30000 RAZONES Nº3

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SUMARIO01EDITORIAL.

JUICIOS A LOS GENOCIDAS.

DESTACAMENTOS.

BIENVENIDA KARINA.

PRESOS POLÍTICOS COMBATIENTES INTERNACIONALISTAS EN BRASIL.

JUICIO “CIRCUITO CAMPS”.

LEY ANTITERRORISTA… ¿QUÉ NOS VIENEN A HABLAR DE DERECHOS HUMANOS?

RESUMEN PROYECTO DE LEY CONTRA LA CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA SOCIAL.

INICIATIVAS “ANTI” TERRORISTAS DE LOS PODEROSOS.

PROYECTO X.

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Contrastamos el proyecto del Museo del Horror en el CCD Arana con el Espacio para la Memoria Luciano Arruga.

Actualizamos los datos a marzo del 2012.

Una crónica del proceso desde el caso Mariani Teruggi.

La lucha por su libertad, las salidas transitorias y la condicional. Carta de los abogados

Analizamos el endurecimiento de esta norma en Argentina y comentamos la experiencia represiva en Chile y Mexico.

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A los muertos impunes. Nestor Soria

Opinión Myriam Bregman, abogada, integrante del CeProDH y el PTS.

Que ningún puño se rinda, que ninguna voz se calle, que la Resistencia continúe.

Luchas en Chile, Argentina y Mexico contra las leyes del imperialismo Yanqui.

Nº de Expediente 1753-D-2010. Trámite Parlamentario 028 (07/04/2010)4543

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30000 RAZONES Nº1 (MARZO 2011) 30000 RAZONES Nº2 (AGOSTO 2011)

A LOS MUERTOS IMPUNES...EDITORIAL

ULTIMO MUERTO IMPUNE, imputado en el juicio “Circuito Camps” que desde SEPTIEMBRE pasado se desarrolla en nuestra ciudad.

Represor de la policía Bonaerense. Jefe del los Centros Clandestinos de Detención (CCD) “Brigada de Investigaciones de La Plata” (’76 y ’77) y de Lanús (“El Infierno” en el ’77 y ’78). Procesado como autor directo de secuestros, torturas y homicidios calificados de 97 compañeros detenidos-desaparecidos. Beneficiado por la Sala III de la cámara de Casación Penal con arresto domiciliario.

RUBEN OSCAR PAEZ

Hecho piltrafa y extraviado el rumboha muerto en soledad el genociday en mi provincia oigo cantar la vidaaún la que sesgó su tiro inmundo. Pudo sortear la cárcel de los hombresmas no los cepos de la hedionda tumbaallá donde el delirio se derrumbay perece el poder y sus horrores. Pido a la tierra que se vuelva yermay expanda sobre el túmulo un inviernoque no fecunde sus gérmenes el cienoporque le niegue el sol su luz eterna. El genocida va llevando sucia glorialo han de juzgar ahora nuestrosmuertos que habitan el altar de la memoria.

Nestor Soria

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MAS CONDENAS A CUENTAGOTAS.JUICIO A LOS GENOCIDAS.Presentamos a continuación un informe sobre los procesos contra los genocidas de la última dictadura llevados adelante desde la anulación de las leyes de impunidad en 2003 hasta marzo de 2012. Destacamos sólo los procesos que han pasado por la etapa de juicio oral y tienen condena de un tribunal federal del país, porque dan una idea más acabada del número de condenas a que se ha llegado en estos años.

Los datos son de elaboración propia de HIJOS La Plata en base a información pública tanto de las investigaciones de los organismos de DDHH, como del Ministerio Público Fiscal (www.mpf.gov.ar) y del Poder Judicial (www.cij.gov.ar). Cabe destacar que si bien los organismos del Estado realizan seguimientos o informes coyunturales sobre los juicios, su ponderación de las cuantificaciones siempre están marcadas por la media de su respuesta como órgano público ante demandas populares, es decir, se muestra sólo lo que conviene a la rendición de cuentas de una actividad burocrática, relegando los problemas estructurales (políticos y operativos) que atraviesan al tema.Intentamos con estas líneas sumar a la discusión sobre el estado real del proceso de juzgamiento iniciado hace más de 8 años, sus contradicciones y avances, la profundidad de su razón de ser y la necesidad completarlo cuanto antes.Poder contar con estas cifras es importante para evaluar con argumentos sólidos el proceso de juzgamiento. Los datos nos confirman la significancia de la investigación independiente sobre estos temas, y nos inducen a pensar que lo sustancial no es sólo cuantificar qué hizo una gestión de gobierno en abstracto, sino comparar la dimensión real de participación de efectivos de las fuerzas armadas y de seguridad en el Terrorismo de Estado, que supera ampliamente los varios miles de ejecutores, con el último impulso de condena que se viene dando desde 2003.

La presidenta Cristina Fernández hizo hace poco un acto de abandono del optimismo que venía manifestando sobre el proceso de juzgamiento a los genocidas de la última dictadura. Lo hizo en una fecha clave: el de 10 diciembre de 2011, día internacional de los DDHH. En ocasión de su reasunción de mando ante el Congreso de la Nación dijo, casi librando el proceso a su propia suerte: “Y yo decía, tengo acá una frase del discurso que pronunciara con motivo de la asunción en el 2007 que, si me permiten, lo voy a leer textualmente, referido, precisamente, a los juicios de derechos humanos: ‘Yo espero que en estos cuatro años de mi mandato- me refería obviamente al mandato que se iniciaba el 10 de diciembre del 2007-, estos juicios que han demorado más de treinta años en ser iniciados, puedan ser terminados’. Si bien se registra un gran avance en los mismos, lo único que sueño y lo único que le pido a la Justicia de mi país, es que el próximo presidente que tenga que prestar juramento el 10 de diciembre

del 2015, no tenga que volver a pronunciar esta frase y hayamos dado vuelta definitivamente una página tan trágica de nuestra historia”. Lo que propone la presidenta es técnicamente impracticable. Sobre todo si pensamos que en 8 años de caídas las leyes de impunidad se juzgó al 15% de los represores procesados, que son una ínfima parte de los que participaron del genocidio, y que la cantidad de juicios por año es constante al igual que el promedio de imputados por juicio. ¿A través de qué solución voluntarista habríamos de pensar que en la mitad de tiempo se hará una tarea que, así planteadas las cosas, llevará varias décadas si es que los represores no deciden morirse antes?

En general, y siempre comparando lo que se ha hecho con la dimensión histórica real de participación de agentes militares, policiales y civiles en la represión, es necesario un mayor impulso de avance en los procesamientos, así como mayor acumulación de las causas hacia la lógica del CCD o el Circuito represivo, que se logra sólo con un mayor impulso político general del proceso juzgador, que este gobierno no está dispuesto a dar. Por ello, la voluntad manifiesta del oficialismo de “clausurar esta etapa histórica”, será una efectiva clausura, pero que dejará a miles de represores libres, a miles de familias sin respuesta por tantos años de lucha por Justicia y a una sociedad toda engañada sobre una política a medias de Juicio y Castigo.

En Marzo de 2012 se cumplieron 8 años de caídas las leyes de impunidad gracias a la lucha popular, tiempo en que el Estado argentino sólo efectivizó 63 juicios orales con sentencia en todo el país. En esos 63 juicios estuvieron procesados 298 imputados (algunos represores en varias causas), donde hubo 274 condenas, 23 absoluciones y dos muertos impunes mientras duraba el proceso, por un universo de 1337 víctimas. Esto quiere decir que sólo alrededor del 15 % del total de los 1.800 procesados desde 2003 fue condenado, y en la mitad de los casos con codenas menores al máximo de la pena.

Para un balance rápido sobre la situación de impunidad es interesante comparar los datos de condenas con los de represores muertos antes que la justicia llegue a condenarlos, porque da una pauta de la falta de celeridad del proceso. La balanza sigue inclinando hacia la impunidad, ya que son 287 genocidas muertos impunes contra 274 condenados.

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Los últimos siete genocidas imputados en distintas causas que murieron impunes son represores tan sonados como Cristino Nicolaides, jefe del Ejército durante la cuarta junta militar y por responder en el juicio por el “Plan Sistemático de Apropiación de bebés”. O como Rubén Visuara, agente de la SIDE y primer jefe del centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, reincorporado al órgano de inteligencia del Estado por Hugo Anzorreguy y en actividad allí hasta el gobierno de De la Rúa. O como Pedro Alberto Duran Sáenz, jerarca del CCD “El Vesubio” fallecido a menos de un mes de concluir el primer juicio sobre ese lugar de detención. O como Julián Corres, represor que actuó en el CCD “La Escuelita” de Bahía Blanca y que esquivó durante años a la justicia como beneficiario de leyes de perdón, como procesado prófugo, como fugado, como apartado de la causa por cuestiones de salud y finalmente como muerto antes de recibir condena. El caso más reflejado en los medios de comunicación fue la muerte de Antonio Domingo Bussi, coordinador de la represión como interventor militar de Tucumán y en todo el noroeste como jerarca de la estructura del Comando del 3er Cuerpo del Ejército. Bussi fue condenado a perpetua sólo en la Causa Brandalisis en Córdoba en septiembre de 2009, fue apartado de varias causas por cuestiones de salud, cumplía condena domiciliaria en un country tucumano y murió impune con varios procesos pendientes. En diciembre pasado, el ex jefe de la policía santiagueña durante la dictadura, Juan José Ramírez, que estaba prófugo de la justicia, se suicidó al ser localizado por la policía Federal arrojándose a las vías de la Estación de San Isidro. Y en febrero de este año, murió uno de los peces gordos de la represión en Chubut, Carlos Alberto Barbot, jefe del área 536 e interventor de la Policía del Chubut en dictadura, que con 78 años estaba procesado en varias causas que esperan juicio oral y público cuando se decida el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia.

Entonces, comparado con los miles de represores implicados en el Terrorismo de Estado entre el ’76 y el ’83, e incluso, comparado con los cerca de 1.800 procesados, ese 15 % de condenados es menos auspicioso que lo pretendido desde los sectores oficiales como una “política de Estado” basada en “Memoria, Verdad y Justicia”.

En cuanto a las zonas represivas de la dictadura y a las fuerzas que participaron del Terrorismo de Estado, si subdividimos el total de juicios y condenas efectivizados por zona y por fuerza represivas, la perspectiva es mucho más desalentadora. Y obtenemos que respecto a las 3 zonas represivas más importantes, en lo que corresponde al Ejército y las policías provinciales se han hecho:- 23 juicios en jurisdicción del Comando del Primer Cuerpo con 94 condenas.- 15 juicios en jurisdicción del Comando del Segundo Cuerpo con 50 condenas.- 17 juicios en jurisdicción del Comando del Tercer Cuerpo del Ejército con 80 condenas.Es lógico que las cifras sean mayores en esas jurisdicciones porque concentraron mayor número de centros clandestinos y de efectivos por ser las zonas más pobladas y de mayor actividad organizativa militante. Pero si revisamos otras jurisdicciones como la del Comando del Cuarto Cuerpo de Ejército, que incluyó 8 partidos del norte bonaerense vemos que el juzgamiento fue de solo un proceso: el que en Abril de 2011 condenó a Luís Patti, Reynaldo Bignone, Santiago Omar Riveros y dos genocidas más, por 5 casos en hechos represivos cometidos en el partido de Escobar y zona de influencia.Y en el caso del Comando del Quinto Cuerpo, que abarcaba a toda la Patagonia, sólo se realizaron 2 juicios que condenaron a 14 policías y militares que actuaron en los CCD “La Escuelita” de Neuquén, las comisarías de Sierra Grande y Viedma y la Escuela de Cadetes de Viedma.En cuanto al resto de las fuerzas represivas, sólo se logró condenar a 21 integrantes de las

Antonio Domingo Bussi. Pasado y Presente.

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patotas de la Armada y un civil, Juan Herzberg en la Causa Alonso de La Plata, por el caso de apropiación de Natalia Suarez Nelson-Corvalán, a Justo Ortiz y Roberto Pertusio en la causa de Base Naval de Mar del Plata y a 17 de los 18 represores imputados en Causa ESMA. Además sólo 4 fueron los integrantes de la Fuerza Aérea condenados a la fecha (Pedro Barda, Cesar Comes, Hipólito Mariani y Gregorio Molina) en las causas Mansión Seré y Área Mar del Plata. Y hubo sólo 1 integrante de Gendarmería condenado, Víctor Enrique Rei, en el caso de la apropiación de Alejandro Adrián Fontana-Sandoval.

Si revisamos las características de los juicios en cuanto al número de imputados que incluyeron veremos que de los 63 procesos realizados, más de la cuarta parte tuvieron un solo imputado en el banquillo, más de la mitad tuvieron entre 1 y 5 imputados, y las tres cuartas partes de ellos entre 1 y 10 imputados. Ese patrón responde a la lógica de juzgamiento sólo de las responsabilidades de los altos jefes del mando militar o policial que funcionaron como responsables en la estructura orgánica de las zonas represivas, pero no contempla a la totalidad de los represores que actuaron en cada CCD ni mucho menos a la totalidad de víctimas que por ellos pasaron.

Si analizamos la característica de las penas, surge que sólo el 45 % de los represores fueron condenados al máximo de la pena (prisión o reclusión perpetua). En efecto, el 17 % de los condenados recibió 25 años de prisión, y el restante 38 % menos de 25 años.

Además hubo 23 polémicas absoluciones, de las que destacamos el caso del genocida Alejandro Duret en la causa por el secuestro y desaparición de Carlos Labolita, absuelto por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata; el del represor Miguel Angel Trimarchi, perdonado en el juicio por la Masacre de Fátima por el Tribunal Oral Federal Nº 5 de Capital Federal; el caso del torturador de la Policía Federal Juan Carlos Falcón, eximido en el juicio parcial del Circuito Club Atlético-El Banco-El Olimpo por el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Capital Federal; el reguero de perdones que despachó el TOF Nº 1 de Córdoba sobre 7 imputados de un total de 31, en el proceso por los hechos de la Unidad Penal Nº 1 de esa provincia y el escandaloso perdón en los 13 casos en que se acusaba al torturador Juan Carlos Rolón en el juicio parcial por hechos ocurridos en la ESMA. De hecho, entre los 17 juicios realizados en 2011, hubo absoluciones de 7 genocidas en 6 de ellos. Estos casos alertan sobre la necesidad de completar las investigaciones incriminatorias preliminares sobre cada imputado para arribar a la etapa oral sin dar posibilidad a las “dudas” absolutorias.

Hay que destacar un estancamiento en la cantidad de procesos que se realizan cada año, si se pondera que en 2010 se realizaron 19 juicios con cerca de 150 condenas y en 2011 fueron 21 juicios en todo el año con sólo 85 condenas

(la mitad de ellas a perpetua) y 7 absoluciones, por un total de 448 casos de víctimas del Terrorismo de Estado. Es grave el estancamiento de la tendencia, a corroborar este año, si se tiene en cuenta que la cantidad de procesos venía creciendo paulatinamente desde los 2 juicios de 2006, los 2 de 2007, los 5 de 2008 y 13 de 2009. Y que según datos del poder judicial, hasta junio de 2012 son 12 los juicios orales que tienen fecha de inicio confirmada y que se realizarán en Mar del Plata, Capital, Comodoro Rivadavia, Rosario, Neuquén, Entre Ríos, Tucumán, La Rioja, Salta y Santa Fe. Sumados a los 7 que se están realizando desde 2011 sumarían sólo 19.

Más pesimista es el balance sobre 2011 al corroborar que, salvo en la Causa ESMA, en la mayoría de los procesos de este año se juzgó a menos de 10 represores por causa, siendo que se tuvieron en cuenta hechos y centros represivos tan importantes como los CCD “Orletti”, “Vesubio”, la “causa Urondo”, la masacre de “Margarita Belén” y la segunda versión de la causa “Las Palomitas”. Además hubo sólo 4 procesos por supresión de identidad y apropiación de hijos de desaparecidos, en los casos Cabandié y Evelin Karina Bauer Pegoraro en Capital Federal, Martínez Aranda-Goya en San Juan y por los mellizos Negro-Valenzuela en Paraná. Y más allá de que se está realizando el juicio por el “Plan Sistemático” de apropiación de hijos de desaparecidos, que sólo contempla 34 casos (27 de ellos nacidos en cautiverio), estos datos marcan la urgencia de un replanteo sobre la política de restitución de los más de 400 niños apropiados a los que falta devolverles su verdadera identidad, más aún cuando el proceso no está acompañado del castigo penal a todos los apropiadores.

Para La Plata el año 2011 no sumó grandes cambios, ya que si bien comenzó un proceso largo con 26 represores imputados por unas 300 víctimas, en 2011 sólo se pudo condenar al guardiacárcel de la Unidad Penitenciaria N° 9, Pedro César Guerrero, juzgado en una causa residual de la de “Unidad 9” de la que quedó afuera gracias a haberse profugado en la etapa de instrucción, y donde fue condenado a sólo 9 años de prisión por 7 de los 15 casos de torturas a presos políticos de los que se lo acusaba. Suman 20 los genocidas condenados en La Plata desde la reapertura de las causas, una cifra poco representativa para una zona represiva que contó con al menos 12 CCD y miles de víctimas de la represión coordinada tanto por la policía Bonaerense como por Ejército, la Armada y agentes civiles de Inteligencia o de grupos paraestatales como el CNU.Por último, hay en la Jurisdicción federal de La Plata unas 20 causas en instrucción con 94 procesamientos sobre 62 represores a ser juzgados en próximos juicios.

Casi la única novedad a mencionar respecto a los reclamos de los organismos de DD.HH sobre mayor celeridad en los procesamientos, así

como mayor acumulación de las causas hacia la lógica de CCD o de Circuito represivo y contra la revictimización que el esquema fragmentado de juicios está planteando, se refleja en una tardía y tibia propuesta de la Cámara de Casación Penal, que prometió convocar a un plenario especial en febrero de 2012 para “fijar reglas prácticas” para agilizar los juicios. En realidad esa es una facultad que este tribunal (encargado de revisar los procesos llegados a sentencia como instancia anterior a la Corte Suprema) siempre tuvo, pero nunca usó y que lo transformó en un verdadero obstáculo que acumulaba más de 100 recursos por año en expedientes de lesa humanidad y con ello estiraba el proceso de condenas. Según un informe reciente de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las causas de Derechos Humanos de la Procuración General, en 2011 Casación revisó sólo 6 sentencias, y de los represores condenados, sólo 43 tienen condena firme.

En cuanto a su propuesta para agilizar los juicios y preservar a los testigos, en la resolución N°20/2011, titulada “sobre testigos víctimas”, el tribunal propone genéricamente “arbitrar los medios necesarios para disminuir y/o evitar cualquier agravamiento en la condición psicológica de las víctimas”. Además de evitar volver sobre lo que ya se juzgó y se probó, buscarían generar un sistema para que no se reiteren los testigos, el proceso de producción y estudio de las pruebas. El razonamiento es que la superposición conlleva un desgaste para los testigos y víctimas, a lo que se suma que se alargan los tiempos y crecen las chances de que los imputados mueran (por cuestiones de edad) antes de recibir sentencia. Habría audiencias previas entre las partes para acordar la incorporación de videofilmaciones y evidencias puntales. Pero en los 25 puntos de la resolución, sólo se sugiere a las Cámaras Federales cuestiones formales sobre la contención y el acompañamiento a los testigos, que si bien son importantes, no alcanzan para romper la estructura de impunidad que la instrucción infinita y fragmentada de las causas

termina imponiendo como realidad que a más de 8 años de caídas las leyes de impunidad, siga habiendo más genocidas muertos impunes que efectivamente condenados.

A 36 años del golpe genocida seguimos luchando por:- CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS. JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS.- JUICIOS POR CENTRO CLANDESTINO DE DETENCION O CIRCUITO REPRESIVO.- RESTITUCIÓN DE NUESTROS HERMANOS APROPIADOS.- JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DEL SECUESTRO Y DESAPARICIÓN DE JORGE JULIO LÓPEZ Y DE LUCIANO ARRUGA. - BASTA DE AMENAZAS A LOS TESTIGOS EN LOS JUICIOS. JUSTICIA POR SILVIA SUPPO.- BASTA DE GATILLO FÁCIL. FUERA LA POLICÍA DE NUESTROS BARRIOS.- BASTA DE REPRESION Y PERSECUSIÓN A LOS QUE LUCHAN. LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS. AMNISTÍA O DESPROCESAMIENTO A LOS LUCHADORES POPULARES.

30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOSPRESENTES!AHORA Y SIEMPRE!

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CAUSA MANDO - CCD IMPUTADOS

Mar del PlataCausa Rezett

1º Cuerpo del EjércitoGADA 601

Fortunato Valentín Rezett (coronel retirado)

OrlettiPlan Cóndor

1º Cuerpo del EjércitoCCD Automotores Orletti

(4) Eduardo Cabanillas (ex coronel); Honorio Martínez Ruiz (ex agente de la SIDE), Eduardo Ruffo (ex agente civil de la SIDE), Raúl Guglielminetti (ex agente civil de IE).

Romero Nikilson 3º Cuerpo del EjércitoCCD Policía de Tucumán

(2) LUCIANO BENJAMIN MENÉNDEZ (Jefe Com 3er Cuerpo) y ROBERTO HERIBERTO ALBORNOZ (Jefe del área de Confidenciales de la Policía de Tucumán)

Patti Zona IV - Comando delInstitutos Militares de Campo de MayoComisaría de Escobar

(5) Luis Patti (Comisario - Comando Radioeléctrico Escobar), Reynaldo Bignone(Jefe Campo de Mayo) , Santiago Omar Riveros (comandante Zona IV), Martín Rodríguez (Div. Int. Campo de Mayo), Juan Fernando Meneghini(ex comisario Escobar)

Resistencia “Margarita Belén”

2º CuerpoCCD Brigada de Investigaciones de Policía Chaco

(9) Gustavo Athos Renes, Horacio Losito, Aldo Martínez Segón, Jorge Daniel Carnero Sabol, Ricardo Guillermo Reyes, Germán Emilio Riquelme, Ernesto Jorge Simoni, Luis Alberto Patetta y Alfredo Luis Chas.

Vesubio 1º Cuerpo del EjércitoZona I - CCD Vesubio

(8) Pedro Alberto Durán Sáenz (Jefe del CCD), Héctor Humberto Gamen (Jefe Zona I), Hugo Idelbrando Pascarelli (Subjefe Zona I), Ramón Antonio Erlán (SPF), José Néstor Maidana (SPF), Roberto Carlos Zeolitti (SPF), Diego Salvador Chemes (SPF) y Ricardo Néstor Martínez (SPF). Murió antes de la sentencia Pedro A. Durán Sáenz

Rio Negro 5º Cpo. del Ejército Río Negro-CCD Cría. Sierra Grande, Cría Viedma y Escuela de Cadetes Viedma

(7) Sixto Navarrete, Elfio Navarrete, Rubén Codina, Víctor Lobos, Raúl Pedernera, Rubén Cas-telli, Alberto Marasco.

CORRIENTES- Panetta

2º Cuerpo del EjércitoCCD del ex Club Hípico de la ciudad de Goya.

(6)luis leonidas lemos (ejército-ex efectivo de la prefectura naval ), juan ramón alcoverro (ejército), alberto tadeo silveyra escamendi (ejército), juan antonio obregón (ejército), leopoldo norberto cao (ejército), romualdo del rosario baigorria (policía),

Mendoza Comando del 3º Cuerpo del Ejército Mendoza

(6)Eduardo SMAHA BORZUK (oficial inspector), Juan Agustín OYARZABAL (comisario inspector), Luis Alberto RODRÍGUEZ VÁZQUEZ (subcomisario), Paulino Enrique FURIÓ (teniente coronel), Celustiano LUCERO (sargento), Dardo MIGNO (teniente)

Causa Ragone-Salta

Comando del 3º Cuerpo del Ejército Salta

(7) Carlos Alberto Mulhall (jefe del Ejército en Salta); Miguel Gentil (jefe de la Policía de Salta); Joaquín Guil (jefe de Seguridad de la Policía provincial); Andrés del Valle Soraire, Javier Herrera y Pedro Herrera (policías), y Héctor Zanetto (civil).

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CAUSAS CON SENTENCIA EN TODO EL PAIS (AL 2011).

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CASOS CONDENA LUGAR fecha

1 caso (Analía Delfina Magliaro) Prisión Perpetua TOF 1-M. del Plata

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65 casos de privación ilegal de la libertad y 6 homicidios

Prisión perpetua a Cabanillas; 25 años a Martínez Ruiz y Ruffo; 20 años a Guglielminetti

TOF 1 Capital Federal

03/11

5 Casos (María Alejandra Niklison; Fernando Saavedra (a) “Pepo”; Juan Carlos Meneses; Atilio Brandsen y Eduardo Gonzalez Paz (a) “Tomás” o “Martín”)

Prisión perpetua a Menendez y Albornoz (x 5 casos). (Domiciliaria a ambos con disidencias entre los jueces)

TOF Tucumán

03/11

5 casos (Gastón Roberto José Gonçalves, Diego Muniz Barreto, Carlos Daniel Souto, Guillermo David y Luis Rodolfo D’Amico)

Prisión Perpetua a: Patti, Bignone, Riveros, Rodríguez. 6 años de prisión a: Meneghini

TOF 1 de San Martin

04/11

11 casos (en la masacre hubo 17 víctimas) Prisión Perpetua a Athos Renes, Losito, Riquelme, Carnero Sabol, Martínez Segón, Patetta, Reyes, Simoni (todos x 14 hechos). ABSUELTO Chas.

TOF Resisten-cia

05/11

157 casos Prisión Perpetua Gamen y Pascarelli; 22,5 años Maidana; 21,5 Chemes; 20,5 Martínez y Erlán; 18 Zeolliti. Murió antes de la sentencia Pedro Alberto Durán Sáenz


07/11

2 casos (dirigentes de la UOCRA) Condenas: 8 1/2 a Pedernera, 8 a Codina, 7 y 10 meses a Lobos, 7 1/2 Sixto Naverrete, 7 Elfio Navarrete, 5 y 2 meses a Castelli. Absuelto Marasco.

TOF Gral.Roca

07/11

25 casos (Privación de la Libertad Agra-vada.Abuso funcional, aplicaciones de severida-des, vejaciones, apremios ilegales y apli-cación de tormentos reiterados)

25 años de prisión a: leonidas lemos, alcoverro, silveyra escamendi, obregón, cao, baigorria

TOF Corrientes

08/11

24 casos Prisión Perpetua: OYARZABAL, SMAHA BORZUK, LUCERO, RODRÍGUEZ VÁZQUE. Doce años de prisión a: MIGNO. Absuelto: FURIÓ

TOF 1 Mendoza

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3 casos (Desaparición de Miguel Ragone ex gobernador, homicidio de Santiago Arredes, y lesiones a Margarita Martínez de Leal).

Perpetua: Mulhal, Gentil, Guil. 2 años (condicional): Javier y Pedro Herrera. Absuelto: A. del Valle Soraraire, Zanetto,

TOF Salta 10/11

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ESMA Armada (18) Jorge Eduardo Acosta, Alfredo Ignacio Astiz, Juan Antonio Azic, Carlos Capdevilla, Ricardo Miguel Cavallo, Julio César Coronel, Adolfo Donda, Juan Carlos Fotea, Manuel García Tallada, Pablo García Velazco, Alberto González, Oscar Montes, Antonio Pernías, Jorge Rádice, Juan Carlos Rolón, Raúl Scheller, Néstor Omar Savio y Ernesto Weber.

GUERRERO 1º Cuerpo del Ejército Circuito Camps

Pedro Cesar Guerrero (guardia SPB)

SALTA PALOMITAS 2

3º Cuerpo del Ejercito (3) Luciano Benjamín Menendez (jefe Com 3er Cuerpo), Joaquín Guil (Comisario Director de Seguridad Policía Salta), Juan Carlos Alzugaray (Jefe de Seguridad Externa Penal Villa Las Rosas)

ALBORNOZ 3º Cuerpo del Ejército Roberto Heiberto Albornoz (Jefe del área de Confidenciales de la Policía de Tucumán)

SANTA FE GONZALEZ

2º Cuerpo del Ejército José María Gonzalez (coronel - jefe del Area 212 - Interventor militar en la provincia)

LUNA 1º Cuerpo Ejército JUAN DEMETRIO LUNA (comisario Mayor)

Causa Falco APROPIACIÓN Luis Antonio Falco (oficial de inteligencia PFA)

Causa Vazquez APROPIACIÓN Policarpo Luis Vázquez (subofial Marina-encargado de inteligencia en la Base Naval marplatense)

CausaZACCARÍA(Hospital Militar Paraná - ENTRE RÍOS)

APROPIACIÓN (6) Guerrieri Pascual (2do jefe Dest Ici 121), Fariña Jorge (Jefe Operaciones Dest Icia 121), Amelong Juan (2do Jefe Dest Icia 121), Pagano Walter (agente civil Dest Icia 121), Zaccaría Juan (Jefe Terapia Intensiva Hospital Militar), González Marino (Jefe GT1 Dest Icia 121).

Causa Tejada APROPIACIÓN (2) Tejada Luis (agente Destacamento Inteligencia 144 Ejército) y su esposa Quinteros Raquel

Hospital Posadas 1º Cuerpo EjércitoHospital Posadas

(3) HIPÓLITO RAFAEL MARIANI (brigadier mayor de Fuerza Aérea), LUIS MUIÑA (civil), REYNALDO BENITO ANTONIO BIGNONE (Gral. Ejercito)

CAUSA MANDO - CCD IMPUTADOS

CAUSAS CON SENTENCIA EN TODO EL PAIS (AL 2011).

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86 casos Perpetua: Acosta, Astiz, Cavallo, Coronel, Donda, Gonzalez, Montes, Pernía, Rádice, Savio, Scheller y Weber. 25 años: Capdevilla, Fotea, García Tallada. 18 años: Azic (Todos en domiciliaria). Absueltos: Azic (1 caso), Coronel (1 caso), García Tallada (2 casos), Gacía Velasco (Caso Walsh), Montes (2 casos), Rolón (13 casos).


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15 casos 9 años (7 casos). Absuelto 8 casos TOF 1 La Plata

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11 CASOS (NO SUMAR)

Perpetua a Menendez y Guil. 20 años a Alzugaray

TOF Nº 1SALTA

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2 casos(Aguirre y Weiss)

Perpetua TOFTucumán

12/11

2 casos (Marini y Cavadini)

Perpetua TOFSanta Fe

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2 Casos (Fateche y Derganz)

8 años de Prisión TOF 1San Martin

12/11

Caso Juan Cabandié Alfonsín

18 años de prisión a Falco Juzgado Fed. Nº1 Capital F e d e r a l (Servini de Cubría)

05/11

Caso Evelin Karina Bauer Pegoraro

14 años de prisión a Vazquez Juzgado Nac. Nº12 (Sergio Torres)

09/11

2 casos (apropiación y supresión de identiad mellizos Negro Valenzuela)

14 años: Guerrieri (Domiciliaria). 13 años: Fariña, Amelong. 11 años: Pagano. 5 años: Zaccaría (Domiliciaria). Absuelto Gonzalez.

TOF Paraná 10/11

Caso Jorge Martínez Aranda-Goya

12 años a Tejada. 5 años Quintero (Contraofensiva)

TOF San Juan 11/11

38 casos 15 años de Prisión a: Bignone. 13 años de Prisión a: Muiña. 8 años de Prisión: Mariani.


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CAUSA ccd o carátula n°

IMPUTADOS situación nºvict.

fecha imputación

cacha 16.419 (18) acuña (spb), arias duval (ej), balmaceda (ej), branne (ej), cacmo (ej), di pasquale (ej), espinoza (ej), fernandez (ej), grande (ej), herrero (ej), hidalgo (ej), miranda, negri (p), palavezzati (ej), perea (ej), romero (ej), saint jean (ej), smart.

instrucción 10/10

pozo banfield 26 (6) campos (ej), etchecolatz, rodríguez, saint jean (ej), smart, wolk (jefe ccd).

instrucción 06/10

astilleros 35 (6) fernandez carro, schaller, meza, vañek, herzberg, rocca

instrucción. 09/11

bettini marcelo y bearze luis

29 (3) gargano, luján y smart instrucción. 2 07/11

bettini antonio 29 (1 ) etchecolatz instrucción. 1 11/06

cnu (dominguez, micelli, martinez, di noto)

9 (1) castillo (cnu), pomares (cnu).

instrucción. 4 06/11

iaccarino rodolfo 63 (2)ferranti (p), trevisán (p).


medina mario 79 (1) cozzani, etchecolatz, smart.


novillo corvalán rodolfo

58 (1) morazzo julio (p) instrucción. 1 11/10

tasca-giordano-barili angela

91.342 (2) manacorda nora (médica), molina silvia (civil).


etchecolatz miguel (violación)

30 (1)etchecolatz instrucción. 1 05/06

ferreyro miguel 15.274 (1)ferreyro elevada a juicio09/11

4 04/08

madrid domingo (apropiación)

89.903 (3)madrid (p), elichart maría(civil), kirilosky silvia (civil)

elevada a juicio 04/11

1 12/09

Brigada de San Justo

83 (33) instrucción - 03/11

GENOCIDAS PROCESADOS EN LA PLATA (A MAR/12).

TOTALES 15 causas en instrucción.80 procesamientos sobre 54 represores.

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EL CCD DE ARANA.Durante la primera mitad del siglo XX la localidad de Arana se erigió como un verde labrantío ubicado a 12 kilómetros de La Plata, con centenares de hectáreas de campos sembrados, grandes tambos y alguna fábrica de lino y aceites, a donde el tren llegaba desde la capital provincial 4 veces por día con pasajeros y materias primas para abastecer a las quintas. Pero ese esquema de país fue desarmado a la par que se levantaba el tendido ferroviario, se apagaban las luces de las fábricas y se aislaba a la zona de los centros urbanos y productivos. En el letargo de esa noche se ampararon las bandas genocidas para establecer, según investigaciones de la Cámara Federal platense, al menos cuatro lugares de detención clandestinos en la zona: el Destacamento de Arana, conocido también como “El Campito”; el denominado “Campo de Arana” o “ La Casona ”, que se encontraba en donde hoy está el Regimiento n° 7 de Infantería- asentado en lo que en su tiempo fue la estancia llamada “ La Armonía ”; otro centro clandestino cercano al Aeropuerto de Arana, denominado “Cuatrerismo” (calle 610 y 16, a unos 500 metros de la calle 7, a poca distancia del aeropuerto local, en un descampado ubicado sobre la misma mano del aeropuerto), y el centro clandestino de detención conocido como el “Pozo de Arana”, donde hoy están los terrenos del Vivero “Ferrari Hermanos”, por detrás del Destacamento.

Los destacamentos policiales fueron pensados como puestos de control en zonas rurales para sostener la presencia policial en lugares inhóspitos o con pocos pobladores y combatir el delito de robo de ganado.

A fines de 2011 el gobierno de la provincia decidió transformar en espacios de memoria dos dependencias policiales marcadas por la práctica de la desaparición forzada de personas: el Destacamento de Arana, uno de los más importantes Centros Clandestinos de Detención de La Plata, y el Destacamento de Lomas del Mirador, donde fue desaparecido el joven Luciano Arruga. En esta nota reconstruimos la historia de esos lugares de horror, trazamos un paralelo entre la represión de ayer y de hoy y aportamos al debate sobre el impacto que tienen las políticas de “sitios de memoria” en un marco de impunidad y las distintas formas de construir la lucha por justicia.

DESTACAMENTOS.

Mapa con los 12 CCD de La Plata. Arana (640 y 131) y sus dependencias en recuadro.

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El Centro Clandestino de Detención que funcionó en el Destacamento de Arana estaba ubicado en la calle 640 y 131 del partido de La Plata. En el organigrama policial dependía de la Brigada de Investigaciones y allí funcionaba la Sección de Cuatrerismo. La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata , realizó una descripción exhaustiva de la estructura edilicia del Destacamento, que afirma que: “sobre la calle 640 se halla la puerta principal del Destacamento de Arana. A la izquierda de la puerta, se halla un portón que, según relatos de ex detenidos, era usado para el ingreso de estos, accediéndose a un garaje. El garaje posee una entrada al Destacamento, donde se pasa a un pasillo paralelo a la calle 640. Apenas se ingresa en ese pasillo, hacia la derecha se encuentra una puerta en la que se ingresa al cuarto donde funcionaba el lugar de torturas; a su vez, de manera contigua a esta sala, siempre del lado derecho, se halla otra habitación que era utilizada para los interrogatorios. Volviendo al principio del pasillo, del lado izquierdo, enfrente de las salas antes descriptas, había un baño con una bañera, lavatorio e inodoro y a continuación se encuentra una habitación en la que al momento de los hechos había dos duchas, y que en la actualidad es utilizado como depósito. Ahora bien, siguiendo de manera recta por ese pasillo, pasando la sala de interrogatorio a la derecha y el baño a la izquierda, se abría un hall de 2 x 2 m y, luego, continuando en línea recta, se encontraban a la izquierda dos celdas chicas (de 1 x 2 m aprox.) que tenían una ventanita sobre la pared del fondo y un camastro de cemento sobre la pared izquierda; a fines del año 1977, detrás de estas celdas se construyeron tres celdas más, construcción que obligó a cerrar las ventanas originales. Luego, venía una letrina y, detrás de ésta, una celda un poco más grande que las otras. En frente a las celdas chicas, letrina y celda grande había una habitación, y, un poco más al fondo, estaba la cocina. Retrocedamos al centro del pasillo antes descrito, entre el baño y la primera celda pequeña. Aquí, se abre un hall que conduce a un pasillo que desemboca a la parte trasera de la construcción donde existe una puerta. Son coincidentes los testimonios analizados en que la mayoría de los detenidos desaparecidos ingresaban por esta puerta”.

A su vez, quienes permanecieron en cautiverio en el Destacamento de Arana identificaron el lugar por los ruidos que allí podían escuchar, como el paso del tren, el sonido de los álamos, de los aviones, del ómnibus que pasa por el lugar y tránsito de automotores por una ruta.El Destacamento de Arana dependía de la Brigada de Investigaciones de La Plata. Hasta el año 1970 y, nuevamente, a partir del año 1980 el Destacamento de Arana perteneció a la Comisaría 5º pero, durante los diez años intermedios estuvo bajo la órbita de la Brigada de Investigaciones de La Plata. Así lo prueba un Informe del Departamento de Organización y Doctrina de la Policía de la Provincia de Buenos

Aires, firmado por el Inspector Carlos Guado, con fecha 27 de julio de 2006. Además, existe una Resolución nº 41.148 consta que el inmueble en el que iba a ser instalado el Destacamento de Arana integraba el patrimonio policial y que en el mismo “…funciona hasta el presente la Sección Cuatrerismo , dependiente de la Brigada de Investigaciones de La Plata”. Por si fuera poco, hay testimonios de varios represores de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que actuaron en el Destacamento de Arana en la época que se investiga, como Mario Mijín y Luis Marcelo Varela, que afirmaron que éste estaba subordinado a la Brigada de Investigaciones de La Plata. Esa subordinación no sólo era de carácter formal, sino que existía una estrecha conexión en las actividades ilegales y clandestinas de ambas reparticiones. De hecho, el Destacamento era custodiado por personal de la Brigada. El represor Jorge O. Rodríguez, quien se desempeñó en ambos centros, manifestó que el Jefe era Miguel Kearney (esta siendo juzgado actualmente en el juicio que comenzo el 12 de septiembre pasado) y el Subjefe era Trotta.

Por su parte, María Cristina Gioglio declaró en la Causa n°11 que, hallándose secuestrada en el Destacamento de Arana, y en oportunidad de haber sido conducida al despacho del funcionario a cargo del mismo, pudo ver un oficio dirigido a Miguel Kearney. Además, agregó que las guardias estaban a cargo de personal de la Brigada de Investigaciones de La Plata , entre los cuales identificó a Roberto Grillo, Mario Jaime, Mario Mijín y Daniel Lencinas. Por otra parte, el testigo José Horacio Perello, hijo de los dueños del Almacén de Ramos Generales ubicado a pocos metros del Destacamento, reconoció la presencia en dicho establecimiento de Jaime, Lencinas, Kearney y Trotta.

En cuanto al rol del Destacamento Policial de Arana durante la etapa de Terrorismo de Estado, debe señalarse que muchas de las personas secuestradas que eran conducidas en primer término a la Brigada de Investigaciones La Plata para su registro –o bien que provenían de otros CCD-, eran trasladadas a Arana, donde se las sometía a interrogatorios bajo la aplicación de atroces tormentos como la aplicación de picana eléctrica, “submarino”, golpes, simulacros de fusilamientos, “teléfono” y también era habitual la utilización de música a un volumen elevado a los fines de encubrir los gritos de las personas durante dichas sesiones. Esto surge, entre otros, de los testimonios de los compañeros Jorge Alberto Rolando, Miguel Alejandro Iademarco, Rafael Barbieri, Alberto Liberman, Eduardo Kirilovsky, Analía Maffeo, Adriana Calvo y Mario Rubén Féliz. La función predominante del Destacamento de Arana, como centro de aplicación de tormentos y eliminación de personas, quedó probada con diversos testimonios en la etapa de instrucción de la causa por este centro de detención. Graciela

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Liliana Marcioni describió al Destacamento como “casa de la tortura” y resaltó que era “un lugar absolutamente espantoso”. Perello afirmó en el Juicio por la Verdad que era habitual escuchar durante la noche música muy fuerte y gritos provenientes del Destacamento de Arana. Juan Carlos Urquiza, chofer del represor Verdún (Subjefe de la Dirección General de Investigaciones), testimonió en la CONADEP que en el Destacamento de Arana se torturaba y se mataba gente y que allí “actuaban la SIDE y la COT (Comando de Operaciones Tácticas)”. En tal sentido Urquiza puso de resalto que en los aledaños del Destacamento se quemaban cadáveres. En efecto, también resulta del testimonio de varios sobrevivientes que en el Destacamento Policial de Arana se llevaban a cabo fusilamientos de detenidos clandestinos cuyos cuerpos, en algunos casos, eran incinerados en los fondos del establecimiento y luego allí mismo enterrados. Según el Trabajo de Recopilación de Datos de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, fueron más de 270 los detenidos ilegales que pasaron por los CCD de Arana. EL trabajo destaca 78 personas desaparecidas o asesinadas, 117 detenidas en el lugar que luego fueron liberadas y 24 sobre las que se desconoce su destino. El mismo trabajo afirma que el mando policial del destacamento estaba integrado por los represores Miguel Kearney (Jefe de la Brigada de Investigaciones en 1977), Luis Héctor Vides y Raúl Rubén Vargas. El testimonio de Jorge Julio López fue importante para determinar la existencia y ubicación de los distintos campos de Arana. Tras su declaración en el Jucio por la Verdad en 1999, López realizó un reconocimiento del lugar con una comitiva judicial, identificó como lugares diferentes un centro ubicado cerca del aeropuerto, el Destacamento y la casona de la Familia Villareal, conocida como “Estancia La Armonía”.

En su testimonio en el juicio a Etchecolatz en 2006, describió su paso por dos de esos centros y aportó los nombres de al menos 10 represores que actuaban allí como parte del esquema represivo.

ARANA EN EL JUICIO.

El juicio que se realiza desde septiembre pasado en La Plata por hechos recortados de 5 Centros Clandestinos del Circuito Camps, incluye imputaciones a 4 genocidas con mando orgánico sobre el Destacamento o por su actuación en el secuestro de personas que pasaron por los CCD de Arana (Campos, Etchecolatz, Guallama y Patrault), y a otros 10 genocidas, pertenecientes a la Brigada de Investigaciones, por su actuación específica en los campos de Arana: Paez, Ferriole, Corrales, Svedas, Kearney, Machuca, Arguello, Sita, Lencinas y Grillo.

Un total de 19 represores por un campo donde actuaron decenas de genocidas. Un testimonio clave para conocer el funcionamiento del destacmento de Arana como lugar de detención y exterminio fue el de Maria Cristina Gioglio. Detenida en diciembre del ’77 en Ranelagh, y tras un paso de 2 días por el Pozo de Quilmes, Gioglio fue alojada en el destacamento.

Relató en el juicio que fue secuestrada como parte del denominado “Operativo Escoba”, al que definió como el plan para exterminar al Partido Comunista Marxista Leninista (PCML). Realizó un pormenorizado relato sobre el funcionamiento del centro y dijo que pudo reconocerlo porque la radio policial pedía comunicación al lugar diciendo “llamado Arana”. Además pudo ver “destabicada” a varios guardias del lugar, como Mario Jaime, Mario Mijín, Julio César Fernández y Daniel Lencinas; y reconoció a algunos detenidos que son caso en el juicio como Raúl Bonafini, Cristina Bustamante, José Fanjul y el matrimonio de Esteban Cugura (apodado “chamaco”) y Elisa Cayul.

Gioglio remarcó que el destacamento era un lugar de tortura permanente, donde a veces solo paraban cuando los chicos salían de una escuela cercana para que no escucharan los gritos.

Contó que fue la última en salir del lugar en marzo del ‘78, luego de un asado donde miembros de la Brigada de Investigaciones y del Destacamento discutieron qué hacer con ella.

Describió que se realizaron obras de construcción en el lugar durante su permanencia allí y que tras una orden de desmantelarlo se hicieron demoliciones antes de cerrar el CCD. Por último, Gioglio reclamó saber por qué, a pesar de sus denuncias y de haberlos identificado, muchos de los policías del Destacamento no han sido procesados a la fecha, como Langone, Zabaleta, Zamora, Primus y Hualde entre otros. EL TRABAJO DEL EAFF.

Tras acumular gran cantidad de prueba testimonial en el Juicio por la Verdad, los tribunales platenses dispusieron excavaciones en el sitio como parte de la causa n° 11/6, caratulada “Incidente Equipo Argentino de Antropología Forense s/ solicitud trabajos en CCD Arana”.

El 16 de abril de 2008, miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) informaron del hallazgo de restos óseos como parte de su tarea en el lugar. En las excavaciones realizadas en torno de un muro que divide el patio interior del exterior, se encontraron 10 mil fragmentos óseos, la mayor

parte de ellos calcinados, como si se tratara de una fosa común. El hallazgo fue significativo por el agregado de que fue la primera vez que se encontraron restos en un ex centro clandestino en La Plata, ya que en otras ocasiones habían sido localizados NN en cementerios.

Los detalles de la tarea aportaron a dimensionar la masacre que allí se llevó a cabo: los restos estaban calcinados, probablemente con neumáticos, depositados en varias fosas en un patio interior, construidas en diferentes niveles, cada una separada por paredes de ladrillos y ubicadas cerca de un paredón de fusilamiento que tenía mas de 200 impactos cuyas balas fueron extraídas para su posterior investigación.

El EAAF señaló con prudencia que las posibilidades de identificación eran bajas debido a la calcinación y al desgaste por el tiempo transcurrido.

La secretaria de Derechos Humanos, Sara Derotier de Cobacho, adelantó por entonces que el gobierno provincial pretendía que el lugar “se convierta en un Museo de la Memoria porque allí están las cenizas de los militantes populares”.

Inmediatamente, el espacio “Justicia Ya” de La Plata comenzó a solicitar al gobernador Scioli y al juez Corazza la necesidad del desalojo de la policía bonaerense del destacamento policial, ya que la dependencia continuaba funcionando regularmente, y entendiendo que la tarea principal era conservar las excavaciones efectuadas por el EAAF y poder avanzar en la realización de excavaciones pendientes y peritajes sobre el interior del lugar, ello resultaba, cuando menos dificultoso en el estado de ocupación del inmueble.

Tras una larga insistencia, en 2009 el Juzgado Penal Federal Nº 3 a cargo de Corazza solicitó al ejecutivo bonaerense el desalojo del Destacamento de Arana. Curiosamente, en la rueda de consultas sobre la viabilidad de la medida, el único órgano que se opuso fue la secretaría de DDHH provincial, siendo que hasta el Ministerio de Seguridad estaba a la espera de la orden del ejecutivo, que no hacía más que cumplir el mandato judicial. Dada esa puja política interna, el destacamento continuó tal cual, y se iniciaron las obras del “Museo”.

El reclamo de los organismos de DDHH de La Plata llegó a las audiencias del juicio “Circuito Camps”, con un pedido para que el TOF 1 oficie al ministerio para que obedezca la orden judicial de desalojo del destacamento, y a la secretaría para que informe sobre las obras que estaban realizando en el ex centro clandestino.

Concretamente, la abogada Guadalupe Godoy afirmó que la medida de no innovar que pesaba sobre el predio “no obsta a que obedezcan la orden judicial por la cual el Gobierno de la

Provincia debe desalojar ese destacamento”. En cuanto a las obras, se requerían detalles porque se sabía que el trabajo excedía la mera conservación y su diseño respondía a la idea de la presencia de público.

Para entonces, el EAFF había identificado a 17 compañeros detenidos desaparecidos de entre los restos hallados en Arana, lo que también motivó a la querella de “Justicia Ya” a pedir la ampliación de la imputación en el juicio por el delito de homicidio calificado, en todos los casos en que hubo identificaciones.

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EL MUSEO DEL HORROR.

Sin embargo, la iniciativa oficial sobe el predio siguió adelante. Voceros de la secretaría anunciaron por entonces que la obra se realizaba “con el objetivo de preservar la prueba judicial”. Derotier de Cobacho consideró que “Arana es memoria, es respeto por nuestros desaparecidos, por los sobrevivientes y por sus familiares. Es la forma que hoy tiene el estado provincial de acompañarlos y decirles esto jamás va a volver a ocurrir”. “Justicia Ya” respondió con un comunicado titulado “No al museo del horror” donde afirmó su repudio a cualquier proyecto de memorialización que implique la convivencia con las fuerzas represivas y la exhibición de restos humanos, ya que “la presencia y ocupación del lugar por la misma fuerza que lo convirtió en un centro de tortura y exterminio, de la misma policía que debe ser investigada por su responsabilidad en la desaparición de Jorge Julio López, quien fuera uno de los desaparecidos que fueran llevados y torturados a Arana, de la misma fuerza responsable de la desaparición de Luciano Arruga, de los asesinatos de Andrés Nuñez, Miguel Bru, Darian Barzábal por nombrar algunos de los cientos de asesinados por torturas, gatillo fácil, enfrentamientos fraguados, supuestos suicidios en comisarías, etc., lejos de significar un acto reparatorio es a todas luces un hecho de violencia a la memoria de los compañeros detenidos desaparecidos en el Destacamento de Arana, a todos sus familiares, compañeros de militancia y amigos. En síntesis significa una gravísima afrenta a la verdadera justicia y por lo tanto a la memoria colectiva de toda la ciudadanía”.

Desoyendo toda las críticas de los organismos, el gobernador Scioli apuró su agenda en medio de la campaña electoral, y el 6 de octubre de 2011, tras inaugurar obras de un laboratorio en teleconferencia con la presidenta Cristina Fernández, participar de un “encuentro con la militancia 2.0”, en exclusiva comitiva oficial y con la policía funcionando en la entrada del predio, presentó las obras de Arana.

La prensa de gobernación difundió un escueto comunicado donde se afirmó que “la tecnología adoptada permite minimizar el impacto producido sobre el terreno a preservar, dada la sensibilidad y las características de los hallazgos”. En verdad el gobierno de la provincia invirtió 758.000 pesos para montar la iluminación y el mejorado del camino de acceso, más una estructura flotante de hierro y vidrio sobre las fosas halladas. Esto había sido rechazado por los organismos de DDHH, que entendían que la mera posibilidad de “visitas” y “recorridos” para la exhibición de los restos humanos de los compañeros era una gravísima afrenta y que pedían que se restrinja e impida el ingreso de cualquier tipo de público (funcionarios, público general, medios de comunicación) a los sectores en los que se hallaron restos, especialmente a la instalación de pasarelas que permitan realizar recorridos y circulación de público en el lugar.

Para minimizar los reclamos de los organismos, pero con el “museo del horror” ya inaugurado, Scioli afirmó que se comprometían a trasladar la presencia policial del edificio que funciona delante de las nuevas obras. La medida fue una muestra más de cuál es la verdadera politica de Derechos Humanos de la gestión Scioli, que pretende darse aires progresistas cuando es en realidad la conducción política de la fuerza de seguridad más corrupta y asesina de nuestro país. Medidas como esta afectan la búsqueda de los familiares mucho más de lo que una gestión de gobierno parece contemplar. En ese sentido fueron esclarecedoras las palabras de Mariana De Marco, hija de Patricia Dell’orto y Ambrosio de Marco, militantes populares de la misma unidad básica que Jorge Julio Lopez y asesinados en el Pozo de Arana. Mariana expresó en una carta abierta lo que muchos sentimos ante este atropello: “Efectivamente creo que los lugares que fueron centros clandestinos de detención, tortura y exterminio deben convertirse en espacios para la reflexión; que deben ser señalizados, que se debe contar lo que allí ocurrió, pero una vez que dejen de ser objeto de estudio y trabajo. Quizás los mismos fundamentos que hoy apuran al Gobierno de Provincia de Buenos Aires a realizar obras en este lugar, son los argumentos que, como familiar de

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fusilados en Arana, podría utilizar para pedir que esas mismas obras no sean realizadas, o por lo menos, no todavía. (…) Las expectativas personales y familiares sobre el desarrollo del trabajo del EAAF son imposibles de explicar con palabras. Más de 20 años llevó a mi familia saber cuál fue el destino de mis padres. Y eso sólo por hablar del tiempo transcurrido, sin nombrar el dolor, lo irreparable de las pérdidas y las ausencias que todos, como pudimos, aprendimos a cargar. (…) Siento que en lugar de preservar y favorecer la recuperación y reconocimiento de restos, las posibilidades disminuyeran. Siento que entornaran la puerta que estaba abierta. Como familiar quisiera que el Estado me asegurara que se utilizan todos sus recursos para, en este caso, encontrar los restos de mis padres, entre otros detenidos desaparecidos fusilados en Arana. Que me aseguraran que existe conciencia y cuidado para que eso ocurra. Sólo pedimos tiempo. Ni siquiera tanto como el que nos lleva como familiares seguir recorriendo este camino. Pedimos el tiempo necesario para que los juicios terminen. Pedimos el tiempo necesario para que los responsables tengan su condena. Pedimos el tiempo necesario para que los restos aparezcan, para que sean reconocidos. Para que los fusilados en el Destacamento recuperen su identidad, y nosotros, los que quedamos, podamos llenar alguno de nuestros vacíos”.

LA “MATANZA”

Ubicada en el extremo norte de La Matanza, el municipio más extenso y poblado del conurbano (y por ello preciado botín electoral en la provincia), la localidad de Lomas del Mirador es una de las más pequeñas y recientes del distrito. Declarada ciudad por la legislatura bonaerense en 1984, recibió su nombre de un histórico dispositivo de control: el Mirador Santa Lucía, una torre de madera ubicada en la azotea del casco de estancia del terrateniente Ezequiel Ramos Mejía que protegía del avance del indio y fue demolida en 1935.

Referenciada desde comienzos del siglo XX con varias fábricas de jabón como la de Pedro Casarteguy y la de la calle Paso, a la ciudad le llevó más de medio siglo dejar de ser un barrio de San Justo, y su actual intendente, Fernando Espinoza, hoy kirchnerista y en los ‘90 hombre de Duhalde y Balestrini, pretende convertirla en parte de la “capital nacional del calzado”, no se sabe si por un pretendido impulso a la industria de zapatos o por las características de su fuerza de seguridad, que desde hace 3 años tiene el triste privilegio de dar continuidad a la práctica de la desaparición forzada de personas.

El partido de La Matanza estuvo intervenido en dictadura por distintos jerarcas militares como el teniente Carlos Herrero, el comodoro Oscar Barcena y el coronel José Olego, que tuvieron a su cargo el Centro Clandestino

de Detención de la Subcomisaría de Villa Insuperable, ubicado a 4 cuadras de la Avenida General Paz y era denominado “El Sheraton” o “El Embudo”. Por allí pasaron centenares de militantes populares detenidos en la zona oeste del conurbano, como los matrimonios de Ana María Caruso y Roberto Carri, Juan Marcelo Soler y Graciela Moreno de Rial o los casos de Pablo Szir, Adela Candela y Héctor Germán Oesterheld. Algunos responsables directos del centro, como el comisario Juan Battafarano o el subcomisario Leopoldo Baume, forman parte de las imputaciones en una demorada causa que lleva adelante el juez Rafecas.

Nuevamente célebre fue la policía de La Matanza en la década del ’90, por las andanzas de Mario “Chorizo” Rodriguez, jefe de la Brigada de Investigaciones local durante la jefatura de Pedro Klodczyk e integrante del grupo de comisarios que encumbraron a la bonaerense en una superbanda implicada en todos los grandes delitos que decían combatir, y a la que la memoria popular recuerda como la “Maldita Policía”. EL HUEVO DE LA SERPIENTE.

La Policía Bonaerense funciona en la actualidad en cinco áreas principales: Seguridad (comprende a la Distrital, Comunal, Vial, Custodia, Buenos Aires 2, Siniestral y Operaciones Aéreas), Investigaciones (función Judicial, Delitos Complejos, Trafico de Drogas, Científica y Antecedentes), Información (Superintendencia de Evaluación de la Información), Comunicaciones y Emergencias (Sistema 911) y Formación (centros de estudios). El área principal de operaciones, que vemos a diario en la calle, es la de Seguridad, que se divide geográficamente en Departamentales, y estas a su vez en policías comunales y distritales. La distribución geográfica de estas departamentales responde al diseño del Ministerio de Seguridad, mientras que la Policía de Investigaciones a partir de sus Delegaciones de Investigación, lo hace en base a la distribución geográfica de los Departamentos Judiciales. Esta estructura tiene un mentor claro, ya que durante la primera gestión de León Arslanián como ministro de seguridad de la provincia (1998-1999) se intentó llevar a cabo una reforma policial estructural. Por un lado se ensayó una nueva forma de control político sobre la fuerza, tras seis años de autogobierno de la “Maldita Policía” capitaneada por Pedro Klodczyk. Para intentar cuadrar la gobernabilidad en el segundo mandato de Duhalde, se le quitó jefatura policial a la bonaerense, y se la desplazó desde el Ministerio de Gobierno a un pretendidamente innovador Ministerio de Seguridad y Justicia con conducción civil. Se aspiraba a un mayor control efectivo de la discrecionalidad con que actuaba la cadena de mandos policial, por la vía de una mejor conducción estratégica.

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Una tarea quijotesca, que se cobró una decena de funcionarios en el área de seguridad, a la que el poder fáctico de los comisarios no estaba dispuesto a subordinarse. En la segunda gestión de Arslanián (2004-2007), durante la gobernación de Solá, se comenzó a implementar la idea del control social de la policía, bajo el lema de involucrar a la comunidad en la intentona de cambio, a través de los denominados Foros Vecinales de Seguridad. En el esquema de la reforma los foros estarían integrados por asociaciones civiles, sociedades de fomento y Ong’s que controlarían el desempeño policial a través de pedidos de informes, compulsa de documentación y observación directa de la actuación uniformada. Si bien, en los menos de los casos, contribuyeron a diseñar alguna acción de inclusión social en zonas marginales, en realidad los foros terminaron siendo agentes de tercerización en la represión como política de control social, capitaneados por policías retirados o exonerados o por vecinos permeados por el discurso de la “mano dura” que se auto-referenciaban como agentes gratuitos de inteligencia y hasta investigadores de campo con aval del Estado. Algo así sucedió con el grupo autodenominado “V.A.LO.MI.” (Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador) que surgió a mediados de 2007, con un programa que incluía conceptos tan primitivos como: “Pedimos una mejor policía (con más entrenamiento y con planes aggiornados a la época), más móviles y más personal que recorra las calles intentando ‘CONTROLAR’ al ciudadano que muchas veces carece de enseñanza vial y social”; o bien que “sería muy importante que se trabajara para bajar la edad de imputabilidad del menor ya que los valores que manejamos nos indican que un 60% de menores son los que delinquen y no hay un arma legal que los contenga”; y hasta que “la seguridad la debemos hacer entre todos, controlando y previniendo a los jóvenes que se drogan, fuman o alcoholizan. Prevenir sería realizar un plan de contención de esa juventud que ronda los 13 a 20 años, que hoy se encuentra sin futuro laboral, ni ídolos a quien imitar y está expuesta en la calle alas facilidades de la delincuencia. Porqué no una especie de servicio obligatorio donde se los eduque moral, social y cívicamente, ya que muchos de ellos han perdido valores que son lo que hacen al hombre de bien”.

Comandado por el mediático Gabriel Lombardo, VALOMI es el ejemplo claro del curioso fenómeno de una sociedad desigual por el cual la penalización de la miseria, en los reclamos de “mano dura” y “tolerancia cero”, provienen por igual de clases privilegiadas y pobres: para el selecto arco pudiente de ricos y famosos significa el programa político básico frente al pánico a la vulnerabilidad, para la sensibilidad propietaria de la clase media representa la solución mágica de cuidar sus posesiones a cualquier precio, pero también los pobres son muchas veces los que

ya no reclaman al Estado seguridad social, sino seguridad a secas. Ganado cierto consenso social, más una cuota de contactos políticos como Francisco De Narvaez y el senador provincial kirchnerista Jorge Pirozolo, el VALOMI logró la apertura del Destacamento Policial de calle Jose Indart n°106, como dependencia de la comisaría 8va de La Matanza para recibir denuncias, en un acto con la presencia de todas las “fuerzas vivas”: el Jefe de la Policía Departamental de La Matanza, Juan Carlos Carrizo, la Jefa Distrital Noreste, María Carrasco, el Jefe del Destacamento inaugurado, el Teniente 1º Alfredo Rodríguez , el Capellán policial, Padre Juan Carlos Cagliani, el Presidente del Foro de Seguridad de Lomas del Mirador, Eduardo Gómez y la directora de Derechos Humanos, Gina Di Nardo.Tras los agradecimientos del caso al gobernador Solá y al ministro Arslanián, y el descubrimiento de una placa junto a Lombardo, el intendente Fernando Espinoza aseguró que “la velocidad en que uno vive no nos hace dar cuenta, en el momento, del valor de las cosas. Quizá cuando pasen los años y cuando se empiece a escribir la historia reciente de los últimos 5 o 10 años, quizá entonces podamos valorar lo que significó esta lucha en conjunto de toda la comunidad”.

Seguramente no imaginaba que la historia haría tristemente célebre ese lugar por razones muy distintas, aunque también por la lucha de otro sector de la sociedad, el siempre que recibe los palos.

EL CASO ARRUGA

Por entonces, el grupo de Lombardo, jubiloso, argumentaba la necesidad del destacamento con datos de dudosa procedencia y de certera xenofobia al decir: “consideramos que el Destacamento recientemente inaugurado, cumple con las expectativas de la zona, ya que si el personal humano es bueno no cuenta con la cantidad de personal ni móviles necesarios para enfrentar una cuadrícula extensa en la que conviven 2 villas como es la Santos Vega con alrededor de 5000 habitantes, con casi el 50% de la población que delinque y la 12 de octubre con 1200 personas aprox., con una población delictiva del 25 %. También pensamos en la Comisaria de Lomas del Mirador y observamos los mismos inconvenientes, ya que los vecinos de alrededores tienen un asentamiento urbanizado llamado de Las Antenas y otro de los Paraguayos con una población delictiva del 50%”. Luciano Nahuel Arruga era un joven de 16 años del barrio 12 de Octubre que se dedicaba a estudiar y a cartonear para ayudar a su familia. El 31 de enero de 2009 Luciano fue visto por última vez en el camino de seis cuadras entre su casa y la de su hermana. Esa misma madrugada su madre, Mónica Alegre, comenzó a buscarlo.Antes de este hecho, el 22 de Septiembre de 2008, Luciano había sido demorado en el

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Destacamento policial de Lomas del Mirador por averiguación de antecedentes. Su hermana Vanesa fue a buscarlo ese mismo día a la tarde y lo escuchó a su hermano gritar por los golpes. Recién consiguió que lo liberaran de madrugada. Otro de los encuentros de Luciano con la policía, fue cuando lo interceptaron poniéndole un arma en el pecho y diciéndole textualmente: “vos sos un negrito villero, vas a terminar en un zanjón, te vamos a llevar a una cárcel donde hay violadores”. En el año 2008, Mónica (mamá de Luciano), se queda sin trabajo, al enterarse de esto los efectivos del Destacamento decidieron interceptarlo y ofrecerle de “forma sutil” que “trabajara” (robara) para ellos, diciéndole que por ser menor no quedaría pegado al tema y que ellos iban a responder por él. Luciano rechazó este ofrecimiento y pasó a ser hostigado constantemente por la policía. Las pistas que se siguieron fueron las declaraciones de vecinos que vieron cómo se llevaban a Luciano de la plaza República Argentina en un patrullero, y de dos personas que dicen haberlo visto agonizando en el destacamento. Se detectó por el sistema que identifica a los coches de la Policía (AVL) que un vehículo estuvo en un descampado fuera de su área por unas horas. Tras la desaparición de Luciano, su familia realizó la denuncia en la Fiscalía N°3, a cargo de Roxana Castelli, que puso la investigación en manos del jefe de la Dirección Departamental de Investigaciones local, el comisario Marcelo Javier “Chivo” Chebriau. Este personaje, de una oscura carrera en la Bonaerense, fue puesto a disponibilidad por la protección de piratas del asfalto como oficial en Mercedes, se perfeccionó luego en la recaudación de coimas de actividades clandestinas, armado de causas, aprietes de testigos y de propios camaradas de fuerza, como Jefe de la Delegación de Investigación de Tráfico de Drogas Ilícitas de La Matanza. En 2008 el ministro Carlos Stornelli lo ascendió a titular de la DDI de La Matanza , al mando de 180 efectivos. Como parte de la investigación del caso Arruga, el “Chivo” Chebriau hizo que sus subalternos tomaran declaración a menores en sede policial, cosa que la ley prohíbe, y desvió la investigación a pistas inconducentes para sumar impunidad a un nuevo caso de secuestro, torturas y ocultamiento del crimen. Recién una vez que cobró trascendencia el caso entre los sectores de militancia de Derechos Humanos, la fiscal Castelli y la DDI de La Matanza fueron apartados de la causa. La nueva fiscal de la causa, Celia Cejas Matín, de la UFI N° 1, dispuso en abril de 2009 que se pase a disponibilidad a 8 efectivos del Destacamento de Lomas del Mirador: Néstor Díaz (Jefe de Departamento), Ariel Herrera (Segundo jefe), Martín Monte (Oficial de Servicio), Emiliano Marquez (Oficial de Control de Cuadrícula), Damián Marcelo Sotelo (Ayudante de Guardia), y los choferes Sergio Fecter, Daniel Vazquez y Hernán Zéliz. Sin embargo, tres meses después el ministro Stornelli, ordenó reincorporar a los ocho policías

con el técnico argumento de que “habiendo transcurrido 93 días de su disposición, no surgieron en el ámbito judicial y administrativo pruebas directas que determinen la participación responsable de cada uno de los efectivos aludidos en la desaparición de Luciano Arruga, entendiéndose que sin perjuicio de lo que surja de la investigación su reincorporación a la institución no ocasionaría un perjuicio para la fuerza o entorpecería los procesos penales y administrativos en trámite”. La medida se tomó a pesar de que ya obraban en la causa las declaraciones de los testigos que se encontraban detenidos hacia varios meses en el destacamento, y que declararon que vieron a un adolescente de similares características a Luciano siendo golpeado hasta desangrarse esa misma noche por varios policías, algunos vestidos de civil y otros uniformados; y que esa práctica de golpiza era usual con menores, así como “colgarlos” de los brazos esposados a una reja, permaneciendo en esta posición por varias horas, o toda la noche.

Además, se comprobó que los libros de registros allanados por la fiscalía en la seccional 8va de Quintana y en el destacamento estaban adulterados para borrar pruebas. Las propias declaraciones de los policías implicados denotan que las prácticas habituales respecto a los menores están más allá de las prohibiciones formales de la ley juvenil de detenerlos en sede policial. El oficial Ariel Herrera, segundo jefe del destacamento, dijo que “el procedimiento respecto de los menores de edad, se los tiene en la oficina, para luego reintegrárselos a sus progenitores”. Preguntando para que digan como proceden con respecto de menores de edad si es que no encuentran a los padres, el policía Hernán Gabriel Feliz declaró que “en ese caso es el Oficial de Servicio quien maneja la situación, pero generalmente el menor permanece en el destacamento hasta que se ubique a los padres progenitores”. Esa naturalización del funcionamiento “de hecho”, además de muestra de un andamiaje legal meramente testimonial, es un claro ejemplo de la autonomía de maniobra de que goza la bonaerense cuando se habla de “autogobierno policial”. Las comisarías bonaerenses siguen siendo un lugar por donde indefectiblemente transitan los niños y adolescentes detenidos, pese a estar expresamente prohibido por la resolución 1623/04 del Ministerio de Seguridad, la acordada 2768/97 de la Suprema Corte de Justicia, la disposición 1212/04 del Ministerio de Desarrollo Humano y el fallo Verbitsky de 2005.

En 2011 se hicieron en la causa varios peritajes tardíos. Uno de ellos fue una prueba de luminol, un reactivo que indica la presencia de sangre y que complementariamente puede determinar grupo, factor y ADN, sobre la Comisaría 8va y el destacamento; lugares señalados desde el comienzo de la investigación, pero peritados dos años después del hecho. El abogado de la familia Arruga, Juan Manuel Combi, señaló por

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entonces que “todas estas pericias hubiesen tenido eficacia y buen resultado si se hubiesen llevado a cabo a los dos meses de la desaparición de Luciano y no a los dos años como finalmente se terminaron realizando”. En cuanto a los policías implicados en la desaparición de Luciano Arruga, a partir de la denuncia que realizaron los querellantes se imputó por el delito de encubrimiento a los dos policías que llevaron a cabo la primera detención el 22 de septiembre de 2008, de apellidos Olmos y Soraire. Esa noche, los policías le decían a Luciano, mientras trataba de defenderse de la golpiza, frases como “si no te calmas te llevamos a la 8va donde hay violadores que se van a encargar de vos”, y tras escupir un sándwich que le ofrecían, “comete este sándwich negrito”. Por este delito se abrió una causa que tramita ante la misma fiscalía. La fiscal solicitó la prisión preventiva de ambos imputados pero fue denegada por el Juez de Garantías Gustavo Blanco. Con respecto a los ocho policías que cumplieron funciones la noche de la desaparición, se encuentran realizando tareas en distintos puntos del Gran Buenos Aires. En verdad, la gestión Stornelli representó un retorno al autogobierno policial, ya que se volvió a las lógicas de centralización del poder, se restituyó y fortaleció gradualmente la figura del jefe policial y se reformó el estatuto policial para reintegrar una estructura concentrada en los comisarios. Meses después, los resultados de esta política son el uso cada vez más extendido de las prácticas policiales arbitrarias, como la detención por averiguación de identidad, la continuidad de casos de torturas y suicidios sospechosos en comisarías. Su continuidad en la actual gestión del ex penitenciario Ricardo Casal. Como señala la Coordinadora contra la represión Policial e Institucional (CORREPI) en sus detallados informes, el 50% de los casos de personas que no representaban peligro para terceros y fueron asesinas por fuerzas de seguridad cada año corresponde a jóvenes pobres de entre 15 y 25 años. En el caso de los asesinatos en sede policial, destacan la persistencia, como política de estado, de la sistemática aplicación de tormentos a personas legal o ilegalmente detenidas, que en muchos casos ocasiona la muerte del torturado. Una parte significativa de las muertes en cárceles y comisarías corresponde a torturas seguidas de muerte, pese a lo cual no llegan a una docena las condenas en todo el país por ese delito. Paralela y complementariamente al uso habitual de métodos de tortura como el apaleamiento, el submarino seco (“bolsita”) o la picana eléctrica, el aparato judicial es reacio a calificar hechos obvios de tortura como tales, porque esa figura legal señala con más claridad que ninguna otra la responsabilidad institucional. Jueces y fiscales, así como compiten por quién usa más tipos alternativos (apremios, severidades o vejaciones), todos excarcelables,

y que permiten poner rápidamente en la calle a los torturadores, agudizan su inventiva para caratular escandalosamente “homicidio preterintencional en concurso con vejaciones”, o bien “homicidio calificado en concurso con apremios”, clarísimos casos de tormento seguido de muerte. Mucho menos aplican la figura que alcanza a los superiores jerárquicos por la facilitación de la tortura.

LA FIGURA DE DESAPARICIÓN DE PERSONA.

En 2011, la lucha por el caso Arruga también tuvo incidencia parlamentaria, ya que en abril del año pasado el plenario de comisiones de Legislación Penal y de Derechos Humanos de la Cámara baja firmó dictamen de una iniciativa para incorporar al Código Penal la desaparición forzada de personas. El proyecto tenía media sanción del Senado desde 2010 y lo singular del caso fue que el dictamen de comisión en Diputados fue votado sin disidencias y con un quórum ajustado, luego de escuchar la palabra de Mónica Alegre, la madre de Luciano. Un día después de pasar por comisión, el Parlamento aprobó la ley. La iniciativa crea un nuevo tipo penal: la privación de libertad de una persona cometida por un funcionario público o una persona que actúe con autorización, apoyo o aquiescencia del Estado. La reforma tipifica el delito de privación de libertad de una persona cometida por un funcionario público o una persona que actúe con autorización, con apoyo o aquiescencia del Estado. Encuadra además ese hecho en la falta de información brindada desde el Estado, o en la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a informar sobre el paradero de esa persona. Para ese delito se imponen penas de 10 a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada. El proyecto dispone también que el juez podrá apartar a las fuerzas de seguridad que intervengan en la causa si surge la presunción de que podrían estar involucradas en el hecho como autores o partícipes. Se penaliza además la desaparición forzada de niños nacidos en cautiverio y establece la competencia de la Justicia Federal para juzgar este tipo de delitos imprescriptibles. De acuerdo con el proyecto, la pena será de 8 a 20 años de prisión o reclusión cuando los autores o partícipes liberen con vida a la víctima o bien proporcionen información que permita su efectiva aparición con vida.

En una lectura desde la jurisprudencia liberal, la nueva figura pretende brindar una mayor seguridad jurídica no solo para los demandantes (familiares de las victimas de la desaparición) sino también hacia los acusados, procurando garantías judiciales de un proceso justo en base a normas pre-existentes a los acontecimientos de los hechos, es decir, garantizar el principio de legalidad frente a los imputados del delito. Además, se intenta con ello corregir la obligación del Estado de adecuar su legislación interna a

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los compromisos internacionales que ha firmado y así cumplir la obligación de adoptar medidas previstas por la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre desaparición forzada de personas, entre otros instrumentos sobre la materia.Sin embargo, algunos sectores con representación parlamentaria pidieron una ley más severa, ya que se trata de un delito equiparable a la gravedad de lo que se conoce como “de lesa humanidad”. El problema parece ser que no se legisla en particular estos temas, es decir, teniendo en cuenta la gravedad institucional que tienen. Recordemos que hoy por hoy, en nuestro país los represores juzgados y condenados responden ante la Justicia o cumplen penas por privación ilegítima de la libertad con una legislación que sólo contempla, como en los secuestros extorsivos, la pena de reclusión perpetua únicamente en los casos seguidos de muerte. Y en ese sentido, la sanción de esta nueva medida desnuda otra deuda legislativa del Estado, que es la tipificación en el Código del delito de Genocidio y de Lesa Humanidad, cosa que nunca fue realizada pese a ser nuestro país firmante de sendos pactos internacionales en la materia desde hace décadas, y a ser un tema insistentemente reclamado por ciertos sectores de las querellas en los juicios a los genocidas de la última dictadura. Y en al caso Arruga, ha sido clara la endeble “seguridad jurídica” que la mejor de las legislaciones penales pueda otorgar a quienes están a total merced de las mafias policiales y parapoliciales: en el mismo mes en que se estaba votando la medida en el Congreso, varios integrantes del grupo de Familiares y Amigos, fueron víctimas de una seguidilla de amenazas que comenzaron en la casa de la mamá de Luciano, cuando alguien introdujo por la ventana una madera en brasa y la colocó entre unas frazadas apiladas que estaban al alcance, y que continuaron cuando un policía en un patrullero de la comisaría de Lomas del Mirador tocó el timbre en la casa de un amigo íntimo de dos integrantes del grupo y luego de preguntarle si conocía a los militantes, le transmitió el mensaje de que desaparezcan por dos meses porque iban a terminar mal.

DE LUGAR DE MUERTE A ESPACIO POR LA VIDA.

Poco antes de cumplirse 3 años de impunidad del hecho, tarde, casi por obligación y tras el insistente pedido del grupo de familiares y amigos de Luciano, que incluyó un extendido acampe frente a la municipalidad, el intendente Espinoza se decidió a trasladar el destacamento y entregar el inmueble para realizar un espacio cultural, como el mismo grupo sostiene “para transformar ese espacio de muerte por otro de vida, oportunidad, solidaridad y alegría.”

El 28 de diciembre de 2011, día de los inocentes en el calendario cristiano, Espinoza realizó el acto oficial de apertura del “Espacio Para la Memoria Social y Cultural Luciano Arruga”, que según informó el municipio, integrará el área de gestión de la Dirección Municipal de Derechos Humanos y albergará las actividades de un archivo de la memoria, así como también actividades organizadas por los familiares y amigos de Luciano Arruga. Volviendo atrás las palabras que

pronunció en el discurso de apertura de la sede policial, Espinoza pidió simbólicas disculpas por lo sucedido en el lugar y aseguró que “cuando inauguramos este destacamento, fue pensando en darle una mejor calidad de vida a los vecinos de la zona. Hoy, lo cerramos y transformamos un lugar de violencia y malos tratos en un lugar de vida, esperanza y dignidad para los jóvenes del barrio. No hice más que hacer lo que siento”.Presente en el acto, Vanesa Orieta, hermana de Luciano, puso las cosas en su lugar y afirmó que “esta es una parte de lo que familiares y amigos propusimos hacer cuando desapareció. Logramos que este lugar se cierre gracias al esfuerzo de todos los que nos apoyaron desde un primer momento, pero Luciano ya no está, y eso nos sigue motorizando para no abandonar esta lucha. Hasta que los ocho policías no estén detenidos, esto no termina. Porque por un lado, estamos cerrando este centro clandestino de detención, pero, por el otro, tenemos a los mismos ocho policías que tuvieron a mi hermano colgado y golpeándolo en otras comisarías, con

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el riesgo de que otros jóvenes puedan padecer lo mismo”.

Claro que la construcción de un espacio cultural en un sitio cargado simbólicamente con la tortura y la muerte llevará tiempo para procesar el dolor y apropiarse plenamente del lugar. Pero el proceso que allí se está dando es completamente legítimo. El pasado 28 de Enero, el grupo de familiares conmemoró los 3 años de impunidad del hecho con una jornada cultural en el barrio del ex destacamento, que incluyó actividades culturales, radio abierta con familiares de víctimas de la violencia policial y, sobre todo, la apertura cuidada del edificio a toda la comunidad, en una muestra de que la construcción del espacio es colectiva e independiente, y que pretende transformarse en referencia de lucha contra la impunidad en toda la zona oeste del gran Buenos Aires. Porque pese a haber logrado recuperar el lugar, el grupo de familiares es el primero en recordar que en el caso de Luciano aún no hay imputados por la desaparición forzada, que todavía se continúa con la carátula de “averiguación de paradero”, que tampoco se realizaron imputaciones por los delitos de adulteración de documento público respecto de los libros de detención secuestrados, ni por las amenazas sufridas por los familiares y amigos.

Acompañamos las palabras de Vanesa en una carta escrita a pocos días de ser entregado el destacamento, y destacamos su valiente distinción entre la lucha contra las injusticias y el oportunismo obsecuente del oficialismo:

“Me genera una enorme tristeza como víctima de la violencia institucional, y con la total responsabilidad de hablar en nombre de otras víctimas, que sigan sin reconocerse políticamente las desapariciones o muertes de seres humanos en democracia en manos de las diferentes fuerzas. Mi hermano Luciano arruga el 31 de enero del 2012 cumplirá 3 años de desaparecido y nunca hemos sido atendidos sus familiares por el gobernador de la provincia de buenos aires;

según nos respondieron “no contaba con tiempo en su agenda”, ¿tendrá en estos 4 años algunos minutos para brindarnos?

“El gobernador que dice ser del pueblo y defensor de los derechos humanos de los compañeros víctimas de la última dictadura, no puede atender a un integrante del pueblo que le presenta el pedido más digno: solidaridad. Cuanto hubiese ayudado un gobernador que respondiera al llanto de una madre que decía que a su hijo lo había desaparecido la policía por decir no a robar para ellos; que lejos estoy de este señor que llega para la foto y siempre y cuando el caso este en el ojo de los flashes de los diferentes medios oficialistas u opositores. Que tristeza que las vidas valgan por lo que venden mediáticamente!!!

“Luciano desde que desapareció aquel 31 de enero del 2009 nunca fue considerado como un ser humano, nunca quisieron visibilizar la problemática que escondía detrás el caso de este pibe de 16 años que sufrió la violencia física y psicológica por parte de miembros de una institución que les pertenece, y les obedece a ustedes, a cada uno de los poseedores de cargos de poder que debieron tener injerencia también en el caso y dar respuestas a una familia que todo lo que logro lo logro con la lucha en la calle y en compañía de aquellos que comprenden el sufrimiento de sus hermanos dentro de una sociedad todavía injusta.

“El pedido de justicia sigue más fuerte que nunca, ojala pueda ser escuchado por quienes hasta ahora no han tenido interés en atender uno de los casos más graves de la provincia de Buenos Aires: la desaparición de un joven de 16 años llamado Luciano Arruga”.

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Gracias a la lucha de todos en las calles, se consiguió

que se le reconozca la libertad condicional a

Karina “La Galle” Germano López. Bienvenida

compañera.

Luego de haber obtenido el beneficio de las Salidas

Transitorias, el Juez de Ejecución Penal notificó

a los abogados de la Galle que ha instruído a

la Dirección del Complejo Penitenciario Nº3 donde

ella se aloja, para que “disponga lo necesario

y se confeccionen los informes” (o sea iniciar

los tramites) con el objeto de hacer procedente la Libertad Condicional”.

A continuación transcribimos el comunicado de la Gremial de Abogados.

Como ya informamos, la Galle obtuvo el beneficio de las Salidas Transitorias después de 10 años de prisión ininterrumpida en una condena a treinta años de Reclusión.- Nuestra Asociación dijo también que no descansaríamos hasta la libertad absoluta de la Galle sin limitaciones de ningún tipo.Un vez mas, el apoyo de compañeros y compañeras, la lealtad incondicional de la propia Galle y su mamá Hilda, las movilizaciones constantes y algo de nuestra persistencia rindieron sus frutos.Inmediatamente que fuimos notificados de la Transitoria de la Galle reiteramos nuestro pedido de Libertad Condicional basándonos en los mismos contundentes argumentos con los que concurrimos a la Corte y que nos sirvieran para tan importante triunfo.Ahora, el Juez de Ejecución Penal acaba de notificarnos que instruye a la Dirección del Complejo Penitenciario Nro 3 donde la Galle se aloja, para que “disponga lo necesario y se confeccionen los informes” (o sea iniciar los tramites) con el objeto de hacer procedente la Libertad Condicional.Esta vez, podremos tener definitivamente la Galle en la Calle.Reiteramos nuestro agradecimiento a todos los que nos acompañaron y confiaron en nosotros, en especial los que colaboraron con la Defensa en los peores momentos de estos últimos cinco años de pelea.

A todos y todas, un fuerte abrazo.

BIENVENIDA KARINACON LA LUCHA CONSEGUIMOS LA CONDICIONAL.

“Hola padre y madre:

(…) deben saber lo que yo hago, recuperando lo que los ricos han robado, y no es

recuperar por recuperar sino para levantar organización en Chile y el mundo...

(…) Los caminos de la rebeldía, dejando todo su familia y su vida. Los caminos

de la rebeldía, dejando todo menos la utopía…

(…) tienen que luchar para que este pueblo se pueda organizar y se pueda que

educar. Clandestinos por la vida, por la vida, con utopia, con utopía. Para

Brasil, guacho, véala…”.AK-471 . Clandestino2.

PRESOS POLITICOSCOMBATIENTES INTERNACIONALISTAS EN BRASIL.

El pasado 14 de febrero de 2012 recibimos con alegría la hermosa posibilidad de que Karina Germano López, la “Galle”, volviera a compartir con nosotros(as) la calle luego de 10 años de cárcel en Brasil y Argentina.

El presidio de la Galle comienza el 3 de febrero de 2002 cuando un grupo de revolucionarios(as) latinoamericanos(as) fuera detenido en la localidad de Sierra Negra, Sâo Paulo, Brasil, acusados de participar en el secuestro del multimillonario brasileño Washington Olivetto. Este grupo esta conformado por “los compañeros Alfredo Canales Moreno y Marco Rodríguez Ortega son militantes del MIR3 e integrantes del EGP-PL4, destinados a tareas internacionalistas de nuestra organización. Los compañeros colombianos William Gaona Becerra y Marta Urrego Mejia, así como la compañera argentina-española Karina López Germano, son simpatizantes del MIR y prestan apoyos puntuales a nuestra organización sin ser militantes. Nuestros compañeros, junto a Mauricio Hernández Norambuena, militante histórico del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR)5, han sido tomados prisioneros en Brasil, al ser vinculados indirectamente y en su fase final, con una acción partidaria que en nada esta emparentada con la delincuencia propia de los grandes ladrones y usurpadores del sistema. Una acción política, necesaria y compleja, pues para nosotros el sufrimiento humano no hace parte de nuestras utopías”6. Esta operación se inscribía en el contexto de acciones internacionalistas destinadas a profundizar la lucha revolucionaria en el continente, por ende, era de naturaleza política y tenía un objetivo político.

Después de su detención fueron torturados. En primera instancia, fueron condenados a 16 años de prisión, reconociendo el tribunal el carácter político de los hechos. Sin embargo “los compañeros responsables directos de la tarea se

encuentran seguros y a salvo de la persecución de la policía brasileña, servil en todo momento al mandato de la policía política chilena, al punto de inventar pruebas y articular sus acusaciones sobre la pauta entregada por sus pares chilenos. No es efectivo que la policía brasileña o chilena estén en condiciones de desencriptar nuestros archivos computacionales, así como es artificioso vincular en este proceso a compañeros chilenos que por causa de la “justicia” imperante en nuestro país, hasta el día de hoy deben vivir en el exilio y la clandestinidad. Añoran estos policías los viejos tiempos de la Operación Cóndor7, cuando impunemente se perseguía, encarcelaba, torturaba y asesinaba a los revolucionarios de todo el continente.”8 Desgraciadamente, en noviembre de 2003, bajo la presión de la derecha, el Tribunal Superior de Sâo Paulo negó el carácter político de la acción y aumento las penas a 30 años de prisión y un régimen excepcionalmente severo.

¿Quiénes son y cual es la situación penitenciaria del resto de los(as) compañeros(as) inculpados(as)?

1. Alfredo Canales Moreno. Nació el 29 de Julio 1970, es militante del MIR de Chile, desde mediados de la década de 1980, teniendo destacada participación en el Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo (MCTSA)9. Fue tres veces detenido en Chile por participar en acciones del MCTSA, a fines de la Dictadura Militar en Chile, y por ser militante del MIR, en 1992 y 1995, oportunidades en las que no se le comprobó responsabilidad ni participación ninguna en los delitos que se le imputaban. En 1995 dejo Chile, destacándose en las tareas de carácter internacionalista como militante del MIR EGP-PL. Actualmente es prisionero político en la penitenciaria de Itaí, Brasil. Se le puede escribir a:

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Alfredo Canales Moreno-228.514Penitenciaria de ItaíRodovía Eduardo Saigh-Km 292,5Caixa Postal 5CEP 18730-000ItaíSao Paulo–Brasil

2. Marco Rodríguez Ortega. Militante del MIR EGP. Se evade de prisión en octubre de 2010.

3. William Gaona Becerra. Colombiano. Se evade de prisión en octubre de 2010.

4. Marta Urrego Mejia. Nació el 24 de Noviembre 1978, es colombiana y pareja de Alfredo Canales Moreno. Martha tuvo que salir de Colombia por las amenazas constantes de grupos de paramilitares, al ser una activa dirigente estudiantil. Tiene una hija que está siendo cuidada por la familia de Alfredo Canales en Chile. Se le puede escribir a:

Marta Urrego MejiaAla A 09Rua Alagoas, 100CampinasCEP 13031-210 São PauloBRASIL

5. Mauricio Hernández Norambuena. Comandante “Ramiro”10. Nació el 23 de Abril de 1958 en Valparaíso de Chile. En 1976 ingresa a las Juventudes Comunistas (JJCC)11 y en 1983 la FPMR.

Cae detenido en 1993 y es condenado a dos cadenas perpetuas por su responsabilidad intelectual en acciones del FPMR de comienzo de la década de 199012. Siendo prisionero en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) es rescatado de allí, junto otros 3 militantes del FPMR, en diciembre de 1996.

El 3 de febrero 2002 es detenido en Brasil, siendo condenado a 30 años de Cárcel. El mismo año el Gobierno chileno solicita a su equivalente en Brasil extraditarlo a Chile a cumplir sus dos cadenas perpetuas. Sin embargo es recluido en la Penitenciaria de Tabuate, sometido al castigo llamado Régimen Disciplinario Diferenciado (RDD).

El 2004 el Supremo Tribunal de Justicia de Brasil concedió su extradición a Chile pero dejo en manos del Presidente brasilero cuando se llevaría a cabo. Es en el año 207 cuando se dicta en Brasil la resolución Nº 31, en donde se establece su expulsión de este país, sólo una vez concluida la pena de 30 años y es trasladado a la Cárcel Federal de Catanduvas, bajo régimen de máxima seguridad.

El 23 de Agosto 2010, Ramiro es trasladado a la Cárcel Federal de Campo Grande, en el Mato Grosso do Sul, otra cárcel al estilo Guantánamo de Brasil. Lo que exige Mauricio Hernández Norambuena y familia es su extradición a Chile.

En la actualidad lo que plantea el gobierno chileno es igualar las acusaciones de autor intelectual de secuestro y asesinato que pesan sobre Mauricio Hernández Norambuena con las acciones genocidas de militares en vista a generar una suerte de “empate” que desemboque en un proceso de amnistía general.

Se le puede escribir a:

Mauricio Hernández NorambuenaPenitenciária Federal em Campo Grande-MSAv. Henrique Bertin, s/n, Jardim Los AngelesCampo Grande - MS. CEP 79073-785BRASIL

De todos(as) los(as) inculpados del febrero de 2002 Mauricio Hernández Norambuena es el que se encuentra en la situación más complicada, ya ha cumplido más de 3680 días de régimen carcelario inhumano, las condiciones impuestas por el Gobierno de Brasil son:

1. Una celda de 3 por 2 metros, con una cama y baño incluido.

Alfredo Canales Moreno.

Marta Urrego Mejia.

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2. Acceso a 2 horas diarias de salida, solo, a un patio pequeño.3. Visitas sólo de sus hermanos por 3 horas.4. Ningún acceso a diarios, TV, radio, etc.5. Ingreso de 1 sólo libro semanal.6. Ningún contacto con otros presos.

Es el momento de comenzar a articulación de un fuerte movimiento internacional de Solidaridad con Mauricio, Alfredo y Marta; como lo planteaba el historiador Pedro Rosas Aravena13 en una carta por la libertad de los Presos Políticos en democracia en Chile14, en 2005:

“Aprendí en la prisión que no es necesario trazar un mapa o imponer una estrategia para convocar humanidad.

Hoy sobre la mesa de la urgencia pido tu mano, y por tu intermedio la solidaridad crítica y libre de aquellos que como tú, han debido partir para poder vivir. Sólo te pido que juntos demos a mis hermanos la misma oportunidad de caminar. No sé que más decir, me entristece, me avergüenza un poco tener que explicar porqué no podemos dejar entregados a su terrible suerte a estos hombres que con el sacrificio de la carne, aspiran a tener lo que muchos de nosotros despreciamos cada día.

¡Ayúdanos amigo mío, así lo hiciste conmigo, seamos más libres en su libertad!”15.

Que ningún puño se rinda, que ninguna voz se calle, que la Resistencia continúe: Libertad a todos y todas los(as) presos(as)Políticos(as).

Referencias:

1. Grupo de raperos chilenos (Skapo, Ricky y

Cincomercio) perteneciente a la organización Hiphoplogía, H2L (2000-2006). H2L estaba compuesta por diversos grupos de raperos que desarrollaban las distintas ramas del Hip-Hop en pos de la construcción del Movimiento Hip-Hop de los Pobres desarrollando el hiphopoliticombativo y la entreducación siendo parte del Cordón Popular de Educación (COPODE). 2. Canción dedicada a Marcos Rodríguez Ortega y a los demás detenidos en Brasil en febrero de 2002.3. Nota del autor: El Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile es una organización política nacida 1965 de la convergencia de Marxistas-Leninistas, Castristas, Trotskystas, Anarquistas y cristianos seguidores de la Teología de la Liberación.4. Nota del autor: El Ejercito Guerrillero de los Pobres-Patria Libre es una estructura militar de un sector del MIR nacida en 1991.5. Nota del autor: El FPMR es una organización nacida como aparato militar del Partido Comunista (PC) de Chile en 1983 del cual se separa en 1987 formando el FPMR-Autónomo. Reivindica el nombre de Manuel Rodríguez, guerrillero chileno que lucho contra los españoles en el siglo XIX.6. MIR EGP-PL. Declaración pública. Santiago de Chile, mayo de 2002.7. Nota del autor: para más información ver HIJOS-La Plata. El Cóndor sigue volando…Pero seguimos sembrando rebeldías para cosechar victorias en 30.000 razones Nº 2. La Plata, agosto de 2011. pp. 35-42.8. MIR EGP-PL. Declaración pública. Santiago de Chile, mayo de 2002.9. El MCTSA (1983-1990) fue una organización de defensa de la integridad física de los(as) Prisioneros(as) Políticos(as) durante la Dictadura Militar en Chile (1973-1990). La organización reivindicaba la memoria de Sebastián Acevedo, trabajador de la construcción de Coronel, quien el día 11 de noviembre de 1982 se inmola quemándose a lo bonzo frente a la Catedral de Concepción, exigiendo conocer el paradero de sus hijos María Candelaria y Galo Fernando Acevedo Sáez, apresados el día 9 de noviembre por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), tras una protesta de oposición a la Dictadura.10. Para más información y solidaridad con Mauricio Hernández Norambuena se puede visitar el sitio de Internet: www.mauriciohernandeznorambuena.com11. Juventud política del PC de Chile.12. Estas acciones serían:A. La muerte de Jaime Guzmán, ocurrida el 1º de abril de 1991 en el contexto de la Campaña Dignidad Nacional del FPMR. Guzmán era militante y fundador de la organización de derecha Unión Demócrata Independiente (UDI), Senador de la Republica de Chile al momento de morir.B. El secuestro de Cristian Edwards, hijo del millonario, dueño del diario El Mercurio, Agustín Edwards.13. Historiador chileno, ex Prisionero Político (1994-2004) de la CAS de Santiago de Chile. Al momento de ser detenido era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria-Ejército de Liberación Nacional (MIR-ELN).14. Para más información sobre los(as) Presos(as) Políticos(as) en Chile ver: HIJOS-La Plata. Presos Políticos en Chile en 30.000 razones Nº 2. La Plata, agosto de 2011. pp. 43-47.15. Rosas Aravena, Pedro. Carta abierta escrita con la esperanza de construir la libertad de Pablo Vargas, Claudio Melgarejo, Hardy Peña y Fedor Sánchez. Santiago de Chile, 22 de junio de 2005.

Mauricio Hernández Norambuena.

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JUICIO CIRCUITO CAMPSLA CASA DE LAS AUSENCIAS.

Mefistófeles.- Debes tener sólo en cuenta que en aquellas épocas de terror, en que las oleadas de hombres inundaban el país y la nación, tales cuales, tanto era el pavor de que estaban poseídos, escondieron acá y allá sus más preciados tesoros. (…) Así ha sucedido desde entonces hasta ayer y aún hasta hoy. Todo ello está secretamente enterrado.J.W. GOETHE. “FAUSTO”.

TODO VUELVE.El juicio “Circuito Camps” representa toda una oportunidad. Aún con el carácter fragmentario de lo que llegó a ser parte del juicio, esta causa fue denominada por los organismos de DDHH como causa “Circuito Camps”, ya que si bien en los ’80 hubo una primera causa “Camps” o “44”, que juzgó sólo a un puñado de represores que recibieron condenas mínimas y luego beneficios de impunidad, y si bien nunca se juzgó al Circuito Camps en su totalidad, sus 29 CCD y los miles de casos de los compañeros que por ellos pasaron, es la denominación que más se acerca a una acumulación de causas de esta característica. Hechas esas salvedades, la nueva “Causa Camps” es la más extensa de las llevadas a juicio hasta el momento en la ciudad, e investiga algunos crímenes cometidos en los CCD Comisaría Quinta (diagonal 74 entre 23 y 24), la Brigada de Investigaciones de La Plata (BILP - 55 Nº530, entre 13 y 14), Delegación

de Cuatrerismo de Arana (137 esquina 640), Puesto Vasco (Don Bosco, Quilmes) y COTI 1 Martínez (Avenida del Libertador al 14.200, Martínez, San Isidro). En el debate serán juzgados 26 represores, acusados de delitos cometidos contra 280 víctimas.

Hay que destacar que hay dos grandes circuitos, no los únicos, delineados sobre estos CCD. Ello se determina a partir de la constatación del recorrido que tuvieron los detenidos dentro del esquema represivo de centros de detención. Varios casos comparten el camino Brigada-5ta-Arana (sobre todo militantes de La Plata) y otros el de Brigada-Puesto Vasco-Cot 1 (sobre todo los funcionarios del gobierno provincial de Victorio Calabró y casos de la disputa de negocios con la dictadura como con el grupo Graiver o Timerman).

Foto: Gabriela B. Hernández

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En el caso de la Comisaría 5ta, la causa más avanzada desde hace tiempo, se incluyen casos y represores de ese CCD y del hecho de la casa Mariani-Teruggi. En este caso, los organismos presentaron en la etapa de instrucción una lista de más de 100 represores que actuaron en la 5ta, pero la justicia nunca pasó de imputar a una decena. Además durante la instrucción murieron impunes varios de los imputados: el jefe de la patota de la Unidad Regional, Juan Fiorillo, el comisario de la 5ta, Osvaldo Sertorio y el Director de Seguridad, Rodolfo Gonzalez Conti. Hay una ínfima cantidad de represores de la 5ta imputados en la causa: sólo dos agentes como Domingo Almeida y Luis Patrault. A esto se suman las imputaciones de la cadena de mando policial (Etchecolatz como Director de Investigaciones y Rodolfo Campos como subjefe de policía), la coordinación militar (Arias Duval, jefe del Destacamento de Inteligencia 101) y civiles con mando en el gobierno provincial como el interventor de facto Ibérico Saint Jean y su ministro de Gobierno Jaime Smart. Además se suman imputaciones por los hechos de casa de calle 30, pegadas a esta causa por su cercanía como jurisdicción de la 5ta, y porque se sabe que hubo coordinación desde esa comisaría para la actuación en el hecho con otras fuerzas militares y otras dependencias policiales. De todas maneras se juzgan los casos de varios compañeros detenidos desaparecidos y nacimientos de niños apropiados como los casos de Leonardo Fossatti-Ortega, Ana Libertad Baratti-De la Cuadra y Pedro Nadal-García, delito cuyo referente es en este juicio el médico policial Jorge Bergés. En el caso de la masacre de la casa de calle 30 se juzga la responsabilidad por los homicidios de los compañeros que estaban en la casa, que suma las imputaciones a Etchecolatz y sus choferes y custodia, Hugo Guallama y Norberto Cozzani, al oficial de Unidad Regional señalado como el que robó a la hija del matrimonio, Carlos García y al agente reconocido por Chicha Mariani como integrante del operativó que allanó su casa tras el ataque, Santiago Antonini. La situación de la apropiación de Clara Anahí Mariani-Teruggi está siendo juzgada en el juicio por el “Plan Sistemático” de sustracción de menores hijos de detenidos-desaparecidos que se sustancia en Capital Federal. En el caso de los CCD Arana-Brigada de Investigaciones-Puesto Vasco-

Cot1 Martínez, hay varios imputados, aunque también un número ínfimo sobre las decenas de represores denunciados por los sobrevivientes. Los referentes son Ruben Páez (jefe de la Brigada), Miguel Kearney (jefe de Arana), Eros Tarela, Sergio Verduri, Roberto Grillo, Daniel Lencinas, Pedro Ferriole, Roberto Cabrera, Bernabé Corrales, Raúl Machuca y otros. Planteado así, el juicio representa la ocasión de ver, acusados todos juntos, a los 26 represores imputados como si fuera una imagen instantánea de las patotas que hace 35 años asolaban barrios, universidades, escuela y fábricas. La sensación de que algún fruto comenzaba a tener la lucha de tantos años contra tanta impunidad. De que se rompía con la mecánica de llevar a los estrados a un solo represor, como en los casos de Etchecolatz y Von Wernich, o bien a un solo lugar, como en el caso de la Unidad 9. Sin embargo, la sensación de “justicia” se desvanece rápidamente al comprobar que solo cinco de estos represores llegan al juicio cumpliendo prisión (por condenas anteriores o por la contundencia de la prueba en su contra) mientras que los demás están excarcelados o con prisión domiciliaria, gracias a las desprolijidades con que la justicia encaró la instrucción de estas causas. En ese sentido, fue toda una experiencia presenciar el momento en que, tras clarificarse la gravedad de lo que se los acusaba en las audiencias, varios represores se retiraban del lugar departiendo con sus abogados, deteniéndose a arrancar algún afiche que informaba su currículum a la sociedad platense o tomándose un taxi en la esquina como cualquier hijo de vecino.

La primer audiencia, a salón lleno en la ex AMIA, desbordaba de ansiedad de parte de los militantes de organismos de DDHH, sobrevivientes, familiares y prensa, que acortaban la espera a cada rato con el clásico “como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”. A la entrada de los represores a la sala, fueron recibidos como corresponde: “¡Genocidas! ¿Guallama, García donde está Clara Anahi? ¡Asesinos! ¿Bergés, a quién le diste la hija de Silvia Valenzi? ¿Qué hicieron con Clara? ¿Dónde está Julio Lopez?”. Mientras tanto los represores se iban ubicando en la hilera de sillas de un cubil enrejado, construido especialmente para la

Foto de los genocidas Guallama, Cozzani, Garcia, Antonini.

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ocasión y custodiado por agentes del Servicio Penitenciario Federal. Varios genocidas, como Tarella, Bergés, Campos y García desplegaban su trabajosa actuación de viejitos achacados por el tiempo, con bastón, silla de ruedas, cánula y tubo de gas incluidos, algo denominado por las querellas como una “estrategia de impunidad biológica”. En un momento, cuando todo parecía aquietarse, la descarnada voz de una compañera ex detenida se despegó de las demás, y con un ímpetu que parecía haber sido acumulado por años se escuchó: “¡Julio Lopez también era anciano, y no venía arrastrándose y haciéndose el muerto como ustedes!”. Tras unos segundos para digerir la frase, la sala entera estalló en un aplauso conmocionado. Seguirían la lectura del requerimiento fiscal y las acusaciones por cada imputado y cada Centro Clandestino de Detención, pero algo sugería ya haber escuchado suficiente inculpación.

LA ABUELA

Tras la proyección de los testimonios de Adriana Calvo y Jorge Julio Lopez, logrado a pedido de la querella de Justicia Ya, la ronda de testimonios en el juicio comenzó con María Isabel Chorobik de Mariani, Chicha para sus compañeras de Abuelas y para toda la militancia de Derechos Humanos, madre de Daniel Mariani, suegra de Diana Teruggi y abuela de Clara Anahí. Con 87 años de edad y una espera de 35 años para poder contar su verdad, Chicha se mostró entera, con una memoria prodigiosa en un relato que duró casi 3 horas. Comenzó describiendo a su familia, a la que definió como “alejada de la política”, con su marido Enrique

José Mariani, músico y director de orquesta del teatro Colón, ella profesora en el Liceo Víctor Mercante de La Plata, donde enseñaba arte, y los padres de Diana, Mario Teruggi y Genoveva Dawson, geólogo y botánica, que trabajaban en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata.Diana y Daniel se habían conocido en el mismo Liceo, donde Diana, tres años menor que él, era alumna, y donde Daniel trabajaba en el área de Audiovisuales. Se pusieron de novios en el ’68 y a partir de su experiencia universitaria, él en Economía y ella en Letras, fueron abandonando las posiciones de su origen liberal para formarse como militantes populares. Se casaron en el ’72 y viajaron de luna de miel a Chile, donde la experiencia del proceso de polarización social que atravesaba el gobierno de Salvador Allende los marcó ideológicamente y comenzaron a militar en la izquierda peronista. Tras un paso de convivencia por un pequeño departamento y luego una casa en la entrada a la ciudad, en 1975, poco antes de que Diana quedara embarazada, vendieron todo y compraron una furgoneta y una vieja casa construida en los ’40, ubicada en calle 30 n° 1134, lindera con el barrio de Los Hornos. Al ser militantes, les pareció que esa zona alejada, con calles de tierra, era menos visible para un clima político en que hacía más de un año eran habituales la persecución y los asesinatos de parte de las bandas fascistas de la derecha peronista.Por entonces Chicha sabía de la militancia de la pareja, pero desconocía sobre la imprenta. Visitó la casa unas 4 veces, con el detalle de que siempre le hacían cerrar los ojos y daban vueltas para despistarla en la furgoneta en que la llevaban. Reconstruida la memoria sobre el

Discurso de Chicha Mariani con fondo de imagen de Clara Anahi.

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tema, en su testimonio en el juicio contó que “ya había nacido Clara Anahí. Mi hijo trabajaba en el Consejo Federal de Inversiones, y había pedido licencia para dedicarse a una empresa de conservación de alimentos. De conejos que criaban en la casa. Y tenían una imprenta donde estaba el lugar de los conejos. Estaba escondida, porque en ese momento no se podía hablar ni decir lo que uno pensaba. Todo el mundo recordará que cuando se declaró ilegal al ERP y a Montoneros, no se podía mencionar ni escribir en los diarios esos nombres, y se los mencionaba como ‘la organización declarada ilegal en primero (ERP) o segundo término (Montoneros)”.En ese momento de su relato, al mencionar a las organizaciones revolucionarias, la torturante sombra de Etchecolatz pareció sentirse llamada a anunciar su presencia. Su abogado defensor, Máximo Liva, interrumpió para anunciar al tribunal: “El sr. Etchecolatz dice que no escucha”. Chicha, resuelta como siempre, recibió la afrenta de quien nuevamente intentaba amedrentarla hablando a sus espaldas y la devolvió con rápida ironía: “Si quiere acercarse y estar por acá cerca…”. Nueva ovación en aplauso interminable del público presente.Chicha continuó el relato contando que el día del ataque estaba en su casa de 44 y 21, esperando a que Diana le llevara a Clara Anahí. Al escuchar algunas detonaciones sobre el mediodía, se preocupó por que les pudiera suceder algo en el camino, pero nunca imaginó que el operativo era en la casa de su hijo. Estuvo horas con esa inquietud, mientras veía pasar helicópteros, camiones del Ejército, soldados y policías. Entonces recibió un llamado informando que su padre se había descompuesto, y tras dejar una nota para Diana y Daniel en su casa, partió a City Bell. De manera que pasó la noche del 24 de noviembre en casa de su padre y se enteró de lo sucedido al otro día por los medios. Y contó que, decidida a volver a su casa, descubrió que también fue allanada y saqueada. Entonces Chicha les hizo escuchar a los jueces un fragmento del audio del ataque a la casa, que le acercó mucho tiempo después un vecino del barrio, que había registrado media hora de los estruendos de disparos y la estampida de los distintos vehículos del operativo en un grabador de cinta abierta. La escucha fue como retornar por un momento a ese infierno de 4 horas que aún hoy está en el recuerdo de muchos vecinos de la casa.

De allí en más Chicha realizó un pormenorizado relato de su búsqueda por esclarecer lo sucedido, y principalmente por encontrar a su neta Clara Anahí. Esa búsqueda que la llevó a crear en noviembre del ‘77, junto a otras 11 luchadoras a las que conoció en los juzgados, el grupo de “Abuelas con nietos desaparecidos”, luego simplemente “Abuelas”, una de las organizaciones que en plena dictadura lograron hacer conocer en el mundo entero los detalles del plan genocida de apropiación sistemática de los hijos de los detenidos desaparecidos.

La misma búsqueda que a partir de una simple nota periodística, que motivó varias visitas a los más destacados genetistas europeos y norteamericanos, sumó a la lucha por justicia una herramienta inédita de la genética para determinar la existencia de lazos biológicos entre nietos y abuelos, aún en ausencia de los padres, llamado hoy “índice de abuelidad”.Aquella indagación que la llevó a descubrir una cantidad de datos fragmentarios, típicos de una trama de complicidades, que alumbraron la posibilidad de que Clara Anahí estuviera con vida:- Los dichos del oficial de la Comisaría 5ta Jorge Luis Piazza, que dijo que tenía los cadáveres de quienes habían muerto en el ataque, pero aclaró que la nena no figuraba en el sumario y que debía haber quedado fuera de la casa. El sumario que luego, misteriosamente, desapareció.- El cinismo de la entrevista con el comisario de la 5ta, Osvaldo Sertorio, que afirmó que Clara Anahí estaba viva y le aclaró: “Probablemente ya le cambiaron la identidad y ya tiene otros padres. Pregunte en la Unidad Regional”.- El oportunismo del policía Daniel Del Arco, de la Dirección de Inteligencia de la bonaerense, que trató de venderle la beba a Chicha, lo cual le provocó una persecución por parte de Ramón Camps. Y la tarea de seguimiento de la DIPPBA a la obstetra de Diana, Esperanza Gurevich, para eliminar los datos médicos de la beba, que al no existir en la época métodos de identificación sanguínea, eran clave para comprobar la identidad de la nena.- La complicidad de la iglesia se evidenciaba en el planteo de monseñor José María Montes, uno de los sacerdotes que casó a Daniel y Diana, que le dijo a Chicha en la Catedral: “La beba está bien. Deje tranquila a la gente que la tiene. Usted tiene que rezar y dejar que transcurra el tiempo”. También en la doble tarea del capellán Emilio Graselli, que armaba ficheros con los datos de los familiares de desaparecidos que luego entregaba a la inteligencia militar, y quien afirmó que Clara Anahí había sido ubicada “muy alto”.

Finalmente Chicha apuntó directamente a los genocidas partícipes del hecho, a Etchecolatz, a Guallama, a Cozzani y a García, que todavía se guardan la verdad de lo sucedido como una extensión de la tortura que significa para los familiares vivir en la incertidumbre. Los conminó a que digan lo que saben y demolió la teoría de que la nena murió en el ataque al preguntar: “¿Dónde está la comprobación? Porque yo no voy a admitir una verdad que no se compruebe. Cualquiera que sea”. Por último, dejó flotando en su relato una metáfora que extrajo de su oficio de docente de arte y que la pinta como la síntesis de una generación que todavía busca respuestas, y que en ese camino va encendiendo nuevas luchas: “Yo me he pasado los últimos 35 años de mi vida buscando detalle por detalle. Pero estoy buscando desde la nada, desde la oscuridad, desde la maldad más grande. Y yo me acuerdo haber enseñado arte egipcio a mis

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alumnos del Liceo Víctor Mercante, muchos de los cuales fueron asesinados. Y muchas veces hice hincapié en aquello que hacían los faraones de borrar todo lo que el faraón anterior había hecho, para que no quedara nada de memoria de eso. Esa desaparición que hacían de lo hecho. Estos señores hicieron lo mismo pero con las personas: trataron de que se borrara todo. Por suerte algunas quedamos y yo espero que se vayan aclarando los crímenes”.

LA MILITANCIA Y LOS ANTICIPOS DE LA MASACRE

La recuperación de las tareas militantes en la casa de calle 30 puede esbozarse con la lectura de la novela “La casa de los conejos” de Laura Alcoba. A partir de su breve paso por la casa como una niña de 8 años hija de militantes, Alcoba relata, siempre en el terreno de la reconstrucción-ficción, las obras de cimentación del embute para la imprenta que se hicieron durante el verano del ’75. Cuenta cómo la refacción del galpón del fondo, futura conejera, daban la excusa para la construcción de una segunda obra (el embute) en el hogar de “un matrimonio modelo, a salvo de toda sospecha”. Que era Diana la que asumía la tarea de llevar y traer tabicados bajo una frazada en la furgoneta al “Ingeniero” y al obrero que realizaban la obra. Que se comenzó con un gran pozo. Que eran Daniel y Diana los que, por la noche, descartaban los escombros y la tierra en obras y baldíos de la zona. Que se continuó con un segundo muro a menos de dos metros de la medianera del fondo, a cuyo extremo derecho se montó una gruesa puerta hecha de ladrillos y montada sobre una estructura metálica deslizable que se operaba con un mecanismo electrónico al contacto de dos cables. Que el control de la puerta estaba siempre en un rincón, a la vista de todos, con la forma de una maraña desprolija de cables. Que el “Ingeniero” comentaba que el embute se le ocurrió leyendo “La carta robada”, de Edgar Allan Poe, y su premisa “nada esconde mejor que la evidencia excesiva”. Que Daniel explicaba que la cría, la elaboración y el embalaje del escabeche de conejos, que en realidad ellos se comerían, sería la vidriera para llenar cajas y cajas con ejemplares de Evita Montonera. Que Daniel sugirió que para disimular mejor las cajas, ante un posible control policial a la furgoneta, había que envolverlas para regalo. Que ella misma pasaba largas horas con Diana y su madre empaquetando centenares de ejemplares del periódico en la mesa de la cocina, a los que remataban con una envoltura de cintas ornamentales. Que debía hacer un esfuerzo en la mesa de la merienda para no mancharse con los hisopos con que se limpiaban las armas de la casa.

Y finalmente, Alcoba relata cómo, mientras Diana estaba a punto de dar a luz, abandonaron la casa con su madre para irse del país. Que mucho después supo que Roberto César Porfirio había ocupado la pieza del fondo, que supo ser

de ellas, porque necesitaba esconderse con su hija tras ser asesinada su esposa.La seguridad de los grupos militantes era una preocupación especial desde fines del ’75, atentos a lo que significó el “Operativo Independencia” desplegado en Tucumán y luego extendido a todo el país a través de los decretos de “Aniquilamiento de la subversión” y del accionar de la Triple A. Desde la ruptura de mayo del ’74, Montoneros venía implementando una etapa de Retirada Estratégica combinada con una Ofensiva Táctica Militar, tarea que implicaba el abandono de los frentes políticos y el reordenamiento de los militantes en estructuras logísticas o de combate para la transformación de las agrupaciones en milicias. Durante el año ’75 se realizaron dos campañas militares con centenares de operaciones de todo tipo que comenzaron a integrar las milicias con los pelotones de combate.

El pensamiento de la conducción expresaba que no podía haber política revolucionaria o proyecto de la toma del poder para los trabajadores y el pueblo, sin la construcción del poder militar propio y la destrucción del poder militar enemigo. Esto puede leerse en textos como “La Resistencia Peronista ataca – Fundamentos de la Ofensiva Táctica” o “Las milicias peronistas son posibles”, compilados en el segundo tomo de documentos de la organización que publicó Roberto Baschetti.

Por entonces, se caracterizaban dos “desviaciones” a la línea de la organización: la “militarista” (por su incapacidad de ofrecer una respuesta política totalizadora) y la “politicista” (porque, aunque sostenían la necesidad de elevar la acción reivindicativa al nivel político y aún militar, la aceptaban ‘sólo desde la lucha misma de las masas’, y negaban la función de la vanguardia en las experiencias revolucionarias). La línea montonera comenzaba a alejarse de la idea donde era la conciencia política de las masas la que había generado la posibilidad de una vanguardia, y a empezaba a parecerse más a la de un grupo que valorando la identidad peronista como la conciencia política de los trabajadores y

Daniel y Clara Anahi en casa de Chicha.

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al peronismo como el Movimiento de Liberación Nacional, aun así, y como le recordara Rodolfo Walsh a la conducción, Montoneros todavía debía ganar esa representatividad y no atribuírsela de manera mecánica.

Pero además, junto con el desarrollo de la ofensiva militar, en 1976 se ensayó una propuesta política dentro del peronismo, la construcción del Partido Peronista Auténtico, que resultó atractiva para amplios sectores del combativismo y la izquierda peronista, junto a hombres representativos de la historia del movimiento. Sin embargo, el avance de la represión ponía límites al proyecto y a la propia estructura: el arresto y desaparición de Roberto Quieto, tercero en la conducción, en diciembre de 1975, decidió el recambio por una estructura de conducción con cuerpos colegiados como el Consejo Ejecutivo y el Congreso Partidario.

Producido el golpe, los reclamos “basistas” ponían todo el énfasis en la preservación de las propias fuerzas para luego realizar ofensivas más eficaces y contundentes. Así, se requería a los militantes el cumplimiento estricto de los horarios, la realización de controles diarios de seguridad, el desarrollo de prácticas anti-seguimiento, alternar los lugares de reuniones y realizar el traslado de materiales con embutes móviles. Además, si bien algunos sectores de la conducción agitaban una visión triunfalista respecto a las consecuencias del nuevo régimen, al augurar su rápido desgaste y una retirada similar a las de anteriores dictaduras, también se combatía internamente las actitudes de resignación fatalista, que paralizaba la propia capacidad de acción en “si me toca me toca” o “no es mucho lo que se puede hacer”. Incluso había polémicas respecto a los desafíos a la seguridad que planteaba la política de prensa de la organización, que intentaba manotazos de frentismo como el semanario “Información” (aparecido en debut y despedida el 23 de marzo del ’76) en lugar de prepararse para una prensa más artesanal y clandestina, en la experiencia de la resistencia tras el golpe del ’55.

A esto último estaba dedicado el grupo de la casa de calle 30, que imprimía y distribuía la “Evita Montonera”, autodenominada “revista oficial de Montoneros”, que con una tirada de 5 mil ejemplares, en sus 40 páginas desplegaba notas de análisis de coyuntura, hacía crónicas de las acciones de resistencia a la dictadura y principalmente establecía directivas para facilitar las discusiones entre las agrupaciones de base. En su número 13, de abril-mayo del ’76, la editorial afirmaba que “El Evita debe jugar un papel en la batalla contra la censura y la desinformación. Para eso necesitamos que, a través de los distribuidores, nos hagan llegar todo lo que pasa en la fábrica, en el barrio, en la escuela (…) para difundirlo y aprender de las experiencias”. La publicación, que se referenciaba como una herramienta política, organizativa, militar e ideológica, desplegaba por entonces la

consigna: “Llegar al pueblo con nuestra prensa es ganarle una batalla al enemigo”.

A mediados de julio del ’76 a muchos militantes les llegó la noticia de que la conducción montonera se había ido del país en abril. Primero como un rumor, y luego casi como la confirmación de una traición, el hecho desató acaloradas discusiones entre dos posiciones: la necesidad de preservar estratégicamente a los principales cuadros de mando y la simpleza con que esos cuadros de conducción rechazaban en las discusiones de los últimos 3 meses las iniciativas de los “boludos de se quedaban a poner el cuerpo”. Ni los documentos de contrainteligencia, que anticipaban detalladamente la forma en que iba a operar el terrorismo de Estado en esa etapa, habían logrado consensuar la idea de que la única que quedaba era replegar la estructura y descentralizarla para, no ya revertir el avance represivo, sino salvaguardar a los militantes. Sin embrago, para muchos la idea de rajarse era, aún con la certeza de perder en cualquier momento, sólo defender la posibilidad de vivir lamentándose por no haberse quedado a pelear por lo que se creía.

En la ciudad de La Plata la cacería estaba desatada. Gracias a las tareas de la inteligencia militar y policial, se habían lanzado golpes demoledores sobre los sindicatos, fábricas y universidades, centrados en el secuestro y la matanza de cuadros combativos y militantes populares. Ya funcionaban a pleno varios de los Centros Clandestinos de Detención que son, fragmentariamente, parte del juicio “Circuito Camps”. Decenas de ex detenidos y familiares

Tapa de la revista Evita Montonera Nº 13

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relataron en las audiencias de 2011 del juicio lo que se vivía en la universidad, en las escuelas y en los lugares de trabajo y militancia de La Plata entre el invierno y la primavera del ‘76.

Cristina Gil y Mónica Furman relataron sus secuestros de la noche del 19 de agosto de 1976, conocida como la “Noche de los Psicólogos”, ya que se trató de un operativo en el que se secuestró simultáneamente a varios psicólogos, psiquiatras y médicos de distintas cátedras de la Facultad de Humanidades, que fueron recluidos en la Brigada de Investigaciones y los CCD de Arana. Ambas contaron que fueron interrogadas en búsqueda de la militante Diana Conde, ex compañera de cátedra en la facultad.

Néstor Buzzo, fundador de la Federación Argentina de Radios Comunitarias y en los ’70 vinculado a la Juventud Universitaria Católica, contó que tras una breve detención anterior en la Comisaría 8va, fue nuevamente secuestrado el 1 de septiembre de 1976 y alojado durante 20 días en los CCD de Arana, Pozo de Quilmes y Brigada de Investigaciones de La Plata. En otra muestra de la complicidad de la iglesia con la represión, Buzzo contó que, por orden de Monseñor Plaza, el obispo José Montes se acercó a sus padres para informarles que él estaba vivo. Y tras reconstruir el funcionamiento de los lugares donde estuvo detenido, con irónica valentía, recordó que antes de ser liberado de la Brigada de La Plata, recibió un discurso moralizador del propio Miguel Etchecolatz, que le dio 5 pesos y lo invitó a irse del país. “Ya que está presente, me gustaría devolverle los 5 pesos”, dijo Buzzo.

Marta y Nora Ungaro dieron detalles de lo que conocemos como la “Noche de los lápices” del 16 de septiembre de 1976: el secuestro de su hermano Horacio en su departamento de los monoblock del barrio Hipódromo (ejecutada personalmente por Roberto Omar Grillo), la reconstrucción de su paso por los CCD de Arana y Pozo de Banfield, las caídas del resto de los secundarios y militantes de la UES del Normal 3, del Nacional y de Bellas Artes, la circulación de un material denominado “subversión en las escuelas” elaborado por el ministro de Educación de la dictadura, Dr Buera, y la actuación del CNU en la represión en los colegios secundarios, en particular del genocida Néstor Beroch, que luego en democracia se recicló como profesor y en la editorial de la UNLP. Además, destacaron que si bien hubo condenas por el caso en los juicios de la década del ’80, muchos represores se beneficiaron luego con las leyes de impunidad y la mayoría continúan impunes, como el jefe del pozo de Banfield, comisario Miguel Wolk, imputado junto a sólo 5 represores más por hechos de ese CCD.

El propio Jorge Julio Lopez, en su testimonio en el juicio a Etchecolatz (proyectado en video en estas audiencias), relató su secuestro del 27 de octubre de 1976, en paralelo a las caídas de

otros militantes de la Unidad Básica “Juan Pablo Maestre”, que funcionaba en el barrio de Los Hornos. Lopez contó que en ese lugar conoció a varios jóvenes de la Juventud Peronista que hacían tareas sociales y políticas en el barrio, como Mirta Manchiola o el matrimonio de Patricia Dell’Orto y Ambrosio De Marco. Que el operativo de secuestro estaba comandado por Etchecolatz y su chofer Guallama, y que incluyó varias paradas para levantar gente en Los Hornos. El relato de Lopez sobre el asesinato de Patricia y Ambrosio en Arana sirvió para condenar a Etchecolatz a reclusión perpetua en 2006.

Las hermanas Ana y Blanca Barragán, secuestradas junto a sus esposos en Arana en noviembre del ’76, testimoniaron en este juicio que allí vieron a Mirta embarazada y muy deteriorada por la tortura. Les dijo “no siento al bebé” y les pidió que si salían avisen a su hermano. Mirta y su bebé continúan desaparecidos. Para Lopez “eran mujeres de oro, y estos asesinos las mataron sin piedad”.Por entonces, pese a la represión, la censura y el miedo que imponía el régimen, no era ningún secreto la existencia de campos de concentración, de ejecuciones disfrazadas como enfrentamientos y de vuelos de la muerte. Y la militancia comenzaba a diseñar estrategias de denuncia sobre el accionar represivo ilegal del Estado.

El número 14 de “Evita Montonera” de octubre del ’76, el último que llegó a imprimirse en la casa de calle 30, lanzó una campaña nacional de propaganda donde, además de convocar a sus lectores a denunciar la política de hambre de la dictadura, se impulsaba a “decir lo que todos piensa pero muchos no se atreven a decir” y “mostrar que los ‘enfrentamientos’ donde mueren diez compañeros y ningún policía, no son tales, sino que son fusilamientos de presos”. Lo más destacable de esta categórica e inusitada denuncia, seguramente elaborada a partir de la propia tarea de inteligencia o de los relatos de militantes que lograron escapar de la represión, es que su contenido determina el inicio de una tarea que más tarde continuarían las madres e hijos de esa generación de luchadores. Dice el “Evita Montonera” de octubre del ’76: “pondremos el acento en la difusión nacional e internacional de las atrocidades represivas que son, en su conjunto, responsabilidad de las Fuerzas Armadas y que en muchos casos se realizan en los mismos institutos militares, como por ejemplo las torturas y asesinatos masivos que se cometen en la Escuela de Mecánica de la Armada, en Campo de Mayo, en el Regimiento 1, en Villa Martelli (Buenos Aires), en Campo de la Rivera (Córdoba), en Famaillá (Tucumán), etcétera”.Lo trágico es que esas denuncias eran casi premonitorias del infierno que vendría para el grupo de la casa de calle 30 poco después.

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MATAR Y ROBAR

Las construcción de mentiras sobre lo ocurrido en el ataque a la casa Mariani-Teruggi comenzó con el comunicado a medida que la dictadura emitió sobre el suceso: “El Comando de la zona 1 informa a su población que siendo aproximadamente las 14:30, en la ciudad de La Plata, en la calle 30 y 56, en circunstancias en que fuerzas conjuntas ejecutaban un registro domiciliario como consecuencia de información proporcionada por la población, fueron atacados desde el interior de la finca registrada, produciéndose un enfrentamiento con elementos subversivos pertenecientes la organización declarada ilegal en segundo término. Como consecuencia del mismo resultaron muertos siete delincuentes subversivos. Finalizando el registro del inmueble, se pudo constatar que en la parte posterior del mismo funcionaba una imprenta de la mencionada organización. Asimismo este comando debe lamentar la muerte del agente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, José Sconza, como así también las heridas de pronóstico reservado en tres integrantes de la Policía de la Provincia y un soldado de la fuerza del Ejército”.

La versión oficial del Primer Cuerpo del Ejército, que en La Plata reprodujo automáticamente el diario El Día, contenía varias omisiones elaboradas. En principio informaba que las personas asesinadas eran siete, pero nunca informó los nombres. Con sello habitual se caratuló al hecho como un enfrentamiento, pero no se informó del secuestro de ningún arma. Y lo

más importante, no se hacía ninguna mención a la presencia de Clara Anahí en la casa, sea como asesinada o como sobreviviente. La maquinaria para hacerla desaparecer estaba en marcha.

La versión más documentada de los hechos, basada en testimonios y prueba judicial, la encontramos en la biografía de Chicha Mariani que escribió Juan Martín Ramos Padilla. Allí se narra con precisión que todo empezó tras la caída del “ingeniero” que había construido el embute de la imprenta, al que torturaron e hicieron que marcara la casa, tarea que les llevó toda la mañana del 24 de noviembre, porque como lo llevaban siempre tabicado no podía indicar la ubicación exacta. A la una y cuarto de la tarde, mientras Diana servía el almuerzo para sus compañeros, la comitiva llegó al lugar, que rápidamente fue cercado y se pobló de más de 200 efectivos armados de la Policía y el Ejército. Estaban presentes desde los jefes del Comando del 1er Cuerpo del Ejército, Carlos Guillermo Suarez Mason, de la 10ma Brigada de Infantería, Adolfo Sigwald, y del Regimiento 7, Roque Carlos Presti; hasta el jefe de la Policía, Ramón Camps, de Investigaciones, Miguel Etchecolatz, de Infantería, José Clemente Forastiero, de la Unidad Regional, Oscar Ioppolo y de la Comisaría 5ta, Osvaldo Sertorio.

Curiosamente, convocados de antemano y por fuera del procedimiento, también estaban presentes los bomberos e integrantes de la morgue policial.

Ataque a la casa de 30

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En la casa se encontraban Diana, Clara Anahí, y los militantes Alberto Oscar Bossio, de 34 años, médico y padre de 4 hijas; Daniel Mendiburu Elicabe, de 25 años, estudiante de arquitectura y esperando un hijo; Roberto Cesar Porfidio, de 32 años, licenciado en Letras y al cuidado de una hija tras el asesinato de su mujer por los militares; y Juan Carlos Peiris, de 28 años, oriundo de Bahía Blanca y técnico que operaba las máquinas de la imprenta. Daniel Mariani se había salteado el almuerzo, y había salido en viaje a Capital Federal quince minutos antes del ataque.

Ubicados los represores en la fachada y los techos de las casas aledañas, bajo la dirección de los altos mandos, las fuerzas conjuntas comenzaron a disparar desde varios frentes. Mientras la lluvia de balas perforaba la casa, los militantes se refugiaron agazapados y Diana se ocultó con Clara Anahí en el baño. Tras varios minutos de fuego, los represores dispararon desde la calle con un mortero que cruzó el jardín, el dormitorio y produjo un boquete de más de un metro de diámetro en la pared del comedor. Entonces ingresó a la casa la brigada de explosivos con el capitán del Ejército Héctor Amuchástegui y el soldado-enfermero Carlos Bazán. Mientras tanto, Camps, Etchecolatz, Guallama y Cozzani fueron ganando posiciones en los techos vecinos y desde allí cazar a los militantes.

Porfidio fue ultimado mientras intentaba trepar un muro del patio trasero. Peiris cayó en el garaje, alcanzado por las balas detrás de la furgoneta. Bossio logró subir al techo y junto al tanque de agua fue acribillado mientras gritaba “Viva la patria! ¡Vivan los Montoneros!”. Mendiburu Elicabe fue ametrallado en el patio trasero. Diana salió corriendo hacia el fondo con su bebé en brazos y, por orden de Etchecolatz, fue asesinada por un disparo de Guallama junto al limonero del patio.

El relato ante Conadep del policía Carlos Alberto Hours en los ‘80’s, confirmó la modalidad del asesinato de Diana, y que Clara quedó ilesa junto al cadáver de su madre. Los testimonios de los policías Cecilio Gomez y Ramón Buzzato, que fueron felicitados por la Jefatura por su participación en el hecho, y varias pericias hechas sobre el lugar, determinaron que el agente José Sconza, que se encontraba en un techo vecino, fue alcanzado por una bala policial, al caer rompió el techo y murió dentro del inmueble.

El vecino Oscar Antonio Ruiz declaró en el juicio a Etchecolatz que pudo ver que un represor corpulento y morocho, al que llamaban “el Oso”, tomó a Clara Anahí, la envolvió en una frazada blanca, la sacó de la casa por una medianera y, por orden directa de Camps, la metió en un patrullero. Ruiz lo recuerda porque luego “el Oso” García lo amenazó con su arma y le ordenó que se metiera en su casa.

LOS JUNTACADÁVERES

35 años después de los hechos, los policías, militares, médicos y sacerdotes convocados al juicio continúan elaborando una intrincada red de complicidades que no logra responder una sencilla y profunda pregunta: ¿Qué pasó con Clara Anahí Mariani Teruggi?

A tiempo para su indagatoria, Miguel Etchecolatz, condenado ya a perpetua en 2006 por el asesinato de Diana y acusado en este juicio por 150 casos de secuestros, torturas y desapariciones en la casa de calle 30, Comisaría 5ta, Brigada de Investigaciones, Arana, Puesto Vasco, y 4 apropiaciones; se presentó nuevamente desafiante: exhibía un pin con su nombre y la consigna “Preso Político”. El presidente del TOF 1, Carlos Rozansky, lo invitó a retirárselo diciéndole que “este es un tribunal de la nación constituido legalmente y estamos haciendo un juicio ajustado a derecho”. Aceptando la propuesta pero no el concepto, se despachó en 15 minutos de una conocida defensa de su accionar represivo como una actuación patriótica frente al “terrorismo perverso y apátrida”, sobre lo injusto del juicio, que sólo “despierta odios y venganzas” y lo ha condenado de antemano. Rechazó las acusaciones, incluidas las del que denominó “el

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politizado caso Lopez”, al que describió como un testigo “aleccionado”, y para extender su práctica de la tortura sobre los familiares con el arma de la incertidumbre, dijo que podría aportar datos y pruebas sobre el destino de Clara, pero que se los reservaba para otra ocasión.

Citado a decir lo suyo sobre las acusaciones por casa de calle 30 y 18 casos del CCD Puesto Vasco, el represor Norberto Cozzani se mostró como el más verborrágico, alentado por una intención de despegarse de la defensa de los otros genocidas e intentando mostrarse predispuesto a colaborar y atento a las informaciones que los medios fueron difundiendo alrededor de los hechos juzgados. Describió en 2 horas la ejemplaridad de su carrera al iniciar el área de investigaciones de “delitos económicos” y su participación en el “Caso Graiver” como la de un simple auxiliar que detenía gente ilegalmente, grababa los interrogatorios y elevaba informes a sus superiores. Preguntado sobre calle 30 intentó explicar que a pesar de ser chofer de Etchecolatz no estuvo en el lugar y, sin embargo, fue condecorado por jefatura por el hecho, del que se enteró porque fue “el tiroteo más grande que hubo en la ciudad de La Plata”. También abonó a la estrategia del mutismo y, excusándose en “no sumar más dolor a la Sra Mariani”, prometió que “antes de que termine el juicio voy a explicar qué pasó en la calle 30”. Evidentemente estaba calculando sus palabras respecto a lo que dijeran o callaran Etchecolatz o Guallama.

En el caso del otro chofer de Etchecolatz, Hugo Guallama, directamente se escudó en el silencio y se negó a declarar, igual que la mayoría de los represores imputados en el juicio. Guallama ya había declarado en la instrucción de la causa ante el juez Corazza, y había afirmado que él no estuvo de guardia ese día, que sí estuvieron presentes sus superiores Etchecolatz, González Conti, Forastiero y Fiorillo, y que fue el oficial apodado “el Oso” el que ocultó a Clara en un móvil de la Unidad Regional. Su apartamiento del hecho fue desmentido en el juicio por la ex esposa de Guallama, Mabel Suarez, quien testimonió que en los ’70, angustiado por la culpa que sentía sobre lo que había hecho, la llevó una noche a la casa de calle 30 y le confesó que había disparado y que se habían robado un bebé.

A su turno, Carlos García, acusado también por 12 casos de Comisaría 5ta y señalado por el testigo Carlos Zaidman como su secuestrador, desvarió durante hora y media con minuciosas explicaciones de hechos que no hacen a lo que se está juzgando. Dijo que en la Vucetich le pusieron “el Oso” porque le gustaba la miel, que es injusto estar preso por los dichos de Guallama y que en la cárcel descubrió la palabra de Dios en el pabellón evangelista. Si bien no negó su actuación en procedimientos de la Unidad Regional a cargo de Juan Fiorillo, se amparó en su legajo para afirmar que no estuvo en la

casa de calle 30 porque estaba destinado en la Brigada de San Martín.

Al ver complicada su maniobra de inocencia por aclaraciones que lo involucraban aún más en el hecho de calle 30, Cozzani amplió 2 veces su indagatoria. Dijo que con Etchecolatz “no existe relación, ni afinidad de ideas respecto al tema”. Adujo que en una indagatoria ante el juez Corazza en 2005, ya había declarado que “tenía conocimiento de que la beba había fallecido en el enfrentamiento”. Y en una curiosa estrategia de poner al juez como testigo de algo no probado, afirmó que el propio Corazza le sugirió por entonces que no podía divulgar esa versión porque “haría que se caigan todas las expectativas de vida” de Chicha Mariani. Esa cínica utilización de la mentira como certeza para pretender preservar las ilusiones de una abuela que busca a su nieta viva o muerta, no es más que otro capítulo en la imposición como verdad, nunca probada, de la versión de que Clara Anahí murió calcinada en el ataque. De hecho en su ambigua posición Cozzani se dedicó a confirmar algunas de las hipótesis planteadas por Chicha sobre los participantes del operativo, y a denostar otras, defendiendo la inocencia de los represores de bajo rango como él, un cabo, y planteando que “la cobardía de algunos superiores hizo que la niña no apareciera”. Consultado sobre la existencia de algún documento oficial que pudiera probar la versión de la muerte de Clara, respondió “que se lo pregunten a Tarella”.

Pese a no estar imputado en la causa de calle 30, pero obligado a contestar sobre el tema, el genocida Eros Tarella, oficial de la Dirección de Investigaciones acusado por 40 casos de los CCD Puesto Vasco y Cot1 de Martínez, aseguró que por su actuación en el Servicio de Inteligencia de la bonaerense (SIPBA), un día después del ataque el coronel Enrique Rospide, a cargo del área de inteligencia militar en la provincia, lo mandó a llevar una información al Comando de Operaciones, entre la cual había un volante escrito a máquina, sin firma ni origen, que decía textualmente “los bomberos sacaron sobre una chapa el cadáver carbonizado de una criatura”, pero que no conoce el destino de ese documento. Dijo que a fines de los 70’ en la Jefatura de Policía ya se conocía el reclamo de Chicha, por lo que le requirió a Rospide por qué no decían la verdad, y que éste le respondió que “el Ejército no mata criaturas en combate”. Encriptando mucho más con esto la cadena de complicidades de los altos mandos policiales en lo sucedido, Tarella dijo que preguntó por el hecho a Camps, al jefe del Comando y a otros represores del área de Investigaciones, y que la desfachatada conclusión que saca es que “si esta pelotudez se hubiera resuelto antes, no estaríamos acá discutiendo esto”.

Las declaraciones testimoniales de los médicos forenses que intervinieron en el caso, no hicieron más que confirmar la cadena de irregularidades

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que se desplegó tras la masacre para encubrir la apropiación de Clara. Ello incluyó la certificación de los asesinatos de Bossio, Porfidio, Mendiburu y Peiris con nombre, apellido y causal de muerte, pero en el caso de Diana, se hizo circular la versión de que su cadáver estaba carbonizado y que era imposible de identificar. Cerró el círculo la expeditiva inhumación irregular del cadáver de Diana como NN en el cementerio municipal.

Citado a la audiencia, el médico policial Néstor De Tomas, hijo de un ex comisario de la 5ta e integrante de la Dirección de Sanidad y Medicina Legal de la bonaerense, órgano que actuaba como auxiliar en casos de homicidios, dio cuenta de la irregularidad cómplice con que actuaban. Aseguró que el 24 de noviembre del ’76 no le tocó la guardia, y que del hecho se enteró por los diarios, con lo cual deslindó su intervención en el caso. Al exhibirle el tribunal varios certificados de defunción de la causa donde figura su nombre, contestó que esas eran actas del registro civil y no certificados de defunción, y que en todo caso puede haber firmado los certificados, pero que fueron constatados por otro médico. Preguntado insistentemente sobre si no le resultaba irregular firmar algo que él mismo no había constatado, reconoció que sí, pero que era parte de la metodología de la época.

Llamado el otro médico de guardia en Sanidad, Héctor Darbón, recordó que participó de la certificación de los asesinatos, y que lo impresionó ver un cadáver carbonizado en la morgue de esa dependencia, pero que no llegó al lugar ningún cuerpo de un menor. Explicó que la metodología era dar un número y descripción por cada caso, asentarlo en un libro y entregarlo a instrucción judicial. Al exhibírsele un acta de defunción de un NN carbonizado con su nombre, repitió que lo impresionó ver la carbonización pero no recordaba si lo había certificado. Por último se excusó en que era un profesional muy joven y que el médico más experimentado era el jefe de guardia Roberto Sciafardo.

Convocado a decir su parte, Sciafardo dijo que en la dictadura “hubo un incremento de cadáveres, la mayoría por balas”. A su vez indicó que entre los cadáveres que llegaron de calle 30 no se encontraba el de ningún bebé. Que tuvo actuación en la morgue pero no la recordaba, y que del hecho se enteró por los diarios. Para sumar sospechas sobre la actuación médica en el caso, recordó que en los años 80 un juzgado le pidió los libros de guardia de 1976 y 1977, que años más tarde “desaparecieron”.

Un detalle no menor, que viene repitiéndose en todos los juicios realizados en nuestra ciudad hasta el momento, es la declaración de varios genocidas como “testigos” de hechos represivos de los que han participado y cuya citación como imputados, pedida por las querellas, nunca ha sido concedida. Además de la dilatación del proceso hacia futuros procesamientos en próximos e improbables juicios, esto provoca

que los testimonios sean escuetos y demasiado específicos, para no contradecir la situación de testigo (conjurado a decir la verdad) con la posible autoinculpación en que podrían incurrir los represores-testigos si contaran todo lo que saben. Y exactamente eso se fue lo que ocurrió en este juicio con el desfile impune de varios represores “testigos” como el agente del destacamento de Arana Juan Carlos Urquiza; el agente de la Comisaría 5ta José Celedonio Torres y el jefe de la policía Federal en La Plata en dictadura Juan Rafael Pochelou, los tres imputados en la causa residual de Arana que quedó fuera de este debate.

Pero desfilaron además otros como el Capitán del Ejército Héctor Amuchástegui, oficial de logística en el Regimiento de Infantería 7 (por entonces ubicado en la actual plaza Islas Malvinas), que dijo que el 24 de noviembre del ’76 concurrió a la casa de calle 30 ante el requerimiento policial de apoyo. Rememoró que rodearon la manzana con 50 soldados al mando del jefe y subjefe del regimiento, Presti y Miloni, con orden de identificar personas, aunque sin haber recibido elementos concretos para hacerlo. Con senil tono castrense afirmó que “la unidad tomo posición en U sobre la manzana de la casa, y tras 2 horas hubo una explosión y se terminó el problema”. Indagado sobre si supo de muertos o heridos dijo que se enteró de 4 asesinados y que “en el regimiento se dijo que había un bebé”. Por último aseveró que el Ejército fue advertido de que se iba a disparar con un arma antitanque, que posiblemente haya sido una bazooka del tipo “Instalaza 88,9”, un proyectil de carga hueca que impacta y explota, o bien una del tipo “P.A.P.I. 3,62” utilizada como antitanque. Esta afirmación produjo una ampliación indagatoria de Cozzani, que acusó a Amuchástegui de enfermarse hoy “de miedo y de deshonor” cuando en aquella época “recorría la ciudad en una tanqueta”. En otro intento de abonar a la teoría del incendio en la casa y carbonización de los cuerpos, Cozzani dijo que “en calle 30 se usó un P.A.P.I.” (por sus siglas, Proyectil Antitanque Para Infantería) y que “me lo contó Pernías en Marcos Paz” (!). Todo ello para asegurar que quien disparó fueron las Fuerzas Armadas y no la Policía: “Fueron el BIM3, el Regimiento 7 o el Batallón 601”, dijo.

El más prodigioso de los casos de represores-testigos se dio con la testimonial de José Clemente Forastiero, durante la dictadura jefe de Infantería de la bonaerense con sede en 1 y 60, e imputado en la causa por ese CCD. Forastiero comenzó su declaración fingiendo una sordera que se le curó repentinamente cuando se empantanaron sus argumentos. Tras afirmar que envió personal a la casa de calle 30 para “cortar la calle” a pedido de la Jefatura, juró que él no estuvo en el lugar. Pero luego dijo que decidió ir tras enterarse que “había un herido con casco”, aunque “llegué, no me informaron nada, di media vuelta y me fui”. Recordado por el tribunal de las consecuencias de la negativa a

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declarar, repitió toda su versión sin consistencia y comenzó a tartamudear. Tras un receso para deliberar, el tribunal decidió procesarlo por falso testimonio por sus reticencias y omisiones en la declaración.

La complicidad o, más bien la participación activa de la iglesia católica en el Terrorismo de Estado, es patente en este caso con la “obra” de monseñor Emilio Teodoro Graselli. Secretario del vicario castrense, Graselli atendía a los familiares de desaparecidos en una oficina contigua a la capilla Stella Maris de Capital Federal, lugar en que la Armada infiltró y secuestró a un grupo inicial de Madres y a sus colaboradores. Chicha lo visitó allí en 1977 para pedirle que le ayudara a encontrar a Clara, y el obispo realizaba cuestionarios en que recababa datos con los que llenaba fichas que luego llegaban a la inteligencia militar. Graselli confeccionó más de 2.500 fichas de ese tipo, y en algunas de ellas marcaba en rojo la letra “M”, en obvia referencia a militantes Montoneros. Sobradas veces, Chicha testimonió que en su segunda visita a Graselli, éste le respondió que ya no se podía hacer nada, que había pasado demasiado tiempo y que era imposible recuperar a Clara, porque “había sido ubicada muy alto”.

Convocado a aclarar ese accionar, Graselli relató que como tanta gente visitaba al Vicario Castrense Monseñor Tortolo en Paraná, éste le encargó que atendiera a los familiares en Capital Federal. Que tomaba los datos, hacía las fichas y en el anverso indicaba un nombre “con quién comunicarse”. Que esas fichas se las entregaba a Tortolo, que supuestamente “pedía datos diariamente al Ministerio del Interior o a las Fuerzas Armadas”. Reconoció que atendió personalmente unos 2.500 casos, “30 o 40 por semana” dijo, y que la mayoría de las respuestas que él recibía era “no están

detenidos”. Lamentándose porque “pasaron tantos años y no sabemos la verdad”, el cura mostró su verdadera disposición a colaborar en la investigación al ser consultado por las visitas de Chicha, a lo que sólo respondió “no lo recuerdo”.

LAS PRUEBAS

Los familiares de los militantes caídos en la casa de calle 30 relataron en el juicio la persecución por su militancia de que venían siendo víctimas desde mucho antes del golpe. Mauricio Peiris, contó que su hermano de Juan Carlos militaba en Montoneros y en la Asociación de Empleados de Comercio de Bahía Blanca y estaba clandestino desde el ’74. Asediado por la persecución de las patotas del Comando del 5to Cuerpo del Ejército, que incluyó allanamientos a su casa, a la casa del hermano y la madre, Juan Carlos se escapó de su ciudad y se vino a continuar su militancia en La Plata.

La hermana de Alberto Bossio, Ana María, relató que la mañana del 24 de noviembre Alberto la visitó en su casa muy nervioso y le dijo que sabía que la casa de calle 30 estaba “quemada”. Alberto estaba clandestino desde el ’75, tras enterarse que estaba siendo perseguido por la Triple A, información que consiguió vía intercepción de la radio del BIM3 con un compañero. Ana María contó que en abril del ’76 había sido secuestrado por un comando del CNU su esposo Leonardo Miceli, cuyos restos la familia encontró luego en el cementerio de Avellaneda. Y que el día del ataque, fue a la casa 2 horas después de concluido el operativo, no ingresó pero recuerda que el olor a pólvora invadía toda la manzana.

La perito del archivo de la Comisión Provincial por la Memoria, Claudia Bellingieri, confirmó el nivel de conocimiento que la Dirección de Inteligencia de la bonaerense (DIPPBA) tenía para desarrollar la cacería de los militantes. Comentó la existencia de un legajo específico en la mesa “DS” (delincuente subversivo) sobre el operativo, donde además de compendiar distintos memorándum policiales en la preparación del ataque, se dan detalles de los sucedido y se recopila información de prensa de medios locales sobre el tema. Pero principalmente, la perito expuso los legajos individuales de todos los militantes caídos en la casa: Mendiburu Elicabe señalado como integrante de la JTP a través de un procedimiento en un local en La Plata; Porfidio mencionado en varios legajos de los años ’73 al ’77 (lo que indica un seguimiento posterior al ataque) como un “posible blanco” por la inteligencia policial; y Peiris sindicado con pedido de captura en julio del ’76 en documentos intercambiados entre la inteligencia de Prefectura Naval, el Comando del 5to Cuerpo y la DIPBA.

Las fichas del matrimonio Mariani-Teruggi son las más estremecedoras, ya que evidencian el trabajo que desde el Batallón 601 se hacía

José C. Forastiero detenido x falso testimonio

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en enlace con la inteligencia policial, desde antes del ataque, sobre el embarazo de Diana: en el legajo “DS” N° 6.976 se documenta el seguimiento sobre la partera y el dentista de Diana, que poseían material sensible para identificar un cuerpo en el ámbito de la morgue y la identidad de un bebé, material que luego fue borrado de los archivos oficiales. El legajo N° 7.263 informa sobre la búsqueda de Daniel Mariani que la inteligencia militar y policial desarrollaban entre noviembre y diciembre del ’76. Y hasta Clara Anahí aparece en el legajo 12.577, de febrero del ’79, en un informe sobre su nacimiento y datos filiatorios, que prueba el especial interés que la bonaerense cultivaba sobre la niña apropiada tres años atrás, sobre todo ante la búsqueda de su abuela. La propia Chicha Mariani y las Abuelas como organización integraron decenas de informes de seguimiento durante toda la década del ’80.

Fundamental fueron los testimonios de los vecinos del barrio para aportar detalles sobre el operativo y echar por tierra la versión de la muerte de Clara. Liliana Stancatti trabajaba en un “Modubank” de City Bell y vivía con su madre en 56 entre 24 y 25. Además de relatar la magnitud del operativo, dijo que un ex policía y agente de seguridad de su trabajo le dijo que sabía que “la nena no murió”, sino que fue “entregada a un alto jefe policial que no podía tener hijos”. Carlos Leotta trabajaba en un taller mecánico y vivía en 55 y 29. Contó en el juicio que al regresar de su trabajo se encontró con el operativo de fuerzas conjuntas en el barrio, escuchó el estruendo de los disparos, efectuados principalmente por la policía, y confirmó la finalización del ataque con una explosión enorme. Si bien reconoció no haber visto directamente lo que sucedía en la cuadra, aportó la versión de primera mano de una vecina que tenía un almacén en la esquina de la misma manzana y a la que apodaban “La Gallega”. Al parecer, esta mujer conocía a la familia Mariani-Teruggi porque le compraban insumos para hacer el escabeche de conejos y, según Leotta, ella comentó que “a la nena

la sacaron con vida” y que lo afirmó “con una seguridad absoluta”. Cabría preguntarse: ¿Si en el hecho más comentado de la represión en La Plata, tanto los vecinos como amplios sectores de la fuerza policial sabían que la niña sobrevivió y que fue apropiada, con qué argumentos se sostiene la teoría inversa? ¿Habiéndose borrado intencionalmente todos los registros oficiales desde su nacimiento hasta su pretendido fallecimiento, e incluso no habiendo cuerpo, qué otra forma hay de probar hoy la versión de los genocidas de la muerte de la niña? Las respuestas abonan hacen inexorable la tesis de la apropiación, sobre todo cuando los represores han dicho en el juicio que saben algo que cínicamente ocultan.

El destino de Daniel Mariani, posterior al ataque y hasta su caída en agosto del ’77, también fue relatado en el juicio. Nieves Luján Acosta, que conocía a Diana y Daniel por su militancia en una unidad básica del popular barrio de 16 y 530, contó que Daniel pasó a verlo una o dos semanas después del ataque, y que sabía de la muerte de Diana y la probable apropiación de Clara. El grupo de militancia de esa U.B. estaba referenciado con otra casa militante, la del matrimonio de Eduardo “El Turco” Aued y Graciela Médici en 132 y 35. En el peor momento de la represión, Eduardo y Graciela recibieron en su casa a varios militantes montoneros que escapaban del cerco, entre ellos Daniel (que se hacía llamar “Bocha” o “Esteban”) y Laura Carlotto. En una mudanza en la que ayudaba a Laura, Daniel cayó en el operativo que se realizó en la casa del matrimonio Aued-Médici el 1 de agosto de 1977. Nilda Aued, hermana de Eduardo, relató que su hermano y su cuñada embarazada fueron secuestrados y alojados en la Brigada de La Plata, en Arana y en el Pozo de Banfield. Ambos continúan desaparecidos. Según su relato, Daniel fue emboscado al llegar a la casa y herido intentando huir. Nieves Acosta relató que el operativo continuó en la U.B., a 20 cuadras de la casa. Acosta y su esposa fueron secuestrados y llevados con el mismo grupo a la Brigada y al Pozo de Banfield. Dijo que en cautiverio se enteró por Aued que Daniel había sido fusilado.

LA OBSTINACIÓN

Avanzado a este punto el relato de familiares y sobrevivientes, los genocidas insistieron sin pruebas con la estrategia del incendio en la casa y la muerte. Etchecolatz amplió largamente 2 veces su indagatoria, pero solo para agravar su situación. Primero pidió una inspección ocular en la casa, hoy museo de la “Asociación Anahí”, pero la condicionó a que él ponía los peritos. Además desdibujó la estructura de la casa, al decir que ellos dispararon la bazooka desde los techos a la medianera del fondo (imprenta), cuando está probado que el disparo se hizo de frente a la casa y que ninguno de los integrantes de la casa llegó al doble fondo para escapar o defenderse. Y sobre Clara dijo “no puedo

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asegurar si la criatura estaba adentro”, aunque afirmó desafiante: “Sra. Mariani, a Anahí se la quitó la subversión”. Poco antes de cumplirse 35 años del hecho, el tribunal realizó la inspección pero con peritos propios, ante lo cual Etchecolatz se negó a participar. El peritaje fue concluyente en cuanto a que no había rastros de fuego, lo que desmintió la versión de la muerte por carbonización. Además, el tribunal pudo ver la bañadera, que está intacta, y sumarlo a que la versión más fuerte es que la niña fue resguardada en esa bañadera y que por eso sobrevivió. No contento con ello, Etchecolatz volvió a pedir la inspección a la que se había negado a ir, y solicitó la declaración de Laura Alcoba, autora del libro “La Casa de los conejos”, porque en su relato probaría, para Etchecolatz, que en el lugar había armas, lo cual no lo exime de las responsabilidades por lo que se lo está juzgando.

En el caso de Cozzani , también realizó 2 ampliaciones indagatorias, pero sólo para insistir con una versión que no puede probar, al decirle al tribunal: “Yo le puedo explicar en que rincón estaba el cochecito de la beba, cuando yo entré, luego que todo había culminado. El cochecito era una masa de hierro retorcido, que sumado al Comunicado Oficial y las declaraciones de Tarella me hacen pensar que la nena está fallecida. El comentario es que todos habían muerto, aunque en el momento no la vi a la beba”. Cozzani volvió sobre sus anteriores afirmaciones, y las modificó con el argumento de que el receso de enero de 2012 en el juicio lo hizo reflexionar y querer contar la verdad, para lo cual sólo espera “un poco de dignidad entre el resto de los co-procesados. Si no lo hacen yo avanzaré en mis explicaciones, me comprometo”, dijo guardando cínicamente sus secretos.

¿FINAL?

Con todas las herramientas que el juicio proporcionó a su disposición, el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata probablemente condene a los imputados por los asesinatos de Diana Teruggi, Roberto Porfidio, Juan Carlos Peiris, Alberto Bossio y Daniel Mendiburu; y por el apriete que sufrió Chicha como parte del operativo. Inclusive, es probable que se condene por la supresión de identidad y ocultamiento de Clara a varios represores en el denominado “Juicio por el Plan Sistemático de Apropiación”, que se lleva adelante desde comienzos de 2011 en Capital Federal. Pero aún así, nos quedan varias cavilaciones: Es portentoso que a esta altura de la reapertura de una política de investigaciones sobre hechos cometidos desde la estructura del Estado, haya contradicciones tan grandes entre lo que ese Estado dice hacer y lo que efectivamente hace. Es irritante que las víctimas sobrevivientes, los familiares y las organizaciones de DDHH tengamos que estar pendientes de la buena salud de los represores para que no eludan con falsos achaques a la Justicia, o directamente para que puedan llegar a juicio y a sentencia. Es infamante que la

capacidad investigativa de la Justicia federal para dar con el paradero de los jóvenes apropiados se reduzca a llamar a las posibles víctimas a dar sangre, o a esperar datos de alguna confesión despechada y calculada de los represores. Y finalmente, es una farsa de justicia que incluso con la posibilidad cierta de condenar a los desaparecedores y asesinos de sus padres, como en el caso de Clara Anahí Mariani-Teruggi o en el de Ana Libertad Baratti de la Cuadra, ese acto de “Justicia” excluya y hasta suprima la posibilidad de encontrar a los jóvenes apropiados y condenar a sus apropiadores con promesas de futuros e inciertos juicios.

Al final de juicio “Circuito Camps” escucharemos las “revelaciones” que durante todo el proceso guardaron Cozzani y Etchecolatz, aunque no esperamos nada de verdad de ellos. Ya aprendimos con las palabras finales de Etchecolatz, que el tribunal le otorgó en el juicio que lo tuvo como protagonista en 2006, que estos personajes no confiesan, sinó que lanzan afrentas. Así lo hizo el responsable de la segunda desaparición de Jorge Julio Lopez con una cita genérica de Borges sobre la legitimidad de quien intenta ser juez de los demás. Y lo hizo para proyectar su desafiante amenaza final: “No es este tribunal el que me condena, son Ustedes los que se condenan”. Nos permitimos redoblar la apuesta con otra cita del autor que mejor interpretó las contradicciones y los privilegios del conservadurismo en nuestro país. Cierra Borges su cuento “El cautivo”, sobre un niño desaparecido en un malón, criado entre indios y regresado, aunque incómodamente al hogar, diciendo: “Yo querría saber qué sintió en aquel instante de vértigo en que el pasado y el presente se confundieron; yo querría saber si el hijo perdido renació y murió en aquel éxtasis o si alcanzó a reconocer, siquiera como una caricatura o un perro, los padres y la casa”.

Esta nota está dedicada a la memoria de Adriana Leyla Calvo, que nos enseñó con su ejemplo de lucha que la única investigación real sobre los crímenes del Terrorismo de Estado se hizo y se hará siempre desde el trabajo insistente, coherente e independiente de los sectores populares.

AYER LEY DE “SEGURIDAD NACIONAL 20.840” (1).

Para consolidar el modelo de país a seguir, Argentina necesitó desde sus comienzos una construcción que no solo la encaminaran normativamente, sino que sentara las bases para la conformación de instituciones y planes que desde el Estado permitieran la consolidación de la unidad nacional. No es casual que a poco de iniciado el siglo XX, se hayan dictado la ley de residencia (1902), la ley de defensa social (1910), y se hayan centralizado las cárceles e institutos de encierro. Es justamente en ese momento en que se consolidó un modelo normativo de “delincuente peligroso”, encarnado en ese momento en el inmigrante politizado o en el agitador huelguista local. La construcción de un enemigo peligroso fue variando según las necesidades de sostener un modelo, es decir para construir un país o para que ese país pueda estructurar un modelo económico, social y cultural era importante contar con las herramientas para poder controlar lo que no se adaptaba.En la historia más reciente, con los últimos dos golpes militares, se pudo ver como, por medio de una construcción normativa, que legitimó las peores atrocidades, se abrió camino a una nueva concepción de “lo peligroso”.Desde la presidencia de Arturo Frondizi y durante el Onganiato, el Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado) habilitó a las Fuerzas Armadas para reprimir las huelgas y protestas obreras y poner a los activistas bajo jurisdicción de los tribunales militares, con el fin de “lograr la más rápida y eficaz represión de todo acto de alteración del orden público, violencias contra las personas o bienes públicos o privados, servicios públicos, templos o establecimientos religiosos, sabotajes, depredaciones, etc.”Desde la tercera presidencia de Perón, el ícono de la construcción normativa-represiva fue la Ley 20.840 (Ley de Seguridad Nacional) sancionada el 28/9/1974. Este instrumento establecía que se castigaba al que para lograr sus postulados ideológicos intente o preconice por cualquier

medio, alterar o suprimir el orden institucional y la paz social de la nación, por vías no establecidas por las disposiciones normativas que organizan la vida política, económica y social de la nación.A partir de esta norma-marco, se sucedieron una serie de decretos que estructuraron la política de persecución y eliminación del enemigo interno. La ley de Seguridad Nacional y los posteriores decretos son los primeros pasos de la construcción normativa que legitimó al poder genocida.

No es extraño que esta construcción se hizo en bajo un gobierno constitucional, y que permitió la incorporación de nuevos términos en el lenguaje legal, tales como “aniquilación”, “subversivo”, “consejos de seguridad”, etc. Esta fue la señal de que se estaba armando la estructura de funcionamiento para perseguir y controlar al enemigo.Como ejemplo traemos el caso del secuestro y torturas en 1977 del director del diario “La Opinión”, Jacobo Timerman, para cuya justificación, el genocida Ramón Camps, jefe de la policía bonarense en dictadura, citaba la mencionada ley 20.840 y realizaba, imputar a Timerman, una curiosa interpretación del delito de asociación ilícita basado en el punto 2 del artículo 1 de esa norma, que reprimía al que “realice actos de divulgación, propaganda o difusión” de acciones para “alterar o suprimir el orden institucional y la paz social de la Nación”. Con ello encontraba el antecedente y basamento legal para la actuación del plan sistemático genocida.

HOY “LEY ANTITERRORISTA”

Pasados ya 38 años de la sanción de aquella ley que se convirtió en una herramienta de persecución y castigo, un nuevo proyecto de ley, enviado por el Poder Ejecutivo el 14 de octubre de 2011 al Congreso de la Nación, fue aprobado en Sesiones Extraordinarias y promulgado el 27 de diciembre con el N° 26.734.Desde el 2005 la Argentina viene transitando el camino de aprobar convenios y leyes antiterroristas. Ya ese año, se convirtieron en ley dos convenios: la Convención Interamericana Contra el Terrorismo, adoptada por la OEA en el 2002, y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, aprobado por la ONU en 1999.A su vez, en 2007 se sancionó la ley N° 26.268 que incorporó al código penal los delitos de asociación ilícita terrorista y los de financiación de este tipo de asociaciones. En esa ley se considera que una asociación ilícita terrorista tiene las siguientes características:

LEY ANTITERRORISTA...QUE NOS VIENEN A HABLAR DE DERECHOS HUMANOS?

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a) Tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político;b) Estar organizada en redes operativas internacionales;c) Disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o la integridad de un número indeterminado de personas.

El proyecto 2011 de reforma de esa ley, firmado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Cesar Alak, y por el jefe de Gabinete, Anibal Fernandez, propuso que:1) se aumentaran las penas frente a pretendidos actos terroristas o sus financiadores.2) se utilizaran conceptos muy imprecisos que, por su eventual asociación simbólica al terrorismo, abren la posibilidad de que sean aplicables a las figuras penales frecuentemente utilizadas para la criminalización de la protesta social, como en los casos de resistencia a desalojos, cortes de vías de circulación o actos de protesta en el espacio público.

A pesar de que el proyecto establece que no se aplicará en los casos en que se trata del ejercicio de un derecho constitucional, no hay garantías de que los luchadores sociales no sean perseguidos y sometidos a proceso bajo estas nuevas figuras. Además, dada la amplitud e imprecisión de los términos, se invierte la carga de prueba, y deberán ser esos líderes sociales los que tengan que demostrar que no son terroristas en los procesos penales.Podemos decir entonces que un nuevo manotazo represivo es necesario para el avance de la militarización de los territorios, la criminalización de las organizaciones en lucha y la actuación de grupos de operaciones especiales en los conflictos sociales.Es aquí donde se igualan los objetivos de persecución y castigo de la ley de “20.840 de Seguridad Nacional” con los de la ley “Antiterrorista”.En 1974, el General Perón, apoyándose en millones de votos obtenidos en las urnas, daba una vuelta de rosca en su afán represivo y mandaba a que el Congreso reforme el Código Penal. En rechazo a ese giro reaccionario, ocho diputados montoneros se negaron a votar positivamente, temiendo que dos artículos referidos a la asociación ilícita, fueran utilizados como artilugio legal para perseguir a las organizaciones armadas.Perón los conminó a abandonar el bloque: “El que no está de acuerdo se va”, les dijo. Por lo tanto los ocho diputados de la tendencia, entre los que se encontraban el joven montonero Carlos Kunkel, Armando Croatto, Santiago Diaz Ortiz, Jorge Glellel, Anibal Iturrieta, Diego Muñiz Barreto, Roberto Vidaña y Rodolfo Vittar renunciaron a sus bancas. Después de sancionada la ley, el Consejo Superior peronista expulsó del partido justicialista a los diputados renunciantes. Hoy, apoyándose en millones de votos obtenidos en las urnas, Cristina Fernández da una vuelta de rosca en su afán represivo y manda a que

el Congreso reforme el Código Penal. Entre los diputados que votaron positivamente esta nociva ley antiterrorista está el ex montonero y disidente con la 20.840, Carlos Kunkel.

Carlos Kunkel.

Perón encaró el giro reaccionario porque tenía claro cómo había que “exterminar a los extremistas”. Cristina, obedeció a la presión internacional de un agente financiero de segundo orden como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), bajo la promesa de recibir un certificado de “país confiable” del G-20 para recibir supuestas inversiones extranjeras. Y mandó a su bloque de diputados a votar en unanimidad el proyecto de endurecimiento de la ley antiterrorista. Lo que pocos dicen, es que ser un “país confiable” del G-20 implica cumplir con las políticas fijadas para la región por el Pentágono y el Comando Sur del ejército norteamericano.

Ante una crisis financiera global cuyos coletazos ya están llegando a nuestro país de la mano de los topes salariales, los tarifazos encubiertos y la consecuente pérdida del poder adquisitivo de los sectores populares, es evidente que nuevamente existe la necesidad de crear un nuevo enemigo, una nueva clase de delincuente que permita al Estado ejercer su poder punitivo. Es por esto que conceptos como “delincuente peligroso”, “subversivo” y “terrorista”, tienen como fin una vez más legitimar la noción de “peligrosidad”, dándoles sin duda una funcionalidad ideológica que tiene que ver con la adaptabilidad a las circunstancias y necesidades de cada momento histórico, y permitiendo así un control amplio y sin restricciones de todo aquello que ponga en tela de juicio el orden social establecido o a establecer.

PRIMERAS CONSECUENCIAS

De la misma manera que la avanzada militarista y represiva se puede observar en todo el sur de nuestro continente a través del golpe de estado perpetrado en Honduras, de la permanente violación de los derechos humanos en Colombia y de los derechos ancestrales en Chile, por tomar sólo algunos ejemplos, en la Argentina hemos sido testigos de más de una decena de asesinatos vinculados a la defensa del territorio por parte de comunidades y poblaciones. La militarización

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y represión la vivimos actualmente en el amedrentamiento que vienen sufriendo desde el 1º de enero del corriente año las Asambleas Riojanas en defensa del Cerro Famatina, lo que se evidencia no sólo en el cerco que las fuerzas represivas especiales ejercen en el corte, sino también en la persecución, la intimidación, las amenazas, el armado de listas “negras” de luchadores que denuncian trabajos de inteligencia por parte de la empresa canadiense Osisko Mining Corporation y la judicialización de las luchas de compañeros contra los proyectos megamineros en nuestra cordillera.

Otro ejemplo de que esta ley ya puede ser puesta en marcha, son los hechos acontecidos el pasado 29 de enero en Catamarca, cuando para impedir el bloqueo a los camiones de minera La Alumbrera, en el departamento de Santa María, varios manifestantes fueron imputados por el fiscal provincial interviniente, Julio Landivar, quien utilizó el artículo 213 bis del Código Penal, que es uno de los que se incluye dentro de la Ley Antiterrorista como de competencia federal.

Analizando lo sucedido en Catamarca encontramos la intencionalidad de esta nueva ley que más que antiterrorista es ella misma terrorista. En su artículo 41 quinquies establece:“Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo. Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional.”

Si se analiza con atención, nos percataremos de que solo habla de desestimar los agravantes. Y aunque se esté actuando al amparo de un derecho constitucional o defendiendo un derecho humano, se penará, solo que sin los agravantes. La pregunta es ¿desde cuando es punible defender un derecho humano?

La modificación de la ley antiterrorista deroga el artículo 213 ter del código penal que especificaba las características de las organizaciones para ser consideradas terroristas. Es decir que a partir de ahora, no es necesario “tener un plan para propagar el odio”, ni “estar organizado en redes internacionales”, ni “disponer de armas de guerra o agentes químicos o bacteriológicos” para ser considerado terrorista. Con esta derogación se abre el espectro para criminalizar a cualquier otro tipo de organización que no necesariamente tenga estas características.

E independientemente de que el vigente artículo 213 bis del CPN establezca penas para quien “organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, no se define de ninguna manera a la forma en que se puede infundir temor, con lo cual la renovada ley permite inventar causas sin ninguna restricción dándole a los funcionarios involucrados una herramienta de represión para cuando se lo requiera.Está claro que esta maniobra está hecha con el fin de utilizar cualquier tipo de artilugio legal para legitimar la persecución y el castigo a quienes se oponen a los modelos establecidos.

AYER LEY 20.840.HOY LEY ANTITERRORISTA.

SIEMPRE LAS CONSECUENCIAS DE LAS POLÍTICAS DE HAMBRE Y SAQUEO LAS

PAGA EL PUEBLO

Articulos modificados de la ley antiterrorista.

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CONTRA LA CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA SOCIAL. Un proyecto que el KIRCHNERISMO no quiere votar.

Firmado por 15 diputados de la oposición y con estado parlamentario desde abril de 2010, el proyecto de “Régimen contra la criminalización de la protesta social” duerme el sueño de los justos en los cajones de la comisión de Legislación Penal del Congreso.Presentamos brevemente su contenido y fundamentos con la certeza de que tendrá mucho menos impulso del “gobierno de los Derechos Humano” que el otorgado al de endurecimiento de la Ley Antiterrorista.

LEY CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL

ARTICULO 1°. La presente ley tiene por finalidad garantizar el derecho a la participación popular en la vida pública, el derecho a organizarse en sus distintas formas, así como a la protesta social, a fin de evitar su criminalización.

ARTÍCULO 2°. Se dispone la extinción de la pena y/o la acción penal en todas las causas judiciales contra personas imputadas a raíz de su participación en hechos ocurridos con motivo o finalidad de reivindicación social, económica, política, laboral, sindical, gremial, cultural, estudiantil, ambiental, de usuarios, de derechos de los pueblos originarios, de derechos humanos, de salud pública, de educación, de justicia, a las que se les impute una figura penal, cualquiera sea el bien jurídico lesionado y el modo de comisión.

Artículo 3°. (…) Nadie podrá ser interrogado, investigado y/o citado a comparecer por imputaciones o sospechas de haber participado en los hechos descriptos en el artículo 2° de la presente ley.

ARTICULO 4°. Quedan expresamente excluidos de la presente los hechos represivos o las tareas de inteligencia cometidos por funcionarios públicos, integrantes de fuerzas armadas, policiales, de seguridad, de inteligencia o de cualquier otra organización estatal.

ARTICULO 6°. Los magistrados de todo el país intervinientes en las causas descriptas en el artículo 2° de la presente ley, deberán ordenar de oficio y sin sustanciación la extinción de la acción penal y/o de la pena, dictando en un plazo no mayor de 48 horas a partir de la publicación de la presente:a- El sobreseimiento definitivo del imputado y -de encontrarse cumpliendo prisión preventiva- su inmediata libertad, en aquellos casos en que no hubiera sentencia firme. b- El cese de la condena y de todos sus efectos y la inmediata libertad del condenado, cuando existiera sentencia firme.

ARTICULO 10°. La presente ley se dicta en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 75, inciso 20 de la Constitución Nacional.

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FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El presente proyecto de ley tiene por finalidad poner fin a la criminalización de la protesta social, práctica que se ha arraigado en el accionar diario de algunos magistrados y fiscales que han propiciado la intervención de las fuerzas de seguridad y han sujeto a proceso a ciudadanos que, en ejercicio de su legítimo derecho de peticionar ante las autoridades, participan en organizaciones, movilizaciones sociales, huelgas o diversos actos populares contra políticas sociales y económicas.

Ante la falta de respuestas del Estado a los reclamos populares, se torna cada vez más frecuente la utilización de los procedimientos legales con el inocultable propósito de amedrentar a los actores sociales, acallar los reclamos populares, desarticular los movimientos sociales, deslegitimar la protesta.

Según informan diversos organismos de derechos humanos son más de 5.000 las personas que actualmente padecen persecución penal, ya sea en carácter de imputados, procesados o condenados, por movilizarse en reivindicación de sus legítimos derechos y aspiraciones. Esta tendencia represiva ha ido en aumento, a la par de la gravedad de las imputaciones penales.

Ante la preocupante situación descripta, se propone a través del presente proyecto, la amnistía para todas las personas que hayan participado en hechos ocurridos con motivo o finalidad de reivindicación social, económica, política, laboral, sindical, gremial, cultural, estudiantil, ambiental, de usuarios, de derechos de los pueblos originarios, de derechos humanos, de salud pública, de educación, de justicia, a las que se les impute una figura penal, cualquiera sea el bien jurídico lesionado y el modo de comisión.Hoy, a casi cuatro décadas, tras más de veintiséis años de vigencia ininterrumpida del sistema democrático, resulta imperioso el dictado de una amnistía a fin de neutralizar la escalada represiva del Estado en la vida social.

Es de suma relevancia enumerar las reiteradas iniciativas legislativas de miembros de esta Honorable Cámara que en los últimos diez años hemos rechazado la criminalización de diversos actos de protesta, con el acompañamiento de legisladores de distintos bloques políticos.

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“Terrorista es quien aterroriza al pueblo y ellos, desde el estado capital, son los expertos…

¿Quiénes son los responsables del terror con que crecen siempre los niños de población? ¿Quién tortura con la economía lentamente? ¿Y a cuántos de mi pueblo han matado impunemente?”

SubVerso2. Terroristas.

INICIATIVAS “ANTI” TERRORISTAS DE LOS PODEROSOS (O COMO EL CONDOR1 SIGUE VOLANDO LEGALMENTE).

El 2011 fue un año excitante. En muchos lugares del mundo vimos como los(as) trabajadores(as) y los pueblos no están soportando pagar la crisis que crearon los(as) dueños(as) del poder y las riquezas; no aguantan a los oxidados dictadores; ya están aburridos que sus derechos sean meras mercancías… Y comenzaron a juntar rabias, apertrecharse de ideas y desparramar las ganas de vivir de forma distinta y mejor, tomándose las calles, esquinas, plazas, fabricas, colegios y universidades de África, Asia, Europa y América. Marejadas de seres humanos que se comienzan a politizar, organizar y hacer acciones concretas contra el Capitalismo y quienes lo sustentan.

No es la idea de este modesto artículo hablar de lo que sucedió en Egipto, Libia, Siria, Grecia, Inglaterra, Chile o Colombia, sino más bien, sin ser ingenuamente optimistas, dejar en claro que en muchos lugares de mundo los(as) explotados(as) han comenzado lentamente a tomar (o retomar, dependiendo el caso) la iniciativa popular lo que nos muestra un presente de construcciones, de siembra, que esperemos termine en cosechas de victorias y felicidades para los pueblos.

En Nuestra América Rebelde la cosa no fue muy distinta. Durante el transcurso de este año, hemos visto como de norte a sur del continente han florecido por todos lados expresiones de descontento y de lucha popular.

En Chile, los(as) estudiantes se tomaron los colegios y universidades, transformándolas en espacios de lucha y de siembra, construyendo vida plena, usando sus lugares de para el quehacer mismo del movimiento, haciendo propia la idea de que la lucha es la mejor enseñanza. Juventud rebelde y popular que se toma sus colegios, universidades y sus calles, con molotov, piedras y barricadas que abren senderos de alegrías y esperanzas. Pero no fueron sólo los(as) estudiantes. Trabajadores(as) y pobladores(as) han desplegado la protesta por sus derechos negados en Magallanes, Dichato, Calama, Valparaíso y, más recientemente, Aysén.

En Colombia y Perú los(as) estudiantes también se han tomado sus lugares de estudios en contra las políticas privatizadoras impulsadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la década de los noventas y que hoy, servilmente, concretizan los gobiernos de turno mediante leyes, como la Ley 30 en Colombia, cuyo símil en Argentina es la Ley de Educación Superior (LES).

LA RESPUESTA DE LOS PODEROSOS:

“Y si ahora constituye delito decir lo que pienso, la Violeta ya lo dijo: “preso voy también sargento”3.

El problema de los(as) dueños(as) del poder y la riqueza cuando los pueblos se organizan, luchan e intentan retomar la iniciativa, sobretodo en el contesto de crisis económica que se vive, éstos(as) se pre-ocupan y se ocupan. Esta preocupación (y posterior “ocupación”) de los(as) poderosos(as) se puede reflejar en la presentación de leyes por parte de los gobiernos nacionales de distintos países de Nuestra América, para ser aprobadas en los distintos poderes legislativos, en contra las iniciativas de la inmensa mayoría de los pueblos. Todas estas leyes “recomendadas” desde el Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU) mediante distintas formas. A modo de ejemplo podemos ver los casos de Argentina, México y Chile.

ARGENTINA: Ley Antiterrorista y Proyecto X.

“Sería terrorista si fuera un tribunal de justicia. Y terrorista sería si aplicara la ley Antiterrorista.Sería terrorista si disparara a quien luche por recuperar su tierra…Violentista sería si mando a reprimir cualquier movilización que cuestione este orden injusto que nos toca vivir.Yo sería terrorista si tuviera una lista de organizaciones y activistas a quienes puedo hacer visitas a cualquier hora de la noche, sacándolos en pelota, a punta de escopeta, en el piso, sin preguntas, sólo con golpes.” 4

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Sin profundizar mucho en el tema, pues será abordado en profundidad en esta revista, es necesario mencionar la media aprobación de la Ley Antiterrorista por la Cámara de Diputados que amplia la criminalización de la protesta social y que pese al discurso “Nacional y Popular” del gobierno esta muy lejos de ser una medida “Nacional” al ser una respuesta a las exigencias del Departamento de Estado de EEUU utilizando posibles presiones económicas por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)… Y de lo “Popular” ni hablar pues se refuerza la represión y vigilancia, con el llamado Proyecto X en contra de quienes se organizan y luchan por una vida distinta y mejor.

MÉXICO: Modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional.

Desde mediados del año pasado en México se desea aprobar un proyecto reforma a la Ley de Seguridad Nacional5 que otorga al Presidente amplias facultades para enfrentar, mediante las Fuerzas Armadas (FFAA) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), y por medio de la represión, el espionaje a los ciudadanos e interrogatorios a civiles, estados de conflictos o alteraciones diversas de mayor peligro para la seguridad interior.

La reforma plantea puntos tales como:

1. Faculta al jefe del Ejecutivo federal para que use a las FFAA contra movimientos o conflictos de carácter político, electoral, de índole social o del trabajo, cuando se considere que constituyan un desafío o una amenaza a la seguridad interior.

2. Permite a las FFAA y agentes del CISEN intervenir comunicaciones telefónicas e integrar expedientes confidenciales, incluso de carácter político.

3. Concede a las FFAA la atribución de restringir la circulación de mercancías y vehículos, así como revisar las pertenencias de particulares en las calles, requerir información a los civiles; con cualquier herramienta que resulte necesaria.

4. Faculta a los efectivos de las FFAA y del CISEN tener informantes anónimos y que, en sus tareas de inteligencia y contrainteligencia, hagan uso de cualquier método de recolección de información.

Al igual que en el caso argentino, el gobierno mexicano esta siendo presionado por los EEUU para la aprobación de la reforma a la ley como lo plantea el periódico El Zócalo Saltillo:

“La visita el lunes pasado de la secretaria de Seguridad Interna del gobierno de Barack Obama, Janet Napolitano, abrió -más bien: Debió abrir- el debate sobre la seguridad nacional de los EU y el papel de México, pero también quedó claro que México debería primero redefinir su doctrina de seguridad nacional y luego buscar

entendimientos con la de los Estados Unidos. Hasta ahora los intereses de seguridad nacional de los EU son los que definen la lógica de los intereses de seguridad nacional de México.”6.

En la actualidad la propuesta de ley sigue en el poder legislativo con una fuerte discuón entre los(as) parlamentarios(as) pero también han existido movilizaciones contra la reforma de ley en diversas oportunidades.

CHILE:Ley Hinzpeter7

“Yo sería ladrón si me llamara Piñera y si mi principal inversión estuviera en La Moneda…Yo quisiera encerrar a mucha gente, comenzando por el mismo presidente.

En las Condes viven muchos delincuentes, pero no viven en okupas precisamente.” 8

Esta ley persigue criminalizar actos de protesta social, específicamente plantea que serán castigados con la pena de presidio menor en su grado medio (esto es una sanción privativa de libertad de 541 a 3 años) quienes participen en desórdenes o cualquier otro acto de fuerza o violencia que importen la realización de alguno de los siguientes hechos:

1. Paralizar o interrumpir algún servicio público, tales como los hospitalarios, los de emergencia y los de electricidad, combustibles, agua potable, comunicaciones o transporte.

2. Invadir, ocupar o saquear viviendas, oficinas, establecimientos comerciales, industriales, educacionales, religiosos o cualquiera otro, sean privados, fiscales o municipales.

3. Impedir o alterar la libre circulación de las personas o vehículos por puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público semejantes.

4. Atentar en contra de la autoridad o sus agentes.

5. Emplear armas de fuego, cortantes o punzantes, artefactos o elementos explosivos, incendiarios o químicos u otros capaces de producir daños a las personas o a la propiedad.

6 .Causar daños a la propiedad ajena, sea pública, municipal o particular.

Finalmente, la ley agrega que:

“(…) dentro de las actuaciones de las policías sin orden previa, contenidas en el artículo 83 del Código Procesal Penal, una nueva letra f) que permite a las fuerzas de Orden y Seguridad consignar la existencia y ubicación de fotografías, filmaciones, grabaciones y, en general, toda reproducción de imágenes, voces o sonidos que se hayan tomado, captado o registrado y que sean conducentes para esclarecer los hechos

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que constituyan o puedan constituir delito y obtener su entrega voluntaria o una copia de las mismas.” 9

Actualmente, esta iniciativa de ley se encuentra en el poder legislativo.

En resumen, lo que todas estas leyes presentadas aquí proponen restringir de manera desproporcionada, a través de la vía penal, libertades fundamentales como la protesta social y la libertad de expresión. Todo esto organizado desde el norte de America con su guerra contra el terrorismo que no es más que la herramienta para mantener su hegemonía sobre el resto de America.

La toma de las calles y de los espacios de las instituciones del poder, son y han sido a lo largo de la historia de los(as) trabajadores(as) y los pueblos instrumentos de lucha fundamentales para el desarrollo de movimientos populares en pos de la realización de sus intereses y la concretización de una vida plena que nos lleve a ser felices. No podemos permitir el avance de los(as) ricos(as) y poderosos(as), de su Imperialismo, de su paz de cementerios.

“Soy un eterno enamorado de mi hermoso pueblo amado, pero lamentablemente a muchos de ustedes los tienen engañados.No es su culpa, ellos nos infunden temor, nos inventan enemigos y nos educan en el terror. Es toda una gran maniobra de distracción para desviar la atención del único verdadero ladrón y asesino.Pa’ prevenir cualquier atisbo de rebelión. Todos saben que no hay mejor estrategia que la división…Se los digo: creo que aún nos falta mucho, pero mientras tanto, pa’ aprender, yo canto y lucho…

Si el capital mundial no tiene fronteras, entre revolucionarios, bueno, tampoco debe haberlas.(…) Pero de algo estoy seguro: yo lucho por la misma razón: Liberar al mundo del yugo de la opresión.” 10

Si los ricos y sus gobiernos se de unen para reprimir: los pueblos y los trabajadores nos

unimos para resistir.

Contra la criminalización de la protesta social: solidaridad, unidad, lucha y organización para

vencer.

Libertad a todos(as) los(as) presos(as) políticos(as).

Referencias:

1. Se refiere a la Operación Cóndor. Para más información ver HIJOS-La Plata. El Cóndor sigue volando…Pero seguimos sembrando rebeldías para cosechar victorias en 30.000 razones Nº 2. La Plata, agosto de 2011. pp. 35-42. 2. MC chileno. 3. SubVerso. Terroristas. Santiago de Chile, 2010. 4. Ídem. 5. Esta ley fue publicada en enero de 2005 y reformada en diciembre del mismo año. 6. Ramírez, Carlos. México-EU: Seguridad Nacional en El Zócalo Saltillo. Saltillo, México, marzo de 2012. [Consultado en línea: marzo de 2012]. Disponible en: http://www.zocalo.com.mx/seccion/opinion-articulo/mexico-eu-seguridad-nacional 7. Esta ley recibe este nombre por su creador: Rodrigo Javier Hinzpeter Kirberg. Hinzpeter es abogado y uno de los fundadores del partido de derecha Renovación Nacional (RN). El 11 de marzo de 2010 fue nombrado ministro del Interior por el presidente Sebastián Piñera. A comienzos de 2011 se transformó en el primer ministro del Interior y Seguridad Pública de la historia de Chile. Su gestión como secretario de Estado ha estado marcada por el impulso de políticas de seguridad de carácter marcadamente represivo avalando el accionar desmedido de Carabineros de Chile en la movilizaciones estudiantiles del 2011 y en el conflicto con el pueblo-nación Mapuche. Antes de ser nombrado ministro era socio del estudio Bofill Mir & Álvarez Hinzpeter Jana, donde prestaba servicios en derecho corporativo e inversión extranjera, fusiones y adquisiciones, finanzas corporativas, derecho regulatorio, quiebras, energía, entretenimiento, telecomunicaciones, construcción, bienes raíces e impuestos, es decir, siempre al servicio de los intereses de la clase burguesa y las grandes transnacionales. 8. SubVerso. Terroristas. Santiago de Chile, 2010. 9. Asamblea Nacional por los Derechos Humanos Chile. Se aprueba Ley Hinzpeter o Antiprotesta. Santiago de Chile, diciembre de 2011. [Consultado en línea: febrero de 2012]. Disponible en: http://www.cutchile.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=479&catid=182 10. SubVerso. Terroristas. Santiago de Chile, 2010.

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Un nuevo aniversario del golpe genocida del 76 nos encuentra denunciando el espionaje a los que luchan, se organizan por sus derechos, a los que militan. Aquel 24 de marzo los más importantes centros fabriles amanecieron militarizados. El Astillero Río Santiago, las automotrices, los subterráneos porteños, las grandes alimenticias. Hoy, en muchos de esos lugares vuelve a tener presencia el sindicalismo de base y la izquierda. Hace pocos días tomó estado público la denuncia que efectuamos ante la justicia federal donde logramos demostrar que esos sectores están siendo espiados por la Gendarmería Nacional, que se infiltra en las movilizaciones y asambleas de los trabajadores antiburocráticos y combativos de la zona norte del Gran Buenos Aires. Así también, que los datos que allí se obtienen son almacenados en una base que posee el “Centro de Reunión de Información” con sede en Campo de Mayo; con esa información se arman las causas judiciales que pesan sobre los compañeros. La base de datos de Campo de Mayo es una verdadera lista negra donde los trabajadores y quienes se solidarizan con ellos son “fichados”. En la denuncia aportamos pruebas que corroboran que personal de Gendarmería se hace pasar por “prensa independiente” (como dicen ellos) para recabar datos en las marchas y asambleas y realizar verdaderos informes políticos sobre los conflictos gremiales,

analizando si hay tendencias gremiales diferentes, cuáles son las medidas de lucha que se está debatiendo y si los reclamos son justos o injustos, concluyendo siempre, claro que los intransigentes son los trabajadores y no las multinacionales imperialistas. Se llega a decir, por ejemplo, que Javier Hermosilla, delegado de Kraft Terrabusi es uno de los “cabecillas” y “proyecta su influencia sobre el resto”, señalando a quién hay que dirigir la represión estatal. Pero la denuncia cobró amplia trascendencia cuando a partir de lo que denunciamos, el jefe de la Gendarmería responde en la causa que la infiltración de personal de civil o “encubierto” es uno de los métodos que usa la fuerza y que poseen diversas bases de datos, entre ellas el “Proyecto X” que es “orientativo de causas judiciales”. La causa recién se inicia y se investigarán estas bases de datos. Aunque ya podemos afirmar que el rol político de la misma excede la propia causa, ya que vino a actuar como una radiografía de la criminalización de la protesta social que alcanza a más de 5.000 luchadores en todo el país, perseguidos en causas armadas de este tipo. Por eso, la tarea es movilizarnos para denunciar y derrotar estos métodos represivos, para terminar con la criminalización de la protesta social, con la persecución a los que luchan, al sindicalismo de base y a la izquierda.

PROYECTO XPor Myriam Bregman, abogada, integrante del CeProDH y el PTS

Nilda Garré: Ministra de Defensa.

30000 RAZONES Nº3

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