Patricia Mora

20152.do Informe de Labores

Diputada

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Diputada Patricia Mora Castellanos 2.do Informde de Labores 2015

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Este segundo informe tiene como objetivo dar a conocer el trabajo realizado durante el 2015 como Diputada del Frente Amplio (FA), en cumplimiento de nuestra res-ponsabilidad de rendir cuentas a la ciudadanía.

En el mismo, hago una síntesis de las múltiples actividades realiza-das durante el año, tanto en el ámbito de la tramitación de pro-yectos de ley como en lo referente a denuncias y control político par-lamentario. Esas líneas de trabajo han sido trabajadas en articula-ción con una numerosa cantidad de organizaciones y movimientos sociales costarricenses. Además, doy cuenta también de actividades relacionadas con la atención a co-munidades y el trabajo partidario en el territorio de la provincia de San José.

Para todo ello, he contado con el apoyo de un grupo de trabajo con-formado por Gerardo Hernández (Coordinador de Despacho) Aleida Devandas y Antonio Trejos (apoyo técnico para el trabajo en Comi-siones y Plenario) Héctor Solano (en investigación, control político y comunicación) Gustavo Campos y Georgina Chaves (en el trabajo territorial). En el ámbito adminis-trativo han participado durante el presenta año las señoras Maritza Arias y Fressy Ramírez . A todas y todos mi agradecimiento por su trabajo.

También agradezco mucho la coor-dinación y colaboración brindada por mis compañeras y compañeros Diputados de la Bancada del Fren-te Amplio, alrededor de diferentes temas y ámbitos de nuestro traba-jo legislativo.

Introducción

Desde el inicio de mi gestión como Diputada, emprendí un importan-te trabajo de afirmación y amplia-ción de derechos laborales en el sector privado.

Mis gestiones han incluido desde la tramitación de proyectos de ley como el de Fortalecimiento de la Inspección Laboral del Ministe-rio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) (Expediente N° 19.130), hasta el acompañamiento a orga-nizaciones sindicales en denuncias por violaciones a los derechos la-borales en plantaciones de mo-nocultivo. Algunos de los casos se relacionaron con afectaciones a derechos laborales en plantaciones de naranja de TicoFrut S.A. en Los Chiles; en la empacadora de yuca de Caribbean Best, en Pococí, y en la finca bananera Córcega S.A., en Siquirres, entre otros

En este último caso, denuncié un presunto conflicto de intereses del diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y empresario ba-nanero, Antonio Álvarez Desanti, quien exigió al MTSS detener el debido proceso de una denuncia por presuntas prácticas laborales desleales y persecución sindical contra uno de los trabajadores de la finca Córcega, de su propiedad. Acompañé desde el principio las gestiones llevadas a cabo por el Sindicato de Trabajadores Agríco-las y de Plantaciones (SITRAP) e hice eco de la denuncia en el Ple-nario. Finalmente, interpuse una denuncia en la Procuraduría de la Ética para que esa instancia inves-tigue el caso. A la fecha, estoy a la espera de una respuesta a mi de-nuncia, así como de la resolución de la Inspección de Trabajo sobre

Defensa de los derechos laborales

• El caso Córcega, y el conflicto de intereses entre lo público y lo privado en las plantaciones bananeras.

•El salario mínimo vital, una deuda histórica con las personas trabajadoras.

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el caso denunciado por SITRAP.

El trabajo de investigación y con-trol político ha sido realizado des-de mi despacho en articulación con movimientos y organizacio-nes laborales , en la perspectiva de fomentar la organización libre de sindicatos en el sector privado. Con esta finalidad, también he propiciado espacios de diálogo y negociación con especialistas y di-rigentes de otros partidos políticos con el objetivo de que se aprue-be en definitiva la Reforma Proce-sal Laboral (RPL), que será la más importante reforma en materia de derechos laborales, desde la pro-mulgación del Código de Trabajo de 1943.

Por otra parte, he puesto empeño para generar avances legislativos en la tramitación del Proyecto de Ley sobre el Salario Mínimo Vital (SMV, Expediente N° 19.312), ela-

borado y presentado a la corriente parlamentaria desde mi Despacho.

Ese proyecto busca hacer valer lo establecido en el artículo 57 de la Constitución Política, que dice: “Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación pe-riódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna”. La iniciativa, que tiene entre sus antecedentes proyectos presentados en su momento por los exdiputados Eduardo Mora (1977) y José María Villalta (2010), propone modificar el método de cálculo del salario mínimo minimorum para los trabajadores en el sector privado. De aprobarse, durante los prime-ros 5 años de su implementación, el crecimiento real del salario mí-nimo minimorum oscilaría entre el 3,62% y el 2,73%, de manera que para el quinto año ningún salario mínimo sería inferior al SMV. Mu-chos estudios señalan que ese tipo de ajustes en los salarios mínimos impactarían significativamente en la reducción de la pobreza y de la desigualdad, al tiempo que contri-buirían a un mayor dinamismo de nuestra economía.

Por otra parte, esa iniciativa fue incorporada en el acuerdo suscrito en junio de este año entre la Di-rección Partidaria del FA, un sec-tor del Partido Acción Ciudadana (PAC) y la coalición sindical “Patria Justa”, denominado “Agenda Pa-triótica por el Bien Común”. Dicho conglomerado sindical presentó a consideración del Tribunal Su-premo de Elecciones (TSE) el pro-yecto, con el objeto de conseguir firmas para convocar a un referén-dum por iniciativa ciudadana, para su eventual aprobación.

Uno de los primeros proyectos pre-sentados por la fracción legislati-va del FA al asumir funciones, en mayo de 2014, fue el Expediente N° 19.135 para “Reestablecer la Autonomía de la Caja Costarricen-se de Seguro Social (CCSS)”. La iniciativa propone acabar con la politiquería a lo interno de la CCSS a través de la eliminación de la fi-gura de la Presidencia Ejecutiva y en su lugar, crear una Gerencia que ocuparía una persona seleccionada mediante concurso público.

Tanto la presentación del proyec-to como el seguimiento del mis-mo han sido coordinados desde mi Despacho con el Frente Nacional por la Defensa de la Seguridad So-cial (FRENASS), organización que planteó originalmente la iniciativa y más tarde recolectó alrededor 33.000 firmas de apoyo a la misma. Después de una marcha convocada por esa organización en junio del presente año, entregué esas firmas a la secretaría de la Comisión de

Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, en la que se tramita el proyecto.

Por otro lado, como parte de mi trabajo de investigación y control político en lo referente a la se-guridad social, denuncié la inter-pretación antojadiza, y desde mi perspectiva ilegal, realizada por la Contraloría General de la Re-pública (CGR) respecto del Artí-culo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS. Ese artículo prohíbe a los patronos y/o trabajadores inde-pendientes morosos con la seguri-dad social participar en concursos para contrataciones con el Estado. No obstante, la Contraloría ha in-terpretado que dicha norma sola-mente es aplicable al momento de la adjudicación de las obras, y no desde el momento mismo en que inicia la participación en los con-cursos. Ello nos parece lesivo para los intereses colectivos y principios solidarios expresados en nuestro sistema de seguridad social. Desde

Rescate de la Seguridad Social

• 30.000 costarricenses apoyan eliminar la Presidencia Ejecutiva de la CCSS.

• Demandé a la Contraloría General de la República por alcahuetear a patronos morosos con la seguridad social.

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comienzos del presente año y con el objetivo de revertir el criterio de la CGR, hice diversas solicitudes de información, cartas y artículos de opinión en la prensa sobre el tema. Tras una reunión con la pro-pia Controlara General de la Repú-blica, Marta Acosta, en la que ella sostuvo su criterio, entablé una demanda en el Tribunal Conten-cioso Administrativo contra el ente contralor. Espero que así se haga justicia y se revierta una interpre-tación que debilita la seguridad social e incentiva la morosidad de patronos irresponsables. Espera-mos que pronto empiece el juicio.

En tercer lugar, deseo resaltar en este informe que le he dado se-guimiento al proceso contencioso administrativo entablado por el exdiputado del FA, José María Vi-llalta y el diputado Edgardo Araya Sibaja contra el Estado, en defen-

sa de la CCSS. El FA exige que el Ministerio de Hacienda trasfiera aproximadamente 500 mil millones de colones que el Estado debe a la CCSS, por el traslado de los EBAIS del Ministerio de Salud en 1994. El juicio se encuentra en la fase de conclusiones y esperamos una sen-tencia favorable para las próximas semanas.

cidad, combustibles y otros servi-cios, sin que el ente regulador vigi-le adecuadamente la calidad de los servicios. Y al mismo tiempo, he alertado sobre una serie de aspec-tos de su proceder que, desde mi perspectiva, son inadmisibles por-que terminan perjudicando a todas y todos los usuarios de los servicios regulados, tales como:

• Que sea la propia entidad la que defina los cánones de regulación que se aplican a las tarifas y con los cuales se financia su funciona-miento. Dichos cánones aumentan conforme aumentan las tarifas. En el 2014 le generaron ingresos a la ARESEP por 10.000 millones de co-lones.

• Los altos jerarcas de esa enti-dad tienen salarios muy elevados, los cuales son pagados por todas y todos los usuarios de los servicios públicos, mediante los cánones. Los salarios del Regulador General y de la reguladora adjunta fueron en el 2° semestre del 2015 de 7.1 y 6.4 millones de colones, res-pectivamente. Los salarios de las 21 personas mejor pagadas en al ARESEP (superiores a 3 millones de colones) equivalen a un 17.4% de la planilla mensual, según los datos salariales publicados por el entidad. En conjunto, esos 21 sa-larios más altos alcanzan un monto mensual que es 8 veces más grande que el de los 21 salarios más bajos, mostrando una gran disparidad sa-larial.

• Esos salarios son definidos a par-tir de criterios derivados de una millonaria consultoría que la ARE-SEP le contrata a una entidad pri-vada, con recursos provenientes de

los cánones, generando un régimen salarial especialísimo y particular-mente oneroso, pagado por todas las personas usuarias de los servi-cios públicos. En el 2014, la ARE-SEP pagó en salarios 8.360 millones de colones, es decir, un 83% de lo recaudado mediante los cánones.

• En medio de su ventajosa situa-ción financiera y a pesar de contar con un edificio propio en La Saba-na, la ARESEP ha incurrido en los últimos años en grandes gastos por concepto de alquiler de un edificio en Multipark Escazú, propiedad del Grupo Financiero Improsa SA. El traslado a ese edificio ha dificulta-do el acceso a las y los usuarios de los servicios públicos.

• Diversas fallas en las metodolo-gías seguidas por la ARESEP para establecer las tarifas de servicios públicos que, contrario a sus man-datos de ley, tienden a generar desequilibrios entre los intereses corporativos de las entidades que prestan los servicios y los intereses de las personas usuarias.

Dicha situaciones fueron denuncia-das en su momento en el Plenario Legislativo y por ello manifesté también mi apoyo al Informe de Investigación de la Comisión de In-greso y Gasto, que recomendó la destitución de la Junta Directiva de la ARESEP y el envío del expe-diente al Ministerio Público para su investigación.

Por otra parte, en lo que se refie-re a la Superintendencia de Tele-comunicaciones (SUTEL), durante todo el año sostuve una importan-te actividad de denuncia sobre la actividad regulatoria del mercado

Organismos reguladores vs Servicios Públicos

• Dos elefantes blancos: la ARESEP y la SUTEL que parecen tomados por intereses corporativos.• ¿Quién regula a la los reguladores?

Otro de los temas a los que he dado seguimiento durante mi ges-tión como Diputada es el de la re-gulación de servicios públicos. Al respecto, he realizado diversas de-

nuncias en defensa de las personas usuarias de dichos servicios.

En el caso de la ARESEP he señala-do el incesante incremento de las tarifas de autobuses, agua, electri-

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de las telecomunicaciones. La ma-yor parte de dichas denuncias han sido realizadas en articulación con el Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT-ICE).

Desde junio del presente año, de-nuncié en el Plenario Legislativo y ante la opinión pública, la sanción arbitraria emitida por la SUTEL contra el ICE por más de 2.000 mi-llones de colones, tras una deman-da interpuesta por Telefónica en el 2011 por presuntas “prácticas an-ticompetitivas”. “¿Para quién tra-bajan los señores de la SUTEL?”, es la pregunta obligada ante si-tuaciones como las siguientes:La ligereza de los argumentos esgri-midos en la sentencia de la SUTEL en que se sanciona al ICE, basados fundamentalmente en supuestos y enunciados hipotéticos escasa-mente demostrados. La SUTEL des-estimó sin mayor consideración los alegatos emitidos por el ICE en su defensa (Ver: Patricia Mora: “¿Para quiénes trabajan los señores de la SUTEL?”, https://youtu.be/ZUZ-bOeSodpQ).

• El conflicto de intereses. Los testigos aportados por Telefó-nica en la demanda contra el ICE, Pamela Sittenfeld y Diego Petre-colla, fueron los mismos que re-

dactaron las guías utilizadas por la SUTEL para sancionar al ICE (Ver: “Patricia Mora sobre conflicto de intereses en la SUTEL: “Es una in-moralidad””, https://youtu.be/GALKhr-5--I). Ello fue reconocido por el señor Gilberth Camacho, presidente de la SUTEL, en compa-recencia ante la Comisión de Con-trol, Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa (“¡RECONO-CIDO POR LA SUTEL! -- Testigos de Telefónica elaboraron guías utili-zadas contra el ICE”, https://you-tu.be/BIk2PGWLOiE). Ello también consta en las actas de las sesiones del Consejo Directivo de la SUTEL de febrero de 2015, dadas a cono-cer ante la opinión pública.

• La poca transparencia de la licitación mediante la cual di-chas guías fueron adjudicadas a Sittenfeld y Petrecolla. El con-sorcio en cuestión ofertó por una cifra superior a los 40 millones de colones, siendo que el cartel esta-blecía un tope de 25 millones. La SUTEL alertó a Sittenfeld y Petre-colla de su inconsistencia, hacién-doles saber su interés en que sub-sanaran el problema. Incluso, la SUTEL les adjudicó la licitación en fecha anterior al momento en que recibieron la carta en que los testi-gos de Telefónica aceptaban bajar el precio de la oferta (Ver: “¡MÁS DENUNCIAS! -- El compadre habla-do de la SUTEL contra el ICE”, ht-tps://youtu.be/UzJHZua6BPE).

• El excesivo gasto en con-sultorías por parte de la SUTEL. A pesar de que entre el 2010 y el 2013 SUTEL invirtió la “módica” suma de 5 mil millones de colones en salarios y capacitaciones para sus funcionarios de planta, en el

2014 gastó 700 millones de colo-nes en contrataciones de consulto-rías por “servicios profesionales”. ¿Acaso esos servicios profesionales no podrían ser dados por el propio personal de la entidad, en el que se invierten miles de millones en salarios y capacitaciones? (Ver: “¿A qué intereses sirve la SUTEL? -- Mensaje a los costarricenses”, https://youtu.be/xlNY_7dQcE0).

Entre otros temas, denuncié la arbitrariedad mediante la cual la SUTEL desestimó las denuncias que interpuso el ICE por las presuntas

“prácticas anticompetitivas” co-metidas tanto por Claro como por Telefónica, a raíz de la prestación por parte de esas empresas del servicio de rooming a escala cen-troamericana.

En general, el acciones de la ARE-SEP y de la SUTEL generan la idea de que dichos entes reguladores muchas veces parecen defender más los interese privados de pres-tadores de servicios públicos, que el interés colectivo de todas las personas usuarias de los mismos.

Tanto en 2014 como en 2015, la fracción legislativa del FA prota-gonizó una importante lucha en defensa de los programas sociales, frente a recortes presupuestarios impulsados por sectores neolibe-rales y/o irresponsables, dentro y fuera de la Asamblea Legislativa. El FA ha puesto el dedo en la lla-ga sobre la necesidad de poner or-

den en las finanzas públicas, como parte de la preocupación nacional por el crecimiento galopante del déficit fiscal (6,5% del PIB) y el en-deudamiento del estado (40% del PIB). Ese orden no puede hacerse mediante recortes indiscriminados que afectan incluso programas de inversión social y deben buscarse soluciones tanto en lo que se re-

Responsabilidad Fiscal: Rasgo distintivo del Frente Amplio

• Contra el fraude fiscal: En defensa del cobro administrativo contra los evasores de impuestos.

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fiere al gasto como a los ingresos.

En ese marco, he participado acti-vamente de la discusión a propósi-to del proyecto de ley presentado a la Asamblea Legislativa por el Poder Ejecutivo, para combatir la evasión y el fraude fiscal (Expe-diente N° 19.245). Por ello, he sostenido la tesis de que la Admi-nistración Tributaria debe contar con mayores capacidades, instru-mentos y recursos administrativos para obligar a los evasores a pagar los impuestos. Esto sin debilitar la vía judicial a la que todas y todos tenemos derecho, si se considera-da oportuno recurrir a ella. (Ver: “Patricia Mora contra los evasores de impuestos y el fraude fiscal”, https://youtu.be/A0ZdzcLIDIc; “Patricia Mora sobre evasión y fraude fiscal: “No se puede quedar bien con Dios y con el diablo””, ht-tps://youtu.be/3oJFsP38D3s).

Pero lamentablemente, el Poder Ejecutivo se plegó a las presiones de los poderes fácticos y políticos defensores a los evasores de im-puestos y negoció a espaldas del FA un texto sustitutivo que le quita los “dientes” a la Administración Tributaria. En su momento denun-cié eso en el Plenario señalando que no era la primera vez que se renunciaba en este país a mejorar las capacidades de la Administra-ción Tributaria, sino que eso había sucedido desde la tramitación del Código Tributario en los años 70´s del siglo anterior (Ver: ““Una cu-riosidad histórica”: Patricia Mora sobre evasión y fraude fiscal”, ht-tps://youtu.be/c4PEZvWOcMc).

Por otro lado, desde mi despacho hemos estado investigando y dialo-

gando son diversas organizaciones sociales sobre la necesaria revisión de algunos rubros indebidos, in-cluidos en convenciones colectivas negociadas en la época del bipar-tidismo por gobiernos del PLN y del PUSC. Pero así como creemos necesario revisar y corregir cláusu-las abusivas puntuales, sostenemos también que debe defenderse e in-cluso fortalecerse el derecho de las y los trabajadores a la negociación colectiva. Es decir, la atención al problema fiscal no debe darse a costa de los derechos laborales y por ello, nos hemos opuesto a pro-yectos como de salario único pro-movido por el Diputado Otto Gue-vara (Exp. N° 19.431) o el proyecto de ordenamiento de las retribucio-nes adicionales al salario en el sec-tor público, impulsado la diputada Sandra Piszk (Exp. N° 19.506).

En otra dimensión de este eje de trabajo, le he dado seguimiento a la tramitación de proyectos de ley sobre pensiones con cargo sobre el presupuesto nacional. Al respec-to, he sostenido conversaciones con organizaciones gremiales en la perspectiva de buscar detener ele-mentos regresivos incluidos en al-gunos de esos proyectos, como es el caso del propuesto por la dipu-tada del PLN, Sandra Piszk, (Exp. N° 19.310). Al mismo tiempo, en estrecha colaboración y coordina-ción con el Frente de Organizacio-nes Gremiales del Poder Judicial presenté, junto a otros diputados, el proyecto de Ley para reformar Título IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Expediente N° 19.651). También estamos estu-diando otras propuestas de organi-zaciones sindicales.

Desde el 2014 he formado parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, en la que he acompañado importantes luchas, como la de las personas afectadas por la prohibición de la Fertilización in Vitro (FIV) en nuestro país y ante la desatención por parte del Estado del mandato de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos (CIDH). También le he dado seguimiento y apoyado la propuesta de reformas en materia de violencia obstétrica. En esa línea, desde mi despacho y en articulación con la Defensoría de los Habitantes y las organizaciones Guerreras de Ángeles, MAMASOL y ANIDAR, entre otras, organizamos una mesa redonda en agosto de este año, con la participación de los es-pecialistas como Orlando Urroz, di-rector del Programa Institucional de Calidad y Seguridad de la CCSS, y Gabriela Arguedas, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios sobre la Mujer de la Universidad de Costa Rica (CIEM-UCR). En el campo

de los derechos humanos, también he abordado algunos conflictos por tierra, acompañando a las comu-nidades en sus luchas y realizando gestiones desde mi Despacho. Ese ha sido el caso de comunidades como el territorio indígena Salitre y las fin-cas Chánguena y Térraba, en la zona sur-sur del país. Junto a los diputa-dos José Ramírez, Carlos Hernández y Edgardo Araya, también del FA, he participado en distintos momentos en visitas a esas comunidades, así como realizado diversas gestiones ante instituciones públicas para que se resuelvan las graves situaciones que las afectan. Al finalizar este año, seguimos trabajando para que no se realice el desalojo por parte del Mi-nisterio de Seguridad de las familias ocupantes de Chánguena y se le pue-da dar una solución sostenida a este conflicto.

En lo que se refiere al trabajo estric-tamente legislativo, debo resaltar nuestro esfuerzo para que se logra-ra dictaminar afirmativamente, en

Derechos Humanos

• FIV: una deuda histórica del Estado costarricense para con las familias costarricenses.

• Intenso trabajo en materia de violencia obstétrica.

• Salitre, Chánguena y Térraba: a la par de las comunidades en lucha por la tierra.

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octubre, el Expediente N° 17.805 “Carta de Derechos sobre Acceso a la Justicia para los Pueblos Indígenas”. Este proyecto se encuentra ahora en la fase para presentación de mocio-nes por la vía del artículo 137, en el Plenario Legislativo. Y por otro lado, la elaboración y presentación de un grupo importante de proyectos de ley orientados a mejorar el marco normativo de los derechos humanos en diferentes ámbitos: El Proyecto de Ley Contra el Adultocentrismo Político y la Discriminación Contra las Personas Jóvenes en las Eleccio-nes Municipales (Exp. N° 19.710), impulsado en conjunto con la Ju-ventud del Frente Amplio, con el fin de permitir la participación política real y efectiva de las personas jóve-nes mayores de dieciocho años en los procesos electorales municipales, la cual se ve limitada en la actualidad.

• El Proyecto de Ley Marco con-tra la Discriminación, elaborado en

conjunto con la Defensoría de los Habitantes y otros despachos legis-lativos. Con esa propuesta, se bus-ca recoger e incorporar iniciativas presentadas por José María Villalta y otros legisladores en su momento, para sancionar la discriminación y la apología del odio en nuestro país y crear instancias públicas de apoyo a políticas públicas orientadas a la de-fensa de los derechos humanos y el respeto en nuestra sociedad.

• El Proyecto de Ley de Combate al Narcotráfico y Regulación del Con-sumo del Cannabis, a presentarse próximamente junto con varios com-pañeros legisladores, para restarle espacio al mercado ilegal de la dro-ga en nuestro país, controlar el uso medicinal de la misma y financiar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado con los impuestos generados.

• El Proyecto de Ley de Identidad de Género y reconocimiento de la di-versidad, a presentarse en acompa-ñamiento con organizaciones como Mulabi y Transvida, defensoras de los Derechos Humanos. La propuesta plantea asegurar el reconocimiento al derecho sobre el nombre, imagen y género de las personas trans en nuestro país, para así erradicar los tratos inhumanos y discriminatorios que sufren estas personas por parte de las instituciones públicas que de-ben protegerlas.

• El Proyecto de Ley contra el Des-pilfarro de Alimentos en los grandes almacenes y supermercados (Exp. 19.817), para acabar con el ham-bre en nuestro país, posibilitar la donación de alimentos de manera colectiva con mayor facilidad que donaciones individuales y sancionar el desperdicio de alimentos en buen estado.

Trabajo territorial: Una prioridad fundamental

El FA acompaña a las comunidades en lucha. Esa ha sido una de las lí-neas de trabajo establecidas tanto en mi despacho como en los de to-das las compañeras y compañeros de fracción. Los siguientes son al-gunas de las comunidades y situa-ciones que han recibido atención desde mi despacho durante este año:

• La Carpio, Uruca, cantón San José. En la comunidad existe un impor-tante problema de abastecimiento de agua. Hemos acompañado ges-tiones de organizaciones comunales ante la Presidencia Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueduc-tos y Alcantarillados a fin de solu-cionar el problema.

• Ríos Vivos, San Pedro, cantón Pé-rez Zeledón. Desde mi despacho le-gislativo acompañamos a ambienta-listas del cantón de Pérez Zeledón y asesoramos a la organización Ríos Vivos en la defensa y protección del recurso hídrico en dicho cantón. En ese sentido, ene l mes de diciembre logramos que el Concejo Municipal acordara una moratoria a los per-misos municipales de construcción

y gestión de proyectos hidroeléctri-cos en el distrito de San Pedro y que se incorporara en el próximo Plan Regulador Municipal una prohibi-ción para futuros proyectos en los ríos del cantón.

• Trabajadoras y trabajadores afec-tados por Nemagón. Desde hace muchos años, el FA ha acompañado la lucha de personas ex-trabajado-ras de plantaciones bananeras afec-tadas por el Nemagón. Además de impulsar el expediente N° 18.802 en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, desde Despacho se han realizado diversas gestiones ante el INS y otras institu-ciones, en procura de una respuesta a las solicitudes de indemnización de personas afectadas.

• Proyecto de vivienda Cipreses, cantón Coronado. Se ha dado segui-miento al proceso de organización de los vecinos del proyecto de vi-vienda Cipreses. El proceso ha sido liderado por el compañero Bolívar Meza, dirigente comunal quien, con apoyo de mi Despacho, ha realizado diversas gestiones ante institucio-nes públicas del campo de la vivien-

• Atención en el Despacho y en las comunidades a grupos que luchan por sus derechos.

• El FA se prepara para las elecciones municipales.

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da para que se atiendan diversas situaciones que les afectan.

• Barrio Moreno Cañas, Guadalu-pe, cantón Goicochea. Vecinos de Guadalupe han venido presentando diversos reclamos por la feria del agricultor (ruido, falta de permisos, falta de fuentes de agua), realizada en el Barrio Morenos Cañas. Desde el Despacho les hemos acompañado en gestiones ante el Concejo Muni-cipal de ese cantón, para que pue-dan plantear sus posiciones.

• Problemas con la empresa de transporte METROCOP, Hatillo, can-tón San José. Ante diversas quejas de vecinos y vecinas se gestionó ante el CTP una solicitud del expe-diente de la empresa y se ha venido denunciando formalmente los ma-los tratos que los choferes hacia las mujeres y los adultos mayores.

• Proyecto de Vivienda Colupoa, cantón Alajuelita. Después de va-rias reuniones con dirigentes e in-tegrantes de ese proyecto, gestio-namos audiencias ante el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) para que se les escuchara, se estudiara su propuesta y se les diera a una respuesta sobre la via-bilidad del proyecto.

• Caspirola, cantón Acosta. Desde el 2014, hemos acompañado una lu-cha de esas comunidades por la re-cuperación de sus tierras. Durante todo el 2015, se estuvo trabajando

en torno a un proyecto de ley con esa finalidad, el cual se encuentra en la Comisión de Asuntos Munici-pales de la Asamblea Legislativa (Exp. N° 17.190).

• Cuenca del Virilla, cantón Mora-via. Hemos acompañado y hecho eco de las denuncias de comuni-dades sobre la invasión de un em-presario con fuertes conexiones políticas a la cuenca del rio Virilla, entre Moravia y Santo Domingo de Heredia, donde opera un almacén de contenedores.

• Triangulo de Solidaridad. Hemos atentos al proceso de la reubica-ción de los asentamientos informa-les sobre los terrenos destinados a la continuidad de la carretera de Circunvalación. Se solicitó para la asociación de vecinos del lugar una audiencia con el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Huma-nos (MIVAH), al tiempo que se le ha dado seguimiento de los desalojos, en la perspectiva de garantizar que los vecinos no sean desalojados si no se les ha garantizado su reubi-cación.

Por otro lado, a la par de esos acompañamientos a comunidades, desde mi despacho y junto nues-tro Diputado de Cartago, Francis-co Camacho Leiva, hemos venido desarrollando una línea de trabajo relacionado con la planificación ur-bana y el ordenamiento territorial. Además de diversas gestiones ante el INVU y reuniones de trabajo con personas expertas en la materia, hemos realizado en la Asamblea Le-gislativa dos foros abiertos al públi-co sobre la temática:

• “Un nuevo modelo de ciudad para Costa Rica, ¿Cómo construir un mo-delo territorial sostenible, eficiente y solidario?”, realizado en el Casti-llo Azul de la Asamblea Legislativa el 23 de julio del 2015

• “Desafíos en la Agenda Urbana:

importancia de la actualización normativa en Costa Rica”, realiza-do en la Capilla del Antiguo Colegio Sion, el 2 de diciembre del 2015.

Ambas actividades han sido muy importantes para generar concien-cia y recabar criterios de personas expertas y autoridades, que ali-menten una serie de propuestas de reforma normativa que presentare-mos el próximo año.

Finalmente, a la par del acompa-ñamiento de las comunidades y del trabajo parlamentario, como Presi-denta del Partido he realizado una intensa actividad con las estructu-ras partidarias tanto a nivel de la provincia de San José como fuera de ella. Algunas líneas de ese tra-bajo han sido:

• Espacios de dirigencia partida-ria. Además de mi participación en nuestro exitoso II Congreso Ideo-lógico “José Merino del Río”, he sido partícipe activa también de 10 Asambleas Nacionales, en las sesio-nes de la Comisión Política y en las del Comité Ejecutivo Nacional cada semana.

• Comités Ejecutivos Provinciales. Durante todo el año, atendí una gran cantidad de invitaciones de activos provinciales y/o comités ejecutivos provinciales ampliados, tanto en San José como en otras provincias del país.

• Relaciones internacionales. En el terreno de las relaciones inter-nacionales, durante el año sostuve una importante cantidad de reunio-nes en el marco de los Grupos Par-lamentarios de Amistad con Cuba y Venezuela, así como con la Embaja-da de Bolivia. En el mes de octubre participé de un foro patrocinado por la Fundación Frederich Ebert que tuvo lugar en Antigua, Guate-mala, sobre la democracia en Amé-rica Central. Y en agosto, tuve el gusto de participar en un encuentro

con el Ex - Presidente de Uruguay, José Mujica, durante su visita a Costa Rica.

• Actividades culturales. Con gran regocijo he participado en múlti-ples actividades culturales organi-zadas por la militancia frenteam-plista, en lugares como el cantón central de San José, Coronado, Cu-rridabat, Desamparados y también en Alajuela.

Secretaría de las Mujeres. Durante este año y como parte de compro-misos partidarios con los principios feministas, he apoyado diversas actividades organizadas por la Se-cretaria de la Mujer del Partido, como por ejemplo, el Encuentro de Mujeres Frenteamplistas que tuvo lugar los días 7 y 8 de marzo del presente año, así como el plantón frente a la Casa Presidencial, en el contexto del Día de la No-Violencia contra las Mujeres, el pasado 25 de noviembre.

• Elecciones municipales. De cara al proceso de elecciones municipales he participado en una gran canti-dad de Asambleas Cantonales, Re-uniones de Comités Ejecutivos am-pliados, Convivios, etc. organizados por la dirigencias cantonales previo o durante, el proceso de elección de candidaturas. Y una vez inscri-tas estas, he sostenido reuniones en mi despacho en el los cantones reuniones con casi todas las fórmu-las para Alcaldía de la provincia de San José.

Asamblea Legislativa - Fracción Legislativa del Frente AmplioComuníquese con la diputada Patricia Mora

2010-8465 | 2010-8466 patricia.mora@asamblea.go.crpatriciamora.diputada@gmail.com

PatriciaMoraFA PatriciaMoraC

Sembremos

Frente Amplio 2016ESPERANZA