40 años del modelo neoliberal en Chile - Carlos Pérez [Sicario Infernal]

7/29/2019 40 años del modelo neoliberal en Chile - Carlos Pérez [Sicario Infernal]

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Cuarenta años de modelo neoliberal en ChileCarlos Pérez Soto

Durante casi cuarenta años (desde 1975), Chile ha sido escenario de un profundo experimentoeconómico y social. En un país pacificado a la fuerza por el golpe de Estado de septiembre de 1973,y por cinco años (1973-1978) de cruenta represión de dirigentes políticos y sociales, los ministros

civiles del gobierno militar pudieron despejar brutalmente toda traba institucional e implementar,gobernando a través de decretos leyes, un modelo económico completamente ajeno a la tradiciónchilena, que carecía de precedentes incluso en cualquier política económica implementada alrededordel mundo durante el siglo XX.

Muchas de las fórmulas económicas y sociales ideadas por los teóricos neoliberales a lo largo delos años 40 y 50 fueron aplicadas por primera vez en Chile y luego, desde aquí, predicadas yaplicadas con diversos grados de autoritarismo prácticamente en todos los países del mundo desdelos años 80 hasta hoy. Esto hace que Chile, un país de escaza población (16 millones en 2012), conuna economía relativamente menor a pesar de sus enormes riquezas naturales, se haya convertido enun verdadero modelo para la nueva derecha a nivel mundial. Un modelo protegido por los grandespoderes mundiales de las oscilaciones más irresponsables del capital financiero y protegido también

por una eficiente clase política de las tentaciones de convertir sus avances en provecho populista. Unpaís cuyo “éxito” económico es usado para disciplinar a los trabajadores en todo el mundo en torno alas políticas capitalistas más depredadoras. Políticas cuyas “bondades” son repetidas hasta elcansancio, como “verdades evidentes” y dogmas doctrinarios por las grandes cadenas de medios decomunicación a nivel mundial. “Verdades” y “evidencias” que apuntan sobre todo contra los peligrosque representaría el Estado interventor, contra la “irresponsabilidad” contenida en cualquier políticaque busque asegurar derechos económicos y sociales básicos.

Que el tan cacareado “éxito” de este modelo en Chile sólo encubre una enorme catástrofe socialpara los más amplios sectores del pueblo chileno, y un modo de grosera depredación y saqueo de susriquezas, es algo que se ha mostrado, con cifras impresionantes, muchas veces. Baste con indicar dosdatos:

a. Entre 2006 y 2011 las grandes compañías mineras extranjeras se han llevado de Chile más de160.000 millones de dólares en ganancias. Hay que notar, además que mientras la inversión total deestas compañías entre 1974 y 2006 sumó 19.976 millones de dólares, sólo en 2006 obtuvieronganancias por 25.405 millones de dólares.1

b. Según los datos del Servicio de Impuestos Internos (SII), el 99% de los chilenos vive con unsalario promedio de 680 dólares ($339.680), el otro 1% con un salario promedio de 27.400 dólares($13.703.000), es decir, 40 veces mayor.2 Es importante notar que esa mayoría también es desigual:el 81% de las personas en Chile viven con un salario promedio de tan sólo 338 dólares ($169.000)con un tope, en ese promedio, de 1096 dólares mensuales ($548.000).

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Datos como estos son los que permiten entender el fraude que se esconde tras las cifrasmacroeconómicas “exitosas”. Pero más que las cifras que lo caracterizan, o su origen sangriento, lo

que me importa aquí es más bien en que ha consistido de manera profunda este modelo, y cómo unanálisis marxista puede dar cuenta de su “normalidad”, es decir, de la extraordinaria estabilidad

1 Ver, al respecto, los resultados expuestos por los economistas Orlando Caputo y Gabriela Galarce enwww.archivochile.com/Ideas_Autores/caputoo/caputolo0052.pdf; y resumidas enwww.elciudadano.cl/2011/11/12/43953/como-las-transnacionales-usufructuan-del-cobre-chileno/.2 Ver, al respecto, el comentario de CIPER Chile enciperchile.cl/2013/03/28/la-parte-del-leon-como-los-super-ricos-se-apropian-de-los-ingresos-de-chile/ 3 El estudio completo, hecho por Ramón López, Eugenio Figueroa y Pablo Gutiérrez, puede verse enwww.econ.uchile.cl/uploads/publicacion/306018fadb3ac79952bf1395a555a90a86633790.pdf



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política que lo ha acompañado hasta el día de hoy. Describir sus mecanismos y los compromisospolíticos que permiten su funcionamiento.

La primera fase del modelo neoliberal, la privatización de los activos del Estado y la reduccióndel gasto estatal, es la que ha sido mejor estudiada y documentada. 4 Es también la que sus propiosgestores publicitan más a menudo, atribuyéndole toda clase de efectos “ordenadores”,

“disciplinantes”, del caos en que los Estados habrían sumido a las economías modernas.Los diversos analistas de izquierda que lo han abordado han puesto un gran énfasis en sus

orígenes violentos. Por un lado la violencia militar extrema de las dictaduras latinoamericanas en losaños 70. Por otro la extrema violencia de la corrupción civil que, amparada en esa posición de fuerza,privatizó y desnacionalizó las riquezas y los aparatos productivos estatales levantadas tras décadas deeconomías desarrollistas.

Este énfasis en la violencia explícita, sin embargo, ha contribuido durante mucho tiempo aoscurecer la segunda fase, mucho más profunda, en que el modelo se extiende y consolida,promovido incluso por los agentes políticos que han sido víctimas en diverso grado de la violenciaprimera, y que han usado sistemáticamente esa calidad de víctimas para legitimar como“alternativas”, o como “modificaciones en la medida de lo posible”, los propios dogmas económicos

que dicen criticar.Es la segunda fase, en que Chile es nuevamente un modelo ejemplar, la que hoy en día es urgente

analizar y criticar pues es la que está presente en casi todas las “salidas” que se ofrecen a nivelmundial para los efectos de la crisis financiera que se arrastra desde 2008. Es la que es necesarioexponer y denunciar sobre todo para dejar al descubierto uno de los principales mitos de la críticaanti neoliberal imperante: el modelo neoliberal NO fue impuesto, ni fue hecho eficaz y viable, apartir y a través de dictaduras militares. Su verdadera eficacia y profundidad ha sido implementadaprogresivamente a través de gobiernos civiles, por medios “democráticos”, y por coalicionespolíticas que proclaman ser de “centro izquierda”. Lagos y Bachelet son los herederos perfectos dePinochet y sus ministros de hacienda. El PSOE es el complemento perfecto del PP en España. LosKirchner los sucesores perfectos de Menem. Lula es el complemento de Cardoso. Y esto es lo que

ocurre en general con la “centro izquierda” europea y su retórica anti Thatcher y anti norteamericana.

La primera etapa del nuevo modelo de dominación capitalista que se ha implementado desde losaños 80 en todo el mundo ha sido caracterizada frecuentemente como “política de shock”. A la luz delo ocurrido con posterioridad, es necesario agregar bastantes matices a esa visión simple. Esindudable que han existido estos momentos de shock pero, a pesar de su importancia, han sido másbien la excepción que la regla. Y, en todo caso, el componente de violencia militar en ellos no hasido el elemento crucial ni, mucho menos, su condición de posibilidad. El shock en Grecia, Irlanda,España, Portugal, se ha realizado en plena democracia. La transición neoliberal profunda se realizaen Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en Rusia y en casi todos los países que formaronparte del área socialista sin un shock visible, a través de múltiples medidas que apuntan en esa

dirección, pero que no se presentan como una política masiva, rápida y explícita.El shock neoliberal está relacionado básicamente con cuatro cuestiones:a. las políticas de precarización del empleo y el debilitamiento de los derechos laborales;b. las políticas de privatización de las ramas de la producción en manos del Estado;c. una política general de desnacionalización de los recursos naturales

4 Ver, por ejemplo, María Olivia Monckeberg: El Saqueo de los Grupos Económicos al Estado Chileno (2001), Ediciones B, Santiago,2001; Naomi Klein: La doctrina del shock: el auge del capitalismo del desastre (2007), Paidos, Barcelona, 2007.



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d. una política general de liberalización del comercio mundial, de apertura arancelaria, congruentecon las nuevas formas de organización industrial distribuida a nivel mundial.

Más que una dictadura militar que ordene estas medidas por decreto (como ocurrió en Chile), enrealidad es este último aspecto el que desencadena y opera como motor permanente de los tresanteriores. Desde fines de los años 70 ha ocurrido un drástico reordenamiento tanto en la basetécnica del capital como en su localización. La producción manufacturera ya no está organizada en

grandes instalaciones centralizadas, ubicadas de manera predominante en el primer mundo, sino quese ha desplazado hacia la periferia, en que es posible bajar notablemente los costos en salarios, y enforma de redes de producción de partes y piezas, en que sólo algunos módulos actúan comoarmadurías. Esto ha significado una radical desindustrialización de Estados Unidos y Europa, y a lavez una industrialización creciente de países como Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Malasia, en unaprimera oleada, y ahora de China, India, Brasil y México. Esta producción en red ha aumentadoenormemente el comercio mundial al interior de las propias empresas trasnacionales, que seorganizan como redes en que operan mercados “interiores” que deben traspasar las fronterasnacionales. Esta organización es la que ha obligado a la completa apertura comercial que, de paso,permite la destrucción de toda iniciativa de desarrollo industrial consistente y medianamenteautónomo a todos los demás países.

Tanto la precarización del empleo, como la desnacionalización de los recursos naturales, como ladestrucción de los aparatos productivos estatales, en realidad han sido efectos de esta profundareorganización, de envergadura histórica, de la división internacional del trabajo capitalista. En rigor,el discurso doctrinario neoliberal, su pretendido saber “técnico”, no ha sido la causa, ni el motor, deesta reorganización, sino más bien el discurso con que se ha legitimado. La “ineficacia del Estado”,la necesidad compulsiva de integrarse a la “globalización”, las supuestas desgracias que traería el“proteccionismo”, las supuestas bondades de la iniciativa y el “emprendimiento” individual en tornoa pequeñas unidades económicas, son todos argumentos que surgen desde, y son funcionales a, esteproceso en el orden de la producción.

Es por eso que el llamado shock neoliberal no ha llegado de manera masiva, explícita y uniformea aquellos países donde imperan regímenes “democráticos”, es decir, a aquellos lugares y espacios

sociales en que esta revolución post fordista no ha sido necesaria aún. La precarización del empleo,por ejemplo, se ha introducido en la mayor parte del mundo por áreas, a través de políticas que sepresentan paradójicamente como “fomento”, o “generación de nuevos empleos”, o como“excepción”: empleo precario para jóvenes, para mujeres, para zonas pobres, para profesionalesuniversitarios recién egresados. Normas que se agregan a las ya existentes, sin eliminarlas, aunque dehecho las nieguen, van creando una tendencia, acompañada de aparatosas campañas de propaganda,en que se debilitan por sectores los derechos laborales tradicionalmente adquiridos a través deprolongadas luchas de los trabajadores. Una propaganda que sostenidamente afirma favorecer elempleo, hacer viable la economía, abrir nuevas posibilidades al adelanto económico de losindividuos y las familias, sin hacerse cargo en absoluto ni de la calidad del empleo que favorecen, nide los bajos niveles salariales implicados, ni de la absoluta falta de derechos laborales y sindicales

que los rodean. Eso explica que en la mayor parte de los países del mundo el avance de laprecarización laboral coexista perfectamente con sectores enteros de trabajadores que mantienen aúnsus derechos clásicos, sobre todo en la administración y en los servicios que provee el Estado, en lasfábricas en que subsiste el régimen fordista, y en el campo que no se ha reconvertido aún a lasnuevas formas de industrialización agrícola. Cuestiones que son claramente visibles en países comoMéxico, Brasil y Argentina.

De la misma manera, la desnacionalización de los recursos naturales, no se ha operado de unmodo uniforme y tajante, que suprima o revierta las grandes nacionalizaciones promovidas porgobiernos antiimperialistas en los años 70. Las formas más eficaces son más bien el control de la



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comercialización de los recursos de los que no se es dueño, el dominio de toda la cadena deelaboración de los derivados o concentrados, que son los que realmente se ocupan en la producciónindustrial, e incluso el dominio de la administración financiera de los excedentes en dinero queproduce la riqueza teóricamente nacionalizada. Los países son dueños de la piedra, del crudo, pero denada más. La industria petroquímica, las refinerías del cobre y el estaño, las grandes productoras deacero, permanecen en manos del capital trasnacional. Los excedentes en dinero son administrados

por la banca trasnacional. Y ahora, en la segunda fase del modelo, dos mecanismos adicionales. Unoexplotación “mixta” en que los Estados nacionales entran en sociedad con las empresastrasnacionales (que frecuentemente los exceden en poder económico), en tratos “paritarios” quefavorecen escandalosamente al capital, y a la vez lo liberan de cargas tributarias o excesos defiscalización sobre sus operaciones.

5El otro es el régimen de “concesiones plenas”, ideado en Chile,

ante la negativa del gobierno militar a privatizar el cobre, por José Piñera Echeñique, uno de losprincipales ideólogos nacionales del modelo, y dictado como ley en 1981, según las cuales el Estadono pierde la propiedad de los recursos, pero si una vez dictada la concesión decide retirarla (para locual bastaría un simple decreto presidencial), debe pagar a la empresa afectada ¡el 100% de lasganancias que podría haber obtenido por su explotación!.

Por último, la privatización de los activos económicos en manos del Estado no ha operado en

general sobre la base de decretos dictados bajo el amparo militar sino más bien tras un proceso dedestrucción metódica e intencionada: la disminución de su productividad y eficacia por falta deinversión, la reducción de sus ganancias y aportes al presupuesto general por la vía del despilfarro.Con esto el dogma neoliberal de la “ineficiencia del Estado” se ha convertido en una mera profecíaauto cumplida, tras la cual la privatización aparece casi como un beneficio para toda la sociedad. Esel caso de la empresa telefónica privatizada en la época del PSOE en España, es el caso de latelefónica mexicana que, “milagrosamente”, duplicó su valor en menos de dos meses después de serprivatizada. Los servicios de comunicaciones, de transportes, de agua potable, pueden serprivatizados cómodamente, y en forma “pacífica” por esta vía.

Incluso, cuando se observa el propio proceso chileno, del que se dice que estaría fundado en laviolencia militar, lo que se encuentra es que los efectos reales del shock, y sobre todo su

consolidación como régimen de normalidad económica, se produjeron a partir de 1990, durante losgobiernos de la Concertación, no bajo la dictadura. A pesar de que la Ley de Concesiones Plenas sedictó en 1981, la inversión minera en Chile entre 1974 y 1989 sólo llegó a 2390 millones de dólares.En cambio, entre 1990 y 2005 subió a 17578 millones de dólares. Las leyes que han permitido quelas empresas mineras eludan o evadan impuestos proceden del gobierno de Patricio Aylwin. A pesarde las garantías ofrecidas, aún en 1990 las grandes mineras privadas controlaban sólo el 16% de laproducción de cobre; en 2007 esta proporción había subido, en cambio al 69%. Otro tanto se puededecir de todas y cada una de las grandes medidas económicas dictadas en la época dictatorial. Hoy endía nadie pone en duda que los gobiernos de la Concertación han respetado y profundizadoplenamente el modelo económico que heredaron, en contra incluso de lo que fue presentado como supropio Programa Fundacional.

5 En Chile se ha dado el escándalo de que una empresa extranjera ha vendido al propio Estado chileno una parte de una gran mina decobre que se explotaba en sociedad a un precio 60 veces mayor al que se pagó originalmente por ella. Esto en un país donde aún rige laley de nacionalización del cobre aprobada por el 100% del parlamento en 1971, es decir, donde todos los minerales de cobre son ¡depropiedad absoluta e inalienable del Estado! En 1978 el Estado chileno vendió a Exxon la concesión de la mina de cobre La Disputadade las Condes por 98 millones de dólares. Esta empresa declaró no tener ganancia alguna por ese mineral durante 23 años, y sinembargo logró venderla en 2001 a la empresa Anglo American en 1300 millones de dólares. Al hacer esta venta, con la venia tácita dela administración de Ricardo Lagos, consagró como propiedad una concesión por la que, además, no había pagado ni un solo peso deimpuestos durante esos 23 años. Durante 2012 el Estado chileno compró el 24,5% de ese mineral en 1700 millones de dólares, esdecir, ¡más de 60 veces lo que recibió por vender su concesión! Hay que notar que, considerando todas las rebajas y maniobrasejercidas durante esta “negociación”, el valor total del mineral se calcula en más de 10.000 millones de dólares… un mineral quedurante más de treinta años declaró no obtener ganancia alguna de su explotación.



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Considerando estas múltiples evidencias es que importa hoy enumerar con la mayor claridadposible cuáles han sido las herramientas económicas han permitido que los tecnócratas chilenosprediquen el “éxito” de su modelo.

Desde luego, y largamente, el gran asunto en juego es la desnacionalización del cobre. Chile es unpaís que vale para el capital trasnacional lo que valen sus recursos naturales. Hoy en día la

producción de la minería chilena equivale al 17,4% del PIB. En esta cifra, el 16% corresponde a lasexportaciones de cobre. En esta cifra, cerca del 70% corresponde a la minería privada. Es decir, másdel 12% del PIB sale de Chile por la vía de la producción minera privada.

El crecimiento económico exhibido o, al menos, el exorbitante crecimiento del que han gozadolos sectores privilegiados de este país tiene, sin embargo, otros dos componentes, que dan cuentaahora de la expansión de los empresarios chilenos hacia los demás países de América Latina. Uno esel sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), creado en 1980, que obliga a loschilenos a cotizar el 10% de sus salarios en Administradoras privadas, que pueden utilizar esteahorro forzoso como fuente de capital para empresas relacionadas, sin ofrecer a cambio ningunagarantía real de rentabilidad, ni absolutamente ninguna participación en la política de inversiones, alos que son propiamente los dueños de ese capital. Tras más de treinta años del sistema se han

acumulado más de 250.000 millones de dólares, nominalmente propiedad de los trabajadores. Sobreesos fondos los propietarios de las Administradoras han cobrado cerca de un 30% de las cotizacionesen comisiones por su administración independientemente de si las inversiones que hacen tienen o norentabilidad real. Esto ha significado que, a pesar de las fluctuaciones y las crisis financieras, losdueños de las AFP han recibido entre 500 y 1000 millones de dólares cada año. Es notable que desde2008, debido a la crisis financiera internacional, el fondo global, perteneciente a los trabajadores,¡disminuyó en cerca de un 30%!, una cifra mayor que todas las ganancias obtenidas por esos fondosen los 27 años anteriores, y aún así los dueños de las AFP obtuvieron en 2008 ganancias por 10millones de dólares. Pero ya en 2009, sin que los fondos se hubiesen recuperado realmente, susganancias volvieron al orden de los 500 millones de dólares. Por estas dos vías, la posibilidad deutilizar el ahorro forzoso de los trabajadores de todo un país, y la libertad de apropiar cerca de un

tercio de ese ahorro como comisiones, las AFP han sido la viga maestra de los empresariosnacionales del retail, de la fruta y las pesqueras, de la celulosa y el papel, de la mediana mineríaprivada. Como dato ilustrativo hay que considerar que el 70% de los fondos han sido invertidos entan sólo diez grandes grupos de empresas chilenas.6

El reverso de este gigantesco aporte de los trabajadores a la gran empresa privada es dramático.En 2012 la pensión promedio pagada por el sistema de AFP alcanzó tan sólo 178.000 pesos (unos360 dólares). Las pensiones pagadas correspondían en promedio a tan sólo el 33% del salariopercibido por los trabajadores antes de pensionarse. Peor aún, el 60% de las pensiones pagadas porlas AFP entre 1982 y 2009 ¡han sido aportadas por el Estado! Una situación que se explica porque el60% de los pensionados recibe menos de $75.000 (150 dólares), y sus pensiones deben sercompensadas por un aporte estatal.

El otro mecanismo, que explica que el 0,1% de los contribuyentes chilenos acumulen 17% de lariqueza nacional son las múltiples formas de evasión y elusión tributaria de las que han gozado lasempresas por más de treinta años. Sólo por la principal de ellas, el llamado Fondo de UtilidadesTributables (FUT) los empresarios de este país han logrado evadir cerca de 40.000 millones dedólares en impuestos. Una módica contribución a costa de beneficios posibles para todos los

6 Ver, al respecto, los múltiples estudios sobre las AFP, realizados por el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo(CENDA), en www.cendachile.cl/



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chilenos, que les ha permitido capitalizar e imponer su crecimiento como si fuese un producto de supropia “eficacia”. En general, se ha construido un sistema impositivo en que los empresarios pagansistemáticamente menos impuestos que los trabajadores.7

Precarización del empleo, desnacionalización de los recursos naturales, privatización de laadministración de los fondos de pensiones, un sistema de generosas ventajas tributarias, esos son losgrandes mecanismos que han operado desde la época de la dictadura. Pero a ellos hay que agregar

una segunda fase que, como he adelantado, amplía y profundiza el modelo, gestada e implementadaahora completamente en “democracia”.

El gran asunto ahora, en general, es la completa funcionalización del Estado respecto del interésde los empresarios privados. Más allá de la privatización que recurre al expediente simple y brutal devender a precio regalado los bienes acumulados por todos, se trata ahora de la introducción de lalógica de gestión de las empresas privadas en la gestión de los servicios públicos, acompañada de unmasivo sesgo que lleva a que el Estado privilegie, e incluso financie directamente, a las empresasprivadas en detrimento de sus propios servicios. Un régimen en que el gran capital logra convertir enáreas de negocios a los servicios, que se consideraron tradicionalmente como derechos sociales, quetenían que ser proveídos y garantizados por el Estado. En la mercantilización de los servicios, queresulta de estas políticas, el costo es descargado progresivamente sobre los usuarios, el Estado

autoriza y avala el lucro con bienes esenciales, e incluso aporta directa e indirectamente los capitalesque requieren los privados para implementar sus negocios. Esto resulta particularmente claro encuatro áreas extremadamente sensibles para los ciudadanos comunes: el transporte público, laeducación, la salud y la industria alimentaria.

El caso del transporte público en Chile representa una mezcla de neoliberalismo y corrupciónabierta. La privatización de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado se llevó a cabo en losprimeros años de la dictadura, bajo el pretexto de su ineficiencia y su obsolescencia tecnológica. Eltransporte de pasajeros en la ciudad de Santiago (que concentra al 40% de la población del país) y entodas las otras grandes ciudades, sin embargo, fue empeorando con el tiempo debido justamente aesas mismas razones cuya solución, por cierto, no interesó en lo más mínimo a los “eficientes”

empresarios privados. A pesar de esta ineficiencia, cuando desde 2004 se pensó en hacer un cambioradical, la premisa que se dio por obvia es que tenía que ser realizado a partir de nuevas concesionesa esos mismos o a otros empresarios privados. La extrema torpeza y falta de viabilidad del fastuosoproyecto que se diseñó durante el gobierno de Ricardo Lagos se hizo notoria en cuanto empezó suimplementación, oportunamente apurada para imponerla al gobierno siguiente. Pero justo entonces,al enorme impacto que esta ineficiencia radical implicaba sobre las rutinas de la gran ciudad se leencontró una solución extraordinaria: que el Estado subvencionara completamente las pérdidasposibles que los empresarios pudieran enfrentar.8 Se supo entonces uno de los secretos a voces deesta gran renovación: en los contratos que el Estado firmó con esos empresarios se garantizaban, atodo evento, márgenes de utilidad. Una fórmula que se ha usado de manera cada vez más frecuenteen las licitaciones de obras llamadas por el Estado: en las carreteras, en las cárceles concesionadas,

como veremos luego, en los hospitales públicos. En el caso del sistema de transporte de pasajeros,por esta sola vía, en los cinco primeros años de su funcionamiento el Estado tuvo que desembolsarmás de 9500 millones de dólares. Una cantidad absurda que es de hecho mucho mayor que la queesos empresarios tuvieron que gastar para comprar todas y cada una de las máquinas con que se

7 Ver, al respecto, las columnas de Francisco Saffie Gatica, en www.ciperchile.cl8 Hay que recordar que, en medio de la desesperación, ante la falta patente de recursos que pudieran sacar adelante el sistema ya enmarcha, se llegó a recurrir al fondo constitucional del 2% del presupuesto de cada año que las leyes chilenas establecen… para casosde catástrofe.



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presentaron a licitación para ofrecer el servicio.9

No sólo eso, se firmaron contratos, redactados porlos propios representantes estatales, que no establecían ningún mecanismo real de fiscalización a lacalidad del servicio, que establecían estándares de cumplimiento para los que no se fijabaabsolutamente ningún castigo en caso de no llevarse a cabo, que no establecían absolutamenteningún resguardo de los derechos laborales de los trabajadores que se emplearan. No sólo eso.Cuando la oposición al gobierno de turno vislumbró la posibilidad de ganar las elecciones para el

gobierno siguiente y, por tanto, la de heredar el desprestigio y enorme costo del sistema, ambosbloques se pusieron de acuerdo en no convertir el asunto en tema de las campañas electorales (ni laderecha criticó al gobierno en lo que era su flanco más débil, ni el gobierno emplazó a la derechapara que lo resolviera si ganaba), y acordaron una ley que aseguraba el financiamiento de laineficacia, y las ganancias de los empresarios, a costa de todos los chilenos: se acordó por ley que elEstado apoyaría el sistema, y otros equivalentes en las demás regiones del país, por un montoequivalente a 16.000 millones de dólares en el decenio 2012-2022. Aún así, este monto no essuficiente, y cada año se aprueban partidas presupuestarias que incrementan los aportes.

Cuando se considera este cúmulo increíble de ineficiencias y costos con una cierta perspectiva, sinembargo, se advierte que tras lo que parece ser simplemente idiotez y descuido hay una política

sistemática, unas prácticas que sistematizan la corrupción. En los grandes contratos de obras públicasque se licitan a privados, por ejemplo, además de garantizar los márgenes de ganancia, se sueleaceptar a un oferente que promete, a un costo muy conveniente, realizar una obra, digamos, en 100millones de dólares. Como su propuesta es la más barata y conveniente, se le adjudica, de maneraválida, la licitación. Sin embargo, en el curso de la obra, el contratista declara que debe hacer“correcciones” o “ampliaciones” al proyecto original y entonces, fuera de toda licitación, serenegocia el contrato por montos que pueden incluso doblar el costo proyectado original. O, en otrocaso, en los estudios del impacto ambiental que produciría una empresa privada, se autorizaninstalaciones por una envergadura determinada, pero luego la empresa extiende sin límites susinstalaciones sólo con el estudio y la autorización inicial.

El caso de las industrias de alimentos es ilustrativo de este sistemático sesgo de los funcionarios

públicos a favor del interés privado, que incluso se defiende doctrinariamente en los cursos decapacitación en que son formados. Se dicta un reglamento sobre los contenidos máximos que loscomponentes de un alimento deben tener para no dañar la salud de tal manera que esos máximospermiten prácticamente todos los alimentos ya en circulación, sean dañinos o no. Se suscriben lostratados de libre comercio con toda clase de cláusulas que permiten debilitar la autonomía e inclusola seguridad alimentaria del país. Se aceptan las imposiciones de la Organización Mundial deComercio (OMC) en torno a la circulación de transgénicos y las patentes a productos biológicos. Seacepta y promueve, sin gran publicidad, sin que haya una ley que lo autorice, el cultivo detransgénicos en Chile (“sólo para la exportación”). Se autoriza sin límite la importación detransgénicos para el consumo. Se logra, por la vía reglamentaria, que los productos que contienentransgénicos no lo adviertan a los consumidores.

Pero son las áreas de la educación y la salud las que muestran mejor, en todas sus facetas, en quéconsiste la profundización del modelo. En la educación, el regalo a privados del sistema de

9 Un absurdo tan extremadamente notorio que hasta Eduardo Frei Ruiz-Tagle fue capaz de vislumbrar. El 12 de Mayo de 2007, todoslos medios de comunicación en Chile informaban, con cierto asombro de la siguiente declaración, hecha en su calidad de integrante delSenado: “Paremos de una vez esta hemorragia que nos va a desangrar. Asumamos de una vez por todas que éste es un plan mal

diseñado y, por lo tanto, difícilmente podrá ser implementado correctamente. Digamos la verdad. Mi opción es que hagamos

derechamente un sistema de trasporte estatal como las grandes ciudades del mundo ”. Por supuesto la increíble proposición estatistadel senador Frei no duró ni una semana en los medios, y fue simplemente acallada y olvidada para siempre.



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educación tecnológica con que contaba el país, y la absoluta ausencia de inversión estatal en eserubro durante 35 años. La creación de un sistema de universidades privadas que recurren a todo tipode triquiñuelas para obtener el lucro que formalmente la ley les prohíbe, a lo que hay que sumar todaclase de nuevas y especiales exenciones tributarias. La municipalización de la enseñanza mediabásica y media, paralela al crecimiento, fomentado por el Estado, de un sistema de educación privadasubvencionada, que también goza de privilegios tributarios. El encarecimiento de las escolaridades

de las universidades estatales al mismo nivel de las privadas, obligado por las políticas deautofinanciamiento y por el retiro progresivo del aporte directo del Estado.

Con las movilizaciones estudiantiles de 2005 y 2011 toda el drama de la educación chilena hasalido flote por fin, y ha sido ampliamente discutida en la esfera pública, sin que se haya logrado, porcierto, mover ni un milímetro ni la política oficial, ni la decisión de llevarla adelante en contra de laopinión de las más amplias mayorías nacionales. O, peor aún, todas las medidas propuestas desde lasautoridades como “soluciones” no apuntan sino a profundizar el modelo.

Una consecuencia es el que el 40% del costo de la educación superior lo deben aportar lasfamilias, en casi todos los casos sobre la base del endeudamiento con la banca privada, o con elEstado, en una situación en que las escolaridades se encuentran entre las más altas del mundo. Otra,los colegios privados subvencionados por el Estado crecen, y se agrupan en grandes sociedades en

manos de sostenedores que pueden lucrar libremente con el servicio directo, y con los serviciosrelacionados como el transporte escolar, los materiales de estudio, o el financiamiento de lasescolaridades compartido entre el Estado y las familias. Paralelamente, los colegios municipales seempobrecen, porque no pueden realizar ese lucro relacionado, porque los municipios,manifiestamente en contra de la ley, desvían los fondos que reciben para educación hacia otrosrubros, sin que haya la menor fiscalización y, junto con su empobrecimiento, van perdiendo a susestudiantes, que migran al sistema privado, y desaparecen uno a uno. Otra consecuencia: crece laprecarización del trabajo docente hasta el punto inverosímil de que en la educación superior el 60%de la docencia es impartida por profesores que no tienen contratos estables y que frecuentementesólo reciben diez u once meses de paga cada año.

Pero el aspecto más profundo de estos cambios es quizás, como he sostenido más arriba, la

introducción de formas de gestión típicas del sector privado al sistema de educación estatal. Por estavía las universidades del Estado se han convertido en centro de negocios para muchos profesores, alos que se alienta a crear programas de diplomado, post título o post grado administrados por ellosmismos, bajo el nombre y la normativa de la propia universidad a cambio de un cierto porcentaje delo que recauden por escolaridad. Siguiendo el mismo estilo, las universidades estatales se hanrodeado de sociedades relacionadas, formadas por los propios profesores, que usufructúan delnombre y prestigio, e incluso de las instalaciones y personal de la universidad para concursar afondos que resultan casi completamente destinados a su propio usufructo privado, nuevamente, acambio sólo de un porcentaje de los ingresos, que luego se exhibe orgullosamente como contribuciónal autofinanciamiento decretado y promovido por la política oficial.

Por supuesto, resulta plenamente funcional a esta situación en la educación superior, la adhesión a

un sistema de certificaciones que privilegia las formas de gestión particularistas, de corto plazo, enbeneficio de los académicos individuales. De esta forma la certificación que se presenta comoevidencia de la “calidad” de las universidades privilegia los grados en su aspecto meramente formal,las investigaciones de corto plazo que pueden dar origen a publicaciones en revistas indexadas anivel internacional, la gestión de los programas de post grado que, justamente contribuyen areproducirla. Es decir, un sistema en que la “calidad” de la enseñanza universitaria ha perdido todaconexión con el desarrollo nacional, con proyectos estratégicos de desarrollo del conocimiento y,mucho menos aún, con las funciones tradicionales de recreación de la cultura, extensión y diálogocon las necesidades del país. Las universidades, incluso la del Estado, se han convertido en fábricas



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de profesionales individualistas, que sólo compran una formación que los habilite para el mercadolaboral inmediato. Y esto es lo que la doctrina oficial describe, acertadamente, cuando considera a laeducación ya no como un derecho sino como un “bien de consumo”.

A través un sistema de mediciones periódicas en torno a estándares competitivos y meramenteformales, desde sus primeros niveles (SIMCE en segundo básico, cuarto básico, octavo básico,SIMCE por asignaturas, PSU para el ingreso a la universidad), el modelo se instala en la gestión de

la educación convirtiendo a cada unidad educativa, en todos los niveles, en una unidad encompetencia, que lucha por destacarse en los índices de resultados, que adapta completamente sumodelo formativo a la formalidad de tales instrumentos, convirtiéndose en un sistema “preparador depruebas”, que discrimina fuertemente según los puntajes obtenidos, que adiestra cada vez más yforma o educa cada vez menos. Pero con esto los actores mismos, los maestros, los estudiantes, lasfamilias, internalizan el sistema de la competencia. Las mismas familias se acostumbran a demandaresos resultados formales, los maestros son evaluados en torno a ellos, las unidades educativas enterasson expuestas año a año a la publicación de los resultados, y se prestigian y autoevalúan como“exitosas” o no a partir de ellos.

Las políticas implementadas en la salud pública durante los gobiernos de la Concertación, que

continúa las políticas formuladas durante la dictadura son otro ejemplo central. El paradigma de“focalización de los recursos” terminó con el gasto global, basal y permanente en salud, instaurandoun modelo de gestión en que el Estado sólo construye la planta física de los hospitales públicos, yconcesiona todo su funcionamiento, y en que el sistema público de salud (FONASA, AUGE, GES)se dedica sólo a pagar prestaciones individuales.

Consecuencia de esto es que se ha privilegiado completamente la medicina curativa, endetrimento absoluto de la prevención primaria y de la medicina paliativa, a las que se accede sólo através de su medicalización (vacunación, rehabilitación física, chequeos médicos), y sólo en lamedida en que se asimilan al régimen de las prestaciones curativas.

Por un lado la licitación y concesión, primero de los servicios anexos (aseo, alimentación), yluego incluso de los centrales (administración, prestaciones médicas) precariza el empleo en el sector

y convierte el gasto estatal más bien en un privilegio, en un sistema de bonos y asignaciones,debilitando de manera sustantiva su carácter de derecho permanente.

Por otro lado, el debilitamiento sistemático de la infraestructura de la salud pública, unida alsistema de Garantías Explícitas en Salud (GES), constituyen uno de los mecanismos característicosde transferencia de los fondos públicos al sector privado.

En Chile dejó de haber auténticamente salud pública, con las connotaciones sociales, deprevención y empoderamiento de los ciudadanos que eso implica. En realidad lo que hay es unsistema de bonos y asignaciones estatales a las necesidades médicas de los individuos, consideradoscomo particulares aislados. Un sistema de prestaciones en que se evalúan y fijan los montos de lasasignaciones según tablas de siniestralidad, al estilo de las compañías de seguros, y no de acuerdo acriterios sociales o de prevención. Con esto el gasto estatal deja de ser inversión destinada a mejorar

los niveles de salud de la población, y empieza a ser simplemente gasto, costos que se deben vigilarpermanentemente para que no aumenten demasiado el presupuesto estatal.La manera en que este modo de pago favorece a las empresas de salud privadas puede

ejemplificarse con el escándalo de los pagos que hace el Estado a través del sistema de garantíasGES. Consideremos un ejemplo representativo. Si un cotizante de FONASA (en que se atiende el84% de la población) necesita hospitalización el Estado aporta un bono GES, a través de FONASA,para pagar al hospital público que lo atiende. En 2012 la cantidad pagada por el concepto de “díacama” ascendió a $129.000. Pero el costo real de ese “día cama” es de alrededor de $300.000. Comoel hospital público es administrado como una unidad económica independiente, por los municipios,



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el hospital queda debiendo esa diferencia al Estado. Ese costo debería ser solventado por losmunicipios, pero estos no reciben fondos del Estado dedicados a cubrir esa diferencia. Con esto sólolos cuatro o cinco municipios en Chile (¡de 350!) que tienen superávit económico, porque en ellos seconcentran los sectores económicamente más privilegiados del país, pueden mantener sus servicios.En el resto los hospitales acumulan una “deuda hospitalaria” que, desde luego, les impide mejorarsus prestaciones, o aumentar las camas disponibles. Pero como el usuario ha recibido un bono que

implica una garantía en salud, y como el hospital público, debido a su deuda, no dispone de lascamas necesarias, entonces tiene derecho a acudir a una clínica privada, y el Estado debe asumir elcosto que ello implique. Pero entonces, mágicamente, el Estado acepta pagar ¡$800.000! por el “díacama” a esa clínica, es decir, ni siquiera el costo real sino el costo ¡comercial!, establecido de maneraunilateral por el empresario privado. Por esta vía, sólo en los primeros nueve años de laimplementación del sistema GES, el Estado ha traspasado 8.000 millones de dólares al sistemaprivado de salud. En otro ejemplo del mismo tipo: FONASA paga $4.950 por el ítem “consultamédica” a los hospitales públicos, y paga, en cambio, por el mismo concepto, $11.730 a las clínicasprivadas. El resultado es que hasta 2012 se habían acumulado más de 200 millones de dólares en“deuda hospitalaria”. Para el Estado es relativamente poco, pero es lo suficiente como para que elsistema público, administrado con criterios de “autofinanciamiento”, no pueda invertir en su propio

mejoramiento.Durante el gobierno de Michele Bachelet se propuso, proclamándolo como solución al problema,

la construcción de más hospitales públicos. Una medida aparentemente muy progresista, porque laconstrucción de infraestructura hospitalaria pública había estado prácticamente paralizada durantecasi treinta años. Pero tanto la construcción como la operación de estas unidades se han planeado através del sistema de licitaciones y concesiones a privados. Pero, a su vez, para “atraer al sectorprivado” a un área de negocios que aparece como deficitaria, se han contemplado subsidios deconstrucción y de operación que garanticen que los privados tendrán ganancias. Por esta vía, en laconstrucción de sólo dos hospitales, cuyo costo real asciende a 300 millones de dólares, el Estadopagará ¡600 millones de dólares! sólo en subsidios.

Un efecto notable de estas políticas es que el Estado chileno puede proclamar triunfalmente que elgasto que hace en el sector salud ha aumentado. Del mismo modo, a través del mismo tipo depolíticas, ha aumentado también en forma extraordinaria el gasto en educación, en cultura, envivienda y en obras públicas. Lo que no se dice, en cambio, es que los beneficiarios son usados comoun modo de desviar el gasto público al sector privado; que se le paga al sector privado sobreprecios ymárgenes de ganancias completamente por fuera del mercado; que la política de salud propiciada deesta manera (énfasis en la medicina curativa) empeora la salud pública en lugar de mejorarla; que elgasto estatal se realiza a través de concesiones y bonos cuyos montos no constituyen un derechopermanente, y que pueden ser congelados o desvalorizados progresivamente a través de simplesmedidas administrativas (sin que haga falta una ley); que la proporción en que aumenta el gastopúblico es absolutamente inferior al aumento de la inversión privada, sobre todo porque la mayor

parte de ese aumento público va destinado justamente a esos privados.Es importante agregar a esto una triste perspectiva histórica. En Chile se intentó privatizar la saludobligando a los trabajadores a cotizar el 7% de sus salarios en un sistema privado de segurosmédicos, las ISAPRES. Sin embargo, para que este sistema tenga una mínima “viabilidad”, es decir,para que garantice ganancias a los empresarios privados, es necesario que los salarios seanrelativamente altos. Pero en Chile el salario promedio es sólo de $390.000, y era mucho menorcuando se instaló el sistema. Debido a esto, a pesar de que las ISAPRES llegaron a captar al 25% dela población, actualmente sólo afilian al 16%, que cuenta con los salarios más altos. El 84% de loschilenos se atiende por FONASA. Aún así, entre 1990 y 2004 las ISAPRES recibieron subsidios



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directos del Estado por 530 millones de dólares, lo que les permitió no sólo tener gananciascrecientes, sino comprar o formar sociedad con las principales clínicas privadas. Y luego, en unaoperación que ya debe sernos familiar, se proclamó con bombos y platillos que “se termina lasubvención directa a privados en salud” mientras, paralelamente, se implementó desde 2005 elsistema GES. Con esto las ISAPRES y clínicas, que hoy forman sociedades estrechamenterelacionadas, han llegado a tener acceso a los usuarios de FONASA, al otro 84%, ¡pagado por el

Estado! El resultado está en las cifras que ya he expuesto: entre 1990 y 2004 (15 años) 530 millonesde dólares en subsidios; entre 2005 y 2013 (9 años) 8.000 millones de dólares en transferencias. ElEstado ya no “ayuda” a las ISAPRES, simplemente les paga lo que ellas mismas, de maneraunilateral, consideran su ganancia legítima. Esto ha llevado a que actualmente el 57% del gasto ensalud en Chile se realiza en el sector privado, que atiende de manera preferente sólo al 16% de lapoblación.10

Demás está decir que con esos 8500 millones de dólares se podrían haber construido y gestionado20 hospitales públicos de calidad, mientras lo que ocurre, en cambio, es que la infraestructura públicaen salud es cada vez más pobre y deficitaria. Y esto es lo mismo que ocurre que ocurre con laeducación pública, el transporte, la vivienda, el derecho a la cultura, la inversión en infraestructura.

Es importante añadir a todo esto que también en la salud pública, como ocurre en educación, las

familias chilenas pueden optar a mejorar sus niveles de atención aportando un “copago” a costa desus propios bolsillos. El efecto de esta descarga de un derecho básico sobre los propios usuarios, esque actualmente un 37% del gasto en salud proviene directamente de las familias, de sus salarios. Yesta es una situación que se repite en educación: cerca del 40% del gasto en educación superior enChile proviene directamente de las familias de los estudiantes.

La esencia de estos mecanismos es la precarización del gasto estatal y, con ella, la conversiónprogresiva de todos los derechos permanentes y globales conquistados por los trabajadores en bonosy asignaciones personalizadas. Bonos a las madres por cada hijo, bono a las víctimas de unterremoto, subvenciones a los padres que deben hacer copagos en los colegios privados, bonos paramejorar las viviendas, para afrontar el alza de precio de los combustibles, para afrontar los gastos

escolares a principios de cada año, bonos a voluntad de la política neo populista y neo clientelista delos partidos que lleguen temporalmente al gobierno. De esta forma el gasto estatal, se convierte en unconjunto de concesiones ocasionales, de asignaciones especiales, para situaciones puntuales, que sepueden otorgar cuando las finanzas del estado marchan bien, pero que desaparecen cuando lasfinanzas andan mal o las prioridades exigen atender primero a la banca o a las grandes empresas.

Y hay que observar que se trata de una situación en que el retroceso del gasto estatal NO implicauna disminución de los derechos de los ciudadanos simplemente porque esos derechos ya no tienenla fuerza y permanencia propia de un derecho, que es exigible, sino la precariedad de un beneficio ouna regalía que no constituye derecho.

De la misma manera, en las relaciones contractuales, el salario base, fijo, que es reclamable comoun derecho disminuye, y es reemplazado por un sistema de bonos (por productividad, por

responsabilidad, por festividades especiales, por las cualidades mostradas en la realización deltrabajo), que constituyen más bien privilegios o derechos que puedan ser exigidos. Bonos yasignaciones variables sometidos a formas de asignación frecuentemente informales, que dependende evaluaciones en que prima la subjetividad, y obligan, de paso, a los trabajadores a mantener una

10 Para un enfoque crítico de las políticas de salud, y como fuente de las cifras que he entregado aquí, se pueden ver los artículos deMatías Goyenechea y Danae Sinclaire, en CIPER Chile:http://ciperchile.cl/2013/05/22/las-rentables-heridas-de-la-salud-chilena/ http://ciperchile.cl/2013/05/27/como-se-ha-desmantelado-la-salud-publica/ http://ciperchile.cl/2013/06/03/propuesta-para-una-salud-publica-gratuita-y-de-calidad/



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“actitud positiva”, “proactiva” para hacerse acreedores o elegibles, creando con eso una suerte declientelismo interno entre los trabajadores y los mandos medios de una empresa y, a su vez, entreestos mandos medios y sus directivos superiores. No es raro, en los sectores de empleo más precarioque los trabajadores de menor nivel de especialización deban pagar parte de los bonos que reciben alos mandos medios que están en posición de asignárselos pero, a su vez, que estos mandos mediosdeban pagar también más arriba, por la posición que mantienen, con lo que se crea una cadena de

depredación de los salarios en que la base más amplia, y la que mantiene el sistema, es siempre elnivel de los salarios más bajos.

Pero, también, se observan prácticas análogas entre los propios empresarios capitalistas. Demanera habitual y formal, como parte de los contratos de compra y venta, las grandes cadenas decomercialización de productos de consumo habitual (retail), cobran a sus proveedores entre un 15%y un 20% sólo por mantener sus productos en las estanterías a disposición del público. Una cantidadque se suma al margen de comercialización habitual que ya obtienen por la operación de compraresos productos y venderlos a los consumidores. Y también, de manera informal, las compañíasproveedoras pagan de diversas formas directamente a los encargados de escogerlas. El caso másextendido y común es el de los “visitadores médicos” a través de los cuales la industria farmacéutica

ofrece toda clase de “incentivos” a los médicos para que receten los productos que promocionan,aunque sean más caros que las posibles alternativas. Una política que se repite al tratar con lasfarmacias, o con los servicios públicos. El resultado, por supuesto, es el encarecimiento en cadena delos precios de cada producto, que recae finalmente en el consumidor directo.

Considerados de una manera más general, lo que observamos en todos estos planos es un procesode burocratización creciente al interior de la propia dinámica capitalista. Cada vez más agenteseconómicos intermediarios se interponen entre los productores directos de bienes y servicios y losconsumidores y, paralelamente, entre los propietarios jurídicos de los medios de producción y lostrabajadores que reciben salario por tareas de producción directa. Una burocratización de nuevo tipo,que ya no responde a las formas fordistas de la burocracia del siglo XX, sino que está constituida

como una capa enorme y creciente, volátil y fluctuante, de prestadores de funciones de dirección ycoordinación que usufructúan de manera formal e informal de las ventajas que pueda proporcionarlessu espacio local e inmediato de poder.

Y una burocratización, también, en que los recursos del Estado se ponen completamente alservicio del interés de los empresarios privados, lo que tiene como resultado una presión constantedel empresariado sobre los agentes estatales y, desde luego, un chantaje permanente de estosfuncionarios sobre el emprendimiento capitalista, que ha llegado a depender completamente de él.Esto explica el horror de los sectores empresariales ante los proyectos políticos populistas. No setrata ya de que se ponga en peligro la propiedad privada, como en los buenos tiempos de la amenazamarxista, se trata más bien del precio, de la tajada, que los empresarios tendrán que pagar a quienesdominan el mecanismo de legitimación de todo este sistema: la democracia administrada.

Porque, en efecto, nada de todo esto habría sido posible sin la activa y complaciente colaboraciónde los propios agentes del Estado, cuya reproducción y usufructo de la riqueza social proviene cadavez más de la medida en que sepan administrar la democracia en beneficio del capital, y de sí mismos. Para esto han destruido completamente el régimen fordista de derechos laboralespermanentes y estables, promoviendo y manteniendo sistemas de trabajo precario que han destruidolos sindicatos, que anulan completamente el derecho de huelga, que obliga a los trabajadores acondiciones absolutamente desiguales de negociación. Manteniendo el régimen tributario regresivo,el sistema de las AFP, el sistema de concesiones plenas.



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Pero también, profundizando la precariedad del empleo estatal; destruyendo de hecho los sistemasde educación y salud públicos; manteniendo un sistema de quórum calificado para cambiar las leyesque afectan al interés privado, junto a un sistema electoral que asegura a la derecha el control de lamitad del parlamento con sólo un tercio de los votos.

Es esencial notar que, en estas estrategias, el disciplinamiento de los ciudadanos en torno almodelo pasa por una constante retórica “progresista”. No sólo la precariedad del empleo y el

endeudamiento excesivo mantienen a los ciudadanos atados a un sistema que cotidianamente lossobreexplota y niega, también resultan atrapados por la construcción permanente, orquestada desdeel monopolio de los medios de comunicación, de ilusiones en torno a la pronta y segura superaciónde las miserias que “temporalmente” los afligen. El consenso básico de lo que se ha llegado a llamarla “clase política” (que en Chile es el duopolio Alianza – Concertación), apoyado y magnificado casiunánimemente por los medios de comunicación, es un discurso a la vez populista y claudicante, quese mueve desde una peculiar reconstrucción de un discurso “izquierdista” (“todo esto es herencia dela dictadura”), hasta el populismo atemperado por la “prudencia de los expertos” (“estamosavanzando día a día… en la medida de lo posible”).

Se trata de una retórica en que juega un papel esencial el relato épico de la “lucha contra ladictadura”. Incluso el presidente Piñera, un notorio derechista, y un poderoso empresario, reclama

entre sus méritos haber votado por el NO, contra Pinochet, en 1988. Un discurso en que lospersonajes que han traicionado a Chile exhiben, en tono moralizante, como si aún sufrieran lassecuelas, que estuvieron en el exilio, que sus padres fueron asesinados, o que estuvieron algunosmeses en campos de prisioneros hace más de treinta años. Una retórica en que buscan distinguirse demanera ostentosa de lo que llaman “la derecha” sólo para implementar ellos mismos las políticas dela derecha. En que no dudan en recurrir a Salvador Allende cuando son emplazados, pero en que losilencian metódicamente cuando hacen llamados a la “responsabilidad” y a la “prudencia”.

Como sostén político, por mucho que esté respaldada por la precariedad del empleo y elendeudamiento, quizás esta sea la principal característica del modelo chileno, y la que mejor sepuede proyectar al resto de los países de América Latina y, más aún, al “período de ajuste” a queestán siendo obligados hoy los trabajadores europeos: la extraordinaria capacidad de la clase política

para el gatopardismo, el disimulo y el arreglo entre cuatro paredes. Su olímpica capacidad para decirque “reconocen” lo que de hecho no reconocen, para decir que “están dispuestos a escuchar” lo quede hecho no escuchan, para afirmar, sin que se les mueva ni un músculo de la cara, que han tratadode hacer algo cuando de hecho acaban de hacer lo contrario.

Lagos diciendo que las concesiones mineras se concedieron por que Chile “no tenía recursos”para explotar nuevos yacimientos de cobre; Bachelet, y todo el espectro político, anunciando unanueva ley de educación, Bitar afirmando que los créditos universitarios con aval de Estadobeneficiaron a los estudiantes, Piñera declarando que el movimiento estudiantil de 2011 era “unalucha grande, noble y generosa”, son sólo algunos de los momentos estelares de un estilo general.

Hay que considerar que cada gobierno dura sólo cuatro años. Si hay protestas “hay que escuchar ala gente”, aunque luego no se haga nada. Si las protestas siguen hay que formar una comisión

enorme e inoperante “para que todos estén representados”. Si el asunto se agrava hay que formar unacomisión de expertos y mandar un proyecto de ley al parlamento. Si se está obligado por la presiónpolítica probar una ley hay que redactarla de manera vaga, que la haga inaplicable, o que impida sufiscalización. Si los apuran para que fiscalicen hay que elegir al peor de todos los empresarios, al queestá al borde de la quiebra o es extremadamente corrupto, para castigarlo públicamente, con escarnio,mientras se salva a todos los otros. Si el que resulta castigado tiene conexiones suficientes con elpoder político hay que denostarlo con bombos y platillos, durante un tiempo breve, y despuéstramitar en silencio y en las sombras sus apelaciones y compensaciones.



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Pero si todo esto falla, y el movimiento social se empecina en llenar una y otra vez las calles, hayque llamar a la “responsabilidad”, a respetar los “canales de comunicación”. Hay que asustar con el“caos”, con los “poderes fácticos”, hay que recordar que “Chile es una tarea de todos”, apelar a lasopiniones de los “expertos”, a lo que se hace en los “países desarrollados”, hay que asustarveladamente con que “no queremos repetir las desgracias que vivió nuestro país”. Hay que acusar alos “intransigentes” de no estar “abiertos al diálogo”, de “no respetar las reglas básicas de la

democracia”, y de “poner en peligro el prestigio internacional de nuestro país”. Maquiavelo podríaescribir nuevamente El Príncipe con todo esto, pero tendría que gastar el triple de páginas.

En su dimensión subjetiva, este patrón de comportamiento de los funcionarios del Estado, que sesupone que deben velar por el beneficio de los ciudadanos a los que representan y que pagan sussalarios, se hace posible por la sostenida promoción del interés meramente individual, del beneficiopuramente particular, sin miramientos ni cuidados de ningún tipo por el entorno, o por quienespuedan sufrir las consecuencias. La promoción de una mentalidad exitista, fuertemente presionadapor el ansia de demostrar logros y estándares de consumo, una mentalidad en que no hay límites albeneficio propio, que sueña con una cierta impunidad ante los daños que pueda causar, y que en todocaso se desentiende de toda responsabilidad social o solidaria, salvo en las excepciones consagradas

de “ayuda al prójimo” que se han revestido completamente de paternalismo, de falsa buenaconciencia, e incluso de ocasión de negocios. Dos ahora tradicionales instituciones chilenas son unamuestra dramática de esto último: la “Teletón”, que se hace para beneficiar a los niñosdiscapacitados, y el “Hogar de Cristo”, que ha sido concesionado por la Iglesia Católica a unaempresa privada.

El estado de la subjetividad pública que ha originado esta mentalidad hace posible que hayamédicos de los hospitales públicos que concursan como profesionales privados a la licitación de lasprestaciones que ellos mismos deberían realizar en su jornada regular de trabajo, y que puedan ganaresos concursos y ofrecer esas prestaciones en esos mismos horarios, sin dejar de percibir lo que elEstado les paga regularmente. Hace posible que los sostenedores privados de los colegios básicos ymedios fomenten que sus alumnos sean diagnosticados como personas que tienen “necesidades

educativas especiales” (como el déficit atencional, o los trastornos leves de lenguaje) sólo porquedebido a eso recibirán el triple de la subvención que reciben por un niño “normal”. Hace posible quelos médicos de zona en la atención primaria atiendan sus pacientes particulares en los horarios paralos que están contratados por el Estado, o que los alcaldes desvíen los fondos que reciben paraeducación hacia otros servicios, o incluso hacia sus propios sueldos, sin que nadie fiscalicerealmente. Hace que los parlamentarios de este país decidan de mutuo acuerdo, con unanimidadtransversal a su orientación política, trabajar sólo dos días a la semana, para poder viajar los otrostres días, con pasajes pagados por el Estado, a sus regiones sólo para hacer permanente campaña parasu reelección. Hace que los partidos políticos elijan sin consulta ciudadana alguna a las personas queocuparán los cargos parlamentarios de sus colectividades que quedan vacantes por renuncia o muertede sus titulares. Hace que los profesores de las universidades estatales formen programas de post

grado que administran de manera particular, usando el nombre y las instalaciones de la universidad, acambio sólo de un porcentaje de lo que recauden por matrícula o escolaridad; o que formensociedades privadas para participar en concursos públicos usando el nombre de la universidad, yfrecuentemente su infraestructura. Hace que los funcionarios públicos que dirigen los órganosfiscalizadores del Estado pasen habitualmente a formar parte de los directorios de las empresasprivadas que fiscalizaban. Hace que los funcionarios públicos redacten los contratos entre la empresaprivada y el Estado de manera intencionalmente vaga, garantizando márgenes de ganancia con cargoal Estado, y dificultando toda fiscalización o penalización por los incumplimientos contractuales delos privados, aún cuando frecuentemente se gravan con altas multas los eventuales incumplimientos



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del Estado. Hace que existan millonarios “fondos reservados” de la Presidencia de la República y delos principales ministerios, que por acuerdo nuevamente transversal, todos los sectores políticosaceptan que no sean susceptibles de cuentas formales o de escrutinio público. Hace que el SenadoUniversitario de la universidad de todos los chilenos exija financiamiento invocando su carácterestatal, pero que simultáneamente se niegue, incluso ante los tribunales, a dar conocer los sueldos desus funcionarios y profesores, cuestión a la que está obligada por ley, argumentando que es una

institución autónoma del Estado. Y la lista de estos ejemplos, que corre como secreto a voces entodos los sectores de la sociedad chilena, podría estirarse hasta el infinito.

Dos cuestiones son esenciales en estos mecanismos: su “normalidad” y su elitismo. Lo que unavisión moralizante, y apresurada, podría describir como “corrupción” en realidad es parte delfuncionamiento normal, ampliamente institucionalizado, del sistema. Describir con un ciertorespaldo teórico este carácter, de tal manera que no quede entregado a la estimación moralizante, orelegado al espacio de la excepción o lo incidental (porque en realidad no se trata, ni por el monto nipor la frecuencia, ni de excepciones ni de “incidentes”) requiere considerar al interés burocráticocomo algo específico, no como una simple prolongación “anómala” o “corrupta” del interéscapitalista. Requiere, en el fundamento, una descripción del “neoliberalismo” profundo no ya como

una prolongación exclusiva de la lógica capitalista sino, basalmente, como una combinación, unaalianza de clase, entre el interés capitalista y el interés burocrático. La cuestión de fondo es que noestamos aquí en presencia de una “complicidad” del Estado con el lucro capitalista, como si esacomplicidad fuese una anomalía, una especia de traición a los “verdaderos” fines del Estadomoderno. Estamos realmente, y de manera directa, ante la esencia del Estado: los agentes estatalestienen intereses propios, constituyen parte de una clase social. Forman, junto con los burócratas enlas propias grandes empresas y bancos capitalistas (los funcionarios directivos superiores, nopropietarios), una parte del bloque de clases dominantes, que usufructúa, a partir de la apropiación yel reparto de plusvalía, de la riqueza real creada por los productores directos.11

Más que esta cuestión de fundamento, que relaciona la situación global de la profundización del

modelo “neoliberal” con la emergencia del poder burocrático, me interesa terminar este capítulo conel carácter elitista de este modo de organizar la dominación social.

Desde luego, tratándose de una forma de organizar la explotación, se trata de una situacióndominada desde grupos minoritarios. En la tradición marxista, de manera mucho más sincera, sepuede obviar la elegancia oblicua y mistificadora del término “élites”, con que las designa lasociología burocrática estándar, y tratarlos como lo que realmente son: un bloque de clasesdominantes.

Un bloque de clases burgués burocrático que a su vez es atravesado por una drásticadiferenciación en estratos.

12La enorme desigualdad en la distribución del ingreso que he comentado

en párrafos anteriores de este mismo texto puede ser entendida, en términos de clase y estratossociales, como la profunda diferencia que separa a poquísimos grandes capitalistas nacionales

(mucho menos del 1% de la población) y a los funcionarios superiores de la empresa privada y elaparato del Estado (que fácilmente alcanzan a un 10% de la población) y el otro 90% de los chilenos.Respecto de la primera cifra, el escaso 1% (o incluso 0,1%) de los chilenos que son grandes

capitalistas, banqueros o comerciantes, cabe una reflexión melancólica. En realidad sus riquezas,

11 Para esta aproximación doctrinaria, de fundamentos, al problema, que no desarrollaré aquí, se puede ver la argumentación que hepresentado en la segunda edición de Proposición de un marxismo hegeliano, que estará muy pronto disponible en Internet bajo licenciaCreative Commons.12 Sobre la diferencia entre “análisis de clase” y “análisis de estratificación”, ver también el texto citado en la nota anterior:Proposición de un marxismo hegeliano.



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enormes y desproporcionadas para el resto de los chilenos, no son sino las migajas que quedan enmanos de los sátrapas intermediarios una vez que el gran capital trasnacional ha saqueado lasriquezas producidas en Chile. La verdad cruda y trágica, es que prácticamente toda la riquezasignificativa que produce este país se la llevan las empresas trasnacionales. Y para constatar estobasta con recorrer los principales enclaves desde los que se genera el “éxito” del modelo chileno: el70% de las exportaciones de cobre y la mayor parte de la propiedad de las AFP están en manos del

capital extranjero. Los capitalistas “nacionales” mantienen fuertes lazos de propiedad, y deendeudamiento, con el capital trasnacional. O, en resumen, el capitalismo “nacional” no tieneprácticamente nada de nacional.

La segunda cifra, en cambio, es relevante para la pequeña política de este pequeño país. Cuandovemos que el sistema de salud privada afilia al 16% de la población, esta cifra es muy significativa.Se trata de las familias que pueden pagarla. Se trata de los medianos empresarios pero, sobre todo, delos grandes funcionarios, que pueden usufructuar tanto del Estado como de la empresa privada desdesus “experticias”, desde sus gerencias interesadas, desde la manipulación no sólo de los fondospúblicos, que constituyen en realidad la principal “empresa nacional”, sino incluso de los fondosprivados que les son encargados por pequeños y medianos propietarios de acciones. El caso de laempresa Ripley es ilustrativo respecto de este segundo aspecto: sus propios gerentes estafaron a los

pequeños propietarios de acciones que los mantenían en sus cargos. Una situación que se repitecotidianamente, por cierto con volúmenes de riqueza muchísimo mayores, a lo largo de toda laeconomía capitalista, a nivel mundial.

Frente a esos privilegiados está el 90%, constituido por los que produce toda la riqueza real.Desde los pequeños empresarios expoliados por el capital financiero y comercial, pasando por lospequeños y medianos funcionarios del Estado y los sectores profesionales, hasta llegar por fin a lostrabajadores que producen bienes tangibles, que son, en buenas cuentas, el origen de la plusvalía quelogra mantener a todo el resto.

Como he indicado más arriba, para el 90% la realidad es la precariedad del empleo, elendeudamiento debido al altísimo costo que representa para las familias proveerse de servicios de

salud, educación y previsión, y debido también a la gruesa usura que campea en el crédito comercial.Para la política concreta, para la expresión de la indignación, estas precariedades tienen, sin

embargo, un signo contrario, que complejiza las perspectivas del movimiento social. Por un lado, laprecarización de las condiciones laborales es evidente, masiva, y vivida de manera ampliamenteconsciente por los trabajadores. Pero esa misma precariedad los mantiene atados al poco y malempleo que logran obtener: la sindicalización, la negociación colectiva, la protesta más o menospasiva en el puesto de trabajo, son percibidas en general como conductas riesgosas. Y losempleadores mantienen políticas permanentes para prolongar esta inseguridad, recordarlaconstantemente, hacer pesar de tiempo en tiempo el poder arbitrario que poseen como recursodisciplinante. La prepotencia de los empresarios chilenos se ha hecho famosa en América Latina. Losempresarios grandes por su prepotencia real, respaldada por un poder sin contrapeso. Los

empresarios medianos y pequeños como un reflejo cultural, altisonante, grosero, cuyo doble carácterlo hace aún más ignominioso: capataces prepotentes ante los trabajadores, servilismo sin límites antelos empresarios mayores que a su vez los esquilman con la misma doble faz.

Pero el endeudamiento prolonga y agrava esta servidumbre. Por un lado aparece como poderosadroga, como evasión en el consumo vanidoso y exhibicionista, fomentado por la propagandamillonaria como índice de estatus y de “éxito”. Por otro lado pesa, cada vez más, sobre las angustias,sobre los servilismos obligados, sobre la ansiedad de obtener algo, lo que sea, a toda costa, paraencontrarle algún tipo de sentido a tanto sacrificio.



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Las condiciones del endeudamiento de las personas en Chile se han hecho cada vez más opresivasy usureras. Establecidas como bancos, las grandes casas comerciales obtienen recursos del BancoCentral a un 5% de interés anual, y pueden convertirlo en créditos de consumo a tasas del 50% o60% anual. Chilenos que ganan escasamente más que el salario mínimo, pueden tener, sin controlpúblico alguno, tres o cuatro tarjetas de crédito. Ganancias millonarias por un lado, angustia yobligación de retener los malos empleos sin la menor protesta por el otro.

El efecto de esta opresión cotidiana sobre la subjetividad pública ha sido señalado por muchasvoces de alerta. Chile presenta cifras récord en maltrato infantil, violencia intrafamiliar, agresividaden los comportamientos públicos. Y su reverso, enormes tasas de depresión, de todo tipo de cuadrospsicosomáticos, de disfunciones en las capacidades de comunicación y expresión de los afectos.

El doblez siniestro de este efecto sobre la salud subjetiva pública, sin embargo, es que tambiénella se ha convertido en otro enorme negocio. Chile debe ser de los pocos países en el mundo en quese pueden encontrar dos o tres farmacias en un mismo cruce de calles. Ansiolíticos, antidepresivos,relajantes musculares, pastillas para las alergias, para los males gástricos, pastillas para dormir,pastillas para mantenerse despierto. La protesta social en Chile está retenida, de manera subterránea,en las farmacias y las consultas médicas. La indignación que no puede expresarse sin graves riesgoslaborales y salariales, termina expresándose como somatización del malestar, termina convirtiéndose

en un sordo rumor, recubierto ideológicamente de discurso médico, que incluso es aplacado a travésde medios farmacológicos que no hacen sino prolongarlo y profundizarlo. Chile es el país delcolapso depresivo. Desde la más humilde trabajadora hasta el candidato presidencial fascistoide bajoun signo común: cualquier agravamiento repentino de los niveles permanentes de estrés lleva alcolapso.

No es raro, en estas condiciones, que sean los estudiantes, o los pobres absolutos en la periferia delas ciudades, o los hinchas del fútbol, los que expliciten masivamente la violencia social contenida.Los estudiantes sintomatizan el malestar en las familias, y ante su propio futuro. Los pobresabsolutos descargan su rabia contenida cada vez que hay algún evento público masivo.

La violencia. Una sociedad profundamente violenta. Los que no ven, los que abusan poseídos de

un sentimiento ciego de omnipotencia e impunidad, no pueden sembrar y sembrar oscuros vientossin límites. Tendrán que cosechar tarde o temprano las tempestades que incubaron. Cosecharántempestades. Sólo esa puede ser, por fin, la hora de Chile.

Santiago, 26 de Julio de 2013.-

40 años del modelo neoliberal en Chile - Carlos Pérez [Sicario Infernal]

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