisdiccin penal, contencioso-administrativa y destinos gubernativos y representativos a los jueces y magistrados que hayan desempeado/ostentado cargo pblico electivo, representativo o de libre designacin con categora superior a la de director general o en empresa pblica, vinculada a cualquier opcin poltica.

    5. Fijar criterios objetivos con carcter previo para la eleccin de los ocho vocales de procedencia no judicial; as como los perfiles de los vocales que deben elegir los jueces y magistrados.

    6. Reforzar la transparencia en la eleccin de puestos de nombramiento discrecional, mediante:

    a. creacin de un sistema nico de valoracin de mritos judiciales (pruebas de especializacin, publicacin cientfico jurdicas de relevancia, calidad de resoluciones, eficiencia en el trabajo, participacin en cursos de formacin, otras actividades vinculadas y compatibles, habilidades especficas objetivables para cada puesto, etc.);

  • 20

    20

    b. atribucin de una ponderada y objetiva valoracin a cada uno de los mritos y condiciones reconocidos, publicados en la pgina web del Consejo;

    c. designacin de cargos de nombramiento discrecional en funcin del sistema objetivo aprobado, publicando el resultado de la aplicacin baremada;

    d. publicacin y nombramiento de todos los puestos de nombramiento discrecional en los rganos tcnicos del Consejo o en aquellos en que el Consejo participe.

    7. Ofrecer formacin continua y peridica a quienes desempean funciones jurisdiccionales, exigiendo una adecuada participacin en actividades formativas con relevancia para las promociones y nombramientos de libre designacin.

    PROPUESTAS 80: MEDIDAS DE REFUERZO Y APOYO

    1. Establecimiento de mecanismos de refuerzo inmediato en causas especialmente complejas

    2. Introduccin de la posibilidad de que en causas complejas los jueces puedan trabajar en equipo, coordinadamente y bajo una misma direccin

    3. Posibilidad de cooperacin de magistrados de distintos rdenes jurisdiccionales, especialmente del contencioso-administrativo, en las causas por corrupcin.

    4. Creacin por va reglamentaria de la figura del Juez asesor o colaborador, o de equipo tcnico especializado adscrito a cada tribunal.

    5. Posibilidad de llamamiento de jueces sustitutos de carrera para realizar funciones de refuerzo, en caso necesario

    6. Reconocimiento al CGPJ de la facultad de control sobre el cumplimiento por las CCAA de sus obligaciones de dotar de medios a los Juzgados,

    PROPUESTAS 81: MEDIDAS DE REFORMA DEL PROCESO PENAL EN GENERAL

    1. Reformar la Lecrim, apostando por procedimientos penales giles, potenciando la oralidad, reduciendo la instruccin

    2. Regular clara, actualizada, exhaustiva y ordenadamente todas y cada una de las diligencias de investigacin y sus requisitos. En concreto, en el procedimiento de investigacin en materia de corrupcin urge regular, bajo autorizacin judicial dictada con plena sujecin a los principios de especialidad, excepcionalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida: la intervencin y registro, por tiempo limitado, de las comunicaciones de

    cualquier clase que se realicen a travs del telfono o de cualquier otro medio o sistema de comunicacin telemtica, lgica o virtual;

    La incorporacin al proceso de datos electrnicos de trfico o asociados, obrantes en archivos automatizados de los operadores de servicio.

    el acceso a los datos necesarios para la identificacin del usuario y del terminal cuando se tenga conocimiento de una direccin IP correspondiente a

  • 21

    21

    un terminal que sea utilizado para la comisin del delito y no conste la localizacin del equipo ni los datos de identificacin del usuario.

    El modo de proceder a la identificacin de los terminales mediante captacin de cdigos de identificacin del aparato de telecomunicacin o de sus componentes, tales como la numeracin IMSI o IMEI.

    La colocacin y utilizacin de dispositivos electrnicos que permitan la captacin y grabacin de las conversaciones privadas que se mantengan por la persona investigada, ya sea en la va pblica, en su domicilio u otros lugares cerrados.

    La captacin de imgenes de la persona investigada y de las personas que con l contacten cuando el afectado se encuentre en un espacio o recinto pblicos.

    La utilizacin, por tiempo limitado, de dispositivos tcnicos de seguimiento y localizacin para facilitar las vigilancias policiales de la persona investigada.

    El acceso a la informacin contenida en ordenadores, instrumentos de comunicacin telefnica o telemtica o dispositivos de almacenamiento masivo de informacin digital.

    La utilizacin de datos de identificacin y cdigos, as como la instalacin de software que permitan de forma remota y telemtica, el examen a distancia y sin conocimiento de su titular o usuario del contenido de un ordenador, dispositivo electrnico, sistema informtico, instrumento de almacenamiento masivo de datos informticos o bases de datos.

    La incorporacin de datos personales automatizados al proceso. La utilizacin de las distintas y poderosas bases de datos con los que cuentan

    los organismos pblicos y de difcil acceso en cualquier investigacin, para el descubrimiento de los bienes de todo tipo de los que se hayan adueado ilegtimamente las personas investigadas, bien para poder adoptar medidas cautelares de carcter real, bien, en su caso, para proceder a su decomiso.

    3. Preconstituir prueba durante la instruccin con todas las garantas de audiencia y

    defensa para poder ser aprovechadas en el juicio oral. 4. Limitar la posibilidad de recurso de reforma y apelacin a las resoluciones de

    trmite o impulso del procedimiento que se realicen durante la instruccin. 5. Limitar la aplicacin de las reglas de conexidad de la LECR. a fin de no generar

    macro-sumarios imposibles, fomentando la formacin de piezas separadas. 6. Mejorar el sistema de notificaciones, citaciones y emplazamientos del art. 166

    de la LECR. 7. Crear juzgados especializados y ofrecer preparacin tcnica a los jueces para

    afrontar este tipo de procesos. 8. Establecer mejoras en la instruccin, derivadas de la modificacin de la ley de

    enjuiciamiento criminal. 9. No basta con "prohibir la demora", sin abordar las causas que la producen. No

    funcionan los controles pblicos, se utiliza la justicia penal como solucin de todos conflictos, la organizacin judicial es rgida.

    10. Instaurar un sistema de costas procesales y sanciones, en su caso, que disuadan de pretensiones acusatorias temerarias.

    11. Suprimir el privilegio que se reconoce en la Lecrim a ciertas autoridades de efectuar declaraciones por escrito sin comparecer ante el juez.

    12. Especializar juzgados y tribunales a nivel provincial o autonmico para la instruccin y enjuiciamiento de infracciones penales relacionadas con la

  • 22

    22

    delincuencia econmica. 13. Agilizar las traducciones de conversaciones telefnicas y comisiones rogatorias. 14. Introducir el principio de oportunidad que permita al Fiscal valorar si es

    conveniente o no iniciar el proceso penal en caso de pequeas infracciones PROPUESTAS 82: MEDIDAS RELATIVAS AL TRIBUNAL DEL JURADO Supresin del listado de delitos competencia del Tribunal del Jurado de los cometidos por aforados, y en general, los delitos relativos a la corrupcin.

    PROPUESTAS 83: MEDIDAS RELATIVAS A LOS AFORAMIENTOS

    1. Atribuir la instruccin de todas las causas, incluidas las que afecten a aforados, al Juez instructor ordinario, sin perjuicio del enjuiciamiento por el tribunal al que el acusado est aforado y de las competencias de la AN, en su caso.

    2. El aforamiento debe limitarse siempre a los delitos cometidos en el ejercicio del cargo por la persona aforada

    3. Supresin del requisito del suplicatorio a las Cmaras parlamentarias, o privilegios procesales similares para parlamentarios autonmicos

    4. Clarificacin de la competencia en caso de causas que afecten a mltiples imputados, aforados y no aforados, en diversos tribunales (TSJ, AN o TS).

    5. Imposibilidad de cambio de juez instructor o tribunal en caso de que la persona imputada o acusada deje de estar aforada y viceversa. Perpetuacin de la jurisdiccin

    6. Evitar que los aforamientos entorpezcan las diligencias de instruccin facilitando la ocultacin o destruccin de pruebas

    PROPUESTAS 84: MINISTERIO FISCAL Y POLICA JUDICIAL

    1. En el caso de que se atribuya la instruccin al Fiscal, ser necesario adoptar medidas que refuercen su independencia del Poder Ejecutivo y la inamovilidad de los Fiscales, en especial en asuntos de corrupcin o que afecten a autoridades polticas.

    2. Incremento de los medios personales y materiales de la Fiscala Anticorrupcin. 3. Mantenimiento de la acusacin popular como contrapeso del Ministerio Fiscal,

    estableciendo ciertos lmites para evitar abusos. Regulacin urgente de un estatuto procesal claro del acusador popular.

    4. Creacin de equipos de autntica polica judicial con agentes a las rdenes directas de jueces y/o fiscales dando pleno cumplimiento al art. 126 CE

    5. Incremento de la plantilla de los equipos de polica judicial, y en general de todos los grupos especiales de probada eficacia dedicados a la investigacin de la delincuencia econmica y financiera. formacin intensiva y el incremento y modernizacin de los medios de que disponen

    PROPUESTAS 85: MEDIDAS RELATIVAS A LOS BIENES INTERVENIDOS Y A LAS RESPONSABILIDADES CIVILES Y PECUNIARIAS

    1) Iniciar debate acerca de la ineficacia y lentitud en la recuperacin de patrimonios ilcitos. Por ello, adems de las mejoras normativas y materiales para la excusin

  • 23

    23

    de bienes procedentes de actividades ilcitas, debe plantearse la discusin sobre la inclusin en nuestro ordenamiento de figuras ya utilizadas en otros ordenamientos, tales como el enriquecimiento ilcito y las leyes de extincin de dominio.

    2) Permitir con las debidas garantas el embargo de bienes de testaferros o colaboradores y la aplicacin de la doctrina de levantamiento del velo y declaracin de nulidad de negocios jurdicos por los que se hubieren transmitido los bienes procedentes del delito.

    3) Posibilidad de reservar la responsabilidad civil para otro procedimiento distinto y paralelo al penal en determinados casos

    4) Fomentar la adecuada investigacin patrimonial en los Juzgados y las herramientas que ofrece el punto neutro judicial desde el inicio de la instruccin.

    5) Creacin en los edificios judiciales de servicios comunes de averiguacin de bienes con funcionarios especializados dedicados en exclusiva a estas funciones.

    6) Creacin de la oficina de recuperacin de activos del art. 374 CP. PROPUESTAS 86: MEDIDAS RELATIVAS A TESTIGOS Y PERITOS

    1) Creacin de un cuerpo de peritos contables exclusivamente al servicio de los juzgados y tribunales cuyos informes puedan solicitarse ordinariamente por los jueces

    2) Dotar a los juzgados de equipos tcnicos adecuados con adecuada formacin econmica-contable-mercantil a fin de poder realizar los informes que sean necesarios para la agilizacin de la causa.

    3) Expertos en informtica a disposicin de los jueces. 4) Fomentar la colaboracin con Justicia de los Inspectores de Hacienda, del Banco

    de Espaa y de Patrimonio y de los funcionarios de la Intervencin General del Estado. Creacin de grupos especialmente cualificados destinados a apoyar a los Juzgados con un nmero suficiente de funcionarios.

    5) Mejora de la Ley de Proteccin de Testigos y Peritos de 1994 6) Crear un programa de ordenador que d transparencia y objetividad a esta forma

    de designacin de administradores concursales, peritos, contadores-partidores, mediadores, en cualquier Administracin, y, en concreto en la de Justicia, una vez metidos los datos de todas las listas existentes.

    PROPUESTAS 87: MEDIDAS RELATIVAS A LOS INDULTOS

    1. Modificar la regulacin de la suspensin provisional de la ejecucin pena en caso de solicitud de indulto (art. 4.4 CP)

    2. Prohibicin de indultos en tanto en cuanto no haya informe favorable del tribunal sentenciador y no se hayan satisfecho las responsabilidades civiles derivadas del delito.

    3. El indulto no puede afectar en ningn caso a la inhabilitacin para ejercer el cargo pblico o la actividad desde la que se realizaron los hechos.

    PROPUESTAS 88: EJECUCIN PENAL Y PENITENCIARIA

    a. Imposibilidad de obtener la suspensin o la sustitucin de penas inferiores a dos aos de prisin si el condenado por delitos de corrupcin no ha satisfecho

  • 24

    24

    o garantizado la devolucin de las responsabilidades civiles provenientes del delito con anterioridad a la decisin, sin que quepa en estos casos declarar la insolvencia del condenado a efectos de cumplir el requisito.

    b. Limitacin o prohibicin legal de la suspensin o sustitucin de la pena en caso de delitos de corrupcin, salvo casos muy excepcionales y siempre condicionada a la devolucin de las sumas malversadas o apropiadas.

    c. Establecimiento de programas individualizados y especficos de tratamiento que tengan en cuenta las peculiaridades personales y sociales de los condenados por delitos de corrupcin a fin de lograr una reinsercin social adecuada, prevenir la reincidencia y que sean capaces de llevar una vida sin delitos.

    d. La clasificacin del penado tendr que ver con los objetivos que se relacionen en ese plan individualizado, sin atender exclusivamente a la capacidad econmica y social de estas personas para vivir en libertad.

    e. Aplicacin efectiva y rigurosa del art. 72.5 de la Ley Orgnica General Penitenciaria en el sentido de exigir la satisfaccin de las responsabilidades civiles originadas por los delitos relacionados con la corrupcin antes de acceder al tercer grado de tratamiento penitenciario.

    f. Interpretacin de la mala conducta en relacin con la posibilidad de obtener permisos penitenciarios en el comportamiento global general del interno en relacin con la actitud hacia el delito cometido y su reparacin, es decir con los objetivos y fines relacionados en el programa individualizado de tratamiento, dada la funcin de los permisos de preparar para la vida en libertad y no en el comportamiento meramente regimental consistente en la ausencia absoluta de sanciones disciplinarias.

    g. El informe pronstico de integracin social al que se refiere el art. 195 c) del Reglamento Penitenciario incluir una valoracin de los objetivos y fines del tratamiento logrados en relacin con el programa de tratamiento elaborado al ingreso y los delitos de corrupcin cometidos por el interno. Si esta evolucin no hubiere sido favorable en ese sentido tal informe deber ser negativo a efectos de concesin de la libertad condicional.

    h. No proceder el adelantamiento en su caso de la libertad condicional del art. 205 del Reglamento Penitenciario en tanto en cuanto no se hayan cumplido los requisitos del punto anterior.

    i. Implementacin de un programa de reinsercin para personas condenadas por delitos de corrupcin, que se desarrolle en las fases de:

    a. Identificacin de las vctimas. b. La reestructuracin de la reparacin. c. Anlisis de las historias de vida.

    PROPUESTAS 89: OTRAS MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIN EN DIFERENTES MBITOS

    1. Promocin de instrumentos eficaces de cooperacin judicial internacional. 2. Promocin de la utilizacin de los servicios de EUROJUST y REJUE. 3. Recuperar las competencias de la jurisdiccin espaola, asumida en virtud

    de la suscripcin de diversos Convenios Internacionales por imperativo constitucional recogido en el artculo 10 CE, modificando el artculo 23 de la LOPJ.

  • 25

    25

    4. Potenciacin del control en va contencioso administrativa de la actividad de la Administracin, e incluso la imposicin costas a los responsables de actos administrativos irregulares que generan recursos y multitud de litigios

    5. Regular las competencias imprescindibles del Consejo General del Poder Judicial, ajustando a las mismas su estructura y funcionamiento.

    6. Creacin de rganos gubernativos territoriales representativos de los distintos cuerpos y profesiones con responsabilidades en la prestacin de justicia y de sus destinatarios.

    7. Limitacin y publicidad de la financiacin de actividades pblicas o asociativas por parte de organizaciones o personas jurdicas con habituales o eventuales intereses en la administracin de justicia (entidades bancarias, compaas de seguros, etc.).

  • 26

    26

    VI.- CDIGO PENAL

    PROPUESTA 90: Compromiso parlamentario para incorporar al Derecho interno espaol la normativa internacional ratificada, evitando retrasos escandalosos como los siguientes:

    Hasta la reforma de 2010 del Cdigo Penal no se actualiz el Convenio Penal sobre Corrupcin del Consejo de Europa, de 27 de Enero de 1999. Una demora de 11 aos, en la que se firm el 10 de Mayo de 2005 y fue ratificado el 28 de Abril de 2010. Ninguna de las reformas penales habidas en este periodo atendi esta obligacin internacional del Estado Espaol.

    Parecida suerte corri el Protocolo Adicional al Convenio Penal sobre Corrupcin, Estrasburgo, 15 de Mayo de 2003, firmado por el Consejo de Ministros el 3 de Abril de 2009, y ratificado por Espaa el 16 de Diciembre de 2010 (BOE de 7 de Marzo de 2011). El Informe de Evaluacin del organismo GRECO, perteneciente al Consejo de Europa, de 15 de Mayo de 2009, insta a Espaa a ratificar urgentemente el Convenio y el Protocolo.

    PROPUESTAS 91:

    Modificaciones del Cdigo Penal. Entre otras, sera imprescindible acometer las siguientes:

    Simplificacin de algunas figuras delictivas, entre ellas cohecho y malversacin, evitando estructuras tpicas complejas y ancladas en el modelo de delitos de resultado. Poner fin a la impunidad de las llamadas microinjusticias en los delitos de prevaricacin.

    Ampliacin de normas premiales en materia de corrupcin, significativamente del art. 426 CP, permitiendo la impunidad o la rebaja cualificada de penalidad a arrepentidos.

    En la lnea abierta por la Ley anticorrupcin britnica (The Bribery Act, 2010) incorporar reglas de competencia extraterritorial.

    La reforma del Cdigo Penal que se recoge en el proyecto de L.O. aprobado en el Congreso el 22 enero 2015, introduce los arts. 304 y 304 ter, pero es una propuesta menos completa que la que se propone con las siguientes.

    Propuestas penales PROPUESTAS 92: Aquellos casos en los que se produce financiacin ilegal y se involucra a la Administracin Pblica. Debe tenerse en cuenta que en estos casos, adems del correcto funcionamiento de la Administracin, que con carcter general se protege en el Ttulo XIX CP, se perturba el correcto ejercicio de la funcin de representacin popular que ejercen los partidos. Por ello, abogo por aadir clusulas que hagan referencia explcita a estos supuestos y que lleven aparejada una agravacin de la pena, poniendo as de manifiesto el carcter

  • 27

    27

    pluriofensivo de estas conductas. a) Aadir en los arts. 419, 420, 421 y 422 delitos de cohecho pasivo- clusulas que

    aclaran la cuestin de que cuando el soborno va dirigido al favorecimiento de un partido la conducta tambin encaja en el delito de cohecho, sin que sea necesario que la ddiva reporte algn beneficio al funcionario; que el donante respondera por un delito de cohecho activo, por lo que la simetra entre el que recibe la donacin y el que la realiza est garantizada; y la introduccin de la sancin penal para el beneficiado por la donacin cuando se trata de un partido, que resuelve la laguna legal vigente.

    b) Aadir en los delitos de trfico de influencias clusulas referidas a incremento de pena cuando la influencia con prevalimiento provenga de un cargo de un partido y se busque el beneficio para el partido (en los arts. 429) y que el donante no responde penalmente (en el artculo 430)

    c) Aadir en los arts. 432 y 433 delitos de malversacin- una clusula que deje clara la tipicidad de la financiacin ilegal, el carcter pluriofensivo de estas conductas y no habr riesgo de que la tipificacin autnoma lleve a una sancin penal inferior de estos supuestos.

    PROPUESTAS 93: Casos en los que no se ve involucrada la Administracin Pblica Ser un precepto ubicado en el Ttulo XXI entre los delitos contra la Constitucin, puesto que se protege como bien jurdico la funcin que los partidos polticos ejercen hacia los ciudadanos: la representacin de la voluntad popular y del pluralismo poltico, recogida en el art. 6 CE. La pena deber ser inferior que las que sancionan los supuestos en los que se ve involucrada la Administracin Pblica, ya que en este caso las conductas no tienen un carcter pluriofensivo. Finalmente, debe indicarse que con esta propuesta procedera suprimir los delitos recogidos en los arts. 149 y 150 de la LOREG, puesto que en ella no se diferencian ya los fondos destinados a gastos electorales de los fondos destinados a los gastos ordinarios.

    PROPUESTA 94: Lucha contra la corrupcin de agentes pblicos extranjeros Introducir en el Cdigo Penal el delito de cohecho o soborno de funcionarios pblicos extranjeros y persiguiendo las acusaciones de cohecho a funcionarios extranjeros (el Grupo de Trabajo de la OCDE ha urgido de nuevo al Gobierno espaol -junio 2014- en el marco de la Convencin de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE) de Lucha contra la Corrupcin de Agentes Pblicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales -conocida como Convenio Anti-corrupcin de la OCDE-, adoptada en 1997, que Espaa ratific en 2000). PROPUESTAS 95: Otras medidas relativas a la corrupcin en el cdigo penal

    1) Ampliacin del plazo de prescripcin de los delitos de corrupcin 2) Introduccin del delito de enriquecimiento ilcito o injustificado de cargos

    pblicos durante su mandato. 3) Reduccin de la cuota defraudada en los delitos contra la Hacienda Pblica, hoy

    excesivamente elevada (120.000 ). Agravacin de pena e incremento del plazo de prescripcin.

  • 28

    28

    4) Agravacin de las penas por conductas que indirectamente amparen, oculten o faciliten la corrupcin: omisin del deber de denunciar y/ o perseguir determinados delitos.

    5) Introduccin de una modalidad de delito de obstruccin a la Justicia para el caso de falta de colaboracin con la Justicia y en especial cuando en el curso de una investigacin no se remita al juez la documentacin requerida o se remita incompleta.

    6) Agravacin del delito de desobediencia a la autoridad judicial cometido por funcionario pblico, hoy castigado con pena de multa en el Cdigo Penal.

    7) Despenalizacin de las pequeas infracciones penales (en particular las faltas) que suponen un desproporcionado y a veces innecesario esfuerzo para la Administracin de Justicia y que restan atencin y esfuerzos en causas de mayor entidad.

  • 29

    29

    VIII- EPLOGO PROPUESTA 96: Promocionar en los diversos niveles de la formacin, incluyendo los medios de comunicacin, el sentido tico de todas actividades que prestan servicios y proporcionan los bienes que necesitamos para vivir bien. PROPUESTA 97: Fortalecer la energa personal y colectiva mediante la educacin para la ciudadana en el marco escolar, mediante programas de pedagoga social, mediante el autocontrol de los medios de comunicacin, mediante la participacin y vigilancia ciudadana, mediante la presentacin positiva de que hay personas y organizaciones que no sucumben a la corrupcin, creando conciencia social contra la corrupcin. PROPUESTA 98: La creacin de un Observatorio que

    - analice el qu y el porqu de la corrupcin de la clase poltica, - independiente de cualquier poder, - que admita todas las noticias que lleguen sobre corrupcin -que podrn ser

    remitidas a la fiscala ad hoc, previo su anlisis-; - que realice el seguimiento de todas las denuncias sobre corrupcin presentadas

    ante cualquier institucin; - que efecte un estudio y anlisis sobre todas las sentencias y sus ejecutorias de

    personas condenadas por delitos de corrupcin; y - que proponga medidas concretas en el marco de un plan contra la corrupcin;

    evaluar el grado de cumplimiento de lo establecido en el convenio internacional de Naciones Unidas contra la corrupcin firmado por Espaa.

    PROPUESTA 99: Crear un Foro Ciudadano contra la Corrupcin, que una vez al ao convocara un Encuentro/Seminario/Jornada para reflexionar, debatir, popularizar, crear conciencia del problema. Sera como un smbolo de la Declaracin, que expresara la voluntad de plasmar en la sociedad lo que hoy se expresa en el documento. Aprobado y publicado en las ciudades de Valencia, Pamplona, Murcia, Madrid y Barcelona, el 9 febrero 2015.

  • 30

    30

    Han participado y suscriben este documento por orden alfabtico: Adela Cortina, Catedrtica de tica U.V., Fundacin Etnor Almudena Bernabu, Abogada, Center for Justice & Accountability Ana Mner, Abogada de consumo, Fundacin por la Justicia Aurelio Martnez, Catedrtico de Economa Aplicada U.V., Fundacin por la Justicia Elena Alday, Arquitecta urbanista, Agrupacin de urbanistas COAMU Ester Monasterio, Arquitecta urbanista, Agrupacin de urbanistas COAMU Ignasi Carreras, Profesor RSC en ESADE Ins Olaizola, Catedrtica de Derecho Penal, Universidad Pblica de Navarra Javier Vilalta, Abogado, Asociacin Antiguos Alumnos Jesuitas Valencia Jess Bartolom, Abogado y Psiclogo Jess Conill, Catedrtico de Filosofa Moral U.V., Fundacin Etnor Jos Antonio Sanahuja, Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Polticas y Sociologa de la Universidad Complutense de Madrid Jos Luis Zaragos, Mdico Jos Mara Toms, Juez, Fundacin por la Justicia Jos Ramn Juaniz, Abogado, Abogados del Mundo Juan Aon, Abogado, Fundacin por la Justicia Julin Ros, Abogado y profesor penal-penitenciario Universidad Comillas Luis Cueto, Socilogo Luis Miguel Romero, Abogado, Fundacin por la Justicia Mabel Manglano, Letrada del Estado Manuela Carmena, Juez, Fundacin Ciudadana y Justicia Manuel Ayala, Arquitecto urbanista, Agrupacin de urbanistas COAMU Mara Toms, Tcnico de Administracin General Pedro Luis Viguer, Juez Pepe Gonzlez Cussac, Catedrtico de Derecho Penal U.V. Vicente Martnez, Tcnico Superior de la Administracin de la Seguridad Social Vicente Ros, Juez Ximo Garca Roca, Socilogo