XV JORNADAS SOBRE JUSTICIA PENAL

Academia Mexicana de Ciencias Penales-Instituto de Investigaciones

Jurídicas

Mesa 1

a) Dra. Ruth Villanueva Castilleja

b) Dr. Enrique Díaz Aranda

c) Dr. Luis Rafael Moreno González

Muy buenas tardes a todos.

Agradezco a la Academia Mexicana de Ciencias Penales la invitación a

participar en esta decimoquinta edición de las Jornadas sobre Justicia Penal.

No puede haber un mejor recinto para el diálogo, el intercambio de ideas y la

crítica constructiva que la Universidad Nacional Autónoma de México. Por eso

celebro la organización de este evento.

El motivo para reunirnos en esta ocasión es el de compartir con ustedes, los

futuros profesionales del derecho de este país, el enorme reto que ha

representado la implementación del Nuevo Sistema Procesal Penal para

quienes tenemos la encomienda de procurar justicia.

Los proyectos que cambian la vida de las naciones, no pueden recaer sobre la

cabeza de una sola persona o institución. Los tiempos actuales exigen el

concierto de todos los sectores de la sociedad y, especialmente, de la sociedad

civil, que es la razón de ser y destino final de cualquier política pública.

Tengo claro que los grandes cambios que requiere nuestro país no serán

posibles sin la participación de ustedes, los jóvenes. Los ánimos y las

pulsiones de una sociedad activa que demanda justicia deben fungir como

catalizadores de la transformación de las instituciones de seguridad pública,

procuración y administración de justicia.

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México tiene ante sí un momento histórico. O aprovechamos la oportunidad

para realizar una transformación de fondo a nuestro sistema de justicia penal y

nos convertimos en agentes de cambio o nos mantenemos pasivos en una

zona de comodidad, y esperamos otros tiempos para saldar una deuda

acumulada por muchos años.

Estoy convencida que esta generación se encuentra en el momento indicado

para articular esfuerzos y sumar ideas que hagan realidad la puesta en marcha

de una nueva forma de justicia, que se muestre accesible, transparente, eficaz

y confiable.

Por eso valoro estos foros, porque son una oportunidad inmejorable para

impulsar una mentalidad participativa en los estudiantes que haga eco de la

necesidad de generar habilidades y conocimientos como elementos

imprescindibles para una correcta implementación del nuevo sistema. Son

ustedes, los futuros profesionistas quienes en su momento echarán a andar la

maquinaria creada con el fin de brindar una mejor procuración e impartición de

justicia.

En el 2008, el Estado mexicano hizo una apuesta por renovar la arquitectura

institucional en materia de seguridad y justicia. El Congreso de la Unión y las

soberanías locales fueron receptivos a las exigencias que de tiempo atrás se

habían formulado fundamentalmente desde la sociedad civil organizada y la

academia. El diagnóstico era contundente. Se encontraba rebasada la fórmula

del funcionamiento de nuestro sistema de justicia penal y había que buscar un

nuevo modelo que marcara la pauta en el rediseño de nuestras instituciones,

que instaurara un nuevo procedimiento y que fortaleciera la confianza

ciudadana. El resultado fue la generación de un amplio acuerdo para fortalecer

al Estado a través de sus instituciones, ampliar la esfera de protección de los

derechos de la víctima y del imputado y asegurar la vigencia del pacto social.

Si en el papel la transición al Sistema de Justicia Penal Acusatorio se advierte

como una tarea titánica, la realidad lo confirma con creces. En principio, el

Nuevo Sistema de Justicia Penal implica un cambio que impacta a todos los

regímenes penales que existen en México: el del fuero federal, el del fuero

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común, el del fuero militar y el sistema de justicia para adolescentes. En total,

son 67 los sistemas particulares que coexisten y en muchos casos se

entrelazan.

Consecuente con la dimensión y el alcance de este proyecto de

transformación, el Órgano Reformador de la Constitución estimó necesario

establecer un plazo de ocho años para la implementación del sistema en todo

el país, mismo que concluirá en el mes de junio de 2016.

Estamos a menos de dos años de que venza el plazo constitucional para que

opere en todo el territorio nacional el sistema acusatorio. El tiempo nos

apremia. Es por ello que hemos reencauzado energías, multiplicado los

esfuerzos y aprovechado las sinergias institucionales.

Durante este tiempo, se han realizado acciones importantes encaminadas en

algunos casos a consolidar la transición y en otros a iniciarla. Las acciones

emprendidas sólo se entienden bajo la lógica de la colaboración de todos los

sectores y niveles de gobierno involucrados en las tareas del sistema de

justicia penal. Gracias a esto hemos logrado superar nuestras diferencias y

trabajar en el marco de un objetivo común y compartido.

El trabajo conjunto nos ha permitido lograr avances importantes. El primero que

nos marcamos en la ruta hacia la transición fue contar con un ordenamiento

único en materia procedimental penal. El Código Nacional de Procedimientos

Penales ha permitido la homologación normativa en el país y ello ha incidido en

los tiempos de la implementación. Con este ordenamiento se han agilizado los

procesos locales y se ha disminuido el riesgo de que exista un retraso

legislativo en algunas entidades federativas. El Código es un piso mínimo para

a partir de ahí hacer frente a otros desafíos que impone la implementación.

Para concluir el proceso de armonización legislativa, se ha trabajado en la

elaboración de 29 anteproyectos normativos, de éstos destacan la Ley

Nacional de Ejecución de Sanciones Penales, la Ley Nacional de Mecanismos

Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y la Ley Nacional

de Justicia Para Adolescentes.

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La importancia de contar con un Código Nacional de Procedimientos Penales

supera la esfera estrictamente normativa, ya que su publicación ha servido

para impulsar trabajos en otros ejes y actividades, esencialmente en los rubros

de capacitación y restructuración de procesos institucionales.

Así, en mayo de este año logramos aprobar un Programa Integral de

Capacitación en el Sistema de Justicia Acusatorio para Instituciones de

Procuración de Justicia y en junio se concretó la aprobación del “Programa de

Capacitación en el Sistema Acusatorio para Instituciones Policiales”. Con estos

programas tendremos la oportunidad de capacitar y profesionalizar con criterios

unificados y estándares compartidos a los agentes del Ministerio Público,

peritos, agentes investigadores y policías de todo el país.

A los programas nacionales de capacitación se suma la construcción del

Instituto de Capacitación y Profesionalización en San Juan del Río, Querétaro.

El Instituto cuenta con 27 aulas isópticas, 35 aulas y salas de juicios orales,

laboratorios para 21 especialidades, biblioteca, stands de tiro virtuales, una

clínica con quirófano, seis consultorios, sala de urgencias, tres habitaciones de

recuperación y espacios deportivos. En su máxima capacidad, este complejo

podrá albergar a 412 personas: 218 hombres, 144 mujeres y 50 docentes.

Asimismo, desarrollamos un nuevo sistema de desarrollo humano y profesional

a partir del cual iniciamos un proceso de reclutamiento en 11 universidades

públicas del país para captar talento para el perfil de agente investigador. En

este proceso se registraron 1196 aspirantes y resultaron aprobados 202 para

realizar el Curso de Formación y Capacitación Inicial.

De esta forma, trabajamos para formar a una nueva generación de servidores

públicos que se ajusten a las exigencias y parámetros de profesionalismo, ética

y absoluto respeto por los derechos humanos que son base del sistema

acusatorio.

En materia de reorganización y procesos institucionales hemos dado pasos

importantes. A través de una amplia colaboración de las instituciones

operadoras del procedimiento penal, se logró diseñar el modelo de gestión del

proceso penal establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

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Además, hemos rediseñado y actualizado 76 protocolos del personal

sustantivo, y elaborado un manual en materia de coordinación entre Ministerio

Público y Policías tanto Federal como Ministerial.

Del total de protocolos elaborados o ajustados destacan cuatro por su

incidencia potencial en el fortalecimiento de capacidades, particularmente

respecto de la calidad de la investigación y la articulación de una colaboración

interinstitucional robusta, dichos protocolos son los siguientes: 1) Coordinación

de ministerios públicos e instituciones policiales, 2) Detención en flagrancia, 3)

Procesamiento y preservación de indicios, y 4) marco de investigación.

En el ámbito de adecuación de nuestra infraestructura y equipamiento hemos

modernizado y adecuado las instalaciones de las Delegaciones de PGR a fin

de que cuenten con los espacios físicos y las condiciones necesarias para la

atención de los usuarios y el adecuado desarrollo de las diversas etapas del

procedimiento penal; asimismo, en un esfuerzo por fortalecer nuestras

capacidades, hemos adquirido tecnología y equipamiento para cumplir a

cabalidad con las funciones que tanto la Constitución como las leyes

establecen para ser cumplidas por los operadores. Además, llevamos a cabo

trabajos para desarrollar un modelo informático que permita la interconexión

con las bases de datos de las instituciones operadoras del proceso penal, con

la finalidad de optimizar, sistematizar y compartir la información necesaria para

la operación del sistema de justicia penal.

Estas acciones desplegadas nos han permitido establecer un calendario para

la entrada en vigor gradual del Sistema de Justicia Penal Acusatorio a nivel

federal. El día de ayer, los estados de Durango y Puebla iniciaron formalmente

la vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales, y con ello inicia la

puesta en marcha del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

La operación del sistema en dichos estados nos servirá para calibrar el impacto

de las acciones que hemos llevado a cabo en el funcionamiento del Nuevo

Sistema de Justicia Penal.

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La transformación estructural de nuestro sistema de justicia penal nos presenta

una vía para que se fortalezca la confianza ciudadana en las instituciones.

Pero para que ello suceda es imperativo involucrar a todos en esta causa.

Las instituciones educativas son un motor de cambio, y en este tema son un

aliado estratégico para el cambio cultural que reclama el nuevo modelo de

justicia. Las universidades deben ser la caja de resonancia que nos permita

formar a los futuros operadores del país. Quienes hoy se encuentran en estas

aulas mañana serán nuestros jueces, ministerios públicos, peritos,

investigadores y policías. Por ello, resulta indispensable que desde las

instituciones de educación superior se forme integralmente a quienes en el

futuro inmediato serán los responsables de operar nuestro sistema de justicia.

La consolidación de un Nuevo Sistema de Justicia Penal será una realidad si

todos asumimos, desde nuestro campo de acción y de responsabilidad, el

compromiso por fortalecer a nuestras instituciones.

Tenemos una oportunidad tangible que nos permita hacer realidad el anhelo de

vivir en un país seguro, justo y en el que se garanticen nuestros derechos. No

seamos indiferentes y aprovechemos esta transformación para hacer de

México el país que anhelamos.

Muchas gracias.

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