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El PROYECTO DE REFORMA EN EL CONGRESO: BORRA UNAS POCAS PALABRAS PARA QUE TODO SIGA IGUAL

Por: Boris Salazar*.

El  proyecto de reforma a la educación superior que el gobierno radicara ante el Congreso el 3de octubre de este año conserva el espíritu de mezquindad y falta de grandeza quecaracterizara a la primera versión que la comunidad universitaria no ha dejado de discutir coninocencia y entusiasmo en los últimos meses. A pesar de las voces de tranquilidad de laministra, y de la bendición papal que le diera Luis Eduardo Garzón, ahora en trance de unidadnacional, la esencia del proyecto sigue siendo la misma.

 

Han cambiado algunas expresiones, han  borrado otras, han perfeccionado algunosmecanismos, pero lo esencial sigue allí. La diferencia entre esta versión y la anterior está enlos mecanismos elegidos para liberarse de la responsabilidad de diseñar y financiar unareforma integral para la educación colombiana.

Mientras que en la anterior la legalización del ánimo de lucro denotaba una cierta perezamental con respecto al cómo, y hacía pensar en la adopción tardía –muy tardía, en realidad—de la privatización como salida inmediata a la baja cobertura, la última se concentra, con másdetalle, en la financiación del crecimiento a través del diseño de un conjunto interdependientede fondos financieros y de garantías, a través de los cuales fluiría la inversión privada adicionalque el gobierno considera indispensable para ejecutar su reforma.

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Tal como ocurrió con la desaparición del ánimo de lucro, los asesores del Ministerio le dan granimportancia a la sensibilidad que las comunidades universitarias tienen con respecto aexpresiones tan mercantiles como “inversión privada” y “ánimo de lucro”. Confiando en que alborrarlas borran la capacidad analítica de los universitarios, insisten en los mismosmecanismos, bautizados de otra manera. Así, la Sociedad de Fomento a la Inversión Privadaen Educación Superior (FOMINVEST), de la versión anterior, tomó en esta el nombre delantiguo FODESEP (Fondo de Desarrollo de la Educación Superior), conservando el contenidopero borrando expresiones tan molestas como “sociedad”, “fomento” e “inversión privada”.

No dicen, sin embargo, que en la Ley 30 de 1992, el olvidado FODESEP era un fondo mixto deeconomía solidaria. ¿Por qué habrán borrado rasgo tan inofensivo?

El gobierno no ha dejado de insistir en la necesidad de diversificar las fuentes de financiaciónde su reforma a la educación superior. La idea es que el estado no puede asumir los costostotales de la reforma y que todos los que pudieran contribuir –incluidos los que actúan guiadospor puros intereses privados— deberían poder hacerlo para asegurar la expansión de lacobertura con calidad. En el proyecto de reforma radicado el lunes pasado en el Congreso dela República, aparecen los mecanismos concretos que permitirían financiar tanto la expansióndel sistema, como la entrada y la permanencia de nuevos estudiantes.

Mientras que la reproducción “vegetativa” del sistema estatal estaría asegurada medianteincrementos porcentuales en los presupuestos de las universidades, dependiendo delcrecimiento de la economía, los procesos de expansión dependerían de la creación y puesta enmarcha de una estructuran interdependiente de fondos de financiación, fondos de garantías ybanca comercial que se encargaría de inyectar los créditos requeridos para realizar losproyectos de expansión que esas mismas instituciones financieras elegirían como viables.

Hay que distinguir dos trayectorias crediticias. La que va desde los fondos de financiación y degarantías hacia las universidades e instituciones de educación superior que presentenproyectos de expansión y de mejoramiento de la calidad, y la que va desde los fondos dirigidosa créditos estudiantiles hacia los estudiantes y sus familias.

Veamos la primera. Para financiar la expansión del sistema, el gobierno propone latransformación del FODESEP, creado por la Ley 30 de 1992, (E)n una sociedad mixta decarácter nacional, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, con domicilio en Bogotá,constituida como sociedad anónima, y cuyos principales objetivos serán actuar como instancia

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estructuradora de proyectos para la expansión y el mejoramiento de la calidad del serviciopúblico de Educación Superior y como fondo de garantías para los créditos otorgados ainstituciones de educación superior estatales y privadas, cuyo destino sea el financiamiento deproyectos que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de calidad educativa o a laampliación de la cobertura.

Observen primero las transformaciones propuestas. Lo que antes era un fondo estatal pasaríaa convertirse en una sociedad anónima, constituida por un conjunto de socios cuyo objetivo,además de estructurar proyectos y asignar créditos, será obtener dividendos para quienes haninvertido en ella. Esto es apenas natural en cualquier sociedad anónima que arriesga su capitalen créditos contra proyectos cuyo éxito no está garantizado.

Lo que no es tan natural es el objeto de los proyectos que esta sociedad anónima estructuraría,financiaría y garantizaría: la expansión  y mejoramiento del sistema de educación superior.Aquí aparece una primera tensión. ¿Con qué criterios elegiría el fondo  los proyectos deexpansión y mejoramiento? Privados, supongo. Al fin y al cabo al fondo le interesa recuperar sucapital más alguna ganancia una vez que el proyecto haya madurado. Si no son privados,deberían ser una mezcla de criterios privados y públicos, algo bien difícil de adjudicar yadministrar.

En ambos casos, la tensión entre el tiempo  de maduración de los proyectos educativos delargo plazo, y los requerimientos de una entidad financiera mixta es evidente. Aunque losbeneficios sociales y privados de la inversión en cobertura y en calidad de la educación sonmás o menos aceptados por todos, no hay acuerdo, sin embargo, con respecto al tiempo en elque se concretan ni a las fuentes de su éxito. Es más: no siempre es posible adjudicar a“causas”  o “factores” específicos los cambios positivos logrados en el aprendizaje, lainnovación o la igualdad. El punto es que las universidades de investigación crecen comosistemas complejos adaptativos, en los que factores diversos convergen en la producción detransformaciones que sólo con el tiempo se hacen visibles para todos.

Por ejemplo, la introducción de nuevos métodos pedagógicos, basados en desarrollos de laneurociencia, podría tener grandes efectos de largo plazo, mejorar el aprendizaje, liberarrecursos para actividades investigativas, potenciar la capacidad de profesores y estudiantes, ypromover la innovación en el largo plazo. La dificultad está en rastrear sus efectos,cuantificarlos y hacerlos compatibles con los requerimientos de un proyecto privado. Es fácilsuponer que los proyectos de más largo plazo, con menos efectos inmediatos visibles, y menorproducción de valor agregado inmediato, serán desechados por proyectos que asegurenbeneficios inmediatos y produzcan valor agregado en el  corto plazo.

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Al mismo tiempo FINDETER (Financiera de Desarrollo Territorial),  a través de la bancacomercial, estaría  a cargo de las líneas de crédito especial para inversiones en infraestructurafísica y tecnológica. Esto implica que si bien los recursos siguen viniendo del Estado, laampliación de la planta de las universidades dependería del endeudamiento con FINDETER y,en últimas, con la banca comercial. De otro lado, FINDETER financiaría al Icetex en materia decrédito educativo, creando aun más interdependencia financiera.

La cuestión, sin embargo, no es de diseño financiero, es estructural. La decisión que ilumina, oensombrece, el proyecto del gobierno es la que concierne a las fuentes que financiarían laexpansión del sistema. El gobierno sabe que los tres puntos reales extras que promete a lasuniversidades estatales no garantizarán el crecimiento del sistema ni el aumento de cupos, nimucho menos el mejoramiento de la calidad. Y aunque nunca ha imaginado, o calculado,cuánto costaría una verdadera reforma educativa integral, que cambiara todo el sistema, y nosólo a la educación superior –porque  nunca se lo propuso—sí  sabe que el simple cambio encobertura y en calidad vale mucho más que el esfuerzo extra al que quiere comprometersecomo Estado.

De ahí, la diversificación de fuentes de financiación, y la búsqueda de mecanismos para atraercapital privado a la educación. Como la idea directa de la legalización del ánimo de lucro nofuncionó –sobre todo por la feroz resistencia de las universidades privadas de calidad— elgobierno decidió retirar la figura semántica, conservando la estrategia: financiar con capitalprivado la expansión del sistema educativo. Con lo que se liberó del pecado, pero se quedócon el género. Sólo que este género no es ni tan generoso ni tan efectivo.

Y no lo es porque deja todo en un terreno intermedio y ambiguo en el que ni da el gran saltohacia una educación integral de la más alta calidad para todos –con todas sus implicacioneseconómicas y políticas— ni apuesta a que las fuerzas del mercado tomen la dirección delproceso con los resultados conocidos por todos. Los fondos financieros mixtos hacen parte deesa ambigüedad en la que la  inversión privada entra por la puerta de atrás a dirigir el procesode expansión sobre el que se fundamenta el futuro del sistema.

En realidad, los fondos financieros mixtos no son compatibles con las gigantescas inversionesde largo plazo con las que deberían comprometerse el Estado y la sociedad colombiana sí enverdad quisieran una reforma educativa integral para la innovación y la igualdad. Por eso, laestructuración y financiación de proyectos individuales no pueden ser el fundamento de laexpansión del sistema en cobertura y en calidad. En un mundo más serio no serían más que un

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detalle secundario dentro de un plan estatal de largo plazo para transformar la educación y lasociedad. Pero el gobierno ha preferido la salida perezosa de esperar que la ambigüedad y labuena suerte hagan por la educación lo que el Estado no quiso hacer.

* Profesor, Departamento de Economía, Universidad del Valle.

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