9/12/14 1 mil millones para los nueve “drones” del gobierno federal

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Autor: Zósimo Camacho @zosimo_contra

1 mil millones para los nueve “drones” del gobierno federal

El gobierno federal cuenta con, al menos, nueve vehículos aéreos no

tripulados o drones. Los más caros están al servicio de la Policía Federal, la

cual pagó por dos unidades 48 millones 500 mil dólares (unos 638 millones de

pesos) a la israelí Elbit Systems, Ltd. Con la misma compañía, la Sedena

adquirió también dos aeronaves cuyo costo ascendió a 25 millones de dólares

(alrededor de 329 millones de pesos). Otras entidades gubernamentales han

invertido en este tipo de unidades, aunque en montos más modestos: el Cisen

erogó un estimado de 28 millones 404 mil pesos por dos unidades; y la Semar,

con recursos por alrededor de 5 millones 200 mil pesos, diseñó y fabricó tres.

Así, México ha gastado 1 mil millones de pesos en drones para uso de sus

fuerzas federales. La flota adquirida permite al gobierno mexicano desde

captar imágenes y grabar conversaciones a kilómetros de distancia, hasta

eliminar objetivos

Entre 2008 y 2013, el gobierno federal de México ha gastado aproximadamente 1 mil millones de pesos en

vehículos aéreos no tripulados (VANT), conocidos como drones, pero también popularizados por sus siglas

en inglés UAV (unmanned aerial vehicle) y UAS (unmanned aerial system).

De acuerdo con contratos de adquisición de las aeronaves, formatos de requisición de bienes e información

del estatus de los aparatos –documentos obtenidos por Contralínea a través de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental–, una entidad del ámbito de la seguridad

pública –la Policía Federal– y tres de la seguridad nacional –la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena),

la Secretaría de Marina (Semar) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen)– cuentan, en

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conjunto, con al menos nueve drones.

La Policía Federal opera dos vehículos aéreos no tripulados UAV Hermes 900 MALE, cuyo costo ascendió a

48 millones 500 mil dólares: aproximadamente 638 millones 889 mil 255 pesos, de acuerdo con el tipo de

cambio al 7 de octubre de 2013. La Sedena adquirió dos UAV Hermes 450 por 25 millones de dólares: unos

329 millones 324 mil 358 pesos actuales. Adicionalmente, el Cisen habría adquirido dos unidades del tipo

MiniVANT, de los cuales se desconocen el modelo y la marca, por 28 millones 404 mil pesos. Y la

Semar cuenta con tres aeronaves de diseño y fabricación propia (tanto VANT como MiniVANT) en las que

habría invertido aproximadamente 5 millones 199 mil 795 pesos.

Así, el monto total asciende a 1 mil 1 millones 817 mil 408 pesos.

De la información disponible –obtenida por medio de la presentación de 17 solicitudes de información ante 12

dependencias gubernamentales, tres de las cuales se convirtieron en recursos de revisión ante el Instituto

Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai)– se desprende que, de los nueve drones del

gobierno federal, cuatro son del tipo MiniVANT, algunos de los cuales pueden ponerse en el aire mediante el

lanzamiento con la mano. Los otros cinco son del tipo VANT táctico y VANT MALE, que sí requieren de pista

para el despegue.

La empresa beneficiada por la adquisición de vehículos aéreos es Elbit Systems, Ltd, cuya sede se

encuentra en la ciudad de Haifa, Israel. Sólo por las ventas efectuadas a la Policía Federal y a la Sedena, la

compañía se embolsó 73 millones 500 mil dólares, unos 968 millones 213 mil 613 pesos al tipo de cambio

actual. Los contratos fueron adjudicados de manera directa a esa compañía.

De la información obtenida por Contralínea se desprende que la Policía Federal y la Sedena sólo cuentan

con drones fabricados por la empresa israelí. Ningún vehículo aéreo no tripulado fabricado por la mexicana

Hydra Technologies de México se encuentra actualmente entre sus flotas. Lo anterior, a pesar de las

versiones periodísticas que informaban de la posible adquisición, por parte de estas dos dependencias del

gobierno federal, de los VANT S4 Ehécatl y E1 Gavilán, diseñados por esta industria aeroespacial privada

mexicana.

Los drones, VANT, UAV o UAS son aeronaves sin tripulación que pueden operar de manera autónoma

(mediante una programación de operaciones en la que ya no es necesaria la intervención humana durante

las misiones) o que pueden ser controladas de forma remota.

Actualmente en el mundo existe toda una gama de VANT: desde los que realizan misiones de reconocimiento,

espionaje y ataque –generalmente asociados a actividades militares y de seguridad– y los de uso civil. Los

drones estadunidenses han matado a más de 2 mil personas tan sólo en Afganistán y su uso ha sido

cuestionado éticamente, ya que las operaciones han implicado la muerte de personas inocentes, llamadas

eufemísticamente “daños colaterales”, y porque pueden registrar conversaciones e imágenes de video de

miles de personas en su vida cotidiana y de manera indiscriminada sin que puedan ser advertidos, pues

alcanzan una altura de vuelo de varios kilómetros.

El investigador mexicano Iñigo Guevara Moyano, especialista en Fuerzas Armadas y seguridad nacional,

considera que un término más preciso para referirse a los VANT es el acuñado en Colombia: aeronaves

remotamente tripuladas (ART), aunque reconoce que esta denominación no es popular aún.

El maestro en seguridad internacional por la Universidad de Georgetown y graduado en estrategia y política

de defensa por el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa de la Universidad de la Defensa, en

Washington, Estados Unidos, explica que, de manera general, existen cuatro tipos de vehículos aéreos no

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tripulados: MiniVANT, VANT tácticos, MALE (de media altura y larga duración) y HALE (de gran altura y larga

duración).

De acuerdo con el también miembro del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, “las virtudes

de contar con VANT son múltiples y complementan a la aviación tripulada”. Considera que la flota de VANT de

la que México se ha hecho, una mezcla de modelos que van de los MiniVANT a los VANT MALE, es

“adecuada”.

Para Guevara Moyano, “es importante entender que los VANT complementan a la aviación tripulada y la

reemplazan en condiciones de vuelo peligrosas; su aplicabilidad no sólo se desempeña en combate: durante

las operaciones de rescate o en respuesta a desastres naturales constituyen herramientas invaluables”.

Ahora bien, “en un escenario ideal debería de existir un proyecto de coordinación interinstitucional que

gestione su adquisición, mantenimiento y evalúe sus distintos desempeños para aprender de su

funcionamiento y empleo, a la vez que fije un programa de desarrollo que involucre a la comunidad científica

y académica y a las industrias nacionales y extranjeras interesadas”.

Policía Federal: UAV Hermes 900 MALE

En el contrato plurianual SSP/PF/CNS/128/2011, del cual Contralínea posee copia, se establece la

adquisición por parte de la Policía Federal de “dos aviones no tripulados, segmento de tierra y cargas útiles

adicionales para los mismos (sistema de inteligencia con sensores y una plataforma aérea y equipo terrestre

de control y mando, con paquete inicial de mantenimiento y capacitación para personal técnico)”.

El documento –del cual la Policía Federal entregó una versión pública a este semanario en respuesta a la

solicitud de información 0413100031413– fue firmado el 26 de diciembre de 2011. Los últimos pagos

convenidos entre la dependencia gubernamental y la empresa se habrían realizado durante 2013.

El contrato fue otorgado por adjudicación directa a la empresa Elbit Systems, Ltd, cuya sede se encuentra en

el Centro de Tecnología Avanzada, en la ciudad de Haifa, Israel, y que cuenta con oficinas sobre Paseo de la

Reforma, en la colonia Lomas Altas, Ciudad de México.

En la cláusula primera del documento se especifica el modelo de los aviones adquiridos por la Policía

Federal: UAV Hermes 900 MALE, cada uno con su “plataforma de inteligencia más el sistema de mando y

control”.

La cláusula segunda informa del monto del contrato plurianual: 48 millones 500 mil dólares, el cual “[…] será

fijo y no podrá sufrir variación alguna.”

En el contrato aparecen las firmas, por la Policía Federal, de cuatro funcionarios. Destacan las del comisario

José Roberto López Cardoso, entonces director general de Recursos Materiales de la Policía Federal, y del

director general de Supervisión y Seguridad Aéreas de la Coordinación de Operaciones Aéreas, de quien en

la versión pública se censura su nombre. También están las firmas del comisario José Martínez Díaz, en ese

tiempo director general de Mantenimiento de la Coordinación de Operaciones Aéreas; y del comisario general

Humberto Martínez González, entonces director general del Centro de Monitoreo Técnico de la Coordinación

de Servicios Técnicos.

Por Elbit Systems, Ltd, aparece la firma de su representante legal Ariel Yichak Meerbaum.

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La Policía Federal reservó en todas sus partes el anexo

técnico del contrato, por considerar que divulgar su

contenido sería revelar el “estado de fuerza” de la

dependencia, según la argumentación ofrecida en la

respuesta entregada a Contralínea por su Unidad de

Enlace.

Sin embargo, se pueden leer las características básicas

de los UAV Hermes 900 MALE en la página oficial del

fabricante: Elbit Systems, Ltd, (www.elbit

systems.com/elbitmain/focus.asp?parent=3&num=17).

MALE se refiere a su clasificación desde el punto de vista

de su techo y alcance máximo: medium altitude long

endurance (altitud media y largo alcance).

De acuerdo con la información publicada por Elbit

Systems, Ltd, el VANT adquirido por la Policía Federal es

capaz de realizar misiones múltiples y llevar consigo

diversos tipos de carga. El peso máximo que puede

soportar es de 350 kilogramos. Entre las misiones que es

capaz de ejecutar el UAV Hermes 900 MALE se

encuentran las de reconocimiento, vigilancia, inteligencia y

“adquisición de objetivos”.

El peso de despegue de la aeronave es de 1 tonelada 180 kilogramos. Puede permanecer en vuelo hasta 36

horas y su techo de servicio es de 30 mil pies de altura (9 kilómetros 144 metros). Sus dimensiones son de

8.3 metros de longitud por 15 metros de envergadura.

Aunque hasta el presente año concluyeron los pagos de la Policía Federal a Elbit Systems, Ltd, los vehículos

aéreos no tripulados fueron adquiridos a finales de 2011. Entonces la dependencia estaba bajo el mando de

la Secretaría de Seguridad Pública, hoy integrada a la Secretaría de Gobernación.

Durante todo el sexenio de Felipe Calderón, el ingeniero mecánico Genaro García Luna se desempeñó como

secretario de Seguridad Pública. Fue considerado el servidor público que más poder acumuló durante esa

administración. En los círculos políticos se le llamaba el supersecretario. Bajo su jurisdicción quedaron los

drones más poderosos adquiridos por el Estado mexicano hasta la llegada del nuevo gobierno, cuando dejó

la administración pública y se retiró a una de sus propiedades, en Miami, Estados Unidos.

Iñigo Guevara señala que los vehículos aéreos no tripulados de la Policía Federal son los más grandes con

los que cuenta México.

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Sedena: UAV Hermes 450

De acuerdo con el contrato FAM 1419/I/2008 Inv. FAM-068/I/2008, celebrado entre la Sedena y Elbit Systems,

Ltd, por 25 millones de dólares, las aeronaves no tripuladas adquiridas por la Fuerza Aérea Mexicana son

UAV Hermes 450.

El contrato fue asignado de manera directa a la “[…] sociedad mercantil constituida y existente de acuerdo

con las leyes del Estado de Israel […]” con sede en la ciudad de Haifa y con representación en la Ciudad de

México en la avenida Paseo de la Reforma.

Las unidades UAV Hermes 450 quedaron adscritas a la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana. Los

aspectos técnicos fueron aprobados por el general piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo Manuel

Víctor Estrada Ricardez, entonces comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, de quien se señala en el

documento: “[…] es el responsable desde el punto de vista técnico de ordenar y supervisar la vigilancia y

cumplimiento del presente contrato […]”.

Con respecto de los 25 millones de dólares erogados por la Sedena por los UAV Hermes 450 y sus sistemas

de operación, el contrato estipula que se trata de un “[…] precio firme y definitivo hasta la total terminación

del contrato, por lo que no estará sujeto a actualización o ajuste por variación de precios en el mercado

nacional e internacional […]”. Los pagos de la Secretaría a Elbit Systems, Ltd, se realizaron por medio de

transferencia bancaria a una cuenta de la empresa en el Bank Leumi, Ltd.

En el documento se establece que las aeronaves debían ser entregadas, como fecha límite, el 30 de junio de

2009. De acuerdo con la décima primera cláusula, la compañía se comprometió a adiestrar al personal que

designara la Sedena en sus instalaciones, en Israel.

Sobre la “recepción definitiva” de los drones adquiridos, la cláusula décimo quinta del contrato especifica:

“[…] se efectuará en el Depósito General Aéreo (Sta. Lucía Edo. Mex.) dentro de los 45 días naturales a

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partir del arribo de dichos sistemas a las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

[…]” (sic).

El contrato fue firmado por ambas partes el 4 de julio de 2008. Por la Sedena aparecen cinco firmas.

Destacan las del general de brigada Augusto Moisés García Ochoa, entonces director General de

Administración de la Secretaría, y el general Manuel Víctor Estrada Ricárdez, entonces comandante de la

Fuerza Aérea Mexicana. Por Elbit Systems, Ltd, el representante legal de la compañía Inon Shapira.

La información fue entregada por la Sedena a Contralínea luego de un proceso de solicitud de información

iniciado bajo el folio 0000700057413. Como la dependencia reservara íntegramente la información requerida,

este semanario interpuso un recurso de revisión (2013002921) ante el Ifai en el que demandaba una versión

pública de los contratos que ampararan la adquisición de aeronaves no tripuladas.

La Sedena accedió a entregar una versión pública del único contrato celebrado hasta el momento para

adquirir drones. Por ello, emitió el oficio 2411 como una ampliación de la respuesta otorgada inicialmente a

Contralínea. En la versión pública del contrato reservó el número de aeronaves adquiridas y las

características técnicas de las mismas.

Sin embargo, “por los montos del contrato y el tipo de VANT adquiridos, podemos decir que tal vez fueron dos

sistemas los que se adquirieron”, a decir del experto en Fuerzas Armadas y seguridad nacional Iñigo Guevara

Moyano.

De acuerdo con la información que Elbit Systems, Ltd, ofrece en su página de internet, los UAV Hermes 450

son vehículos aéreos no tripulados multifuncionales y son “expertos” en operaciones “antiterroristas”. Su

capacidad de carga es de 180 kilogramos y pueden realizar dos misiones simultáneas. El peso de la

aeronave al momento del despegue es de 550 kilogramos y su resistencia de vuelo es de 17 horas. Las

dimensiones de este modelo de VANT son de 6.1 metros de longitud por 10.5 metros de envergadura. El

techo de altura que alcanzan estos drones es de 18 mil pies (5 kilómetros 486 metros).

Para convencer del éxito comercial de sus aparatos, Elbit Systems, Ltd, señala en su portal electrónico:

“mientras lee estas líneas, es probable que en este momento haya más de 20 UAV Hermes 450 en el aire

realizando misiones operativas en todo el mundo”.

La Sedena es una de las dos secretarías que organizan y administran fuerzas militares en México. Bajo el

mando del secretario de la Defensa se encuentra las fuerzas de tierra y de aire: el Ejército Mexicano y la

Fuerza Aérea Mexicana. Para esta última se adquirieron los drones.

Durante el sexenio de Felipe Calderón, al frente de la Sedena permaneció el general de división Diplomado

de Estado Mayor Guillermo Galván Galván.

El UAV Hermes 450 “es un modelo maduro y probado en distintos escenarios de combate alrededor del

mundo; es empleado en la actualidad por, al menos, 12 naciones; su entrada en servicio a partir de la mitad

de 2009 refuerza específicamente las capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de la Sedena”,

explica el especialista Iñigo Guevara.

Considera que los VANT adquiridos por la Sedena son “óptimos”, pero no tienen por qué ser los únicos:

“deben embonar dentro de una gama de vehículos especializados que se utilicen de acuerdo con el tipo de

misión”. Estima un tiempo de vida de los aparatos de entre 15 y 25 años.

—Toda vez que, de las tres Fuerzas Armadas Mexicanas, la Fuerza Aérea es la más castigada

presupuestalmente, ¿la compra de los UAV Hermes 450 enmienda las carencias a las que ha estado

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sometida? –se le pregunta.

—No. Por los montos de adquisición (25 millones de dólares) se indica que se adquirieron dos sistemas,

número francamente pequeño considerando las dimensiones del país que deben cubrir. Lo ideal sería que se

diseñe un subsistema nacional de VANT que reporten en tiempo real al Sistema Integral de Vigilancia Aérea

para continuar con el crecimiento y desarrollo del mismo.

Cisen: MiniVANT

Mediante la solicitud de información 0410000011013,

Contralínea requirió al Cisen copia de los contratos que

ampararan la adquisición de drones. Como respuesta, el

Centro adujo que tal información estaba reservada por 12

años en todas sus partes pues, según su criterio, la

divulgación de la información pondría en riesgo la

seguridad nacional.

Luego de que Contralínea interpusiera un recurso de

revisión contra la respuesta del Cisen –al que se le

adjudicó el número RDA 2653/13, el Centro modificó su

respuesta y “[…] en atención al principio de máxima

publicidad consagrado en el Artículo 6 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos […]”, entregó

una versión pública del formato de requisición de bienes y

servicios con un anexo de características técnicas.

A decir del Cisen, se trata del “[…] único documento que

obra en los archivos de este órgano desconcentrado,

mismo que se encontraba reservado […]”.

En el documento se describe al vehículo aéreo no

tripulado como un “Sistema para Apoyo a la Captura de

Información a Distancia” (sic).

Según el mismo documento, el Cisen habría comprado dos de estos sistemas a precio unitario de 14 millones

202 mil pesos. Por lo tanto, la erogación habría sido de 28 millones 404 mil pesos.

En la hoja de características técnicas de estos sistemas se señala que cada uno de ellos pesa 7 kilogramos y

cuenta con una dimensión de 2.9 metros de envergadura por 1.4 metros de longitud. Además, disponen de

una estación de control que, en términos generales, es una “[…] unidad miniaturizada con una computadora

portátil de alta capacidad; incluye software para comunicaciones en tiempo real, mapas, estatus de

comunicación y localización de estación de control […]”.

En el mismo documento, el Cisen detalla las ventajas de este tipo de drones:

“A partir de los esquemas de operación en campo cada vez más complicados se buscó tecnología que

permitiera la captura de información en campo, a fin de apoyar los procesos para la generación de

inteligencia.

“Dicho sistema se debe operar en ambientes adversos los cuales podrían poner en riesgo al personal, la

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información y las operaciones, por lo que el sistema debe permitir la captación de los insumos de imágenes

con la mayor distancia posible, la cual debe ser de hasta 20 kilómetros.

“La información obtenida será procesada de manera local o remota para lo cual el sistema debe contar con

un dispositivo para despliegue de imágenes en sitio así como un subsistema para transmisión de las

imágenes mencionadas a una distancia de hasta 40 km por vía de radiofrecuencia […]” (sic).

Además, el documento proporcionado por el Centro contiene una hoja que argumenta y justifica la compra de

los “sistemas para la captura de imágenes a distancia”. En ella se puede leer:

“A casi 20 años de fundación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, en la actualidad atraviesa por

un entorno nacional e internacional de extraordinaria complejidad. En donde se enfrentan retos inéditos y

desafíos que si bien no son nuevos, se expresan con singular fuerza presentando serios riesgos a la

seguridad nacional.

“Para estar a la altura de esta demanda, se requiere de un ciclo de inteligencia más ágil y eficiente, ellos a

través del uso de nuevas metodologías de trabajo y de la modernización tecnológica de cada una de sus

etapas, en este caso particular, la captura de información de diversas fuentes […]” (sic).

El documento está fechado el 8 de octubre de 2008.

Aunque el Cisen no informa del modelo ni de la marca de los VANT adquiridos, el experto Alejandro Iñigo

considera que, por las dimensiones y demás características señaladas en la información oficial, podría

tratarse de aquellos que son puestos en el aire con la mano.

En efecto, las características de un modelo de Elbit Systems, Ltd, descritas en la página electrónica de la

compañía (www.elbitsystems.com/elbitmain/area-in2.asp?parent=3&num=279&num2=279), coinciden con las

presentadas en el documento del Cisen. Son las del Skylark I LE MiniUAS.

Pero se ofrece más información: la capacidad máxima de carga es de 1.1 kilogramos; el techo de servicio es

de 15 mil pies (4 kilómetros 572 metros) y puede volar por 3 horas ininterrumpidamente.

Además, la compañía señala en su portal de internet: “[…] Es un UAS altamente eficaz para operaciones

encubiertas que permitan la vigilancia, la información para generación de inteligencia y realizar misiones de

reconocimiento; ejecuta acciones concretas, y provee de video de alta resolución en tiempo real a través de

terminales de video remoto […].”

El Cisen es un “[…] órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con autonomía

técnica, operativa y de gasto, adscrito directamente al Titular de dicha Secretaría […]” (sic), como lo define el

artículo 8 de la Ley de Seguridad Nacional. Es la institución de inteligencia civil encargada de la seguridad

nacional del Estado mexicano.

Durante el sexenio pasado, por el Cisen desfilaron tres directores: Guillermo Valdés Castellanos (2006-2011),

Alejandro Poiré Romero (2011) y Jaime Domingo López Buitrón (2011-2012). Los aparatos habrían sido

adquiridos durante el periodo de Valdés Castellanos.

El especialista Guevara Moyano señala que las aeronaves adquiridas por el Cisen “se utilizan para

operaciones de vigilancia y reconocimiento; las ventajas incluyen que pueden ser transportadas con mucha

facilidad, de manera relativamente discreta y usualmente pueden ser lanzadas por una persona, con la mano,

por lo que no requieren de una pista para despegar”.

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Semar: VANT y MiniVANT de fabricación propia

La Secretaría de Marina cuenta con tres drones del tipo VAN y MiniVANT. A diferencia de las otras

instituciones, éstos no se adquirieron de empresa alguna: fueron diseñados y fabricados en los propios

talleres navales.

En respuesta a una primera solicitud de información 0001300027413 –presentada por Contralínea por medio

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental–, la Semar señala que

cuenta con dos vehículos aéreos no tripulados; pero que dichas aeronaves “[…] no se adquirieron a ninguna

empresa, sino que es un proyecto que fue desarrollado en el año 2011 por la Secretaría de Marina, a través

del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Armada de México, por lo tanto no hay contratos

por la adquisición de dichas aeronaves […]” (sic).

De acuerdo con la respuesta de la Semar a la solicitud de información 0001300013613 presentada por un

ciudadano, la dependencia informa que la inversión y el mantenimiento de los drones durante 2011 fue de 3

millones 949 mil 795 pesos. Y el gasto ejercido por concepto de mantenimiento de estas aeronaves durante

2012 fue de 1 millón 250 mil pesos. Así, el monto total destinado en los 2 años anteriores fue de 5 millones

199 mil 795 pesos.

Sin embargo, a una posterior solicitud de información presentada por Contralínea (con folio 000

1300046613), la Semar “hace de su conocimiento que esta dependencia cuenta con 3 aviones no tripulados

[…]” (sic).

Asimismo, “se le informa, que no cuenta con contratos por la compra de los aviones no tripulados (VANT y

MiniVANT), en virtud de que no se adquirieron a ninguna empresa, sino que es un proyecto que fue

desarrollado en el año 2011 por la Secretaría de Marina, a través del Instituto de Investigación y Desarrollo

Tecnológico de la Armada de México (INIDETAM) […]” (sic).

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El documento también asienta que “[…] hasta ahora, los vehículos aéreos no tripulados no han

desempeñado ningún tipo de tareas, ya que sólo se han utilizado en pruebas de campo […]” (sic).

La Semar es la otra secretaría –además de la Sedena– a cargo de una fuerza militar, en este caso naval:

organiza y administra a la Armada de México.

A lo largo del sexenio de Felipe Calderón, el titular de la Semar fue el almirante Mariano Francisco Saynez

Mendoza.

El “camino diferente” que siguió la Semar al optar por construir su propia flota de VANT, y no comprarla,

“genera ventajas y desventajas”, a decir de Guevara Moyano.

“Las ventajas están en que la institución es dueña de la tecnología y la desarrolla de acuerdo con sus

necesidades. La desventaja está en el factor tiempo que toma desarrollar tecnología, pues el proyecto no

termina con el primer vuelo: se requiere de un periodo largo de pruebas, desarrollo de manuales de

operación, mejora continua, etcétera.”

Guevara Moyano advierte que el dilema militar de desarrollar tecnología propia o comprarla rebasa al tema

de los drones.

“En este punto la discusión no tiene mucho que ver con los UAV sino con la manera en que están

organizadas las industrias de defensa y con el grado de autonomía y recursos que se les deben asignar. Mi

opinión es que deben seguir el camino de una paraestatal, que eventualmente sean autosuficientes y que

participen en el mercado internacional; y para ello requieren de un nivel de autonomía operativa y estar fuera

de la cadena de mando.”

Las instituciones sin drones

Ni la Presidencia ni la Procuraduría General de la República (con sus subprocuradurías de investigación,

centros y Policía Federal Ministerial) han adquirido drones hasta el momento.

Así lo revelan las respuestas de las instituciones ante las solicitudes de información (folios 0210000052213 y

0001700109113, respectivamente) efectuadas por Contralínea.

Tampoco cuentan con vehículos aéreos no tripulados el Instituto Nacional de Migración, los Servicios a la

Navegación del Espacio Aéreo Mexicano, el Servicio de Protección Federal, el Secretariado Ejecutivo del

Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), según sus

respuestas a las solicitudes de información que les formuló Contralínea (folios 0411100028413,

0911100029113, 3600100002513, 2210300014913 y 0000900117813, respectivamente).

Infografía:

SCT, sin noticias de drones para uso civil y comercial

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través de su Dirección General de

Aeronáutica Civil, sólo ha emitido dos permisos para el vuelo de vehículos aéreos no

tripulados. De ninguna otra actividad de carácter civil, comercial, científica o recreativa

relacionada con drones ha sido enterada.

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Y es que la dependencia gubernamental es la

encargada de otorgar los permisos para el

uso civil de aeronaves en México, como lo

establecen la Ley de Aviación Civil, el

Reglamento de la Ley de Aviación Civil, el

Reglamento Interno de la Secretaría de

Comunicaciones y Transportes y la Norma

Oficial Mexicana NOM-021/5-SCT3-2001,

entre otras disposiciones legales.

En respuesta a la solicitud de información

0000900122413 –presentada por Contralínea

mediante la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública

Gubernamental para conocer el uso de VANT

como aeronaves ultraligeras y aeromodelismo

en México–, la SCT informa de “una

autorización otorgada en agosto de 2010” y

“una segunda autorización otorgada en

diciembre de 2012”.

Sin embargo, ninguno de los propietarios de

estas dos aeronaves promovió asignaciones

de matrícula ni certificados de

aeronavegabilidad. De hecho, nadie promovió

matrículas ni certificados ante la Dirección de

Aeronáutica Civil de la SCT para aeronaves

no tripuladas, como se especifica en la respuesta gubernamental a otra solicitud de

información presentada por Contralínea (folio 0000900122513).

Tampoco se habrían importado a México drones para uso civil. De acuerdo con las leyes

mexicanas, toda importación de aeronaves debe contar la opinión de la Dirección General de

Aeronáutica Civil. Y en respuesta a la solicitud de información 0000900122713, la SCT señala

a Contralínea que “Después de haber realizado una búsqueda en los archivos que obran en la

Dirección General de Aeronáutica Civil, se ha determinado que no se encontraron registros de

documentos en los que obren opiniones efectuadas […] en relación con la importación de

aeronaves no tripuladas […]”.

Así, a lo largo de todo el sexenio pasado, y en lo que va del actual, no se ha emitido opinión

alguna relacionada con la importación de drones para uso que no sea militar o de seguridad.

Contralínea también solicitó a la Dirección General de Aeronáutica Civil (folio 0000900122613)

conocer el número de permisos otorgados para el establecimiento de fábricas de aeronaves

no tripuladas, motores y sus partes o componentes, así como para proyectos de construcción

o modificación de aeronaves no tripuladas. La respuesta de la SCT fue similar: “Una vez que

se realizó la búsqueda de la información solicitada, se manifiesta que no se hallaron registros

de permisos otorgados por esta autoridad aeronáutica […]”.

Así, aunque es pública la existencia de una empresa mexicana dedicada a la fabricación de

9/12/14 1 mil millones para los nueve “drones” del gobierno federal

contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/10/20/1-mil-millones-para-los-nueve-drones-del-gobierno-federal/ 12/16

drones –Hydra Technologies de México, SA de CV, con sede en Jalisco–, la SCT no emitió

permiso alguno –como lo obliga la ley– acerca del establecimiento de sus fábricas.

El pasado 5 de agosto, el subsecretario de Transporte, Carlos Almada López, informó que a

partir de 2014 la Dirección General de Aeronáutica Civil se convertirá en la Agencia Mexicana

de Aeronáutica Civil, la cual será un órgano desconcentrado de la SCT con autonomía

operativa, técnica y administrativa; y que contará con presupuesto propio cercano a los 700

millones de pesos.

El funcionario también informó que la reestructuración de la dependencia incluirá la creación

de una agencia mexicana de investigación de accidentes en el transporte.

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