20.ª SESIÓN Sesión Especial (Matinal) MIÉRCOLES …...to de Cura Mori, al distrito de Alto Selva...

1849Primera LegisLatura Ordinaria de 2012 - tOmO iii - Diario de los Debates

20.a sesión esPeciaL (matinaL) 31-10-2012 - Diario de los Debates

20.ª SESIÓN

Sesión Especial (Matinal)

MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE DE 2012

PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES VÍCTOR ISLA ROJAS

MARCO TULIO FALCONÍ PICARDO

Y

JUAN CARLOS EGUREN NEUENSCHWANDER

SUMARIOSe pasa lista.— Se abre la sesión.— Se aprueban, sin observa-ciones, las actas correspondientes a las sesiones 9.a y 10.a.— Se producen diversas intervenciones a propósito de diferentes asuntos.— Se aprueba en primera votación y, a continuación, se acuerda exonerar de segunda votación el nuevo texto sustitutorio presentado por el presidente de la Comisión de Defensa Nacio-nal, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, por el que se declara de necesidad pública y preferente interés nacional la creación del Centro de Entrenamiento para el Personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que participa en la lucha contra el terrorismo y el narco-tráfico.— Se aprueba, con modificaciones, en primera votación y, acto seguido, se exonera de segunda votación la fórmula sus-titutoria contenida en el dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, en virtud de la cual se establece la defensa legal del policía.— Se aprueba en primera votación y, seguidamente, se acuerda exonerar de segunda votación el nuevo texto sustitutorio presentado por el presidente de la Comisión de Defensa Nacio-nal, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, por el que se modifica la Ley 25054, Ley que norma la fabricación, comercio, posesión y uso por particulares de armas y municiones que no son de guerra.— Son aprobadas mociones

Diario de los Debates - Primera LegisLatura Ordinaria de 2012 - tOmO iii

Diario de los Debates - 20.a sesión esPeciaL (matinaL) 31-10-2012

1850

de saludos al distrito de La Brea, a la provincia de Sullana, al distrito de José Leonardo Ortiz, al distrito de Arenal, al distri-to de Cura Mori, al distrito de Alto Selva Alegre, al distrito de Saña, al departamento de Amazonas, al Instituto Especializa-do de Salud del Niño (IESN), al distrito de Santo Domingo, a la población católica huanuqueña, al distrito de Cachicadán, al distrito de Íllimo, al distrito de Nicolás de Piérola, al distrito de Pacaipampa, a la Universidad Nacional Federico Villarreal, al distrito de Calango, al distrito de Colán, a la provincia de San-tiago de Chuco, a Radio Canto Grande, al distrito de Llipa, al Club de Leones de Lima, al Instituto de Contadores del Perú, al distrito de La Matanza, a la ciudad de Sicuani, a la ciudad de Urubamba, a la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo, al Jurado Nacional de Elecciones, a los pueblos ubicados en la zona del Caribe y la costa atlántica de Norteamérica.— Se aprueba en primera votación y, a continuación, se acuerda exonerar de segunda votación el nuevo texto sustitutorio presentado por el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas, por el que se modifica la Ley 29182, Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial.— Previo debate, por disposición de la Presidencia ingresa a un cuarto intermedio el texto sustitutorio contenido en el dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, mediante el cual se propone sancionar la violencia en los espec-táculos deportivos.— Son aprobadas diversas modificaciones al Cuadro de Comisiones Ordinarias.— Se levanta la sesión.

—A las 10 horas y 2 minutos, bajo la Presidencia del señor Víctor Isla Rojas e integrando la Mesa Directiva el señor Marco Tulio Falconí Picardo, el Relator pasa lista, a la que contestan los señores Miguel Grau Seminario1, Eguren Neuenschwander, Aguinaga Recuenco, Andrade Carmona, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Belaunde Moreyra, Canches Guzmán, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Ccama Layme, Chacón De Vettori, Chehade Moya, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, Crisólogo Espejo, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Diez Canseco Cisneros, Fujimori Higuchi, Galarreta Velarde, Grandez Saldaña, Hurtado Zamudio, Inga Vásquez, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, Mavila León, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Merino De Lama, Monterola Abregú, Mulder Bedoya, Neyra Huamaní, Pérez Tello de Rodríguez, Reátegui Flores, Reynaga Soto, Rivas Teixeira, Rodríguez Zavaleta, Salazar Miranda, Sarmiento Betancourt, Spadaro Philipps, Tan de Inafuko,

Tubino Arias Schreiber, Urquizo Maggia, Urtecho Medina, Vacchelli Corbetto, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Valqui Matos, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar. (Los señores congresistas precitados, además de contestar a la lista, registran su asistencia por medio del sistema digital.)

Con licencia oficial, los congresistas Alcorta Suero, Bruce Montes de Oca, Coa Aguilar, Cordero Jon Tay, Elías Ávalos, Espinoza Cruz, Gutiérrez Cóndor, Jara Velásquez (ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables), León Rivera, Lewis Del Alcázar, Mendoza Frisch, Omonte Durand de Dyer, Oseda Soto, Otárola Peñaranda, Rosas Huaranga, Saavedra Vela, Simon Munaro y Velásquez Quesquén.

Con licencia por enfermedad, los congresistas Abugattás Majluf, Cabrera Ganoza, Chihuán Ramos, Neyra Olaychea, Ramírez Gamarra y Salgado Rubianes.

1 Por Res. Leg. N.° 23680 (13-10-83), se dispone permanentemente una curul, en el Hemiciclo del Congreso, con el nombre del Diputado Miguel Grau Seminario. La lista de asistencia comenzará con el nombre del Héroe de la Patria, MIGUEL GRAU SEMINARIO, tras cuyo enunciado la Representación Nacional dirá ¡PRESENTE!



Ausentes, los congresistas Luna Gálvez, Acuña Núñez, Acuña Peralta, Angulo Álvarez, Anicama Ñañez, Beingolea Delgado, Benítez Rivas, Capuñay Quispe, Castagnino Lema, Chávez Cossío, Cuculiza Torre, Díaz Dios, Espinoza Rosales, Gagó Pérez, Gamarra Saldívar, García Belaunde, Gastañadui Ramírez, Guevara Amasifuen, Huaire Chuquichaico, Huayama Neira, Iberico Núñez, Julca Jara, León Romero, Lescano Ancieta, Llatas Altamirano, López Córdova, Molina Martínez, Mora Zevallos, Nayap Kinin, Pari Choquecota, Pérez del Solar Cuculiza, Portugal Catacora, Reggiardo Barreto, Rimarachín Cabrera, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Ruiz Loayza, Schaefer Cuculiza, Solórzano Flores, Tait Villacorta, Tapia Bernal, Tejada Galindo, Teves Quispe, Uribe Medina, Wong Pujada y Zeballos Salinas.

Suspendidos, los congresistas Acha Romaní, Apaza Condori, Pariona Galindo y Yovera Flores.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Han registrado su asistencia 56 señores congresistas. El quórum para la presente sesión es de 52 congresistas.

Con el quórum reglamentario, se inicia la sesión.

Habiéndose entregado copias de las actas correspondientes a las sesiones 9.a y 10.a, celebradas el 6 de setiembre y el 10 y 17 de setiembre del 2012, respectivamente, se ponen en observación.

Si ningún congresista formula observaciones, se darán por aprobadas.

—Se aprueban, sin observaciones, las actas correspondientes a las sesiones 9.a y 10.a, celebradas el 6 de setiembre y el 10 y 17 de setiembre de 2012, respectivamente.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Han sido aprobadas.

Se pone en conocimiento de la Representación Nacional, para efectos del quórum, que en estos momentos se encuentran sesionando la Comisión de Educación, la Comisión de Fiscalización y la Comisión Multipartidaria encargada de investigar la gestión del ex presidente Alan García, por lo que se considera a sus integrantes con licencia.

Por encargo de la Mesa Directiva, se va a hacer un anuncio.

El RELATOR da lectura:

Por disposición del Segundo Vicepresidente del Congreso de la República, se está distribuyendo a todos los señores parlamentarios el libro Manual del Parlamento, cuyo autor es el doctor César Delgado Guembes, actual jefe del Departamento de Relatoría, Agenda, Actas y Despacho Parlamentario.

Este esfuerzo ha sido posible gracias a la colaboración de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (Aecid), como parte del proyecto de fortalecimiento de las capacidades de las funciones de representación, legislativa y de control del Congreso de la República.

Se producen diversas intervenciones a propósito de diferentes asuntos

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Ha solicitado el uso de la palabra el congresista José Urquizo.

El señor URQUIZO MAGGIA (NGP).— Presidente del Congreso, señoras y señores congresistas, tengo el penoso deber de anunciar que el día de hoy, a las 4 y 15 de la mañana, en el Hospital Militar Central, ha fallecido quien en vida

fuera líder histórico de los comités de autodefensa: Antonio Cárdenas Torres. Él deja una viuda y cuatro hijos.

Don Antonio Cárdenas Torres fue presidente de los comités de autodefensa y promotor de la defensa civil antisubversiva. Enfrentó y derrotó a Sendero Luminoso en los años ochenta en las provincias que actualmente conforman los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro.

Cárdenas Torres desde hace un mes se encontraba internado en el Hospital Militar Central de la avenida Brasil, tras haber sido evacuado desde su tierra natal Pichihuillca (Vraem), a raíz de sufrir una penosa enfermedad terminal, la que ha acabado con su vida el día de hoy.

Sus restos serán velados hoy en el Hospital Militar Central y mañana serán trasladados a su tierra natal Pichihuillca, distrito de Samugari, provincia de La Mar, departamento de Ayacucho.

Con mucho entusiasmo, Antonio Cárdenas venía impulsando el II Congreso Interregional de Comités de Autodefensa del Vraem, el cual se desarrollará los días 9 y 10 de noviembre en el distrito de Kimbiri.



1852

Pido, señor Presidente, que este Congreso le tribute un minuto de silencio por lo que él ha significado para la pacificación del país, sobre todo por haber liderado a los comités de autodefensa, sin cuyo aporte no podremos consolidar la paz y la lucha contra el narcoterrorismo en el Vraem.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Invito a la Representación Nacional a guardar un minuto de silencio por la memoria del ilustre fallecido.

—La Representación Nacional, puesta de pie, guarda un minuto de silencio por la me-moria de don Antonio Cárdenas Torres.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Muchas gracias, señores congresistas.

Tiene el uso de la palabra el congresista Becerril Rodríguez.

El señor BECERRIL RODRÍ-GUEZ (GPF).— Señor Presidente, colegas congresistas, respecto a los lamentables sucesos ocurridos en el desalojo de La Parada el jueves 25, expresamos nuestra solidaridad con los efectivos policiales que una vez

más, tal como ocurre en el Vraem, son llevados al sacrificio por la incapacidad e ineptitud del ministro del Interior y del director general de la Policía.

Todo indica que el operativo fue adelantado para el jueves 25 debido a que ese día se completaron las firmas para el proceso de revocación. Lo que quisieron fue demostrar fortaleza y autoridad. Lógicamente, todo salió mal, porque —esto, señor Presidente, por intermedio de usted se lo quiero decir a la alcaldesa de Lima— nadie puede dar lo que no tiene. Ella no tiene ni autoridad ni capacidad porque en realidad los caviares durante años se han dedicado a socavar el principio de autoridad en el país.

No olvidemos que, cuando eran oposición, en todos los operativos policiales lanzaban el estribillo de “represión brutal”. A esto sumemos que las ONG se han dedicado durante años a enjuiciar a humildes policías que solamente cumplían con su función y su deber. Basta nomás escuchar a aquel policía vilmente masacrado el jueves, que dijo que no hizo uso de su arma porque tenía miedo de las ONG defensoras de los derechos humanos —entre comillas—, todititas caviares. Ellas se hubieran encargado de que este policía pasara del hospital directamente a la cárcel.

Los responsables de la masacre a la Policía, de los muertos, del saqueo y de los heridos son el ministro del Interior y el director general de la Policía, por las siguientes razones.

Porque cedieron a la presión política de la alcaldesa de Lima y adelantaron el operativo para el jueves 25 a las 3 de la tarde ante el proceso de revocación. Esto queda corroborado perfecta y claramente con las declaraciones del director general de la Policía, quien manifestó que se tenía previsto llevar a cabo este operativo el sábado en la noche y el domingo en la madrugada.

También son responsables porque no hubo previamente un proceso de inteligencia, ni un planeamiento. Esto queda perfectamente demostrado con las declaraciones del ministro Pedraza, quien ayer manifestó en la Comisión de Defensa taxativamente que se subestimó la operación y que la Policía fue desbordada porque falló el planeamiento.

Son responsables porque se llevó a cabo el operativo un día en que cerca de dos mil policías estaban rindiendo examen de ascenso. Por eso solamente la Policía contó con mil 300 efectivos y no con los cinco mil que eran necesarios, como quedó demostrado claramente el sábado.

También son responsables porque en ninguna parte del mundo se lleva a cabo un operativo cuando no está el ministro del Interior, cuando está ausente el director general de la Policía, cuando está ausente el jefe de la VII Región Policial de Lima, cuando está ausente y en viaje de placer la alcaldesa de Lima.

Por todo lo expuesto, señor Presidente, la bancada fujimorista exige al presidente Ollanta Humala que, aunque sea por esta vez, imponga el principio de autoridad y exija inmediatamente, por incapacidad manifiesta, la renuncia del ministro del Interior y destituya en forma inmediata al intocable director general de la Policía Nacional, Raúl Salazar, que ya el pueblo con su veredicto se encargará de la alcaldesa Susana Villarán.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene el uso de la palabra el congresista Merino De Lama.

El señor MERINO DE LAMA (AP-FA).— Presidente, en esta oportunidad, queremos hacer un llamado de atención al Ejecutivo respecto a la inseguridad existente y a los desatinos que vienen suce



diendo tanto en el ámbito nacional como en el internacional, lo que creo amerita exigirle que cumpla de manera irrestricta el deber de combatir la delincuencia y la inseguridad ciudadana.

Me refiero estrictamente a lo acontecido en la vecina República de Bolivia con el atentado a un periodista. En el caso de la región Tumbes, por lo menos diez periodistas han sido agredidos. Incluso hace doce días dos emisoras radiales sufrieron un atentado con bombas molotov y anteayer una periodista fue agredida en su centro de trabajo. Esto amerita llamar la atención.

Desde setiembre del año pasado hemos pedido que envíen a 50 miembros de las fuerzas especiales para que colaboren en el control integrado peatonal en el ingreso a Tumbes. Lamentablemente, hasta la fecha no hay voluntad política de colaborar en la seguridad de Tumbes, de exigir a las principales autoridades para que el Comité Regional de Seguridad Ciudadana realmente funcione como debe ser.

En ese sentido, hago este llamado de atención al Presidente de la República y al titular del Ministerio del Interior para que den solución a este problema, que está involucrando incluso al sector Agricultura. Esta semana hemos estado con el presidente de la Comisión de Defensa recibiendo al jefe de Indeci, con los que hablamos sobre los fenómenos naturales que vienen golpeando fuertemente a Argentina y Estados Unidos. Y nuestra preocupación es que no se vienen haciendo acciones de prevención en el país.

Estamos ya en noviembre y la prevención debía haber comenzado desde setiembre. En el caso de Tumbes, aún más. Hemos hablado con el ministro de Agricultura y con el ministro del Interior no solo de la prevención, sino además de la Escuela de la Policía Nacional. Aún no se soluciona el problema que tiene el director del Proyecto Puyango Tumbes con el director de la Escuela de la Policía Nacional respecto a la cesión en uso del local de la Escuela de la Policía Nacional. Este es un hecho que viene perjudicando a los estudiantes con relación a la ampliación de vacantes. Hay alcaldes que quieren colaborar para mejorar la infraestructura de la escuela, pero no se puede hacer nada mientras haya este lío entre el director del Proyecto Puyango Tumbes y el director de la Escuela de la Policía Nacional. Lo he conversado con los dos ministros, pero aún no hay una disposición para que ellos se sienten a conversar y solucionen el lío de un funcionario de cuarto nivel, lo que ocasiona un problema que afecta estrictamente a la Policía Nacional.

A esto se agrega la dilación en combatir los actos de corrupción. Nosotros hicimos un gran esfuerzo. Logramos que se instalara en Tumbes una oficina regional de la Contraloría General de la República y logramos llevar allá al ministro de Justicia, hoy presidente del Consejo de Ministros. Hubo ofrecimientos para fortalecer la Procuraduría Anticorrupción y para lograr el engranaje de la oferta que ha hecho el Presidente de la República en la lucha frontal contra la corrupción.

Todos estos temas de los que he hablado son parte de la corrupción. Consecuentemente, a través de su Presidencia, exigimos a la ministra de Justicia que incremente el número de procuradores anticorrupción en Tumbes. Solo hay un procurador anticorrupción que más se la pasa visitando las tres provincias de Tumbes que actuando práctica y estrictamente sobre las denuncias que la población hace.

Más aún. Habiéndose instalado una oficina regional de la contraloría, la respuesta es demasiado lenta, lo que prácticamente pone en zozobra a la población, y se pierde la confianza. Creo que el trabajo que tenemos que hacer como parlamentarios en cuanto a la fiscalización debe tener una respuesta por parte de nuestro gobierno.

Presidente, por su intermedio, exhorto al presidente del Poder Judicial y a la fiscal de la Nación a que implementen juzgados anticorrupción y fiscalías anticorrupción en Tumbes y en otras zonas del ámbito nacional. Esa es la manera de recuperar la confianza de la población frente a la inseguridad, frente a la corrupción desmedida que prácticamente se desborda. Y pareciera que nosotros, los parlamentarios, los integrantes del primer Poder del Estado, no estuviéramos haciendo absolutamente nada.

Eso es todo, Presidente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Se cursarán los oficios correspondientes de acuerdo con su solicitud, congresista.

Tiene la palabra el congresista Rivas Teixeira.

El señor RIVAS TEIXEIRA (NGP).— Presidente, en principio, invoco coherencia en ciertas críticas que son trilladas y desfasadas. Ha habido hechos profundamente lamentables, pero es evidente que hubo una ordenanza municipal



1854

que de manera irrestricta, en todo momento y a la luz de los hechos, ha establecido el principio de autoridad.

Ciertamente, cuando la batalla culmina todos son generales. Fácil es criticar: “Estuvo mal, no estuvo bien, se hizo esto…”.

En 1968 se ordenó el desalojo de La Parada. La Parada, señores —para los que no conocen o tienen un erróneo o equivocado pensamiento—, ha sido un antro de criminalidad. Allí han robado, han asaltado. Y también se ha desarrollado una actividad comercial. Pero había caos y desorden absoluto. Hoy en día la situación ha cambiado. Fácil es agarrar y tirar la piedra.

El discernimiento, que nos hace observar y determinar lo que está bien y lo que está mal, implica cierta evaluación. Es fácil criticar, criticar y criticar, y no contribuir a lo que hoy el país está esperando: la unidad, el irrestricto respeto al principio de gobernabilidad, el irrestricto respeto a los derechos.

Si ha habido irregularidades, son las instancias correspondientes las que tienen que investigar. No se puede admitir críticas constantes y reiterativas de personas a quienes se pide un poco de discernimiento que al parecer no tienen.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Tiene el uso de la palabra el congresista Mesías Guevara.

El señor GUEVARA AMASI-FUEN (AP-FA).— Buenos días, Presidente; buenos días, señores congresistas.

Señor Presidente, por intermedio de usted, pido al presidente de la

Comisión de Energía y Minas, congresista Teófilo Gamarra —lástima que no ha venido, aunque aquí hay varios miembros de dicha Comisión—, que se concrete, según se acordó, la audiencia pública de la Comisión en la región Cajamarca, e incluso que se visiten las lagunas del Proyecto Conga. Digo esto porque es necesario que el Congreso de la República tenga mayor protagonismo en este asunto. Es importante que le pongamos mayor atención.

Este proyecto está generando diversos conflictos a nivel nacional y también está confrontando a ciertos pobladores. Definitivamente, debemos evitar que pase a mayores.

Señor Presidente, por intermedio de usted, invoco al presidente de la Comisión de Energía y Minas que fije la fecha en que vayamos a la región Cajamarca, algo al que en su momento nos hemos comprometido.

Por otro lado, aprovecho esta oportunidad para manifestar que es necesario que el Congreso tienda puentes con la Contraloría General de la República para que podamos fiscalizar con mayor eficacia.

Es importante que nosotros triangulemos y tengamos una mayor coordinación con esta institución. Si algo hay que cambiar en la normatividad para darle mayor viabilidad a su trabajo fiscalizador y contralor, definitivamente hay que hacerlo, porque en estos momentos hay grandes recursos del Estado que, lamentablemente, no se están invirtiendo o ejecutando como debería hacerse.

Vemos, por ejemplo, que en las grandes obras de saneamiento a nivel nacional muchos distritos están manejando grandes cantidades de dinero —entre 15 millones a 20 millones de nuevos soles— por administración directa. Y muchas veces, cuando los proyectos se manejan por administración directa, señor Presidente y colegas congresistas, hay la tentación de hacer mal uso de los recursos.

Por lo tanto, invoco a usted y a la Representación Nacional para hacer, de esa manera, que el contralor general de la República de una vez por todas ponga mayor celo en su función y, si es necesario, que triangule con nosotros.

En lo que respecta a mi provincia de Jaén, he presentado varias denuncias sobre algunos distritos, pero hasta hoy no tenemos ninguna solución y los pueblos implicados en este problema ya están prácticamente perdiendo la paciencia y quieren tomar otro tipo de actitudes. Y eso, señor Presidente, no lo podemos permitir.

Por eso, por intermedio de usted, también invoco al señor contralor general de la República a que nos ayude, de verdad, a fiscalizar y a controlar los grandes recursos que maneja el Estado. Se cree que el 10% del Presupuesto Nacional de la República se pierde en actos de corrupción.

En un país como el nuestro, que necesita que los recursos se manejen de manera honesta y sincera para que lleguen a los más pobres y necesitados, no podemos ser cómplices silenciosos de esos actos de corrupción.

Gracias, señor Presidente.



El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Tiene el uso de la palabra el congresista Jaime Delgado.

El señor DELGADO ZEGARRA (NGP).— Presidente, en primer lugar, lamento los sucesos del día jueves. Siempre se atraviesa por una situación dramática cuando hay pérdidas de vidas humanas, particularmente cuando se quiere establecer el orden en nuestro país.

Para todos queda claro que la informalidad y la violencia en nuestro país no son de hoy ni de ayer, sino que por décadas se vienen dejando pasar. Y creo que tenemos que dar muestras claras de establecer el orden.

En ese sentido, a pesar de las muertes, que son —repito— lamentables, tenemos que saludar hoy el hecho de que se haya recuperado la institucionalidad y tengamos un nuevo mercado mayorista 60 veces más grande que La Parada. Por si algunos congresistas no conocen, sería interesante que vayan al Mercado Mayorista de Santa Anita. Tiene 60 hectáreas frente a las tres hectáreas que tiene La Parada.

Lamentamos, por cierto, las escenas dramáticas, vergonzosas que hemos visto. Creo que todos nos hemos sentido humillados cuando han golpeado de manera salvaje a nuestra Policía Nacional. Tenemos que saludar el acto valeroso con que nuestros policías han enfrentado a estos delincuentes y exigir que se investigue y se condene no solo a estos delincuentes que han sido los brazos armados, sino también a quienes son los autores intelectuales. ¿Cómo es así que los dirigentes de La Parada, que aparecen en las fotografías publicadas por los medios de comunicación y han estado pululando por distintos centros públicos, incluido el Congreso de la República, terminan azuzando y, seguramente, financiando a estos delincuentes? Eso se tiene que investigar. Ojalá que el Ministerio Público los denuncie y el Poder Judicial los condene severamente.

Por otro lado, la sesión de hoy, en la que vamos a discutir proyectos relacionados con la seguridad ciudadana, es vital para que podamos, desde el Congreso de la República, aportar todos los elementos necesarios para perfeccionar la legislación y dar nuestro respaldo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Hay que dar también nuestro respaldo a la alcaldesa de Lima, quien ha tenido la valentía de enfrentar un problema que no se quiso enfrentar durante décadas. Lamentablemente,

ha tenido este costo, pero debemos recuperar la institucionalidad en nuestro país.

Si dejamos pasar esto… ahora es La Parada, pero seguramente hay muchos otros antros en Lima sumamente inseguros para la población. Creo que esto tiene que marcar un antes y un después.

Tenemos que unirnos todos los peruanos para combatir la delincuencia criminal y este salvajismo al que, según nos ha demostrado, está dispuesta esta gente por unos cuantos centavos.

Muchas gracias, señor Presidente. Y es hora de unirnos los peruanos.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Tiene el uso de la palabra el congresista Mauricio Mulder.

El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Señor Presidente, varios parlamentarios se han referido ya a los luctuosos sucesos de la semana pasada. Pero yo quiero también hacer una referencia a ello.

Debo señalar una responsabilidad que es contingente con la del Congreso de la República. Este ha sido un asunto respecto al cual hemos hablado de la Municipalidad de Lima, del Poder Ejecutivo, pero el Congreso de la República también tiene una responsabilidad. En este caso, es una responsabilidad que yo enaltecería, porque fue este Congreso el que aprobó una ley el 3 de mayo de este año para graduar legalmente el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú. Se establecieron parámetros de carácter legal, dentro de estándares internacionales, que permitían a los policías utilizar el armamento que les entrega la ciudadanía en su conjunto, la sociedad, el Estado para repeler los actos de provocación que hubiese contra el orden público y contra ellos mismos.

Esa ley fue aprobada por 72 votos a favor y ningún voto en contra. Todas las bancadas nos pusimos de acuerdo en ella, pese a que había dos o tres parlamentarios que en la sesión del Pleno no estuvieron presentes pero que en la Comisión tuvieron una posición contraria.

Y resulta que esa ley fue observada por el Poder Ejecutivo. Fue observada en dos criterios sustantivos y fundamentales.

El primero es que nosotros habíamos establecido que no era necesario que hubiera una proporcio



1856

nalidad entre la agresión que recibía el policía y el arma que él utilizaba. Bastaba, según señalábamos, que se cumpliera con el protocolo del anuncio previo, de la advertencia previa a la persona que estaba haciendo la agresión para que el policía pudiera usar su arma si había una agresión física contra él o contra terceros.

Pero para el Presidente de la República y para el ministro de Justicia de entonces, actual presidente del Consejo de Ministros, la proporcionalidad tiene que estar de todas maneras establecida.

Entonces, en los hechos que ocurrieron el 25, si al suboficial de tercera, señor Huamancaja, que montado en un caballo trataba de dispersar a una turba que tenía palos y machetes, se le aplica la norma actual, resulta culpable porque él tenía un caballo y los manifestantes no lo tenían. No había proporción. Por lo tanto, de acuerdo con el criterio de la observación que nos ha hecho el Poder Ejecutivo, tendría que ser juzgado.

Esas son ahora las responsabilidades que yo creo que hay que asumir, porque fue el Gobierno el que hizo esa observación.

Es más, la segunda observación se refiere a un tema relativo a lo que siempre sucede. Cada vez que ha habido acciones de la Policía y se han producido heridos o muertos, en lugar de escuchar, como queremos ahora, que esto ha sido una operación exitosa… Ha habido cuatro muertos ¿y quiénes son los responsables? ¿Cómo se va a determinar esa responsabilidad? Cada vez que ha habido muertos hemos tenido aquí a sectores políticos, que además son los que respaldan a la alcaldesa Villarán, permanentemente hostigando a los ministros, a los policías y a los políticos que hemos defendido que la autoridad pueda tener el valor de representarse.

Sin embargo, el resultado es que no hay policía que haya hecho uso de su arma que no esté en estos momentos procesado y juzgado. No hay. No hay policía que haya tomado una decisión de imponer el orden público que no esté procesado en estos momentos y que, por supuesto, en el siguiente año ascienda.

Nosotros pusimos en la ley, con acuerdo de todas las bancadas, que cuando el policía, conforme a los protocolos que establecíamos, hace uso legítimo de su arma y toma cualquier acción que pudiera significar la recuperación del orden público, no podía ser perseguido penalmente, aunque por recuperar el orden público se vulnerase alguna integridad física. Pero el señor Presidente de

la República observa esa norma y dice que no, que sí tiene que ser perseguido penalmente. Dice, además, que, aun cuando utilice su arma en forma absolutamente legítima en su propia defensa, el policía tendrá que demostrarlo en un procedimiento. Eso dice la observación del Poder Ejecutivo.

De manera que aquí deslindemos responsabilidades, porque he escuchado a algunos voceros del Poder Ejecutivo decir qué hace el Congreso, que este no nos da leyes, que no nos da armas. Pero resulta que se las hemos dado, les hemos entregado los instrumentos jurídicos, y ya ve usted cómo se hacen este tipo de observaciones que al final terminan favoreciendo a los delincuentes.

Me pide una interrupción el congresista Spadaro. Con su venia, señor Presidente, se la concedo.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede hacer uso de la interrupción el congresista Spadaro.

El señor SPADARO PHILIPPS (GPF).— Gracias, señor Presidente; gracias, congresista Mauricio Mulder.

Lo que dice el congresista Mauricio Mulder se agrava porque los policías,

de su magro sueldo, de esos 500 nuevos soles que reciben, tienen que pagar abogados para defenderse justamente de lo que habla el señor Mulder, porque la Policía Nacional no está en condiciones de ponerles abogados. Por eso, en la sesión de hoy está agendado el Proyecto de Ley 787, que obliga al Poder Ejecutivo a dar abogados en forma gratuita a la Policía en defensa de nuestra institución.

Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias, congresista Mulder.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede continuar, congresista Mulder.

El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Este es un asunto bastante serio. Creo que tenemos que ir por el camino que ya el Congreso, a través de la Comisión de Defensa, ha empezado a discurrir, que es el de la insistencia. La ley

se volvió a debatir en la Comisión de Defensa, y esta por mayoría adoptó el acuerdo de proponer la insistencia, razón por la cual, en mi condición de vocero de mi bancada, le solicito, ya que no ha habido reunión de Junta de Portavoces, que este



tema, el de la insistencia, se vea hoy para que de una vez aprobemos una norma que no solo va a servir para este tipo de hechos luctuosos, sino también para todo el accionar de la Policía en cualquier circunstancia.

Tengo el caso del suboficial que es seguridad asignada a mi despacho. En una oportunidad estuvo caminando por la parte trasera del Congreso y vio que a una persona la estaban asaltando. Él hizo uso de su arma y disparó al aire para que huyeran los asaltantes. Estos huyeron y no se consumó el asalto. Pero después un asaltante fue capturado y tiene un abogado que ha denunciado al agente de seguridad por haber hecho un disparo al aire. Y él tiene que ir a cada rato a defenderse, y no tiene abogados; en cambio, el delincuente tiene abogado.

Ahora hemos visto cómo están surgiendo abogados de todas las personas que están detenidas por los sucesos de La Parada.

Señor Presidente, este no es un tema baladí; es serio. Y me parece que tenemos que actuar como hemos actuado, porque hubo unanimidad de todas las bancadas. Y relievo el voto que ha tenido la bancada de Gana Perú, la bancada oficialista. Aquí ha habido un compromiso. Por lo tanto, de acuerdo con las coordinaciones que posteriormente se podrán hacer, le solicito que la insistencia, que está pendiente y se encuentra en la agenda, se vea hoy.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista José Urquizo.

El señor URQUIZO MAGGIA (NGP).— Señor Presidente, parecería que a algunos colegas la memoria les falla, como si creyeran que recién el Perú comenzara a partir de los escenarios últimos.

La Comisión de Defensa está haciendo lo propio para enfrentar una serie de escenarios que se han originado producto de los conflictos sociales que constituyen un embalse en el país y una enorme herencia de gobiernos anteriores. Son 243 los conflictos que ha identificado la Defensoría del Pueblo.

La Comisión de Defensa ayer convocó a la señora alcaldesa de Lima, al señor ministro del Interior y al señor director general de la Policía. Estuvieron presentes más de 20 congresistas miembros de la Comisión, así como otros distinguidos congresis

tas. Y el lunes 5, en sesión ordinaria, la Comisión determinará lo pertinente, obviamente sobre la base de los pedidos e informes de los señores congresistas, con respecto a la conformación de algún grupo de trabajo que tenga que hacer seguimiento a la determinación de responsabilidades existentes o a la ausencia de quienes deberían haber estado en el operativo del 25 de octubre.

En efecto, está en la agenda la insistencia en el Proyecto de Ley 81, al que ha hecho referencia el congresista Mauricio Mulder. Pero también hay que señalar que la autógrafa observada de este proyecto de ley ingresó el 30 de mayo del 2012 y mereció la atención por parte de la Comisión y del Pleno del Congreso de la República. Y recién se vio en junio de este año. Como tal no es que esa iniciativa legislativa se haya dado con anterioridad. Está en la agenda del Pleno, casi en el punto final en lo que respecta a insistencias. Solicito, Presidente, que se priorice el tratamiento de esta insistencia como ha sido planteado.

Por otro lado, ayer se dio a conocer por parte del ministro del Interior que se tuvo que requerir apoyo de las Fuerzas Armadas para trasladar a los efectivos policiales, debido a que no se han hecho adquisiciones importantes en los últimos 40 años, limitaciones que casi de manera similar tienen las Fuerzas Armadas. Los procesos de licitación para las nuevas adquisiciones están en marcha, pero obviamente hay una serie de impugnaciones por parte de proveedores que dilatan la ejecución de recursos para mejorar las condiciones de trabajo de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Estas limitaciones no son de este gobierno; desde hace 40 años hay una serie de limitaciones en el trabajo que desarrollan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Con la congresista Cuculiza hemos estado los días 19 y 20 en Moquegua, en Tacna y en Arequipa. Días antes, el congresista Carrillo estuvo presente en el Vraem. La congresista Carmen Omonte también nos acompañó. Se ha podido verificar lo que todos sabemos: las enormes dificultades que se enfrenta en la lucha contra el narcoterrorismo. Pero hay que dejar claro que muchas gestiones pasaron y hoy se pretende pasar la factura al gobierno del presidente Ollanta Humala.

Ha hecho bien el congresista Spadaro al mencionar el Proyecto de Ley 787, sobre la defensa legal del policía. Esta iniciativa también se encuentra en la agenda de hoy.

En ese sentido, por intermedio de usted, Presidente, invoco a los señores congresistas que en este



1858

espacio de reflexión, en que se traen demandas, sean concisos en sus intervenciones de tal manera que podamos ingresar a los temas de fondo. Hay nueve dictámenes que esperan la atención de la Representación Nacional, más una reconsideración, una insistencia y una aclaración.

El Pleno de hoy ha sido convocado para abordar los temas de seguridad y de defensa nacional. Le agradezco, en nombre de la Comisión de Defensa Nacional, la decisión suya y de la Junta de Portavoces de dar prioridad a estos temas.

Les recuerdo a los señores congresistas que está vigente la delegación de facultades en materias vinculadas al fortalecimiento de los ministerios del Interior y de Defensa y del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional. En este campo, se van a dar leyes importantes, como la Ley de la Policía Nacional del Perú, la Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa, las modificaciones a la Ley del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional y, lo que todos esperan y reclaman, la Ley de Remuneraciones para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Esto ha requerido decisión en el más alto nivel de gobierno. Fácil hubiera sido para el gobierno del presidente Ollanta Humala dejar para el final estos temas y pasarle la factura al gobierno siguiente. No, no es así. El Presidente de la República ha tomado la decisión de permitir que estos temas los asuma el Poder Ejecutivo en el marco de la delegación de facultades. En el tratamiento de estos temas debemos estar todos unidos, recogiendo el sentir de las intervenciones de los señores congresistas, sin desviarnos del asunto que nos convoca hoy: el pleno respaldo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú, no obstante las limitaciones que tienen, en cuyo señalamiento podemos tener coincidencias.

Como tal, señor Presidente, pido, con el respeto y la comprensión de los señores congresistas, que se ingrese a ver los puntos de la agenda.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Tiene la palabra la congresista Cuculiza Torre.

La señora CUCULIZA TORRE (GPF).— Presidente, invoco a mis colegas a hacer las intervenciones cortas para que tengamos tiempo de ver todos estos proyectos de ley tan interesantes.

En efecto, viajamos con el congresista Urquizo y vimos las deficiencias en las condiciones de los oficiales de reserva. Es algo bárbaro. Ojalá que esto se pueda arreglar, porque los soldados no merecen estar así.

Ayer tuve ocasión de visitar al policía que fue masacrado por estos anormales, criminales y asesinos. Verdaderamente es el momento de decirles “¡gracias!” a estos policías. Ayer se le llevó una ayuda económica dada por la bancada fujimorista y por miembros de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa. Él ha recibido mil 100 nuevos soles de nuestra parte; es poco, pero qué vamos a hacer.

A los camarógrafos les damos las gracias, en nombre de todos los congresistas, porque, según el policía me explicó, si no hubiera sido por ellos hoy él estaría muerto. Verdaderamente corresponde que a ese par de periodistas y al camarógrafo les demos las gracias públicamente por haber tenido la valentía de defender a este policía.

También les damos gracias al congresista Luna —que lamentablemente no está presente— porque ha donado su sueldo de este mes al policía masacrado. A todos ustedes les damos gracias por su colaboración.

Es momento de tomar el toro por las astas para que nuestra Policía no se defienda a pedradas y con escudos, sino con armas como se tiene que defender. Y démosle la potestad de disparar cuando encuentre al frente a un sinvergüenza con armas, de modo que no se deje matar.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Tiene la palabra el congresista Justiniano Apaza.

El señor APAZA ORDÓÑEZ (NGP).— Señor Presidente, colegas parlamentarios, es una verdad incuestionable que el enfrentamiento del jueves fue propiciado por una mafia que se ha formado en La Parada a través de sus años de existencia.

Incluso es una mafia que no ha escatimado esfuerzo alguno en pagar dinero, en contratar a delincuentes para que se enfrenten a la Policía.

Lo que hay que resaltar, colegas —y eso también tiene que entender la opinión pública—, es que la intervención de la Policía no era para desalojar a los trabajadores de La Parada. La intervención de la Policía era para resguardar la colocación



de moles de cemento a fin de evitar el ingreso de camiones a La Parada. De tal manera que no se ha hecho un exhaustivo estudio sobre el desalojo. En eso tenemos que ser claros y concluyentes.

Entonces, de repente hubo falta de información, eso sí. Tenemos que reconocer que no hubo un informe del cuerpo de Inteligencia. ¿Y por qué no hay este informe del cuerpo de Inteligencia? Precisamente porque la Inteligencia fue desmoronada por aquellos gobiernos que no querían la democratización de nuestro país, sino que la corrupción siga imperando en él.

También tenemos que reconocer que este gobierno viene reestructurando el cuerpo de Inteligencia del país, pero es un proceso que no se va a hacer de la noche a la mañana.

Por eso, en este contexto, debemos reconocer el esfuerzo de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior, aunque no quieran otros reconocerlo, por cumplir con su deber con los recursos con los que cuentan, que en la actualidad vienen siendo incrementados por este gobierno. Eso también hay que reconocerlo, señor.

Para terminar, y haciendo eco del llamado de quienes quieren que se comiencen ya a debatir proyectos de suma urgencia sobre la seguridad ciudadana, reitero mi pedido de que el Proyecto de Ley 288, sobre la penalización de los invasores de terrenos, se someta de una vez a consideración del Pleno. Estas invasiones han producido muertes en Arequipa. Ahora último he estado en Puno, mi tierra natal, y se me ha informado que hay enfrentamientos constantes porque el accionar de estos invasores es cada vez más profundo y no reciben penas.

Ya han sido absueltas las observaciones del Poder Ejecutivo, tanto por la Comisión de Vivienda como por la Comisión de Justicia. Hago esta invocación por tercera vez. Ojalá se vea la insistencia del Proyecto de Ley 288, que penaliza las invasiones de terrenos del Estado en el país.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Tiene la palabra la congresista Cecilia Chacón.

La señora CHACÓN DE VETTO-RI (GPF).— Señor Presidente, hace dos días recibí la visita de 40 comuneros del área de influencia de La Encañada y otros distritos directamente relacionados con el

Proyecto Conga. Les recuerdo, porque así lo han mencionado aquí, que la construcción de la mina ha sido suspendida, es decir, no se está haciendo nada en ese sentido, por lo que en estos momentos no hay nada que discutir al respecto.

Sin embargo, ellos están bastante preocupados, ya que se están construyendo reservorios de agua que beneficiarían a todos estos comuneros y que de alguna manera demostrarían lo que se ha venido diciendo, lo que al parecer a algunos no les gusta: que no habría un problema de cantidad y de calidad de agua en perjuicio de estos comuneros.

Ahora el presidente regional y aquellas personas que, sin razón o con ella, pero que definitivamente no quieren el beneficio de estos comuneros, se oponen a la construcción de estos reservorios. Por eso, los comuneros han venido a manifestar esta preocupación, pues estos reservorios les permitirían tener dos cosechas al año, cosa que en estos momentos no ocurre porque solo pueden cosechar en época de lluvia.

Aunque nos parezca totalmente irracional, ahora se quiere paralizar la construcción de estos reservorios que beneficiarían a más de 42 comunidades que están en el área de influencia en esta zona y las que se diría se benefician por diferentes lagunas.

Pido, señor Presidente, que se apoye un proyecto que va a ir en beneficio de la agricultura y de la ganadería de la zona. Los mismos comuneros han venido a conversar no solo conmigo, sino también con usted, señor Presidente, para darnos a conocer sus preocupaciones.

Espero que estos reservorios, que son única y exclusivamente para beneficio de estos pobladores, puedan ser construidos y no sean una vez más tomados como pretexto para luchas políticas e ideológicas.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Octavio Salazar.

El señor SALAZAR MIRANDA (GPF).— Un saludo cordial a todos los señores congresistas.

Señor Presidente, si comparamos el operativo del jueves para colocar esos mamelones de concreto o pollos

de concreto alrededor de La Parada y que tuvo sucesos tan lamentables con el operativo del



1860

día sábado, vemos indudablemente que hay un abismo de diferencia.

En el primero, hubo improvisación, no hubo planificación, hubo una serie de problemas, no fueron la cantidad suficiente de efectivos. En el segundo, sí se tuvo en consideración una serie de aspectos importantes señalados por la doctrina y la experiencia.

Y la pregunta que fluye es: ¿Qué pasó, qué sucedió, por qué esa gran diferencia entre un día y el otro? No hay una explicación lógica.

Se quiere hoy establecer una responsabilidad de la Policía, pero verdaderamente la situación es otra. Ha habido una presión política para que este operativo se realice ese día, lo cual tuvo los saldos que ya todos y cada uno de nosotros sabemos. No hay otra respuesta.

Si tratamos de buscar una respuesta que sea lógica… porque en ambos escenarios, tanto en el del jueves como en el del sábado, los actores son los mismos y es la misma experiencia. Entonces, ¿qué pasó? Lo que sucedió fue sencillamente una interferencia, una presión para que se realizara un operativo con la finalidad de solucionar un problema determinado. Esto no debería volver a repetirse porque genera un grave problema a la institucionalidad en el país.

Las instituciones de nuestras fuerzas del orden no requieren presiones ni presiones por resultados positivos, pues eso lleva también a situaciones no deseadas, ni presiones para que realicen un operativo porque se lo están pidiendo por tal o cual razón. Ese es un asunto muy delicado que afecta la institucionalidad en el país.

Tenemos que querer a nuestras instituciones de las fuerzas del orden. Tenemos que protegerlas, tenemos que ayudarlas para que no haya ese tipo de manipulación.

Conforme ya se ha dicho, debemos aprobar hoy la insistencia en el proyecto sobre la utilización de la fuerza. Ya el presidente de la Comisión de Defensa ha manifestado que se encuentra en agenda. Esperemos que se apruebe. Antes ya fue aprobado por el Congreso con una votación casi unánime, pero retornó en razón a que se había colocado dentro de él la racionalidad del empleo del arma por parte de la Policía Nacional. Es decir, actualmente si una persona tiene una piedra, el policía tiene que defenderse con otra piedra; si la persona tiene un palo, tiene que defenderse con otro palo. El policía no puede utilizar su arma

de fuego. Y hemos podido advertir claramente en ese operativo la necesidad de esta norma. Quizá si la hubiésemos tenido, no estaríamos hoy en día lamentando la situación por la que atravesó el suboficial Huamancaja.

Entonces, Presidente, es necesaria la aprobación de esta norma. Nos estaremos poniendo a tono con las legislaciones internacionales sobre la Policía en el mundo, como la de Francia, la de España o, aquí en Latinoamérica, la de Chile, la de Colombia, etcétera.

La Policía no puede dejar de tener la herramienta necesaria para la utilización de la fuerza. Si queremos verdaderamente poner orden, lo que todo el mundo desea, tenemos que empezar por fortalecer la Policía.

A la Policía se le ha venido paulatinamente quitándole el poder de policía. El Estado tiene un poder de policía y lo ejerce a través de la Policía Nacional. Y es importante que exista una norma mediante la cual se pueda ejercer el poder de policía para lo que el Estado requiere: el orden, la tranquilidad, la paz social.

Si no existen los mecanismos, todos los días estaremos culpando a nuestros policías por haber utilizado el arma. Y como no pueden defenderse, seguiremos enterrando a los miembros de nuestras fuerzas del orden permanentemente, y eso no nos parece.

Hay que poner las cosas en orden. Esperemos que hoy debatamos esta insistencia en una norma que es de urgente necesidad para evitar otro hecho lamentable como el ocurrido en La Parada.

La pelota está en nuestra cancha. Podemos hacerlo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Melgar Valdez.

El señor MELGAR VALDEZ (GPF).— Presidente, hablando de la manipulación de la Policía, quiero poner en conocimiento del Pleno que la Dirección General de la Policía Nacional ha emitido la Resolución Directoral 913, mediante la cual

recorta la jurisdicción policial de la provincia de Cañete, dejando sin efecto la Resolución Directoral 511, de fecha 23 de febrero del 2003, lo que ha creado una tremenda convulsión en dicha provin



cia. Con la alcaldesa provincial nos hemos tenido que dirigir a la población para pedirle calma.

Esperamos que por intermedio del Congreso y del ministro del Interior esto se solucione, teniendo en cuenta que la encargada de la demarcación territorial es la Presidencia del Consejo de Ministros.

Quisiera pedir a todos los congresistas —por intermedio de usted, señor Presidente— que no presionemos a nuestras autoridades. En la resolución directoral, el director general de la Policía manifiesta que esto lo ha hecho a solicitud de un congresista de la región Ica.

También quisiera solicitar que el director general de la Policía Nacional deje sin efecto la resolución, tal como existe ya un compromiso de su parte, formulado en mi presencia, ante las autoridades de la provincia de Cañete.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Tiene la palabra el congresista Rimarachín Cabrera.

El señor RIMARACHÍN CABRERA (AP-FA).— Presidente, me pide una interrupción el colega Wilder Ruiz. Con su venia, se la concedo.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Puede hacer uso de la interrupción el congresista Ruiz Loayza.

El señor RUIZ LOAYZA (NGP).— Señor Presidente, en el mismo sentido del pedido del colega Elard Melgar, debo señalar que a solicitud de un congresista se ha derogado una resolución directoral por una cuestión de límites. El que lo ha solicitado es el congresista Elías Ávalos.

Ha creado un conflicto. Es un conflicto que no es de ahora, sino que viene desde hace años. Pero creo que eso se va a resolver en la PCM.

Si empezamos a actuar de esa forma, con irresponsabilidad… porque el conflicto ya se generó. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en estos asuntos.

Le pediría, señor Presidente, que de una u otra manera eso se deje sin efecto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede continuar, congresista Rimarachín.

El señor RIMARACHÍN CA-BRERA (AP-FA).— Gracias, Presidente.

La ética se practica, no se proclama. Cuando existen conflictos de intereses… Si hay colegas promovidos

por la minería, que vengan a hablar a favor de la minería acá creo que no le hace bien al Congreso de la República.

Mucho más cuando la Comisión de Ética los ha salvado. Porque estando prohibido, según el Código de Ética del Congreso de la República, recibir donaciones como congresistas… De hecho nuestro colega Lay va a tener, como ya he dicho, un problema en el día del Juicio Final, porque no está juzgando con la misma vara los casos de ética.

Ayer en Lima, por diferentes medios de comunicación, en una campaña orquestada, ha circulado una versión para hacer creer al Perú que en el caso Conga va a ganar la minería. La minería ha presentado una aprobación fraudulenta del estudio de impacto ambiental. Ese estudio de impacto ambiental no tiene nada de científico o técnico y es una ofensa a la inteligencia de la universidad peruana.

Eso se ha demostrado en todos los medios. El pueblo de Cajamarca ha reclamado —es su posición— que se haga efectiva la cancelación definitiva del Proyecto Conga porque, de lo contrario, se estaría consagrando la destrucción de cuatro lagunas y cinco ríos, lo cual, lógicamente, es rechazado mayoritariamente según dos encuestas realizadas en Cajamarca. Y acá han traído a unos cuantos pobladores, que son los que estuvieron en la aprobación del estudio de impacto ambiental en una audiencia pública de la comunidad de San Nicolás y lógicamente son, pues, ya trabajadores de la minera.

Pero no es solamente eso, no es solamente que el poder minero está interviniendo en diferentes fueros a nivel nacional para imponer un proyecto a todas luces inviable, sino que también hay un asunto que quiere taparse en algunos momentos con algunas noticias de la farándula, y es el indulto al ex Presidente de la República Alberto Fujimori. ¿No será que existe una desesperación, no por su salud…? Porque que nos muestren su foto. Está gordito. Lo que pasa es que paran sacando fotos de otros tiempos o fotos trucadas.



1862

¿Por qué no viene a visitarlo, si está mal de salud, su esposa, la señora Satomi Kataoka? Es lógico que tu esposa te visite si estás mal de salud. Pero, ¿por qué no viene? Porque ese fue un matrimonio de arreglo político, un matrimonio de conveniencia, un matrimonio para blanquear la plata que robó al Perú.

Entonces, es lógico que la desesperación de ahora es por recuperar el botín que está que se le va de las manos. Ahí radicaría el tema de fondo del indulto al ex presidente Fujimori. Si no, que nos traigan ahora a Satomi Kataoka, así como la trajeron para la campaña.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Pido a los señores congresistas que mantengan la altura del debate.

Continúe, congresista Rimarachín.

El señor RIMARACHÍN CA-BRERA (AP-FA).— Entonces, Presidente, esas son las cosas que tienen que aclararse. Y para eso está el Congreso, para transparentar, para no ocultar. Y si quiere el indulto, que primero devuelva la mitad

de lo que se ha robado, entre tres mil millones y seis mil millones de dólares, según cálculos de diferentes investigadores.

Señores, acá la lucha contra la corrupción tiene que darse en forma frontal. No vengan acá las bancadas…

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Invoco a los señores congresistas que mantengan la serenidad.

Pido al orador que mantenga la calma.

En el Congreso deben dejarse las pasiones y hacer que impere la serenidad y la tolerancia.

El señor RIMARACHÍN CABRERA (AP-FA).— Y espero que no se levanten como resortes quienes realmente defienden lo indefendible. La historia aclarará estos hechos.

Detrás de la candidatura para senador en Japón estaba la Yakuza. Averigüemos quién está detrás de esos vínculos económicos de la señora Satomi. Este es uno de los temas de fondo, el blanqueamiento de lo que han robado al Perú. Esperamos que eso no pase. Y esperamos que el ollantismo sepa responderle al Perú y no continúe esta alianza con el fujimorismo.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— El congresista Becerril Rodríguez, vocero de la bancada fujimorista, pide el uso de la palabra.

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (GPF).— Presidente, ante la serie de improperios que ha lanzado el congresista Rimarachín, solicito formalmente que retire las expresiones sobre el ex presidente Alberto Fujimori.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Hay un pedido para que el congresista Rimarachín retire la palabra que ha sido considerada ofensiva por la bancada fujimorista.

El señor RIMARACHÍN CABRERA (AP-FA).— Quisiera que me precisaran qué expresión, Presidente.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— No se precisa eso, congresista Rimarachín.

Se va a dar lectura a la parte pertinente del Reglamento del Congreso.


“Reglamento del Congreso de la República

Disciplina parlamentaria

Artículo 61. El Presidente tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los Congresistas que se conduzcan con respeto y buenas maneras durante las sesiones. Está facultado para:

[…]

d) Exigir el retiro de frases ofensivas proferidas contra las autoridades, los miembros del Congreso y las personas. Aplicando de ser necesario las sanciones reglamentarias.”

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Congresista Rimarachín, la bancada fujimorista le ha pedido que retire la palabra que considera ofensiva.

El señor RIMARACHÍN CABRERA (AP-FA).— Señor Presidente, tengo el derecho de que se me precise qué palabra es la que han considerado ofensiva probablemente el señor Becerril u otro de mis colegas. Con mucho gusto.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Congresista Rimarachín, reitero la solicitud de la bancada fujimorista de que retire la palabra. Tiene que decir “sí” o “no”.



El señor RIMARACHÍN CABRERA (AP-FA).— Pero de qué palabra se trata, señor Presidente. Eso es lo que le pido.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Tiene la palabra el congresista Becerril.

El señor BECERRIL RODRÍ-GUEZ (GPF).— Señor Presidente, todo el Pleno ha sido testigo de la serie de improperios que ha lanzado el congresista contra el ex presidente Fujimori. Por lo tanto, no los voy a repetir. Simplemente pido que retire

esas palabras —él sabe a qué me refiero— que todos hemos escuchado y usted también, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— El congresista Becerril ya hizo la precisión. Espero que el congresista Rimarachín tome una decisión.

El señor RIMARACHÍN CABRERA (AP-FA).— Señor Presidente, en vista de que no hay precisión alguna, retiro todas las palabras que considere ofensivas el señor Becerril. Pero quedan grabadas ante la historia del Perú y en mi pensamiento las expresiones de lucha contra la corrupción.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Se da por superado el incidente.

Tiene la palabra el congresista Julio Gagó.

El señor GAGÓ PÉREZ (GPF).— Señor Presidente, doy un saludo a todos los colegas.

Estaba escuchando atentamente a mis colegas parlamentarios, en especial al congresista Urquizo y

a la congresista Lucha Cuculiza. Ayer también escuché en la Comisión de Defensa al ministro del Interior.

En efecto, todos conocemos las carencias que tiene la Policía Nacional. Y no es de ahora, de este gobierno, sino que eso viene posiblemente de muchos años atrás. Pero quiero dejar claro que entre lo que pasó el jueves —al que estamos llamando “el jueves negro”— y lo que pasó el sábado hay una gran diferencia. La carencia y la falta de presupuesto no tienen nada que ver, porque del jueves al sábado no cambió absolutamente nada en cuanto a las carencias que tiene la Policía Nacional.

Por eso, quiero aclarar algo que me parece muy importante. Escuché al ministro del Interior decir textualmente lo siguiente: “Subestimamos la intervención que el día jueves realizamos en La Parada”. Luego dijo: “La zona de más delincuencia en Lima es justamente la zona de La Parada”.

Yo no entendía bien estas frases, porque dos días antes del jueves ya la Policía, a través de la municipalidad, intervino La Parada para colocar estos pilotes y tuvo que abortar el operativo. Entonces, ¿cómo podrían subestimar la intervención si dos días antes ya se tenía conocimiento de que no se podía ingresar —digamos— por las buenas?

Un ministro del Interior no puede hablar en ese sentido, porque no solo la Policía Nacional conocía de la situación de La Parada; estoy seguro de que los nueve millones de limeños sabíamos que era una zona de alta peligrosidad y sabíamos que la Policía tenía que intervenir como lo hizo el sábado, realmente un ejemplo, me parece, de cómo debe actuar.

También quiero decirle a la Representación Nacional que hubo una denuncia en la Tercera Fiscalía Provincial de la Prevención del Delito, justamente donde fueron interrogados los comerciantes de La Parada, el mismo teniente alcalde, el presidente de EMMSA, Ricardo Giesecke, y donde los exhortaron a que no haya ningún tipo de enfrentamientos y se sigan las normas vigentes. Sin embargo, el jueves 25 a las diez de la mañana, según tengo la documentación, justamente el día de los hechos, es interrogado el presidente de EMMSA.

Entonces, ¿no había conocimiento real por parte de la municipalidad de que se iba a efectuar ese día este operativo? Por supuesto que sí había. Es más, tan es así que sabía ya, por declaraciones del alcalde de La Victoria, que se habían pagado 100 o 200 nuevos soles a una serie de delincuentes días atrás, para hacer frente a este operativo.

Por esa razón, creo que hoy, como lo ha dicho bien el congresista Octavio Salazar, debemos dotar a la Policía Nacional de las leyes que requiere, del equipamiento necesario especialmente, ahora que se va a aprobar también la Ley de Presupuesto. No podemos permitir que a nuestra Policía se la vea como se le ha visto y que ello transcienda nuestras fronteras, que a nivel internacional se la vea de manera muy distinta de cómo debe ser.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Tiene la palabra el congresista Renzo Reggiardo.



1864

El señor REGGIARDO BARRE-TO (GPCP).— Señor Presidente, hay que deplorar los incidentes que se han suscitado en La Victoria, específicamente en La Parada. Creo que el error fundamental nace de quien tomó la decisión de disponer

un cerco, un impedimento para el acceso de los transportistas. Las consecuencias ya las conocemos.

Hay que ser muy rigurosos y determinar cómo se toma la decisión de realizar un operativo que ha costado una vez más víctimas humanas. Considero fundamental que se vote hoy la insistencia. Lamentablemente, parece que todavía no tenemos quórum para ello, ya que para poder aprobar la insistencia en la autógrafa de la ley sobre la utilización de la fuerza por parte de la Policía Nacional necesitamos el voto a favor de la mitad más uno del número legal de parlamentarios. Así que apenas tengamos el quórum necesario, le pido, por favor, Presidente, que someta al voto el proyecto de ley que, bajo la modalidad de insistencia, deberíamos aprobar inmediatamente.

Un asunto también fundamental es que aprobemos en el más breve plazo el proyecto de ley, me parece de la bancada fujimorista, para que puedan tener abogados los miembros de las fuerzas del orden, sobre todo de la Policía Nacional, que tienen enormes limitaciones y el Estado no los defiende.

Los delincuentes, los prontuariados sobre todo, tienen muchos recursos para pagar abogados. Sobre eso también hay que hacer un trabajo y exigir o, en todo caso, pedirle al presidente de la Comisión de Defensa —si me escucha— que invite al jefe de la Superintendencia de Banca y Seguros y a quien preside la Unidad de Inteligencia Financiera para que revise cómo es que tienen recursos los abogados de delincuentes, porque eso es lavado de activos, así como hay abogados de narcotraficantes a los que se les investiga por lavado de activos. Creo que en eso tiene que trabajar la Unidad de Inteligencia Financiera. En todo caso, en la Comisión de Defensa debe convocarse al jefe de la Superintendencia de Banca y Seguros para que dé cuenta de qué se está haciendo con relación a los abogados con los que cuentan los delincuentes y a los delincuentes que tienen muchos recursos. Ahí hay lavado de activos, y eso es algo que no se está tocando. Esa defensa legal también es una forma de contrarrestar la delincuencia.

Para terminar, debo señalar que es necesario también que en la Comisión de Defensa se apruebe el

proyecto de ley relacionado con el uso de armas no letales por parte de los miembros del serenazgo, los miembros de las municipalidades que custodian el orden. Evidentemente, es fundamental que las use la Policía; y se tienen que comprar y para eso se tienen que tomar decisiones; hace tiempo que lo venimos solicitando. Pero también es conveniente que los serenos las utilicen, entendiendo que no son armas que generen pérdidas humanas, ni un daño mayor a la integridad física del ser humano. A este proyecto de ley también sería bueno darle prioridad para que se apruebe en la Comisión de Defensa y luego traerlo al Pleno.

Felicito por la decisión de tratar permanentemente, una vez por semana, o cada quince días, temas de seguridad ciudadana. Es absolutamente necesario. Qué bueno que de una vez por todas se estén viendo estos casos.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Antes de continuar, la Mesa Directiva, en nombre de la Representación Nacional, expresa su saludo a los niños de la promoción de primaria del Colegio La Salle de Quillabamba, departamento del Cusco, quienes se encuentran en las galerías del hemiciclo acompañados de sus profesores, padres de familia y del congresista Hernán de la Torre.

(Aplausos).

Tiene el uso de la palabra el congresista Carlos Tubino.

El señor TUBINO ARIAS SCHREIBER (GPF).— Señor Presidente, me pide una interrupción el congresista José Urquizo.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir el congresista Urquizo.

El señor URQUIZO MAGGIA (NGP).— Muchas gracias, señor Presidente. Y agradezco al congresista Carlos Tubino por la deferencia de permitirme esta interrupción.

Llevamos ya un poco más de hora y media teniendo importantes intervenciones. Las que se han referido a la Comisión de Defensa van a merecer la atención requerida por los señores congresistas, como la última del congresista Reggiardo, referente al proyecto de ley sobre la defensa legal del policía, que se encuentra en la agenda de hoy y que seguramente, a estas horas, ya se hubiera aprobado.



En ese sentido, a través de la Presidencia, quiero hacer recordar que el proyecto de Ley del Negacionismo, del Poder Ejecutivo, está en algunas de las Comisiones del Congreso durmiendo el sueño de los justos. También se encuentra el proyecto de ley sobre la muerte civil para los procesados e indultados por terrorismo, quienes en este momento están a cargo de la enseñanza de niños, de niñas y de adolescentes de nuestra patria; es decir, quienes generaron pérdidas por más de 25 mil millones de dólares —y no quiero referirme a la cantidad de muertes— en algunos casos están a cargo del proceso de orientación de aprendizaje de niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas.

A través de la Presidencia invoco a la Comisión que tiene a cargo dictaminar este importante proyecto de ley referido a la inhabilitación de por vida de aquellos que petardearon el Estado de derecho en el país, derramaron sangre y causaron dolor, a que lo haga, a fin de que sean separados del sistema educativo nacional.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Puede iniciar su intervención, congresista Tubino.

El señor TUBINO ARIAS SCHREIBER (GPF).— Muchas gracias, señor Presidente.

Lo que quiero hoy es insistir en el tema que se ha venido tocando esta mañana: lo que vimos los peruanos

el jueves pasado. Eso no debe continuar en un país de mediano desarrollo. El Perú es un país que se encamina hacia el desarrollo, pero no puede tener una policía similar a la de un país del cuarto mundo.

Hemos visto a policías tener como arma de reglamento un palo, un casco y un escudo para recibir golpe. Eso no debe suceder, eso ha dado la vuelta al mundo y eso desprestigia al Perú, que en este momento se encamina hacia mejores condiciones de vida.

Entonces, lo que tenemos que hacer es invertir, declarar en situación de emergencia las adquisiciones para la Policía Nacional. Necesitamos armamento no letal. Pero no debemos invertir 25 millones de nuevos soles; esa suma es una limosna para un país que tiene un presupuesto de 95 mil millones de nuevos soles. Figúrense, si tengo en un bolsillo 95 mil nuevos soles y viene

alguien y me pide 25 nuevos soles, ¿qué es eso? Es una limosna. ¿Y esa limosna para quién es? Para la Policía Nacional del Perú. Para armamento no letal, ¿eso es suficiente?

Vengo de la región Ucayali, en donde he estado en la semana de representación. Allá la Policía ha sido recontrasuperada. Hay invasiones de terrenos. Eso es lo que estamos viendo. En todo el Perú hay una serie de problemas similares al que se ha visto en La Parada.

Entonces, lo que se requiere es una verdadera inversión en materia de seguridad ciudadana.

Una interrupción me pide el congresista Bedoya.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede hacer uso de la interrupción el congresista Bedoya.

El señor BEDOYA DE VIVANCO (APGC).— Muchas gracias, señor Presidente. Igualmente, agradezco al congresista Tubino.

Coincido plenamente con lo que está expresando. Nuestras Fuerzas

Armadas, al igual que la Policía, no están debidamente equipadas. Durante años he bregado para que tengan las partidas pertinentes. Pero lo que no podemos ocultar es que, por ejemplo, al 30 de setiembre pasado tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio del Interior solo habían gastado el 22% de lo que tienen presupuestado para este ejercicio en adquisiciones.

Entonces, el problema no es tanto falta de recursos, sino la incapacidad de la Policía y las Fuerzas Armadas para adquirir aquello para lo cual están habilitadas y para lo cual el Parlamento, a través de la Ley de Presupuesto, les ha dado los recursos pertinentes.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Termine su intervención, congresista Tubino.

El señor TUBINO ARIAS SCHREIBER (GPF).— Presidente, continúo con lo siguiente. En este momento, tanto en el Ministerio de Defensa como en el Ministerio del Interior hay reformas en lo que se refiere al gasto. Pero hay una serie de otros problemas y, por eso, se requiere decretar en situación de emergencia las adquisiciones, porque los problemas con los proveedores ya los conocemos.



1866

Para finalizar, estamos esperando el aumento de remuneraciones y pensiones del personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la recuperación de la Caja Militar Policial y el mantenimiento de la pensión renovable, porque tenemos que rendir honor permanente, como lo hace cualquier país, a los retirados de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

Muchas gracias, señor Presidente.

Se aprueba en primera votación y, a conti-nuación, se acuerda exonerar de segunda votación el nuevo texto sustitutorio presen-tado por el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarro-llo Alternativo y Lucha contra las Drogas, por el que se declara de necesidad pública y preferente interés nacional la creación del Centro de Entrenamiento para el Personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Na-cional del Perú que participa en la lucha

contra el terrorismo y el narcotráfico

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Se va a dar lectura a la sumilla del primer punto de la agenda.


Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, con un texto sustitutorio del Proyecto de Ley 1207/2011CR por el que se propone declarar de necesidad pública y preferente interés nacional la creación de la Escuela Especializada para la Instrucción y Entrenamiento del Personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que participa en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.*

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Se va a iniciar la sustentación del mencionado dictamen.

Antes de que intervenga el titular de la Comisión dictaminadora, tiene el uso de la palabra el congresista Bedoya.

El señor BEDOYA DE VIVANCO (APGC).— Seré muy breve, señor Presidente.

Quiero rectificar las expresiones de mi intervención de hace unos segundos, en virtud de la interrupción que me concedió el congresista Tubino.

Manifesté, equivocadamente, que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han gastado el 22% de lo que tienen presupuestado para este ejercicio hasta el 30 de setiembre.

Estaba equivocado. Acabo de recibir la llamada del congresista Eguren y me dice que es el 12,5%. No es el 22%, sino el 12,5%. Es lo que han tenido capacidad para gastar de lo que tienen presupuestado en este ejercicio que ya termina.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene el uso de la palabra el congresista José Urquizo, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas.

El señor URQUIZO MAGGIA (NGP).— Presidente, en primer lugar, quiero dar cuenta a los señores congresistas de que el proyecto de ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional la creación del centro de entrenamiento

para el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú que participa en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, ingresó a la Comisión de Defensa, como comisión única, el día 12 de junio del presente año, y fue aprobado por unanimidad en la octava sesión extraordinaria del 16 de octubre.

La iniciativa tiene por objeto crear una escuela especializada para la instrucción y entrenamiento del personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que participa en la lucha contra el narcoterrorismo en zonas como el Alto Huallaga, el Vraem y otras del ámbito nacional.

Es necesario que existan acciones de entrenamiento que permitan desarrollar labores de compañerismo y de identificación entre los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, en concordancia con los artículos 165 y 166 de la Constitución Política. Si bien cada una de estas instituciones tiene competencias constitucionales exclusivas en el ámbito de la lucha contra el narcoterrorismo, al amparo del régimen de excepción se desarrollan, en el marco de los comandos especiales a cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, labores conjuntas, como es el caso de las que realizan en el Vraem. Allí, si bien es cierto existe una región militar y un frente policial, hay un comando especial y las acciones de intervención en esta lucha son de

* El texto del documento obra en los archivos del Congreso de la República.



manera coordinada y conjunta, como unificar los componentes del sistema de inteligencia, acción que se viene desarrollando en la lucha contra el narcoterrorismo.

Es con ese propósito que se ha aprobado este dictamen. Aunque ciertamente es enunciativa, en el marco de la delegación de facultades para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional esta iniciativa resulta de vital importancia, ya que permitirá que el personal militar y policial entrene de manera conjunta en esta escuela especializada, con características similares, en cuanto a clima y geografía, a las existentes en los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro. Además, busca cohesionar a este personal que se enfrenta contra el narcoterrorismo de manera conjunta.

Es importante resaltar que el éxito de esta escuela de entrenamiento no solo recae en la infraestructura que pudiera tener, sino también en el alto nivel que deberán poseer los instructores que prepararán al personal.

Constituye el resultado de una permanente preocupación que tiene la Representación Nacional con respecto a las condiciones en que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional enfrentan al narcoterrorismo, debido a los constantes ataques a nuestros militares y policías, al ataque y secuestro de instalaciones civiles, a la falta de preparación adecuada, entre otras. Son 32 años de una guerra constante contra el narcoterrorismo en el país.

En consecuencia, este centro de entrenamiento evitará la improvisación y mejorará las condiciones profesionales y técnicas de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Considerando la complejidad que conllevaría la creación de esta escuela por cuanto la propuesta de ley podría tener iniciativa de gasto, se ha considerado, conforme a las coordinaciones de los miembros de la Comisión de Defensa, sustituirla por un centro de entrenamiento para el caso de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.

Consideramos importante la aprobación de esta iniciativa, teniendo en cuenta la coyuntura actual. Los delincuentes llevan años viviendo y preparándose en esta zona, en donde en muchos casos nacieron; mientras que nuestro personal es trasladado temporalmente de otros lugares, sin una previa aclimatación a la zona y con escaso conocimiento de la realidad geográfica y del clima. El objetivo es evitar las bajas de nuestros

militares y policías dándoles una capacitación previa, adecuada y oportuna.

Teniendo en consideración que este proyecto de ley ha sido aprobado por unanimidad, solicito que se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 55, inciso b), del Reglamento del Congreso.

Por lo cual doy término a la sustentación y a la exposición de motivos de la fórmula legal, que a lo largo de las intervenciones podría ser enriquecida.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Ha concluido la sustentación del dictamen. Damos inicio al debate.

En vista de que el presente dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de dos minutos para que exponga su posición, en aplicación del tercer párrafo del inciso b) del artículo 55 del Reglamento del Congreso.

En nombre del Grupo Parlamentario Fujimorista, tiene la palabra el congresista Carlos Tubino, hasta por dos minutos.

El señor TUBINO ARIAS SCHREIBER (GPF).— Señor Presidente, señores parlamentarios, la creación de un centro de entrenamiento para el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que participa en la lucha contra

el terrorismo y el narcotráfico busca uniformar la instrucción y el entrenamiento especializado que debe recibir este personal, antes de ser desplegado a una zona de emergencia, por parte de instructores en actividad y en retiro.

La instrucción y el entrenamiento deben enfocarse en familiarizar al personal con el terreno y las condiciones meteorológicas de la zona donde será desplegado; realizar entrenamiento básico, intermedio y avanzado a nivel individual, de grupo y de unidad; estudiar las tácticas militares empleadas por el narcoterrorismo; recibir instrucción de lecciones aprendidas —que es lo nos está faltando en el Vraem— para no generar las condiciones que facilitan la realización de emboscadas o ataques sorpresivos; recibir el equipamiento adecuado antes de ser desplegado.

Actualmente la instrucción y el entrenamiento se llevan a cabo en forma descentralizada en cada



1868

institución armada y en la Policía Nacional, y puede observarse que existen deficiencias en la forma como se imparte, no siendo ni siquiera uniforme el tiempo de preparación empleado.

En esta escuela se debe brindar instrucción y entrenamiento en cada nivel de la estructura militar policial, es decir, a oficiales, suboficiales y personal de tropa. Deben participar como instructores personal profesional de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad y en retiro. Estos últimos con el fin de darle continuidad a la escuela, ya que el personal en actividad debe rotar a otras funciones por la modalidad de la carrera militar policial.

Señores congresistas, este es un importante proyecto de ley y constituye una contribución de este Congreso.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Termine, congresista Tubino.

El señor TUBINO ARIAS SCHREIBER (GPF).— Es un importante proyecto de ley a través del cual este Congreso contribuye con el Poder Ejecutivo. ¿En qué? En tomar medidas para minimizar la posibilidad de errores en el Vraem

y, sobre todo, en las zonas declaradas en estado de emergencia.

Con esta iniciativa, el Congreso facilitará que el Poder Ejecutivo accione inmediatamente para que esta escuela esté ubicada en un lugar con condiciones similares de terreno y meteorológicas que el Vraem, no en una ciudad, no en ningún caserío. En sitios inhóspitos hay que ubicarla, y hay que invertir el dinero necesario, porque no queremos bajas en las Fuerzas Armadas ni en la Policía Nacional por falta de instrucción y entrenamiento en las zonas declaradas en estado de emergencia.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— En vista de que no hay más pedidos de intervención, finalmente hará uso de la palabra el congresista José Urquizo, presidente de la Comisión dictaminadora.

El señor URQUIZO MAGGIA (NGP).— Señor Presidente, conforme a los aportes del congresista Carlos Tubino, el texto final será como sigue:

“Ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional la creación del Centro de Entrenamiento para el Personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que participa en la lucha contra el terrorismo y el

narcotráfico

Artículo 1. Objeto de la ley.

Declárese de necesidad y preferente interés nacional la creación del Centro de Entrenamiento para el Personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que participa en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.

Artículo 2. Implementación.

Encárgase al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior la implementación de la presente Ley.”

Debo manifestar, señor Presidente, que esta propuesta de ley ha sido consensuada con ambos sectores —me refiero al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa—, los que han considerado de vital importancia sus aspectos enunciativos, toda vez que estos se podrán incorporar en el marco de la delegación de facultades.

La presente iniciativa legislativa fue aprobada por unanimidad en la Comisión y esperamos que merezca la respectiva atención por parte de los señores congresistas en este Pleno.

Voy a alcanzar el texto al que he dado lectura, y pido que se lo someta a votación.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— De acuerdo, congresista Urquizo.

Señores congresistas, sírvanse registrar su asistencia para proceder a votar.

—Los señores congresistas registran su asistencia mediante el sistema digital.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Han registrado su asistencia 61 señores congresistas.

Al voto el texto leído por el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas.

—Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema digital.

—Efectuada la consulta, se aprueba en pri-mera votación, por 58 votos a favor, ninguno



en contra y ninguna abstención, el nuevo texto sustitutorio del proyecto de Ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional la creación del Centro de Entrenamiento para el Personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que participa en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Ha sido aprobado por unanimidad en primera votación.

Se deja constancia del voto a favor de los congresistas Chávez Cossío, Becerril Rodríguez, Neyra Huamaní, Lay Sun, Nayap Kinin y García Belaunde.

—El texto aprobado es el siguiente:

“EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA Y PREFERENTE INTERÉS NACIONAL LA CREACIÓN DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL PERSO-NAL DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ QUE PARTICIPA EN LA LUCHA CONTRA EL

TERRORISMO Y EL NARCOTRÁFICO

Artículo 1. Objeto de la Ley

Declárase de necesidad pública y preferente interés nacional la creación del Centro de Entrenamiento para el Personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que participa en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.

Artículo 2. Implementación

Encárgase al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior la implementación de la presente Ley.

Comuníquese, etc.”

“Primera votación del nuevo texto susti-tutorio del Proyecto de Ley 1207

Señores congresistas que votaron a favor: Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Bedoya de Vivanco, Belaunde Moreyra, Canches Guzmán, Capuñay Quispe, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Ccama Layme, Chacón De Vettori, Chehade Moya, Coari Mamani, Condori Jahuira,

Crisólogo Espejo, Cuculiza Torre, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Diez Canseco Cisneros, Eguren Neuenschwander, Falconí Picardo, Fujimori Higuchi, Gamarra Saldívar, Grandez Saldaña, Guevara Amasifuen, Iberico Núñez, Inga Vásquez, Kobashigawa Kobashigawa, López Córdova, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Merino De Lama, Molina Martínez, Monterola Abregú, Mulder Bedoya, Oseda Soto, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Tello de Rodríguez, Portugal Catacora, Reátegui Flores, Reggiardo Barreto, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Rodríguez Zavaleta, Romero Rodríguez, Ruiz Loayza, Salazar Miranda, Sarmiento Betancourt, Solórzano Flores, Tan de Inafuko, Tubino Arias Schreiber, Urquizo Maggia, Urtecho Medina, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Valqui Matos, Yrupailla Montes y Zerillo Bazalar.”

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Tiene el uso de la palabra el congresista José Urquizo, presidente de la Comisión dictaminadora.

El señor URQUIZO MAGGIA (NGP).— Señor Presidente, en vista de que el proyecto de ley ha sido aprobado por unanimidad, pido que se lo exonere de segunda votación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— En atención al pedido del congresista Urquizo, se va a consultar, con la misma asistencia, la exoneración de segunda votación.


—Efectuada la votación, se acuerda, por 58 votos a favor, uno en contra y una abs-tención, exonerar de segunda votación el nuevo texto sustitutorio del proyecto Ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional la creación del Centro de Entrenamiento para el Personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que participa en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Ha sido acordada.

Se deja constancia del voto a favor de los congresistas Nayap Kinin, Acuña Peralta, Lay Sun y García Belaunde; y de la abstención de la congresista Chávez Cossío.



1870

“Votación de la exoneración de segunda votación del nuevo texto sustitutorio del

Proyecto de Ley 1207

Señores congresistas que votaron a favor: Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Belaunde Moreyra, Canches Guzmán, Capuñay Quispe, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Ccama Layme, Chacón De Vettori, Chehade Moya, Coari Mamani, Condori Jahuira, Crisólogo Espejo, Cuculiza Torre, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Eguren Neuenschwander, Falconí Picardo, Fujimori Higuchi, Gamarra Saldívar, Grandez Saldaña, Guevara Amasifuen, Iberico Núñez, Inga Vásquez, Kobashigawa Kobashigawa, López Córdova, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Merino De Lama, Molina Martínez, Monterola Abregú, Mulder Bedoya, Neyra Huamaní, Oseda Soto, Pérez del Solar Cuculiza, Portugal Catacora, Reátegui Flores, Reggiardo Barreto, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Rodríguez Zavaleta, Romero Rodríguez, Ruiz Loayza, Salazar Miranda, Sarmiento Betancourt, Solórzano Flores, Tan de Inafuko, Tubino Arias Schreiber, Urquizo Maggia, Urtecho Medina, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Valqui Matos, Yrupailla Montes y Zerillo Bazalar.

Señora congresista que votó en contra: Pérez Tello de Rodríguez.

Señor congresista que se abstuvo: Diez Canseco Cisneros.”

Se aprueba, con modificaciones, en prime-ra votación y, acto seguido, se exonera de segunda votación la fórmula sustitutoria contenida en el dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarro-llo Alternativo y Lucha contra las Drogas, en virtud de la cual se establece la defensa

legal del policía

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se va a dar lectura a la sumilla del siguiente punto de la agenda que veremos.


Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, con una fórmula sustitutoria del Proyecto de Ley 787/2011CR mediante la cual se propone establecer la defensa legal del policía.*

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Debo señalar que la Junta de Portavoces ha exonerado a este proyecto de ley del dictamen de Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Tiene la palabra el congresista José Urquizo, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, hasta por diez minutos.

El señor URQUIZO MAGGIA (NGP).— Señor Presidente, en efecto, esta iniciativa legislativa ingresó a la Comisión de Defensa el 3 de febrero del presente año, en la condición de Comisión secundaria, siendo la principal la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

A través de la iniciativa legislativa se propone establecer la defensa legal del personal de la Policía Nacional del Perú.

La Comisión de Defensa Nacional aprobó el presente dictamen por unanimidad en su octava sesión extraordinaria del 16 de octubre del presente año.

Esta iniciativa tiene como propósito defender legalmente al personal de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad que se encuentre comprendido o involucrado en investigaciones o denuncias ante el Ministerio Público o procesos judiciales ante el fuero común, por la presunta comisión de delitos en el ejercicio regular de sus funciones. Requiero la atención de los congresistas para los efectos de esta precisión: por la presunta comisión de delitos en el ejercicio regular de sus funciones.

Es necesario recordar que el personal policial se encuentra constantemente en riesgo derivado del servicio que presta a la comunidad, muchas veces en lugares inhóspitos donde hay convulsión social, en inadecuadas condiciones, sin la protección y los recursos materiales debidos, y además sin que se le otorgue oportunamente el pago de sus remuneraciones y viáticos o del costo por ejercer estas funciones que implicarían en muchos casos comisión de servicio.

Los miembros de la Policía Nacional del Perú cumplen una abnegada y reconocida labor —de la cual son conscientes los congresistas de la República— a lo largo y ancho del país. Lamentablemente, por cumplir sus funciones constitucionales establecidas son denunciados e implicados en




procesos administrativos y judiciales que les generan, adicionalmente a las limitaciones existentes y referidas a lo largo del debate de esta mañana, un problema legal, emocional y económico, al que tienen que enfrentar sin apoyo de su institución de la que forman parte en estricto cumplimiento del deber con el país.

Los policías muchas veces se ven involucrados indebidamente en procesos legales que pueden durar muchos años en el Poder Judicial, en el Ministerio Público y conllevan secuelas propias de un litigio judicial, lo que los afecta no solo con el costo económico, sino también con su inestabilidad laboral, ya que permanentemente tienen que acudir a juzgados de ámbitos territoriales donde ya no prestan servicios, hechos que se agravan cuando algunos magistrados dictan medidas coercitivas que les impiden salir fuera de esa jurisdicción territorial, lo que genera que las condiciones bajo las que prestan servicios se desarrollen en desequilibrio e inseguridad para futuras intervenciones policiales, restándoles la capacidad de acción.

Ellos defienden en el marco del orden interno a la ciudadanía, ¿y a ellos quién los defiende?

Si bien es cierto en el 2008 se promulgó el Decreto Supremo 0222008DESG, que regula la defensa legal de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú y establece que los ministerios de Defensa y del Interior brindarán, respectivamente, defensa legal a los miembros de las Fuerzas Armadas en situación de actividad, disponibilidad o retiro y personal de tropa licenciada, así como al personal de la Policía Nacional en situación de actividad, disponibilidad o retiro, que se encuentren comprendidos o involucrados en investigaciones y/o denuncias ante el Ministerio Público, o procesos judiciales ante el fuero común por la presunta comisión de delitos contra los derechos humanos, en el ejercicio regular de sus funciones, cabe precisar que la iniciativa legislativa en debate complementa lo dispuesto por dicho decreto supremo y cubre los vacíos que tiene, en el sentido que este solo brinda las garantías de la defensa legal en la presunta comisión de delitos contra los derechos humanos, no así en la presunta comisión de otros delitos en el ejercicio regular de sus funciones.

Debemos tomar en consideración que esta iniciativa ha sido aprobada por unanimidad en la Comisión de Defensa. De igual manera, ha merecido la anuencia del sector Interior. Existían algunas preocupaciones referidas a la retroactividad, es decir, si comprende o no comprende los procesos

anteriores. Se va a tomar en cuenta esto y así esperemos que se pueda contar con la anuencia del eventual texto sustitutorio. Obviamente, no podríamos legislar para atrás, sino a partir de la promulgación de la iniciativa legislativa.

Por otro lado, debemos tomar en cuenta que, por tratarse de la Policía Nacional del Perú, le corresponde implementar esta ley al Ministerio del Interior.

Señor Presidente, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 55 del Reglamento del Congreso, al haber sido un dictamen aprobado por unanimidad, solicito que el debate se realice con esa referencia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Ha concluido la sustentación del dictamen. Se da inicio al debate.

En vista de que el dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de dos minutos para exponer su posición, conforme al tercer párrafo del inciso b) del artículo 55 del Reglamento del Congreso.

Tiene el uso de la palabra el congresista Luis Ibérico.

El señor IBERICO NÚÑEZ (APGC).— Señor Presidente, es de verdad increíble el estado de vulnerabilidad de nuestros efectivos policiales en el cumplimiento de su servicio, sobre todo en una situación como la que está viviendo el país.

Acabamos de ver los hechos de violencia que se suscitaron durante las acciones que se tomaron en el ex mercado mayorista de La Parada. Acabamos de ver la situación de este policía que fue salvajemente golpeado por una turba lumpenesca y de escuchar sus declaraciones posteriores en el sentido de que no se animó a desenfundar el arma por todas las consecuencias que ello le traería posteriormente. Sería perseguido, enjuiciado, afectado en su carrera y de repente hasta separado de la Policía Nacional. Ello porque desgraciadamente nuestros policías están abandonados a su suerte cuando utilizan legítimamente su armamento o ejercen las facultades que tienen para defender de la violencia al Estado peruano.

Son muchas las ocasiones en que, como parlamentario, he recibido a policías que están desampara



1872

dos por su institución. Afortunadamente, cuento con el respaldo de un expolicía que es abogado para poder darles algún tipo de patrocinio.

El policía no puede estar mendigando abogados para que lo defiendan. El policía merece el amparo del Estado y de su institución para poder defenderse legalmente cuando es acusado por las personas que son objeto de acciones netamente policiales, por supuesto.

Sé que actualmente, como lo ha mencionado…

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Concluya, congresista Iberico.

El señor IBERICO NÚÑEZ (APGC).— … según este documento que me alcanzan los asesores de mi bancada, ya existen hasta dos decretos supremos dados por el Poder Ejecutivo que ordenan esta defensa legal, el Decreto Supremo

0182002PCM y el Decreto Supremo 0222008DESG, que también establece la defensa legal de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

Este último decreto establece la designación de abogados, los requisitos administrativos, el reintegro, los procedimientos, el financiamiento, entre otras normas. Es decir, supuestamente nuestros policías ya deberían estar amparados por estos decretos emitidos en su momento por el Gobierno Central. Desgraciadamente, esta no es la realidad, y se ha hecho necesario que en el Congreso se discuta un proyecto de ley para que se obligue al Estado a hacer lo que tiene que hacer, es decir, defender a nuestros policías para que no tengan que gastar el poco dinero que ganan buscando abogados…

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Termine su intervención, congresista Iberico.

El señor IBERICO NÚÑEZ (APGC).— Por eso, estoy dispuesto a votar a favor de esta propuesta de ley, tal como lo hice en la Comisión de Defensa en su momento, para que sea mandatorio para el Estado, para cualquier gobierno de turno, el asistir legalmente a nuestros policías y también a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Entiendo que el congresista Pedro

Spadaro es autor del proyecto. Los congresistas saben que dirigimos las sesiones con un criterio de flexibilidad, pero existe un reglamento en el cual se establece que cuando el dictamen ha sido aprobado por unanimidad el debate en el Pleno debe ser más corto. En todo caso, vamos a apelar a la autorregulación de los colegas.

Tiene la palabra el congresista Spadaro.

El señor SPADARO PHILIPPS (GPF).— Gracias, Presidente. Pero le solicito un tiempo prudencial para poder explicar lo que efectivamente viene sucediendo.

El congresista Iberico, que me ha antecedido en el uso de la palabra, ha expresado una frase correcta —es increíble—, pero lamentablemente esto sucede. Es increíble que nuestra Policía, que nos tiene que defender de la delincuencia a diario, no tenga armas ni municiones, ni un buen pago de beneficios laborales, ni un sueldo digno, adecuado para sostener a su familia. Pero más increíble es que la Policía no tenga el amparo legal del Estado.

No soy policía ni ex miembro de las Fuerzas Armadas, pero soy abogado y sé lo que significa que un ciudadano requiera el amparo legal, porque con 500 nuevos soles… Este valiente policía que hemos visto el otro día en La Parada durante los hechos violentos —que, por supuesto, no se deben repetir— señaló que no quiso sacar su arma de reglamento para que las ONG, que más están preocupadas en los delincuentes que en los policías, no lo denuncien, que antes que ir a un proceso penal prefería la muerte.

Les pido a ustedes, señores congresistas, que les pregunten a sus dos miembros de seguridad si en algún momento han tenido un problema legal y si han tenido que pagar de su propio bolsillo a un abogado para defenderse. Es el colmo que nuestra Policía tenga que pagar de su bolsillo los abogados.

El principio de autoridad que ejerce la Policía no puede ser restringido por denuncias maliciosas…

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Concluya, congresista Spadaro.

El señor SPADARO PHILIPPS (GPF).— En muchas oportunidades, los que tienen mejores abogados son los delincuentes.



Pero quiero aclarar al congresista Iberico —que, creo, se ha retirado de la sala— que el decreto supremo al que hacía referencia no se puede aplicar en estos casos porque es solo para presuntas violaciones de derechos humanos y no para casos cotidianos de defensa de la ciudadanía por parte de la Policía.

Sin embargo, hay otro dispositivo legal, el Decreto Supremo 0182002PCM, que permite la contratación de asesores legales para los funcionarios o servidores del Poder Ejecutivo que sean demandados administrativa, civil o penalmente por actos, omisiones o decisiones adoptadas en el ejercicio regular de sus funciones. Está bien que a los funcionarios que están sentados en un escritorio aprobando una resolución los defendamos, pero es justo y necesario que a los policías, que ponen el pecho para defendernos y para defender a nuestros hijos y a nuestras familias, también les demos un respaldo legal.

Más aun, Presidente. Se presenta este proyecto de ley porque ni en la Policía ni el Ministerio del Interior hay una estructura orgánica que permita la defensa legal de cada uno de los policías en forma oportuna y gratuita.

Por tanto, solicito a los miembros de este honorable Congreso de la República, que me honro en integrar, que esta propuesta de ley sea aprobada por unanimidad. Demos a nuestra Policía Nacional no solamente un sueldo digno y armas para combatir a la delincuencia, sino también el amparo legal que tanto necesita.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Tiene la palabra el congresista Jaime Delgado.

El señor DELGADO ZEGARRA (NGP).— Presidente, es indignante ver que la Policía, cada vez que tiene que enfrentar a la delincuencia, termina siendo denunciada. Y es indignante ver cómo policías que tienen sueldos bastante modestos

terminan o no defendiéndose apropiadamente o teniendo que destinar recursos para su defensa legal. Obviamente, una iniciativa de esta naturaleza es valiosa y hay que respaldarla.

Me permito sugerir, porque solo se habla de la defensa legal en procesos de investigación o denuncias ante el Ministerio Público y procesos judiciales ante el fuero común, que también se

considere que podrían ser denuncias ante la justicia policial, en que podrían eventualmente estar involucrados y sin defensa legal apropiada.

Entonces, pongo a consideración esta sugerencia para que el presidente de la Comisión dictaminadora pueda tomar nota de ella.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra la congresista Martha Chávez.

La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPF).— Presidente, indudablemente esta es una norma que se requiere. Hoy existe exclusivamente un decreto supremo, el 0222008DESG, promulgado el 27 de octubre del 2008, que establece este beneficio de

asesoría legal brindado por el Ministerio del Interior para cuando los policías son procesados por presuntos delitos contra los derechos humanos.

Ahora, en este decreto supremo se incorpora una salida que creo que valdría la pena considerar, y es el hecho de que aquellos que sean encontrados responsables tendrán que devolver el monto que implica el costo de esa defensa legal.

Creo que es una cuestión de justicia también, porque el Estado debiera proteger y beneficiar a quienes son procesados injustamente, pero si el fuero común… Y también me aúno a la observación hecha en el sentido de ampliar esto al Fuero Militar Policial, porque donde hay la misma razón hay el mismo derecho. Si bien pudiera haber muchos más casos que se presentan ante la justicia común, es indudable que también hay casos de faltas o delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones por miembros de la Policía Nacional que se ventilan ante el Fuero Militar Policial.

Pero reitero que sería necesario considerar la posibilidad de que la persona sea encontrada responsable. ¿Qué sucede si el Fuero Militar Policial o el fuero común encuentran que hay responsabilidad penal? En ese caso, pienso que debería seguirse la regla que ya rige en el Decreto Supremo 0222008DESG, en el sentido de que se tendría que reintegrar por parte del efectivo el costo que implica esa defensa legal que el Estado le ha facilitado.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Mesías Guevara.



1874

El señor GUEVARA AMASI-FUEN (AP-FA).— Presidente, es bueno empezar reflexionando que muchos de los señores policías son hijos del pueblo y tienen una intachable conducta. Sin embargo, también es bueno que diferenciemos,

pues, como en toda institución, en la Policía hay personas que no cumplen ni tienen una conducta alturada, que esté dentro de los usos y las buenas costumbres.

Definitivamente, este proyecto de ley en líneas generales busca llenar un vacío. Muchas veces los policías, cuando están en acciones, cuando están en actividad, son enjuiciados de manera injusta. Pero, como muy bien dice la colega congresista Martha Chávez, también hay acciones que podrían caer en una sentencia o en una efectiva denuncia penal.

Entonces, tenemos que ponernos en todos los escenarios. Es cierto que los policías no cuentan con apoyo legal. Coincido plenamente en que debe considerarse no solo la parte civil o la parte legal o fuero común, sino también el Fuero Militar Policial.

Además, es necesario que esta mañana reflexionemos, por ejemplo, en que para que un joven suboficial de la Policía pueda graduarse tiene que comprar su propia arma. La semana pasada estaba en Jaén y me comentaba un padre de familia que estaba alegre y a la vez preocupado. Estaba alegre porque su hijo se iba a graduar de policía, pero estaba preocupado y triste porque no tenía el dinero para comprarse el arma. Por lo tanto, son sentimientos encontrados que creo que en esta mañana…

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Concluya, congresista Guevara.

El señor GUEVARA AMASIFUEN (AP-FA).— Debemos llamar a la reflexión nacional e invocar al Poder Ejecutivo que no podemos seguir con estas prácticas un poco raras que lleva a sentimientos encontrados.

En lo personal, considero que este proyecto de ley va a llenar un vacío, pero siempre y cuando pongamos las precisiones para que se amplíe al Fuero Militar Policial y también se tenga en cuenta que hay ciertas actitudes que pueden ser penalizadas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra la congresista Luisa Cuculiza.

La señora CUCULIZA TORRE (GPF).— Presidente, mi intervención, como de costumbre, será muy corta.

Este proyecto de ley propone la creación de un área de defensa legal

para los miembros de la Policía y también de las Fuerzas Armadas. De esta manera los policías involucrados en algún proceso o denuncia, debido al desarrollo normal de sus funciones, tendrán una defensa legítima costeada por el Estado.

Este proyecto es necesario porque, como hemos escuchado al suboficial Huamancaja, si él hubiera disparado a sus agresores en defensa propia con su arma de reglamento, muy probablemente habría terminado en la cárcel. Y dijo: “Señores de las ONG, defensores de los derechos humanos, ¿quién me defiende a mí?”. No solo el policía es acusado muchas veces injustamente al ejercer sus funciones, sino que, además, por el mísero sueldo que recibe, le es imposible contratar los servicios de un buen abogado.

Se habla del mal policía. Perfecto. Hay malos policías, como hay malos abogados, hay malos médicos, hay malos ingenieros. De todo hay en el mundo. A los malos hay que tratarlos como malos, pero a los buenos hay que darles el respaldo del Estado que ellos merecen.

Con este proyecto de ley los policías no quedarán indefensos ni huérfanos ni desprotegidos. Felicito que se haya puesto a debate esta iniciativa. Creo que todos nosotros debemos votar verde.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Tiene la palabra el congresista Rimarachín Cabrera.

El señor RIMARACHÍN CA-BRERA (AP-FA).— Presidente, coincidiendo con una preocupación mencionada por mi colega Martha Chávez, quiero complementarla señalando una imprecisión del presente proyecto de ley.

Al final del artículo 1 se dice “por la presunta comisión de delitos en el ejercicio regular de sus funciones”. ¿Qué delitos? Si el policía está en el ejercicio de sus funciones y participa de un



secuestro, el Estado estaría defendiendo a un secuestrador porque está en el ejercicio de sus funciones; es decir, no lo hace el día de franco, sino el día en que está en actividad.

Pido que se precise de qué delitos se trata, con la finalidad de no cometer un error.

En la primera disposición complementaria final y transitoria, que establece que “la presente ley también se aplica a investigaciones y/o denuncias o procesos judiciales iniciados con anterioridad a la dación de la misma”, se puede incluir “a cualquier proceso”. Hay que precisar esto también.

Por último, debe incluirse una disposición complementaria final y transitoria en que se establezca que si al policía se le encuentra responsable reintegre el costo de su defensa. Esto me parece necesario.

Pero esta propuesta de ley debió abordarse después del Proyecto de Ley 081. Al aprobar la propuesta de ley en debate en primer lugar, podemos cometer el error de abrir las puertas a los policías para violar los derechos humanos en una manifestación pública. ¿Por qué? Porque el proyecto de ley…

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Concluya, congresista Rimarachín.

El señor RIMARACHÍN CABRERA (AP-FA).— El Proyecto de Ley 081 fue aprobado en la Comisión de Defensa por mayoría sin que esta se allanase a la observación del Ejecutivo en el sentido de que en los principios rectores de la acción policial solo se fija el de racionalidad y no el de proporcionalidad. Por lo tanto, en la cabeza del policía está meter bala en una protesta social, porque así lo dice su cabeza. Y se pierde el principio de proporcionalidad consagrado en normas que se aplican en el ámbito mundial. Hay que guardar en una acción disuasiva la proporcionalidad.

Me pide una interrupción el congresista Salazar. Con mucho gusto se la concedo, Presidente.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Puede hacer uso de la interrupción el congresista Octavio Salazar.

El señor SALAZAR MIRANDA (GPF).— Señor Presidente, vamos a empezar por el final de las propuestas que está haciendo el señor Rimarachín. Lo que el Código Penal

especifica claramente en la utilización de un arma de fuego es la racionalidad; no habla ya de proporcionalidad. Y no vamos a limitar a los que son encargados de darnos seguridad, no vamos a ir para atrás utilizando un principio como el de la proporcionalidad, que, en otras palabras, implica que si al policía que hemos visto, el suboficial Huamancaja, atacado a mansalva con piedras… Él no utilizó su arma por temor a que lo denunciaran las organizaciones no gubernamentales por atentar contra los derechos humanos. Porque si él hubiera utilizado el arma, según el criterio del señor Rimarachín y según la observación del Ejecutivo…

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Continúe, congresista Salazar.

El señor SALAZAR MIRANDA (GPF).— Gracias, Presidente.

Entonces, el policía, en este caso el suboficial Huamancaja, tendría que ser sancionado. Esto es absurdo.

El Código Penal peruano habla de racionalidad. La proporcionalidad pasó a otro espacio, porque ha quedado totalmente demostrado que no puede existir la proporcionalidad, sino la racionalidad. El medio empleado no puede tener como base la proporcionalidad, sino la racionalidad.

Y con relación a lo que manifiesta el congresista Rimarachín respecto a las denuncias ante el Ministerio Público o procesos judiciales ante el fuero común por presunta comisión de delitos en el ejercicio regular de sus funciones, cabe señalar que es eso: ejercicio regular de sus funciones.

Esto no quiere decir…

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Concluya, congresista Salazar. Está en una interrupción.

El señor SALAZAR MIRANDA (GPF).— ¿Esto qué quiere decir? Que el funcionario policial esté en una comisión de servicio. Él está haciendo uso legal de la fuerza en una intervención y, si producto de ello es denunciado, entonces el Estado tiene que protegerlo.

No estamos hablando de la comisión de un delito estando ajeno a la función. Se refiere a los actos que son producto del trabajo y ajustado a ley. No está fuera de ley. Aquí la cosa está muy clara, está bien delimitada. No habría necesidad de



1876

estar precisando. En el reglamento tendría que explicarse eso, pero no en la ley.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— ¿Concede otra interrupción, congresista Rimarachín? De acuerdo.

Puede hacer uso de la interrupción, congresista Javier Bedoya.

El señor BEDOYA DE VIVAN-CO (APGC).— Presidente, el señor Rimarachín, en su intervención, ha expresado la preocupación que le suscita este proyecto de ley respecto a que si un policía, estando en su día franco o estando en ser

vicio y comete un acto ilegal como, por ejemplo, participar en un secuestro, también tendría la defensa legal del Estado. En su observación hay un error.

Lo que la propuesta de ley busca es defender al policía que es acusado por actos cometidos en el ejercicio regular de sus funciones. El secuestro, evidentemente, no se encuadra dentro del ejercicio regular de funciones.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Termine su intervención, congresista Rimarachín.

El señor RIMARACHÍN CA-BRERA (AP-FA).— Justamente el orden debió ser que se vea primero el Proyecto de Ley 081 y después la propuesta de ley en debate. En el artículo 7, inciso 3, del Proyecto de Ley 081, sobre el uso de la fuerza

legal, hay una parte en la que se señala que con el objeto de neutralizar a quien ejerza una agresión que ponga en riesgo la vida, la integridad o la libertad personal del policía o de terceros, se puede usar el arma de fuego. Más abajo, en el siguiente párrafo, se dice: “No es punible penalmente la acción del policía que hizo uso de la fuerza letal conforme a ley”.

Y se basa en el principio de la racionalidad. O sea, como policía, es su cabeza la que le indica que debe meter bala y no la proporcionalidad. Y el principio de proporcionalidad es universal. En el fuero judicial es aceptado y practicado a nivel nacional.

De modo que evadir el principio de proporcionalidad nos lleva a un problema: proteger a violadores de derechos humanos, como Telmo Hurtado. Si Telmo Hurtado hubiese actuado con estas leyes, se salvaba, colega congresista. Y eso no podemos aprobar acá. No podemos salirnos de la línea de defensa de los derechos humanos. Que los policías tienen que defenderse, correcto, pero no les demos armas para que algún loco meta bala porque su racionalidad así se lo indica. Eso me parece un error, Presidente.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Tiene la palabra la congresista Marisol Pérez Tello.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— El congresista Mulder me pide una interrupción, Presidente.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir el congresista Mulder.

El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Presidente, el congresista Rimarachín dice que si a un policía se le mete en la cabeza disparar, eso es su racionalidad. Lo que no parece tener él en la cabeza es el concepto de racionalidad.

La racionalidad es el análisis de los hechos. O sea, cuando se analizan los hechos y se vislumbra la equivalencia y las razones por las cuales una persona utilizó un arma, entonces quien juzga concluye: “Sí ha habido racionalidad”. No es que el policía haya pensado que la racionalidad está en su criterio, en su pensamiento. Cualquier asesino también piensa, cuando asesina, que está haciendo un acto racional.

Ese criterio, congresista Rimarachín, hay que estudiarlo en el diccionario. Ni siquiera en el diccionario de la Real Academia Española, que tiene muchas páginas; en uno de Coquito es suficiente.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— El uso de la palabra por alusión se realiza al final de la intervención principal.

Puede iniciar su intervención, congresista Pérez Tello.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— El congresista Salazar me pide una interrupción.



El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Puede interrumpir el congresista Salazar.

El señor SALAZAR MIRANDA (GPF).— Señor Presidente, sin alusiones personales, debo mencionar que el artículo 20 del Código Penal, que señala las causas que eximen de responsabilidad penal, en el numeral 3, dice:

“Está exento de responsabilidad penal:

[…]

3. El que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, siempre que concurran las siguientes circunstancias:

a) Agresión legítima;

b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla […]”.

Hago conocer esto que es importante: se excluye para la valoración de este requisito el criterio de la proporcionalidad. Eso ya no existe, señor Rimarachín —por intermedio de usted, señor Presidente—, en el Código Penal.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Inicie su intervención, congresista Pérez Tello.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— Presidente, muchas gracias.

En primer término, este proyecto de ley también tenía que ser dictaminado por la Comisión de Justicia. Sin embargo, no pediremos que vaya a esa Comisión porque nos parece una iniciativa cuya aprobación podría decidirse hoy en el Pleno y es necesaria para la tranquilidad del personal de la Policía Nacional.

Los argumentos esgrimidos y sustentados por el presidente de la Comisión de Defensa señalan la situación real de los miembros de la Policía Nacional: están mal pagados; arriesgan su vida y la tranquilidad de su familia en cada uno de sus actos; tienen un sueldo por debajo de la media de funciones similares en el sector privado o un empleado público; sus ingresos adicionales, cuidando un banco o un restaurante, son conseguidos sin que tengan ningún tipo de protección por parte

del Estado, lo que, sin duda, daña su autoestima y atenta contra la imagen institucional; la diferencia de sueldo entre un suboficial y un suboficial de mayor rango es de 500 nuevos soles en los ocho grados que existen, lo cual, además de no fomentar la productividad, impide que tengan el dinero para pagar su defensa, en el supuesto de que se les denuncie en ejercicio de su función, lo que, a su vez, no permite que puedan presentarse a los ascensos y hace que generalmente sean enviados a zonas distintas de aquella en que residían antes.

Esto nos tiene que hacer pensar. ¿Qué cosa estamos haciendo por la Policía Nacional en un momento en que la seguridad ciudadana es la preocupación de todos y todas los peruanos y peruanas?

Si bien es cierto el texto podría cubrir esa necesidad, tiene algunos vacíos que pido al presidente de la Comisión de Defensa tenga a bien cubrirlos para que podamos respaldar la propuesta de ley en su integridad.

Lo primero, sin duda, es lo que señaló la congresista Chávez. Eso tiene que contemplarse, porque no se trata tampoco de que el Estado termine financiando a personas que, dañando la imagen de la institución, resulten responsables por haber hecho abuso del poder que se les ha conferido. En ese sentido, habría que tomar solo la primera parte del artículo 4 del Decreto Supremo 0222008DESG… No nos olvidemos de que este decreto supremo regula también…

—Asume la Presidencia el señor Marco Tulio Falconí Picardo.

El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Falconí Picardo).— Concluya, congresista Pérez Tello.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— Para terminar, recomiendo que se incorpore la primera parte del artículo 4 del mencionado decreto supremo, que textualmente dice:

“En caso se determine responsabilidad penal mediante sentencia consentida o ejecutoriada, el beneficiario de la defensa legal sufragada por el Estado, quedará obligado a reintegrar los gastos de dicha defensa”.

Lo que, por supuesto, se reglamentará en el decreto correspondiente.



1878

Lo otro que quería plantear es la recomendación del Tribunal Supremo de Justicia Militar, que se ajusta a la realidad, y es que se forme un cuerpo jurídico que adquiera el expertise necesario. Porque lo que pasa hoy es que para defender a estos policías se presentan jóvenes que no necesariamente tienen la experiencia suficiente para hacer una buena defensa y no adquieren el expertise porque son cambiados en cada uno de los procesos. Eso habría que añadirlo en el primer párrafo del artículo, en que se establece la responsabilidad del Ministerio del Interior.

Espero que se tomen en cuenta ambas sugerencias. De ser así, votaremos a favor de la propuesta de ley.

El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Fal-coní Picardo).— Por alusión, tiene el uso de la palabra el congresista Rimarachín.

El señor RIMARACHÍN CA-BRERA (AP-FA).— Presidente, a mi colega Mulder debo decirle que lo que definió fue la proporcionalidad, no la racionalidad. Le invito a que consulte el diccionario de la Real Academia Española.

Racionalidad es diferente de proporcionalidad. La proporcionalidad se refiere a los hechos, no a la conclusión que yo saque mentalmente. La proporcionalidad se da en álgebra, de modo que también revisemos eso.

Pido, como una cuestión previa, que la propuesta de ley retorne a Comisión para que se coteje con el Proyecto de Ley 081, porque estamos poniendo la carreta delante de los caballos. Una cosa depende de la otra, esto es clarísimo. Acá se quiere proteger a violadores de derechos humanos, y eso no podemos permitirlo.


El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Fal-coní Picardo).— Hago recordar al congresista Rimarachín que no es procedente plantear una cuestión previa cuando se hace uso de la palabra por alusión o por interrupción.

En vista de que ha concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista José Urquizo, presidente de la Comisión de dictaminadora.

Antes, se va a dar lectura al artículo del Reglamento del Congreso correspondiente a las cuestiones previas.


“Reglamento del Congreso de la República

Cuestiones previas

Artículo 60. Las cuestiones previas se plantean en cualquier momento del debate y antes de las votaciones, a efecto de llamar la atención sobre un requisito de procedibilidad del debate o de la votación basado en hechos o solicitar el regreso de un asunto a Comisiones por no encontrarse suficientemente estudiado. El Presidente concederá un máximo de tres minutos para plantearla y de inmediato la someterá sin debate a votación; sin embargo, en casos excepcionales puede abrir debate, señalando el tiempo máximo que concederá a cada orador para intervenir.”

El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Falconí Picardo).— Conforme al artículo a que se ha dado lectura, pido a los señores congresistas que se sirvan registrar su asistencia para someter al voto la cuestión previa.

Le hemos concedido el uso de la palabra y ha planteado la cuestión previa…

Congresista Mulder, le hemos vuelto a dar la palabra al congresista Rimarachín…

En todo caso, tiene el uso de la palabra el congresista Rimarachín.

El señor RIMARACHÍN CABRERA (AP-FA).— Señor Presidente, voy a pedirla formalmente. No podemos ser más reglamentaristas que el Reglamento. Si bien he intervenido por alusión, en ninguna parte del Reglamento se dice que no puedo plantear una cuestión previa. Pero, para que esté tranquilo el colega Mulder, aunque eso no se dice en el Reglamento, voy a plantearla en la estación que corresponde. Pido formalmente que la propuesta de ley retorne a Comisión por los argumentos que he dado: que primero se debe discutir acá el Proyecto de Ley 081 y que lo coteje la Comisión con el que está en debate para no cometer irregularidades.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Falconí Picardo).— En vista de que el congresista Rimarachín ha planteado una cuestión previa, pido a los señores representantes que se sirvan registrar su asistencia para proceder a votar.

—Los señores congresistas registran su asistencia mediante el sistema digital para verificar el quórum.



El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Fal-coní Picardo).— Han registrado su asistencia 71 señores congresistas.

Al voto la cuestión previa.


—Efectuada la votación, se rechaza, por 65 votos en contra, tres a favor y una absten-ción, la cuestión previa planteada.

El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Fal-coní Picardo).— Ha sido rechazada.

Se deja constancia del voto en contra de los congresistas Chacón De Vettori, Molina Martínez y Ruiz Loayza; y del voto a favor del congresista García Belaunde.

“Votación de la cuestión previa del congresista Rimarachín Cabrera

Señores congresistas que votaron en con-tra: Acuña Peralta, Aguinaga Recuenco, Angulo Álvarez, Anicama Ñañez, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Canches Guzmán, Capuñay Quispe, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Ccama Layme, Chávez Cossío, Chehade Moya, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, Crisólogo Espejo, Cuculiza Torre, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Eguren Neuenschwander, Fujimori Higuchi, Gamarra Saldívar, Grandez Saldaña, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Iberico Núñez, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, Llatas Altamirano, López Córdova, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Mora Zevallos, Mulder Bedoya, Nayap Kinin, Neyra Huamaní, Oseda Soto, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Tello de Rodríguez, Portugal Catacora, Reátegui Flores, Reggiardo Barreto, Reynaga Soto, Rivas Teixeira, Rodríguez Zavaleta, Romero Rodríguez, Salazar Miranda, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Solórzano Flores, Spadaro Philipps, Tan de Inafuko, Uribe Medina, Urquizo Maggia, Urtecho Medina, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Valqui Matos, Yrupailla Montes y Zerillo Bazalar.

Señores congresistas que votaron a favor: Guevara Amasifuen, Inga Vásquez y Rimarachín Cabrera.

Señor congresista que se abstuvo: Merino De Lama.”

El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Fal-coní Picardo).— Finalmente, tiene la palabra el congresista Urquizo Maggia, presidente de la Comisión de Defensa Nacional.

El señor URQUIZO MAGGIA (NGP).— Señor Presidente, en primer lugar, agradezco a los congresistas que casi por unanimidad han evitado que esta propuesta de ley pase a un cuarto intermedio o retorne a Comisión o se siga dila

tando la producción legislativa del Parlamento Nacional.

De igual manera, rechazamos las afirmaciones de que los miembros de la Policía Nacional del Perú son violadores de derechos humanos. Creo que ese calificativo no está a la altura de las circunstancias. Así como tenemos congresistas y congresistas, funcionarios y funcionarios, también tenemos seguramente policías y policías. Pero de ninguna manera se puede perjudicar y petardear la institucionalidad de la Policía Nacional del Perú, que merece nuestro pleno respaldo.

Por otro lado, lo que la presente iniciativa legislativa pretende es complementar una norma ya dada, el Decreto Supremo 0222008DESG. No se trata de encubrir, de dar impunidad en el trabajo que puede desarrollar la Policía Nacional del Perú.

En ese sentido, se han recogido los aportes, las sugerencias para mejorar el texto. Como tal, se ha acogido el pedido de la congresista Pérez Tello, presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a fin de que la defensa legal por parte del Ministerio del Interior se brinde a través de un cuerpo jurídico permanente y no improvisado.

Por otro lado, se ha recogido la sugerencia, en la que coinciden la congresista Martha Chávez y el congresista Rimarachín, respecto al reembolso. Es decir, aquellos miembros de la Policía que incurriesen en presunta comisión de delito y la sentencia les sea desfavorable tendrán que reembolsar el monto abonado en su defensa legal.

También ha sido incorporado el aporte planteado por el congresista Jaime Delgado, que ha merecido el respaldo de otros señores congresistas, en el sentido de que esta defensa legal no solo será ante el Ministerio Público y el Poder Judicial, sino también ante el Fuero Militar Policial.

Y queda claro que es por la presunta comisión de delitos en el ejercicio regular de sus funciones.



1880

Los delitos de secuestro, violación sexual u otros atropellos que pudiesen incurrir en la vía civil como ciudadanos no están en los alcances de la propuesta de ley.

Debe quedar claro, y está en el reglamento y en la Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú, qué entendemos por ejercicio regular de sus funciones.

Señor Presidente, el texto consensuado está siendo distribuido —entiendo— en este momento. Esta iniciativa, que es del congresista Spadaro, ha sido aprobada por unanimidad en la Comisión de Defensa. Agradezco a los miembros de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos por su anuencia, siendo la Comisión de Defensa la Comisión dictaminadora secundaria, por la atención que ha merecido esta propuesta de ley, gracias a la exoneración de la Junta de Portavoces, lo que permitió que ingrese a debate.


El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Falco-ní Picardo).— Se va a dar lectura al texto sustitutorio remitido por el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas.


“Texto sustitutorio

Presentado el 31 de octubre de 2012 a las 12 horas y 56 minutos

Ley que establece la defensa legal del policía

Artículo 1. Defensa legal al personal policial.

El Ministerio del Interior, a través de un cuerpo jurídico permanente, brinda defensa legal al personal de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad que se encuentra comprendido o involucrado en investigaciones o denuncias ante el Ministerio Público o en procesos judiciales ante el fuero común, y el Fuero Militar Policial, por presunta comisión de delitos en el ejercicio regular de sus funciones.

Artículo 2. Reembolso.

Al solicitar la defensa judicial el miembro de la Policía Nacional del Perú suscribirá un compromiso de pago con el Ministerio del Interior. En caso de que la sentencia consentida o ejecutoriada le sea desfavorable, deberá reembolsar el monto abonado

por concepto de honorarios profesionales de la asesoría especializada a la finalización del proceso.

Artículo 3. Recursos.

Lo dispuesto en el artículo 1 es con cargo a los recursos del Ministerio del Interior.

José UrqUizo Maggia, ........................................ Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas.”

El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Falconí Picardo).— Ha concluido el debate.

Pido a los señores congresistas que se sirvan registrar su asistencia para proceder a votar.


El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Falco-ní Picardo).— Han registrado su asistencia 74 señores congresistas.

Al voto.


—Efectuada la consulta, se aprueba, en primera votación, por 71 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención, el texto sustitutorio del proyecto de Ley que establece la defensa legal del policía.

El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Fal-coní Picardo).— Ha sido aprobado en primera votación.

Se deja constancia del voto a favor de los congresistas Rondón Fudinaga, Gamarra Saldívar, Uribe Medina y García Belaunde.




LEY QUE ESTABLECE LA DEFENSA LE-GAL DEL POLICÍA

Artículo 1. Defensa legal al personal poli-cial

El Ministerio del Interior, a través de un cuerpo jurídico permanente, brinda defensa legal al per



sonal de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad que se encuentra comprendido o involucrado en investigaciones o denuncias ante el Ministerio Público o en procesos judiciales ante el fuero común, y el Fuero Militar Policial, por presunta comisión de delitos en el ejercicio regular de sus funciones.

Artículo 2. Reembolso

Al solicitar la defensa judicial el miembro de la Policía Nacional del Perú suscribe un compromiso de pago con el Ministerio del Interior. En caso de que la sentencia consentida o ejecutoriada le sea desfavorable, deberá reembolsar el monto abonado por concepto de honorarios profesionales de la asesoría especializada al finalizar el proceso.

Artículo 3. Recursos

Lo dispuesto en el artículo 1 es con cargo a los recursos del Ministerio del Interior.


“Primera votación del nuevo texto sustitutorio del Proyecto de Ley 787

Señores congresistas que votaron a favor: Acuña Peralta, Aguinaga Recuenco, Angulo Álvarez, Anicama Ñañez, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Canches Guzmán, Capuñay Quispe, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Ccama Layme, Chacón De Vettori, Chávez Cossío, Chehade Moya, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, Crisólogo Espejo, Cuculiza Torre, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Eguren Neuenschwander, Fujimori Higuchi, Gagó Pérez, Grandez Saldaña, Guevara Amasifuen, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Iberico Núñez, Inga Vásquez, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, López Córdova, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Merino De Lama, Molina Martínez, Mora Zevallos, Mulder Bedoya, Nayap Kinin, Neyra Huamaní, Oseda Soto, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Tello de Rodríguez, Portugal Catacora, Reátegui Flores, Reggiardo Barreto, Reynaga Soto, Rivas Teixeira, Rodríguez Zavaleta, Romero Rodríguez, Salazar Miranda, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Solórzano Flores, Spadaro Philipps, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Tubino Arias Schreiber, Urquizo Maggia, Urtecho Medina, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Valqui Matos, Wong Pujada, Yrupailla Montes y Zerillo Bazalar.

Señor congresista que votó en contra: Rimarachín Cabrera.”

El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Falconí Picardo).— Tiene la palabra el presidente de la Comisión dictaminadora.

El señor URQUIZO MAGGIA (NGP).— Señor Presidente, tomando en consideración que la propuesta de ley ha merecido la aprobación casi unánime en primera votación, solicito que se la exonere de segunda votación.

El señor PRESIDENTE.— En atención a la solicitud del presidente de la Comisión dictaminadora, se va a consultar, con la misma asistencia, la exoneración de segunda votación.

Al voto.


—Efectuada la votación, se acuerda, por 70 votos a favor, uno en contra y una absten-ción, exonerar de segunda votación el texto sustitutorio del proyecto de Ley que establece la defensa legal del policía.

El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Falconí Picardo).— Ha sido acordada.

Se deja constancia del voto a favor de los congresistas Rondón Fudinaga, Gamarra Saldívar, Uribe Medina y Llatas Altamirano; y de la abstención del congresista Diez Canseco Cisneros.

“Votación de la exoneración de segunda votación del nuevo texto sustitutorio del

Proyecto de Ley 787

Señores congresistas que votaron a favor: Acuña Peralta, Aguinaga Recuenco, Angulo Álvarez, Anicama Ñañez, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Canches Guzmán, Capuñay Quispe, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Ccama Layme, Chacón De Vettori, Chávez Cossío, Chehade Moya, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, Crisólogo Espejo, Cuculiza Torre, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Eguren Neuenschwander, Fujimori Higuchi, Gagó Pérez, Grandez Saldaña, Guevara Amasifuen, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Iberico Núñez, Inga Vásquez, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, López Córdova, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Merino De Lama, Molina Martínez, Mora Zevallos, Mulder Bedoya, Nayap Kinin, Neyra Huamaní, Oseda Soto, Pérez



1882

del Solar Cuculiza, Portugal Catacora, Reátegui Flores, Reggiardo Barreto, Reynaga Soto, Rivas Teixeira, Rodríguez Zavaleta, Romero Rodríguez, Salazar Miranda, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Solórzano Flores, Spadaro Philipps, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Tubino Arias Schreiber, Urquizo Maggia, Urtecho Medina, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Valqui Matos, Wong Pujada, Yrupailla Montes y Zerillo Bazalar.

Señor congresista que votó en contra: Rimarachín Cabrera.

Señora congresista que se abstuvo: Pérez Tello de Rodríguez.”

Se inicia el debate del texto sustitutorio contenido en el dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, De-sarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, por el que se propone modificar la Ley 25054, Ley que norma la fabricación, comercio, posesión y uso por particulares de armas y municiones que no son de guerra

El señor PRESIDENTE (Marco Tulio Falco-ní Picardo).— Se va a dar lectura a la sumilla del siguiente punto de la agenda.


Dictamen por unanimidad de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, con un texto sustitutorio de los Proyectos de Ley 735 y 1166/2011CR mediante el cual se propone modificar la Ley 25054, Ley que norma la fabricación, comercio, posesión y uso por particulares de armas y municiones que no son de guerra.*

—Asume la Presidencia el señor Juan Car-los Eguren Neuenschwander.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwan-der).— Tiene la palabra el congresista José Urquizo, presidente de la Comisión dictaminadora, hasta por diez minutos.

El señor URQUIZO MAGGIA (NGP).— Señor Presidente, se trata de dos iniciativas legislativas —los Proyectos de Ley 735 y 1166— a través de las cuales se pretende modificar la Ley 25054, Ley que norma la fabricación, comercio,

posesión y uso por particulares de armas y municiones que no son de guerra.

La primera iniciativa —el Proyecto de Ley 735— ingresó a la Comisión el día 17 de enero del presente año. La segunda —el Proyecto de Ley 1166— ingresó a la Comisión el día 28 de mayo. Ambas iniciativas han sido acumuladas y han merecido la atención por parte de la Comisión de Defensa Nacional en su sesión del 3 de octubre.

Quiero destacar que el primer proyecto de ley, el 735, constituye el resultado del trabajo de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana. Por su parte, el Proyecto de Ley 1166 es una propuesta legislativa del Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú, a iniciativa de la congresista Ana María Solórzano, actual presidenta de la Comisión de Inteligencia.

¿Qué se pretende?

Se pretende modificar la Ley 25054, teniendo en cuenta la coyuntura actual en que los índices de inseguridad ciudadana son alarmantes y diariamente observamos muertes ocasionadas por armas de fuego usadas por bandas; que es necesario establecer una legislación con mayores requisitos y controles para la obtención de las licencias de armas de fuego; y que el artículo 44 de la Constitución Política establece que son deberes primordiales del Estado “defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”.

Ya que en los últimos años se ha incrementado la delincuencia, la ola de secuestros, los asaltos, el ajusticiamiento por parte de la criminalidad organizada, es necesario establecer reglas claras para el uso particular de armas y contribuir al proceso de erradicación de la delincuencia.

La propuesta establece, para la obtención de una licencia, que el solicitante presente certificados negativos, penales, judiciales y policiales.

Se ha considerado un límite de dos armas por persona, salvo casos debidamente justificados, en que podría ampliarse hasta cinco.

Se considera, además, que en el caso de las armas deportivas se establezca la cantidad de acuerdo con la acreditación que emita la federación de




portiva nacional, debidamente reconocida por el Instituto Peruano del Deporte.

Adicionalmente a lo aprobado por la Comisión, se remite al reglamento lo referido a las armas para seguridad y vigilancia armada, y para el deporte, a fin de que se determine el límite.

Se propone que sea el reglamento el que establezca los requisitos para el otorgamiento de las licencias, considerando, además, que la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Dicscamec) realice la verificación anual del arma, requisito sin el cual no se podrá renovar la licencia.

Con relación a las prohibiciones, se han eliminado las que están tipificadas en el Código Penal, y se ha incorporado la prohibición de entregar armas en depósito, de usar armas distintas de la autorizada y de usar armas para fines distintos del autorizado.

A solicitud de la Dicscamec, se ha incorporado la prohibición de importar o usar armas restringidas, de acuerdo con lo señalado en la iniciativa legislativa.

Se ha considerado necesario eliminar el establecimiento del Registro Único de Armas de Fuego y Municiones de Uso Civil a cargo de la Dicscamec, propuesto en el texto aprobado, ya que ello constituye iniciativa de gasto. En la actualidad, la Dicscamec ha adquirido un sistema de registro de armas y municiones.

Por último, se considera la aprobación de un nuevo reglamento, tomando como referencia la antigüedad de la Ley 25054, a fin de que puedan adecuarse las modificaciones contenidas en la presente iniciativa.

Teniendo en consideración que ambas iniciativas legislativas, acumuladas en un texto sustitutorio, han sido aprobadas por unanimidad, solicito que el debate se regule de acuerdo con el artículo 55 del Reglamento del Congreso de la República.

Muchas gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— No estamos siendo estrictos en el tiempo, a pesar de que el Reglamento del Congreso señala que en el caso de que el dictamen se apruebe por unanimidad cada bancada tendrá dos minutos para expresar su posición. Pero pedimos a los oradores que sean prudentes en el uso del tiempo.

Puede intervenir el congresista Mauricio Mulder.

El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Presidente, sin duda este es un proyecto de ley enmarcado en el tema de seguridad ciudadana y tiene que ver sustantivamente con el uso de armas de fuego por parte de la delincuencia común. Pero es

una ilusión pretender que con esta propuesta de ley vamos a evitar ese problema, porque es solo para los que tienen formalmente su arma, o sea, para los que cumplen con la ley. Obviamente, ni los secuestradores ni los asesinos ni los delincuentes andan con armas con sus respectivas licencias. Ellos tienen armas de contrabando.

Más bien nos gustaría que se propongan leyes con ideas novedosas en materia de reprimir el contrabando de armas en el Perú y de sancionar el uso de armas ilegales. Porque ya hemos visto acá el caso, por ejemplo, de un exparlamentario que utilizó un arma ilegal en algún momento y después la Comisión respectiva determinó que, bueno, no era un asunto muy grave. Es un asunto muy grave tener armas ilegales. Y que encima un parlamentario la tuviera fue sumamente grave. Pero no pasó nada.

Entonces, ese tipo de cosas no deben servir para que nosotros creamos que es un espejismo aprobar una norma como esta. Pero creo que el texto apunta en forma correcta a que se mantenga una mejor coordinación entre el Estado, que viene a ser en este caso la Dicscamec, y el usuario del arma.

La única parte que no entiendo es la siguiente. Si a usted, cumpliendo con todos los requisitos, le dan una licencia que va a tener cinco años de vigencia, ¿por qué han establecido como requisito adicional que cada 12 meses tiene usted que ir con su arma a hacer su cola para registrarla? Y seguramente le van a cobrar por eso, porque esto debe ser un requisito solicitado por la Dicscamec, tengo la plena seguridad, para tener más cosas que hacer y más cosas que cobrar. Encima eso se está determinando en el reglamento. Si usted tiene una licencia no tiene por qué estar haciendo cada 12 meses el registro de su arma, ni menos que eso sea un requisito para la renovación.

¿Qué sucede si usted no va el primer año, no va el segundo año, pero todavía tiene licencia, el tercer año tampoco va y el cuarto año decide ir porque se viene su renovación? ¿Qué pasa con los cuatro años anteriores? ¿Entonces le dirán “no, ya no se



1884

la podemos renovar”? Entonces, ¿para qué sirve la licencia de cinco años si cada año va a tener que cumplir con un requisito burocrático?

De manera que, creo, este alcance no es pertinente y más bien pone una serie de dificultades, porque no solamente hablamos de las armas que se utilizan para la defensa personal, sino también las de caza, por ejemplo. O sea, ¿todos los que practican caza o tiro deportivo van a tener que ir todos los años a que sus armas se las calibren, se las vean, se las analicen? No me parece.

Salvo esa atingencia, creo que la propuesta de ley tiene alcances positivos en la medida que va restringiendo el uso de armas. O sea, la despistolización también tiene que entrar, en lo posible, para las armas formales, porque también se asesina con armas formales. El uso de armas de fuego en hogares ha sido siempre criminógeno. Evidentemente, uno tiene que tener mucho cuidado en eso. No podemos alentar el uso de las armas. Y hemos visto como en otros países donde es común el uso de armas de fuego también es común todo tipo de homicidios, cometidos incluso por niños en escuelas. Así que ese tipo de cosas tenemos que manejarlas con alerta porque pueden ocurrir en un país como el nuestro.

Pero tampoco se trata de que quienes cumplen con la norma deban ser sometidos cada vez más a requisitos adicionales, que, en este caso, son seriamente engorrosos y se van a prestar a la corrupción. Porque ya sabemos que la lógica de la burocracia es poner siempre normas para poder después medrar con la corrupción. Si usted pone cada vez más requisitos, lo único que va a hacer es que el usuario no los pueda cumplir, pero que pueda resolver eso arreglando por lo bajo.

Yo creo que establecer cada vez más requisitos, sin una justificación real o aparente, es una política burocrática y puede propender a la corrupción. De manera que solicitaría que se saque ese párrafo que se ha adicionado. El resto de la propuesta de ley me parece que debe merecer nuestro voto a favor.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Egu-ren Neuenschwander).— Tiene la palabra el congresista Martín Belaunde.

El señor BELAUNDE MOREY-RA (SN).— Señor Presidente, quisiera agregar dos o tres pensamientos. En esencia, estoy de acuerdo con lo manifestado por el

congresista que me ha antecedido en el uso de la palabra.

Tendría una pregunta. Me dicen que el artículo 13, que lo tengo aquí a la vista, alude a la presentación de certificados negativos respecto de antecedentes penales, policiales y judiciales. Me afirman también que no existen esos certificados. Quizá se podría hacer un cambio en la redacción y decir “la presentación de certificados que eliminen antecedentes de carácter judicial, penal o policial”.

Pero hay otro aspecto que va a la sustancia del tema. En efecto, aquí podría haber una, no alusión, sino ilusión de la disminución de la delincuencia por el hecho de que se disminuya el número de armas legales en poder de la población civil que tiene licencias. Entonces, ya no van a ser cinco, van a ser dos. ¿Qué pasa con las tres restantes? ¿Se destruyen? Porque, si no tienen licencia, se tendrían que destruir, no van a quedar flotando o perdidas por ahí para que puedan ser utilizadas. Entonces, tendría que haber un proceso de destrucción de tres armas. Eso no me parece correcto. Por lo menos se debe aceptar el plazo de la licencia que, si mi memoria no me traiciona, es de cinco años. Lo digo porque acabo de renovar una licencia para un arma que tengo por recuerdo familiar, pues nunca he utilizado armas de fuego en mi vida.

Pero, una vez que se toma una decisión sobre esto, tenemos lo que se ha aludido antes: estar presentándose todos los años ante la Dicscamec. ¿Y qué cosa vamos a tener? Colas interminables, confusiones, mal humor, desagrado. Eso no ayuda en nada a combatir la delincuencia. Me parece más bien una ley ociosa, porque esa verificación cada 12 meses verdaderamente carece de justificación.

Lo que yo me pregunto es si la Dicscamec va a estar en condición de llamar a todos y cada uno de los portadores o tenedores de licencias —que, por lo demás, la Dicscamec los tiene en sus archivos— para que acrediten la existencia del arma.

Creo que en este aspecto esta propuesta de ley no ha sido bien pensada ni bien diseñada. Debería mantenerse incólume el plazo de cinco años y respetarse.

Ese sería mi punto de vista, señor Presidente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Egu-ren Neuenschwander).— Tiene la palabra la congresista Martha Chávez.



La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPF).— Señor Presidente, yo también quiero hacer una atingencia con relación al plazo.

Por un lado, la licencia de posesión de armas, según el artículo 13 de

la ley vigente y la propia propuesta de ley, tiene una vigencia de cinco años. Sin embargo, se está autorizando para que la Dicscamec cada 12 meses verifique el arma, lo que constituye un requisito para la renovación de la licencia de posesión y uso de arma de fuego.

No entiendo qué vinculación, qué relación hay entre el hecho de establecer un plazo de cinco años para la validez de la licencia y el hecho de establecer que cada 12 meses hay una verificación del arma, lo que además se considera como requisito para la renovación de la licencia, que se tiene que hacer cada cinco años.

Ahora, antes de pasar al otro tema, entiendo que en el reglamento se dirá cómo se va a efectuar esa verificación. El propietario va a llevar el arma a la Dicscamec. Entiendo que puede ser así.

También planteo la posibilidad que la Dicscamec puede tener un registro de lo que se considera la huella dactilar de un arma de fuego, es decir, las ranuras que, cuando se percuta una bala, deja en esta el ánima de arma de fuego, lo que hace que se tenga prácticamente la huella de un arma y se pueda saber si con esa arma se disparó una munición.

Entonces, ¿por qué no avanzar hasta eso, para que cuando se venda un arma o se registre un arma la Dicscamec pueda tener un registro de la huella que deja en el proyectil al percutarlo a través de esa arma de fuego?

Luego considero que hay un error cuando, en el inciso 5 del artículo 27 del texto sustitutorio, se prohíbe utilizar armas y/o municiones como garantía prendaria. Ya no existen las garantías prendarias. Ahora existe lo que se llama la garantía mobiliaria, y existe una ley, la Ley 28677, Ley de Garantía Mobiliaria, que se publicó en marzo del 2006. Entonces, habría que adecuar esa prohibición del inciso 5 del artículo 27 al concepto de garantía mobiliaria.

Pero, además, considero, por una perfecta coordinación o armonización legislativa, que en esta propuesta de ley se agregue un cuarto artículo que modifique el artículo 4 de la Ley de Garantía Mobiliaria, artículo que contiene, dentro de la

norma general para las garantías mobiliarias, una serie de prohibiciones. Por pulcritud de técnica legislativa, sería necesario incorporar en ese artículo 4 la prohibición de que se den como garantía mobiliaria armas o municiones. Eso para salvar la integridad de la ley…

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Termine, congresista Chávez.

La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPF).— Para salvar la coherencia de la Ley de Garantía Mobiliaria y para que el que la lea puede tener la información de que está prohibido dar armas o municiones en garantía mobiliaria y pueda incluso recurrir a la ley sobre el uso de armas de fuego y de municiones.

También sugiero que en el artículo 16 del texto sustitutorio se establezca que la adquisición de municiones para armas de fuego puede efectuarse no solo por los titulares o representantes legales, sino también en los establecimientos debidamente autorizados; es decir, no se debe adquirir municiones fuera de los establecimientos debidamente autorizados. Eso quizá lo suponemos, pero sería bueno que la propia ley lo estableciera.

Por último, planteo esta inquietud: ¿Es necesario autorizar que se compre mensualmente un máximo de 200 cartuchos para arma corta? Me parece demasiado.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Egu-ren Neuenschwander).— Tiene la palabra el congresista García Belaunde.

El señor GARCÍA BELAUNDE (AP-FA).— Señor Presidente, no dudo de la buena intención del Gobierno y de la Policía en querer controlar el crimen organizado, aunque el desorganizado puede ser más peligroso. Pero encuentro

varias cosas en la propuesta de ley que podrían corregirse.

En primer lugar, que cada 12 meses los peruanos que tienen licencia de armas… que ¿cuántos serán? ¿Diez mil, 200 mil? O sea, 240 mil personas van a hacer cola cada 12 meses en un solo local en Lima. Se tendría que ir al Estadio Nacional para poder despachar. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Que 240 mil personas hagan cola para que verifiquen sus armas; o sea, cada año una cola de



1886

15 cuadras de personas con sus armas en el bolsillo para que las verifiquen. Van los Injertos del Fundo Oquendo y asaltan a los últimos de la fila, a los 15 o 20 últimos y tienen ya 20 armas para guardarse. Me parece ridículo. Eso me llama la atención.

Luego, no se dice nada respecto de las armas que se han perdido. No hay una amnistía, que tengo entendido que ha vencido. Hay gente que sacó su licencia de armas hace 20 años y el arma se le perdió, no está. Puede hacer una denuncia por robo, pero si no sabe cuándo ni cómo se perdió… O sea, tiene que haber una solución para esa gente, que tengo entendido que es mucha.

Finalmente, señor Presidente, mire lo que se dice acá:

“Las personas poseedoras de licencias para portar armas pueden adquirir mensualmente como máximo:

1. Doscientos cartuchos para cada arma corta o de puño. […]”

¿Mensualmente 200 cartuchos? O sea, ¿van a disparar cuatro o cinco balas por día, depende de si es sábado o domingo? Si se van de cacería, ¿van a gastar 50 balas o cartuchos? Se dice también: “Trescientos cartuchos para cada escopeta”. ¿Esa cantidad de cartuchos en una cacería de un mes o vamos a cazar todos los días? Es decir, van a barrer con los pocos venados que quedan en la sierra liberteña. ¿Qué cosa es esto? Además se dice: “Doscientos cartuchos para cada carabina”. O sea, si uno tiene dos carabinas, podrá comprar 400 cartuchos. Oiga, esto es una exageración. ¿O es que quieren tener la licencia para comercializar las balas y los cartuchos? Estamos creando aquí un mercado negro de gente que con licencia compra y revende los cartuchos y las municiones…

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Egu-ren Neuenschwander).— Termine, congresista García Belaunde.

El señor GARCÍA BELAUNDE (AP-FA).— Porque esto es lo que puede pasar.

Me ha pedido una interrupción el colega Javier Diez Canseco. Se la doy con mucho gusto, Presidente. Con su venia, por supuesto.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Egu-ren Neuenschwander).— Puede interrumpir el congresista Diez Canseco.

El señor DIEZ CANSECO CIS-NEROS (AP-FA).— Muchas gracias, señor Presidente. Congresista García Belaunde, gracias igualmente.

En primer lugar, a mí me preocupa, junto a los problemas mencionados, el hecho de que quede prohibido, por ejemplo, usar armas para fines no autorizados. Entonces, si alguien es asaltado en su domicilio y tiene una escopeta de caza, ¿no la puede usar? Es decir, tiene que establecerse por lo menos una excepción en situaciones de emergencia, porque es evidente que un caso de ese estilo puede presentarse y podría ser justificado el empleo de esa arma como mecanismo de autodefensa.

Me parece que las observaciones que han sido mencionadas son absolutamente coherentes, particularmente que el plazo para verificar el arma sea tan corto, que es algo que debe ser modificado, así como el número de cartuchos que se plantea en la norma propuesta.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Egu-ren Neuenschwander).— Puede continuar, congresista García Belaunde.

El señor GARCÍA BELAUNDE (AP-FA).— Para terminar, debo decir que el problema de la delincuencia no lo causan los que tienen armas con licencia. El problema de la delincuencia lo causan los que tienen armas sin licencia. Siempre les caemos a los formales, cuando el problema está en la informalidad, que representa el 80% en este tipo de cosas. Sobre eso hay que legislar.

Finalmente, ¿qué hacemos con los malos policías que alquilan sus armas a los delincuentes? ¿Qué hacemos cuando un delincuente cae con un arma de un custodio del orden? ¿Qué hacemos para evitar el tráfico de armas de manera irregular, sobre todo cuando viene de la autoridad, lo que es peor aún?

Considero que es una propuesta de ley muy interesante, sobre la que podemos debatir para mejorarla. Quizá el presidente de la Comisión de Defensa, con la apertura y la generosidad que siempre lo ha caracterizado, pueda aceptar que se ingrese a un cuarto intermedio para mejorar algunas cosas y luego poder aprobar la norma propuesta.

Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Egu-ren Neuenschwander).— Tiene la palabra el congresista Luis Iberico.

El señor IBERICO NÚÑEZ (APGC).— Presidente, quisiera empezar por una cuestión de sintaxis que veo en el artículo 2. En este se dice:

“Artículo 13. El otorgamiento de licencia de posesión y uso de armas de fuego se ciñen…”. Este último verbo está en plural, cuando lo correcto es que se diga “se ciñe”. Debe decirse “se ciñe”, no “se ciñen”. Ha habido una pequeña confusión que tenemos que corregir. Pero esto es lo accesorio. Vayamos al tema de fondo.

Hemos discutido esto en la Comisión de Defensa, en la que yo expresé la preocupación, porque se pretendía recortar la vigencia de las licencias de cinco a dos años. Yo estoy de acuerdo en que se mantenga en cinco años.

Es muy complicado que una persona cada dos años haga este trámite; además, la Dicscamec no se da abasto. Pero se ha agregado este párrafo por el cual la Dicscamec va a verificar el arma cada 12 meses. O sea, ha sido peor todavía esto, porque si bien no se trata de sacar licencia, de todas maneras, ya no cada dos años, sino cada año el usuario legal de un arma va a tener que venir a Lima, ir a la Dicscamec y hacer una verificación de la existencia del arma.

El congresista Víctor Andrés García Belaunde señaló que en un solo día iban a ir 240 mil personas. No va a ser así porque van a ir durante el año. Pero, si estableciéramos que la Dicscamec va a funcionar los 365 días del año y durante las 24 horas, vamos a tener a 700 personas diarias, suponiendo que no hay sábados, domingos ni feriados, haciendo cola; es decir, 30 personas por hora van a tener que ser atendidas bajo este criterio. Se complican mucho las cosas. Y, cuando las cosas son tan complicadas, lo que vamos a lograr es el efecto contrario. La gente no va a ir a hacer su control de arma y, por lo tanto, esto va a quedar como una ley muerta. La gente no va a hacer caso y todos vamos a estar en la informalidad.

Considero que esto del control anual del arma debería ser suprimido. No es posible hacerlo, es imposible. Y el remedio va a resultar peor que la enfermedad.

También discrepo de la cantidad máxima de cartuchos que pueden ser adquiridos mensual

mente, por dos motivos. Primero, si ya es difícil controlar las licencias de armas, ¿cómo vamos a controlar que cada persona compre un máximo de 200 cartuchos al mes? Son numerosas las tiendas que venden armas de fuego, son numerosas las tiendas que venden cartuchos, están en todas partes del país. ¿Cómo se va a llevar el control para saber que el señor fulano de tal ha comprado 201 balas en este mes? ¿Quién va a hacer el control? ¿Vamos a tener que establecer todo un sistema computarizado para que día tras día toda esta información de todas partes venga hasta la Dicscamec y allí puedan llevar el registro de quién compra 201 balas? Me parece difícil.

Por otro lado, 200 cartuchos en un mes pueden parecer muchos, pero ¿y el entrenamiento? El que usa arma en defensa propia no solamente va a disparar cada vez que lo asaltan, ojalá que eso no ocurra nunca; también va a disparar en el entrenamiento. Si se tiene 200 cartuchos mensuales, se tiene unas 15 cacerinas de 13 balas cada una. Si en un entrenamiento tiraste 15 cacerinas, algo frecuente en un entrenamiento, entonces se acabaron tus cartuchos.

Y estoy hablando de la persona individual, civil, común y corriente. ¿Qué pasa con las compañías de seguridad que tienen que entrenar a su personal? Van a ver limitado el entrenamiento de su personal por esta norma, que va a ser difícil de controlar. Yo creo que no pueden establecerse máximos.

Coincido con el congresista García Belaunde en que no se trata de ponerle más candados al que posee un arma legalmente. En efecto, el delincuente no va a una tienda a comprar un arma; compra un arma robada, a veces de malos policías o de malos militares, o la trae de contrabando, o hasta usa armas hechizas.

No estamos controlando eso. Quizá haya que ser más rigurosos —y eso lo propuse en el debate en la Comisión— para el otorgamiento inicial de la licencia de uso de armas. En ello hay poca rigurosidad porque, por ejemplo, el examen psicológico es —no voy a decir un saludo a la bandera, porque me veta Lucha Cuculiza— una cosa muy simbólica.

Yo he visto el examen, lo he pasado alguna vez y de verdad lo único que les preocupa a los consultorios psicológicos es que pagues para venir a dar el examen pues te hacen hacer cuatro dibujos y chau, ya estás autorizado y aprobado.

No se exige, por ejemplo, conocimiento de los mecanismos de un arma de fuego, sea pistola o



1888

revólver. Cuando uno va a manejar un carro y quiere obtener el brevete profesional, te exigen un conocimiento mínimo de la mecánica del automóvil, del motor, qué sé yo. Aquí no te exigen nada, y por eso ocurren los accidentes fatales. Gente que no conoce cómo funciona una pistola y que está limpiándola o jugando con ella de pronto la dispara y se mata o mata a una persona por casualidad.

Debería haber un examen de conocimiento de los mecanismos del arma de fuego para que un civil sepa qué esté llevando en su mano. Y otra cosa que debería aprobar el que va a usar un arma de fuego son los cuidados, las precauciones que tiene que tomar para usar esa arma y el conocimiento de la ley. Eso no te lo exigen. Por eso, las personas se descuidan, ponen el arma al alcance de los niños, no les ponen seguro, no saben cómo se debe usar, qué precauciones se deben tomar, dónde no la debe dejar, cuándo y cómo puede utilizarla.

Eso no se exige, eso debería exigirse y eso debería ser una sola vez. Que se apruebe un examen más riguroso sería mi recomendación. Y luego de obtenida la licencia, que esta se renueve cada cinco años. Hay que ver la forma de obligar, al que no renueve su arma a los cinco años, a hacerlo. Por ejemplo, que no pueda renovar su DNI. Sería cuestión de articular mediante las redes computarizadas con el Reniec a aquellos que tienen licencia de arma de fuego. Al que no renovó su arma de fuego, cuando vaya a renovar su DNI, le dirán: “Señor, usted no ha renovado su licencia de posesión y uso de arma de fuego, por tanto no puede sacar renovar su DNI”. Sería una fórmula para obligar a que la renueve cada cinco años.

Hay que buscar fórmulas como esa que simplifiquen la renovación de la licencia, pero hay que ser más rigurosos cuando se obtenga en un principio esa licencia, para que los que la soliciten sepan qué es un arma, cómo se usa, cómo funciona, qué dicen las leyes sobre su uso. En eso sí me parece que debería haber más rigurosidad.

Pero la parte administrativa sobre la renovación de licencia no me parece, ni menos aún la limitación del número de cartuchos que debe adquirirse mensualmente; al contrario, que compren mil cartuchos para entrenar y que usen bien sus armas los que van a emplear un utensilio de esta naturaleza.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Tiene el uso de la palabra el congresista Renzo Reggiardo.

El señor REGGIARDO BARRE-TO (GPCP).— Presidente, creo que el espíritu de este dictamen, que reúne dos proyectos de ley, es tratar de ponerle mayores requisitos a quienes obtienen licencias y portan armas legalmente.

¿Por qué? Porque hay una cifra espeluznante y muy preocupante: de las 240 mil personas que tienen licencias para portar armamento, o, mejor dicho, de las 240 mil armas legales —entre comillas— que existen en el sistema, hay 187 mil cuya tenencia es irregular; no ilegal, sino irregular. Y esas armas pueden terminar en manos de delincuentes. Es sobre esto que tenemos que normar, es sobre esto que tenemos que trabajar para que estas armas no formen parte de la actividad delincuencial. Por eso se presentaron los proyectos de ley.

Ahora bien, yendo al detalle del dictamen, coincido con los parlamentarios que han manifestado que se debe eliminar el control cada 12 meses en la Dicscamec. En el proyecto de ley de mi autoría —me refiero al 735—, y que también firmó por unanimidad la Comisión de Seguridad Ciudadana, se contemplaba que sea por dos años el tiempo de vigencia de las licencias para portar armas legales. Creo que eso se debería mantener. Con esto podemos evitar ese párrafo —que está, si no me equivoco, en el texto modificatorio del artículo 15— referido a que la Dicscamec debe verificar cada 12 meses el armamento que se adquiere legalmente.

En cuanto al número de los cartuchos que podrán adquirirse mensualmente, que ha generado algo de controversia de acuerdo con lo manifestado por los colegas, debo señalar que los clubes de tiro y las personas que practican la caza están absolutamente mortificados porque utilizan muchísimos cartuchos para sus actividades evidentemente lícitas. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se dice “cómo va a ser posible que se puedan comprar al mes 200 cartuchos”. Creo que esto hay que revisarlo bien porque nosotros también compartíamos la opinión de alguno de los colegas en el sentido que se limite a la menor cantidad posible. Sin embargo, estas organizaciones han manifestado su rechazo porque era mínimo lo que se estaba planteando, y ellas necesitan una cantidad muy importante para poder realizar sus actividades.



Para terminar, debo decir que es perfectible la propuesta de ley. Me parece que con los aportes que aquí se den se pueden hacer algunas modificaciones; pero creo también que es fundamental que se apruebe. Porque lo que queremos es evitar la tenencia irregular de armamento. El número de armas irregulares, reitero, supera las 180 mil; es decir, hay 187 mil armas irregulares. De esas 180 mil o 187 mil muchas terminan en manos delincuenciales. Entonces, es indispensable que esto se vea de una vez por todas.

No es cierto que la norma propuesta sea solamente para aquellos que tienen armas legalmente. Ya están en condición de irregulares aquellos que no han renovado. Claro, en muchos casos prefieren venderlas, ¿y a quiénes se las venderán? Terminan, reitero, en manos delincuenciales. Entonces, este es un tema prioritario.

Sí, creo que también hay que normar —y aquí tuvimos una brillante oportunidad— sobre la tenencia ilegal de armas, en la que están involucrados, fundamentalmente, los delincuentes. Hay que poner penas muy severas para la tenencia ilegal de armamento. Nosotros no lo pudimos hacer porque eso se descartó en ocasiones anteriores.

Me pide una interrupción Víctor Andrés García Belaunde.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Egu-ren Neuenschwander).— Puede interrumpir el congresista García Belaunde.

El señor GARCÍA BELAUNDE (AP-FA).— Quiero precisar lo que sostuve hace un momento.

Las 230 mil personas con licencia de armas, de acuerdo con este dato que tengo a la mano, son aquellas

que compraron armas o sacaron licencia en los años 2007, 2008, 2009, 2010 y las han comprado hasta el día de hoy. Sin embargo, en el Small Arms Survey del año 2007 se dice que el Perú —y saca la relación de armas que tiene todos los ciudadanos en el mundo— está en el puesto 20 y tiene 750 mil armas. O sea, hay 500 mil armas que están en la calle. Este es el tema.

Entonces, no pongamos más problemas y más dificultades a los legales para que todo el mundo se vaya luego a la ilegalidad.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Concluya, congresista Reggiardo.

El señor REGGIARDO BARRETO (GPCP).— Para terminar, tengo algunas sugerencias que se las voy a hacer llegar al presidente de la Comisión de Defensa, pues son varias y no las voy a poder manifestar en el poco tiempo que me queda.

Creo que esta propuesta de ley debe tener algunas modificaciones con, reitero, las sugerencia hechas en esta sesión para que pueda ser aprobada hoy. No creo que sea necesario que regrese a Comisión. La propuesta de ley puede ser votada hoy.

Me pide una interrupción la congresista Cenaida Uribe. Con mucho gusto se la concedo.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Egu-ren Neuenschwander).— Puede interrumpir la congresista Cenaida Uribe.

La señora URIBE MEDINA (NGP).— En la misma línea del congresista Renzo Reggiardo, expreso mi preocupación respecto a cómo se va a limitar la adquisición mensual de munición, por ejemplo, a los deportistas que practican tiro.

Lo gracioso de esto es que el tiro es el deporte que mayor cantidad de medallas olímpicas ha dado al país.

El Perú tiene cuatro medallas olímpicas en la historia. Una del señor Francisco Boza en tiro; otra de Edwin Vásquez en tiro; otra del señor Juan Ghia en tiro; y una cuarta en voleibol. ¿Y vamos a limitar a la gente de esta disciplina con relación a cuántos tiros tiene que hacer por día?

Entonces, quiero que esto se aclare. Es preocupante esta propuesta de ley si va a limitar la compra de municiones en el caso de la actividad deportiva.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Termine, congresista Reggiardo.

El señor REGGIARDO BARRETO (GPCP).— Termino, Presidente.

Creo que es fundamental que la Dicscamec esté interconectada con las instituciones, por ejemplo,



1890

que emiten certificados de antecedentes penales, policiales. Tiene que haber conexión, tiene que aplicarse ese sistema —me parece que es el AFIS— del registro digital con el registro de las armas debidamente adquiridas. Me parece que la Policía ya lo ha dado a conocer, ya ha adquirido ese sistema.

Pero todo esto tiene que estar en perfecta armonía y relación con la Dicscamec. Por lo tanto, modificando tal vez algunos artículos, como se ha planteado en esta sesión, de repente al final del día, no sé, eso depende del presidente de la Comisión de Defensa, podríamos tener un texto consensuado que permita contar con una ley importante, sin duda, respecto a aquellos que tienen armas irregulares. No estamos hablando de armas ilegales, pero las irregulares también pueden formar parte de la actividad delincuencial.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Egu-ren Neuenschwander).— Tiene la palabra el congresista Javier Bedoya.

El señor BEDOYA DE VIVANCO (APGC).— Señor Presidente, creo que hay una virtual coincidencia entre todos los que han intervenido expresando lo mismo. El exceso de regulación es lo que origina que mucha gente, para evitarse los

engorrosos y largos trámites anuales —ahora cada cinco años—, muchas veces incurren o caen involuntariamente en una situación irregular, porque habiendo obtenido lícitamente el arma, habiendo tramitado y obtenido la licencia, los excesos de regulación hacen que la gente incurra en falta ante la ley.

Hay que desregular. Hay que llevar un archivo adecuado, con sistemas computarizados, y espero que la Dicscamec lo haga. Pero acá se ha hablado de determinado tipo de armamento, y hay quienes tenemos otro tipo de armamento. Por ejemplo, cuando yo era diputado durante el primer gobierno de Alan García, entre 1985 y 1990, y estaba en pleno furor el terrorismo, la Cámara de Diputados importó un lote de pistolas Parabellum HK de Alemania y vendió el arma a los parlamentarios que deseaban adquirirla. Y como es un arma, ya no normal, sino de guerra, entonces yo, por ejemplo, para renovar la licencia tengo que ir al Comando Conjunto, además de la Dicscamec.

Entonces, son tan engorrosos los trámites que esto hace que uno incurra involuntariamente

en omisiones y en situaciones irregulares por no mantener vigente la licencia.

Creo que todos los que me han antecedido en el uso de la palabra han expresado claramente que hay que dar facilidades, porque lo que estamos regulando es a quienes estamos dentro de la legalidad, a quienes tenemos armas adquiridas o heredadas, en fin, lícitamente, a quienes hemos en algún momento hecho el trámite y obtenido las licencias. A esos se les ajusta, cuando no son ellos precisamente los que utilizan esas armas para delinquir, que es lo que tenemos que tratar de corregir.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Egu-ren Neuenschwander).— Tiene la palabra el congresista Omar Chehade.

El señor CHEHADE MOYA (NGP).— El congresista Víctor Andrés García Belaunde me pide una interrupción, Presidente.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Egu-ren Neuenschwander).— Puede interrumpir el congresista García Belaunde.

El señor GARCÍA BELAUNDE (AP-FA).— Presidente, solo necesito 30 segundos para precisar más lo que he sostenido.

De acuerdo con el informe de esta institución extranjera, en el Perú

de cada 100 personas 19 tienen armas. Curiosamente, en México, donde están los carteles, 15; o sea, en México están menos armados que en el Perú. En Colombia, donde hay guerrillas desde hace 50 años, seis. Pero en el Perú, 19. Tenemos más personas con armas que en Colombia, que en México, que en Brasil, que en El Salvador. Eso es realmente una burla.

Hagamos bien la ley para que no sucedan estas cosas.

Muchas gracias, señor Chehade.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Egu-ren Neuenschwander).— Le solicitan otra interrupción, congresista Chehade.

El señor CHEHADE MOYA (NGP).— Señor Presidente, encantado le concedo la interrupción a mi colega Cenaida Uribe.



El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Egu-ren Neuenschwander).— Puede interrumpir la congresista Cenaida Uribe.

La señora URIBE MEDINA (NGP).— Presidente, acabo de recibir las llamadas del presidente de la Federación de Tiro al Arco y del presidente de la Federación de Tiro de Flecha. Ellos están preocupadísimos porque estos aparatos

son considerados armas también. Lo que solicitan es que no se consideren estas armas de uso deportivo.

Están preocupados porque prácticamente este deporte está desapareciendo por esta traba que tienen. Si se consideran los tiros al arco y las flechas también, no tienen ninguna posibilidad de utilizarlos.

Espero tomen nota para que no sean considerados armas de fuego.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Egu-ren Neuenschwander).— Puede continuar, congresista Chehade.

El señor CHEHADE MOYA (NGP).— Presidente, hay un principal problema: una cosa son las armas legales y otra son las armas ilegales. Hay 500 mil con armas ilegales y 250 mil con armas legales.

Entonces, el principal problema es la informalidad, y con las armas provenientes de esta se cometen seguramente la mayor parte de delitos no solo de la criminalidad organizada, sino también de la criminalidad desorganizada.

Pero lo que nos preocupa es que dentro de las armas formales —porque el texto propuesto como iniciativa legislativa por mi colega Anita Solórzano es sobre las armas formales— se presentan dos problemas.

Para quien habla, el principal escollo es el examen psicológico. Como bien ha dicho Luis Iberico —con quien lo debatimos constantemente en la Comisión de Defensa—, quien desea pasar el examen psicológico que se pide para sacar una licencia de posesión y uso de arma lo único que tiene que hacer es pagar su tasa arancelaria. Es lo único que les preocupa históricamente a las autoridades. Ese es el principal problema.

Los principales homicidas o los personajes que han cometido una determinada cantidad de asesinatos, lo han hecho muchas veces por emoción violenta, porque no tienen un control sobre determinadas armas, porque no tienen evidentemente el estado normal que se aconseja. Por tanto…

Señor Presidente, el congresista Iberico me pide una… Perfecto.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— La congresista Solórzano, cuando intervenga, seguramente le concederá una interrupción al congresista Iberico.

El señor CHEHADE MOYA (NGP).— Entonces, creo que uno de los principales problemas es, efectivamente, el examen psicológico. Todo el mundo adquiere un arma sin haber pasado los requisitos principales del examen psicológico.

Le pido un minuto más para terminar, por favor.

Sin embargo, este no es el único problema. El otro problema es que se haya de pasar un control riguroso cada año. Eso sí creo que habría que modificar.

Si bien es un proyecto importante presentado por la bancada a través de la congresista Solórzano, es necesario señalar que se va a burocratizar la formalización de la adquisición y el control de dichas armas.

También estoy de acuerdo con Cenaida Uribe en lo relacionado con la adquisición de cartuchos. En todo caso, habría que tener una fórmula sustitutoria, o bien no imponer un tope máximo a la adquisición de cartuchos (en el texto se habla de 200), o podría ser que se mantengan los 200 cartuchos haciendo la excepción de aquellos usados por los deportistas o la federación o los clubes, que están facultados de hacer pruebas para el deporte.

Creo que serían dos fórmulas sustitutorias para lograr finalmente que se mejore este importante proyecto de ley presentado por la bancada nacionalista.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Egu-ren Neuenschwander).— Tiene la palabra la congresista Ana Solórzano.



1892

La señora SOLÓRZANO FLO-RES (NGP).— Señor Presidente, he escuchado a todos…

Me pide una interrupción el congresista Iberico.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Egu-ren Neuenschwander).— Puede interrumpir el congresista Luis Iberico.

El señor IBERICO NÚÑEZ (APGC).— Aparte de lo del examen psicológico, mencionado por mi colega Chehade, recomiendo y pido, por favor, que se preste atención a este planteamiento: que también se dé un examen de uso de arma de fuego

teórico y práctico. Práctico, porque el individuo debe demostrar que sabe armar, desarmar una pistola, un revolver y sabe apuntar y dispararle a un blanco. Teórico, porque debe demostrar que conoce las leyes, los reglamentos, las medidas de precaución y de prevención en el uso de un arma de fuego. Si no, sería una evaluación papayita, facilita y cualquiera podría tener un arma de fuego.

Para obtener una licencia de conducción de un carro nos toman un examen de reglas de tránsito, pero para sacar una licencia de posesión y uso de un arma de fuego ¿acaso nos preguntan qué dicen las leyes sobre el uso y empleo de las armas, qué es la proporcionalidad y la racionalidad? No nos lo piden, no nos preguntan eso. Eso debe conocer el que va a pedir la licencia por primera vez; la renovación debe ser casi automática.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Egu-ren Neuenschwander).— Puede continuar, congresista Solórzano.

La señora SOLÓRZANO FLORES (NGP).— Señor Presidente, el propósito de esta propuesta de ley no es, como se sugiere en las intervenciones de los congresistas, poner más trabas para adquirir un arma, sino que las personas que adquieran un arma de manera legal, cumpliendo los requisitos y el reglamento, no sean irresponsables. Es decir, si sufro, qué sé yo, un robo en mi casa, ¿entonces, ya no voy a la Dicscamec? Tengo que ir a la Dicscamec y decir: “Saben qué, me han robado y esta arma está perdida en este momento”. Es importante que el objetivo de la propuesta de ley se entienda así. Es necesario hacer un control de esas armas perdidas. No se

trata de poner trabas burocráticas, como se ha interpretado.

En el resto de las intervenciones, coincido con los congresistas.

En cuanto a la cantidad de cartuchos que se pueden adquirir, en el reglamento incluso es el triple. “Las personas poseedoras de licencias para aportar armas pueden adquirir mensualmente como máximo…”. En la propuesta de ley (artículo 16) se habla de 200 cartuchos para cada carabina, y en el reglamento (artículo 73), de 600. En la propuesta de ley se habla de 300 cartuchos para cada escopeta, y en el reglamento, de mil. En la propuesta de ley se habla de 200 cartuchos para cada arma corta o de puño, y en el reglamento, de 600.

Si bien es cierto esta propuesta de ley disminuye el máximo, lo que habría que ver, ante la preocupación de la congresista Uribe, es que esto se reglamente. Hay muchos puntos en los que va a ser difícil que nos pongamos de acuerdo en cantidades. Pero respaldemos esta propuesta de ley, que es en aras, primero, de evitar que sea tan fácil el trámite, y segundo, de cultivar la responsabilidad de las personas que van a solicitar la licencia de posesión y uso de un arma.

Creo que bajo esos pilares se podría sacar el día de hoy esta propuesta de ley. No sé si el presidente de la Comisión de Defensa acepte ir a un cuarto intermedio, pero debemos ver la manera de que al final de la sesión se apruebe de todos modos la norma.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Se suspende la sesión hasta las 15 horas y 30 minutos.

—Se suspende la sesión a las 14 horas y 8 minutos.

—Se reanuda la sesión a las 15 horas y 35 minutos.

—Reasume la Presidencia el señor Víctor Isla Rojas.

El señor PRESIDENTE (Víc-tor Isla Rojas).— Se reanuda la sesión.

Son aprobadas mociones de saludos al distrito de La Brea, a la provincia de Su-



llana, al distrito de José Leonardo Ortiz, al distrito de Arenal, al distrito de Cura Mori, al distrito de Alto Selva Alegre, al distrito de Saña, al departamento de Amazonas, al Instituto Especializado de Salud del Niño (IESN), al distrito de Santo Domingo, a la población católica huanuqueña, al distrito de Cachicadán, al distrito de Íllimo, al distrito de Nicolás de Piérola, al distrito de Pacaipampa, a la Universidad Nacional Federico Villa-rreal, al distrito de Calango, al distrito de Colán, a la provincia de Santiago de Chuco, a Radio Canto Grande, al distrito de Llipa, al Club de Leones de Lima, al Ins-tituto de Contadores del Perú, al distrito de La Matanza, a la ciudad de Sicuani, a la ciudad de Urubamba, a la Sociedad de

Beneficencia Pública de Trujillo

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Se va a dar lectura a varias mociones de saludo.


Mociones de Saludo

Del congresista Sarmiento Betancourt, saludando y felicitando al distrito de La Brea, provincia de Talara, departamento de Piura, con motivo de celebrar el 31 de octubre el octogésimo aniversario de su creación política.

Del congresista Díaz Dios, saludando a la provincia de Sullana, departamento de Piura, con motivo de celebrar el 4 de noviembre el centésimo primer aniversario de su creación política.

Del congresista Acuña Peralta, saludando al distrito de José Leonardo Ortiz, ubicado en la provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, con motivo de celebrar el 28 de noviembre el quincuagésimo primer aniversario de su creación.

Del congresista Sarmiento Betancourt, saludando y felicitando al distrito de El Arenal, provincia de Paita, departamento de Piura, con motivo de celebrar el 3 de noviembre el centésimo trigésimo octavo aniversario de su creación política.

Del congresista Sarmiento Betancourt, saludando y felicitando al distrito de Cura Mori, provincia y departamento de Piura, con motivo de celebrar el 31 de octubre el cuadragésimo séptimo aniversario de su creación política.

Del congresista Zamudio Briceño, saludando al distrito de Alto Selva Alegre, provincia y departamento de Arequipa, con motivo de celebrar el 6 de noviembre el vigésimo aniversario de su creación política.

Del congresista Acuña Peralta, saludando al distrito de Saña, ubicado en la provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, con motivo de celebrar el 29 de noviembre su cuadringentésimo cuadragésimo noveno aniversario de su creación.

Del congresista Sarmiento Betancourt, saludando y felicitando a la provincia de Sullana, departamento de Piura, con motivo de celebrar el 4 de noviembre el centésimo primer aniversario de su creación política.

Del congresista Becerril Rodríguez, expresando el más ferviente y efusivo saludo al departamento de Amazonas, con motivo de celebrar el 21 de noviembre el centésimo octogésimo aniversario de su creación política como departamento y el noveno aniversario de la región Amazonas.

Del congresista Gastañadui Ramírez, saludando a la provincia de Sullana, departamento de Piura, con motivo de celebrar el 4 de noviembre el centésimo primer aniversario de su creación política.

Del congresista Guevara Amasifuen, expresando un merecido saludo al Instituto Especial de Salud del Niño (IESN), con ocasión de celebrarse el 1 de noviembre su octogésimo tercer aniversario de vida institucional.

Del congresista Díaz Dios, saludando al distrito de Santo Domingo, provincia de Morropón, departamento de Piura, con motivo de celebrar el 4 de noviembre el centésimo vigésimo quinto aniversario de su creación política.

De la congresista Omonte Durand, expresando su saludo a la población católica huanuqueña y rendir su más ferviente homenaje a la imagen sagrada del Señor de Burgos, Rey de Huánuco, con motivo de celebrarse en el mes de octubre un año más de fe y devoción católica.

Del congresista León Rivera, expresando un justo homenaje, reconocimiento y saludo al distrito de Cachicadán, provincia de Santiago de Chuco, departamento de La Libertad, con ocasión de celebrar el 3 de noviembre el centésimo duodécimo aniversario de su creación política.

Del congresista Acuña Peralta, expresando su saludo y felicitación al distrito de Íllimo, ubicado



1894

en la provincia y departamento de Lambayeque, con motivo de celebrar el 22 de noviembre el centésimo séptimo aniversario de su creación política.

Del congresista Zamudio Briceño, saludando al distrito de Nicolás de Piérola, provincia de Camaná, departamento de Arequipa, con motivo de celebrar el 3 de noviembre el sexagésimo octavo aniversario de su creación política.

Del congresista Díaz Dios, saludando al distrito de Pacaipampa, provincia de Ayabaca, departamento de Piura, con motivo de celebrar el 23 de noviembre el centésimo sexto aniversario de su creación política.

De los congresistas Urquizo Maggia, Carrillo Cavero, López Córdova, Salazar Miranda, Zamudio Briceño, Cuculiza Torre, Tubino Arias Schreiber y Cárdenas Cerrón, expresando su saludo y felicitación a la Universidad Nacional Federico Villarreal, con motivo de celebrar el 30 de octubre el cuadragésimo noveno aniversario de su creación institucional.

Del congresista Spadaro Philipps, expresando su más sincera felicitación y saludo al distrito de Calango, provincia de Cañete, departamento de Lima, con motivo de celebrar el 4 noviembre el centésimo vigésimo quinto aniversario de su creación política.

Del congresista Díaz Dios, saludando al distrito de Colán, provincia de Paita, departamento de Piura, con motivo de celebrar el 14 de noviembre el centésimo cuarto aniversario de su creación política.

Del congresista Kobashigawa Kobashigawa, expresando su saludo y felicitación a la provincia de Santiago de Chuco, departamento de La Libertad, con motivo de celebrar el 3 de noviembre el centésimo duodécimo aniversario de su creación política.

Del congresista Gagó Pérez, expresando su saludo a Radio Canto Grande, con motivo de conmemorarse el 30 de octubre el décimo quinto aniversario de su fundación institucional.

De la congresista López Córdova, saludando y expresando su reconocimiento al distrito de Llipa, provincia de Ocros, departamento de Ancash, con motivo de celebrar el 15 de noviembre el quincuagésimo quinto aniversario de su creación política.

Del congresista Falconí Picardo, expresando su saludo y felicitación a todos los miembros y autoridades del Club de Leones de Lima y a nivel nacional, con motivo de conmemorarse el 23 de octubre el sexagésimo octavo aniversario del leonista peruano.

Del congresista Zerillo Bazalar, expresando el más efusivo saludo al Instituto de Contadores del Perú, con motivo de conmemorarse el 31 de octubre el centésimo duodécimo aniversario de su creación institucional.

Del congresista Díaz Dios, saludando al distrito de La Matanza, provincia de Morropón, departamento de Piura, con motivo de celebrar el 5 de noviembre el cuadragésimo octavo aniversario de su creación política.

Del congresista De la Torre Dueñas, expresando su más cálido saludo y felicitación a la ciudad de Sicuani, provincia de Canchis, departamento del Cusco, con motivo de celebrar el 4 de noviembre el centésimo vigésimo quinto aniversario de elevación de villa a ciudad del distrito de Sicuani.

Del congresista De la Torre Dueñas, expresando su más cálido saludo y felicitación a la benemérita ciudad de Urubamba, ubicada en el departamento del Cusco, con motivo de celebrar el 9 de noviembre el centésimo septuagésimo tercer aniversario de su elevación a benemérita ciudad de Urubamba.

Del congresista Acuña Núñez, saludando a la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo, con motivo de celebrar el 1 de noviembre el centésimo sexagésimo quinto aniversario de su creación.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se va a consultar sobre las mociones a que se ha dado lectura.

Los señores congresistas que estén a favor se servirán expresarlo levantando el brazo. Los que estén en contra, de la misma manera. Los que se abstengan, igualmente.

—Efectuada la votación, son aprobadas las mociones de saludo.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Han sido aprobadas.

—Los textos aprobados son los siguientes:

“El Congreso de la República;



Acuerda:

Primero.— Saludar y felicitar al distrito de La Brea, provincia de Talara, departamento de Piura, con motivo de celebrar el 31 de octubre de 2012 el octogésimo aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Pedro Alejandro Hoyos León, alcalde de la Municipalidad Distrital de La Brea; y, por su intermedio, a sus distinguidas autoridades y a toda la población del mencionado distrito.

Lima, 31 de octubre de 2012.”


Acuerda:

Saludar a la provincia de Sullana, departamento de Piura, con motivo de celebrar el 4 de noviembre de 2012 el centésimo primer aniversario de su creación política.



Acuerda:

Primero.— Saludar al distrito de José Leonardo Ortiz, ubicado en la provincia y departamento de Lambayeque, con motivo de celebrarse el 28 de octubre de 2012 el quincuagésimo primer aniversario de su creación.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Raúl Cieza Vásquez, alcalde de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz; y, por su intermedio a las autoridades civiles y políticas, así como a la población del mencionado distrito.



Acuerda:

Primero.— Saludar y felicitar al distrito de Arenal, provincia de Paita, departamento de Piura, con motivo de celebrar el 3 de noviembre de 2012 el centésimo trigésimo octavo aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción a la señora Malve del Carmen Luna Sandoval, alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Arenal; y,

por su intermedio, a sus distinguidas autoridades y a la población del mencionado distrito.



Acuerda:

Primero.— Saludar y felicitar al distrito de Cura Mori, provincia y departamento de Piura, con motivo de celebrar el 31 de octubre de 2012 el cuadragésimo séptimo aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Jorge Sosa Flores, alcalde de la Municipalidad Distrital de Cura Mori; y, por su intermedio, a sus distinguidas autoridades y a la población del mencionado distrito.



Acuerda:

Primero.— Saludar al distrito de Alto Selva Alegre, provincia y departamento de Arequipa, con motivo de celebrar el 6 de noviembre de 2012 el vigésimo aniversario de su creación.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Omar Candia Aguilar, alcalde de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre; y, por su intermedio, a los regidores y a las autoridades civiles, militares, así como en especial a la población del mencionado distrito.



Acuerda:

Primero.— Saludar al distrito de Saña, ubicado en la provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, con motivo de celebrar el 29 de noviembre de 2012 el cuadringentésimo cuadragésimo noveno aniversario de su creación.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Luis Rolando Urbina Andonayre, alcalde de la Municipalidad Distrital de Saña; y, por su intermedio, a las autoridades civiles y políticas, así como a la población del mencionado distrito.




1896


Acuerda:

Primero.— Saludar y felicitar a la provincia de Sullana, departamento de Piura, con motivo de celebrar el 4 de noviembre de 2012 el centésimo primer aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Jorge Camino Calle, alcalde de la Municipalidad Provincial de Sullana; y, por su intermedio, a las autoridades y a la población de la mencionada provincia.



Acuerda:

Primero.— Expresar su más ferviente y efusivo saludo al departamento de Amazonas, con motivo de celebrar el 21 de noviembre de 2012 el centésimo octogésimo aniversario de su creación política como departamento y el noveno aniversario de la región Amazonas.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor José Arista Arbildo, presidente del Gobierno Regional de Amazonas; y, por su intermedio, a las autoridades, al personal que labora en la sede del Gobierno Regional de Amazonas y a todos los pobladores del mencionado departamento, manifestando su compromiso con su desarrollo político, económico y social que genere bienestar e igualdad de oportunidades a toda su población.



Acuerda:

Primero.— Saludar a la provincia de Sullana, departamento de Piura, con motivo de celebrar el 4 de noviembre de 2012 el centésimo primer aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Jorge Hildebrando Camino Calle, alcalde de la Municipalidad Provincial de Sullana; y, por su intermedio, a las autoridades y a la población de la referida provincia, manifestándole la mejor disposición para contribuir con el desarrollo y progreso de la mencionada provincia.



Acuerda:

Primero.— Expresar un merecido saludo al Instituto Especializado de Salud del NiñoIESN, con ocasión de celebrarse el 1 de noviembre de 2012 su octogésimo tercer aniversario de vida institucional.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Roberto Shimabuku Azato, director del Instituto Especializado de Salud del Niño; y, por su intermedio, al cuerpo médico, enfermeras, personal auxiliar, administrativo y trabajadores, así como a las damas voluntarias que colaboran en el logro de sus altos fines institucionales.



Acuerda:

Saludar al distrito de Santo Domingo, provincia de Morropón, departamento de Piura, con motivo de celebrarse el 4 de noviembre de 2012 el centésimo vigésimo quinto aniversario de su creación política.



Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo a la población católica huanuqueña y rendir su más ferviente homenaje a la imagen sagrada del Señor de Burgos, Rey de Huánuco, con motivo de celebrarse en el mes de octubre, un año más de fe y devoción católica.

Segundo.— Transcribir la presente moción a Monseñor Jaime Rodríguez Salazar, obispo de la Diócesis de Huánuco y al señor Juan Manzano Zevallos, presidente de la Hermandad del Señor de Burgos; y, por su intermedio, a la población católica de la mencionada localidad.



Acuerda:

Primero.— Expresar su justo homenaje, reconocimiento y saludo al distrito de Cachicadán,



provincia de Santiago de Chuco, departamento de La Libertad, con ocasión de celebrar el 3 de noviembre de 2012 el centésimo duodécimo aniversario de su creación política.

Segundo.— Formular sus más fervientes votos para que el citado distrito progrese y se modernice, tomando como base su rica historia y la voluntad de trabajo que caracteriza a su población, consolidando el desarrollo integral para el bienestar de sus habitantes.

Tercero.— Transcribir la presente moción al señor Pedro Cenas Casamayor, alcalde de la Municipalidad Distrital de Cachicadán; y, por su intermedio, a las autoridades municipales, políticas y religiosas, así como a toda la población del mencionado distrito.



Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo y felicitación al distrito de Íllimo, ubicado en la provincia y departamento de Lambayeque, con motivo de celebrarse el 22 de noviembre de 2012 el centésimo séptimo aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Juan Pablo Santamaría Baldera, alcalde de la Municipalidad Distrital de Íllimo; y, por su intermedio, a las autoridades y a la población del mencionado distrito.



Acuerda:

Primero.— Saludar al distrito de Nicolás de Piérola, provincia de Camaná, departamento de Arequipa, con motivo de celebrarse el 3 de noviembre de 2012 el sexagésimo octavo aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Ronny Gamaniel Medrano Riveros, alcalde de la Municipalidad Distrital de Nicolás de Piérola; y, por su intermedio, al personal que labora en esta municipalidad, a las autoridades locales y en especial a la población del referido distrito.



Acuerda:

Saludar al distrito de Pacaipampa, provincia de Ayabaca, departamento de Piura, con motivo de celebrar el 23 de noviembre de 2012 el centésimo sexto aniversario de su creación política.



Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo y felicitación a la Universidad Nacional Federico Villarreal, con motivo de celebrar el 30 de octubre de 2012 el cuadragésimo noveno aniversario de su creación institucional.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor José María Viaña Pérez, rector de la Universidad Nacional Federico Villarreal; y, por su intermedio, a las autoridades, a los funcionarios, a los docentes, al personal administrativo y a los estudiantes de la mencionada casa de estudios, deseándoles éxitos en los objetivos trazados.



Acuerda:

Primero.— Expresar su más sincera felicitación y saludo al distrito de Calango, provincia de Cañete, departamento de Lima, con motivo de la celebrarse el 4 de noviembre de 2012 el centésimo vigésimo quinto aniversario de su creación política.

Segundo.— Destacar, reconocer y ponderar la importancia del distrito de Calango en la historia viva de la provincia de Cañete.

Tercero.— Transcribir la presente moción al señor Juan Huapaya Ávila, alcalde de la Municipalidad Distrital de Calango; y, por su intermedio, a las autoridades y a toda la población del mencionado distrito.



Acuerda:

Saludar al distrito de Colán, provincia de Paita, departamento de Piura, con motivo de celebrar



1898

el 14 de noviembre de 2012 el centésimo cuarto aniversario de su creación política.



Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo y felicitación a la provincia de Santiago de Chuco, departamento de La Libertad, con motivo de celebrarse el 3 de noviembre de 2012 el centésimo duodécimo aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Juan Alberto Gabriel Alipio, alcalde de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco; y, por su intermedio, al cuerpo de regidores y a la población de esta hermosa provincia, capital de la poesía y el folclor.



Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo a Radio Canto Grande, con motivo de conmemorarse el 30 de octubre de 2012 el décimo quinto aniversario de su fundación institucional.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Edgar Homero Saldaña Reátegui, director de Radio Canto Grande; y, por su intermedio, al personal periodístico y técnico de esta importante emisora radial.



Acuerda:

Primero.— Saludar y expresar su reconocimiento al distrito de Llipa, provincia de Ocros, departamento de Ancash, con motivo de celebrar el 15 de noviembre de 2012 el quincuagésimo quinto aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Federico Emiliano Mariano Leonardo, alcalde de la Municipalidad Distrital de Llipa; y, por su intermedio, a los regidores, a los trabajadores de dicha municipalidad, a las autoridades políticas, policiales y religiosas, así como a la población de este encantador distrito.



Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo y felicitación a todos los miembros y autoridades del Club de Leones de Lima y a nivel nacional, con motivo de conmemorarse el 23 de octubre de 2012 el sexagésimo octavo aniversario del leonista peruano.

Segundo.— Formular sus más ferviente votos para que todos los leonistas del Perú se mantengan en la senda del progreso y desarrollo, para orgullo y satisfacción de todos los peruanos, reconociendo su gran aporte en el desarrollo y ayuda en beneficio de nuestro querido país.

Tercero.— Transcribir la presente moción al señor Giovanni Cheme Ángeles, gobernador del Distrito H4 del Club de Leones de Lima.



Acuerda:

Primero.— Expresar su más efusivo saludo al Instituto de Contadores del Perú, con motivo de conmemorarse el 31 de octubre de 2012 el centésimo duodécimo aniversario de su creación institucional.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Carlos Montes de Oca Wixsan, presidente del Instituto de Contadores del Perú; y, por su intermedio, a su consejo directivo y a todos los miembros de la mencionada institución.



Acuerda:

Saludar al distrito de La Matanza, provincia de Morropón, departamento de Piura, con motivo de celebrar el 5 de noviembre de 2012 el cuadragésimo octavo aniversario de su creación política.



Acuerda:



Primero.— Expresar su más cálido saludo y felicitación a la ciudad de Sicuani, provincia de Canchis, departamento del Cusco, con motivo de celebrarse el 4 de noviembre de 2012 el centésimo vigésimo quinto aniversario de elevación de villa a ciudad del distrito de Sicuani.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Ricardo Cornejo Sánchez, alcalde de la Municipalidad Distrital de Sicuani; y, por su intermedio, a los regidores, a las autoridades políticas, militares y eclesiásticas, así como a la población del referido distrito.



Acuerda:

Primero.— Expresar su más cálido saludo y felicitación a la benemérita ciudad de Urubamba, ubicada en el departamento del Cusco, con motivo de celebrar el 9 de noviembre de 2012 el centésimo septuagésimo tercer aniversario de su elevación a benemérita ciudad de Urubamba.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Benicio Ríos Ocsa, alcalde de la Municipalidad Provincial de Urubamba; y, por su intermedio, al cuerpo de regidores, a las autoridades militares políticas y eclesiásticas, así como a la población de la mencionada provincia.



Acuerda:

Primero.— Saludar a la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo (SBPT), con motivo de celebrarse el 1 de noviembre de 2012 el centésimo sexagésimo quinto aniversario de su creación.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Walter Ramos Barón, presidente del directorio de la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo (SBPT), por gozar de gran simpatía y aceptación por parte de la población, por las mejoras realizadas en la calidad del servicio y atención que brinda a la población en general.


Previa sustentación, queda al voto el texto sustitutorio contenido en el dictamen de

la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas, por el que se propone modificar la Ley 29182, Ley de Organi-zación y Funciones del Fuero Militar

Policial

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se va a dar lectura a la sumilla del siguiente punto de la agenda.


Dictamen por unanimidad de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas, con un texto sustitutorio de los Proyectos de Ley 967/2011PE y 1196/2011-CR por el que se propone modificar la Ley 29182, Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial.*

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Tiene la palabra el congresista Urquizo Maggia, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, hasta por diez minutos.

El señor URQUIZO MAGGIA (NGP).— Muy buenas tardes, señor Presidente. Por intermedio de usted, doy un saludo a las señoras y señores congresistas de la República.

Con relación a la propuesta de ley, que ha merecido un dictamen por unanimidad, debo decir que su contenido proviene de dos iniciativas, la 967 y la 1196.

En el Proyecto de Ley 967, presentado por el Poder Ejecutivo, se propone modificar el numeral 4.3 del inciso C del artículo 29 de la Ley 29182, Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial y su modificatoria prevista en el Decreto Legislativo 1096.

Por otro lado, en el Proyecto de Ley 1196, presentado por el grupo parlamentario Nacionalista Gana Perú, se plantea modificar los artículos 5, 10 y 23 de la Ley 29182, Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial y su modificatoria prevista en el Decreto Legislativo 1096. Esta iniciativa fue impulsada por el congresista Tomás Zamudio Briceño y otros congresistas de la bancada de Gana Perú.

Sobre ambas iniciativas legislativas ha recaído un dictamen aprobado por unanimidad en la Comisión de Defensa Nacional.




1900

En el primer punto, se propone la modificación del artículo 5 con la finalidad de que el fiscal supremo también pueda acceder a la presidencia del Fuero Militar Policial, en aplicación del principio de igualdad de acceso a la función pública.

Se considera que sea el Consejo Ejecutivo del Fuero Militar Policial quien designe a los vocales superiores, fiscales superiores, jueces y fiscales, teniendo en cuenta que todos provienen del mismo cuerpo jurídico militar policial. Esto permitirá un mayor consenso en la designación, lo que evitará copamientos, ya que se dispone que sea previo concurso de méritos y evaluación curricular.

Esto es bueno resaltar: se trata de que sea el Consejo Ejecutivo del Fuero Militar Policial el que designe a los vocales superiores, a los fiscales superiores, a los jueces y fiscales, teniendo en consideración el concurso de méritos y la evaluación curricular.

Se incorpora también la posibilidad de que sea este Consejo Ejecutivo el que apruebe la doctrina jurisdiccional en materia penal militar policial, con la finalidad de que sirva de guía para los operadores jurisdiccionales y fiscales del Fuero Militar Policial.

Se incluye la necesidad de que el personal que presta servicios en el Fuero Militar Policial esté sujeto al máximo órgano, esto es, al Consejo Ejecutivo, que regula la disciplina y las labores a desarrollar por el recurso humano.

Se establece que el Presidente de la República, en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sea el que nombre, previa evaluación de méritos, a los vocales y fiscales supremos. Asimismo, se estipula que los vocales y fiscales supremos podrán ser oficiales generales o almirantes en situación de actividad o en retiro, pues en el texto actual se discrimina a los oficiales en actividad, exigiéndoles que pasen a la situación de retiro para ser designados, es decir, para tener estatus de vocales y fiscales supremos. Como consecuencia de esta propuesta, se elimina la disposición complementaria contenida en el texto legal.

Además, es necesario señalar que el segundo párrafo del artículo 2 del Decreto Legislativo 1096 dispone que la causal de cese por límite de edad para los magistrados entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2015. Ello está generando una distorsión en el cuerpo jurídico de los institutos armados y de la Policía Nacional del Perú, debido a que no se cuentan con vacantes para el grado de

general o de almirante. Por ello, se debe corregir esto derogando dicho texto.

Por último, la modificación del artículo tiene por objeto eliminar la causal de renovación a solicitud del magistrado castrense, quedando la causal circunscrita únicamente a la renovación, con la finalidad de que sea concordante con el artículo 44 de la Ley de Situación Militar de las Fuerzas Armadas y con el artículo 45 de la Ley de Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú, ambos referidos a las causales de pase al retiro.

Debemos señalar que el Fuero Militar Policial tiene rango constitucional. Como tal, consideramos que a través de estas dos iniciativas legislativas, que tienen que ver con su fortalecimiento organizacional, estaremos superando una serie de inconvenientes que se han presentado en ese ámbito.

Quiero resaltar que se han recabado importantes opiniones, las cuales han sido incorporadas en el texto sustitutorio de las dos iniciativas legislativas recogido en el dictamen que hoy se trae. Por ejemplo, el mismo Fuero Militar Policial, mediante oficio recibido con fecha 23 de abril del 2012, concluye afirmando que la Ley del Fuero Militar Policial es una norma especial, que su Ley de Organización y Funciones regula el estatuto jurídico de los jueces y fiscales militares policiales y que está de acuerdo con esa causal de renovación a solicitud del magistrado castrense. De igual manera, el Ministerio de Defensa, mediante oficio de fecha 27 de abril del 2011, suscrito por el ministro de Defensa, traslada una opinión favorable y propone su viabilidad y respectiva aprobación.

Estas son opiniones que se encuentran en el dictamen que obra en la carpeta de cada uno de los señores congresistas.

Señor Presidente, concluyo esta intervención resaltando que el respectivo dictamen mereció la evaluación de la Comisión y fue aprobado por unanimidad.

Muchas gracias.

—Reasume la Presidencia el señor Juan Carlos Eguren Neuenschwander.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwan-der).— No habiendo solicitado ningún legislador el uso de la palabra, se da el punto por debatido.



Vamos a esperar el momento oportuno para someter a votación la propuesta de ley sustentada por el congresista José Urquizo.

Previo debate, por disposición de la Pre-sidencia ingresa a un cuarto intermedio el texto sustitutorio contenido en el dicta-men de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, mediante el cual se propone sancionar la violencia en los espectáculos

deportivos

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Egu-ren Neuenschwander).— Se va a dar lectura a la sumilla del siguiente punto de la agenda.


Dictamen en mayoría de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con un texto sustitutorio de los Proyectos de Ley 273, 304, 317, 323, 337, 450, 451, 452, 453 y 618/2011CR mediante el cual se propone sancionar la violencia en los espectáculos deportivos. Dictamen en mayoría de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, con una fórmula sustitutoria de los Proyectos de Ley 273, 304, 317, 323, 337, 450, 452, 463 y 618/2011CR por la cual se propone la Ley de protección frente a la violencia en los espectáculos deportivos. Y dictamen por unanimidad, de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, con un texto sustitutorio de los Proyectos de Ley 453 y 470/2011CR por el que se propone regular la seguridad y el control de los espectáculos deportivos.*

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Egu-ren Neuenschwander).— En vista de que no encuentra en la sala la presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, va a hacer uso de la palabra el congresista José Urquizo, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas.

El señor URQUIZO MAGGIA (NGP).— Señor Presidente, a través del dictamen, aprobado por unanimidad en la Comisión de Defensa Nacional en su sesión del 1 de setiembre del presente año, nos pronunciamos favorablemente

con relación a los Proyectos de Ley 453 y 470, los cuales han sido reunidos en un texto sustitutorio. Hay que tener en consideración que nos hemos pronunciado como Comisión dictaminadora secundaria por ser Comisión dictaminadora

principal la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Las iniciativas bajo análisis tienen por finalidad regular la seguridad y el control de los espectáculos deportivos, calificar el recinto deportivo, establecer infracciones y sanciones y las responsabilidades que debe generar el incumplimiento de la presente norma.

El Proyecto de Ley 453 propone también la modificación del Código Penal, parte sobre la que la Comisión de Defensa ha visto por conveniente inhibirse por corresponder ello a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos por cuestión de especialidad.

En las últimas décadas, a la par del desarrollo tecnológico y de los cambios drásticos en las organizaciones políticas, económicas y sociales, ha sobresalido el deporte y la relevancia que viene adquiriendo.

El Congreso no es una excepción. El deporte tiene referentes muy importantes en este Parlamento, como la congresista Cenaida Uribe, la congresista Luisa María Cuculiza. En consecuencia, el desarrollo tecnológico y los cambios drásticos en las organizaciones políticas y sociales han generado que tengamos referentes en el deporte y que, obviamente, le dan valor agregado con su preocupación en los temas políticos.

Es así que hoy podemos hablar de una responsabilidad compartida en los tres niveles de gobierno. La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades han precisado que existen competencias deportivas y, por tanto, que debe impulsarse la política deportiva en los tres niveles de gobierno.

La relevancia que el deporte viene adquiriendo ha permitido convertirlo en una actividad cuya notoria presencia involucra los ámbitos más profundos que los meramente recreativos.

Las actividades deportivas movilizan millones de personas, involucran grandes cantidades de dinero, son el centro en el que converge una serie de intereses de distinta índole, lo que hace inevitable la presencia de conflictos que el Derecho, como instrumento regulador del comportamiento humano, debe resolver.

La violencia en los espectáculos deportivos se encuentra inserta en agresiones contra la persona y la sociedad, lo que no es concordante con el espíritu de la actividad deportiva.

* El texto de los documentos obra en los archivos del Congreso de la República.



1902

Teniendo en cuenta el contexto y el marco mencionado, estas iniciativas proponen legislar sobre este extremo considerando los antecedentes, los espectáculos públicos, los aspectos organizativos, el control y la fiscalización, los sistemas de prevención y seguridad, la situación y el accionar de la Policía, la infraestructura deportiva y la tecnología aplicada, la normatividad legal y deportiva vigentes en la materia, entre otros.

Bajo el pretexto del deporte se han conformado las barras bravas, que cada vez son más agresivas y nocivas, llegando actuar con premeditación en pandillas.

Esta propuesta de ley busca llenar un vacío en la legislación actual referido a la actuación de nuestra Policía en casos de delito flagrante, en el ámbito de las excepciones establecidas en el artículo 2, inciso 9, de la Constitución Política del Estado, respecto al derecho a la inviolabilidad del domicilio por motivos de grave riesgo para la vida o seguridad de las personas, así como en el ámbito del artículo 70 de la norma constitucional.

En lo que respecta a la intervención de la Policía en los espectáculos públicos deportivos, artísticos u otros, la iniciativa busca complementar los supuestos de intervención policial para asegurar el orden interno en estos espectáculos.

Es necesario implementar la responsabilidad solidaria de los clubes y asociaciones deportivas, por lo que se promueve la conciencia de responsabilidad en los clubes y asociaciones deportivas, estableciendo que la citada responsabilidad procede cuando se constaten daños materiales y personales a personas naturales o jurídicas como producto de un espectáculo deportivo promovido por las instituciones.

Además, se determina que en todos los recintos deportivos que reciben a las barras de los clubes o de las asociaciones deportivas se cuente con cámaras de seguridad que registren el actuar de dichas barras durante el desarrollo del espectáculo deportivo. Asimismo, se establece que se deben ubicar cámaras de seguridad en los espacios de acceso al recinto, en los interiores, los exteriores y los espacios que sirven de ingreso y salida de los integrantes de las barras.

También es de resaltar la importancia de una primera medida de prevención a través de la propuesta que se formula para que los integrantes de las barras de los clubes o asociaciones deportivas sean mayores de 18 años de edad. Por excepción,

podrán tener 16 años con la debida autorización notarial de los padres, que asumirán las responsabilidades civiles y administrativas a que hubiera lugar por la conducta de los menores.

Es urgente realizar campañas educativas contra la violencia en los espectáculos deportivos a cargo del Ministerio de Educación, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Instituto Peruano del Deporte; asimismo, se debe considerar a la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, los centros departamentales, distritales y municipales de recreación y deporte y los demás organismos vinculados al deporte, los que deben realizar campañas educativas de sensibilización contra la violencia en los espectáculos deportivos. Por ello, se considera necesario incorporar una disposición complementaria final que establezca que su implementación se realizará con los recursos con los que cuenta cada uno de los sectores.

Además, se considera oportuno precisar que la labor de la Policía es resguardar y garantizar el desplazamiento de los espectadores empadronados previamente por los clubes.

Los miembros de la Comisión de Defensa Nacional han considerado de vital importancia la aprobación de las iniciativas legislativas teniendo en cuenta la necesidad de terminar con la violencia en los espectáculos deportivos ocasionada por las barras bravas y los hinchas que se unen en pandillas para asaltar y destruir la propiedad pública y privada, llegando en algunos casos a los extremos de ocasionar lesiones y hasta muerte de ciudadanos que no tienen relación con dichos espectáculos.

En ese sentido, quiero resaltar que estos dos proyectos de ley, que han merecido la atención de la Comisión de Defensa en su sesión del 1 de setiembre, han sido aprobados por unanimidad.

También quiero resaltar, con la presencia de la congresista Tello, que la principal Comisión dictaminadora es la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, cuyo pronunciamiento será valioso para enriquecer la participación de los señores congresistas —algunos de ellos a la vez deportistas— en este debate que usted va a presidir, congresista Eguren.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Egu-ren Neuenschwander).— Tiene la palabra la congresista Marisol Pérez Tello, presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.



La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— Señor Presidente, el dictamen que traemos a su consideración acumula los Proyectos de Ley 273, 304, 317, 323, 337, 450, 451, 452, 453 y 618 y propone un texto sustitutorio, que

lo que busca es sancionar la violencia en espectáculos deportivos modificando, adicionalmente, el artículo 315 del Código Penal.

Los proyectos que se están acumulando corresponden a distintas bancadas y a distintos autores. El Proyecto de Ley 273 es de Gana Perú, a iniciativa de Daniel Abugattás; el 304, del Grupo Parlamentario Fujimorista, a iniciativa de Pedro Spadaro; el 317, de Concertación Parlamentaria, a iniciativa de Luciana León; el 323, de Alianza Parlamentaria, a iniciativa de Rennán Espinoza; el 337, de Solidaridad Nacional, a iniciativa de José Luna; el 450, el 451, el 452 y el 453, del Grupo Parlamentario Fujimorista, a iniciativa de Octavio Salazar; el 618, de Alianza Parlamentaria, a iniciativa de Marco Falconí.

El objeto de todos estos proyectos de ley presentados es la creación de una ley que sancione la violencia en la realización de los espectáculos deportivos y, dentro de ello, que se modifique el artículo 315 del Código Penal.

¿Para qué se plantea esta propuesta de ley, cuando ya existe una norma que en teoría regularía esta y otras situaciones? Se plantea para prevenir y, en su caso, sancionar la violencia en los espectáculos deportivos profesionales o con ocasión de ellos.

Es importante mencionar que hay un glosario al final de la norma propuesta en que se define que el deporte profesional es una actividad deportiva remunerada que ya se encuentra regulada adicionalmente en otras normas.

¿Cómo se pretende evitar esta violencia en los espectáculos deportivos? Regulando la conducta de todos los actores que intervienen en el desarrollo de esta actividad, entiéndase clubes, barras y, por supuesto, los organizadores.

Los proyectos de ley materia del presente dictamen han recibido opinión favorable de distintas instituciones: la Federación Peruana de Fútbol, el IPD, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Adicionalmente, se llevó a cabo una mesa de trabajo, en octubre del 2011, en la que se contó con representantes de distintas instituciones y,

además, de los distintos actores que se han mencionado dedicados a los espectáculos deportivos profesionales en nuestro país.

Los contenidos generales ya han sido mencionados por el congresista Urquizo. Sin embargo, es menester comentar algunos de ellos.

En primer término, lo que se busca es apoyar al deporte. Aunque no pareciera, hay actuaciones en las cuales apoyar el deporte podría tener relevancia jurídica.

¿Y en qué hechos, en qué situaciones tiene relevancia jurídica? Cuando con motivo del apoyo al deporte se pueden generar daños al patrimonio e incluso situaciones lamentables. Una de ellas en particular, el caso del joven Oyarce, generó el repudio de la población. Por eso, muchas de estas iniciativas se formularon a partir de este hecho. Necesitamos evitar que un nuevo hecho suceda, y por eso consideramos que es necesario hacer este debate.

Se establece, además, corresponsabilidad entre auspiciadores, hinchas, dirigentes deportivos, instituciones deportivas y organizadores del evento.

Se establece, adicionalmente, que el responsable de llevar a cabo esto es el Ministerio del Interior. Aquí hay una modificación sustantiva con relación a la Ley 26830, Ley de Seguridad y Tranquilidad Pública en Espectáculos Deportivos. ¿Y por qué se hace esta variación? ¿Qué tiene que ver con el responsable último en razón de su especialidad? Porque esa ley recogía la figura del prefecto y subprefecto. Cuando esto cambia, a las autoridades políticas actuales (gobernador y teniente gobernador) se les quitan algunas atribuciones, entre ellas la de evaluar la responsabilidad en la regulación de los eventos.

Ya entrando al texto de la norma, es decir, al articulado en sí mismo, en contenidos generales aún, se regulan las siguientes materias.

Se establece la responsabilidad de los clubes deportivos profesionales respecto a dos cosas: la labor de fiscalización y la responsabilidad solidaria en caso de que se produzca algún daño al patrimonio o algún daño a la integridad física o a la vida, en el peor de los supuestos.

Se establece la necesidad de un sistema de vigilancia y de cámaras de seguridad. Aquí es menester indicar que hay una contradicción que se tiene que subsanar entre el artículo 5 y el artículo 6,



1904

porque no hay claridad respecto de quién es el que asume la responsabilidad por estas cámaras de vigilancia que se tendrían que poner. Ese es un texto que vamos a coordinar con las demás Comisiones para corregirlo, porque en los tres dictámenes se repite esta falta de claridad respecto de quién es el responsable último.

También se recoge la posibilidad del empadronamiento a los integrantes de las barras como una medida preventiva, pero, a diferencia de la norma anterior que ya lo recogía, hay una responsabilidad solidaria de parte de los clubes en caso de que no cumplan con este mandato legal.

Se establece, por tanto, sanciones a través de medidas disciplinarias, por un lado, pero también a través del derecho penal, específicamente la modificación del artículo 315 del Código Penal cuando se ocasionen disturbios, lo que ya está regulado, pero que estos sean ocasionados con motivo de la realización del espectáculo deportivo, incluso horas después de llevado a cabo.

Ya en su articulado hay unas cosas que me parece importante mencionar.

Se establece la necesidad de fijar un calendario anual. Si hay una modificación de ese calendario que esta se informe con la debida anticipación, de manera que se pueda organizar al Ministerio del Interior y a las personas destacadas para llevar a cabo el resguardo del orden, sin que esto altere la posibilidad de proteger otras cosas que también son responsabilidad del ministerio.

La intervención eficiente de la Policía Nacional del Perú en momentos claves. Durante los desplazamientos. También, al prohibirse las preconcentraciones y los desplazamientos de barras, disolviendo las preconcentraciones y controlando el ingreso y la salida de los barristas.

Se establece la obligación de un seguro para espectadores. Este es otro punto sobre el que hay discrepancia respecto al monto del seguro en las distintas Comisiones y acerca de lo cual el Pleno tendrá que tomar una decisión.

Se establece un sistema de vigilancia con disponibilidad de registros fílmicos.

Se establece la obligación del empadronamiento de integrantes de barras. Se reconoce un límite de edad para poder empadronarse y se establece un conjunto de requisitos que permiten la identificación.

Se establece también un sistema para el control de venta de entradas.

Se crea la Dirección de Seguridad Deportiva del IPD a partir de esta norma.

Se fija un conjunto de prohibiciones para poder ingresar a los recintos donde se va a llevar a cabo el espectáculo deportivo, tales como:

—Que no se ingrese en estado de ebriedad o habiendo consumido estupefacientes o con una indumentaria o disfraz que evite que se pueda identificar a la persona que lo porta.

—Que no se permita el ingreso de personas con requisitorias, lo que supone por supuesto montar un sistema logístico que permita la verificación por lo menos al azar.

—Que no se pueda ingresar con arma cortante o de fuego.

—Que no se pueda ingresar con bebidas alcohólicas.

Se establece un conjunto de sanciones a los incumplimientos y —lo que a mí me parece más importante resaltar— se establece también una obligación preventiva, que es llevar a cabo campañas educativas para tener la sanción pero también la prevención.

Se fija que esto deberá ser reglamentado en 60 días y una vacatio legis de 180 días para el proceso de implementación necesario en todos los lugares donde se lleven a cabo espectáculos deportivos. Lo único que no está sujeto a esta vacatio legis son las disposiciones complementarias, que reconocen 90 días para el empadronamiento y la modificación, por supuesto, del Código Penal, y entran en vigencia al día siguiente de la publicación.

Se modifica el Código Penal para que en la medida que el atentado contra la integridad física cause la muerte, ese hecho será considerado como asesinato.

Hay unas preocupaciones que quiero mencionar para ayudar en el debate. Si bien este dictamen constituye una respuesta para frenar y sancionar de mejor manera la violencia en los espectáculos deportivos, todos sabemos que ha respondido a una coyuntura muy dolorosa para el Perú. También somos conscientes de que la realidad de Lima no es la misma que la de las capitales de provincia, y que muy difícilmente la norma podría ser aplicada cabalmente en el interior del país,



donde la infraestructura deportiva muchas veces es mínima y los recursos económicos podrían ser escasos o nulos.

Por ello, instalar sistemas de videovigilancia o butacas numeradas podría hacerse gradualmente. En todo caso, eso lo sometemos a su consideración, y abrimos la posibilidad del debate.

Debo mencionar algunas de las diferencias con las Comisiones que también han dictaminado. Una de ellas es una diferencia con la Comisión de Educación respecto del seguro reconocido en el artículo 4 del texto contenido en nuestro dictamen. Para nosotros, en caso de invalidez permanente o muerte del espectador, la cobertura sería de 100 Unidades Impositivas Tributarias; para las Comisiones de Educación y de Defensa sería de 200 Unidades Impositivas Tributarias. Esa es una primera diferencia.

Un segundo punto es la necesidad de redactar mejor los artículos 5 y 6 para que no haya contradicción en su texto.

En el artículo 19 de nuestro texto se considera de 10 hasta 100 UIT en caso de que la falta sea muy grave, y es lo que establece también la Comisión de Defensa. Y habría que modificar un artículo para que esto se contemple. Es decir, las precisiones y las diferencias entre uno y otro son mínimas. Creo que podríamos arribar a un texto sustitutorio único tomando previamente las recomendaciones del Pleno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Egu-ren Neuenschwander).— Tiene la palabra el congresista Daniel Mora, presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte.

El señor MORA ZEVALLOS (PP).— Señor Presidente, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte se ha pronunciado favorablemente sobre los Proyectos de Ley 273, 304, 317, 323, 337, 463, 450, 452 y 618, y con texto sustitutorio

propone la Ley de protección frente a la violencia de espectáculos públicos.

También se ha pronunciado sobre esas iniciativas las Comisiones de Justicia y de Defensa Nacional. Todas las proposiciones de ley que se han acumulado en el presente dictamen guardan unidad en sus objetivos, referidos básicamente a prever, evitar, actuar, sancionar y corregir los probables

actos de violencia que se presentan con frecuencia en nuestro país, especialmente en el caso del futbol profesional, y que es pertinente regular a través de una norma con rango de ley.

Las iniciativas tienen como antecedente el texto sustitutorio de los Proyectos de Ley 3604, 3655, 3660 y 3882/2009CR que quedó en el orden del día del Pleno en el periodo parlamentario 20062011.

Se propone mejorar las normas que regulan la violencia en los espectáculos deportivos planteando un nuevo modelo de legislación de seguridad y control en los espectáculos deportivos que regule todos aquellos comportamientos que realizan las barras bravas, con medidas orientadas a reforzar los mecanismos para preservar la seguridad y la tranquilidad durante el desarrollo de un espectáculo, con la finalidad de erradicar los actos delictivos en las denominadas barras bravas.

Se propone que el IPD establezca el calendario anual de actividades y competencias nacionales e internacionales, que sea obligatorio el seguro para los espectadores, y que se elabore un Plan de Protección y Seguridad con la participación del IPD, el Indeci y la Policía Nacional del Perú.

También se propone medidas de prevención, seguridad interna y sistema de vigilancia en espectáculos deportivos, con postas médicas, módulos policiales, sistema de vigilancia, registros fílmicos, verificación de requisitorias, empadronamientos de barristas, control en la venta de entradas, implementación de medidas de control de alcohol, la cancelación de espectáculos deportivos cuya realización no garantice seguridad.

Se crea la Dirección de Seguridad Deportiva del IPD. Se señalan las infracciones en las que puedan incurrir los organizadores de espectáculos deportivos; las sanciones; los delitos y faltas cometidos con ocasión de espectáculos deportivos; la inhabilitación y la responsabilidad solidaria.

También se propone la realización de campañas educativas y preventivas. Asimismo, se propone modificar el artículo 315 del Código Penal para incrementar las penas privativas de libertad de los delitos de mayor incidencia. Estamos hablando de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, el patrimonio, la tranquilidad pública, etcétera, que se cometan con ocasión de un espectáculo deportivo.

Desde la dación de la Ley 26830, Ley se Seguridad y Tranquilidad Pública en Espectáculos



1906

Deportivos, de julio de 1997, han transcurrido casi 15 años. Las circunstancias han cambiado y las normas deben adecuarse a nuestra realidad. Por lo que amerita la dación de una nueva ley que regule esto en concordancia con las normas contenidas en la Ley 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, a efectos de que, de manera coordinada, los organismos que conforman el Sistema Deportivo Nacional —como el Instituto Peruano del Deporte, que es el ente rector; los gobiernos regionales, a través de los consejos regionales del deporte; los gobiernos locales; la Policía Nacional del Perú de la correspondiente jurisdicción— regulen las condiciones de protección y seguridad de los espectáculos deportivos profesionales a fin de evitar la violencia en dichos espectáculos.

Por todas estas consideraciones, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte recomienda la aprobación de las acotadas iniciativas con el correspondiente texto sustitutorio contenido en el dictamen del 31 de mayo pasado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Egu-ren Neuenschwander).— Tiene la palabra el congresista Martín Belaunde.

El señor BELAUNDE MOREY-RA (SN).— Presidente, vemos que estamos debatiendo hasta tres textos sustitutorios que, a su vez, unifican y acumulan diversos proyectos de ley. Tenemos uno de la Comisión de Justicia y Derechos

Humanos, que ha sido sustentado por la congresista Marisol Pérez Tello; otro, de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, sustentado por el congresista Daniel Mora; y, finalmente, un tercero, de la Comisión de Defensa Nacional, sustentado, hará unos minutos, por el congresista José Urquizo.

El texto sustitutorio sustentado por el congresista Urquizo es, a su vez, el resultado de la unificación de varios proyectos de ley, entre los cuales se incluye uno presentado por quien habla. En el texto propuesto por la Comisión de Defensa, el cual se denomina “Ley que regula la seguridad y el control de los espectáculos deportivos”, se incluyen diversas disposiciones complementarias finales, entre ellas la quinta, que corresponde a la autoría de quien les habla en estos momentos.

Este proyecto de ley acumulado al dictamen de la Comisión de Defensa se basó en una inspección

realizada, hará algo más de un año, en el Estadio Monumental de la “U”. Lo que se pudo comprobar en esa inspección es que se trataba de un local deportivo que tenía un régimen de propiedad múltiple. Una parte es de algunos inversionistas; otra parte pertenece al Club Universitario de Deportes, o sea a la “U”; y, por último, están los famosos palcos, que pertenecen en propiedad particular bajo régimen de propiedad horizontal a sus dueños.

Esa situación de diversa propiedad obstaculiza la acción de la Policía. Precisamente, debido a ese obstáculo, se produjo hace un año una muerte trágica, cuando diversos hinchas —me parece de Universitario de Deportes— arrojaron de un palco a un hincha del Alianza Lima. Entonces, en vista de la impotencia —de la impotencia, recalco— de la Policía para prevenir este hecho, quien les habla presentó ese proyecto de ley, que literalmente dice lo siguiente —está en la quinta disposición complementaria final del texto sustitutorio aprobado por la Comisión de Defensa—:

“Los locales, instalaciones y construcciones destinados a la realización de espectáculos públicos deportivos, artísticos o de cualquier otra índole —porque esto puede pasar en otros tipos de locales también—, sin perjuicio del régimen de propiedad al que estén sometidos, constituyen un recinto único para los fines de la seguridad pública y están sujetos a la supervisión de la Policía Nacional del Perú y de los órganos de defensa civil, en el ámbito de sus respectivas competencias”.

¿Y eso por qué, señor Presidente? Porque, en ese caso, había una empresa constructora que, en realidad, era la que domina esa instalación, y los demás propietarios y la Policía Nacional resultaban auténticos convidados de piedra con el resultado de una muerte trágica.

Considero que se debe tratar de unificar esos tres textos sustitutorios y, ciertamente, incluir esta quinta disposición complementaria final.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Egu-ren Neuenschwander).— Tiene la palabra el congresista Omar Chehade.

El señor CHEHADE MOYA (NGP).— Presidente, felicito a las Comisiones, a sus presidentes y a todos sus miembros, por esta importante propuesta de ley.



El Perú es un país que, si bien no ha obtenido ningún campeonato mundial de futbol, sin embargo ha tenido tragedias en los estadios. Lamentablemente, es líder en ello.

En mayo de 1964, tuvimos la famosa tragedia del Estadio Nacional en la que murieron cerca de 400 personas en la tribuna norte, cuando el árbitro uruguayo Pazos le anuló un gol a Kilo Lobatón, que significaba el empate del partido y la clasificación para las olimpíadas de ese año en Tokio, Japón.

Así como esas, hemos tenido innumerables pérdidas de vidas en el Estadio Nacional. Tenemos la del chico con síndrome de Down que perdió la vida después de que un cohete, que viajó de la tribuna de oriente a la tribuna de occidente, le estallase en la cara.

Por ello, apreciamos la labor no solo sancionadora, sino fundamentalmente preventiva de esta propuesta de ley. Creemos que, al igual que en Inglaterra, al igual que en Italia, al igual que en España, deben implementarse de manera inmediata cámaras de seguridad que detecten a los hinchas, a los barristas, a las pandillas que causen destrozos o atenten contra la vida de otro ser humano en los estadios.

Uno de los textos sustitutorios también contempla el que cualquier barrista o cualquier hincha que lamentablemente tenga un comportamiento impropio o inadecuado, una inconducta, no entre al estadio durante… la pena es mínimo un mes y máximo 24 meses.

Las sanciones punitivas, como consecuencia de actos antijurídicos, están tipificadas en el Código Penal; pero creo que esta ley propuesta es complementaria en cuanto a las campañas preventivas, a la labor de la Policía en el control del desplazamiento de las barras.

Repito: las cámaras de seguridad son importantes como medida preventiva, pero también como medida sancionadora de aquellos malos hinchas. Y, de alguna manera, permiten hacer un trabajo de inteligencia con las pandillas.

En El Salvador hay estas famosas pandillas, los maras, que se han enquistado en la sociedad salvadoreña. Estos malos ejemplos cunden en Sudamérica. Y el Perú, lamentablemente, no escapa a esta triste realidad.

Se va a hacer, además, que los clubes, no solo los más importantes, sino todos los clubes, de provincias y

de Lima, sean copartícipes en una responsabilidad solidaria para que controlen a los hinchas y reparen con seguros de vida y con seguros de salud a las personas que van a los estadios o a los espectáculos deportivos con la familia y quieren vivir tranquilamente algo deportivo, no una guerra.

Creo que también es un… Permítame un minuto, para terminar, por favor.

Por ello, es necesario hacer a los presidentes de los clubes, hoy día a las juntas acreedoras de la Sunat que se están encargando de los clubes por los malos dirigentes que hemos tenido en los últimos años, copartícipes de la seguridad de los estadios. Si la seguridad falla, ellos van a tener que sacar de las arcas de los clubes para indemnizar a aquellos hinchas que van con su familia, con sus niños y sufren las consecuencias de tarados, de imbéciles, que lamentablemente dañan no solo la propiedad privada, sino también el cuerpo y la salud y la integridad física de una persona que quiere asistir a un entretenimiento, a un espectáculo deportivo. Recordemos que es el deporte el que finalmente aleja de las drogas y la criminalidad. Hacer a los clubes copartícipes, solidarios es un paso adelante.

Considero que debemos aprobar esta propuesta de ley de manera unánime porque es un paso adelante para la seguridad en los espectáculos del deporte.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Egu-ren Neuenschwander).— Tiene la palabra el congresista Octavio Salazar.

El señor SALAZAR MIRANDA (GPF).— Señor Presidente, sobre esta propuesta de ley hay un dictamen de la Comisión de Defensa, un dictamen de la Comisión de Educación y un dictamen de la Comisión de Justicia en el que se ha centralizado

todo. Estos tres dictámenes, producto de los análisis y los diagnósticos que se han realizado en cada una de las Comisiones, tienen coincidencias.

El objetivo de esta norma es acabar con los desmanes y los problemas que hay en las calles cuando se trasladan las barras desde diferentes lugares de Lima, o en los partidos de fútbol profesional en cualquiera de las regiones del país.

Entonces, entrará en funcionamiento toda una parte organizativa, administrativa que existe, y



1908

todo lo relacionado con las penalidades que deben aplicarse para que los clubes necesariamente cumplan las normas. Se está creando una Dirección de Seguridad Deportiva dentro del IPD para que se encargue de coordinar todas las acciones de los estadios a nivel nacional, así como también con nuestra Policía Nacional. Esto es de suma importancia, porque se tiene problemas durante el desplazamiento de las barras y en el interior de los propios estadios pues a veces no se cumplen las disposiciones dadas por el IPD y a veces también por ausencia de normas, lo que es indudablemente aprovechado por los clubes para no cumplir, por ejemplo, con el control de las barras.

¿Cuántas barras se encuentran organizadas hasta hoy en todo el fútbol profesional, de Lima y de provincias? Estamos hablando de 15 mil 405 barristas que están debidamente registrados con sus nombres. Se ha chequeado, por ejemplo, todo lo relacionado con los antecedentes, entre otras situaciones, para poder controlar a estas personas que acuden a los estadios…

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Egu-ren Neuenschwander).— Concluya, congresista Salazar.

El señor SALAZAR MIRANDA (GPF).— Entonces, de estos 15 mil barristas, hay empadronados 5 mil 922. Por ejemplo: de Alianza Lima, que tenía 5 mil barristas, han sido empadronados hasta la fecha mil 135, pues existe la renuencia a em

padronarse, porque para que le puedan entregar a uno un carné necesariamente se tiene que pasar por la pantalla a ver si se tiene requisitorias, si se tiene antecedentes.

Y las personas que tienen este tipo de antecedentes y también de haber generado una serie de problemas en los estadios no deberían ingresar a estos. Si no, pues se van a producir acontecimientos como el que ya todos y cada uno de nosotros conocemos.

Esta propuesta de ley cae exactamente en lo que se necesita y se requiere.

Es importante que la Comisión de Justicia…

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Egu-ren Neuenschwander).— Termine, congresista Salazar.

El señor SALAZAR MIRANDA (GPF).— Le agradezco mucho.

Con esto podemos terminar con los desmanes que se producen en los estadios.

Pero hay un aspecto importante en el proyecto de ley que, a iniciativa mía, presentó mi bancada. Es el relacionado con una norma que debe ser incorporada dentro de la fórmula. Por intermedio de usted, señor Presidente, solicito a la señora presidenta de la Comisión de Justicia que, para efectos de seguridad, se establezca que los palcos privados de propiedad de terceros son parte constitutiva de los estadios y, por tanto, que los propietarios, invitados y espectadores que allí concurran, bajo cualquier modalidad, se deben someter a las medidas de seguridad que se dictan para todo recinto deportivo y para todos quienes allí ingresen.

Eso es importante, señor Presidente, porque, ¿qué sucede?, ¿qué pasa con los palcos que a veces se piensa que hay en ellos una extraterritorialidad? Se dice que estos son como si fuesen departamentos, ahorita en este momento…

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Egu-ren Neuenschwander).— Se agotó su tiempo, congresista Salazar.

Tiene la palabra el congresista Huayama Neira, aunque tiene un pedido de interrupción.

Puede interrumpir el congresista Martín Belaunde.

El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— Precisamente, en relación con lo que señala el congresista Octavio, debo señalar que se puso esa quinta disposición complementaria final en función de las diferencias del régimen de propiedad. Porque no

solo se trataba de los propietarios de los palcos, sino que en el Estadio Monumental hay diversos regímenes, diversos regímenes que de alguna forma también existen en el Estado Nacional y pueden existir en cualquier otro recinto dedicado a espectáculos no únicamente deportivos, sino también a espectáculos artísticos de asistencia masiva.

Entonces, es imprescindible, para todos esos casos, señalar que la Policía y los órganos de defensa civil tienen jurisdicción…

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Con la aceptación del congresista Huayama, puede hacer uso de una segunda interrupción el congresista Belaunde.



El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— Gracias, colega.

Es indispensable fijar eso para que la Policía pueda entrar y para que no vuelvan a ocurrir las tragedias que han venido ocurriendo, la última sincera y universalmente lamentada, sobre todo por lo absurda.

Gracias, señor Presidente; gracias, colega.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Egu-ren Neuenschwander).— Puede empezar su intervención el congresista Huayama.

El señor HUAYAMA NEIRA (NGP).— Presidente, por intermedio de usted saludo a todos los colegas.

Es interesante debatir esta propuesta de Ley de protección frente a la

violencia en los espectáculos deportivos. Varios congresistas de diferentes bancadas han hecho llegar su iniciativa legislativa. Por parte de la bancada nacionalista, el congresista Daniel Abugattás presentó al respecto el Proyecto de Ley 273.

El objetivo de la propuesta de ley que hemos aprobado en la Comisión de Educación es corregir, prever, evitar y sancionar la violencia en los espectáculos deportivos, especialmente en el caso del fútbol profesional.

La propuesta legislativa tiene puntos claros en el dictamen aprobado por la Comisión de Educación.

En el artículo 2 están las definiciones, los conceptos.

En el artículo 4 se obliga a contar con un seguro para los espectadores que cubra los riesgos de muerte, invalidez, incapacidad, gastos médicos, gasto de sepelio.

La iniciativa legislativa está basada en un enfoque de prevención y obliga a los propietarios de los escenarios deportivos a contar, por ejemplo, con posta médica (artículo 7), módulos policiales (artícu lo 8), sistema de vigilancia (artículo 9), registros fílmicos (artículo 10), identificación y filmación del ingreso (artículos 11), empadronamiento de integrantes de las barras (artículo 13).

La propuesta crea la Dirección de Seguridad Deportiva del Instituto Peruano del Deporte (artículo 18).

Señala también las infracciones y sanciones a los clubes deportivos y a los organizadores de los espectáculos deportivos. Hay infracciones graves, sanciones leves (artículos 24 al 26). Se contemplan delitos y faltas (artículo 27) y se consideran campañas educativas y preventivas (artículo 30).

Pero yo quisiera llamar la atención respecto a los artículos 11 y 13, que, bueno, se nos pasó un poco en la Comisión de Educación.

El artículo 11 se refiere a la identificación y filmación del ingreso:

“Toda persona que acuda a los escenarios deportivos para espectar un partido de fútbol profesional debe estar debidamente identificada portando su documento de identidad, cuyo ingreso será filmado. Los organizadores de los espectáculos deportivos profesionales son responsables de la grabación del ingreso de las personas al recinto deportivo, bajo la supervisión de la Policía Nacional”.

Eso está bien.

Pero el artículo 13 dice:

“Los clubes deportivos profesionales cuentan con el Registro de identificación, domicilio, ocupación y/o profesión de los barristas, a quienes se les otorga un carnet con el que acceden al escenario deportivo y a los beneficios que eventualmente se les confiera”.

Acá está la contradicción; es decir, se está pidiendo el DNI para el ingreso al evento deportivo, pero en este artículo se dice que puede acceder al escenario deportivo con el carnet de barrista, lo cual ya no me parece. Desde mi punto de vista, la identificación debe ser con el DNI.

Entonces, hay que tomar en cuenta el artículo 13 del texto del dictamen de la Comisión de Educación, pero señalar que el carné es solo para los beneficios que eventualmente les confieran los clubes, no para su identificación en el ingreso al escenario deportivo, que debe ser con el DNI, como se estipula en el artículo 11.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Egu-ren Neuenschwander).— Tiene la palabra el congresista Jaime Delgado.



1910

El señor DELGADO ZEGARRA (NGP).— Presidente, me parece sumamente importante que el Congreso tome medidas al respecto, luego de los lamentables sucesos ocurridos en los espectáculos públicos, con la violencia alrededor, las barras y todo.

Tengo un comentario que hacer con relación al tema de los seguros. En los dictámenes se habla de la obligación que tienen los organizadores de los espectáculos deportivos de contratar un seguro contra los incidentes que pueda haber en estos, lo cual es importante, positivo, precisando —algunos dictámenes lo hacen, otros no— que deben ser los espectáculos deportivos profesionales, porque no vaya ser de que si hacemos esto extensivo para cualquier tipo de espectáculo, digamos, gratuito o de otro tipo, más pequeño, corremos el riesgo de que se vaya a desincentivar su realización.

Por otro lado, una cosa es un espectáculo deportivo masivo en Estadio Nacional o en el Monumental, en que cualquier prima que se vaya cobrar o contratar por los riesgos se diluye en la entrada que se cobra, digamos, a una gran cantidad de gente. Pero, ¿qué pasa con algunos espectáculos en provincias o en distritos mucho más pequeños? ¿En qué medida el hecho de contratar primas podría, ya no encarecer la entrada siquiera, sino desincentivar la realización de estos espectáculos?

Entonces, sugiero que se analice la posibilidad de poner tal vez algún piso mínimo, digamos, a partir de la capacidad de determinado número de espectadores, en fin. Hay que poner algo que evite hacer una regla tan general que vaya a desincentivar los espectáculos pequeñitos.

Repito que en espectáculos grandes no hay problema, porque cualquier póliza se diluye.

Y cuando fijamos el monto de las coberturas, ¿en qué medida eso está calculado? Porque, claro, podemos poner 500 UIT, 200 UIT, ¿pero en qué medida eso está calculado? ¿Se ha hecho algún estudio para estimar cómo impacta esto sobre las entradas de los espectadores? Porque, obviamente, cualquier costo que les carguemos se va a trasladar al público.

Digo esto para que se tome en consideración, fundamentalmente sobre poner algún límite a partir del cual estos seguros serían obligatorios.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Egu-ren Neuenschwander).— Tiene la palabra el congresista Enzo Reggiardo.

El señor REGGIARDO BARRE-TO (GPCP).— Señor Presidente, debo de felicitar y saludar tanto a la Comisión de Educación como a la Comisión de Defensa por traer esta iniciativa a través de los respectivos dictámenes, y, por supuesto,

a quienes han presentado los proyectos de ley correspondientes.

Esto nace a partir de un incidente muy lamentable. En el 2009, la joven María Paola Vargas Ortiz falleció producto de un incidente criminal causado por unos criminales infiltrados en una barra de un club muy importante del país, me refiero a Universitario de Deportes. Producto de este accionar delincuencial falleció esta señorita, que tenía todo un futuro por delante.

A partir de ese momento las autoridades se movilizaron. El entonces ministro Octavio Salazar, hoy congresista y colega, convocó a una reunión de urgencia en el Ministerio del Interior, en la cual participaron varios miembros del Parlamento de aquel entonces, incluidos algunos que hemos sido reelegidos. Allí se decidió crear un grupo de trabajo y se formuló un proyecto de ley con el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Tuve el honor de presidir ese grupo. Se presentó la iniciativa legislativa a través de la bancada fujimorista y hoy se está actualizando pues ha sido incluida en el dictamen que ha presentado la Comisión de Defensa. Así que yo saludo que se haya insistido en un tema tan importante.

Algunos años después tuvimos otra muerte que lamentar, la del joven Walter Oyarce. Hay un padre que está absolutamente dolido por una acción delincuencial, ya no afuera de un recinto deportivo, sino en el interior de él. Aquí es importante resaltar lo que contemplan los dictámenes de las dos Comisiones. Se está normando algo que no ha estado normado con anterioridad, por ejemplo, el sistema de vigilancia, que será obligación tenerlo en los recintos deportivos, o el empadronamiento de los integrantes de las barras.

El congresista Salazar nos ha mencionado que hay todavía pocos empadronados. Es un trabajo arduo que viene realizando la Policía. Pero el empadronamiento no es de los hinchas, que se entienda bien, sino de los barristas, que tienen gratis una entrada al recinto deportivo.



Si se les empadrona, va a haber un control por parte de las autoridades del club. Y no solamente eso, sino que también habrá, como este proyecto de ley establece, la responsabilidad solidaria de los directivos de los clubes cuando haya un incidente criminal dentro de su estadio. El caso Oyarce, por ejemplo, probablemente no se hubiera producido porque habría habido un mayor control por la responsabilidad que tendrían los dirigentes del club Universitario de Deportes.

Están el tema del seguro, que también es una iniciativa interesante; el límite de edad para integrar una barra; el control y gestión en la venta de entradas, pues todas tienen que estar numeradas. Estas medidas paulatinamente se irán poniendo en funcionamiento, pero son muy importantes y creo que hay que resaltarlas.

También están el límite de espectadores; la difusión de sanciones por los actos de violencia, sobre la que debe haber un compromiso por parte de los medios de comunicación; las infracciones de los clubes deportivos cuando hay incidentes de esta naturaleza con toda la escala y la tabla de infracciones, infracciones leves e infracciones graves.

En fin, es una muy buena propuesta de ley, o, en todo caso, son dictámenes que recogen los proyectos de ley que han sido ampliamente analizados y debatidos en distintas comisiones con los distintos actores que tienen que ver con el tema: los clubes profesionales de fútbol, la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, la Federación Peruana de Fútbol y el Parlamento, sin duda, en fin, con todos los que tienen que ver con la seguridad en recintos deportivos.

Creo que es importantísimo contar ya con una ley de esta naturaleza porque la vigente está absolutamente desfasada y es necesario darle tranquilidad a la gente que va a ver un espectáculo deportivo en compañía de sus hijos, de sus seres queridos y que de pronto puede ser víctima de hechos tan dolorosos como los que hemos vivido. Me refiero al del señor Oyarce y al de la señorita contadora, que hizo que nos movilicemos al respecto, lo que hoy finalmente está dando sus frutos.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Egu-ren Neuenschwander).— Agotado el debate, tiene la palabra la congresista Marisol Pérez Tello de Rodríguez, presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, como Comisión dictaminadora principal.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (APGC).— Presidente, habiendo escuchado el debate y los aportes que han enriquecido la propuesta de ley en los extremos que había que mejorarla, le solicito pasar a un cuarto intermedio para

poder consensuar un texto sustitutorio de los contenidos en los tres dictámenes, incorporando las sugerencias de los congresistas.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Egu-ren Neuenschwander).— La propuesta de ley ingresa a un cuarto intermedio.

Se aprueba en primera votación y, a conti-nuación, se acuerda exonerar de segunda votación el nuevo texto sustitutorio pre-sentado por el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, De-sarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas, por el que se modifica la Ley 29182, Ley de Organización y Funciones del Fuero

Militar Policial

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Egu-ren Neuenschwander).— Se va a registrar la asistencia para someter a votación el nuevo texto sustitutorio de los Proyectos de Ley 967 y 1196, presentado por el presidente de la Comisión de Defensa Nacional a las 16 horas y 9 minutos, por el que se propone modificar la Ley 29182, Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial. El texto ha sido distribuido a la Representación Nacional.


El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Eguren Neuenschwander).— Mientras se registra la asistencia, tiene la palabra la congresista Martha Chávez.

La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPF).— Presidente, se suspendió el debate porque no había el número suficiente de congresistas presentes en la sesión para ir a la votación, pero yo tengo unas acotaciones sobre la norma, tengo una preocupación.

El Tribunal Constitucional en su momento —creo recordar que fue el año 2003 o 2004— dio una sentencia por la cual hizo un análisis muy detallado sobre lo que era inconveniente respecto de la ley vigente del Fuero Militar Policial, y le dio incluso a su sentencia un plazo, llamado la vacatio



1912

sentence, para que en el entretiempo el Congreso dictara una norma. El Congreso no dictó la norma, no tuvo tiempo para hacerlo e incluso dictó una norma pequeña diciendo que la anterior ley regía hasta que no sea sustituida, cosa que motivó otra sentencia del Tribunal Constitucional en la que este señaló que eso no era legítimo.

Pues bien, una de las observaciones que hizo el Tribunal Constitucional estaba referida al régimen administrativo al que se sujetan los miembros del Fuero Militar Policial, considerando que el hecho de que dependan de las mismas medidas administrativas de las que dependen los oficiales que no corresponden al Fuero Militar Policial los hacía vulnerables a represalias, a presiones; y, por lo tanto, que la independencia que debía tener funcionalmente el Fuero Militar Policial no admitía una serie de normas que en ese entonces estaban vigentes. Por eso, se dio la ley que hoy está vigente, la Ley 29182. Esta ley y el principio del Tribunal Constitucional estarían siendo vulnerados por el artículo 29 de la propuesta de ley, que considera la posibilidad de que se pase al retiro por renovación a los miembros del Fuero Militar Policial.

Los miembros, los jueces, los vocales, los fiscales del Fuero Militar Policial no pueden estar sujetos a este tipo de decisiones administrativas de la renovación, porque eso los hace vulnerables a las represalias, a las presiones por estar investigando a oficiales que tienen el alto mando en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional.

Por lo tanto, creo que no es conveniente y solicito que se retire este agregado del artículo 29 que permite que los miembros del Fuero Militar Policial puedan ser pasados al retiro por causal de renovación. La renovación implica una decisión administrativa de todas maneras arbitraria, en el sentido de que está al arbitrio de quienes tienen el alto mando de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Lo que los hacen, reitero, vulnerables a situaciones que pueden quitar su independencia al momento de pronunciarse en los distintos casos sobre los cuales tienen competencia.

Por lo tanto, pido que se retire esta causal que se está agregando en el artículo 29. La causal de renovación no corresponde.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Egu-ren Neuenschwander).— Tiene la palabra el congresista José Urquizo.

El señor URQUIZO MAGGIA (NGP).— Presidente, con el ánimo de no entrampar el debate a estas alturas, cuando ya los señores congresistas están registrando su asistencia para ir a la votación —puesto que la congresista Chávez

ha hecho una observación temeraria, en el sentido de que puede frustrar la aprobación de una norma orientada a fortalecer el Fuero Militar Policial—, vamos a estudiar esa parte que ha sido observada por la congresista Martha Chávez referente a la renovación.

Es decir, retiramos esa parte a fin de que podamos votar sin ninguna observación.

Eso merecerá, pues, una evaluación en la Comisión de Defensa, y en su momento estaremos ingresando, si el caso amerita, una iniciativa legislativa concretamente sobre el tema de la renovación.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Egu-ren Neuenschwander).— Han registrado su asistencia 72 señores congresistas.

Al voto.


—Efectuada la consulta, se aprueba en primera votación, 70 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención, el nuevo texto sustitutorio del proyecto de Ley que modifica la Ley 29182, Ley de Organización y Funcio-nes del Fuero Militar Policial.

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Egu-ren Neuenschwander).— Ha sido aprobado en primera votación.

Se deja constancia del voto a favor de los congresistas Pérez Tello de Rodríguez e Iberico Núñez; y de la abstención del congresista Mulder Bedoya.




LEY QUE MODIFICA LA LEY 29182, LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL

FUERO MILITAR POLICIAL

Artículo único. Objeto de la Ley



Modifícanse los artículos 5, 10 y 23 de la Ley 29182, Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial, en los términos siguientes:

‘Artículo 5°. El Fuero Militar Policial

El Fuero Militar Policial es único y ejerce jurisdicción en el ámbito nacional a través de sus órganos jerárquicamente organizados. Está integrado por órganos jurisdiccionales y fiscales de nivel equivalente.

El Consejo Ejecutivo del Fuero Militar Policial es el máximo órgano de gobierno y administración. Está conformado por los vocales y fiscales supremos militares policiales, que son un total de doce oficiales generales o almirantes, en situación de actividad o retiro, que pertenecen al Cuerpo Jurídico Militar Policial.

Los oficiales generales o almirantes en situación de retiro son cuatro, de los cuales tres son vocales supremos de la Sala Suprema Revisora y uno es fiscal supremo ante dicha Sala.

Los oficiales generales o almirantes en situación de actividad son ocho, de los cuales dos son magistrados por cada instituto de las Fuerzas Armadas y dos de la Policía Nacional del Perú. De estos, cuatro son vocales supremos de la Sala Suprema de Guerra, uno es vocal supremo de la Vocalía Suprema, dos son fiscales supremos ante sendas instancias jurisdiccionales y uno es el Director del Centro de Altos Estudios de Justicia Militar.

El Presidente del Consejo Ejecutivo preside el Fuero Militar Policial. Es elegido por los miembros del Consejo Ejecutivo entre los vocales supremos titulares de la Sala Suprema Revisora o el fiscal supremo titular ante dicha Sala. Ejerce el cargo por un período de dos años y puede ser reelegido, por única vez, por un período igual. El cese en el cargo de Presidente implica el término de las funciones de vocal supremo o fiscal supremo, y viceversa.

Compete al Consejo Ejecutivo del Fuero Militar Policial:

[…]

5. Designar a los vocales superiores, fiscales superiores, jueces y fiscales del Fuero Militar Policial, procedentes del Cuerpo Jurídico militar policial, previo concurso de méritos y evaluación curricular. También los ratifica cada cinco años, de ser el caso.

6. Aprobar la doctrina jurisdiccional en materia penal militar policial, que guía el accionar de los operadores jurisdiccionales y fiscales del Fuero Militar Policial.

7. Establecer el régimen de conducta del personal que presta servicios en el Fuero Militar Policial, de acuerdo a ley.

8. Otras competencias que le corresponden conforme a la normatividad sobre la materia.

Artículo 10°. Nombramiento de vocales del Tribunal Supremo Militar Policial

El Presidente de la República nombra a los vocales del Tribunal Supremo Militar Policial, previa evaluación de méritos.

Cuando cesa un vocal de la Sala Suprema Revisora, es reemplazado por un vocal supremo u oficial general o almirante en situación de actividad o en retiro.

Artículo 23°.- Designación de fiscales del Fuero Militar Policial

El Presidente de la República nombra a los fiscales supremos militares policiales, previa evaluación de méritos.

Cuando cesa el Presidente de la Fiscalía Suprema Militar Policial es reemplazado por un fiscal supremo u oficial general o almirante en situación de actividad o en retiro.

Podrán designarse fiscales adjuntos cuando la función fiscal así lo requiera.’

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DE-ROGATORIA

ÚNICA. Derógase el segundo párrafo del artículo 2 del Decreto Legislativo 1096, Decreto Legislativo que Modifica Artículos de la Ley 29182, Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial.


“Primera votación del nuevo texto susti-tutorio de los Proyectos de Ley 967 y 1196

Señores congresistas que votaron a favor: Acuña Peralta, Aguinaga Recuenco, Andrade Carmona, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Canches Guzmán,



1914

Capuñay Quispe, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Ccama Layme, Chacón De Vettori, Chávez Cossío, Chehade Moya, Condori Cusi, Cuculiza Torre, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Diez Canseco Cisneros, Fujimori Higuchi, Gamarra Saldívar, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña, Guevara Amasifuen, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Inga Vásquez, Julca Jara, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, López Córdova, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Merino De Lama, Mora Zevallos, Nayap Kinin, Neyra Huamaní, Oseda Soto, Pari Choquecota, Pérez del Solar Cuculiza, Portugal Catacora, Reátegui Flores, Reggiardo Barreto, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Salazar Miranda, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Spadaro Philipps, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Tejada Galindo, Tubino Arias Schreiber, Uribe Medina, Urquizo Maggia, Vacchelli Corbetto, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Valqui Matos, Wong Pujada, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño, Zeballos Salinas y Zerillo Bazalar.

Señor congresista que votó en contra: Benítez Rivas.”

El señor PRESIDENTE (Juan Carlos Egu-ren Neuenschwander).— Tiene la palabra el congresista José Urquizo.

El señor URQUIZO MAGGIA (NGP).— Presidente, asumiendo que existe de por medio una delegación de facultades que tiene que ver con la organización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y en tanto se establece si este tema está

comprendido en la delegación o que pudiese servir para ello, tratándose de una ley de organización y funciones del Fuero Militar Policial, solicito la exoneración de la segunda votación, por urgencia, porque podría servir de base para la gran reforma de las instituciones armadas y de la Policía Nacional del Perú.

Gracias.

—Reasume la Presidencia el señor Víctor Isla Rojas.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— En atención a la solicitud del presidente de la Comisión de Defensa Nacional, se va a consultar, con la misma asistencia, sobre la exoneración de segunda votación.

Tiene el uso de la palabra el congresista Alberto Beingolea.

El señor BEINGOLEA DELGA-DO (APGC).— Presidente, discúlpeme. Toda vez que se está pidiendo la exoneración de la segunda votación —esperé disciplinadamente a que concluyera la primera votación pues no me parecía pertinente hacer

un añadido mientras se votaba—, quisiera llamar a la reflexión antes de pasar al voto, por favor. Por eso, he pedido la palabra después de que el señor congresista ha solicitado la exoneración segunda votación.

Lo que ocurre es que ya están votando. Pero rogaría, por favor, que tal vez esto lo pueda aceptar el presidente de la Comisión dictaminadora.

En el segundo párrafo del artículo 5 que se propone modificar se dice lo siguiente:

“El Consejo Ejecutivo del Fuero Militar Policial es el máximo órgano de gobierno y administración. Está conformado por los vocales y fiscales supremos militares policiales, que son un total de doce oficiales generales o almirantes, en situación de actividad o retiro, que pertenecen al Cuerpo Jurídico Militar Policial”.

Quiero llamar a reflexión al presidente de la Comisión respecto al siguiente caso. El Cuerpo Jurídico Militar Policial está integrado por abogados que se presentan, adquieren el grado militar correspondiente y hacen carrera militar asimilados al Ejército o a la Armada o a la FAP o a lo que corresponda. Pero existen casos en el Ejército, la Marina o la FAP en que oficiales realizan luego sus estudios de abogados y se gradúan como abogados siendo oficiales y en algunos casos ya estando en el retiro, lo que estarían fuera de la posibilidad de integrar el Fuero Militar Policial porque no pertenecen al Cuerpo Jurídico Militar Policial, lo cual sería un absurdo. Estoy hablando, por ejemplo, de un almirante o un general que tiene el título de abogado pero que no pertenece al Cuerpo Jurídico Militar Policial.

De manera que yo rogaría que se añadiera simplemente una frase: “… que pertenecen al Cuerpo Jurídico Militar Policial u ostentan el título de abogado”. Con lo cual estaríamos incorporando a los oficiales de carrera que luego o en paralelo pudieron hacer estudios de Derecho, se graduaron como abogados y tienen tanto o más conocimiento que incluso un asimilado.



Ojalá se aceptase este añadido que pido para la segunda votación.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Tiene la palabra el congresista José Urquizo, presidente de la Comisión de Defensa Nacional.

El señor URQUIZO MAGGIA (NGP).— Señor Presidente, el congresista Alberto Beingolea plantea una figura inexistente, porque aquellos abogados que se asimilan con la condición de oficiales de las Fuerzas Armadas tienen un procedimiento especial. Obviamente, entiendo que la figura que plantea el congresista es al revés, la de aquellos egresados, por decir, de los institutos armados que en el camino obtuvieron el título de abogados, sin que haya sido su profesión original. En este caso, estamos hablando de egresados de la Escuela Militar de Chorrillos, de la Escuela de Oficiales de la Marina de Guerra, de la Policía Nacional o de la Fuerza Aérea.

Yo invitaría al congresista Beingolea para que trabaje un proyecto de ley al respecto, toda vez que también se tiene que revisar lo que ha planteado la congresista Martha Chávez sobre el artículo 29, en el ánimo de seguir fortaleciendo el Fuero Militar Policial. Tenemos que recabar la opinión del mismo Fuero, de las instituciones armadas. Me parece muy interesante, muy positiva la propuesta del congresista Beingolea, pero merecerá su evaluación respectiva.

Sin ánimo de alterar esta votación, que prácticamente ya culminó, me comprometo, como presidente de la Comisión de Defensa, a trabajar lo planteado hoy por el congresista Beingolea, no siendo procedente incorporarla a la propuesta de ley a estas alturas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Al voto la exoneración de segunda votación.


—Efectuada la votación, se acuerda, por 62 votos a favor, siete en contra y dos abstencio-nes, exonerar de segunda votación el nuevo texto sustitutorio del proyecto de Ley que modifica la Ley 29182, Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Ha sido acordada.

Se deja constancia del voto a favor de los congresistas Eguren Neuenschwander, Iberico Núñez y Mulder Bedoya; y del voto en contra de la congresista Pérez Tello de Rodríguez.

“Votación de la exoneración de segunda votación del nuevo texto sustitutorio de

los Proyectos de Ley 967 y 1196

Señores congresistas que votaron a favor: Acuña Peralta, Aguinaga Recuenco, Andrade Carmona, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Canches Guzmán, Capuñay Quispe, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Ccama Layme, Chacón De Vettori, Chehade Moya, Condori Cusi, Cuculiza Torre, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Fujimori Higuchi, Gamarra Saldívar, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña, Guevara Amasifuen, Huayama Neira, Inga Vásquez, Julca Jara, Kobashigawa Kobashigawa, López Córdova, Melgar Valdez, Merino De Lama, Mora Zevallos, Nayap Kinin, Oseda Soto, Pari Choquecota, Pérez del Solar Cuculiza, Portugal Catacora, Reátegui Flores, Reggiardo Barreto, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Salazar Miranda, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Spadaro Philipps, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Tejada Galindo, Tubino Arias Schreiber, Uribe Medina, Urquizo Maggia, Vacchelli Corbetto, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Valqui Matos, Wong Pujada, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar.

Señores congresistas que votaron en con-tra: Becerril Rodríguez, Benítez Rivas, Chávez Cossío, Hurtado Zamudio, Lay Sun, Medina Ortiz y Neyra Huamaní.

Señores congresistas que se abstuvieron: Diez Canseco Cisneros y Zeballos Salinas.”

Se aprueba en primera votación y, segui-damente, se acuerda exonerar de segunda votación el nuevo texto sustitutorio presen-tado por el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarro-llo Alternativo y Lucha contra las Drogas, por el que se modifica la Ley 25054, Ley que norma la fabricación, comercio, posesión y uso por particulares de armas y municiones

que no son de guerra

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Continuamos.

Habiendo concluido en la mañana el debate del dictamen de la Comisión de Defensa Nacional



1916

recaído en los Proyectos de Ley 735 y 1166, por los que se propone modificar la Ley que norma la fabricación, comercio, posesión y uso por particulares de armas y municiones que no son de guerra, tiene la palabra el congresista José Urquizo, presidente de dicha Comisión.

Señores congresistas, terminada esta votación, vamos a pasar a sesión secreta.

El señor URQUIZO MAGGIA (NGP).— Presidente, con las disculpas del caso por la demora, debo señalar que concluido el debate del texto sustitutorio de las iniciativas legislativas 735 y 1166 aprobado en la sesión de la Comisión de Defensa

Nacional del 3 de octubre, por el que se propone modificar la Ley 25054, Ley que norma la fabricación, comercio, posesión y uso por particulares de armas y municiones que no son de guerra, se han incorporado muchos de los aportes de los señores congresistas. El nuevo texto se encuentra en Relatoría, por lo que pido que se disponga que se le dé lectura.

Pido que se dé lectura al texto sustitutorio final de los proyectos de ley que han sido materia de debate, Presidente.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Se va a dar lectura al texto sustitutorio final que se ha presentado.


“Texto sustitutorio presentado el 31 de octubre de 2012, a las 15 horas y 43 minutos.

Ley que modifica la Ley 25054, Ley que norma la fabricación, comercio, posesión y uso por

particulares de armas y municiones que no son de guerra.

Artículo 1. Objeto de la ley.

La presente Ley tiene por objeto modificar diversos artículos de la Ley 25054, Ley que norma la fabricación, comercio, posesión y uso por particulares de armas y municiones que no son de guerra.

Artículo 2. Modificación de la Ley 25054, Ley que norma la fabricación, comercio, posesión y uso por particulares de armas y municiones que no son de guerra.

Modifícanse los artículos 13, 15, 16 y 27 de la Ley 25054, Ley que norma la fabricación, comercio,

posesión y uso por particulares de armas y municiones que no son de guerra, en los siguientes términos:

‘Artículo 13. El otorgamiento de licencia de posesión y uso de armas de fuego se ciñe a lo establecido por la presente Ley y su reglamento, teniendo una vigencia de cinco años prorrogables, contados a partir de la fecha de su expedición, a excepción de las licencias especiales de posesión y uso temporal.

Para los trámites de licencia de posesión y uso inicial, transferencia y renovación, es requisito obligatorio la presentación de los certificados que demuestren que no registran antecedentes policiales, penales y judiciales.

Artículo 15. La Dirección de Control de Servicios de Seguridad y Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Dicscamec) otorga licencia para los fines siguientes:

1. Fabricación de armas o municiones.

2. Reparación de armas.

3. Comercialización de armas o municiones.

4. Recarga de municiones.

5. Posesión y uso general de armas y sus municiones para:

a. Defensa personal: hasta un máximo de dos armas por persona; pudiendo la Dicscamec autorizar hasta un máximo de cinco, en casos debidamente justificados.

b. Deporte: según la acreditación que emita la federación deportiva nacional reconocida por el Instituto Peruano del Deporte correspondiente, sobre la necesidad y cantidad de armas, de acuerdo al reglamento.

c. Caza: de acuerdo al reglamento; y,

d. Seguridad y vigilancia armada: de acuerdo al reglamento.

6. Especiales, de posición y uso temporal.

7. Posesión de armas para:

a. Colección y,

b. Caza en el extranjero.



El reglamento establecerá los requisitos para el otorgamiento de las licencias contenidas en el presente artículo.

La Dirección de Control de Servicios de Seguridad y Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Dicscamec) podrá verificar la tenencia y situación del arma y las municiones, cuando lo estime pertinente.

Artículo 16. La adquisición de munición para armas de fuego solo puede efectuarse por los titulares o representantes legales, previa presentación de la licencia respectiva, en los establecimientos debidamente autorizados, y de acuerdo a la cantidad fijada en el reglamento.

Solo se autoriza la venta de municiones a los poseedores de las licencias de posesión y uso general de armas y sus municiones para:

1. Defensa personal.

2. Deporte.

3. Caza; y,

4. Seguridad y vigilancia.

Artículo 27. Queda prohibido:

1. Efectuar modificaciones en las armas sin la autorización correspondiente.

2. Modificar las cifras identificatorias de las armas o eliminarlas intencionalmente.

3. Poseer y/o usar armas sin licencia pertinente.

4. Usar silenciadores y dispositivos que alteran u ocultan la apariencia o funcionamiento de las armas.

5. Utilizar armas y/o municiones con garantía mobiliaria o entregarlas en depósito.

6. Utilizar en las armas de defensa personal y de seguridad y vigilancia armada municiones expansivas, deflagrantes y perforantes.

7. Transferir o vender armas con licencia para ingreso al país sin autorización.

8. Usar armas para fines no autorizados.

9. Importar o usar armas de calibre 9mm Luger o Parabellum.

10. Portar un arma distinta a la autorizada por la licencia.’

Disposiciones Complementarias Transitorias

Primera. Reglamentación.

El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro del Interior, en el plazo máximo de treinta (30) días calendario expide un nuevo reglamento de la Ley 25054, Ley que norma la fabricación, comercio, posesión y uso por particulares de armas y municiones que no son de guerra, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas por la presente Ley.

Segunda. Tabla de Infracciones y Sanciones.

Autorízase al Poder Ejecutivo para que en el reglamento actualice la Tabla de Infracciones y Sanciones.

Disposición Complementaria Modificatoria

Única. Incorpórase un párrafo al artículo 4 de la Ley 28677, Ley de Garantía Mobiliaria, con el texto siguiente:

‘No pueden afectarse en garantía mobiliaria las armas de fuego y las municiones, de conformidad con el artículo 27, inciso 5, de la Ley 25054, Ley que norma la fabricación comercio, posesión y uso por particulares de armas y municiones que no son de guerra’.

José antonio UrqUizo Maggia,

Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas.”

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se ha leído la propuesta final.

En consecuencia, pido a los señores congresistas que se sirvan registrar su asistencia para proceder a votar.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Han registrado su asistencia 74 señores congresistas.

La Presidencia, en nombre de la Representación Nacional, saluda al congresista Hugo Carrillo



1918

por su onomástico, que fue el día de ayer, 30 de octubre.

De igual manera, saluda al congresista Martín Belaunde Moreyra por su cumpleaños, que lo ha celebrado solo el 30 de octubre.

Asimismo, saludamos al congresista Antonio Medina, quien cumple años hoy.

(Aplausos).

Mañana jueves continúa la celebración con el congresista Tomás Zamudio, por sus 33 años. El martes 6 de noviembre cumple años el congresista Michael Urtecho, que ya inició su celebración.

Al voto.


—Efectuada la consulta, se aprueba, en primera votación, por 72 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, el nuevo texto sustitutorio de los Proyectos de Ley 735 y 1166, que modifica la Ley 25054, Ley que norma la fabricación, comercio, posesión y uso por particulares de armas y municiones que no son de guerra.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Ha sido aprobado por unanimidad en primera votación.

Se deja constancia del voto a favor de los congresistas Uribe Medina, Carrillo Cavero, García Belaunde, Salazar Miranda y Nayap Kinin.




LEY QUE MODIFICA LA LEY 25054, LEY SOBRE LA FABRICACIÓN, COMERCIO, POSESIÓN Y USO POR PARTICULARES

DE ARMAS Y MUNICIONES QUE NO SON DE GUERRA

Artículo 1. Objeto de la Ley

La presente Ley tiene por objeto modificar diversos artículos de la Ley 25054, Ley sobre la fabricación, comercio, posesión y uso por particulares de armas y municiones que no son de guerra.

Artículo 2. Modificación de la Ley 25054, Ley sobre la fabricación, comercio, posesión y uso por particulares de armas y municiones que no son de guerra

Modifícanse los artículos 13, 15, 16 y 27 de la Ley 25054, Ley sobre la fabricación, comercio, posesión y uso por particulares de armas y municiones que no son de guerra, en los siguientes términos:

‘Artículo 13°. El otorgamiento de licencia de posesión y uso de armas de fuego se ciñe a lo establecido por la presente Ley y su reglamento, teniendo una vigencia de cinco años prorrogables, contados a partir de la fecha de su expedición, a excepción de las licencias especiales de posesión y uso temporal.

Para los trámites de licencia de posesión y uso inicial, transferencia y renovación, es requisito obligatorio la presentación de los certificados que demuestren que el poseedor no registra antecedentes policiales, penales ni judiciales.

Artículo 15°. La Dirección de Control de Servicios de Seguridad y Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (DICSCAMEC) otorga licencia para los fines siguientes:

1. Fabricación de armas o municiones.

2. Reparación de armas.

3. Comercialización de armas o municiones.

4. Recarga de municiones.

5. Posesión y uso general de armas y sus municiones para:

a. Defensa personal: hasta un máximo de dos armas por persona; pudiendo la DICSCAMEC autorizar hasta un máximo de cinco, en casos debidamente justificados.

b. Deporte: según la acreditación que emita la federación deportiva nacional correspondiente, reconocida por el Instituto Peruano del Deporte, sobre la necesidad y cantidad de armas, de acuerdo al reglamento.

c. Caza: de acuerdo al reglamento.

d. Seguridad y vigilancia armada: de acuerdo al reglamento.

6. Especiales, de posesión y uso temporal.

7. Posesión de armas para:



a. Colección.

b. Caza en el extranjero.

El reglamento establece los requisitos para el otorgamiento de las licencias contenidas en el presente artículo.

La Dirección de Control de Servicios de Seguridad y Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (DICSCAMEC) podrá verificar la tenencia y situación del arma y las municiones, cuando lo estime pertinente.

Artículo 16°. La adquisición de munición para armas de fuego solo puede efectuarse por los titulares o representantes legales, previa presentación de la licencia respectiva, en los establecimientos debidamente autorizados, y de acuerdo a la cantidad fijada en el reglamento.

Solo se autoriza la venta de municiones a los titulares de las licencias de posesión y uso general de armas y sus municiones para:

1. Defensa personal.

2. Deporte.

3. Caza.

4. Seguridad y vigilancia armada.

Artículo 27°. Queda prohibido:

1. Efectuar modificaciones en las armas sin la autorización correspondiente.

2. Modificar las cifras identificatorias de las armas o eliminarlas intencionalmente.

3. Poseer y/o usar armas sin licencia pertinente.

4. Usar silenciadores y dispositivos que alteran u ocultan la apariencia o funcionamiento de las armas.

5. Utilizar armas y/o municiones como garantía mobiliaria o entregarlas en depósito.

6. Utilizar en las armas de defensa personal y de seguridad y vigilancia armada municiones expansivas, deflagrantes y perforantes.

7. Transferir o vender armas con licencia para ingreso al país sin autorización.

8. Usar armas para fines no autorizados.

9. Importar o usar armas de calibre 9mm Luger o Parabellum.

10. Portar un arma distinta a la autorizada por la licencia.’

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

PRIMERA. Reglamentación

El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro del Interior, en el plazo máximo de treinta (30) días calendario expide un nuevo reglamento de la Ley 25054, Ley sobre la fabricación, comercio, posesión y uso por particulares de armas y municiones que no son de guerra, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas por la presente Ley.

SEGUNDA. Actualización de la Tabla de Infracciones y Sanciones

Autorízase al Poder Ejecutivo para que en el reglamento actualice la Tabla de Infracciones y Sanciones.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MO-DIFICATORIA

ÚNICA. Incorpórase un párrafo al artículo 4 de la Ley 28677, Ley de la Garantía Mobiliaria, con el texto siguiente:

‘No pueden afectarse en garantía mobiliaria las armas de fuego y las municiones, de conformidad con el artículo 27, inciso 5, de la Ley 25054, Ley sobre la fabricación, comercio, posesión y uso por particulares de armas y municiones que no son de guerra.’


“Primera votación del nuevo texto susti-tutorio de los Proyectos de Ley 735 y 1166

Señores congresistas que votaron a favor: Acuña Peralta, Aguinaga Recuenco, Andrade Carmona, Anicama Ñañez, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Benítez Rivas, Canches Guzmán, Capuñay Quispe, Cárdenas Cerrón, Ccama Layme, Chacón De Vettori, Chávez Cossío, Chehade Moya, Condori Cusi, Condori Jahuira, Cuculiza Torre, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Diez Canseco Cisneros, Eguren Neuenschwander, Fujimori Higuchi, Gamarra Saldívar, Gastañadui Ramírez,



1920

Grandez Saldaña, Guevara Amasifuen, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Inga Vásquez, Julca Jara, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, López Córdova, Luna Gálvez, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Merino De Lama, Mora Zevallos, Mulder Bedoya, Neyra Huamaní, Oseda Soto, Pari Choquecota, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Tello de Rodríguez, Portugal Catacora, Reátegui Flores, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Spadaro Philipps, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Tejada Galindo, Tubino Arias Schreiber, Urquizo Maggia, Vacchelli Corbetto, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Valqui Matos, Wong Pujada, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño, Zeballos Salinas y Zerillo Bazalar.”

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Tiene la palabra el congresista José Urquizo, presidente de la Comisión de Defensa Nacional.

El señor URQUIZO MAGGIA (NGP).— Señor Presidente, bajo el mismo criterio, por la urgencia que hay frente a la criminalidad organizada y debido a que el Pleno de hoy, gracias a su disposición, ha sido destinado exclusivamente para

ver iniciativas sobre seguridad y defensa, no podríamos seguir dilatando la segunda votación, por lo que pido su exoneración.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— En atención a la solicitud del presidente de la Comisión de Defensa Nacional, se va a votar con la misma asistencia la exoneración de segunda votación.


—Efectuada la votación, se acuerda, por 69 votos a favor, ninguna en contra y dos abstenciones, exonerar de segunda votación el nuevo texto sustitutorio de los Proyectos de Ley 735 y 1166, por el que se modifica la Ley 25054, Ley que norma la fabricación, comercio, posesión y uso por particulares de armas y municiones que no son de guerra.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Ha sido acordada.

Se deja constancia del voto a favor de los congresistas Uribe Medina, Iberico Núñez, Salazar Miranda, García Belaunde, Carrillo Cavero y

Nayap Kinin; y del voto en contra de la congresista Pérez Tello de Rodríguez.

“Votación de la exoneración de segunda votación del nuevo texto sustitutorio de

los Proyectos de Ley 735 Y 1166

Señores congresistas que votaron a favor: Acuña Peralta, Aguinaga Recuenco, Andrade Carmona, Anicama Ñañez, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Canches Guzmán, Capuñay Quispe, Cárdenas Cerrón, Ccama Layme, Chacón De Vettori, Chávez Cossío, Chehade Moya, Condori Cusi, Condori Jahuira, Cuculiza Torre, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Eguren Neuenschwander, Fujimori Higuchi, Gamarra Saldívar, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña, Guevara Amasifuen, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Inga Vásquez, Julca Jara, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, López Córdova, Luna Gálvez, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Merino De Lama, Mora Zevallos, Mulder Bedoya, Neyra Huamaní, Oseda Soto, Pari Choquecota, Pérez del Solar Cuculiza, Portugal Catacora, Reátegui Flores, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Spadaro Philipps, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Tejada Galindo, Tubino Arias Schreiber, Urquizo Maggia, Vacchelli Corbetto, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Valqui Matos, Wong Pujada, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño, Zeballos Salinas y Zerillo Bazalar.

Señores congresistas que se abstuvieron: Benítez Rivas y Diez Canseco Cisneros.”

Son aprobadas diversas modificaciones al Cuadro de Comisiones Ordinarias

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Se va a dar lectura a unas modificaciones al Cuadro de Comisiones Ordinarias.


“Lima 29 de octubre de 2012

Oficio 065-2012-2013-CR

Señor congresista Víctor Isla Rojas

Presidente del Congreso de la República

Presente.

De mi especial consideración:



Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y asimismo comunicarle el siguiente cambio al Cuadro de Comisiones:

Los congresistas César Yrupailla Montes y Justiniano Apaza Ordóñez integrarán en calidad de accesitarios la Comisión de Educación, Juventud y Deporte.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

JaiMe DelgaDo zegarra,

Directivo Portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú.”


Oficio 068-2012-2013-CR Señor Víctor Isla Rojas Presidente del Congreso de la República Presente.

De mi especial consideración:

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez comunicarle los siguientes cambios al Cuadro de Comisiones:

Los congresistas Teófilo Gamarra Saldívar y Jhon Reynaga Soto ingresarán en calidad de accesitarios a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente,

JaiMe DelgaDo zegarra, .................................... Directivo Portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú.”


Oficio 054-2012-2013-CR Señor Víctor Isla Rojas Presidente del Congreso de la República Presente.

De mi consideración:

Me dirijo a usted, de conformidad con el artículo 34 del Reglamento del Congreso, a fin

de solicitarle se sirva someter a consideración del Pleno el siguiente cambio en el Cuadro de Comisiones:

Comisión Ordinaria de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas: incorporación como miembro accesitario del señor congresista Juan Carlos Eguren Neuenschwander.

Atentamente,

enriqUe Wong PUJaDa,

Vocero del Grupo Parlamentario Alianza por el Gran Cambio.”

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se va a votar las propuestas de modificación al Cuadro de Comisiones Ordinarias 20122013.


—Efectuada la votación, se aprueban las modificaciones al Cuadro de comisiones ordinarias 2012-2013.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Han sido aprobadas las propuestas de modificación al Cuadro de Comisiones.

—Las modificaciones al Cuadro de Comisio-nes Ordinarias son los siguientes:

—Comisión de Educación:

Ingresan como accesitarios los congresistas Yrupailla Montes, Apaza Ordóñez, Gamarra Saldívar y Reynaga Soto.

—Comisión de Producción:

Ingresa como accesitario el congresista Eguren Neuenschwander.

Son aprobadas mociones de saludo al Jura-do Nacional de Elecciones y a los pueblos ubicados en la zona del Caribe y la costa

atlántica de Norteamérica

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se va a dar cuenta de dos mociones de saludo.


Mociones de saludo



1922

De los congresistas Mulder Bedoya, Rosas Huaranga, Eguren Neuenschwander y Urtecho Medina, expresando su felicitación al Jurado Nacional de Elecciones por la publicación del Mapa Político Electoral del Perú.

De los congresistas Diez Canseco Cisneros, Cuculiza Torre, Condori Jahuira, Zeballos Salinas, Zerillo Bazalar, Canches Guzmán, Tubino Arias Schreiber y Chacón De Vettori, expresando su total solidaridad con los pueblos ubicados en la zona del Caribe y la costa atlántica de Norteamérica, por las graves consecuencias del huracán Sandy, iniciado el miércoles 24 de octubre de 2012.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Se va a consultar sobre las mociones a que se ha dado lectura.


—Efectuada la votación, son aprobadas las mociones de saludo.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Han sido aprobadas.

—Los textos aprobados son los siguientes:


Acuerda:

Expresar su felicitación al Jurado Nacional de Elecciones por la publicación del Mapa Político Electoral del Perú, reconociendo el esfuerzo y dedicación institucional en esta investigación.



Acuerda:

Primero.— Expresar su total solidaridad con los pueblos ubicados en la zona del Caribe y la Costa Atlántica de Norteamérica, por las graves consecuencias del huracán ‘Sandy’, iniciado el miércoles 24 de octubre de 2012.

Segundo.— Expresar sus sentidas condolencias, por la irreparable pérdida de las vidas humanas a los embajadores de los países del Caribe y de los Estados Unidos de América en el Perú.

Tercero.— Solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores que informe a la brevedad posible sobre la situación de nuestros compatriotas peruanos ante el acaecido desastre natural.


El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Ro-jas).— Se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión.


—Efectuada la votación, se acuerda trami-tar los asuntos tratados hasta el momento en la presente sesión sin esperar la aproba-ción del acta.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Ha sido acordado.

Tiene la palabra el congresista Nayap Kinin.

El señor NAYAP KININ (NGP).— Señor Presidente, deseo que quede constancia de que en las dos votaciones anteriores mi voto es a favor.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Muy bien, congresista. Se tendrá en cuenta su voto a favor en las dos consultas anteriores.

El señor NAYAP KININ (NGP).— Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se levanta la presente sesión especial.

“Registro de asistencia a la última vo-tación digital de la sesión (17 horas 20

minutos)

Presentes: Los congresistas Isla Rojas, Eguren Neuenschwander, Luna Gálvez, Acuña Peralta, Aguinaga Recuenco, Andrade Carmona, Anicama Ñañez, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Benítez Rivas, Canches Guzmán, Capuñay Quispe, Cárdenas Cerrón, Ccama Layme, Chacón De Vettori, Chávez Cossío, Chehade Moya, Condori Cusi, Condori Jahuira, Cuculiza Torre, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra,



Diez Canseco Cisneros, Fujimori Higuchi, Gamarra Saldívar, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña, Guevara Amasifuen, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Inga Vásquez, Julca Jara, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, López Córdova, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Merino De Lama, Mora Zevallos, Mulder Bedoya, Neyra Huamaní, Oseda Soto, Pari Choquecota, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Tello de Rodríguez, Portugal Catacora, Reátegui Flores, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Spadaro Philipps, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Tejada Galindo, Tubino Arias Schreiber, Uribe Medina, Urquizo Maggia, Vacchelli Corbetto, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Valqui Matos, Wong Pujada, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño, Zeballos Salinas y Zerillo Bazalar.

Con licencia oficial: Los congresistas Alcorta Suero, Bruce Montes de Oca, Coa Aguilar, Cordero Jon Tay, Elías Ávalos, Espinoza Cruz, Gutiérrez Cóndor, Jara Velásquez (ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables), León Rivera, León Romero, Lewis Del Alcázar, Mendoza Frisch, Monterola Abregú, Omonte Durand de Dyer, Otárola Peñaranda, Rosas Huaranga, Saavedra Vela, Simon Munaro y Velásquez Quesquén.

Con licencia por enfermedad: Los congresistas Abugattás Majluf, Cabrera Ganoza, Chihuán Ramos, Mavila León, Neyra Olaychea, Ramírez Gamarra y Salgado Rubianes.

Ausentes: Los congresistas Falconí Picardo, Acuña Núñez, Angulo Álvarez, Carrillo Cavero, Castagnino Lema, Coari Mamani, Crisólogo Espejo, Díaz Dios, Espinoza Rosales, Gagó Pérez, Galarreta Velarde, García Belaunde, Huaire Chuquichaico, Iberico Núñez, Lescano Ancieta, Llatas Altamirano, Molina Martínez, Nayap Kinin, Reggiardo Barreto, Rodríguez Zavaleta, Ruiz Loayza, Salazar Miranda, Solórzano Flores, Tait Villacorta, Teves Quispe y Urtecho Medina.

Suspendidos: Los congresistas Acha Romaní, Apaza Condori, Pariona Galindo y Yovera Flores.”

El señor PRESIDENTE (Víctor Isla Rojas).— Se pasa a sesión secreta.

—A las 17 horas y 32 minutos, se levanta la sesión

Por la redacción. José Franco Ávalo alvaraDo



1924

20.ª SESIÓN Sesión Especial (Matinal) MIÉRCOLES …...to de Cura Mori, al distrito de Alto Selva...

Documents

Transcript of 20.ª SESIÓN Sesión Especial (Matinal) MIÉRCOLES …...to de Cura Mori, al distrito de Alto Selva...