CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES DEL

MOVIMIENTO ANTORCHISTA EN EL ESTADO DE MÉXICO, A CARGO DE LA DIPUTADA SANDRA

LUZ FALCÓN VENEGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

La que suscribe, Sandra Luz Falcón Venegas, diputada de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Se escudan en decir que son la “organización de los pobres de México”; sin embargo, desde sus orígenes en 1974, se caracterizan por su prepotencia, violencia e ilegalidad, y, para lograr sus objetivos, bloquean calles, toman por asalto las plazas públicas, afectan a la ciudadanía y la economía local.

Es Antorcha Campesina liderada por el ingeniero Aquiles Córdova Morán, quien ha estado al frente desde su origen, un personaje con una gran fortuna inexplicable, dueño de una cadena de gasolineras, entre negocios y propiedades productos de abusos y extorsiones.

Un grupo de choque que se vale de mentiras y artimañas para lograr establecerse en las comunidades más necesitadas, prometiendo mejorar la calidad de vida de los pobladores, mismas que jamás son cumplidas y que, además, quienes participan se involucran e integran al esquema, logran ocupar cargos públicos como presidentes municipales, diputados federales y/o diputados locales sin omitir que la mayoría de líderes obtienen importantes concesiones y franquicias, tanto de gobierno federal como estatal.

¿Hasta cuándo se desalojarán los bienes inmuebles del rancho “El Pimiango e Hidalgo y Carrizo”?. La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su análisis de la cuenta pública correspondiente al año 2011, precisó que la adquisición del rancho “El Pimiango” se realizó con recursos asignados al estado de México mediante el Fondo Metropolitano del estado de México; es decir, que el gobierno estatal ha incurrido en infinidad de irregularidades, entre ellas: el uso de recursos del erario para fines particulares, dado que existe un desvió para uso de una asociación civil.

Cabe señalar que desde el nacimiento de dicho movimiento, éste se ha considerado brazo derecho del PRI, protegido por políticos poderosos como el ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Incluso, en la celebración de aniversario de Antorcha Campesina, participó el ex gobernador del estado de México y actual presidente de la República Enrique Peña Nieto; fue un evento con considerable asistencia, no sólo de miembros sino afines, sí obligados a asistir, mismos que lograron un lleno total del estadio Azteca, donde EPN felicitaba y reconocía la importancia de dicho movimiento, “En el gobernador del estado de México tienen un aliado porque desde su gobierno trabajará para lograr objetivos compartidos” (Discurso de EPN, 2010). Un acto que, por cierto, llegó a tribunales del Instituto Nacional Electoral, en aquellos años IFE (Instituto Federal Electoral), un acto anticipado de campaña donde se acusaría a Peña Nieto. Sin embargo, el órgano resolvió, como hizo a propósito de todas las acusaciones dirigidas contra el político del estado de México, la improcedencia de los señalamientos.

Y es así que la ASF anota que el contrato número 83841 tuvo por objeto la adquisición del rancho “El Pimiango” por parte del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social. Casualmente, el contrato fue formalizado el 13 de septiembre de 2011, dos días antes de que Peña Nieto concluyera su mandato, y estipuló la adquisición de 20 fracciones de terreno con una superficie de 382 mil 912 metros cuadrados en el poblado de Santiago Cuautlalpan, en Texcoco.

El fin de la compra, fue reestablecer formalmente la reubicación de los asentamientos irregulares ubicados en la zona de reserva ecológica del ex Lago de Texcoco.

La ASF emitió la siguiente observación:

“Se verificó que se efectuaron tres pagos por 65 millones de pesos en 2011; sin embargo, la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado de México no comprobó con qué recursos fueron pagados ya que la cuenta de ese proyecto [el de la compra del inmueble] no registró transferencias en ese año”.1

La justificación de la compra del rancho “El Pimiango” fue para fortalecer el Proyecto integral de mejora ambiental del Lago de Texcoco, donde existía un asentamiento irregular de Antorcha soportado por el gobierno del estado.

Cuando la Comisión Nacional del Agua adquirió dichos terrenos fue necesario el desalojo de los invasores y el gobierno mexiquense propuso su reubicación en “El Pimiango”, pero ahora no sólo existe un asentamiento irregular en “El Pimiango”, sino también en Hidalgo y Carrizo sin olvidar que en año de 1993 fue invadida la actual comunidad de Leyes de Reforma, Wenceslao Victoria, en 1998, y Víctor Puebla, en el 2008.

Políticos y ciudadanos de Texcoco se han opuesto a la cesión del terreno; se han manifestado en diversas ocasiones sin que a la fecha ni autoridades estatales ni federales hagan caso de ello.

Antorcha Campesina aseguró en diferentes ocasiones que, si bien es cierto la invasión es irregular, ellos harán que cambie de estatus a regular. ¿Cómo? Como tenga que ser, si es con violencia así también saben jugar. Sostienen que la misma organización había adquirido el predio en un esquema de coparticipación con el gobierno del estado y el federal, lo que fue oficialmente desmentido por éste último a través de Miguel Ángel Vázquez Saavedra, director general de Conagua del Valle de México.

Por otro lado, y a principios de 2012, el secretario de Desarrollo Urbano del estado de México, Alfredo Torres, reconocía que el gobierno mexiquense había adquirido el rancho pero no para regalarlo a una asociación, sino para el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS). Sin embargo, el contrato de compraventa entre el gobierno estatal y el particular que vendió el inmueble fue inscrito desde agosto de 2011.

Sin permisos del gobierno municipal, Antorcha Campesina lotificó el predio en 2 mil 200 porciones y vendió cada uno entre 125 mil y 150 mil pesos, predios que no fueron precisamente para los desalojados del predio Hidalgo y Carrizo; ellos sólo se replegaron algunos metros hasta la comunidad de San Bernardino, en la misma zona.

“El Pimiango” fue para pobladores ajenos al municipio de Texcoco; arribaron familias completas de Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, San Vicente Chicoloapan, Chimalhuacán, entre otras, de manera clandestina e irregular. El ayuntamiento clausuró la lotificación, pero eso no importó y Antorcha continuó el fraccionamiento.

Tanto los ciudadanos de Cuautlalpan como vecinos originarios de Texcoco en coordinación con las autoridades municipales han sostenido una lucha permanente e inconformes han dado parte inmediata a Procuraduría General de Justicia del Estado de México por delitos en materia de desarrollo urbano como, asentamientos irregulares, fraccionamiento y venta de predios sin permiso alguno, pero lamentablemente no ha trascendido; todo lo contrario amenazan con invadir otras comunidades.

Actualmente, rancho “El Pimiango” crece desordenadamente y es apoyado por el ayuntamiento de Chimalhuacán, municipio gobernado por Antorcha Campesina desde hace ya varios años.

Texcoco conoce bien la experiencia con Antorcha Campesina y a través de esta honorable Cámara de Diputados se solicita que tanto el gobierno federal como el estatal saquen las manos del procedimiento y se invita a que cumplan a cabalidad el ordenamiento jurídico en la materia.

Antorcha Campesina es un movimiento que lucra y que ha incurrido en infinidad de delitos, entre ellos se presumen asesinatos que a la fecha no han sido resueltos; hay una cortina de humo que no permite esclarecer el proceso jurídico de quienes han demandado. Alto a EPN y Aquiles Córdova Morán. En Texcoco es evidente el rechazo de su movimiento, pero no por parte de los antes mencionados (gobierno federal y estatal); violentan leyes debido a que se sienten intocables y protegidos.

Fundado y motivado en las consideraciones anteriormente expuestas, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

Puntos de acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a que haga pública la situación de los predios donados al estado de México, principalmente el denominado Hidalgo y Carrizo y rancho “El Pimiango”, que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico tanto federal como estatal, queda prohibida la lotificación de los mismos e invasión y asentamientos humanos irregulares.

Segundo. Se solicita al gobierno del estado que, por conducto de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, haga público el estatus que guardan las demandas en contra del Movimiento Antorcha Campesina en el estado de México.

Nota

1http://www.asf.gob.mx/trans/informes/ir2011i/Grupos/Gas to_Federalizado/2011_0482_a.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de abril de 2017

Diputada Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica)