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La Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Asefiget) ha ase-gurado que el plan de lucha contra el fraude que ha aprobado el Gobierno castiga a las pequeñas y medianas empresas, mientras que sigue dejando un amplio margen de maniobra a las grandes empresas.

En un comunicado, Asefiget solicita que la Administración se emplee en la investiga-ción para localizar los fondos reales no declarados y no en “entorpecer y terminar de empujar” al cierre a las pymes y micropymes.

Para los asesores fiscales, las nuevas medidas contra el fraude aprobadas por el Gobierno sólo son “más de lo mismo”, ya que todo el plan está diseñado para llevar a cabo una mera labor de comprobación y no de investigación de fondos. “Desde el límite del pago en efectivo fijado en 2.500 euros hasta la amnistía fiscal”, afirma.

A su parecer, las medidas no afrontan la existencia de rentas ocultas y se quedan en la superficie esperando la afloración de patrimonios que no cuadren con lo decla-rado. De esta forma, las grandes empresas, con mayor capacidad para burlar a la Administración, salen “ilesas” del plan antifraude.

En este sentido, Asefiget recuerda que las pymes y micropymes son la mayor parte del tejido industrial y las que soportan mayores cargas fiscales y control desde la Administración. En este sentido, asevera que una empresa familiar tiene todo declarado, entre otros motivos porque, ante cualquier irregularidad, responde con su patrimonio personal.

Además, está obligada a funcionar con condiciones impuestas desde la Administración, que no necesariamente están al alcance de todo el mundo ya sea por falta de infraestructura o de conocimiento de las herramientas, como es el caso de las comunicaciones electrónicas.

Asimismo, recuerda al Gobierno que la mayor parte de los votantes que depositaron su confianza en él en las urnas regentan un pequeño negocio, generan puestos de trabajo y son así los contribuyentes que más aportan por vía fiscal y menos cober-turas obtienen del Estado.

Por todo, los asesores fiscales creen necesario que el Ejecutivo adopte “cierto tono de humildad” ante los ciudadanos que, además de otorgarles el poder, son capaces de crear empleo, “cosa que desde hace ocho años y hasta la fecha no ha sabido hacer ningún grupo político”.

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63ABRIL2012Una publicación realizada por Deloitte, en colaboración con CISS

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El pleno del Parlamento Europeo ha apoyado la propuesta de la Comisión Europea de armonizar en toda la Unión Europea la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, pero ha pedido que sea de carácter obligatorio para todas las empresas y no voluntario como apunta la propuesta de Bruselas.

La idea de un régimen único para calcular las bases imponibles contribuirá a que las empresas “puedan consolidar los resultados de sus filiales” y compensar con ello las pérdidas que pudieran registrar alguna de las sociedades del grupo, según ha explicado la ponente del informe adoptado en Estrasburgo (Francia), la eurodi-putada belga Marianne Thyssen.

Con ello se quiere favorecer que las empresas mantengan sucursales en diferentes Estados miembros y reduzcan la carga burocrática, ha dicho Thyssen, porque los aspectos económicos y sociales serán “más importantes que las razones puramente fiscales” a la hora de elegir ubicación.

La propuesta del Ejecutivo comunitario plantea que la armonización sea obligatoria para los países de la Unión Europea, pero voluntaria para sus empresas, que podrían elegir entre el régimen común o seguir ajustándose a los nacionales, en función de cuál les sea más beneficioso.

Sin embargo, los eurodiputados piden que sea de carácter obligatorio después de un período transitorio. Así, la base imponible común se aplicaría inicialmente a las empresas cooperativas transnacionales y, tras cinco años, se ampliaría a todas las demás, con la excepción de las pymes que podrán elegir quedarse al margen.

Además, Bruselas podrá reducir los costes administrativos de las pymes para permi-tir que puedan beneficiarse de la nueva base imponible si tienen actividad en varios países de la UE, según un comunicado de la Eurocámara.

Según anunció la Comisión cuando presentó la propuesta en 2011, la base común ahorraría a las empresas europeas 700 millones de euros anuales por los menores costes administrativos, y 1.300 millones de euros al poder consolidar los beneficios y las pérdidas que obtienen en los diferentes Estados miembros donde operan. Además, las compañías que deseen expandirse fuera de sus fronteras conseguirán un ahorro de hasta 1.000 millones de euros.

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empresas

HaciendadicequeelrecorteenlaAEATseverá“altamente

recompensado”porlaluchacontrael

fraude

La subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas, Pilar Platero Sanz, ha asegurado durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso que el recorte en el presupuesto de la Agencia Tributaria (AEAT) se verá “altamente recompensado” por los nuevos ingresos que se generarán gracias a la lucha contra el fraude.

“No hay que temer en absoluto que los reajustes (presupuestarios en la AEAT de 56 millones de euros) pongan en peligro los efectos de las medidas de lucha contra el fraude, sino al contrario. La principal fuente de financiación de la AEAT es la generación de crédito del 5% por los ingresos que recauda, por lo que es de esperar que desde el primer momento estas medidas tengan efectos y que consigan una fuente de recursos muy superior a otros años. Así que este ajuste se verá altamente recompensado”, ha explicado.

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BruselasproponesubirelIVAyreducirlascotizaciones

socialesparafavorecerlacreacióndeempleo

Además, ha informado de que su departamento está elaborando un inventario de los inmuebles arrendados y en propiedad del Estado que estará terminado “a finales de mes”, por lo que a partir de mayo se comenzará a trabajar en una nueva línea de política inmobiliaria que pasará por la revisión de los alquileres a la baja y por el análisis de los índices de ocupación de los edificios para “reor-ganizar” su uso.

Por otra parte, Platero Sanz ha indicado que el plan de reestructuración del sector público empresarial anunciado por el Gobierno ha comenzado con la inclusión en la Reforma Laboral de un límite a las indemnizaciones que reciben los directivos y eliminándolas para aquellos que son funcionarios.

Además, también se ha procedido a una “revisión de las retribuciones” de los altos cargos en las empresas públicas, fundaciones, entidades públicas empresariales, consorcios y agencias, fijando “topes” según una serie de clasificaciones en función de número de empleados, nivel de inversiones o ingresos, entre otras materias.

En la misma línea, el Ministerio controlará las retribuciones en especie “para evitar algunas que se estaban abonando sin haber sido aprobadas” por el órgano corres-pondiente, y se ha fijado un número máximo y mínimo de directivos y de miembros del consejo de administración que puede tener cada empresa pública.

Por último, ha recordado que el Gobierno ha eliminado ya ocho fundaciones y 24 sociedades estatales, a las que se sumarán otras trece en proceso de liquidación y otras ocho en las que se acometerá un proceso de desinversión. Hacienda está revi-sando también las sociedades en las que el Estado tiene una participación minori-taria y se ha reducido el presupuesto de compra de acciones de empresas públicas.

La Comisión Europea ha propuesto a los Estados miembros que reduzcan las cotiza-ciones sociales que pagan los empresarios para favorecer la creación de empleo y que compensen la pérdida de ingresos subiendo otros impuestos como el IVA o tasas medioambientales o sobre la vivienda.

Esta es una de las medidas que plantea el Ejecutivo comunitario en su nueva estra-tegia para generar empleo en el actual contexto de recesión.

Entre 2008 y mediados de 2011 se han destruido 6 millones de puestos de trabajo en la UE y el paro alcanzó una tasa récord del 10,2% de la población activa en febrero. Para alcanzar su objetivo de una tasa de empleo del 75%, la UE debe crear 17,6 millones de nuevos puestos de trabajo de aquí a 2020.

Bruselas sugiere “reducir la carga fiscal sobre el trabajo [...] desplazándola hacia tasas medioambientales, sobre el consumo o sobre la propiedad”. “En muchos Estados miembros, hay margen para reducir las contribuciones a la seguridad social de los empresarios, que representan la mayor parte de la carga fiscal”, sostiene Bruselas.

El Ejecutivo comunitario reclama “concentrar la reducción en los grupos más vulnerables, especialmente en los que ganan salarios bajos” porque ello “tendrá un impacto positivo en su empleo a largo plazo” y constituye “una herramienta preferida para aumentar la demanda de trabajo”.

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63ABRIL2012Una publicación realizada por Deloitte, en colaboración con CISS

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La Comisión ya recomendó el año pasado a España rebajar las cotizaciones socia-les y aumentar el IVA para crear empleo. Pero el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tumbó esta propuesta alegando que pondría en riesgo el futuro de las pensiones y que no tuvo ningún efecto positivo cuando se intentó en los años 90. El actual Ejecutivo de Mariano Rajoy también rechaza aumentar el IVA.

Bruselas sugiere además “concentrar las bonificaciones para la contratación en los nuevos empleos”, que de otra forma no se hubieran creado. En particular, apuesta por dedicarlas exclusivamente a “grupos vulnerables como los jóvenes o los parados de larga duración”.

Los Estados miembros deberían tomar medidas para facilitar la creación de nuevas empresas y potenciar el trabajo autónomo, así como para aflorar los puestos de trabajo en la economía sumergida de manera que paguen impuestos. No obstante, la Comisión no explica cómo hacerlo.

El Ejecutivo comunitario pide además a aquellos países que no tienen salario mínimo, como Alemania, que lo introduzcan, porque considera que esta medida es necesaria para evitar la existencia de trabajadores en situación de pobreza y una espiral bajista de los salarios. No obstante, evita proponer una armonización del salario mínimo a escala europea.

La Comisión recomienda además a los Gobiernos que continúen las reformas para flexibilizar sus mercados laborales, con medidas como la reducción de jornada que ha aplicado Berlín durante la crisis para frenar la destrucción de puestos de trabajo.

Finalmente, Bruselas identifica los sectores con mayor potencial de creación de empleo en los próximos años y pide a los Estados miembros que formen a más pro-fesionales cualificados en estos ámbitos. El primero es el de la sanidad y la depen-dencia, que debido al envejecimiento de la población de la UE generarán muchos puestos de trabajo en los últimos años.

Otros sectores emergentes son el de las tecnologías de la información y el de las energías renovables, según el Ejecutivo comunitario.

Lasmedidastributariasparalareduccióndeldéficitpuedenlastrarlaexpansión

exteriordelasempresas

Las medidas de recaudación tributaria aprobadas por el Gobierno para reducir el déficit público pueden lastrar la expansión exterior de las empresas españolas, según la firma de abogados CMS Albiñana & Suárez de Lezo, que considera que el Real Decreto aprobado el pasado 30 de marzo y que elimina deducciones a las grandes empresas “es propio de la situación de crisis actual”.

El responsable del Departamento de Derecho fiscal de la compañía, Víctor Hernán, ha explicado que medidas como el pago fraccionado sobre el resultado contable para las grandes empresas “crean cierta inseguridad jurídica, ya que las sociedades han visto cómo les han cambiado las reglas de juego de la noche a la mañana”.

En su opinión, esto puede perjudicar a las compañías, “porque éstas han llevado a cabo operaciones bajo una normativa de impuestos que les acaban de cambiar y por la que ahora tendrán que pagar más”.

En cuanto a la limitación de la deducción de intereses, el despacho de abogados duda de que sea constitucional, “ya que supone gravar una renta inexistente”.

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NewsHernán ha señalado que durante los años de bonanza económica los legisladores introdujeron “un buen número” de leyes que permitían las deducciones fiscales con el objetivo de que las empresas se internacionalizasen.

“Se ha extendido la opinión de que las compañías han abusado de las deducciones, cuando lo único que han hecho ha sido hacer uso de las leyes”, ha aseverado el abogado, quien ha advertido de que, aunque el Tribunal Constitucional ha dicho que la limitación es legal, “a las empresas no les va a gustar que les cambien las reglas de juego a mitad de la partida”.

No obstante, la firma no cree que las compañías españolas vayan a abandonar el país por esta subida de impuestos, “ya que en España la relación entre empresa y política es muy estrecha”. En opinión de Hernán, España es un país menos avanzado en cultura fiscal que otros como Reino Unido, “donde las empresas trasladan su domicilio fiscal y nadie se preocupa”.

Para el despacho de abogados, el éxito de la amnistía fiscal introducida también por el Gobierno mediante este Real Decreto dependerá de lo “bien cerrada que esté, más que de la voluntad de la gente de pagar lo que no declaró anteriormente”.

En concreto, el responsable del Departamento fiscal de CMS Albiña & Suárez de Lezo ha destacado que el Ejecutivo debe especificar “claramente” qué tipo de información requerirá a los amnistiados, “si será solo su identificación y su dinero o si también tendrán que dar explicaciones sobre la procedencia de ese capital”.

No obstante, para Hernán, “lo realmente clave” es quién va a regular todo este proceso y si, finalmente, es Hacienda quien lo lleva a cabo, “debe dejar muy cla-ros los términos de confidencialidad y asegurar a las personas que no se tomarán represalias contra ellas en un futuro cuando se derogue esa amnistía”.

La firma cree que los impuestos que estarán bajo esa medida serán los que afec-ten a las personas físicas y no los de sociedades, y opina que el Gobierno debería haberla introducido también para los impuestos indirectos.

Por ello, CMS Albiñana & Suárez de Lezo considera que ahora el Gobierno debe cerrar “bien” todos estos flecos en torno a la amnistía fiscal, “ya que la legislación sobre blanqueo de capitales es muy reciente en España”, aunque ha advertido al Ejecutivo de que debe aplicar estas medidas “cuanto antes si quiere recaudar todo lo que ha previsto”.

ElBancodeEspañaavisadequelas

subidasdeimpuestos

temporalespuedenconvertirse

enpermanentes

El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha advertido de que no se puede descartar que las subidas de impuestos aprobadas con carácter temporal tengan que convertirse en permanentes en el futuro.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, el Gobernador del instituto emisor resaltó que España cuenta con menor presión fiscal relativa frente al resto de países desarrollados.

Fernández Ordóñez incidió en la necesidad de contar con capacidad de reacción para detectar a tiempo desviaciones presupuestarias y corregirlas, a través de ajustes adicionales en el gasto corriente, así como con nuevas medidas tributarias, en su caso.

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ElFMIrechazaunmayorajustefiscalen

Españasiperjudicaraal

crecimientodelaeconomía

El Gobernador ha asegurado que es “imprescindible” cumplir rigurosamente con los objetivos de déficit para restaurar la confianza en la economía española en el actual contexto de crisis de deuda soberana de la eurozona, y emprender una senda de recuperación económica en 2013.

En su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, Fernández Ordóñez recalcó que un fracaso en la consolidación fiscal arrastraría a España a un escenario de más recesión y paro y pérdida de bienestar.

“El desequilibrio presupuestario existente en la actualidad se ha convertido en uno de los obstáculos más importantes para el crecimiento de la economía española”, dijo Fernández Ordóñez, para quien “su corrección es prioritaria e ineludible”.

El gobernador apuntó por otro lado que los presupuestos de 2012 contemplan una evolución de ingresos “sujeta a riesgos a la baja”, tanto por la recaudación del Impuesto sobre Sociedades como por la amnistía fiscal.

“Tanto la recaudación esperada del Impuesto sobre Sociedades como la del resto de ingresos tributarios se encuentran condicionadas por la efectividad que acaben teniendo los numerosos riesgos normativos aprobados, particularmente incierto en el caso del gravamen especial sobre rentas no declaradas”, ha asegurado.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que no sería deseable que España endureciera el proceso de consolidación fiscal en curso si esto amenazara a la recu-peración de la economía, aunque subraya que el Gobierno español ha encontrado el equilibrio correcto entre las dos posibilidades.

“No queremos ver una mayor consolidación fiscal de la que se está haciendo [en España] si la actividad fuera a desacelerarse, seríamos renuentes a aceptar una mayor consolidación porque pensamos que, en la medida de lo posible, deben entrar en juego los estabilizadores automáticos”, indicó en rueda de prensa Olivier Blanchard, director del departamento de Investigación del FMI.

No obstante, la institución reconoce que, en el caso de España, la respuesta a la cuestión sobre el ritmo apropiado de la consolidación fiscal “se complica” por la reacción de los mercados y el margen de maniobra con el que cuenta el Gobierno.

“En España, el déficit es muy grande, se trata más de un maratón que de una carrera de velocidad. El Gobierno ha encontrado el equilibrio correcto entre cre-cimiento y el apoyo a un proceso de consolidación fiscal”, apuntó Jörg Decressin, subdirector del departamento de Investigación del FMI.

A este respecto, el funcionario de la entidad apuntó la importancia de aplicar la reforma del mercado laboral, así como de que los bancos españoles aumenten sus colchones de capital.

“Hay indicadores que muestran que las políticas están funcionando”, dijo Decressin, quien advirtió, sin embargo, que recuperar el crecimiento necesitará algún tiempo, aunque auguró que “para 2013 vuelva a registrar datos positivos de crecimiento”.

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ElREAFdudadequelaamnistíafiscalsea

capazderecaudar2.500millonesdeeuros

De hecho, el FMI ha presentado sus nuevas previsiones de crecimiento del PIB de España para 2012 y 2013, para cuando prevé una contracción del 1,8% y una expan-sión del 0,1%, respectivamente.

De este modo, la institución dirigida por Christine Lagarde ha revisado a la baja una décima su anterior pronóstico para España, publicado en enero, aunque ha revisado cuatro décimas al alza sus perspectivas para el año que viene.

Por otro lado, los nuevos pronósticos del FMI contemplan que la tasa de paro espa-ñola alcance el 24,2% en 2012 para bajar ligeramente en 2013, cuando se situaría en el 23,9%, mientras que la inflación llegará al 1,9% este año y al 1,6% el siguiente.

A pesar de la revisión al alza de sus previsiones de crecimiento, la expansión del PIB español en 2013 será muy inferior al 0,9% previsto para el conjunto de la zona euro, que, sin embargo, se contraerá tres décimas este año.

El secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), Luis del Amo, ha deseado que la amnistía fiscal tenga “éxito”, aunque ha puesto en duda que la medida aprobada por el Gobierno sea capaz de recaudar los 2.500 millones de euros previstos por el Ejecutivo.

Durante la presentación del documento “Declaración de Renta y Patrimonio 2011”, Del Amo ha insistido en que es “previsible” que el dinero a recaudar provenga de los grandes negocios que se realizaron durante los años de bonanza económica, ya que los emprendidos en 2007 y no declarados prescribirán en junio del presente año.

Por todo ello, ha dudado de la capacidad recaudatoria de la medida, aunque ha barajado la posibilidad de que se introduzca una pauta por la que las rentas no prescriban.

No obstante, para Del Amo lo que España necesita es que “salga” el dinero en efec-tivo, por lo que ha considerado que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas debería amparar esa “salida” del efectivo.

Por su parte, el presidente del Consejo General de Colegios de Economistas, Valentín Pich, ha remarcado que la amnistía fiscal se puede estudiar desde el punto de vista ético-moral, desde el técnico y en cuanto a la conveniencia o no del momento actual.

Así, ha destacado que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) está coordinando una política contra los paraísos fiscales, a la vez que ha insistido en que hay países cercanos a España con medidas de regulari-zación “importantes”.

Además, ha matizado que si la amnistía fiscal ayuda a reducir el endeudamiento público y privado español y facilita la entrada de liquidez es “positiva”, aunque ha puntualizado que aún no se conocen con profundidad los aspectos técnicos de la medida.

“Con el texto que conocemos recomendar que se regularice dinero sería un poco atrevido”, ha aseverado Del Amo.

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63ABRIL2012Una publicación realizada por Deloitte, en colaboración con CISS

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ElSecretarioGeneraldelPSOErecurrirá

anteelTClaamnistíafiscaly

pedirásuparalización

Respecto a la subida del Impuesto sobre Sociedades, el presidente del REAF, Jesús Sanmartín, ha insistido en que se trata de una “buena medida”, al valorar su des-plome en años anteriores frente a las subidas de otros tributos como el IRPF y el IVA.

“Todos tenemos que arrimar el hombro, y por qué no las sociedades mercantiles”, ha destacado Sanmartín.

También Pich se ha pronunciado al respecto, al considerar que esta subida del Impuesto sobre Sociedades es una presión “importante” para las grandes compa-ñías, y de “gran calado” en lo que respecta a gastos financieros o pagos fraccio-narios.

Como curiosidad, Del Amo ha subrayado que los expertos están recibiendo multitud de consultas a causa de los despidos posteriores a la implantación de la reforma laboral.

Así, ha asegurado que la norma ha dejado una especie de “vacío” al nivel fiscal, puesto que anteriormente con el despido Express, que reconocía la improcedencia, la indemnización quedaba exenta, al igual que ocurría en el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (EREs).

Sin embargo, en la actualidad muchas personas dudan de si sus indemnizaciones quedan o no exentas, por lo que el economista ha recomendado acudir a concilia-ción para que quede clara la improcedencia del despido, a la vez que ha confiado en que este asunto quede subsanado en el trámite parlamentario de la norma.

Entre las novedades para la Renta de 2012, los economistas han advertido de la prórroga de la ampliación de la reducción del 20% para las microempresas, junto a la supresión desde el 31 de marzo de este año de la libertad de amortización sin mantenimiento de la plantilla.

Del mismo modo, han destacado la deducción del 5% en el régimen de módulos, la exención de ganancias patrimoniales generadas en una dación de pago y la tributa-ción de la transmisión de un bien afecto a una actividad económica.

También han destacado las deducciones autonómicas para emprendedores en Andalucía y la Región de Murcia, junto a la de entrada de “capital semilla” en otras Comunidades como Aragón y Baleares.

Por último, han recordado que las deducciones autonómicas suponen un 2% al Estado, al representar en 2008 cerca de 223,1 millones de euros del total de deduc-ciones nacionales.

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha anunciado que su par-tido pedirá la paralización de la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del PP y la recurrirá ante el Tribunal Constitucional al considerar que rompe el principio de igualdad entre los españoles recogido en la Carta Magna.

Rubalcaba ha asegurado que esta amnistía es una “inmoralidad” y ha insistido en que es “injusto” hacer pagar menos a los defraudadores que decidan aflorar sus activos que a quienes han pagado puntualmente sus impuestos. “Eso es insosteni-ble”, ha subrayado.

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NewsEl líder socialista no ha querido comparar la amnistía aprobada por Mariano Rajoy con la que autorizó el Ejecutivo del PSOE en 1991 al entender que se trata de situa-ciones distintas, y ha negado que durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero se barajara una medida de esta naturaleza.

“Yo nunca vi un proyecto que tuviera que ver con la amnistía fiscal, nunca, en ninguna mesa en la que me sentara en el Gobierno […]. Durante unos días se habló de esto y yo hablé de esto con el Presidente y con la ministra de Economía, Elena Salgado, y le dije lo mismo que digo ahora, que era una inmoralidad y un trato desigual a los ciudadanos. Elena Salgado dijo lo mismo, que era una inmoralidad”, ha afirmado.

Por otro lado, Rubalcaba ha negado que el Gobierno socialista supiese la cifra concreta de déficit público con la que se iba a cerrar el ejercicio 2011, aunque ha reconocido que “todo el mundo sabía que las cosas iban mal después de agosto” y, por eso, ha dicho, Zapatero introdujo ajustes en el Impuesto sobre Sociedades.

Preguntado por qué no hizo desde el Gobierno lo que propugna estando en la opo-sición, Rubalcaba ha afirmado que él sólo fue vicepresidente del Ejecutivo “seis meses”, pero luego ha asegurado que no pretende hacer “desmarques artificiales” de quien fue su Presidente del Gobierno, sino que reconoce que algunas cosas no se hicieron bien.

El líder socialista ha negado que España esté intervenida y ha explicado que simple-mente coordina su política con la UE, lo que implica “alguna renuncia”. “Formamos parte de un club y eso implica el seguimiento de algunas reglas, pero no estamos intervenidos”, ha agregado Rubalcaba, que ha dejado claro que, en el caso español, “la palabra rescate no está encima de la mesa”.

El secretario general del PSOE ha insistido en que sólo con ajustes no se saldrá de la crisis, por lo que ha reiterado su apuesta de combinar políticas de austeridad con medidas para estimular el crecimiento, idea que ya se está defendiendo desde otros puntos de Europa, incluso desde la vecina Francia.

Así, ha señalado que no sólo el candidato a la Presidencia francesa, François Hollande, dice que el Banco Central Europeo (BCE) debe preocuparse por el creci-miento. También lo dice ahora su oponente en estas elecciones, Nicolás Sarkozy, “que ha cambiado de discurso”, ha precisado Rubalcaba.

En cuanto a la Ley de Estabilidad, Rubalcaba ha vuelto a criticar al Gobierno del PP por incumplir lo acordado en agosto entre ambos partidos políticos y ha reprochado a Rajoy que quiera hacer que los españoles sean “más alemanes que los alemanes”. “Es una ley muy mala para la economía española. Camina por la peor de las sen-das”, ha asegurado.

Preguntado por si hay posibilidades de pactos con el PP, Rubalcaba ha afirmado que “si hay que pactar se pacta” y ha puesto como ejemplo las reformas realizadas en el sistema financiero, que, por otra parte, cree que “no están dando resultado”. “Deberíamos sentarnos para ver qué pasa”, ha sugerido.

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La organización de autónomos UPTA ha criticado la decisión “unilateral” del Gobierno de obligar a determinados trabajadores por cuenta propia a abandonar el sistema de declaración objetiva por módulos, medida que, según sus cálculos, podría afectar a unos 50.000 emprendedores.

Se trata, a su juicio, “de una decisión de Gabinete, que demuestra desconocer gran parte de la realidad del trabajo autónomo afectado”, particularmente por lo que se refiere al sector de los instaladores, encargados de mantenimiento y reparacio-nes, así como para el transporte ligero de mercancías fraccionadas.

La medida, incluida en el plan contra el fraude fiscal, afecta al grupo de autóno-mos que factura un 50% a otras empresas, pero, según ha denunciado UPTA, no se ha tenido en cuenta que en muchas ocasiones los autónomos deben facturar a los intermediarios que monopolizan el mercado, aunque sus servicios lo sean finalmen-te para los particulares.

Ese es el caso de los trabajadores autónomos económicamente dependientes (Trades), en particular en el sector del transporte ligero, los llamados “furgone-teros”, que trabajan casi en exclusiva para una sola empresa de distribución a la que facturan, y también el de los instaladores y encargados de reparaciones que trabajan en dependencia de empresas de multiservicios.

El secretario general de UPTA, Sebastián Reyna, ha asegurado que propondrá al Gobierno que, en todo caso, deje fuera de la exclusión a todos los trabajadores autónomos económicamente dependientes.

En cuanto a la condición fijada por el Gobierno de tener un rendimiento íntegro inferior a 50.000 euros anuales, UPTA considera que tampoco está ajustada y entiende que sería “socialmente más justo” relacionar esta limitación con el rendi-miento íntegro minorado con los gastos fiscalmente deducibles y en particular con los de Seguridad Social.

“Son muchas las actividades que necesitan de una alta facturación para llegar a rendimientos netos suficientes, más aun cuando las empresas exigen que el autó-nomo que trabaja para ellas asuma y adelante todos los gastos necesarios para el mantenimiento de la actividad”, precisa la organización.

UPTA ha recordado al Gobierno que el verdadero fraude no está en los autónomos, declaren o no por módulos, sino en las grandes operaciones y en la economía no declarada, “que es sobre la que hay que actuar prioritariamente”. La organización se ha ofrecido al Ministerio de Hacienda para revisar esta decisión y ajustarla más a la realidad de los sectores económicos afectados.

UPTAcargacontraelGobiernoporel

recortedemódulosa

autónomosypideexcluir

alosTrades

UPyDproponecrearunaPolicíaFiscaly

ampliareltiempode

prescripcióndelosdelitostributarios

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha presentado en el Congreso su propuesta para luchar contra el fraude fiscal, que pasa por revisar la normativa para ampliar los plazos de prescripción de los delitos tributarios y la creación de una Policía Fiscal y de unidades especializadas en la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, así como de tribunales contencioso-tributarios específicos.

En su proposición no de ley, que será debatida por el Pleno de la Cámara baja, la formación magenta reclama que se dé “prioridad” a la investigación de las fuentes

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Newsde la elusión y la evasión fiscal, alertando de que lo defraudado ya supone el 8% del PIB, unos 80.000 millones anuales.

Además, critica que el Gobierno “reduce los medios de la Agencia Tributaria” (AEAT), no refuerza sus atribuciones legales ni destina los necesarios medios a hacer pedagogía social, en un momento en el que la lucha contra el fraude es “ineludible más que nunca” por la necesidad de encontrar nuevas vías de ingresos públicos para conseguir equilibrar las cuentas y cerrar el ejercicio con el 5,3% de déficit acordado con Bruselas.

La presentación de esta iniciativa coincide con la aprobación de un anteproyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal por parte del Consejo de Ministros, así como con la convalidación en el Congreso del Decreto Ley que recoge la llamada “amnistía fiscal”, con la que el Gobierno pretende recaudar 2.500 millones en un ejercicio.

La propuesta de UPyD incluye la idea de que la AEAT y el Ministerio del Interior suscriban un convenio para la “creación de una Policía Fiscal”, dependiente del Departamento que dirige Jorge Fernández Díez, que pueda “utilizar medios de investigación policial y la creación de unidades especializadas en la lucha contra la evasión y la elusión fiscal”.

En dicho cuerpo se integrarían unidades especializadas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, junto con unidades operativas de vigilancia aduanera, y su trabajo se beneficiaría de un refuerzo en la coordinación entre las administraciones tribu-tarias estatal, autonómicas, forales y locales; así como de una mayor cooperación con la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo y las instituciones y socios inter-nacionales.

En este sentido, UPyD propone que España inste a la UE a crear “una base de datos europea” y a realizar “el paso desde el régimen transitorio del IVA -basado en el principio de tributación en destino- hacia el régimen definitivo -basado en el principio de tributación en origen- para las operaciones intracomunitarias, a fin de eliminar el fraude de las tramas de IVA”.

Por otra parte, también sugiere la creación de tribunales contencioso-tributarios integrados por jueces y magistrados especializados, potenciar la presentación de consultas vinculantes como medio para disminuir la litigiosidad, e incentiva las regularizaciones voluntarias.

Por otra parte, el partido que encabeza Rosa Díez también propugna una reforma de la normativa sobre delito fiscal para “ampliar los plazos de prescripción” de los delitos y de las infracciones tributarias para homologarlos con los “establecidos para la prescripción de la responsabilidad penal”.

También reclama tipificar “nuevas circunstancias agravantes”, entre las que sugiere la ocultación de información de cuentas bancarias en el extranjero, la comisión de delitos a través de paraísos fiscales o la emisión de facturas falsas.

En estos casos, se debería establecer “pena de inhabilitación especial para actuar como administrador, apoderado, directivo o representante de entidades mercan-tiles” además de sanciones más graves para quienes “utilicen la ocultación o el engaño para la obtención de un beneficio económico directo”, para lo cual sería necesario modificar la Ley General Tributaria.

Sin embargo, para que todas estas medidas sean viables UPyD recuerda que es necesario reforzar los medios humanos y materiales de la AEAT, “especialmente la

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mercantil

LabancapropondráaEconomíaquesu

aportaciónalfondopararescatar

entidadesestéremunerada

plantilla de inspectores y técnicos dedicados al control tributario y financiero”, así como reorganizar dichos medios a la lucha contra el fraude.

En este sentido, también reclaman que los puestos de trabajo se cubran por con-curso de méritos y que se reduzcan “al mínimo imprescindible” los de libre desig-nación. Además, apuesta por que el nombramiento del director de la Agencia se realice por mayoría cualificada en el Congreso.

UPyD reclama asimismo un nuevo Estatuto Orgánico de la Agencia Tributaria que defina “con claridad” sus funciones y estructura, así como un Plan Anual de Control que concentre las actuaciones en los grandes focos de fraude, con “especial dedi-cación” a las actividades y rentas no declaradas, instrumentación de operaciones a través de paraísos fiscales, cumplimiento de los requisitos para acceder a beneficios o regímenes especiales, requisitos de facturación y fraude con facturas falsas.

También se tendría que centrar en “reforzar el control patrimonial de las perso-nas físicas y jurídicas para detectar incrementos de patrimonio no justificados” e “incrementar las obligaciones de colaboración de las entidades financieras tenden-tes a eliminar la opacidad de determinadas operaciones y el manejo abusivo de dinero en efectivo de alta denominación”.

Por último, el plan de UPyD pasa por reformar la normativa de resolución de recla-maciones para reducir los plazos y realizar campañas de difusión y de educación cívico-fiscal, así como para “fomentar la participación ciudadana activa en la lucha contra el fraude”.

Hace unas semanas, UPyD ya propuso al Gobierno centrar sus esfuerzos en la lucha contra el fraude fiscal en las grandes operaciones de evasión en lugar de hacer inspecciones “tradicionales” a contribuyentes perceptores de rentas “controladas” como las del trabajo. PSOE e Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), por su parte, también han anunciado sus propias iniciativas de lucha contra la evasión.

La banca propondrá al Ministerio de Economía que su aportación al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), instrumento que se está utilizando para costear los rescates de entidades intervenidas, esté remunerada, según informaron fuentes financieras.

Las entidades financieras y las autoridades avanzan en una solución que pasaría por una derrama extraordinaria o un incremento de la aportación anual al FGD.

Concretamente, los grandes bancos reclaman que dicha derrama lleve aparejada un tipo de interés como forma de mitigar el esfuerzo que supondría y de obtener una rentabilidad por la misma.

Al mismo tiempo, argumentan que esta fórmula despejaría cualquier duda sobre la naturaleza de la aportación, que se computaría así como crédito y no tendría un impacto negativo sobre el beneficio de las entidades.

Fuentes oficiales del Ministerio de Economía declinaron comentar esta opción e indicaron que se estudian las alternativas para recapitalizar el fondo y que aún no se ha tomado una solución.

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ElBancodeEspañaexigeaalgunas

entidadesmedidasadicionales

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Actualmente, el FGD cuenta con recursos de apenas 2.000 millones de euros, la mitad de lo que va a ser necesario para culminar el rescate del Banco de Valencia, por lo que el Gobierno negocia a contrarreloj con la banca para incrementar su aportación.

Fuentes financieras apuntan a que en aras de cumplir el objetivo de culminar las adjudicaciones de la filial de Bancaja y de Catalunya Caixa antes del próximo vera-no, el Ejecutivo podría mostrarse receptivo a las reclamaciones de la banca, que aspira a proteger su beneficio.

Las entidades ya sufren en su balance el deterioro del negocio por la crisis eco-nómica, además de las exigencias de capital y provisiones del Ejecutivo para dar cumplimiento a su norma de saneamiento.

El Banco de España advirtió que la norma para reducir la exposición de la banca al “ladrillo” se traducirá en una reducción de beneficios y hará que algunas entidades registren pérdidas en 2012.

El Banco de España ha exigido a algunas entidades financieras medidas adiciona-les y de contingencia para asegurar el cumplimiento de la norma de saneamiento aprobada por el Gobierno con el fin de afrontar el riesgo vinculado al “ladrillo”.

El organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha anunciado que inten-sificará la vigilancia del cumplimiento de los planes presentados y exigirá dichas medidas para corregir desviaciones y asegurar el cumplimiento en la fecha prevista.

Según ha indicado, en algunos casos el cumplimiento de las nuevas obligaciones de saneamiento y recapitalización está previsto “de manera más ajustada, pero con razonables posibilidades de poder afrontarse”.

El instituto emisor especifica que la mayor parte de las entidades ha realizado ya el saneamiento derivado del Real Decreto-ley o lo realizará sin grandes dificultades merced a su sólida situación de solvencia y rentabilidad.

Como excepción, estas entidades tendrán de plazo doce meses desde la autoriza-ción de la fusión para cubrir las nuevas exigencias, que han de cubrirse a lo largo del ejercicio 2012.

En conjunto, las entidades han comunicado unas necesidades adicionales de pro-visiones por importe de 29.077 millones de euros, y unas mayores exigencias de capital principal de 15.573 millones, después de los saneamientos extraordinarios por 9.192 millones y efectuados anticipadamente al cierre de 2011.

Así la cifra de saneamiento global se eleva a 53.842 millones de euros, según la información del Banco de España, cuya comisión ejecutiva ha concluido hoy el proceso de aprobación formal de los planes de saneamiento que las entidades pre-sentaron antes del 31 de marzo para cumplir con la norma del Gobierno.

La cifra global de nuevas provisiones será parcialmente cubierta mediante el uso de 3.917 millones de provisiones genéricas y el resto del saneamiento se realizará con cargo a la cuenta de resultados, lo que se traducirá en una reducción de beneficios y hará que algunas entidades registren pérdidas en 2012, ha advertido el organismo.

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63ABRIL2012Una publicación realizada por Deloitte, en colaboración con CISS

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social

El45%delasempresasesperacontratar

antesdequeacabeelaño

“Este último hito en el proceso de reforma financiera iniciado en 2009 supone un paso muy importante y un esfuerzo añadido para las entidades españolas, que experimentarán en las cuentas su impacto”, sostiene.

Los planes presentados también muestran que todas las entidades pueden cumplir con los requerimientos de capital principal en la fecha prevista mediante las apor-taciones estimadas en unos 12.500 millones y por retención de resultados.

La mitad de las empresas españolas espera mantener su plantilla en lo que queda de año y un 45% confía en poder ampliarla, de forma que sólo un 5% de ellas cree que tendrán que despedir, según el último Observatorio del Empleo de AgioGlobal.

La empresa especializada en recursos humanos señala, además, que de las empre-sas que prevén crear empleo en 2012, más del 80% espera contratar entre una y cinco personas, con un crecimiento medio de su plantilla del 10%.

Entre el resto, un 5% espera contratar a más de 30 personas y una de las compañías encuestadas aspira a duplicar su número de empleados este mismo año.

Según AgioGlobal, la reforma laboral “podría estar ayudando a girar la tendencia” de pesimismo en España a través de una “menor inquietud en el sector empresarial de cara a la creación de empleo”.

La mayoría de los puestos de trabajo que se generarán a lo largo de este ejercicio estarán relacionados con empleos del sector servicios, con especial interés por los comerciales, camareros y teleoperadores, añade el Observatorio.

Entre el personal de alta cualificación, los empleos más demandados estarán relacionados con las ingenierías, así como con las licenciaturas en Derecho y Empresariales.

UnjuezdeMadridplanteacuestión

deinconstitucionalidadsobrelareforma

laboral

Alega que la norma podría vulnerar los derechos a la tutela judicial, a la igualdad y a prestaciones sociales.

El juez José Ángel Folguera Crespo, adscrito al Juzgado de lo Social número 30 de Madrid, ha elevado cuestión de inconstitucionalidad sobre la reforma laboral apro-bada por el Gobierno del PP a raíz del caso de tres trabajadores que fueron despe-didos de su empresa por causas disciplinarias y que recurrieron a los tribunales por entender que sus despidos eran improcedentes.

En el auto, Folguera duda de que esté justificado el vehículo elegido para aprobar la reforma, un Decreto-ley, para el que se exigen razones de extraordinaria y urgente necesidad (art. 86.1 de la Constitución).

El juez también argumenta su cuestión de inconstitucionalidad en la posible vulnera-ción de la tutela judicial del trabajador frente al despido (art. 24 de la Carta Magna),

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Newsdel derecho a la igualdad (art. 14) y del derecho constitucional a la asistencia y prestaciones sociales, especialmente en desempleo (art. 41).

Las dudas del juez sobre la constitucionalidad de esta norma surgen, sobre todo, a raíz de la nueva regulación que da la reforma a los salarios de tramitación (aque-llos dejados de percibir desde el despido hasta la sentencia judicial), que sólo son abonables en los casos en los que, tras declararse improcedente el despido, el empresario opta por readmitir al trabajador.

Si, por el contrario, opta por indemnizarle en lugar de readmitirle, el trabajador no tiene derecho a percibir los salarios de tramitación, pero, si ha acumulado derechos suficientes, podrá acceder a las prestaciones por desempleo, “sin responsabilidad empresarial alguna” sobre el período transcurrido desde el despido hasta la emisión del fallo judicial.

“Es la transferencia al empresario de la opción de abonar o no salarios de trami-tación y los términos de tal atribución lo que constituye el objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad”, expone el juez.

Antes de la reforma laboral, cuando un despido era declarado improcedente, el empresario podía elegir entre readmitir al trabajador o indemnizarle y, en ambos casos, se tenía derecho a cobrar los llamados salarios de tramitación. Con la refor-ma, el abono de los salarios de tramitación sólo es posible en las dos opciones anteriores si el despedido es un representante de los trabajadores.

El juez alega también que aunque el trabajador despedido tuviera derecho a cobrar el desempleo (caso de dos de los tres demandantes antes mencionados), la protec-ción que recibe el trabajador en sustitución de los salarios perdidos “no sólo no es homogénea”, sino que además es “manifiestamente inferior”, pues la cuantía de las prestaciones por desempleo se determina en función de porcentajes sobre la base reguladora previa, sin compensar “en su integridad” el salario dejado de percibir.

Folguera entiende además que se “minora irremisiblemente” la duración de las prestaciones por desempleo a percibir por el trabajador, pues ésta depende de los períodos cotizados previamente. Así, durante el tiempo que dure el proceso judicial se va consumiendo la prestación, sin que ésta pueda recuperarse con los salarios de tramitación.

De este modo, el juez denuncia que son los trabajadores los que asumen el período de espera del proceso judicial con cargo a sus prestaciones por desempleo, mientras que el empresario queda eximido de costes.

Asimismo, entiende que con ello se remite también definitivamente al trabajador al desempleo, “cuyo importe se ahorra lista y llanamente el empresario”, “que no tiene que devolver” al Servicio Público de Empleo (antiguo INEM), encargado de gestionar las prestaciones, el importe de lo que ha sido abonado a los trabajadores.

“Ello constituye no sólo un evidente estímulo contrario a la recuperación del empleo y favorable a la generación de desempleo, sino que se ven minorados esencialmente los derechos constitucionales de los trabajadores a la protección frente al desem-pleo”, expone Folguera que, de este modo, justifica su visión de que la reforma podría vulnerar el derecho constitucional a la asistencia y prestaciones sociales.

El juez defiende que ante el proceso de precarización “de muy diversas condiciones laborales y de favorecimiento de la flexibilidad y de las facultades empresariales” resulta “más importante la protección ante el despido”.

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63ABRIL2012Una publicación realizada por Deloitte, en colaboración con CISS

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ElPPprecisaquelosdespidosobjetivos

sepermitiránsihaycaídade“ingresos

ordinarios”

“Sin salarios de tramitación, por lógica, la indemnización real se reducirá desde los 33 días nominalmente previstos a una cifra que estará, por esa misma lógica, entre los 20 y los 25, pero mucho más cerca de los 20 días por año, porque si el trabajador no acepta, el empresario sólo tiene que esperar a que tres o cuatro meses, si es que el juzgado no tiene retrasos, su propuesta y aun otra inferior sea finalmente bienvenida”, indica Folguera.

En cuanto a la posible vulneración del derecho a la igualdad en la reforma laboral, el juez entiende que no existe el mismo trato entre los trabajadores con derecho a paro y los que carecen de él en el caso de que el despido sea declarado improce-dente y el empresario opte por la indemnización.

El Grupo Popular ha presentado, en el Congreso, 40 enmiendas parciales a la refor-ma laboral para, entre otras cosas, precisar que los despidos por causas objetivas se permitirán si la disminución se produce “en los ingresos ordinarios” además de las ventas, y para permitir encadenar contratos formativos si son para puestos que requieren diferente cualificación.

Según las enmiendas, para que se autorice una modificación de las condiciones laborales o suspensión de contratos tendrá que haber una disminución de ventas o de “ingresos ordinarios” durante dos trimestres consecutivos comparados con los mismos trimestres del año anterior. Lo mismo aplicará (pero con un período de tres meses) para la regulación de empleos.

Además, se incluye una nueva disposición relativa a las entidades sin ánimo de lucro, considerando causa objetiva para la extinción de un contrato indefinido que se haya hecho para un proyecto público sin dotación económica estable y finan-ciado por las administraciones públicas mediante consignaciones presupuestarias o extrapresupuestarias anuales consecuencia de ingresos externos de carácter fina-lista cuando se constate “insuficiencia de la correspondiente consignación para el mantenimiento del contrato”.

Con respecto al contrato de fomento del empleo, se precisan las bonificaciones dis-ponibles a partir de la entrada en vigor de la reforma y se detalla que dependerán del mantenimiento del número de trabajadores durante al menos un año, a riesgo de tener que devolver las bonificaciones excepto si la plantilla se reduce por causas económicas objetivas.

También se indica explícitamente que si un trabajador ya ha realizado una función en una empresa (independientemente del contrato que haya tenido) no se le podrá imponer un nuevo período de prueba al contratársele con esta modalidad.

Por su parte, el contrato de formación se extenderá a los estudiantes de FP y se precisa que si se fija un contrato inferior a los tres años máximos permitidos se podrá prorrogar hasta dos veces por un tiempo mínimo de seis meses cada vez y sin superar los tres años máximos.

Además, también se permitirá que, una vez finalizados esos tres años, la misma empresa o grupo pueda contratar al trabajador de nuevo como formación si es para obtener “distinta cualificación profesional”.

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27 NOTICIASSOCIAL

NewsEn materia de despidos colectivos, las enmiendas “populares” precisan que se deberá acompañar la decisión de toda la documentación que justifique la medida, y se precisa que la comunicación a la autoridad laboral sólo tendrá una función informativa. Además, será motivo de sanción alegar razones objetivas sin que éstas concurran realmente.

Los convenios de empresa, que tendrán prioridad sobre cualquier otro, se podrán negociar en cualquier momento de vigencia de los convenios sectoriales, autonó-micos o estatales; y también se permite la acumulación de los procesos judiciales por despidos colectivos.

Asimismo, se incluye un cambio para permitir que los representantes sindicales puedan denunciar los despidos colectivos pero únicamente “si tienen implantación suficiente en el ámbito” afectado, aunque sin precisar cuánto es una implantación suficiente.

Por otra parte, se incluye como causa de nulidad de un despido que haya habido vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas, y también en los casos en que la Seguridad Social sospeche que un despido se ha hecho a instancias del trabajador para poder cobrar el paro. También se cambian los trámites y plazos para denunciar los expedientes de regulación de empleo.

El PP también enmienda el artículo de despido por absentismo laboral precisando que será justificado cuando haya faltas, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos “siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles”. Se excluyen de estos casos las faltas para recibir tratamientos de cáncer o por enfermedad grave.

Finalmente, las enmiendas “populares” sobre otras materias hacen referencia, por ejemplo, a que las indemnizaciones por períodos inferiores a un año de trabajo se calcularán prorrateando por meses la cantidad, y que todos los contratos deberán formalizarse de forma escrita. Si no, se entenderán siempre “indefinidos y a jor-nada completa”.

Con respecto a la posibilidad de compatibilizar la prestación por desempleo con el sueldo, se enmienda para precisar que al finalizar el contrato el trabajador tendrá derecho a la nueva prestación que haya generado o a lo que le quedara de la ante-rior, descontando el equivalente al 25% del tiempo trabajado.

Las ETT que soliciten convertirse en agencias de colocación podrán ejercer como tal tras presentar una declaración responsable y beneficiándose del silencio admi-nistrativo positivo, y también se indica que las horas de formación contarán como tiempo de trabajo efectivo en lugar de quedar en suspenso.

El PP también ha presentado varias enmiendas (aunque fuera de plazo) para crear nuevas bonificaciones por contratación de víctimas de terrorismo o de violencia de género, así como por la conversión de contratos a estas personas en indefinidos.

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63ABRIL2012Una publicación realizada por Deloitte, en colaboración con CISS

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LaCEOEtambiénapoyaeldiálogosocial,perocreequeelGobiernoestálegiti-madoparalegislarunilateralmente.

Los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, han remitido una carta urgente al director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Juan Somavía, en la que piden a la institución que medie en España para reestablecer el diálogo social roto con la aprobación de la reforma laboral.

Los sindicatos también han enviado otra carta a la secretaria general de la Confederación Sindical Internacional (CSI), Sharan Burrow, para solicitar su apoyo a la petición que han realizado a la OIT.

En la misiva que han remitido a la OIT, los sindicatos advierten que el Gobierno del PP “ha asestado un durísimo golpe, que no tiene precedentes, al diálogo social en España” y denuncian que la reforma laboral que ha aprobado, además de facilitar y abaratar el despido, “conculca el derecho a la negociación colectiva y a la libertad sindical”, amparados en la Constitución de la OIT.

También critican que la reforma vulnera algunos de los convenios de la OIT ratifica-dos por España, siendo éste uno de los motivos por los que, en su opinión, esta ley podría ser inconstitucional. Según han explicado las centrales sindicales, sus servicios jurídicos están ultimando la redacción de una queja que presentarán ante la OIT.

Toxo y Méndez han insistido en la necesidad de promover un gran pacto económico y social en España, que englobe a los agentes sociales y al Gobierno, así como al resto de las fuerzas políticas, para “cambiar de rumbo” y volver a primar políticas de generación de actividad y empleo.

Los líderes sindicales realizaron estos llamamientos durante la inauguración de una conferencia sobre empleo juvenil y trabajo decente organizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la que también intervinieron el subsecretario de Empleo y Seguridad Social, Pedro Llorente, y el secretario general de la CEOE, José María Lacasa.

Toxo —que recordó que el contencioso que motivó la huelga general del 29 de marzo “sigue abierto” en tanto que el Gobierno no se ha sentado a negociar la reforma laboral con los sindicatos— acusó al Gobierno de haber tomado un camino que se aleja de la concertación social.

“No hace mucho tiempo España era ejemplo de diálogo social, era la envidia, pero se está estableciendo una línea de trabajo desde prácticas muy alejadas de diálo-go. Se hacen afirmaciones muy retóricas (de defensa de la concertación), pero que las actuaciones se compadecen escasamente con ellas”, añadió.

Asimismo, Toxo insistió en que “es imprescindible recuperar el tono del diálogo más allá de las relaciones con la CEOE, abarcando también a la política”. “El Gobierno está legitimado para gobernar, pero en situaciones tan excepcionales es imprescin-dible el concurso de todos los actores”.

Para finalizar, aseguró que “lejos de la idea de instalarse en el conflicto”, los sindicatos tienen “la mano tendida” para poder alcanzar un gran pacto por la economía y el empleo que siente las bases del crecimiento, ya que “la sociedad española puede que no esté en condiciones de soportar” la actual senda de ajuste presupuestario.

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CC.OO.yUGTestarán“muyatentos”porsiseintroducelaLeyde

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reforma

Por su parte, el Secretario general de UGT aseguró que la petición realizada a la OIT para recuperar las vías del diálogo “no tiene precedentes” y envió un mensaje al Gobierno: “Una mayoría absoluta no es suficiente, hay que remar todos en la misma dirección”.

En este sentido, defendió también la búsqueda de un gran consenso político y fiscal para adoptar medidas más equilibradas y a reconducir su orientación general hacia el crecimiento económico, a la vista de que “el tratamiento de choque tiene más posibilidades de matar que de solucionar la situación”. “España no tiene por qué respaldar la estrategia electoral de la canciller alemana, Angela Merkel, y además proporcionarle mano de obra cualificada”, apostilló.

Al respecto, el Subsecretario de Empleo y Seguridad Social aseguró que las puertas del Ministerio de Empleo “siempre han estado abiertas y siguen abiertas”, al tiem-po que puso en valor la decisión del Gobierno de tramitar la reforma laboral como proyecto de Ley para incorporar las aportaciones de los partidos políticos.

Por su parte, el Secretario General de la CEOE revalidó el compromiso de la patro-nal con el diálogo social después de haber pasado “tantas horas” negociando con los sindicatos, y aseguró que las posiciones de ambas partes “están más cerca de lo que parece”. Si bien, aseguró que el Gobierno ha legislado en materia de Empleo de forma legítima toda vez que los agentes sociales no han sido capaces de sustanciar acuerdos suficientes.

En cualquier caso, defendió el acuerdo alcanzado en enero sobre negociación colectiva, pero no hizo mención alguna sobre el pacto de Estado ofrecido por las centrales sindicales. “Tenemos una responsabilidad no sólo con las organizaciones sino también con la sociedad para llevar a buen puerto la negociación colectiva”, apostilló.

LaCEOEnocreequesepresentenenmiendasenestadirecciónyapuestaporabordarunaeventualLeyenun“debatetranquilo”.

Los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, han asegurado que estarán “muy atentos” a las enmiendas parciales que se presentarán en el Congreso de los Diputados por si CiU termina presentando formalmente una iniciativa para regular el derecho a la huelga.

En declaraciones a los medios de comunicación en el marco de una conferencia sobre empleo juvenil organizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la que los sindicatos dejaron claro que el contencioso con la reforma labo-ral que motivó la huelga general del 29 de marzo “sigue abierto”, Toxo cuestionó si este interés de CiU está detrás del apoyo dado por la formación catalana a la reforma en los trámites superados hasta la fecha.

“Vamos a estar muy atentos a la eventualidad de que pudiera aprovecharse esta circunstancia para plantear una iniciativa en este sentido, porque es innecesaria, más aún en momento de conflictividad, y agravaría el conflicto”, añadió.

Asimismo, mostró su preocupación porque el Gobierno —como adelantó el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz— prohíba mediante la reforma del Código Penal

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63ABRIL2012Una publicación realizada por Deloitte, en colaboración con CISS

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las manifestaciones convocadas a través de Internet. “Algunos deberían poner pausa en su forma de actuar”, apostilló.

Por otro lado, Toxo confirmó que su sindicato ha mantenido contactos con algunos grupos parlamentarios, entre los que no está el PP, para intentar introducir sus propios cambios en la reforma laboral en forma de enmiendas parciales.

Al respecto, ha asegurado que las enmiendas a la totalidad presentadas “contienen elementos que podrían dar un giro importante a la reforma laboral”, de la que dijo que podría provocar que los 630.000 nuevos parados que el Gobierno prevé para este año “se queden pequeños”.

Por su parte, Méndez aseguró que “sería un disparate aprovechar el debate de enmiendas parciales para colar un recorte de un derecho fundamental como el derecho de huelga” porque “en España no es necesaria una ley en este sentido, ya que es un derecho constitucional”. No obstante, apostó por una discusión “en frío” sobre la regulación de los servicios mínimos.

En la línea de Toxo, Méndez mostró su “temor” porque el Gobierno trate de asestar un “golpe lateral” al derecho de huelga a través de la reforma del Código Penal.

Por su parte, el secretario general de CEOE, José María Lacasa, no cree que se incluya ninguna enmienda referida al derecho de huelga en la reforma laboral y consideró que ello requeriría “un debate tranquilo”. “Hemos estado 30 años sin Ley de Huelga, podría esperarse unos meses para pensar qué hay que hacer”, añadió.

Según Lacasa, la reforma va en la buena dirección, pues supone una modernización de las relaciones laborales en España, pero adolece de mejores técnicas para que la nueva normativa sea más efectiva.

Por ello, la CEOE está en contacto con todos los grupos parlamentarios y, en espe-cial, con aquellos que son más próximos a las tesis empresariales para poder influir en la reforma laboral por la vía de las enmiendas parciales.

Entre las mejoras que la CEOE espera que se introduzcan en el trámite parlamen-tario se encuentra una mejor regulación de los contratos de aprendizaje para acercar más la formación a la empresa, así como en los contratos a tiempo parcial y de emprendedores. “Es necesario estimular la formación profesional y detectar tempranamente las necesidades de cualificación que requiere el mercado laboral”, añadió.

Asimismo, la patronal espera que se “clarifiquen” aún más las causas del despido para que la intervención de los jueces sea más acorde con la tutela judicial y no se entre a debatir lo que son las decisiones empresariales.