41422 Sábado 22 noviembre 2003 BOE núm. 280 · BOE núm. 280 Sábado 22 noviembre 2003 41423...

41422 Sábado 22 noviembre 2003 BOE núm. 280

Artículo primero. Modificación del Código Civil enmateria de relaciones familiares de los nietos conlos abuelos.

Se modifican los siguientes artículos del Código Civil:

Uno. Se introduce un nuevo párrafo B) en el artícu-lo 90 con la siguiente redacción, pasando los actualespárrafos B), C), D) y E) a ser, respectivamente, C), D),E) y F):

«B) Si se considera necesario, el régimen devisitas y comunicación de los nietos con sus abue-los, teniendo en cuenta, siempre, el interés de aqué-llos.»

Dos. El antepenúltimo párrafo del artículo 90 que-dará redactado como sigue:

«Los acuerdos de los cónyuges, adoptados pararegular las consecuencias de la nulidad, separacióno divorcio serán aprobados por el juez, salvo sison dañosos para los hijos o gravemente perju-diciales para uno de los cónyuges. Si las partesproponen un régimen de visitas y comunicaciónde los nietos con los abuelos, el juez podrá apro-barlo previa audiencia de los abuelos en la queéstos presten su consentimiento. La denegaciónde los acuerdos habrá de hacerse mediante reso-lución motivada y en este caso los cónyuges debensometer a la consideración del juez nueva propues-ta para su aprobación, si procede. Desde la apro-bación judicial, podrán hacerse efectivos por la víade apremio.»

Tres. Se introduce un segundo párrafo en el artícu-lo 94, que tendrá la siguiente redacción:

«Igualmente podrá determinar, previa audienciade los padres y de los abuelos, que deberán prestarsu consentimiento, el derecho de comunicación yvisita de los nietos con los abuelos, conforme alartículo 160 de este Código, teniendo siempre pre-sente el interés del menor.»

Cuatro. Se modifican los dos párrafos de la medi-da 1.a del artículo 103, que quedan redactados de lasiguiente manera:

«1.a Determinar, en interés de los hijos, concuál de los cónyuges han de quedar los sujetosa la patria potestad de ambos y tomar las dispo-siciones apropiadas de acuerdo con lo establecidoen este código y, en particular, la forma en queel cónyuge apartado de los hijos podrá cumplir eldeber de velar por éstos y el tiempo, modo y lugaren que podrá comunicar con ellos y tenerlos ensu compañía.

Excepcionalmente, los hijos podrán ser enco-mendados a los abuelos, parientes u otras personasque así lo consintieren y, de no haberlos, a unainstitución idónea, confiriéndoseles las funcionestutelares que ejercerán bajo la autoridad del juez.»

Cinco. Los párrafos segundo y tercero del artícu-lo 160 quedarán redactados de la siguiente forma:

«No podrán impedirse sin justa causa las rela-ciones personales del hijo con sus abuelos y otrosparientes y allegados.

En caso de oposición, el juez, a petición delmenor, abuelos, parientes o allegados, resolveráatendidas las circunstancias. Especialmente deberá

asegurar que las medidas que se puedan fijar parafavorecer las relaciones entre abuelos y nietos, nofaculten la infracción de las resoluciones judicialesque restrinjan o suspendan las relaciones de losmenores con alguno de sus progenitores.»

Seis. El artículo 161 queda redactado como sigue:«Artículo 161.

Tratándose del menor acogido, el derecho quea sus padres, abuelos y demás parientes corres-ponde para visitarle y relacionarse con él, podráser regulado o suspendido por el juez, atendidaslas circunstancias y el interés del menor.»

Artículo segundo. Modificación de la Ley de Enjuicia-miento Civil en materia de relaciones familiares delos nietos con los abuelos.

Se añade un ordinal más al apartado 1 del artícu-lo 250 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuicia-miento Civil, con la siguiente redacción:

«12.o Las que pretendan la efectividad de losderechos reconocidos en el artículo 160 del CódigoCivil. En estos casos el juicio verbal se sustanciarácon las peculiaridades dispuestas en el capítulo Idel título I del libro IV de esta ley.»

Disposición transitoria única. Procesos pendientes deresolución.

Lo dispuesto en esta ley será de aplicación en losprocesos de separación, nulidad y divorcio que se incoencon posterioridad a su entrada en vigor.

Disposición final primera. Título competencial.

Esta ley se dicta al amparo de la competencia quecorresponde al Estado conforme al artículo 149.1.6.ay 8.a de la Constitución.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor el día siguiente alde su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,Mando a todos los españoles, particulares y auto-

ridades, que guarden y hagan guardar esta ley.Madrid, 21 de noviembre de 2003.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

21339 LEY 43/2003, de 21 de noviembre, de Mon-tes.

JUAN CARLOS IREY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo

vengo en sancionar la siguiente ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

«La ordenación, la conservación y el desarrollo sos-tenible de todos los tipos de bosques son fundamentalespara el desarrollo económico y social, la protección del

BOE núm. 280 Sábado 22 noviembre 2003 41423

medio ambiente y los sistemas sustentadores de la vidaen el planeta. Los bosques son parte del desarrollo sos-tenible.»

Esta declaración de la Asamblea de Naciones Unidas,en su sesión especial de junio de 1997, es una claraexpresión del valor y el papel que los montes desem-peñan en nuestra sociedad. Acogiendo esta concepción,esta ley establece un nuevo marco legislativo reguladorde los montes, para la reorientación de la conservación,mejora y aprovechamiento de los espacios forestales entodo el territorio español en consonancia con la realidadsocial y económica actual, así como con la nueva con-figuración del Estado autonómico creado por nuestraConstitución.

La Ley de Montes de 1957 ha cumplido casi mediosiglo, y lo ha hecho con la eficacia que su propia lon-gevidad demuestra. Sin embargo, el mandato contenidoen la Constitución española de 1978 de dotarnos deun marco legislativo básico en materia forestal no puedeser realizado adecuadamente por la Ley de 1957. Elmarco político e institucional, el contexto económico ysocial y el nuevo paradigma ambiental marcado espe-cialmente por las tendencias internacionales, en un mun-do intensamente globalizado, tienen muy poco que vercon los imperantes en los años 50 del pasado siglo.

Es el objeto de esta ley constituirse en un instrumentoeficaz para garantizar la conservación de los montesespañoles, así como promover su restauración, mejoray racional aprovechamiento apoyándose en la indispen-sable solidaridad colectiva. La ley se inspira en unosprincipios que vienen enmarcados en el concepto pri-mero y fundamental de la gestión forestal sostenible.A partir de él se pueden deducir los demás: la multi-funcionalidad, la integración de la planificación forestalen la ordenación del territorio, la cohesión territorial ysubsidiariedad, el fomento de las producciones forestalesy del desarrollo rural, la conservación de la biodiversidadforestal, la integración de la política forestal en los obje-tivos ambientales internacionales, la cooperación entrelas Administraciones y la obligada participación de todoslos agentes sociales y económicos interesados en latoma de decisiones sobre el medio forestal.

El concepto de monte recoge el cumplimiento de lasdiversas funciones del territorio forestal y da entradaa las comunidades autónomas en el margen de regu-lación sobre terrenos agrícolas abandonados, suelosurbanos y urbanizables y la determinación de la dimen-sión de la unidad mínima que será considerada montea efectos de la ley.

La ley designa a las Administraciones autonómicascomo las responsables y competentes en materia fores-tal, de acuerdo con la Constitución y los estatutos deautonomía. Al mismo tiempo, clarifica las funciones dela Administración General del Estado, fundamentadasen su competencia de legislación básica en materia demontes, aprovechamientos forestales y medio ambiente,además de otros títulos. En todo caso, opta con claridadpor la colaboración y cooperación entre las Adminis-traciones para beneficio de un medio forestal que noentiende de fronteras administrativas. Por estos mismosmotivos, se revitaliza el papel de las Administracioneslocales en la política forestal, concediéndoles una mayorparticipación en la adopción de decisiones que incidendirectamente sobre sus propios montes, reconociendocon ello su papel como principales propietarios forestalespúblicos en España y su contribución a la conservaciónde unos recursos naturales que benefician a toda lasociedad.

En la misma línea, la ley establece como principiogeneral que los propietarios de los montes sean los res-ponsables de su gestión técnica y material, sin perjuicio

de las competencias administrativas de las comunidadesautónomas en todos los casos y de lo que éstas dis-pongan en particular para los montes catalogados deutilidad pública.

Son los propietarios de los montes los que primeroy más directamente se responsabilizan de su gestiónsostenible. Para garantizar tal gestión, la ley pretendeel impulso decidido de la ordenación de montes, a travésde instrumentos para la gestión como los proyectos deordenación de montes, planes dasocráticos, planes téc-nicos o figuras equivalentes, siendo éste uno de los ele-mentos clave de la nueva legislación.

Por su titularidad los montes son públicos o privados,pero todos son bienes que cumplen una clara funciónsocial y por tanto están sujetos al mandato constitucionalsegún el cual las leyes delimitan el derecho y al mismotiempo la función social de la propiedad. En el caso delos montes catalogados de utilidad pública, la ley optapor su declaración como dominio público, constituyén-dose el dominio público forestal con estos montes juntocon los restantes montes afectados a un uso o un serviciopúblico. De esta forma, se da el máximo grado de inte-gridad y permanencia al territorio público forestal demayor calidad. Al mismo tiempo, abre la posibilidad dela utilización del dominio público forestal por los ciu-dadanos para aquellos usos respetuosos con el medionatural.

La institución del Catálogo de Montes de UtilidadPública, de gran tradición histórica en la regulación jurí-dica de los montes públicos en España e instrumentofundamental en su protección, permanece y se refuerzaen la ley. En primera instancia, al homologar su régimen,que ya era de cuasi dominio público, con el de los bienesplenamente demaniales. En segundo lugar, al ampliarlos motivos de catalogación; en concreto, se han añadidoaquellos que más contribuyen a la conservación de ladiversidad biológica y, en particular, aquellos que cons-tituyan o formen parte de espacios naturales protegidoso espacios de la red europea Natura 2000. Tambiénse refuerza en términos equivalentes la figura de losmontes protectores y su registro, cuya declaración seestimula con incentivos económicos.

La ley concede especial relevancia a un aspecto fun-damental para la definición de la política forestal, comoes el de la información. Se trata de establecer los meca-nismos para disponer de una información forestal actua-lizada y de calidad para todo el territorio español sobrela base de criterios y metodologías comunes. Esta infor-mación se coordinará y plasmará en la Estadística fores-tal española, entre cuyos objetivos resalta el de facilitarel acceso del ciudadano a la información vinculada almundo forestal.

La ley constata la necesidad de la planificación fores-tal a escala general, consagrando la existencia de la Estra-tegia forestal española y el Plan forestal español. En esteámbito, la novedad más importante de la ley la cons-tituyen los planes de ordenación de los recursos fores-tales (PORF). Se configuran como instrumentos de pla-nificación forestal de ámbito comarcal integrados en elmarco de la ordenación del territorio, con lo que la pla-nificación y gestión forestales se conectan con el decisivoámbito de la ordenación territorial.

Por lo que respecta a los aprovechamientos fores-tales, la ley incide en la importancia de que los montescuenten con su correspondiente instrumento de gestión,de tal manera que para montes ordenados o, en su caso,incluidos en el ámbito de aplicación de un PORF, la Admi-nistración se limitará a comprobar que el aprovecha-miento propuesto es conforme con las previsiones dedicho instrumento.

Se refuerza también la conservación de los montesmediante el establecimiento de condiciones restrictivas


para el cambio del uso forestal de cualquier monte, inde-pendientemente de su titularidad o régimen jurídico.

En materia de incendios forestales, la ley se haceeco de la importancia del papel de la sociedad civil ensu prevención. De acuerdo con ello, establece la obli-gación de toda persona de avisar de la existencia deun incendio, y, en su caso, de colaborar en su combate.Asimismo, promueve campañas de concienciación y sen-sibilización ciudadana. Se pone también especial énfasisen la necesidad de coordinación de las diferentes Admi-nistraciones en la prevención y combate de los incendios.La ley propone la designación de las llamadas zonasde alto riesgo de incendio, que deberán estar provistasde su correspondiente plan de defensa. Asimismo, esta-blece la obligación de restauración de los terrenos incen-diados, quedando prohibido el cambio de uso forestalpor razón del incendio.

Otro aspecto relevante de esta ley es la previsiónde medidas de fomento de la gestión sostenible de losmontes, mediante subvenciones y otros incentivos porlas externalidades ambientales, además de considerarincluidos entre los fines de interés general los orientadosa la gestión forestal sostenible, a efectos de laLey 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscalde las entidades sin fines lucrativos y de los incentivosfiscales al mecenazgo.

Con estas medidas se quiere contribuir al recono-cimiento de los beneficios generales que los propietariosaportan a la sociedad con sus montes.

Para incidir una vez más en el impulso a la ordenaciónde todos los montes, los incentivos solamente serán apli-cables a los montes que cuenten con instrumento degestión, y además tendrán prioridad los montes decla-rados protectores o los montes catalogados.

Finalmente, se regula un régimen de infracciones ysanciones en las materias objeto de esta ley, estable-ciendo los criterios para la calificación de las infraccionessegún su gravedad y fijando las sanciones corres-pondientes.

Esta ley se dicta en virtud del artículo 149.1.8.a, 14.a,15.a, 18.a y 23.a de la Constitución, que reserva al Estadola competencia exclusiva en materia de legislación civil,hacienda general, fomento y coordinación de la inves-tigación, bases del régimen jurídico de las Administra-ciones públicas y legislación básica sobre protección delmedio ambiente y montes y aprovechamientos fores-tales, respectivamente.

TÍTULO I

Disposiciones generales

CAPÍTULO I

Objeto y conceptos generales

Artículo 1. Objeto.

Esta ley tiene por objeto garantizar la conservacióny protección de los montes españoles, promoviendo surestauración, mejora y racional aprovechamiento, apo-yándose en la solidaridad colectiva.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Esta ley es de aplicación a todos los montes espa-ñoles de acuerdo con el concepto contenido en el artícu-lo 5. En el caso de los montes vecinales en mano común,esta ley les es aplicable sin perjuicio de lo establecidoen su legislación especial.

2. A los terrenos de condición mixta agrosilvopas-toral, y en particular a las dehesas, les será de aplicación

esta ley en lo relativo a sus características y aprove-chamientos forestales, sin perjuicio de la aplicación dela normativa que les corresponda por sus característicasagropecuarias.

3. Los montes que sean espacios naturales prote-gidos o formen parte de ellos se rigen por su legislaciónespecífica, así como por las disposiciones de esta leyen lo que no sea contrario a aquélla.

4. Las vías pecuarias que atraviesen o linden conmontes se rigen por su legislación específica, así comopor las disposiciones de esta ley, en lo que no sea con-trario a aquélla.

Artículo 3. Principios.

Son principios que inspiran esta ley:

a) La gestión sostenible de los montes.b) El cumplimiento equilibrado de la multifunciona-

lidad de los montes en sus valores ambientales, eco-nómicos y sociales.

c) La planificación forestal en el marco de la orde-nación del territorio.

d) El fomento de las producciones forestales y sussectores económicos asociados.

e) La creación de empleo y el desarrollo del mediorural.

f) La conservación y restauración de la biodiversidadde los ecosistemas forestales.

g) La integración en la política forestal española delos objetivos de la acción internacional sobre proteccióndel medio ambiente, especialmente en materia de deser-tificación, cambio climático y biodiversidad.

h) La colaboración y cooperación de las diferentesAdministraciones públicas en la elaboración y ejecuciónde sus políticas forestales.

i) La participación en la política forestal de los sec-tores sociales y económicos implicados.

Artículo 4. Función social de los montes.

Los montes, independientemente de su titularidad,desempeñan una función social relevante, tanto comofuente de recursos naturales como por ser proveedoresde múltiples servicios ambientales, entre ellos, de pro-tección del suelo y del ciclo hidrológico; de fijación delcarbono atmosférico; de depósito de la diversidad bio-lógica y como elementos fundamentales del paisaje.

El reconocimiento de estos recursos y externalidades,de los que toda la sociedad se beneficia, obliga a lasAdministraciones públicas a velar en todos los casospor su conservación, protección, restauración, mejoray ordenado aprovechamiento.

Artículo 5. Concepto de monte.

1. A los efectos de esta ley, se entiende por montetodo terreno en el que vegetan especies forestales arbó-reas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espon-táneamente o procedan de siembra o plantación, quecumplan o puedan cumplir funciones ambientales, pro-tectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recrea-tivas.

Tienen también la consideración de monte:

a) Los terrenos yermos, roquedos y arenales.b) Las construcciones e infraestructuras destinadas

al servicio del monte en el que se ubican.c) Los terrenos agrícolas abandonados que cumplan

las condiciones y plazos que determine la comunidadautónoma, y siempre que hayan adquirido signos ine-quívocos de su estado forestal.


d) Todo terreno que, sin reunir las característicasdescritas anteriormente, se adscriba a la finalidad deser repoblado o transformado al uso forestal, de con-formidad con la normativa aplicable.

2. No tienen la consideración de monte:

a) Los terrenos dedicados al cultivo agrícola.b) Los terrenos urbanos y aquellos otros que excluya

la comunidad autónoma en su normativa forestal y urba-nística.

3. Las comunidades autónomas, de acuerdo con lascaracterísticas de su territorio, podrán determinar ladimensión de la unidad administrativa mínima que seráconsiderada monte a los efectos de la aplicación deesta ley.

Artículo 6. Definiciones.

A los efectos de esta ley, se definen los siguientestérminos:

a) Forestal: todo aquello relativo a los montes.b) Especie forestal: especie arbórea, arbustiva, de

matorral o herbácea que no es característica de formaexclusiva del cultivo agrícola.

c) Gestión: el conjunto de actividades de índole téc-nica y material relativas a la conservación, mejora y apro-vechamiento del monte.

d) Selvicultura: conjunto de técnicas que tratan dela conservación, mejora, aprovechamiento y regenera-ción o, en su caso, restauración, de las masas forestales.

e) Gestión forestal sostenible: la organización, admi-nistración y uso de los montes de forma e intensidadque permita mantener su biodiversidad, productividad,vitalidad, potencialidad y capacidad de regeneración,para atender, ahora y en el futuro, las funciones eco-lógicas, económicas y sociales relevantes en el ámbitolocal, nacional y global, y sin producir daños a otrosecosistemas.

f) Repoblación forestal: introducción de especiesforestales en un terreno mediante siembra o plantación.Puede ser forestación o reforestación.

g) Forestación: repoblación, mediante siembra oplantación, de un terreno que era agrícola o estaba dedi-cado a otros usos no forestales.

h) Reforestación: reintroducción de especies fores-tales, mediante siembra o plantación, en terrenos queestuvieron poblados forestalmente hasta épocas recien-tes, pero que quedaron rasos a causa de talas, incendios,vendavales, plagas, enfermedades u otros motivos.

i) Aprovechamientos forestales: los maderables yleñosos, incluida la biomasa forestal, los de corcho, pas-tos, caza, frutos, hongos, plantas aromáticas y medici-nales, productos apícolas y los demás productos yservicios con valor de mercado característicos de losmontes.

j) Plan de aprovechamiento: documento que des-cribe el objeto del aprovechamiento y especifica la orga-nización y medios a emplear, incluidas extracción y sacay, en su caso, las medidas para garantizar la sosteni-bilidad de acuerdo con las prácticas de buena gestiónrecogidas en la normativa de la comunidad autónomao en las directrices del PORF.

k) Incendio forestal: el fuego que se extiende sincontrol sobre combustibles forestales situados en elmonte.

l) Cambio del uso forestal: toda actuación materialo acto administrativo que haga perder al monte su carác-ter de tal.

m) Instrumentos de gestión forestal: bajo esta deno-minación se incluyen los proyectos de ordenación de

montes, planes dasocráticos, planes técnicos u otras figu-ras equivalentes.

n) Proyecto de ordenación de montes: documentoque sintetiza la organización en el tiempo y el espaciode la utilización sostenible de los recursos forestales,maderables y no maderables, en un monte o grupo demontes, para lo cual debe incluir una descripción por-menorizada del terreno forestal en sus aspectos eco-lógicos, legales, sociales y económicos y, en particular,un inventario forestal con un nivel de detalle tal quepermita la toma de decisiones en cuanto a la selviculturaa aplicar en cada una de las unidades del monte y ala estimación de sus rentas.

ñ) Plan dasocrático o plan técnico: proyecto de orde-nación de montes que, por su singularidad —pequeñaextensión; funciones preferentes distintas a las de pro-ducción de madera o corcho; masas inmaduras (sin arbo-lado en edad de corta), etc.— precisan una regulaciónmás sencilla de la gestión de sus recursos arbóreos. Enconsonancia, el inventario forestal podrá ser más sim-plificado, si bien será necesario que incorpore informa-ción sobre densidades en número de pies y áreas basi-métricas, en el caso de montes arbolados.

o) Monte ordenado: el que dispone de instrumentode gestión forestal vigente.

p) Certificación forestal: procedimiento voluntariopor el que una tercera parte independiente proporcionauna garantía escrita tanto de que la gestión forestal esconforme con criterios de sostenibilidad como de quese realiza un seguimiento fiable desde el origen de losproductos forestales.

q) Agente forestal: agente de la autoridad pertene-ciente a las Administraciones públicas que, de acuerdocon su propia normativa y con independencia de la deno-minación corporativa específica, puede tener encomen-dadas, entre otras funciones, las de policía y custodiade los bienes jurídicos de naturaleza forestal.

CAPÍTULO II

Competencias de las Administraciones públicas

Artículo 7. Administración General del Estado.

1. Corresponden a la Administración General delEstado en las materias relacionadas con esta ley lassiguientes competencias de forma exclusiva:

a) La gestión de los montes de su titularidad.b) La representación internacional de España en

materia forestal.

2. Asimismo, corresponden a la AdministraciónGeneral del Estado, en colaboración con las comunida-des autónomas y sin perjuicio de sus competencias enestos ámbitos, las funciones que se citan a continuación:

a) La definición de los objetivos generales de la polí-tica forestal española. En particular, aprobará los siguien-tes documentos:

1.o Estrategia forestal española.2.o Plan forestal español.3.o Programa de acción nacional contra la deser-

tificación.4.o Plan nacional de actuaciones prioritarias de res-

tauración hidrológico-forestal.

b) La recopilación, elaboración y sistematización dela información forestal para mantener y actualizar la Esta-dística forestal española.

c) La normalización de los medios materiales parala extinción de incendios forestales en todo el territorioespañol, así como el despliegue de medios estatales de


apoyo a las comunidades autónomas, para completarla cobertura de los montes contra incendios.

d) El ejercicio de las funciones necesarias para laadopción de medidas fitosanitarias urgentes, así comovelar por la adecuada ejecución, coordinación y segui-miento de las mismas, en situaciones excepcionales enlas que exista grave peligro de extensión de plagasforestales, de conformidad con el artículo 16 de laLey 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal.

e) La promoción de planes de formación y empleodel sector forestal.

f) La elaboración de programas de mejora genéticay conservación de recursos genéticos forestales de ámbi-to nacional, así como el establecimiento de normas bási-cas sobre procedencia, producción, utilización y comer-cialización de los materiales forestales de reproduccióny, en particular, la determinación de sus regiones deprocedencia y el mantenimiento del Registro y del Catá-logo Nacional de Materiales de Base.

g) La elaboración y aprobación de las Instruccionesbásicas para la ordenación y aprovechamiento demontes.

h) Las actuaciones de restauración hidrológico-fo-restal.

i) El fomento de la investigación científica y la inno-vación tecnológica en el ámbito forestal.

3. Corresponde asimismo a la Administración Gene-ral del Estado el ejercicio de aquellas otras competenciasque le confiere la legislación y, en particular:

a) La coordinación de la llevanza del Catálogo deMontes de Utilidad Pública, así como la del Registrode montes protectores.

b) La coordinación en el establecimiento y mante-nimiento de las redes europeas de parcelas para el segui-miento de las interacciones del monte con el medioambiente.

Artículo 8. Comunidades autónomas.

1. Las comunidades autónomas ejercen aquellascompetencias que en materia de montes y aprovecha-mientos forestales, y las que en virtud de otros títuloscompetenciales que inciden en esta ley, tienen atribuidasen sus estatutos de autonomía.

2. La Comunidad Foral de Navarra ejerce las com-petencias en materia de montes y aprovechamientosforestales en los términos previstos en la Ley Orgáni-ca 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Ame-joramiento del Régimen Foral de Navarra.

Artículo 9. Administración local.

Las entidades locales, en el marco de la legislaciónbásica del Estado y de la legislación de las comunidadesautónomas, ejercen las competencias siguientes:

a) La gestión de los montes de su titularidad noincluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

b) La gestión de los montes catalogados de su titu-laridad cuando así se disponga en la legislación forestalde la comunidad autónoma.

c) La disposición del rendimiento económico de losaprovechamientos forestales de todos los montes de sutitularidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu-lo 38 en relación con el fondo de mejoras de montescatalogados o, en su caso, de lo dispuesto en la nor-mativa autonómica.

d) La emisión de informe preceptivo en el proce-dimiento de elaboración de los instrumentos de gestiónrelativos a los montes de su titularidad incluidos en elCatálogo de Montes de Utilidad Pública.

e) La emisión de otros informes preceptivos previs-tos en esta ley, relativos a los montes de su titularidad.

f) Aquellas otras que, en la materia objeto de estaley, les atribuya, de manera expresa, la legislación fores-tal de la comunidad autónoma u otras leyes que resultende aplicación.

Artículo 10. Órganos de coordinación y consultivo dela política forestal española.

1. Corresponde a la Conferencia Sectorial de MedioAmbiente, asistida por la Comisión Nacional de Protec-ción de la Naturaleza, la coordinación entre la Admi-nistración General del Estado y las comunidades autó-nomas para la preparación, estudio y desarrollo de lascuestiones propias de la política forestal española. Aestos efectos, se constituye en el seno de la ComisiónNacional el Comité Forestal como órgano de trabajoespecífico en esta materia.

2. El Consejo Nacional de Bosques es el órgano con-sultivo y asesor de la Administración General del Estadoen materia de montes y recursos forestales y sirve comoinstrumento de participación de todas aquellas partesinteresadas en la planificación y organización del sectorforestal.

TÍTULO II

Clasificación y régimen jurídico de los montes

CAPÍTULO I

Clasificación de los montes

Artículo 11. Montes públicos y montes privados.

1. Por razón de su titularidad los montes puedenser públicos o privados.

2. Son montes públicos los pertenecientes al Esta-do, a las comunidades autónomas, a las entidades localesy a otras entidades de derecho público.

3. Son montes privados los pertenecientes a per-sonas físicas o jurídicas de derecho privado, ya sea indi-vidualmente o en régimen de copropiedad.

4. Los montes vecinales en mano común tienennaturaleza especial derivada de su propiedad en común,sujeta a las limitaciones de indivisibilidad, inalienabilidad,imprescriptibilidad e inembargabilidad. Sin perjuicio delo previsto en el artículo 2.1 de esta ley, se les aplicarálo dispuesto para los montes privados.

Artículo 12. Montes de dominio público y montes patri-moniales.

1. Son de dominio público o demaniales e integranel dominio público forestal:

a) Por razones de servicio público, los montes inclui-dos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública a laentrada en vigor de esta ley, así como los que se incluyanen él de acuerdo con el artículo 16.

b) Los montes comunales, pertenecientes a las enti-dades locales, en tanto su aprovechamiento correspondaal común de los vecinos.

c) Aquellos otros montes que, sin reunir las carac-terísticas anteriores, hayan sido afectados a un uso oservicio público.

2. Son montes patrimoniales los de propiedad públi-ca que no sean demaniales.


Artículo 13. Montes catalogados de utilidad pública.

A partir de la entrada en vigor de esta ley, las comu-nidades autónomas podrán incluir en el Catálogo deMontes de Utilidad Pública los montes públicos com-prendidos en alguno de los siguientes supuestos:

a) Los que sean esenciales para la protección delsuelo frente a procesos de erosión.

b) Los situados en cabeceras de cuencas hidrográ-ficas y aquellos otros que contribuyan decisivamente ala regulación del régimen hidrológico, evitando o redu-ciendo aludes, riadas e inundaciones y defendiendopoblaciones, cultivos e infraestructuras.

c) Los que eviten o reduzcan los desprendimientosde tierras o rocas y el aterramiento de embalses y aque-llos que protejan cultivos e infraestructuras contra elviento.

d) Los que sin reunir plenamente en su estado actuallas características descritas en los párrafos a), b) o c)sean destinados a la repoblación o mejora forestal conlos fines de protección en ellos indicados.

e) Los que contribuyan a la conservación de la diver-sidad biológica, a través del mantenimiento de los sis-temas ecológicos, la protección de la flora y la faunao la preservación de la diversidad genética y, en par-ticular, los que constituyan o formen parte de espaciosnaturales protegidos, zonas de especial protección paralas aves, zonas de especial conservación u otras figuraslegales de protección, así como los que constituyan ele-mentos relevantes del paisaje.

f) Aquellos otros que establezca la comunidad autó-noma en su legislación.

CAPÍTULO II

Régimen jurídico de los montes públicos

Artículo 14. Régimen jurídico de los montes demania-les.

Los montes del dominio público forestal son inalie-nables, imprescriptibles e inembargables y no están suje-tos a tributo alguno que grave su titularidad.

Artículo 15. Régimen de usos en el dominio públicoforestal.

1. La Administración gestora de los montes dema-niales podrá dar carácter público a aquellos usos res-petuosos con el medio natural, siempre que se realicensin ánimo de lucro y de acuerdo con la normativa vigente,en particular con lo previsto en los instrumentos de pla-nificación y gestión aplicables, y cuando sean compa-tibles con los aprovechamientos, autorizaciones o con-cesiones legalmente establecidos.

2. La Administración gestora de los montes dema-niales someterá a otorgamiento de autorizaciones aque-llas actividades que, de acuerdo con la normativa auto-nómica, la requieran por su intensidad, peligrosidad orentabilidad. En los montes catalogados será preceptivoel informe favorable del órgano forestal de la comunidadautónoma.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado ante-rior, los aprovechamientos forestales en el dominio públi-co forestal se regirán por lo que se establece en losartículos 36 y 37 de esta ley.

4. La Administración gestora de los montes dema-niales someterá a otorgamiento de concesión todasaquellas actividades que impliquen una utilización pri-vativa del dominio público forestal. En los montes cata-logados, esta concesión requerirá el informe favorablede compatibilidad con la persistencia de los valores natu-rales del monte por parte del órgano forestal de la comu-nidad autónoma.

Artículo 16. Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

1. El Catálogo de Montes de Utilidad Pública es unregistro público de carácter administrativo en el que seinscriben todos los montes declarados de utilidad públi-ca.

2. La inclusión y exclusión de montes en el Catálogode Montes de Utilidad Pública y la llevanza de éste corres-ponde a las comunidades autónomas en sus respectivosterritorios. Las comunidades autónomas darán trasladoal Ministerio de Medio Ambiente de las inscripcionesque practiquen así como de las resoluciones adminis-trativas y sentencias judiciales firmes que conllevenmodificaciones en el catálogo, incluidas las que atañena permutas, prevalencias y resoluciones que, con carác-ter general, supongan la revisión y actualización de losmontes catalogados.

3. La inclusión en el Catálogo de Montes de UtilidadPública de los montes públicos a los que se refiere elartículo 13 se hará de oficio o a instancias del titular,y se adoptará por acuerdo del órgano competente quedetermine cada comunidad autónoma, a propuesta desu respectivo órgano forestal, previa instrucción delcorrespondiente procedimiento en el que deberá ser oídala Administración titular y, en su caso, los titulares dederechos sobre dichos montes.

4. La exclusión de un monte del Catálogo de Montesde Utilidad Pública sólo procederá cuando haya perdidolas características por las que fue catalogado y se regu-lará por el procedimiento descrito en el apartado anterior.La exclusión parcial o permuta de una parte no signi-ficativa de un monte catalogado podrá ser autorizadapor la comunidad autónoma, a propuesta de su órganoforestal, siempre que suponga una mejor definición dela superficie del monte o una mejora para su gestióny conservación.

5. Con carácter excepcional, la comunidad autóno-ma, previo informe de su órgano forestal y, en su caso,de la entidad titular, podrá autorizar la exclusión o per-muta de una parte de un monte catalogado por razonesdistintas a las previstas en el apartado anterior.

Artículo 17. Desafectación de montes demaniales.

1. La desafectación de los montes catalogados deldominio público forestal requerirá, sin perjuicio de loprevisto en el artículo 18.4, su previa exclusión del catá-logo.

2. La desafectación de los restantes montes dema-niales se tramitará por su Administración titular y reque-rirá, en todo caso, el informe favorable del órgano forestalde la comunidad autónoma.

3. La comunidad autónoma regulará el procedimien-to de desafectación de los montes demaniales.

Artículo 18. Efectos jurídicos de la inclusión de los mon-tes en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

1. La titularidad que en el catálogo se asigne a unmonte sólo puede impugnarse en juicio declarativo ordi-nario de propiedad ante los tribunales civiles, no per-mitiéndose el ejercicio de las acciones reales del artículo41 de la Ley Hipotecaria.

2. En los casos en los que se promuevan juiciosdeclarativos ordinarios de propiedad de montes cata-logados, será parte demandada la comunidad autónoma,además de, en su caso, la entidad titular del monte.

3. La Administración titular o gestora inscribirá losmontes catalogados, así como cualquier derecho sobreellos, en el Registro de la Propiedad, mediante certifi-cación acompañada por un plano topográfico del monteo el levantado para el deslinde, a escala apropiada. En


la certificación expedida para dicha inscripción se incluirála referencia catastral del inmueble o inmuebles queconstituyan el monte catalogado, de acuerdo con laLey 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmo-biliario.

4. Cuando un monte catalogado se halle afectadopor expediente del cual pueda derivarse otra declaraciónde demanialidad distinta de la forestal, a excepción delos declarados como de interés general por el Estado,y sin perjuicio de lo que, en su caso, disponga la decla-ración de impacto ambiental, las Administraciones com-petentes buscarán cauces de cooperación al objeto dedeterminar cuál de tales declaraciones debe prevalecer.En el supuesto de discrepancia entre las Administracio-nes, resolverá, según la Administración que haya tra-mitado el expediente, el Consejo de Ministros o el órganoque la comunidad autónoma determine. En el caso deque ambas fueran compatibles, la Administración quehaya gestionado el expediente tramitará, en pieza sepa-rada, expediente de concurrencia, a fin de armonizarel doble carácter demanial.

Artículo 19. Características jurídicas de los montespatrimoniales.

1. La usucapión o prescripción adquisitiva de losmontes patrimoniales sólo se dará mediante la posesiónen concepto de dueño, pública, pacífica y no interrum-pida durante 30 años.

2. Se entenderá interrumpida la posesión a efectosde la prescripción por la realización de aprovechamientosforestales, por la iniciación de expedientes sancionado-res o por cualquier acto posesorio realizado por la Admi-nistración propietaria del monte.

CAPÍTULO III

Recuperación posesoria y deslinde de los montespúblicos

Artículo 20. Investigación y recuperación posesoria delos montes demaniales.

1. Los titulares de los montes demaniales, junto conla Administración gestora en los montes catalogados,podrán investigar la situación de terrenos que se pre-suman pertenecientes al dominio público forestal, a cuyoefecto podrán recabar todos los datos e informes quese consideren necesarios.

2. Los titulares de los montes demaniales, junto conla Administración gestora en los montes catalogados,podrán ejercer la potestad de recuperación posesoriade los poseídos indebidamente por terceros, que no esta-rá sometida a plazo y respecto a la que no se admitiránacciones posesorias ni procedimientos especiales.

Artículo 21. Deslinde de montes de titularidad pública.

1. Los titulares de los montes públicos, junto conla Administración gestora en los montes catalogados,gozarán de la potestad de deslinde administrativo desus montes.

2. El deslinde podrá iniciarse bien a instancia delos particulares interesados, bien de oficio por las enti-dades titulares o el órgano forestal de la comunidadautónoma en el caso de montes catalogados. La inicia-ción del expediente se anunciará en el boletín oficialde la comunidad autónoma correspondiente y mediantefijación de edictos en los ayuntamientos, y se notificaráen forma a los colindantes e interesados.

3. El deslinde de los montes no catalogados se ajus-tará al procedimiento que determinen las respectivasAdministraciones públicas titulares.

El deslinde de los montes catalogados se ajustaráal procedimiento que determinen las comunidades autó-nomas y, cuando afecte a montes de titularidad estatal,será preceptivo el informe de la Abogacía del Estado.

4. Los deslindes deberán aprobarse a la vista delos documentos acreditativos o situaciones de posesióncualificada que acrediten la titularidad pública del monteobjeto del deslinde, y establecerán sus límites con suscabidas y plano, debiendo concretarse igualmente losgravámenes existentes.

5. Solamente tendrán valor y eficacia en el acto delapeo los títulos de dominio inscritos en el Registro dela Propiedad y aquellos otros que la Administración titulary el órgano forestal de la comunidad autónoma con-sideren con valor posesorio suficiente.

6. El deslinde aprobado y firme supone la delimi-tación del monte y declara con carácter definitivo suestado posesorio, a reserva de lo que pudiera resultarde un juicio declarativo de propiedad.

7. La resolución aprobatoria del deslinde deberápublicarse y notificarse debidamente a los interesadosy colindantes. Ésta será recurrible por las personas afec-tadas ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,una vez agotada la vía administrativa, por razones decompetencia o procedimiento, y ante la jurisdicción ordi-naria si lo que se discute es el dominio, la posesióno cualquier otro derecho real.

8. La resolución definitiva del expediente de des-linde es título suficiente, según el caso, para la inma-triculación del monte, para la inscripción de rectificaciónde la descripción de las fincas afectadas y para la can-celación de las anotaciones practicadas con motivo deldeslinde en fincas excluidas del monte deslindado. Estaresolución no será título suficiente para rectificar los dere-chos anteriormente inscritos a favor de los terceros aque se refiere el artículo 34 de la Ley Hipotecaria.

9. Una vez que el acuerdo de aprobación del des-linde fuera firme, se procederá al amojonamiento, conparticipación, en su caso, de los interesados.

10. Podrá pedirse a nombre del Estado o de la comu-nidad autónoma, y se acordará por los jueces y tribu-nales, la nulidad de actuaciones en los procedimientosjudiciales a que se refiere este artículo cuando no hayasido emplazada a su debido tiempo la representaciónprocesal del Estado o la de la comunidad autónoma,cualquiera que sea el estado en el que se encuentrenlos referidos procedimientos.

CAPÍTULO IV

Régimen de los montes privados

Artículo 22. Asientos registrales de montes privados.

1. Toda inmatriculación o inscripción de exceso decabida en el Registro de la Propiedad de un monte ode una finca colindante con monte demanial o ubicadoen un término municipal en el que existan montes dema-niales requerirá el previo informe favorable de los titu-lares de dichos montes y, para los montes catalogados,el del órgano forestal de la comunidad autónoma.

2. Tales informes se entenderán favorables si desdesu solicitud por el registrador de la propiedad transcurreun plazo de tres meses sin que se haya recibido con-testación. La nota marginal de presentación tendrá unavalidez de cuatro meses.

3. Para los montes catalogados, los informes favo-rables o el silencio administrativo positivo derivado delapartado 2 no impedirán el ejercicio por la Administra-ción de las oportunas acciones destinadas a la correccióndel correspondiente asiento registral.


Artículo 23. Gestión de los montes privados.

1. Los montes privados se gestionan por su titular.2. Los titulares de estos montes podrán contratar

su gestión con personas físicas o jurídicas de derechopúblico o privado o con los órganos forestales de lascomunidades autónomas donde el monte radique.

3. La gestión de estos montes se ajustará, en sucaso, al correspondiente instrumento de gestión o pla-nificación forestal. La aplicación de dichos instrumentosserá supervisada por el órgano forestal de la comunidadautónoma.

Artículo 24. Clasificación y registro de montes protec-tores.

1. Las comunidades autónomas podrán calificarcomo protectores, a instancia del propietario, aquellosmontes privados que cumplan alguna de las condicionesque para los montes públicos establece el artículo 13.

2. Las comunidades autónomas podrán crear regis-tros de montes protectores como registros de carácteradministrativo.

3. La clasificación y desclasificación de un monteprotector, o parte de éste, y su consiguiente inclusióno su exclusión en el registro de montes protectores sehará por el órgano forestal de la comunidad autónomacorrespondiente, previo informe del propietario.

4. Las comunidades autónomas deberán informaral Ministerio de Medio Ambiente, al menos una vez alaño, de la inclusión de montes en los registros de montesprotectores.

CAPÍTULO V

Derecho de adquisición preferente y unidades mínimasde actuación forestal

Artículo 25. Derecho de adquisición preferente. Tanteoy retracto.

1. Las comunidades autónomas tendrán derecho deadquisición preferente, a reserva de lo dispuesto en elapartado 2, en los siguientes casos de transmisionesonerosas:

a) De montes de superficie superior a un límite afijar por la comunidad autónoma correspondiente.

b) De montes clasificados como protectores con-forme al artículo 24.

2. En el caso de fincas o montes enclavados enun monte público o colindantes con él, el derecho deadquisición preferente corresponderá a la Administra-ción titular del monte colindante o que contiene al encla-vado. En el caso de montes colindantes con otros per-tenecientes a distintas Administraciones públicas, tendráprioridad en el ejercicio del derecho de adquisición pre-ferente aquella cuyo monte tenga mayor linde comúncon el monte en cuestión.

3. No habrá derecho de adquisición preferentecuando se trate de aportación de capital en especie auna sociedad en la que los titulares transmitentes debe-rán ostentar una participación mayoritaria durante cincoaños como mínimo.

4. Para posibilitar el ejercicio del derecho de adqui-sición preferente a través de la acción de tanteo, el trans-mitente deberá notificar fehacientemente a la Adminis-tración pública titular de ese derecho los datos relativosal precio y características de la transmisión proyectada,la cual dispondrá de un plazo de tres meses, a partirde dicha notificación, para ejercitar dicho derecho,mediante el abono o consignación de su importe enlas referidas condiciones.

5. Los notarios y registradores no autorizarán ni ins-cribirán, respectivamente, las correspondientes escritu-ras sin que se les acredite previamente la práctica dedicha notificación de forma fehaciente.

6. Si se llevara a efecto la transmisión sin la indicadanotificación previa, o sin seguir las condiciones reflejadasen ella, la Administración titular del derecho de adqui-sición preferente podrá ejercer acción de retracto enel plazo de un año contado desde la inscripción de latransmisión en el Registro de la Propiedad o, en su defec-to, desde que la Administración hubiera tenido cono-cimiento oficial de las condiciones reales de dicha trans-misión.

7. El derecho de retracto al que se refiere este ar-tículo es preferente a cualquier otro.

Artículo 26. Límite a la segregación de montes.

Serán indivisibles, salvo por causa no imputable alpropietario, las parcelas forestales de superficie inferioral mínimo que establecerán las comunidades autóno-mas.

Artículo 27. Agrupación de montes.

Las Administraciones públicas fomentarán la agru-pación de montes, públicos o privados, con el objetode facilitar una ordenación y gestión integrada medianteinstrumentos de gestión forestal que asocien a pequeñospropietarios.

TÍTULO III

Gestión forestal sostenible

CAPÍTULO I

Información forestal

Artículo 28. Estadística forestal española.

1. El Ministerio de Medio Ambiente coordinará conlos demás órganos competentes de la AdministraciónGeneral del Estado y las comunidades autónomas la ela-boración de la Estadística forestal española, que incluirálas siguientes materias:

a) El Inventario forestal nacional y su correspondien-te Mapa forestal de España.

b) El Inventario nacional de erosión de suelos.c) Repoblaciones y otras actividades forestales.d) Relación de montes ordenados.e) Producción forestal y actividades industriales

forestales.f) Incendios forestales.g) Seguimiento de la interacción de los montes y

el medio ambiente.h) Caracterización del territorio forestal incluido en

la Red Natura 2000.A propuesta de la Comisión Nacional de Protección

de la Naturaleza o del Consejo Nacional de Bosques,el Ministerio de Medio Ambiente podrá incluir en la Esta-dística forestal española otras operaciones estadísticas.

2. Los órganos competentes en materia de esta-dística forestal de las comunidades autónomas y lasdemás Administraciones públicas proporcionarán alMinisterio de Medio Ambiente la información de carácterforestal de su ámbito de competencia necesaria paraelaborar la Estadística forestal española y atender lasdemandas de información estadística de los organismosinternacionales, así como para facilitar el acceso del ciu-dadano a la información forestal. En particular, antes


del tercer cuatrimestre de cada año, proporcionarán lainformación estadística forestal que hayan elaboradosobre el año anterior.

3. El Ministerio de Medio Ambiente y el Ministeriode Agricultura, Pesca y Alimentación establecerán pro-cedimientos de coordinación para que en los documen-tos de la Estadística forestal española y de la Estadísticaagroalimentaria, de sus respectivas competencias, existauna identidad de las definiciones de los usos y apro-vechamientos forestales y agrícolas, así como de lassuperficies asignadas a cada uno de ellos.

4. El Ministerio de Medio Ambiente pondrá la infor-mación contenida en la Estadística forestal española adisposición de las comunidades autónomas y entidadeslocales, las empresas e industrias forestales y demásagentes interesados.

5. La información utilizada para la elaboración dela Estadística forestal española quedará integrada en elbanco de datos de la naturaleza. Periódicamente, elMinisterio de Medio Ambiente elaborará y publicará uninforme forestal español, a partir del análisis de los datosde la Estadística forestal española.

6. El Inventario forestal nacional y el Mapa forestalde España, así como el Inventario nacional de erosiónde suelos, tendrán carácter continuo y una periodicidadde actualización al menos decenal. Su elaboración sehará aplicando criterios y metodología comunes paratodo el territorio español.

CAPÍTULO II

Planificación forestal

Artículo 29. Estrategia forestal española.

1. La Estrategia forestal española, como documentode referencia para establecer la política forestal española,contendrá el diagnóstico de la situación de los montesy del sector forestal español, las previsiones de futuro,de conformidad con sus propias necesidades y con loscompromisos internacionales contraídos por España, ylas directrices que permiten articular la política forestalespañola.

2. El Ministerio de Medio Ambiente, oídos los Minis-terios afectados, elaborará la Estrategia forestal espa-ñola, con la participación de las comunidades autónomasy con el informe de la Comisión Nacional de Protecciónde la Naturaleza y del Consejo Nacional de Bosques.El Consejo de Ministros aprobará la Estrategia forestalespañola, mediante acuerdo y previo informe de la Con-ferencia Sectorial.

3. Cuando las circunstancias así lo aconsejen, laEstrategia forestal española será revisada a propuestade la Comisión Nacional de Protección de la Naturalezao del Consejo Nacional de Bosques. La revisión se tra-mitará y aprobará con arreglo a lo dispuesto en el apar-tado 2.

Artículo 30. Plan forestal español.

1. El Plan forestal español, como instrumento deplanificación a largo plazo de la política forestal española,desarrollará la Estrategia forestal española.

2. El Ministerio de Medio Ambiente elaborará el Planforestal español con la participación de las comunidadesautónomas, teniendo en cuenta los planes forestales deaquéllas y con los informes de la Comisión Nacionalde Protección de la Naturaleza y del Consejo Nacionalde Bosques. El Consejo de Ministros aprobará el Planforestal español, mediante acuerdo y previo informe dela Conferencia Sectorial.

3. El Plan forestal español será revisado cada 10 años,o en un plazo inferior cuando las circunstancias así loaconsejen, a propuesta de la Comisión Nacional de Pro-tección de la Naturaleza o del Consejo Nacional de Bos-ques. La revisión se tramitará y aprobará con arregloa lo dispuesto en el apartado 2.

Artículo 31. Planes de ordenación de los recursos fores-tales.

1. Las comunidades autónomas podrán elaborar losplanes de ordenación de recursos forestales (PORF)como instrumentos de planificación forestal, constitu-yéndose en una herramienta en el marco de la orde-nación del territorio.

2. El contenido de estos planes será obligatorio yejecutivo en las materias reguladas en esta ley. Asimis-mo, tendrán carácter indicativo respecto de cualesquieraotras actuaciones, planes o programas sectoriales.

3. Con carácter previo a la elaboración de los PORF,las comunidades autónomas definirán los territorios que,de acuerdo con esta ley y con su normativa autonómica,tienen la consideración de monte.

4. El ámbito territorial de los PORF serán los terri-torios forestales con características geográficas, socioe-conómicas, ecológicas, culturales o paisajísticas homo-géneas, de extensión comarcal o equivalente. Se podránadaptar a aquellas comarcalizaciones y divisiones deámbito subregional planteadas por la ordenación delterritorio u otras específicas divisiones administrativaspropias de las comunidades autónomas.

5. Las comunidades autónomas, a propuesta de suórgano forestal, delimitarán los territorios forestales alos que se deberá dotar de su correspondiente PORF,cuando las condiciones de mercado de los productosforestales, los servicios y beneficios generados por losmontes o cualquier otro aspecto de índole forestal quese estime conveniente sean de especial relevanciasocioeconómica en tales territorios.

6. Las comunidades autónomas, a propuesta de suórgano forestal, elaborarán y aprobarán los PORF y deter-minarán la documentación y contenido de estos que,con independencia de su denominación, podrán incluirlos siguientes elementos:

a) Delimitación del ámbito territorial y caracteriza-ción del medio físico y biológico.

b) Descripción y análisis de los montes y los paisajesexistentes en ese territorio, sus usos y aprovechamientosactuales, en particular los usos tradicionales, así comolas figuras de protección existentes, incluyendo las víaspecuarias.

c) Aspectos jurídico-administrativos: titularidad,montes catalogados, mancomunidades, agrupaciones depropietarios, proyectos de ordenación u otros instrumen-tos de gestión o planificación vigentes.

d) Características socioeconómicas: demografía,disponibilidad de mano de obra especializada, tasas deparo, industrias forestales, incluidas las dedicadas alaprovechamiento energético de la biomasa forestal ylas destinadas al desarrollo del turismo rural.

e) Zonificación por usos y vocación del territorio.Objetivos, compatibilidades y prioridades.

f) Planificación de las acciones necesarias para elcumplimiento de los objetivos fijados en el plan, incor-porando las previsiones de repoblación, restauraciónhidrológico-forestal, prevención y extinción de incendios,regulación de usos recreativos y ordenación de montes,incluyendo, cuando proceda, la ordenación cinegética,pascícola y micológica.

g) Establecimiento del marco en el que podrán sus-cribirse acuerdos, convenios y contratos entre la Admi-


nistración y los propietarios para la gestión de los mon-tes.

h) Establecimiento de las directrices para la orde-nación y aprovechamiento de los montes, garantizandoque no se ponga en peligro la persistencia de los eco-sistemas y se mantenga la capacidad productiva de losmontes.

i) Criterios básicos para el control, seguimiento, eva-luación y plazos para la revisión del plan.

7. La elaboración de estos planes incluirá necesa-riamente la consulta a las entidades locales y, a travésde sus órganos de representación, a los propietariosforestales privados, a otros usuarios legítimos afectadosy a los demás agentes sociales e institucionales inte-resados, así como los trámites de información pública.

8. Cuando exista un plan de ordenación de recursosnaturales de conformidad con la Ley 4/1989, de 27de marzo, de Conservación de los Espacios Naturalesy de la Flora y Fauna Silvestres, u otro plan equivalentede acuerdo con la normativa autonómica, que abarqueel mismo territorio forestal que el delimitado según elapartado 5, estos planes podrán tener el carácter dePORF, siempre y cuando cuenten con el informe favo-rable del órgano forestal, cuando éste sea distinto delórgano que aprueba el PORN.

CAPÍTULO III

Ordenación de montes

Artículo 32. La gestión forestal sostenible. Instruccio-nes básicas para la ordenación y el aprovechamientode montes.

1. Los montes deben ser gestionados de forma sos-tenible, integrando los aspectos ambientales con las acti-vidades económicas, sociales y culturales, con la fina-lidad de conservar el medio natural al tiempo que generarempleo y colaborar al aumento de la calidad de viday expectativas de desarrollo de la población rural.

2. El Ministerio de Medio Ambiente y las comuni-dades autónomas, a través de la Conferencia Sectorialprevia consulta al Consejo Nacional de Bosques, ela-borarán unas instrucciones básicas para la ordenacióny el aprovechamiento de montes que deberán ser infor-madas por la Comisión Nacional de Protección de laNaturaleza y propuestas para su aprobación por realdecreto. Estas instrucciones determinarán necesaria-mente:

a) La adaptación a los montes españoles de los cri-terios e indicadores de sostenibilidad, su evaluación yseguimiento, de conformidad con los criterios estable-cidos en resoluciones internacionales y convenios en losque España sea parte y, en particular, los requeridospara los montes incluidos en la Red Natura 2000.

b) El contenido mínimo de los proyectos de orde-nación y de los planes dasocráticos para la gestión sos-tenible de los montes y de sus correspondientes revi-siones.

Artículo 33. Proyectos de ordenación de montes y pla-nes dasocráticos.

1. Las Administraciones publicas impulsarán técni-ca y económicamente la ordenación de todos los montes.

2. Los montes públicos deberán contar con un pro-yecto de ordenación de montes, plan dasocrático u otroinstrumento de gestión equivalente. Las comunidadesautónomas determinarán en qué casos procede cadauno.

Estarán exentos de la obligación establecida en elpárrafo anterior los montes de superficie inferior al míni-

mo que determinarán las comunidades autónomas deacuerdo con las características de su territorio forestal.

3. La elaboración de dichos instrumentos se haráa instancias del titular del monte o del órgano forestalde la comunidad autónoma, debiendo ser aprobados,en todo caso, por este último.

4. El contenido mínimo de los proyectos de orde-nación de montes y planes dasocráticos se determinaráen las instrucciones básicas para la ordenación y el apro-vechamiento de montes establecidas en el artículo 32de esta ley. La elaboración de estos instrumentos deberáser dirigida y supervisada por profesionales con titulaciónforestal universitaria y deberá tener como referencia, ensu caso, el PORF en cuyo ámbito se encuentre el monte.

5. El órgano forestal de la comunidad autónomaregulará en qué casos puede ser obligatorio disponerde instrumento de gestión para los montes protectoresy otros montes privados.

Artículo 34. Gestión de montes catalogados y montesprotectores.

1. Los montes catalogados y montes protectoresque se correspondan con las condiciones establecidasen los párrafos a), b), c) y d) del artículo 13 se gestionaráncon el fin de lograr la máxima estabilidad de la masaforestal, aplicando métodos selvícolas que persigan prio-ritariamente el control de la erosión, del peligro de incen-dio, de los daños por nieve, vendavales, inundacionesy riadas o de otros riesgos para las características pro-tectoras del monte.

2. Aquellos que deban su catalogación o clasifica-ción como protectores al cumplimiento de las condicio-nes establecidas en el artículo 13.e) se gestionarángarantizando el mantenimiento en un estado de con-servación favorable o, en su caso, la restauración delos valores que motivaron dichas clasificaciones.

Artículo 35. Certificación forestal.

Las Administraciones públicas procurarán que lascondiciones de transparencia, voluntariedad, ausenciade discriminación y libre competencia se cumplan porparte de todos los sistemas de certificación forestal.

CAPÍTULO IV

Aprovechamientos forestales

Artículo 36. Aprovechamientos forestales.

1. El titular del monte será en todos los casos elpropietario de los recursos forestales producidos en sumonte, incluidos frutos espontáneos, y tendrá derechoa su aprovechamiento conforme a lo establecido en estaley y en la normativa autonómica.

2. Los aprovechamientos de los recursos forestalesse realizarán de acuerdo con las prescripciones para lagestión de montes establecidas en los correspondientesplanes de ordenación de recursos forestales, cuandoexistan. Se ajustarán también, en su caso, a lo que con-cretamente se consigne en el proyecto de ordenaciónde montes, plan dasocrático o instrumento de gestiónequivalente vigente.

3. El órgano forestal de la comunidad autónomaregulará los aprovechamientos no maderables. Dichosaprovechamientos, y en particular el de pastos, deberánestar, en su caso, expresamente regulados en los corres-pondientes instrumentos de gestión forestal o PORF encuyo ámbito se encuentre el monte en cuestión.

4. Los aprovechamientos en los montes del dominiopúblico forestal podrán ser enajenados por sus titulares


en el marco de lo establecido en el artículo 15, así comode lo previsto en la legislación patrimonial que les resultede aplicación.

5. Los aprovechamientos en los montes afectadospor las zonas de servidumbre, policía, o afección de losdominios públicos hidráulico, marítimo-terrestre, decarreteras o ferroviario no precisarán de la autorizaciónde los órganos competentes de dichos dominios, siemprey cuando tales montes dispongan de instrumentos degestión cuya aprobación por el órgano forestal de lacomunidad autónoma haya sido informada favorable-mente por los órganos de gestión de los dominios públi-cos mencionados.

Artículo 37. Aprovechamientos maderables y leñosos.

Los aprovechamientos maderables y leñosos se regu-larán por el órgano forestal de la comunidad autónoma.En los montes no gestionados por dicho órgano forestal,estos aprovechamientos estarán sometidos a las siguien-tes condiciones básicas:

a) Cuando exista proyecto de ordenación, plan daso-crático o instrumento de gestión equivalente, o el monteesté incluido en el ámbito de aplicación de un PORFy éste así lo prevea, el titular de la explotación del montedeberá notificar previamente el aprovechamiento al órga-no forestal de la comunidad autónoma, al objeto de queéste pueda comprobar su conformidad con lo previstoen el instrumento de gestión o, en su caso, de plani-ficación. La denegación o condicionamiento del apro-vechamiento sólo podrá producirse en el plazo que deter-mine la normativa autonómica mediante resolución moti-vada, entendiéndose aceptado caso de no recaer reso-lución expresa en dicho plazo.

b) En caso de no existir dichos instrumentos, el titu-lar de la explotación del monte deberá comunicar pre-viamente al órgano forestal de la comunidad autónomasu plan de aprovechamiento de acuerdo con la regu-lación autonómica al efecto. Este órgano emitirá unaautorización preceptiva para dicho aprovechamiento enel plazo que determine la comunidad autónoma. En casode silencio administrativo se entenderá estimada la soli-citud. Si la contestación fuese negativa deberá justifi-carse técnicamente.

Artículo 38. Fondo de mejoras en montes catalogados.

Las entidades locales titulares de montes catalogadosaplicarán a un fondo de mejoras, cuyo destino será laconservación y mejora de los montes incluidos en elCatálogo de Montes de Utilidad Pública, una cuantía quefijarán las comunidades autónomas y que no será inferioral 15 por ciento del valor de sus aprovechamientos fores-tales o de los rendimientos obtenidos por ocupacionesu otras actividades desarrolladas en el monte. Dicho fon-do será administrado por el órgano forestal de la comu-nidad autónoma, salvo que ésta lo transfiera a la entidadlocal titular.

TÍTULO IV

Conservación y protección de montes

CAPÍTULO I

Usos del suelo

Artículo 39. Delimitación del uso forestal en el planea-miento urbanístico.

Los instrumentos de planeamiento urbanístico, cuan-do afecten a la calificación de terrenos forestales, reque-rirán el informe de la Administración forestal compe-tente. Dicho informe será vinculante si se trata de montescatalogados o protectores.

Artículo 40. Cambio del uso forestal y modificación dela cubierta vegetal.

1. El cambio del uso forestal de un monte cuandono venga motivado por razones de interés general, ysin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18.4 y dela normativa ambiental aplicable, tendrá carácter excep-cional y requerirá informe favorable del órgano forestalcompetente y, en su caso, del titular del monte.

2. La Administración forestal competente podráregular un procedimiento más simplificado para la auto-rización del cambio de uso en aquellas plantacionesforestales temporales para las que se solicite una rever-sión a usos anteriores no forestales.

3. La Administración forestal competente regularálos casos en los que, sin producirse cambio de uso fores-tal, se requiera autorización para la modificación sus-tancial de la cubierta vegetal del monte.

CAPÍTULO II

Conservación de suelos, lucha contra la erosión y ladesertificación y restauración hidrológico-forestal

Artículo 41. Plan Nacional de Actuaciones Prioritariasde Restauración Hidrológico-Forestal y Programa deAcción Nacional contra la Desertificación.

1. Corresponde al Ministerio de Medio Ambiente,en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pescay Alimentación y con las comunidades autónomas, laelaboración y aprobación del Programa de Acción Nacio-nal contra la Desertificación. La aplicación y seguimientodel Programa se efectuarán de forma coordinada entreel Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Agri-cultura, Pesca y Alimentación y las comunidades autó-nomas.

2. El Programa de Acción Nacional contra la Deser-tificación tendrá como objetivos la prevención y la reduc-ción de la degradación de las tierras, la rehabilitaciónde tierras parcialmente degradadas y la recuperaciónde tierras desertificadas para contribuir al logro deldesarrollo sostenible de las zonas áridas, semiáridas ysubhúmedas secas del territorio español.

3. Asimismo, corresponde al Ministerio de MedioAmbiente, en colaboración con las Comunidades Autó-nomas, la elaboración y aprobación del Plan Nacionalde Actuaciones Prioritarias de Restauración Hidrológi-co-Forestal. La aplicación y seguimiento del plan se efec-tuarán de forma coordinada entre el Ministerio de MedioAmbiente y las comunidades autónomas.

4. El Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias deRestauración Hidrológico-Forestal diagnosticará e iden-tificará, por subcuencas, los procesos erosivos, clasifi-cándolos según la intensidad de los mismos y su riesgopotencial para poblaciones, cultivos e infraestructuras,definiendo las zonas prioritarias de actuación, valorandolas acciones a realizar y estableciendo la priorizacióny programación temporal de las mismas.

En la elaboración o posterior aplicación del plan, lascomunidades autónomas podrán delimitar zonas de peli-gro por riesgo de inundaciones o intrusiones de nieveque afecten a poblaciones o asentamientos humanos.Estas zonas deberán contar con planes específicos derestauración hidrológico-forestal de actuación obligatoriapara todas las Administraciones públicas.

Artículo 42. Declaración del interés general de lasactuaciones de restauración hidrológico-forestal fueradel dominio público hidráulico.

El Ministerio de Medio Ambiente podrá declarar deinterés general actuaciones de restauración hidrológi-co-forestal fuera del dominio público hidráulico a peticiónde las comunidades autónomas afectadas.


CAPÍTULO III

Incendios forestales

Artículo 43. Defensa contra incendios forestales.

Corresponde a las Administraciones públicas com-petentes la responsabilidad de la organización de ladefensa contra los incendios forestales. A tal fin, deberánadoptar, de modo coordinado, medidas conducentes ala prevención, detección y extinción de los incendios fores-tales, cualquiera que sea la titularidad de los montes.

Artículo 44. Prevención de los incendios forestales.

1. La Administración General del Estado y las comu-nidades autónomas organizarán coordinadamente pro-gramas específicos de prevención de incendios fores-tales basados en investigaciones sobre su causalidady, en particular, sobre las motivaciones que puedan oca-sionar intencionalidad en su origen.

2. Asimismo, las Administraciones públicas desarro-llarán programas de concienciación y sensibilización parala prevención de incendios forestales, fomentando la par-ticipación social y favoreciendo la corresponsabilidad dela población en la protección del monte.

3. Las comunidades autónomas regularán en mon-tes y áreas colindantes el ejercicio de todas aquellasactividades que puedan dar lugar a riesgo de incendio,y establecerán normas de seguridad aplicables a las urba-nizaciones, otras edificaciones, obras, instalaciones eléc-tricas e infraestructuras de transporte en terrenos fores-tales y sus inmediaciones, que puedan implicar peligrode incendios o ser afectadas por estos. Asimismo, podránestablecer limitaciones al tránsito por los montes, lle-gando a suprimirlo cuando el peligro de incendios lohaga necesario.

4. Las Fuerzas y los Cuerpos de Seguridad del Esta-do, así como las instituciones autonómicas y locales,cada uno de conformidad con su normativa reguladoray en el ejercicio de sus competencias y, en su caso,de conformidad con la planificación en materia de pro-tección civil, intervendrán en la prevención de los incen-dios forestales mediante vigilancia disuasoria e inves-tigación específica de las causas y en la movilizaciónde personal y medios para la extinción.

5. Las Administraciones públicas podrán regular laconstitución de grupos de voluntarios para colaborar enla prevención y extinción y cuidarán de la formaciónde las personas seleccionadas para desarrollar estastareas. Igualmente fomentarán las agrupaciones de pro-pietarios de montes y demás personas o entidades inte-resadas en la conservación de los montes y su defensacontra los incendios.

Artículo 45. Obligación de aviso.

Toda persona que advierta la existencia o iniciaciónde un incendio forestal estará obligada a avisar a la auto-ridad competente o a los servicios de emergencia y,en su caso, a colaborar, dentro de sus posibilidades,en la extinción del incendio.

Artículo 46. Organización de la extinción de los incen-dios forestales.

1. Corresponde a la Administración General delEstado, en coordinación con las comunidades autóno-mas, la homologación de la formación, preparación yequipamiento del personal y la normalización de losmedios materiales que intervengan en los trabajos deextinción contra incendios forestales. El seguimiento deestas medidas corresponde a la Comisión Nacional de

Protección de la Naturaleza, asistida por el Comité deLucha contra Incendios Forestales.

2. El órgano competente de la comunidad autóno-ma establecerá para la extinción de cada incendio, salvoen aquellos que se juzgue innecesario por su pequeñaentidad, un mando unificado y estructurado por funcio-nes, basado en los objetivos de eficacia y seguridad.El director técnico de la extinción será un profesionalque haya recibido formación acreditada específica sobrecomportamiento del fuego forestal y técnicas adecuadaspara su extinción.

3. En el caso de incendios en zonas limítrofes dedos o más comunidades autónomas, los órganos com-petentes de éstas coordinarán sus dispositivos deextinción. Cuando se solicite en estos incendios la inter-vención de medios de la Administración General del Esta-do, ésta podrá exigir a las comunidades autónomas afec-tadas la constitución de una dirección unificada de lostrabajos de extinción. A su vez, la Administración Generaldel Estado podrá, a petición de las comunidades autó-nomas, destinar personal técnico cualificado para ase-sorar a dicha dirección unificada.

4. En caso de declaración de situación de emer-gencia, se estará a lo dispuesto en la normativa de pro-tección civil para emergencia por incendios forestales.

Artículo 47. Trabajos de extinción.

1. En los trabajos de extinción de incendios fores-tales, el director técnico de la operación tiene la con-dición de agente de la autoridad y podrá movilizar mediospúblicos y privados para actuar en la extinción de acuer-do con un plan de operaciones. Asimismo, podrá dis-poner, cuando sea necesario y aunque no se pueda con-tar con la autorización de los propietarios respectivos,la entrada de equipos y medios en fincas forestales oagrícolas, la circulación por caminos privados, la aperturade brechas en muros o cercas, la utilización de aguas,la apertura de cortafuegos de urgencia y la quema anti-cipada mediante la aplicación de contrafuegos, en zonasque se estime que, dentro de una normal previsión, pue-den ser consumidas por el incendio. La autoridad localpodrá movilizar medios públicos o privados adicionalespara actuar en la extinción, según el plan de operacióndel director técnico.

2. Se considerará prioritaria la utilización por los servi-cios de extinción de las infraestructuras públicas, talescomo carreteras, líneas telefónicas, aeropuertos, embal-ses, puertos de mar y todas aquellas necesarias parala comunicación y aprovisionamiento de dichos servicios,sin perjuicio de las normas específicas de utilización decada una de ellas.

3. La Administración responsable de la extinciónasumirá la defensa jurídica del director técnico y delpersonal bajo su mando en los procedimientos seguidosante los órdenes jurisdiccionales civil y penal por posiblesresponsabilidades derivadas de las órdenes impartidasy las acciones ejecutadas en relación con la extincióndel incendio.

Artículo 48. Zonas de alto riesgo de incendio.

1. Aquellas áreas en las que la frecuencia o viru-lencia de los incendios forestales y la importancia delos valores amenazados hagan necesarias medidas espe-ciales de protección contra los incendios, podrán serdeclaradas zonas de alto riesgo de incendio o de pro-tección preferente.

2. Corresponde a las comunidades autónomas ladeclaración de zonas de alto riesgo y la aprobación desus planes de defensa.

3. Para cada una de estas zonas se formulará unplan de defensa que, como mínimo, deberá considerar:


a) Los problemas socioeconómicos que puedanexistir en la zona y que se manifiesten a través de laprovocación reiterada de incendios o del uso negligentedel fuego, así como la determinación de las épocas delaño de mayor riesgo de incendios forestales.

b) Los trabajos de carácter preventivo que resultenecesario realizar, incluyendo los tratamientos selvícolasque procedan, áreas cortafuegos, vías de acceso y pun-tos de agua que deban realizar los propietarios de losmontes de la zona, así como los plazos de ejecución.Asimismo, el plan de defensa contendrá las modalidadesde ejecución de los trabajos, en función del estado legalde los terrenos, mediante convenios, acuerdos, cesióntemporal de los terrenos a la Administración, ayudaso subvenciones o, en su caso, ejecución subsidiaria porla Administración.

c) El establecimiento y disponibilidad de los mediosde vigilancia y extinción necesarios para dar coberturaa toda la superficie forestal de la zona, con las previsionespara su financiación.

d) La regulación de los usos que puedan dar lugara riesgo de incendios forestales.

4. La normativa de las comunidades autónomasdeterminará las modalidades para la redacción de losplanes de defensa y podrá declarar de interés generallos trabajos incluidos en aquéllos, así como determinar,en cada caso, el carácter oneroso o gratuito de la eje-cución subsidiaria por la Administración.

5. Cuando una zona de alto riesgo esté englobadaen un territorio que disponga de PORF, éste podrá tenerla consideración de plan de defensa siempre y cuandocumpla las condiciones descritas en el apartado 3.

6. Las infraestructuras, existentes o de nueva crea-ción, incluidas en las zonas de alto riesgo de incendiotendrán una servidumbre de uso para su utilización porlos servicios de prevención y extinción de incendios.

Artículo 49. Cobertura de daños por incendios fores-tales.

1. La Administración General del Estado, a travésdel Consorcio de Compensación de Seguros, garantizarála cobertura de indemnizaciones por accidente exclu-sivamente para las personas que colaboren en la extin-ción de incendios.

2. Se promoverá el desarrollo y puesta en marchadel Seguro de Incendios Forestales en el marco de loprevisto en la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, deseguros agrarios combinados. Los propietarios que sus-criban el seguro tendrán prioridad para acogerse a lassubvenciones previstas en el artículo 64 de esta ley.

Artículo 50. Restauración de los terrenos forestalesincendiados.

1. Las comunidades autónomas deberán garantizarlas condiciones para la restauración de la vegetaciónde los terrenos forestales incendiados, quedando pro-hibido el cambio del uso forestal por razón del incendio.Igualmente, determinarán los plazos y procedimientospara hacer efectiva esta prohibición.

2. El órgano competente de la comunidad autóno-ma fijará las medidas encaminadas a la retirada de lamadera quemada y a la restauración de la cubierta vege-tal afectada por los incendios que, en todo caso, incluiránel acotamiento temporal de aquellos aprovechamientoso actividades incompatibles con su regeneración y, enparticular, el pastoreo, por un plazo que deberá ser supe-rior a un año, salvo levantamiento del acotado por auto-rización expresa de dicho órgano.

3. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin per-juicio de lo previsto en el capítulo II del título XVII dela Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, mediantela que se aprueba el Código Penal.

CAPÍTULO IV

Sanidad y genética forestal

Artículo 51. Marco jurídico de la sanidad forestal.

En la prevención y lucha contra las plagas forestales,en el Registro de Productos Fitosanitarios a utilizar enlos montes y en la introducción y circulación de plantasy productos forestales de importación, así como en cual-quier otro aspecto de la sanidad forestal se cumplirálo establecido en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre,de sanidad vegetal.

Artículo 52. Protección de los montes contra agentesnocivos.

1. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 43/2002,de 20 de noviembre, de sanidad vegetal, la protecciónde los montes contra los agentes nocivos debe ser decarácter preventivo, mediante técnicas selvícolas ade-cuadas, utilización de agentes biológicos que impidano frenen el incremento de las poblaciones de agentesnocivos y la aplicación de métodos de lucha integrada.

2. Las comunidades autónomas adoptarán las medi-das necesarias de vigilancia, localización y extinción defocos incipientes de plagas, debiendo informar al res-pecto al órgano competente de la Administración Gene-ral del Estado por si pudiera verse afectada la sanidadgeneral de los montes españoles.

Artículo 53. Obligaciones de los titulares de los montes.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 43/2002,de 20 de noviembre, de sanidad vegetal, los titularesde los montes están obligados a comunicar la apariciónatípica de agentes nocivos a los órganos competentesde las comunidades autónomas y a ejecutar o facilitarla realización de las acciones obligatorias que éstosdeterminen.

Artículo 54. Recursos genéticos forestales.

1. El Ministerio de Medio Ambiente, en colaboracióncon las comunidades autónomas, elaborará y desarro-llará programas de ámbito nacional que promuevan lamejora genética y la conservación de los recursos gené-ticos forestales.

2. El Gobierno, consultadas las comunidades autó-nomas, establecerá las normas básicas sobre produc-ción, utilización y comercialización de los materialesforestales de reproducción a propuesta conjunta de losMinisterios de Medio Ambiente y de Agricultura, Pescay Alimentación.

3. El Ministerio de Medio Ambiente, en colaboracióncon el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacióny con las comunidades autónomas, determinará las regio-nes de procedencia de los materiales forestales de repro-ducción y, en particular, mantendrá el Registro y el Catá-logo Nacional de Materiales de Base.

TÍTULO V

Investigación, formación, extensión y divulgación

CAPÍTULO I

Investigación forestal

Artículo 55. Investigación forestal.

1. La Administración General del Estado, a travésde los planes nacionales de investigación científica,desarrollo e innovación tecnológica, que establece la


Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y CoordinaciónGeneral de la Investigación Científica y Técnica, iden-tificará e incorporará en sus programas de actuaciónlas demandas de investigación forestal de las Adminis-traciones públicas y de los sectores productivos, asícomo los instrumentos necesarios para alcanzar los obje-tivos propuestos.

2. Las Administraciones públicas fomentarán lainvestigación forestal y, en particular, promoverán:

a) La coordinación general de la investigación fores-tal, estableciendo los mecanismos necesarios para elmejor uso de la totalidad de los recursos y medios dis-ponibles, el intercambio de información, la constituciónde redes temáticas permanentes de carácter nacionale internacional y la creación y mantenimiento de basesde datos armonizadas.

b) La cooperación en materia forestal entre insti-tutos, centros de investigación, centros tecnológicos yuniversidades, tanto públicos como privados, en par-ticular a través del enlace en forma de redes de losdistintos centros.

3. La información y resultados de los programas yproyectos de investigación ejecutados con financiaciónpública que se requieran para elaborar la Estadísticaforestal española, referida en el artículo 28, se integraránen ésta. Con tal fin, las instituciones investigadoras res-ponsables proporcionarán esta información al Ministeriode Medio Ambiente y a las comunidades autónomas.

Artículo 56. Redes temáticas, parcelas de seguimientoy áreas de reserva.

1. La Administración General del Estado y las comu-nidades autónomas cooperarán en el establecimiento,mantenimiento, financiación y control de las redes temá-ticas y parcelas de seguimiento derivadas de la normativainternacional, sus respectivos planes forestales o los pla-nes nacionales de investigación científica, desarrollo einnovación tecnológica.

2. En los montes de titularidad estatal o autonómicase podrán establecer áreas de reserva no intervenidaspara el estudio de la evolución natural de los montes.Este mismo tipo de áreas se podrá establecer en montesde otra titularidad, previo acuerdo con su propietario.

CAPÍTULO II

Formación y educación forestal

Artículo 57. Formación y divulgación forestal.

1. Con el fin de contribuir al desarrollo y promociónde los aspectos sociolaborales del sector forestal y alfomento del empleo con especial atención a las pobla-ciones rurales, la Administración General del Estado, encolaboración con las comunidades autónomas y losagentes sociales representativos, promoverá la elabora-ción de planes de formación y empleo del sector forestal,incluyendo medidas relativas a la prevención de riesgoslaborales.

2. Asimismo, la Administración General del Estadocooperará con las comunidades autónomas y los agentessociales representativos en el establecimiento de pro-gramas de divulgación que traten de dar a conocer latrascendencia que tiene para la sociedad la existenciade los montes y su gestión sostenible, y la importanciade sus productos como recursos naturales renovables.

3. Igualmente, las Administraciones públicas fomen-tarán el conocimiento de los principios básicos de laselvicultura entre los propietarios privados de los montesy los trabajadores forestales. En las labores de formaciónse fomentará la participación de las asociaciones pro-fesionales del sector.

Artículo 58. Extensión y guardería forestal.

1. Las Administraciones públicas, en el ámbito desus competencias, deberán desempeñar, entre otras, lassiguientes funciones de extensión y guardería forestal:

a) De policía forestal y de conservación de la natu-raleza, en particular, las de prevención, detección e inves-tigación de incendios forestales y agentes nocivos.

b) De asesoramiento facultativo en tareas de exten-sión y gestión forestal y de conservación de la naturaleza.

Los profesionales que realicen estas funciones con-tarán con la formación específica que les capacite parasu correcto desarrollo.

2. Para fomentar las labores citadas en el apartado1.b) de este artículo, la Administración forestal podráestablecer acuerdos con los agentes sociales represen-tativos.

3. Las actas de inspección y denuncia realizadaspor los agentes forestales en el ejercicio de sus fun-ciones, como documentos públicos, tendrán valor pro-batorio respecto de los hechos reflejados en ellas.

Artículo 59. Educación forestal.

Las Administraciones públicas promoverán progra-mas de educación, divulgación y sensibilización relativosa los objetivos de esta ley, que estarán dirigidos a losintegrantes del sistema educativo.

TÍTULO VI

Fomento forestal

CAPÍTULO I

Defensa de los intereses forestales

Artículo 60. Fundaciones y asociaciones de carácterforestal.

Las Administraciones públicas promoverán activa-mente las fundaciones, asociaciones y cooperativas deiniciativa social, existentes o de nueva creación, que ten-gan por objeto las materias que se tratan en esta leyy, en particular, la gestión sostenible y multifuncionalde los montes, y que puedan colaborar con la Admi-nistración en el ejercicio de sus competencias.

CAPÍTULO II

Empresas forestales

Artículo 61. Cooperativas, empresas e industrias fores-tales.

1. Las comunidades autónomas llevarán un registrode cooperativas, empresas e industrias forestales, tantode las empresas que realizan trabajos forestales en losmontes como de las industrias forestales, incluyendo enéstas las de sierra, chapa, tableros, pasta, papel y corcho.Las comunidades autónomas deberán mantener infor-mada a la Administración General del Estado sobre dichoregistro.

2. Las cooperativas, empresas e industrias foresta-les facilitarán anualmente a las comunidades autónomas,a efectos estadísticos, los datos relativos a su actividad,en particular, la producción, transformación y comercia-lización de sus productos forestales. Esta informaciónse integrará en la Estadística forestal española, a travésde mecanismos de colaboración entre el Ministerio deMedio Ambiente y los demás órganos de las Adminis-traciones competentes.


Artículo 62. Organización interprofesional de produc-tos forestales.

El estatuto jurídico de las organizaciones interprofe-sionales de los productos forestales será el establecidoen la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, Reguladorade las Organizaciones Interprofesionales Agroalimenta-rias, y la normativa autonómica sobre la materia.

CAPÍTULO III

Incentivos económicos en montes ordenados

Artículo 63. Disposiciones generales.

1. Los incentivos recogidos en los artículos 64 a 66siguientes se aplicarán a montes ordenados de propie-tarios privados y de entidades locales. Los montes pro-tectores y los catalogados y, en particular, aquellos enespacios naturales protegidos o en la Red Natura 2000tendrán preferencia en el otorgamiento de estos incen-tivos.

2. Los montes no ordenados incluidos en un PORFpodrán acceder a los incentivos cuando así se habiliteen dicho plan.

3. En el acceso a las subvenciones para la preven-ción contra incendios forestales tendrán prioridad losmontes que se encuentren ubicados en una zona dealto riesgo de incendio con un plan de defensa contraincendios vigente, de acuerdo con el artículo 48.

Artículo 64. Subvenciones.

Podrán ser objeto de subvención, en los términosfijados en las respectivas convocatorias, las actividadesvinculadas a la gestión forestal sostenible.

Artículo 65. Incentivos por las externalidades ambien-tales.

1. Las Administraciones públicas regularán losmecanismos y las condiciones para incentivar las exter-nalidades positivas de los montes ordenados.

2. Para estos incentivos se tendrán en cuenta, entreotros, los siguientes factores:

a) La conservación, restauración y mejora de la bio-diversidad y del paisaje en función de las medidas espe-cíficamente adoptadas para tal fin.

b) La fijación de dióxido de carbono en los montescomo medida de contribución a la mitigación del cambioclimático, en función de la cantidad de carbono fijadaen la biomasa forestal del monte, así como de la valo-rización energética de los residuos forestales.

c) La conservación de los suelos y del régimen hidro-lógico en los montes como medida de lucha contra ladesertificación, en función del grado en que la cubiertavegetal y las prácticas selvícolas contribuyan a reducirla pérdida o degradación del suelo y de los recursoshídricos superficiales y subterráneos.

3. Las Administraciones públicas podrán aportarestos incentivos por las siguientes vías:

a) Subvención al propietario de los trabajos dirigidosa la gestión forestal sostenible.

b) Establecimiento de una relación contractual conel propietario.

c) Inversión directa por la Administración.

Artículo 66. Créditos.

De acuerdo con la normativa de la Unión Europea,las Administraciones públicas fomentarán la creación delíneas de crédito bonificadas para financiar las inversio-nes forestales. Estos créditos podrán ser compatiblescon las subvenciones e incentivos.

TÍTULO VII

Régimen sancionador

CAPÍTULO I

Infracciones

Artículo 67. Tipificación de las infracciones.

A los efectos de esta ley, y sin perjuicio de lo quedisponga al respecto la legislación autonómica, se con-sideran infracciones administrativas las siguientes:

a) El cambio de uso forestal sin autorización.b) La utilización de montes de dominio público sin

la correspondiente concesión o autorización para aque-llos usos que la requieran.

c) La quema, arranque o inutilización de ejemplaresarbóreos de especies forestales, salvo casos excepcio-nales autorizados o de intervención administrativa, jus-tificados por razones de gestión del monte.

d) El empleo de fuego en los montes y áreas colin-dantes en las condiciones, épocas, lugares o para acti-vidades no autorizadas.

e) El incumplimiento de las disposiciones que regu-len el uso del fuego dictadas en materia de prevencióny extinción de incendios forestales.

f) La modificación sustancial de la cubierta vegetaldel monte sin la correspondiente autorización.

g) La forestación o reforestación con materiales dereproducción expresamente prohibidos.

h) La realización de aprovechamientos forestales sinautorización administrativa o, en su caso, notificacióndel titular y, en general, la realización de cualquier acti-vidad no autorizada o notificada, cuando tales requisitossean obligatorios.

i) La realización de vías de saca, pistas, caminoso cualquier otra obra cuando no esté prevista en loscorrespondientes proyectos de ordenación o planesdasocráticos de montes o, en su caso, PORF, o sin estarexpresamente autorizada por el órgano forestal de lacomunidad autónoma.

j) El pastoreo en los montes donde se encuentreprohibido o se realice en violación de las normas esta-blecidas al efecto por el órgano forestal de la comunidadautónoma.

k) El tránsito o la permanencia en caminos o zonasforestales donde exista prohibición expresa en tal sentido.

l) Cualquier incumplimiento grave que afecte al nor-mal desarrollo del monte, del contenido de los proyectosde ordenación de montes, planes dasocráticos de mon-tes o planes de aprovechamientos, así como sus corres-pondientes autorizaciones, sin causa técnica justificaday notificada al órgano forestal de la comunidad autónomapara su aprobación.

m) El incumplimiento de las disposiciones encami-nadas a la restauración y reparación de los daños oca-sionados a los montes y, en particular, los ocasionadospor acciones tipificadas como infracción, así como delas medidas cautelares dictadas al efecto.

n) El vertido no autorizado de residuos en terrenosforestales.

ñ) La alteración de las señales y mojones que deli-mitan los montes públicos deslindados.

o) La obstrucción por acción u omisión de las actua-ciones de investigación, inspección y control de las Admi-nistraciones públicas y de sus agentes, en relación conlas disposiciones de esta ley y de sus normas de desarro-llo.

p) El incumplimiento de las obligaciones de infor-mación a la Administración por parte de los particulares.

q) El incumplimiento, total o parcial, de otras obli-gaciones o prohibiciones establecidas en esta ley.


Artículo 68. Clasificación de las infracciones.

1. Son infracciones muy graves:

a) Las infracciones tipificadas en los párrafos a)a n) del artículo anterior, cuando los hechos constitutivosde la infracción hayan causado al monte daños cuyo plazode reparación o restauración sea superior a 10 años.

b) La infracción tipificada en el párrafo ñ) del artículoanterior, cuando la alteración de señales y mojones impi-da la determinación sobre el terreno de los lindes legal-mente establecidos.

2. Son infracciones graves:

a) Las infracciones tipificadas en los párrafos a)a n) del artículo anterior, cuando los hechos constitutivosde la infracción hayan causado al monte daños cuyoplazo de reparación o restauración sea inferior a 10 añosy superior a seis meses.

b) La infracción tipificada en el párrafo ñ) del artículoanterior, cuando la alteración de señales y mojones noimpida la identificación de los límites reales del montepúblico deslindado.

c) La infracción tipificada en el párrafo o) del artículoanterior.

3. Son infracciones leves:

a) Las infracciones tipificadas en los párrafos a)a n) del artículo anterior, cuando los hechos constitutivosde la infracción no hayan causado daños al monteo cuando, habiendo daño, el plazo para su reparacióno restauración no exceda de seis meses.

b) Las infracciones tipificadas en los apartados p)y q) del artículo anterior.

Artículo 69. Medidas cautelares.

La Administración competente, o sus agentes de laautoridad, podrán adoptar las medidas de carácter pro-visional que estimen necesarias, incluyendo el decomiso,para evitar la continuidad del daño ocasionado por laactividad presuntamente infractora.

Al inicio del procedimiento y de acuerdo con la legis-lación aplicable en cada caso, la Administración com-petente deberá ratificar tales medidas. Asimismo, podráimponer nuevas medidas cautelares para asegurar la efi-cacia de la resolución final que pudiera recaer.

Artículo 70. Responsables de las infracciones.

1. Serán responsables de las infracciones previstasen esta ley las personas físicas o jurídicas que incurranen aquellas y, en particular, la persona que directamenterealice la actividad infractora o la que ordene dicha acti-vidad cuando el ejecutor tenga con aquella una relacióncontractual o de hecho, siempre que se demuestre sudependencia del ordenante.

2. Cuando no sea posible determinar el grado departicipación de las distintas personas que hubiesenintervenido en la realización de una infracción, la res-ponsabilidad será solidaria, sin perjuicio del derecho arepetir frente a los demás participantes, por parte deaquel o aquellos que hubieran hecho frente a las res-ponsabilidades.

Artículo 71. Prescripción de las infracciones.

1. El plazo de prescripción de las infracciones seráde cinco años para las muy graves, tres años para lasgraves y un año para las leves.

2. El plazo de prescripción comenzará a contar apartir de la fecha en que la infracción se haya cometido.

3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, conconocimiento del interesado, del procedimiento sancio-nador, reanudándose el plazo de prescripción si el expe-diente sancionador estuviese paralizado durante un mespor causa no imputable al presunto responsable.

Artículo 72. Responsabilidad penal.

1. Cuando la infracción pudiera ser constitutiva dedelito o falta, la Administración instructora lo pondráen conocimiento del órgano jurisdiccional competente,suspendiéndose la tramitación del procedimiento san-cionador mientras la autoridad judicial no hubiera dic-tado sentencia firme o resolución que ponga fin al pro-ceso.

2. La sanción penal excluirá la imposición de san-ción administrativa en los casos en que se aprecie laidentidad del sujeto, del hecho y del fundamento. Deno haberse estimado la existencia de delito o falta, elórgano competente continuará, en su caso, el expedientesancionador teniendo en cuenta los hechos declaradosprobados en la resolución firme del órgano judicial com-petente.

CAPÍTULO II

Sanciones

Artículo 73. Potestad sancionadora.

1. La sanción de las infracciones corresponderá,salvo lo dispuesto en el apartado 2, al órgano de lacomunidad autónoma que tenga atribuida la competen-cia en cada caso.

2. Compete a la Administración General del Estadola imposición de sanciones en aquellos supuestos enque la infracción administrativa haya recaído en ámbitoy sobre materias de su competencia.

Artículo 74. Clasificación.

Las infracciones tipificadas en este título serán san-cionadas con las siguientes multas:

a) Las infracciones leves, con multa de 100 a 1.000euros.

b) Las infracciones graves, con multa de 1.001a 100.000 euros.

c) Las infracciones muy graves, con multa de100.001 a 1.000.000 euros.

Artículo 75. Proporcionalidad.

Dentro de los límites establecidos en el artículo ante-rior, las sanciones se impondrán atendiendo a las cir-cunstancias del responsable:

a) Intensidad del daño causado.b) Grado de culpa.c) Reincidencia.d) Beneficio económico obtenido por el infractor.

Artículo 76. Reducción de la sanción.

Podrá reducirse la sanción o su cuantía, siempre ycuando el infractor haya procedido a corregir la situacióncreada por la comisión de la infracción en el plazo quese señale en el correspondiente requerimiento.

Artículo 77. Reparación del daño e indemnización.

1. Sin perjuicio de las sanciones penales o admi-nistrativas que en cada caso procedan, el infractor debe-rá reparar el daño causado en la forma y condiciones


fijadas por el órgano sancionador. Esta obligación esimprescriptible en el caso de daños al dominio públicoforestal.

2. La reparación tendrá como objetivo la restaura-ción del monte o ecosistema forestal dañado a la situa-ción previa a los hechos constitutivos de la infracciónsancionada. Cuando la reparación no sea posible, laAdministración podrá requerir la indemnización corres-pondiente.

3. Podrá requerirse asimismo indemnización en loscasos en que el beneficio económico del infractor seasuperior a la máxima sanción prevista. Esta indemniza-ción será como máximo del doble de la cuantía de dichobeneficio.

4. Los daños ocasionados al monte y el plazo parasu reparación o restauración se determinarán según cri-terio técnico debidamente motivado en la resoluciónsancionadora.

Artículo 78. Multas coercitivas y ejecución subsidiaria.

1. Si los infractores no procedieran a la reparacióno indemnización, de acuerdo con lo establecido en elartículo 77, y una vez transcurrido el plazo señaladoen el requerimiento correspondiente, la Administracióninstructora podrá acordar la imposición de multas coer-citivas o la ejecución subsidiaria.

2. Las multas coercitivas serán reiteradas por lapsosde tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado,y la cuantía de cada una de dichas multas no superaráel 20 por ciento de la multa fijada por la infraccióncometida.

3. La ejecución por la Administración de la repa-ración ordenada será a costa del infractor.

Artículo 79. Decomiso.

La Administración competente podrá acordar el deco-miso tanto de los productos forestales ilegalmente obte-nidos como de los instrumentos y medios utilizados enla comisión de la infracción.

Artículo 80. Prescripción de las sanciones.

1. Las sanciones impuestas por la comisión de faltasmuy graves prescribirán a los tres años, en tanto quelas impuestas por faltas graves o leves lo harán a losdos años y al año, respectivamente.

2. El plazo de prescripción de las sanciones comen-zará a contarse desde el día siguiente a aquel en queadquiera firmeza la resolución por la que se impone lasanción.

3. Interrumpirá la prescripción, la iniciación, conconocimiento del interesado, del procedimiento de eje-cución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está para-lizado durante más de un mes por causa no imputableal infractor.

Disposición adicional primera. Consorcios y conveniosde repoblación.

1. Los consorcios y convenios de repoblación ampa-rados por la legislación que se deroga en la disposiciónderogatoria única de esta ley continuarán vigentes hastala fecha de su finalización.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado ante-rior, las comunidades autónomas podrán sustituir losconsorcios y convenios de repoblación suscritos entrela Administración forestal y los propietarios de montespor otras figuras contractuales en las que no sería exi-gible una compensación económica a favor de la Admi-nistración o condonar su deuda, siempre que se cuente

con el acuerdo de los propietarios y que concurra algunade las siguientes condiciones:

a) Los beneficios indirectos y el interés social quegenere el mantenimiento de la cubierta vegetal superenlos de las rentas directas del monte.

b) El propietario del suelo se comprometa a con-servar adecuadamente la masa forestal creada por aque-llos consorcios o convenios mediante la aplicación deun instrumento de gestión.

c) Aquellas otras que fije la comunidad autónoma.

Disposición adicional segunda. Regímenes especiales.

1. Los montes del Estado que pertenecen al dominiopúblico por afectación al Patrimonio Nacional se rigenpor su legislación específica, siéndoles de aplicación lodispuesto en esta ley cuando ello no sea contrario alos fines a los que fueron afectados.

2. En el territorio forestal del dominio público fores-tal de titularidad estatal adscrito al Ministerio de Defensa,así como en las zonas de interés para la Defensa y enaquellos territorios en los que el Ministerio de Defensadesarrolle actividades en virtud de cualquier título jurí-dico, la aplicación de lo dispuesto en esta ley estarásubordinada a los fines de la Defensa Nacional.

En particular, en estos territorios la defensa contraincendios forestales será responsabilidad del Ministeriode Defensa, con el asesoramiento técnico del Ministeriode Medio Ambiente.

3. El territorio forestal de titularidad estatal incluidoen los parques nacionales se administra en el régimende cogestión establecido en la Ley 41/1997, de 5 denoviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, de27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturalesy de la Flora y Fauna Silvestres.

Disposición adicional tercera. Participación forestal enla declaración de espacios naturales protegidos.

En el procedimiento de declaración de montes comoespacios naturales protegidos será preceptiva la parti-cipación del órgano forestal de la comunidad autónomacuando éste sea distinto del órgano declarante.

Disposición adicional cuarta. Uso energético de la bio-masa forestal residual.

El Gobierno elaborará, en colaboración con las comu-nidades autónomas, una estrategia para el desarrollo deluso energético de la biomasa forestal residual, de acuer-do con los objetivos indicados en el Plan de fomentode las energías renovables en España.

Disposición adicional quinta. Sociedades de propieta-rios forestales.

El Gobierno remitirá a las Cortes Generales en el plazode dos años desde la aprobación de esta ley una pro-puesta de modificación de la legislación de sociedadesque incorpore una nueva figura que se adecue a lasespecificidades forestales.

Disposición adicional sexta. Administraciones públicascompetentes.

La referencia que se hace en el texto de esta leya las comunidades autónomas se entenderá que incluyetambién a las Ciudades de Ceuta y Melilla y, en su caso,a los órganos forales de los Territorios Históricos delPaís Vasco y a los Cabildos y Consejos Insulares y otrasentidades locales con competencias en materia forestal,reconocidas en la normativa autonómica.


Disposición adicional séptima. Cambio climático.

Las Administraciones públicas elaborarán, en el ámbi-to del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobreCambio Climático, un estudio sobre las necesidades deadaptación del territorio forestal español al cambio cli-mático, incluyendo un análisis de los métodos de orde-nación y tratamientos silvícolas más adecuados paradicha adaptación.

Disposición adicional octava. Ocupaciones en montesde dominio público forestal por razones de la DefensaNacional.

1. Podrán establecerse derecho de paso y autori-zarse ocupaciones temporales en montes del dominiopúblico forestal, motivadas por interés de la DefensaNacional, conforme al procedimiento y plazos que regla-mentariamente se determinen.

2. En caso de discrepancia entre las Administracio-nes públicas implicadas, la resolución del expediente deestablecimiento del derecho de paso u ocupación a quese refiere el apartado anterior se resolverá conforme alprocedimiento previsto en el apartado 4 del artículo 18de esta ley.

3. En aquellas actividades realizadas por razones dela Defensa Nacional que entrañen riesgo directo deincendios, el Ministerio de Defensa dotará a los territoriosafectados de infraestructuras preventivas y equipos deextinción de acuerdo con los planes técnicos aprobadospor el Ministerio de Medio Ambiente.

Disposición adicional novena. Mecenazgo.

A efectos de lo previsto en el apartado 1 del artícu-lo 3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, del régimenfiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incen-tivos fiscales al mecenazgo, se considerarán incluidosentre los fines de interés general los orientados a lagestión forestal sostenible.

Disposición adicional décima. Gestión de montes proindiviso.

1. Para la gestión de los montes cuya titularidadcorresponda pro indiviso a más de diez propietarios cono-cidos, podrá constituirse una junta gestora que admi-nistrará los intereses de todos los copropietarios.

2. Para la constitución de la junta gestora a la quese refiere el apartado anterior, el órgano forestal de lacomunidad autónoma convocará a todos los copropie-tarios garantizando la máxima difusión y publicidad dela citada convocatoria, siendo suficiente el acuerdo dela totalidad de los asistentes a la misma para que dichaconstitución se considere válida.

3. La junta gestora que se constituya podrá autorizarlos actos de administración ordinaria y extraordinaria,gestión y disfrute del monte y de todos sus productos,y la enajenación de toda clase de aprovechamientosforestales, energéticos y mineros, así como cualquier otroacto para el que estén habilitados los propietarios deacuerdo con esta ley. Asimismo, podrá realizar contratoscon la Administración, salvaguardando siempre los dere-chos de todos los copropietarios.

4. Los beneficios que se generen correspondientesa las partes de la propiedad no esclarecidas deberáninvertirse en la mejora del monte. En caso de no poderidentificarse la propiedad no esclarecida, deberá inver-tirse en dicha mejora al menos el 15 por ciento delbeneficio total obtenido por los copropietarios.

Disposición transitoria primera. Servidumbres en mon-tes demaniales.

Las Administraciones gestoras de los montes quepasen a integrar el dominio público forestal revisarán,en el plazo de 10 años desde la entrada en vigor deesta ley, las servidumbres y otros gravámenes que afec-ten a estos montes, para garantizar su compatibilidadcon su carácter demanial y con los principios que inspiranesta ley.

Disposición transitoria segunda. Plazo para la ordena-ción de montes.

Los montes que tengan la obligación, conforme alo dispuesto en el artículo 33, de disponer de instrumentode gestión forestal, tendrán un período de 15 años desdela entrada en vigor de esta ley para dotarse de aquél.

Disposición transitoria tercera. Incentivos económicosen montes no ordenados.

Durante un plazo de 10 años desde la entrada envigor de esta ley, los propietarios de montes no orde-nados podrán acogerse a los incentivos a los que serefiere el artículo 63, pudiendo ser objeto de subvencióno crédito la elaboración del correspondiente instrumentode gestión forestal. Pasado dicho período se le denegaráde oficio cualquier incentivo en tanto no se doten deinstrumento de gestión o, en su caso, y tal como seprevé en el artículo 63.2, se incluyan en un PORF.

Si durante este plazo se produce un cambio de pro-piedad, el plazo de 10 años para el nuevo propietarioempezará a contar desde el momento de la transmisión.

Disposición transitoria cuarta. Montes declarados deutilidad pública con anterioridad a esta ley.

A los efectos de lo previsto en el artículo 16, se con-sideran incluidos en el Catálogo de Montes de UtilidadPública todos los montes declarados de utilidad públicacon anterioridad a la entrada en vigor de esta ley.

Disposición transitoria quinta. Montes declarados pro-tectores con anterioridad a esta ley.

A los efectos de lo previsto en el artículo 24, se con-sideran incluidos en el Registro de Montes Protectorestodos los montes declarados como tales con anterioridada la entrada en vigor de esta ley.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Quedan derogadas las siguientes leyes:

a) Ley de 10 de marzo de 1941, sobre el PatrimonioForestal del Estado.

b) Ley de 8 de junio de 1957, de Montes.c) Ley 81/1968, de 5 de diciembre, sobre Incendios

Forestales.d) Ley 22/1982, de 16 de junio, sobre repoblacio-

nes gratuitas con cargo al Presupuesto del ICONA enterrenos incluidos en el Catálogo de Montes de UtilidadPública.

e) Ley 5/1977, de 4 de enero, de Fomento de laProducción Forestal.

2. Las normas reglamentarias dictadas en desarrollode los textos derogados a los que se refiere el apartadoanterior continuarán vigentes, en tanto no se opongana lo previsto en esta ley, hasta la entrada en vigor delas normas que puedan dictarse en su desarrollo.


Disposición final primera. Modificación de laLey 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación delos Espacios Naturales y de la Flora y Fauna silvestres.

La Ley 4/1989, de 27 de marzo, queda modificadaen los términos señalados a continuación:

Uno. Se incorpora en el título III de la Ley 4/1989,de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Natu-rales y de la Flora y Fauna silvestres, el capítulo II biscon la siguiente redacción:

«CAPÍTULO II bis

De la Red Ecológica Europea Natura 2000

Artículo 20 bis. Red Ecológica Europea Natura2000.

Forman parte de la Red Ecológica Europea Natu-ra 2000 las zonas especiales de conservación ylas zonas de especial protección para las aves.

Artículo 20 ter. Zonas especiales de conserva-ción.

Las zonas especiales de conservación son losespacios delimitados para garantizar el manteni-miento o, en su caso, el restablecimiento, en unestado de conservación favorable, de los tipos dehábitats naturales de interés comunitario y de loshábitats de las especies de interés comunitario,establecidos de acuerdo con la normativa comu-nitaria.

Artículo 20 quáter. Zonas de especial protecciónpara las aves.

1. Las zonas de especial protección para lasaves son los espacios delimitados para el estable-cimiento de medidas de conservación especialescon el fin de asegurar la supervivencia y la repro-ducción de las especies de aves, en particular, delas incluidas en el anexo II de esta ley y de lasmigratorias no incluidas en el citado anexo perocuya llegada sea regular.

2. Serán declaradas zonas de especial protec-ción para las aves los espacios más adecuados ennúmero y en superficie para la conservación delas especies señaladas en el apartado anterior. Enel caso de las especies migratorias se tendrán encuenta las necesidades de protección de sus áreasde reproducción, de muda, de invernada y suszonas de descanso, atribuyendo particular impor-tancia a las zonas húmedas y muy especialmentea las de importancia internacional.

3. Las comunidades autónomas darán cuentaal Ministerio de Medio Ambiente de las zonas deespecial protección para las aves declaradas en suámbito respectivo, a efectos de su comunicacióna la Comisión Europea, de conformidad con loestablecido en el artículo 10 de la Ley 30/1992,de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de lasAdministraciones Públicas y del ProcedimientoAdministrativo Común.

4. En las zonas de especial protección para lasaves deberán establecerse medidas de conserva-ción adecuadas para evitar el deterioro de sus hábi-tats, así como las perturbaciones que puedan afec-tar significativamente a las aves. Esta obligaciónno exime en ningún caso a los órganos compe-tentes del deber de adoptar las medidas necesariaspara evitar el deterioro o la contaminación de loshábitats exteriores a las zonas de especial protec-ción para las aves.

5. Las medidas a que se refiere el apartadoanterior podrán establecerse, en su caso, medianteplanes de gestión específicos o bien integradas enotros planes de desarrollo o instrumentos de pla-nificación, de acuerdo con las exigencias y objetivosseñalados en dicho párrafo.»

Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 21 dela Ley 4/1989, de 27 de marzo, que tendrá la siguienteredacción:

«1. La declaración y gestión de los parques,reservas naturales, monumentos naturales, paisajesprotegidos y zonas de la Red Ecológica EuropeaNatura 2000 corresponderá a las comunidadesautónomas en cuyo ámbito territorial se encuentrenubicados, sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulosiguiente y de las competencias estatales, en espe-cial, en lo que respecta al mar territorial.»

Tres. Se modifica el apartado 4 del artículo 26 dela Ley 4/1989, de 27 de marzo, que tendrá la siguienteredacción:

«4. Queda prohibido alterar y destruir la vege-tación, así como dar muerte, dañar, molestar oinquietar intencionadamente a los animales silves-tres, sea cual fuere el método empleado; esta pro-hibición incluye la retención y la captura en vivode los animales silvestres, y la destrucción o daño,recolección y retención de sus nidos, de sus críaso de sus huevos, estos últimos aun estando vacíos.En relación con los mismos, quedan igualmenteprohibidos la posesión, tráfico y comercio de ejem-plares vivos o muertos o de sus restos, incluyendoel comercio exterior.

Dichas prohibiciones serán de especial aplica-ción a los animales silvestres comprendidos en algu-na de las categorías enunciadas en el artículo 29.»

Cuatro. El anexo de la Ley 4/1989, de 27 de marzo,pasa a ser su anexo I.

Cinco. Se incluye un nuevo anexo II en la Ley 4/1989,de 27 de marzo, con el siguiente contenido:

«ANEXO II1. Gavia stellata, Colimbo chico.2. Gavia arctica, Colimbo ártico.3. Gavia immer, Colimbo grande.4. Podiceps auritus, Zampullín cuellirrojo.5. Pterodroma madeira, Petrel de Madeira.6. Pterodroma feae, Petrel atlántico.7. Bulweria bulwerii, Petrel de Bulwer.8. Calonectris diomedea, Pardela cenicienta.9. Puffinus puffinus mauretanicus, Pardela

pichoneta balear.10. Puffinus assimílis, Pardela chica.11. Pelagodroma marina, Paíño pechialbo.12. Hydrobates pelagicus, Paíño común.13. Oceanodroma leucorhoa, Paíño de Leach.14. Oceanodroma castro, Paíño de Madeira.15. Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Cor-

morán moñudo (mediterráneo).16. Phalacrocorax pygmeus, Cormorán pigmeo.17. Pelecanus onocrotalus, Pelícano común.18. Pelecanus crispus, Pelícano ceñudo.19. Botaurus stellaris, Avetoro.20. Ixobrychus mínutus, Avetorillo común.21. Nycticorax nycticorax, Martinete.22. Ardeola ralloides, Garcilla cangrejera.23. Egretta garzetta, Garceta común.24. Egretta alba, Garceta grande.25. Ardea purpurea, Garza imperial.26. Ciconia nigra, Cigüeña negra.


27. Ciconia ciconia, Cigüeña común.28. Plegadis falcinellus, Morito.29. Platalea leucorodia, Espátula.30. Phoenicopterus ruber, Flamenco.31. Cygnus bewickii (Cygnus columbianus

bewickii), Cisne chico.32. Cygnus cygnus, Cisne cantor.33. Anser albifrons flavirostris, Ánsar careto de

Groenlandia.34. Anser erythropus, Ánsar cafeto chico.35. Branta leucopsis, Barnacla cariblanca.36. Branta ruficollis, Barnacla cuellirroja.37. Tadorna ferruginea, Tarro canelo.38. Marmaronetta angustirostris, Cerceta par-

dilla.39. Aythya yroca, Porrón pardo.40. Mergus albellus, Serreta chica.41. Oxyura leucocephala, Malvasía.42. Pernis apivorus, Halcón abejero.43. Elanus caeruleus, Elanio azul.44. Milvus migrans, Milano negro.45. Milvus milvus, Milano real.46. Haliaeetus albicilla, Pigargo.47. Gypaetus barbatus, Quebrantahuesos.48. Neophron percnopterus, Alimoche.49. Gyps fulvus, Buitre leonado.50. Aegypius monachus, Buitre negro.51. Circaetus gallicus, Águila culebrera.52. Circus aeruginosus, Aguilucho lagunero.53. Circus cyaneus, Aguilucho pálido.54. Circus macrourus, Aguilucho papialbo.55. Circus pygargus, Aguilucho cenizo.56. Accipiter gentilis arrigonii, Azor de Córcega

y Cerdeña.57. Accipiter nisus granti, Gavilán común (su-

besp. de las islas Canarias y archipiélago de Madei-ra).

58. Accipiter brevipes, Gavilán griego.59. Buteo rufinus, Ratonero moro.60. Aquila pomarina, Águila pomerana.61. Aquila clanga, Águila moteada.62. Aquila heliaca, Águila imperial.63. Aquila adalberti, Águila imperial ibérica.64. Aquila chrysaetos, Águila real.65. Hieraaetus pennatus, Águila calzada.66. Hieraaetus fasciatus, Águila perdicera.67. Pandion haliaetus, Águila pescadora.68. Falco naumanni, Cernícalo primilla.69. Falco columbarius, Esmerejón.70. Falco eleonorae, Halcón de Eleonor.71. Falco biarmicus, Halcón Bornó.72. Falco rusticolus, Halcón gerifalte.73. Falco peregrinus, Halcón peregrino.74. Bonasa bonasia, Grévol.75. Lagopus mutus pyrenaicus, Perdiz nival

pirenaica.76. Lagopus mutus helveticus, Perdiz nival alpi-

na.77. Tetrao tetrix tetrix, Gallo lira (continental).78. Tetrao urogallus, Urogallo.79. Alectorisgraeca saxatilis, Perdiz griega alpina.80. Alectoris graeca whitakeri, Perdiz griega

siciliana.81. Alectoris barbara, Perdiz moruna.82. Perdix perdix italica, Perdiz pardilla italiana.83. Perdix perdix hispaniensis, Perdiz pardilla

(subespecie ibérica).84. Porzana porzana, Polluela pintoja.85. Porzana parva, Polluela bastarda.86. Porzana pusilla, Polluela chica.87. Crex Crex, Guión de codornices.88. Porphyrio porphyrio, Calamón común.

89. Fulica cristata, Focha cornuda.90. Turnix sylvatica, Torillo.91. Grus grus, Grulla común.92. Tetrax tetrax, Sisón.93. Chlamydotis undulata, Hubara.94. Otis tarda, Avutarda.95. Himantopus himantopus, Cigüeñela.96. Recurvirostra avosetta, Avoceta.97. Burhinus oedicnemus, Alcaraván.98. Cursorius cursor, Corredor.99. Glareola pratincola, Canastera.100. Charadrius morinellus (Eudromias mori-

nellus) Chorlito carambolo.101. Pluvialis apricaria, Chorlito dorado

común.102. Hoplopterus spinosus, Avefría espolada.103. Philomachus pugnax, Combatiente.104. Gallinago media, Agachadiza real.105. Limosa lapponica, Aguja colipinta.106. Numenius tenuirostris, Zarapito fino.107. Tringa glareola, Andarríos bastardo.108. Xenus cinereus, Andarríos de Terek.109. Phalaropus lobatus, Falaropo picofino.110. Larus melanocephalus, Gaviota cabecine-

gra.111. Larus genei, Gaviota picofina.112. Larus audouinii, Gaviota de Audouin.113. Gelochelidon nilotica, Pagaza piconegra.114. Sterna caspia, Pagaza piquirroja.115. Sterna sandvicensis, Charrán patinegro.116. Stema dougallii, Charrán rosado.117. Stema hirundo, Charrán común.118. Stema paradisaea, Charrán ártico.119. Stema albifrons, Charrancito.120. Chlidonias hybridus, Fumarel cariblanco.121. Chlidonias niger, Fumarel común.122. Uria aalge ibericus, Arao común (subes-

pecie ibérica).123. Pterocles orientalis, Ortega.124. Pterocles alchata, Granga común.125. Columba palumbus azorica, Paloma tor-

caz (subespecie de las Azores).126. Columba trocaz, Paloma torqueza.127. Columba bollii, Paloma turqué.128. Columba junoniae, Paloma rabiche.129. Bubo bubo, Búho real.130. Nyctea scandiaca, Búho nival.131. Sumía ulula, Búho gavilán.132. Glaucidium passerinum, Mochuelo chico.133. Strix nebulosa, Cárabo iapón.134. Strix uralensis, Cárabo uralense.135. Asio flammeus, Lechuza campestre.136. Aegolius funereus, Lechuza de Teng-

malm.137. Caprimulgus europaeus, Chotacabras gris.138. Apus caffer, Vencejo cafre.139. Alcedo atthis, Martín pescador.140. Carecías garrulus, Carraca.141. Picus canus, Pito cano.142. Dryocopus martius, Pito negro.143. Dendrocopos major canariensis, Pico

picapinos de Tenerife.144. Dendrocopos major thanneri, Pico pica-

pinos de Gran Canaria.145. Dendrocopos synacus, Pico sirio.146. Dendrocopos medius, Pico mediano.147. Dendrocopos leucotos, Pico dorsiblanco.148. Picoides tridactylus, Pico tridáctilo.149. Chersophilus duponti, Alondra de Dupont.150. Melanocorypha calandra, Calandria

común.151. Calandrella brachydactyla, Terrera

común.


152. Galerida theklae, Cogujada montesina.153. Lullula arborea, Totovía.154. Artthus campestris, Bísbita campestre.155. Troglodytes troglodytes fridariensis, Cho-

chín (subespecie de Fair Isle).156. Luscinia svecica, Pechiazul.157. Saxicola dacotiae, Tarabilla canaria.158. Oenanthe leucura, Collalba negra.159. Acrocephalus melanopogon, Carricerín

real.160. Acrocephalus paludicola, Carricerín cejudo.161. Hippolais olivetorum, Zarcero grande.162. Sylvia sarda, Curruca sarda.163. Sylvia undata, Curruca rabilarga.164. Sylvia rueppelli, Curruca de Rüppell.165. Sylvia nisoria, Curruca gavilana.166. Ficedula parva, Papamoscas papirrojo.167. Ficedula semitorquata, Papamoscas

semicollarino.168. Ficedula albicollis, Papamoscas collarino.169. Sitta krueperi, Trepador de Krüper.170. Sitta whiteheadi, Trepador corso.171. Lanius collurio, Alcaudón dorsirrojo.172. Lanius minor, Alcaudón chico.173. Pyrrhocorax Pyrrhocorax, Chova piquirroja.174. Fringilla coelebs ombriosa, Pinzón del Hierro.175. Fringilla teydea, Pinzón del Teide.176. Loxia scotica, Piquituerto escocés.177. Bucanetes githagineus, Camachuelo

triompetero.178. Pyrrhula murina, Camachuelo de San Miguel.179. Emberiza cineracea, Escribano cinéreo.180. Emberiza hortulana, Escribano hortelano.181. Emberiza caesia, Escribano ceniciento.»

Seis. Queda derogado el apartado 5 del artículo 28de la Ley 4/1989, de 27 de marzo.

Siete. Se autoriza al Gobierno para modificar por realdecreto el anexo II de la Ley 4/1989, de 27 de marzo,para adecuarlo a la normativa de la Unión Europea.

Disposición final segunda. Habilitación competencial.

1. Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto enel artículo 149.1.23.a de la Constitución y tiene, por tan-to, carácter básico (legislación básica sobre montes,aprovechamientos forestales y protección del medioambiente), sin perjuicio de lo dispuesto en los dos apar-tados siguientes.

2. Tienen carácter básico al amparo de otros pre-ceptos constitucionales los artículos 12, 14, 15, 16, 17,18, apartado 4, 20, 21, 36, apartado 4, 47, aparta-do 3, disposición adicional segunda, apartado 1, y dis-posición transitoria primera, por dictarse al amparo delartículo 149.1.18.a de la Constitución.

3. Los siguientes preceptos y disposiciones se dic-tan al amparo de títulos competenciales exclusivos delEstado:

a) Los artículos 18, apartados 1, 2 y 3, 19, 22, 25y la disposición adicional décima, que se dictan al amparodel artículo 149.1.8.a de la Constitución, sin perjuiciode la conservación, modificación y desarrollo por lascomunidades autónomas de los derechos civiles, foraleso especiales, allí donde existan.

b) El capítulo I del título V, por dictarse al amparodel artículo 149.1.15.a de la Constitución.

c) La disposición adicional novena, por dictarse alamparo del artículo 149.1.14.a de la Constitución.

Disposición final tercera. Habilitación normativa.

El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, dic-tará las disposiciones necesarias para el desarrollo deesta ley. Las Instrucciones básicas para la ordenacióny aprovechamiento de montes referidas en el artícu-lo 32 se elaborarán con las comunidades autónomasy se aprobarán en el plazo de un año desde la entradaen vigor de esta ley.

Disposición final cuarta. Potestades reglamentarias enCeuta y Melilla.

Las Ciudades de Ceuta y Melilla ejercerán las potes-tades normativas reglamentarias que tienen atribuidaspor las Leyes Orgánicas 1/1995 y 2/1995, de 13 demarzo, dentro del marco de esta ley y de las que elEstado promulgue a tal efecto.

Disposición final quinta. Actualización de multas.

Se faculta al Gobierno para actualizar mediante realdecreto la cuantía de las multas establecidas en estaley de acuerdo con los índices de precios de consumo.

Disposición final sexta. Entrada en vigor de la ley.

La presente ley entrará en vigor a los tres mesesde su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,Mando a todos los españoles, particulares y auto-

ridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 21 de noviembre de 2003.JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

21340 LEY 44/2003, de 21 de noviembre, de orde-nación de las profesiones sanitarias.

JUAN CARLOS IREY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo

vengo en sancionar la siguiente ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La primera regulación de las profesiones sanitariasen España se produce mediado el siglo XIX, pues yael Reglamento para las Subdelegaciones de Sanidad Inte-rior del Reino, de 24 de julio de 1848, determinabaque el ejercicio de las profesiones de Medicina, Farmaciay Veterinaria estaba comprendido dentro del ramo dela Sanidad.

Por la Ley de 28 de noviembre de 1855, sobre elServicio General de Sanidad, se instituyeron los JuradosMédicos Provinciales de Calificación, que tenían por obje-to prevenir, amonestar y calificar las faltas que come-tieran los profesionales en el ejercicio de sus facultades,así como regularizar sus honorarios, reprimir los abusosy establecer una severa moral médica.

Tanto la Ley de 1855 como la Instrucción Generalde 12 de enero de 1904, se preocuparon de reglamentar,

41422 Sábado 22 noviembre 2003 BOE núm. 280 · BOE núm. 280 Sábado 22 noviembre 2003 41423...

Documents

Transcript of 41422 Sábado 22 noviembre 2003 BOE núm. 280 · BOE núm. 280 Sábado 22 noviembre 2003 41423...