Sin riesgo seguridad laboral de maestros El Sol de Toluca 4 de septiembre de 2013

SILVIA GONZÁLEZ TENORIO

El secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, Héctor Ulises Castro Gonzaga, hizo un llamado al magisterio estatal a estar tranquilo, pues con la aprobación de la Ley de Servicio General Docente no se pone en riesgo su seguridad laboral, y aseguró que el SMSEM seguirá cumpliendo con defender los derechos de sus agremiados.

En entrevista durante su visita a esta casa editora, el líder de los 94 mil profesores que conforman el SMSEM, reconoció que hay cierta

inquietud entre algunos docentes, pues creen que un examen puede definir su permanencia o no en el servicio, sinembargo, es algo que no está en juego.

Expresó que si bien esta ley implica una evaluación para los maestros en servicio, existen tres oportunidades para ser examinados, al menos cada cuatro años, por lo que habrá oportunidad de capacitarse y actualizare en caso de que así se requiera. En el caso de los recién egresados de escuelas normales, sí serán evaluados en el mismo año.

Sin embargo, los maestros mexiquenses son un sector comprometido y preparado que está en las aulas y trabajan unidos con las autoridades y los padres de familia, a favor de la educación de miles de niños y jóvenes.

Recordó que actualmente en el Estado de México ya se evalúa a los maestros, pero es un examen voluntario, cuando ahora a nivel nacional será obligatorio, el cual se realizará a través del Instituto Nacional de Evaluación.

Héctor Ulises Castro, líder sindical del SMSEM.

En este sentido, recordó que se ha solicitado al instituto que evalúa a nivel estatal, tener una representación de los maestros, no para influir al interior, sino para contribuir en la materia, sin embargo, no se ha dado respuesta; mientras al instituto nacional, se han enviado propuestas de foros realizados por el magisterio mexiquense.

Sostuvo que es fundamental la preparación en todos los ámbitos, en lo cual trabajará el SMSEM, pues no se puede enseñar lo que no se sabe, desde cómo trasmitir el conocimiento, hasta cómo tratar conflictos, la apertura a la lectura, enfrentar situaciones sociales dentro de la misma escuela, lo cual se aprende en la práctica, pero actualizarse y prepararse es fundamental y determinante.

Castro Gonzaga reiteró que el SMSEM siempre estará atento para defender y evitar se transgredan los derechos de los maestros, quienes deben tener la certeza de que no van a ser removidos de su espacio de trabajo, se les defenderá, por lo que les pidió trabajar, dar la oportunidad a la sociedad de demostrar que los maestros mexiquenses tienen el plus de que saben hacer bien las cosas.

Asimismo, sostuvo que también es importante formar investigadores maestros, donde los conocimientos aterricen en el aula, no se puede estar pasivo, se debe ser propositivo y activo.

Aseguró que ya se trabaja en una estrategia para informar a la base a través de los delegados sobre el contenido preciso de la Ley de Servicio Profesional Docente, pues se sabe que la incertidumbre afecta.(a)

28 agosto, 2013

32 razones inaceptables en la Ley del Servicio

Profesional Docente

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Lic. Manuel Fuentes Muñiz [*]

Porque:

1.- Se aplica de manera retroactiva la ley en perjuicio de quienes laboran actualmente en educación básica y media

superior, contrariando el artículo 14 Constitucional (Art.1)

2.- Afecta a todos los trabajadores magisteriales a nivel federal, estatal, del Distrito Federal, municipal y de organismos

descentralizados (Art. 3)

3.- Se derogan todos los derechos adquiridos (Transitorio Segundo)

4.- Las autoridades educativas pueden anular derechos “sin necesidad de declaración judicial” (Arts. 32, 40, 44)

5.- Desconoce la calidad “de trabajadores” a quienes laboran en el magisterio al convertirlos en “sujetos

administrativos” violando el artículo 123 Constitucional.

6.- Cuatro temas: ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el empleo magisterial son ahora “condiciones

administrativas” y dejan de ser derechos laborales.

7.- Otorga facultades al Secretario de Educación Pública federal (SEP), léase presidente de la república, para estar por

encima de la soberanía de los estados de la república para autorizar a los gobernadores lineamientos en los cuatro

temas (Art. 8 I)

8.- Permite a la SEP imponer lineamientos generales en la prestación del Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela en la

Educación Básica (Art. 10 VII)

9.- Permite al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) imponer y autorizar, por encima de la

soberanía de los Estados, lineamientos a todo tipo de autoridades educativas y organismos descentralizados para

evaluación de los cuatro temas (Art. 7 IV, V, VI)

10.- Faculta a la SEP y al INEE, para efectos administrativos, interpretar unilateralmente la ley (Art. 67)

11.- Autoriza al INEE imponer los procesos de evaluación para los cuatro temas que corresponde calificar a las

autoridades educativas y a los organismos descentralizados (Art. 7 XIII)

12.- No considera la participación sindical en los procesos de observación de las evaluaciones (Art. 7 XV)

13.- En los cuatro temas se anula la intervención de cualquier tipo de sindicato o coalición magisterial.

14.- Los cuatro temas no son materia de Condiciones Generales de Trabajo.

15.- Sustituye el Trabajo Docente por el Servicio Profesional Docente.

16.- Enfrenta al docente como sujeto administrativo aislado a la estructura estatal.

17.- Sustituye los tribunales laborales por tribunales administrativos en casos de conflicto de los cuatro temas (Art. 84)

18.- Desaparecen los nombramientos de base para quienes ya lo tienen y para los de nuevo ingreso (Transitorio Octavo)

19.- Desaparecen los nombramientos de base para quienes ejerzan funciones de dirección “sin el nombramiento

respectivo” condicionado a evaluaciones unilaterales (Transitorio Décimo Cuarto)

20.- Crea la figura de contratos “por tiempo fijo” de naturaleza eventual, en sustitución de los nombramientos de base

(Arts. 23, 30 y Transitorio Octavo)

21.- Crea la figura de “nombramiento provisional” para cubrir una vacante temporal menor a seis meses (Art. 4 XVII)

22.- El “proceso de compactación” permite contratos “por horas” y con ello fraccionar el pago salarial a los maestros.

(Arts. 42 c), Transitorio Décimo Segundo)

23.- Desaparece el derecho de inamovilidad en el empleo.

24.- Instaura un procedimiento autoritario que permite la separación inmediata sin que haya la garantía de audiencia

prevista en la legislación laboral (Art. 70)

25.- Se establece como causal de separación sin responsabilidad de las autoridades la negativa a participar en los

procesos de evaluación sin considerar la antigüedad y nivel académico (Transitorio Octavo)

26.- Se establece como causal de separación sin responsabilidad gubernamental la negativa a participar en los

programas de regularización sin considerar la antigüedad y nivel académico (Transitorio Octavo)

27.- Se establece como causal de separación sin responsabilidad gubernamental obtener resultados insuficientes en el

primer o segundo proceso de evaluación y no se incorpore al proceso de regularización sin considerar la antigüedad y

nivel académico (Transitorio Noveno)

28.- Se establece como causal de separación sin responsabilidad gubernamental obtener resultados insuficientes en el

tercer proceso de evaluación con base en criterios unilaterales (Transitorio Noveno)

29.- Se cancela el derecho a la reinstalación en el empleo o de indemnización con pago de salarios caídos en caso de

separación injustificada (Transitorio Octavo y Noveno)

30.- Se establecen 8 causales adicionales de terminación de los efectos del nombramiento sin responsabilidad

gubernamental sin necesidad de que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (Arts. 69 y

74)

31.- Se permite la separación cuando el personal docente no asista por más de tres días consecutivos o discontinuos en

un periodo de 30 días naturales (Art. 76)

32.- La razón de la separación del puesto es unilateral y la autoridad que aplica la sanción es la misma que conoce de la

revisión, convirtiéndola en juez y parte (Art. 80)

Correo: mfuentesmz@yahoo.com.mx

Twitter: @Manuel_FuentesM

[*] Doctor en Derecho y abogado, miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, profesor de derecho en la UAM-A.

Magisterio y reforma educativa: las

plazas y la plaza LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO

La Jornada 3 septiembre 2013.

Si no se recuperan las plazas, no se recupera la plaza, advirtió el 10 de septiembre de 2012 Claudio X.

González, secretario de Educación sin cartera, al entonces presidente electo Enrique Peña Nieto. Su

recomendación sintetiza el objetivo central de la ley del servicio profesional (LSPD) recientemente

aprobada: quitarle a los maestros sus plazas.

La nueva norma pretende cambiar el modelo de control del magisterio nacional, de uno basado en

dirigentes sindicales corruptos estilo Esther Esther Gordillo a otro sustentado en la inseguridad y la

precariedad laboral y el fin de la bilateralidad. Donde antes había corporativismo gremial, ahora habrá una

combinación de fuerzas del mercado, desregulación laboral y autoritarismo de funcionarios educativos.

Esta modificación no busca prescindir de los liderazgos sindicales corruptos. Menos aún, permitir la

democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pretende que los líderes

gremiales tengan menos poder, sean más serviles a la autoridad y que los maestros le teman a ésta.

El nuevo modelo de control tiene como objetivo facilitar y permitir la discrecionalidad en la contratación

y el despido de los maestros; reducir al mínimo la estabilidad laboral y sus conquistas gremiales; limitar su

autonomía en el proceso de enseñanza; imponerle responsabilidades desmedidas; desalentar su organización

y resistencia; acabar con el normalismo, y abrirle paso a las escuelas chárter o de concertación (instituciones

escolares administradas por la iniciativa privada con dinero público).

La nueva legislación hace retroceder más de 50 años la rueda de los derechos laborales en el país. A

partir de ahora, según el transitorio segundo de la LSPD, los maestros deben olvidarse de sus conquistas

gremiales. Sin el menor respeto al artículo 14 constitucional, que señala que ninguna ley es retroactiva en

perjuicio de persona alguna, barre de un plumazo con los derechos adquiridos en más de cinco décadas de

luchas.

A esta operación de despojo de sus derechos se le ha disfrazado de acción en su defensa. Las relaciones

de trabajo del magisterio –se dice en el texto– se regirán por la legislación laboral aplicable, salvo en lo

dispuesto en esta ley. ¿Y qué dispone la ley?: derogar los derechos adquiridos que se le oponen.

Los problemas que la ley tiene son muchos. Por principio de cuentas, las autoridades educativas

encargadas de evaluar la calidad de los maestros carecen de la calidad para hacerlo. Esas autoridades no son

especialistas educativos ni pedagogos ni maestros. Son, en la mayoría de los casos, funcionarios ligados a la

burocracia federal que administra la Secretaría de Educación Pública y a los gobernadores en los estados.

Ellos no son evaluados; rinden cuentas a sus jefes. ¿Podrán garantizar que la educación mejore?

Evidentemente no.

La nueva ley pone sobre los hombros de los maestros de banquillo obligaciones desmedidas en la

enseñanza que no son, en realidad, competencia suya. Los define como el profesional responsable

del proceso de enseñanza aprendizaje, promotor, coordinador, facilitador, investigador y agente directo del

proceso educativo. Con ello, los hace responsables de las deficiencias educativas y los sujeta a ser

evaluados en áreas en las que no se desempeñan, con la amenaza de ser sancionados.

La nueva normatividad manipula tres conceptos centrales del derecho para precarizar las condiciones de

estabilidad en el empleo, una conquista legal que implica asegurar y proteger la permanencia y continuidad

del vínculo laboral. Estos conceptos son: permanencia en el servicio, inamovilidad y causales de despido.

Si en su acepción original permanencia quiere decir continuidad no interrumpida de las relaciones

laborales, la LSPD amplía el significado del término hasta desvirtuarlo, estableciendo que se trata, tan sólo,

del tiempo que el docente dura en su empleo.

Este engaño lingüístico implica la práctica desaparición de la inamovilidad laboral, es decir, que un

maestro va a poder ser despedido por razones distintas a las que la ley burocrática establece como causa

justificada. De manera tramposa, la nueva norma garantiza la permanencia definitiva en el servicio público

siempre y cuando el maestro se sujete a los procesos de evaluación y a programas de capacitación.

Reconoce un nombramiento definitivo pero permanentemente condicionado.

Adicionalmente, amplía los motivos para despedir a los maestros, y crea causas genéricas para

justificarlo, contrarias a las establecidas en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Establece un procedimiento autoritario que permite la separación del docente sin derecho a audiencia

previa.

El principio de bilateralidad, esto es, de la negociación conjunta de las condiciones de trabajo entre la

autoridad, los maestros y su organización gremial, se desvanece. Ahora es la autoridad la que, de manera

unilateral, fija las reglas del juego, sin que los maestros y su sindicato puedan defenderse.

A contracorriente de la tendencia mundial a la descentralización administrativa y de la federalización

educativa en nuestro país, la LSPD nos regresa al centralismo más retrógrado. La nueva legislación autoriza

al Ejecutivo a pasar por encima de la soberanía de los estados para imponer lineamientos en el terreno de la

enseñanza.

A pesar de que fue votada en nombre de la calidad de la educación, la nueva norma tendrá graves

repercusiones en ella. Inevitablemente la deteriorará. Para mejorar el sistema educativo se requiere, entre

otras medidas, de profesionalizar al magisterio. Y esto se logra dándole certidumbre, seguridad en el

empleo, no reduciendo su estabilidad laboral, facilitando el despido y evaluándolo punitivamente.

El gobierno de Enrique Peña Nieto y los empresarios tienen su ley. A cambio van a perder la

tranquilidad. Al aprobarla burlándose de los profesores abrieron una caja de Pandora. Es cierto, despojaron

a los maestros de sus plazas, pero no podrán ganar la plaza.

Twitter: @lhan55

Educación: la reforma fallida ADOLFO SÁNCHEZ REBOLLEDO

La Jornada, 5 septiembre 2013.

Por fin se aprobó la Ley General del Servicio Profesional Docente, la más controvertida entre las piezas del

rompecabezas que, sin precisión, se dio en llamar reforma educativa. Sobre el derecho de los ciudadanos a

conocer con la mayor exactitud posible el contenido de las leyes debatidas por los “representantes de la

nación, se impuso la propaganda mediática, la estridencia, la incapacidad de explicar los argumentos

propios respetando los ajenos. Los números finales, las prisas, la obstinación para no admitir enmiendas

ilustran, más bien, el fracaso del diálogo como fórmula para construir acuerdos satisfactorios que por su

naturaleza rebasan el marco gremial.

En lugar de poner en el centro de las preocupaciones la transformación del modelo educativo que está en

crisis (y que, en rigor, debía justificar el sentido de los cambios) se aceptaron las hipótesis implícitas en

algunos conocidos diagnósticos y se avanzó contra viento y marea sin alterar uno de los objetivos políticos

originales: desmantelar el peso específico del magisterio como actor colectivo, es decir, anular por

completo la participación del sindicalismo (corrupto o no) en el funcionamiento del sistema educativo

nacional.

Así, mediante la reforma a la educación se pretende modificar la relación corporativa entre el SNTE y el

Estado, pero se pone en tela de juicio la fuerza renovadora de la reforma al anular la presencia magisterial

democrática en todo el proceso. La definición de qué educación requiere el país aquí y ahora quedó en el

aire o cuando menos subsumida en la argumentación desplegada por los grupos de poder que impulsan el

reformismo oficial sin neutralidad posible. (Entre ellos algunos de los históricos adversarios de la escuela

pública, del libro de texto, del laicismo en el aula, reciclados tras la alianza entre el SNTE y los presidentes

panistas.)

La Presidencia, que se propuso recuperar la rectoría del Estado para afrontar la crisis de la educación, fue

incapaz de articular una propuesta integral para renovar con perspectiva histórica la idea de la educación

como derecho sustantivo, sumiendo a la sociedad en el vago discurso que opone retóricamente al maestro

real con la entelequia imaginada, economicista (e importada) como parte de la modernidad que tanto

complace a las élites. A pesar de los buenos augurios iniciales, al final se puede decir que la reforma falla

en aquello que se consideraba como su principal exigencia: sentar las bases para conseguir la mejoría

profesional de los maestros y avanzar así hacia la calidad de la educación.

La evaluación, corazón de la reforma, no aparece con transparencia como el instrumento más apropiado

para fortalecer las capacidades profesionales, pues gracias a los actos fallidos de los autores del texto

adquiere el tinte negativo de ser tan sólo un recurso en manos de la autoridad para mantener la disciplina

laboral, muy alejado del intento de romper con el peso muerto de la burocracia estatal, erigida en juez y

parte de las decisiones importantes.

Si bien es cierto que en el dictamen final se rectificaron algunos burdos excesos y se incorporaron temas

significativos, como el de las normales, en definitiva los problemas de fondo quedaron pendientes. Uno de

ellos, planteado durante la sesión del primero de septiembre, está contenido en el artículo 83, donde se

asienta que Las relaciones de trabajo del personal a que se refiere esta ley con las autoridades educativas y

organismos descentralizados se regirán por la legislación laboral aplicable, salvo por lo dispuesto en esta

ley.

Ante este contenido, el diputado Altamirano se preguntaba durante la sesión del primero de

septiembre ¿cuál es la lección que debemos aprender? Que si el gobierno considera indispensable crear un

régimen especial de ingreso, sanción y separación de los trabajadores del sector de la educación, escogió

mal el camino y el método. No hay ninguna excepción en la Constitución para que los trabajadores de la

educación tengan un régimen de relaciones laborales distinto al Apartado B del 123.

La misma línea de argumentación siguió la diputada María Luisa Alcalde al señalar en la tribuna que el

proyecto incurre en errores técnico-jurídicos fundamentales en la definición de conceptos como la

permanencia y definitividad que no corresponden a los establecidos ya en la Ley Federal de los

Trabajadores al Servicio del Estado, errores realizados con evidente dolo para incrementar la

discrecionalidad en el despido del personal docente aun por razones ajenas a la responsabilidad educativa.

Interpreta de manera equívoca elementos clave relacionados con la estabilidad laboral, suprime la garantía

de audiencia tanto a nivel del propio personal docente como del sindicato, contrario a las reglas que han

sido ya reconocidas por la Constitución, la ley burocrática y la jurisprudencia. Además, excluye la

participación sindical, lo cual deja en total estado de indefensión a los maestros y viola los principios de

libertad de asociación.

Sin duda, el horizonte se complica. El gobierno está dispuesto a hacer concesiones insignificantes para

impulsar su proyecto de reformas estructurales. Tiene la fuerza legal para ello, habida cuenta la mayoría

alcanzada en el Congreso gracias a la alianza vertebral con el PAN y otros partidos. Cuenta, lo hemos

padecido todos, con el ruido aturdidor de los medios y un coro feroz que pide mano dura. Mientras tanto, en

el campo de la izquierda persiste la división, la ausencia de una discusión constructiva orientada a la

convergencia de la mayoría ciudadana. Vienen debates decisivos, sin exageración. Las reformas energética

y hacendaria pueden inclinar el futuro en una dirección u otra. Lo menos que interesa, fuera de defender el

patrimonio y la equidad de los mexicanos, son las disputas partidistas.

¿Y la reforma educativa cuándo? MANUEL PÉREZ ROCHA

La Jornada, 5 septiembre 2013.

El contenido y la forma se corresponden perfectamente: las sesiones de las cámaras de Diputados y

Senadores fueron una farsa, el interés del gobierno por escuchar a los maestros fue otra farsa, y la

llamada reforma educativa es otra. En esas sesiones de las cámaras quedó claro que lo que nos gobierna no

es una democracia imperfecta, sino la falsificación cínica de cualquier idea de democracia. La

llamada reforma educativa no es sino una contrarreforma laboral que anula el derecho a la contratación

colectiva y persigue varios fines políticos: a) someter a los maestros disidentes que han combatido durante

30 años a la corrupta mafia priísta que controla al SNTE (también coludida con el PAN), b) asumir el

control del SNTE mediante la estructura de Gordillo sin Gordillo, c) lograr pronta legitimidad del gobierno

de Peña ante la plutocracia que manda en este país, ante los organismos internacionales que han exigido

estas contrarreformas (OCDE y Banco Mundial) y ante una opinión pública fanatizada por los medios.

Sin duda los legisladores no pueden ser expertos en todo, pero, si en verdad quisieran mejorar la

educación buscarían la asesoría de los propios maestros y de quienes sí han estudiado los problemas

educativos (investigadores, universidades, agrupaciones profesionales) y no cometerían las barbaridades

que estamos viendo. Por ejemplo, contamos con un activísimo Consejo Mexicano de Investigación

Educativa que agrupa a varios cientos de académicos de todo el país, especialistas en esta materia; hay

ahora un grupo de cinco expertos en educación, reconocidos como tales por el Senado de la República que

dirigen al INEE. ¿Por qué no se les consultó? ¿O se les consultó en lo oscurito? Pues en tal caso fue inútil,

en las reuniones de diálogo entre los representantes de la CNTE y los legisladores se exhibió claramente

que éstos (hubo dos o tres excepciones) no tenían idea de lo que se estaba hablando, ¡pero hablaban!

Cabe reiterar que la educación es uno de los asuntos más complejos en la vida de las personas y de las

sociedades. Pero en espacios tan importantes como la SEP y el Congreso de la Unión (y otros como la

televisión), la educación es vista como algo simple: consiste en que los maestros den clases y que los

estudiantes aprueben exámenes. Las clases son vistas como la esencia misma de la educación. Que los

estudiantes pierdan clases es considerado como la peor tragedia; si los resultados en matemáticas son

insatisfactorios, pues a aumentar el número de horas de clases de matemáticas; si en general los resultados

de la educación básica no satisfacen, pues a aumentar el número de horas de clases de lo que sea (las

escuelas de tiempo completo). Peña Nieto en su no informe hizo alarde de que la mayor parte de los

maestros están dando clases. Incluso, de acuerdo con las nuevas leyes, si los docentes no aprueban las

evaluaciones, pues hay que darles cursos, clases.

La concepción simplista del maestro como impartidor de clases evidencia la total ignorancia acerca de la

complejidad de los retos actuales de la educación. La prevalencia de este obsoleto método, la clase,

consistente, en general, en la transmisión oral de información de un profesor a un grupo de estudiantes

(también llamado la clase) es uno de los factores intraescolares determinantes de los resultados

insatisfactorios del sistema educativo formal. Este es, junto con planes, programas y otros, un elemento

central del modelo educativo del que sin saber hablan los legisladores, que la reforma educativa no toca, y

cuya revisión se dejó para después (¡!).

Cambiar ese modelo implica atender varios aspectos. Por ejemplo, el trabajo de los maestros, y el de los

estudiantes, y sus resultados, dependen en gran medida de las herramientas disponibles. Un locutor de

televisión exigía a los maestros que dejen las calles y retomen el gis y el pizarrón, sin darse cuenta de lo que

decía, de lo deplorable que resulta que ésas sean las únicas herramientas para la mayor parte de los maestros

mexicanos. Cerca de la mitad de las escuelas del país no cuentan con biblioteca, más de 90 por ciento no

tienen laboratorios, la Enciclomedia fue un costosísimo fracaso, hay una gran cantidad

de telesecundarias ¡que no tienen televisión!

En su no informe, Peña Nieto anunció la compra de otras ¡240 mil computadoras! para estudiantes de

primaria. Medida disparatada sin otro fin que el relumbrón y el negocio.

Las computadoras e Internet son herramientas útiles para quienes tienen ya un mínimo de intereses

intelectuales y culturales, y un mínimo de herramientas conceptuales que se adquieren mediante un trabajo

en el que los libros, la escritura, la discusión y el diálogo son esenciales. De otra forma las computadoras e

Internet se convierten en un entretenimiento que distrae a los estudiantes y los aleja del desarrollo

intelectual. Antes que nada debe dotarse de libros suficientes a todas las escuelas y reorganizar el sistema

educativo para que se usen.

Los fanáticos de la tecnología deberían dar por lo menos una revisada al otro extremo, por ejemplo el

conocido Colegio Waldorf de la Península de Sillicon Valley, California. En un reportaje titulado Los gurús

del Sillicon Valley eligen para sus hijos la enseñanza escolar sin computadoras se señala que las principales

herramientas de enseñanza del colegio son todo menos alta tecnología: lápices y papel, agujas de coser y,

ocasionalmente, barro. Ni un ordenador a la vista. Absolutamente ninguna pantalla.

No se propone que nuestros gobernantes copien ese modelo. Precisamente, la copia dócil de las políticas

educativas del gobierno estadunidense es lo que origina la nefasta reforma educativa actual. Es necesario

que las reformas, urgentes, de nuestro modelo educativo (que se menciona en un transitorio de la nueva ley

para atender tardíamente una exigencia de la CNTE), y que deberían anteceder a las medidas de carácter

administrativo y laboral ya impuestas, se sustenten en la experiencia de nuestros maestros, y en la

investigación y los conocimientos generados en nuestras instituciones académicas.

Al concluir este artículo leo la declaración del secretario Chuayffet de que en 12 años van a renovar al 60

por ciento de la planta docente. Esto implica despedir 75 mil maestros al año y contratar otros tantos. ¿Qué

es esta declaración? ¿Una provocación perversa?

Mensaje presidencial.- Fisgón

Despojo laboral docente MANUEL FUENTES MUÑIZ*

La Jornada, 6 septiembre 2013.

La apresurada aprobación de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) en medio de vallas

y cercos policiacos pretende consumar una de las mayores atrocidades en contra de los trabajadores de

nuestro país: convertir los derechos laborales magisteriales en un despojo.

Borrar en esa ley conceptos como: trabajador, sindicato, condiciones generales de trabajo, estabilidad en

el empleo, bilateralidad y dignidad es la muestra de que en este gobierno se aborrecen los derechos

laborales. La sola mención en esa legislación de los tribunales y las leyes del trabajo no basta; es sólo un

engaño para justificar la anulación de los derechos sociales para en su lugar imponer el autoritarismo.

En temas como el ingreso, promoción y reconocimiento en el servicio, los docentes ya no tendrán

injerencia alguna; serán simples sujetos administrativos, algo así como objetos inertes sin derecho a

opinar: calla, obedece y acata será la norma a seguir.

La estabilidad en el empleo ha sido anulada. En la nueva ley cuando la autoridad decida el cese éste se

aplicará de inmediato; ya no habrá juicio previo ni resolución de las autoridades laborales para autorizar la

separación. Primero se mandará a la calle al docente y luego se investigará por el tribunal laboral si el

despido fue correcto. La autoridad patrón dirá:

–Te corro y luego investigamos.

Ya no existirán las actas administrativas con presencia sindical donde la autoridad en su carácter de

patrón esté obligada a demostrar cara a cara, con testigos y documentos a la vista, la causal del cese.

En su lugar existirá un procedimiento sumario y privado. En un escrito se le notificarán al afectado las

presuntas irregularidades cometidas para que las responda en no más de 10 días y en un plazo igual la

autoridad dé a conocer su resolución definitiva. Si a criterio de ésta procede la separación, el docente al

instante de la notificación estará impedido de ingresar al centro de trabajo.

El profesor afectado deberá someterse sin remedio, ya en la calle, a la insufrible burocracia de los

tribunales laborales durante siete y hasta diez años.

¿De qué servirá a los maestros acudir a los tribunales laborales si antes les fueron cancelados sus

derechos básicos de estabilidad en el empleo? Esas instancias de la llamada justicia laboral están

carcomidas intencionalmente al no suministrarles el Estado ni recursos económicos, ni personal suficiente.

En estos tiempos y con este tipo de legislaciones se pretenden desaparecer los derechos laborales por

decreto simple. Que los libros y estudios de derecho laboral sean cosa del pasado. Que en las universidades

ya no se enseñe derecho del trabajo, como en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde se pretende

desaparecer la especialidad laboral porque no es de utilidad.

En la LGSPD impera la razón de un solo hombre. El secretario de educación pública federal podrá a

través de lineamientos imponer criterios hasta a los gobiernos de los estados. Podrá autorizar parámetros e

indicadores en el ingreso, promoción, reconocimiento y hasta para la permanencia en el empleo (artículo 7

VII).

Es un engaño de los legisladores mencionar que en la iniciativa se rescató el nombramiento definitivo

cuando la permanencia en el empleo de los docentes será menos definitiva que nunca.

La separación de los profesores será discrecional en todo momento. La autoridad determinará las causas,

los procedimientos, validará las pruebas acusatorias en contra de un docente y hasta podrá interpretar

unilateralmente la LGSPD para estar por encima de cualquier instancia.

Será un jurado de una persona: el mismo patrón acusará y condenará. Ella misma se dirá a sí misma: –yo

tengo la razón y yo soy la justicia.

En las 12 causales de separación, previstas en la nueva ley, se otorgan facultades ilimitadas a la

autoridad para dar por terminados los efectos del nombramiento siempre sin su responsabilidad. Que haga

lo que le plazca, que no tenga contrapesos porque los derechos laborales le estorban.

Debe saberse que los derechos laborales no son concesión de ninguna autoridad; son derechos históricos

reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Por más que los conspicuos legisladores

traten de borrar esos derechos no podrán desaparecer.

El derecho laboral como un derecho social fue creado para lograr salarios decorosos, empleos estables,

condiciones de trabajo dignas con respeto a la vida e integridad física y moral. Cuando se llevan acciones

legislativas y de gobierno para derogar derechos humanos de cualquier manera es la prueba que vivimos en

el autoritarismo.

* Doctor en derecho, miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos

Twitter: @Manuel_FuentesM

Palacio Legislativo, HELGUERA