15-Funciona la investigación judicial en la región

8/6/2019 15-Funciona la investigacin judicial en la regin

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Publicacin semestral del Centro de Estudios de Justicia de las Amricas - CEJA Ao 8 N 15

Funciona la investigacincriminal en la regin?

Estructura judicialen Amrica

Ricardo Lillo L. Comentarios al informe para Chile Desafos para la investigacin y persecucin penal

de los delitos complejos en pases de las Amricas Mildred Hartmann Arboleda La capacidad del

sistema judicial colombiano para dar resultados en delitos de connotacin social Luciano Hazan

La investigacin y persecucin de delitos de alta connotacin social en Argentina Mauricio Duce J.

Desafos en la persecucin de delitos comunes en Chile: re exiones a partir de una investigacin emprica Elvin Daz Estado de situacin del Ministerio Pblico en Guatemala. Valoraciones crticas y desafos

DEBATE La situacin de la investigacin y la persecucin en los sistemas penales de las Amricas


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Sistemas Judiciales

Directores

Cristin Riego

Alberto Martn Binder

Comit Editorial

Christina Biebesheimer

Rafael Blanco

Carlos Cordovez

Alfredo Fuentes

Linn Hammergren

Luis Paulino Mora Mora

Luis Psara

Hernando Pars

Carlos Pea

Rogelio Prez Perdomo

Silvina Ramrez

Juan Enrique Vargas


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I n d I c e

2 editorial ........................................................................................................................................................... 4

2 teMa CeNtral Funciona la investigacin criminal en la regin? Ricardo Lillo L.Comentarios al in orme para Chile Desa os para la investigacin y persecucin penal

de los delitos complejos en pases de las Amricas .........................................................................6Mildred Hartmann Arboleda

La capacidad del sistema judicial colombiano para dar resultadosen delitos de connotacin social ....................................................................................................12Luciano Hazan

La investigacin y persecucin de delitos de alta connotacin social en Argentina ...........................24Mauricio Duce J.Desa os en la persecucin de delitos comunes en Chile:refexiones a partir de una investigacin emprica ...........................................................................36Elvin DazEstado de situacin del Ministerio Pblico en Guatemala. Valoraciones crticas y desa os. ...............50

2 deBateLa situacin de la investigacin y la persecucin en los sistemas penales de las Amricas ................58

2 teMa CeNtral Estructura judicial en AmricaLorne Sossin. How can greater judicial integrity be achieved? ....................................................76Alberto. M. Binder. Cmo y sobre qu debe rendir cuentas el sistema judicial? ...........................88

2 NotaS GeNeraleSWilliam E. Davis y Razili K. Datta. La implementacin de programas de RACen sectores de justicia en desarrollo. Estudios de caso y lecciones aprendidas ................................104

2 reSeaS BiBlioGr iCaS Persecucin de delitos complejos: capacidades de los sistemas penales en Amrica Latina.CEJA CIDA................................................................................................................................108

[ Las opiniones vertidas en la revista son de responsabilidad de sus autores y no de las instituciones que la editan. ]

equ p e :Andrea Cabezn P.Leticia LorenzoFrancisco Godinez GalayIns BinderC b s:Santiago Martinez (Argentina)Elena Godoy (Argentina)Enrique Mac Lean (Bolivia)Ricardo Lillo (Chile)Cristbal Machuca (Ecuador)d s g fc y g m c n:Patricia Peralta

t ucc n s:Kate GoldmanW b:30f - CPR

CeJaRodo 1950, Providencia,

Santiago de Chile,Tel: +56 (2) 2742933Fax: +56 (2) 3415769

E mail: [email protected] Pgina web: www.cejamericas.org

iNeCiP

Talcahuano 256, 1 piso (C1013AAF)

Ciudad Autnoma de Buenos Aires, Argentina,Tel/Fax: (00-54) 1143720570,Email: [email protected]

Pgina web: www.inecip.org


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P r e s e n t a c i n

Funciona la investigacin criminalen la regin?

Damos la bienvenida al N 15 de Sistemas Ju-

diciales, que a la vez se constituye en nues-tro segundo nmero en el ormato virtual.

A di erencia de otros nmeros de Sistemas Judi-ciales, en que se presenta un tema central y una seriede artculos de relevancia y vigencia sobre diversostemas, en esta edicin hemos optado por ocalizar-nos en dos ejes temticos: la actuacin de los Minis-terios Pblicos en delitos que requieren investigaciny los desa os actuales para el Poder Judicial.

En lo que hace a la actuacin del MinisterioPblico , entre los mltiples objetivos que la re or-ma procesal penal tuvo desde sus inicios, se encon-tr siempre presente la e ciencia en la investigaciny juzgamiento de los delitos. Este objetivo se tra-dujo en varios cambios concretos en la legislacin:la separacin de la uncin de investigar de la de

juzgar, pasando la primera a manos del MinisterioPblico; la reestructuracin y ortalecimiento delMinisterio Pblico para estar a la altura de la mi-sin que se le encargaba con la re orma; la separa-cin (no siempre normativa, pero s presente en laprctica) entre, al menos, dos tipos de actuacionesdel Ministerio Pblico: la propia de la fagrancia y la requerida para investigaciones penales.

En lo que respecta al trabajo de fagrancia, haexistido en los Ministerios Pblicos de la reginuna creciente actividad: creacin de unidades es-pec cas para trabajar el tema; establecimiento deprotocolos uni ormes de trabajo; tendencia a di e-renciar el tratamiento procedimental de este tipode delitos. Muchas de estas experiencias se encuen-tran hoy documentadas y permiten a rmar que lafagrancia es un tema presente en la agenda de losMinisterios Pblicos.

No sucede lo mismo con los delitos que requie-

ren cierto grado de investigacin - entre los que seencuentran homicidios, secuestros, delitos contrala administracin pblica (corrupcin), trata depersonas, crimen organizado transnacional-. La in-

ormacin sobre el tratamiento de estos delitos y la preocupacin organizacional de los MinisteriosPblicos al respecto es uno de los temas pendientesen su rendicin de cuentas a la sociedad.

Esta situacin contrasta con las continuas de-mandas de seguridad ciudadana provenientes dediversos sectores de la sociedad que, ante el silen-cio de los rganos responsables de la investigacin

y persecucin de los delitos, peticionan constante-mente por medidas coyunturales que generan in-numerables re ormas a los Cdigos Penales y Pro-cesales Penales en los pases de la regin.

Estas son las razones que han llevado a que granparte del nmero de Sistemas Judiciales est en o-cado a indagar sobre la situacin de varios Ministe-rios Pblicos de la regin en el tratamiento de este

tipo de delitos.Desde distintas perspectivas, ajustadas a las ne-

cesidades de la realidad local, el nmero presentavarios artculos sobre la temtica.

El abogado chileno Ricardo Lillo presenta elartculo Desa os para la investigacin y perse-cucin penal de los delitos complejos en pases de las Amricas , en el que se presenta un panora-ma comparado de la situacin de los MinisteriosPblicos de la regin en relacin con su actuacinen delitos que requieren investigacin. Resultanrelevantes las herramientas o procesos de trabajoimplementados para dar adecuada y e ciente res-puesta a raz del impacto y complejidad investiga-tiva que conllevan, as como por su relevancia en lamedicin de la calidad sustantiva en el trabajo delos Ministerios Pblicos.

En el caso de Chile, Mauricio Duce presentasu ponencia Desa os en la persecucin de delitos comunes en Chile: refexiones a partir de una in-vestigacin emprica , donde se delinean los prin-cipales problemas vigentes en el Ministerio Pblicode Chile a partir del anlisis de datos empricos.

El trabajo se divide en dos secciones: en la pri-mera, se in orman los hallazgos signi cativos y quese consideran problemas vigentes en Chile para lapersecucin penal de los delitos comunes: inexis-tencia de una poltica de persecucin penal, el exce-sivo n asis en las metas cuantitativas y el problemadel tratamiento de la habitualidad.

En la segunda parte, se presentan antecedentesempricos actualizados sobre el uncionamientodel sistema en Chile y las refexiones acerca de losdesa os actuales que el Ministerio Pblico chile-no debe en rentar, esto es: el problema del mtodo

de persecucin penal, el problema del tratamientode la vctimas y problemas derivados de la prdi-da de e cacia de metas e indicadores; puesto quean es posible pensar que los resultados podran sermejores.

En el caso de Argentina, Luciano Hazan enLa investigacin y la persecucin de delitos de alta connotacin social en Argentina , presenta unanlisis sobre la actuacin del Ministerio PblicoFederal a partir del tratamiento de cierto tipo dedelitos: homicidios, corrupcin, secuestros extorsi-vos y delitos de lesa humanidad. El autor describe

los distintos mecanismos de trabajo que el MPF hadesarrollado para la persecucin de estos delitos a lavez que indica las principales problemticas que seidenti can en la institucin.


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Mildred Hartmann Arboleda presenta el casocolombiano en el artculo La capacidad del sis-tema judicial colombiano para dar resultados en delitos de connotacin social . La autora o rece

in ormacin sobre homicidios, secuestros, extor-siones y delitos vinculados a corrupcin buscandoencontrar las causas por las que este tipo de delitosse estancan en el sistema o nalizan sin condenase ectivas. Concluye que, al igual que sucede con losdelitos comunes, existira un alto nmero de delitosde connotacin social pendientes de una decisin o

nalizados sin condena. Dado que, desde el puntode vista de la gestin del sistema, como desde lalegitimacin del mismo rente a la ciudadana, esclaro que el sistema slo responde y condena losdelitos que implican fagrancia.

La situacin de Guatemala se presenta por El-vyn Daz en Estado de situacin del MinisterioPblico en Guatemala: valoraciones crticas y desa os , donde puede observarse la actual situa-cin del Ministerio Pblico y los desa os que im-plica pasar de un modelo de organizacin refejaal de los antiguos tribunales de instruccin, a unmodelo orientado a la nalidad del Ministerio P-blico y la necesidad de brindar una respuesta socialen aquellos delitos que son considerados de conno-tacin y requieren e ectiva investigacin.

En lo referido a los desafos actuales del Po-der Judicial presentamos tres trabajos sobre latemtica.

En primer lugar Alberto M. Binder presenta elin orme Cmo y sobre qu debe rendir cuentas el sistema judicial? que describe los tpicos esen-ciales, tanto desde un punto de vista de diseocomo de uncionamiento organizacional prcticode la obligacin institucional de los rganos inte-grantes del sistema de administracin de justicia derendir cuentas a la sociedad.

Explica su autor que el sistema judicial debe

rendir cuentas sobre una multiplicidad de reas quetodava deben ser discernidas y desarrolladas conmayor claridad en las prcticas actuales de las ins-tituciones judiciales. Ello obliga a di erenciacionesineludibles: primero, entre tipo de organizaciones

judiciales y para-judiciales (Tribunales, Fiscalas,De ensoras, etc.); luego entre unciones, que gi-ran alrededor de lo jurisdiccional, el gobierno y laadministracin, como reas de trabajo di erentes,sometidas a reglas especiales; tercero, entre actoressociales y polticos tambin di erentes, cada unocon caractersticas que obligan a construir dilo-

gos di erentes. Por tanto, la rendicin de cuentasobliga aconstruir transparencia, no como un simpleestado de disponibilidad de in ormacin sino comouna orma espec ca dedilogo social y poltico. No

alcanza, en consecuencia, con abrir las puertas delsistema judicial sino que esa transparencia obli-ga un activismo del sistema judicial para rendircuentas.

Finalmente, se presenta el artculo de LorneSossin, de la Faculty o Law, University o To-ronto, denominado Action-Learning Programon Judicial Transparency and Accountability in LCR How can greater judicial integrity be achieved? .

En un marco ms general, se presenta, el in-ormeLa implementacin de programas de RAC

en sectores de justicia en desarrollo: Estudios de caso y lecciones aprendidas realizado por WilliamE. Davis y Razili K. Datta.

La revista en su ormato virtual, enwww.sistemasjudiciales.org presenta a los lectoresinteresados material complementario, oros de dis-cusin y acceso a secciones de audio y lectura conentrevistas a operadores de distintos pases de la re-gin que relatan aspectos locales sobre el estado dela investigacin criminal en su pas.

Como nuestros lectores saben, una de las razo-nes por las que optamos por realizar la revista enun ormato virtual, es la enorme posibilidad de in-teraccin que las nuevas tecnologas y las distintasherramientas que nos presentan, posibilitan entrelos lectores y los realizadores de Sistemas Judiciales.Por ello es que seguimos explorando la incorpora-cin de mecanismos que nos den la oportunidad depotenciar esas posibilidades, recibir comentarios,sugerencias, propuestas de temas a trabajar, etc.Quedan todos invitados a participar en este tipode iniciativas.

Equipo editorialde Sistemas Judiciales


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Funciona la investigacin criminal en la regin? | estructura judicial en amrica

Estas lneas se basan en el in orme sobre la si-tuacin de Chile en el contexto del proyecto deCEJA sobre Desa os para la Investigacin y Perse-cucin Penal de los Delitos Complejos en pases delas Amricas, captulo desarrollado por el abogadoy ex scal del Ministerio Pblico chileno, Rodrigode la Barra1. Para su desarrollo, adicionalmente seha utilizado la presentacin del abogado, y tambinex scal del Ministerio Pblico chileno, Vinko Fo-dich, realizada en el seminario Actuales desa ospara el Ministerio Pblico en la Persecucin Pe-nal, llevado a cabo el martes 27 de julio de 2010en los salones de ICARE, quien expuso y comentel citado in orme2.

La idea es dar una descripcin de los principales

temas y hallazgos expuestos por el investigador enmateria de delitos catalogados como complejos y su tratamiento en Chile, desde el intento por con-ceptualizarlos hasta los problemas y desa os queen rentan los organismos involucrados en su per-secucin penal.

1 La metodologa de este in orme consider tanto el anlisiscuantitativo de los datos disponibles como estudios de casos y entrevistas a los actores involucrados del sistema.

2 Este seminario ue organizado por el Centro de Estudios de

Justicia de las Amricas, la Fundacin Paz Ciudadana y el Mi-nisterio Pblico de Chile. Su objetivo ue analizar y discutirsobre los aspectos problemticos y desa os de la persecucinpenal en delitos comunes y tambin en delitos de alta connota-cin social.

De esta manera, la idea es poder ir nombrandocada uno de estos puntos que nos gustara destacary desde all ir desarrollando estos comentarios.

Previo a esto, y para que el lector pueda teneruna idea de contexto, creemos necesario sealarque el modelo procesal penal vigente en Chile seinici, ormalmente, en el ao 2000 con la entradaen vigor del Cdigo Procesal Penal, que culminun proceso complejo de re orma al sistema inquisi-tivo existente hasta ese momento (y hasta nuestrosdas para las causas cuyos hechos son anteriores ala entrada en vigencia del nuevo sistema), por unode corte acusatorio y adversarial mediante una im-plementacin gradual en las diversas regiones delpas hasta el ao 2005, cuando entr a regir en la

totalidad del pas.Uno de los ejes de dicha re orma ue la creacindel Ministerio Pblico como rgano autnomo acargo del ejercicio de las unciones de investigaciny ejercicio de la accin penal. Este organismo, talcomo es sealado por el autor del comentado in or-me, se estructura territorialmente en 18 Fiscalasregionales a lo largo del pas, cada una de las cualeses dirigida por un scal regional y un equipo direc-tivo. En cada regin hay Fiscalas locales, que sonlas unidades operativas de las Fiscalas regionales,y estn compuestas por scales adjuntos, ayudan-

tes de scal, y otros pro esionales, como siclogosy asistentes sociales; tcnicos y administrativos.Para dar una idea del nivel de trabajo, en el ao2009 ingresaron 1 milln 276 mil 296 causas, lo

Centro de Estudios de Justicia de las Amricas.

. @ .

Comentarios al In ormepara Chile Desa os para lainvestigacin y persecucinpenal de los delitos complejosen pases de las Amricas

Ricardo Lillo L.

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que signi c un aumento real de un 5,1% respectodel perodo anterior, tramitndose y terminndose1 milln 373 mil 474 denuncias, lo que equivale aun 7,6% ms del ingreso anual3.

Defnicin y caracterizacin de losdelitos complejos dentro del sistema

Falta la de nicin de lo que entendemos por delitocomplejo. Sin embargo, hay una conciencia bas-tante homognea entre los operadores, en la prc-tica, de cundo estn rente a uno.

Una primera a rmacin que resulta destacablede este estudio, es que si bien no existe una de -nicin institucional, un concepto que nos permitaidenti car cuando estamos rente a un delito com-plejo, esto es, y tal como es descrito por el autor,a aquellos que exigen y exponen la capacidadinstalada del sistema de administracin de justiciapenal, considerado como un todo, por la gravedad,impacto social o alcance en sus e ectos. Por elcontrario, s existe una conciencia bastante homo-gnea entre los operadores en cuanto a cundo es-tn rente a uno de estos casos en la prctica.

Las caractersticas o actores, que permitiranesta determinacin prctica dicen relacin con lagravedad del hecho, su repercusin meditica y la condicin de los intervinientes , sean tanto vc-timas como imputados.

Hay un intento de ubicar estos delitos dentro del universo de casos investigados.

Dentro de este intento de caracterizar los delitoscomplejos, es necesario sealar que cualquier hechodelictual que rena dichas caractersticas podrallegar a considerarse como un delito complejo. Sinembargo, para e ectos del estudio, se destacan al-

gunos tipos de delitos investigados por el Ministe-rio Pblico, que con mayor recuencia presentarnestas caractersticas y que por lo mismo, puedenayudar a cuanti car los delitos complejos dentrodel universo de casos, aunque hacerlo de maneraespec ca no sea posible. Estos seran aquellos re-lacionados con robos violentos, homicidios, delitossexuales y contra la libertad e intimidad, drogas,delitos econmicos realizados por uncionarios p-blicos y contra la e pblica, y algunos contenidosen leyes especiales.

3 In ormacin disponible en: http://www. scaliadechile.cl/. Vi-sitada por ltima vez el 17 de diciembre de 2010.

Ante este panorama, el autor analiza aquella in-ormacin estadstica en manos del Ministerio P-

blico por ser el ente que centraliza la recepcin detodas las denuncias y la posterior judicializacin delos hechos ilcitos perseguidos penalmente.

De esta manera, en el estudio se destaca el he-cho que del total de ingresos registrados por delito,aquellos sealados con anterioridad, ocupan unaporcin muy menor dentro del universo de casosingresados.

P p p m Pb (2008)4

c PRobos 30,9%

Robos no violentos 10,2%Hurtos 6,3%

Otros delitos contra la propiedad 2,5%

Lesiones 4,8%

Homicidios 5,1%

Delitos sexuales 10,5%

Contra la libertad e intimidad 2,7%

Faltas 0,6%

Delitos ley de trnsito 0,9%

Delitos ley de drogas 13,0%Delitos econmicos 2,3%

Delitos funcionarios 0,3%

Delitos de leyes especiales 2,8%

Delitos contra la fe pblica 0,7%

Cuasidelitos 0,5%

Otros delitos 5,8%

t 100%

Fuente: Anuario Estadstico Ministerio Pblico 2008

De esta manera, aunque se considerara a todosestos delitos como complejos, estos representaranuna participacin bastante baja del total de ingre-sos. De hecho, as considerados en abstracto, no re-presentan ms que el 37,4%. Sin embargo, la can-tidad que dentro de cada uno de estos renan lascaractersticas sealadas para considerarlos comocomplejos es incierta, aunque seguramente sermenor al porcentaje sealado.

4 Los datos del estudio no son los ms actualizados. Sin embargo,se utilizan aqu ya que son ellos con los cuales el autor sac susconclusiones. Datos ms recientes pueden ser encontrados en elsitio Web del Ministerio Pblico chileno:http://www. scalia-dechile.cl/. Visitado por ltima vez el 15 de diciembre de 2010.

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De esta manera, utilizando los mismos delitosdestacados con anterioridad como aquellos que porsus caractersticas particulares pueden reunir conmayor acilidad los requisitos necesarios para consi-derarlos como complejos, vemos que en su mayora

comienzan con imputado conocido.En este punto, el autor destaca el hecho del

homicidio, donde la investigacin se plantea mscomo una actividad de con rmacin que de escla-recimiento, al comenzar un 87,4% del total conimputado conocido, y algo similar ocurrira con losdelitos econmicos y uncionarios, donde la mayo-ra tambin comienzan cono imputado conocido.Distinto es el caso del robo el cual como se seala,impone al sistema de investigacin mayor com-plejidad objetiva y criminalstica que el homicidio,a lo menos desde esta ptica inicial acerca del cmodireccionar una investigacin penal.

Algunas caractersticas particulares quelos di erencian de los delitos comunes

Los delitos complejos no ingresaran a la tramita-cin masiva y burocratizada de que son objeto los comunes, por el contrario, respecto de ellos opera-ra un criterio de especializacin.

A este punto, vale la pena recordar que el sis-tema procesal chileno se basa en un modelo acu-satorio con un Ministerio Pblico autnomo delrgano jurisdiccional en cuanto a las unciones deinvestigacin de los hechos que revisten el carcterde ilcito penal. Organizacionalmente, la principalcaracterstica, tal como lo seala el autor, es la alta de una estructura de nida y homognea anivel nacional, ya que bajo la Fiscala Nacional,cada Fiscala regional o local se organiza, tanto encuanto a su estructura como a su uncionamiento,de orma autnoma. Sin perjuicio de ello, y rela-cionado al asunto acerca de cmo son tramitados

estos casos, es posible observar una tendencia quedice relacin con la creacin de Fiscalas especiali-zadas por materia o delito, esquema que se ha idoimponiendo y generalizando por sobre la divisinterritorial.

Bajo esta estructura diversa, las distintas Fisca-las comparten como caracterstica comn el hechode que suelen coexistir, bsicamente, dos tipos detramitacin: una de carcter ms rutinario y ma-sivo para la generalidad de los casos ingresados; y por otro lado se organiza el trabajo en unidadesespecializadas para cierto tipo de delitos segn el

n asis de cada ilcito y la realidad de cada divisinregional.Tal como se enuncia, la principal di erencia

destacada en el in orme en cuanto a la tramitacin

de delitos complejos respecto del resto de casos in-gresados o casos normales, es que los primeros noingresaran a la tramitacin masiva y burocratizadade que son objeto los segundos, por el contrario,respecto de ellos operara un criterio de especializa-

cin que es posible identi car en dos sentidos.En primer lugar, de orma orgnica, dentro del

universo de casos que ingresan, por supuesto quehabrn hechos ilcitos de las ms diversas materias,entre las cuales, si algn hecho ilcito cae dentrode la competencia de las denominadas unidadesespecializadas, operar un primer nivel de especia-lizacin. Este ltro depender de las de nicionesestructurales que se hagan a nivel de Fiscalas re-gionales, y quien determinar el ingreso de estascausas a las unidades especializadas ser el scal

je e. Luego, ingrese o no a una unidad especializa-da, si adquiere el carcter de delito complejo segnlos actores antes expuestos,el sistema tiende a la personalizacin de la investigacin del delitocomplejo, donde en suma, se saltar la tramita-cin habitual y burocratizada del resto de los casos.Nuevamente, el ltro clave est dado por la exis-tencia del scal je e, encargado por reglamento dela asignacin de casos. De esta manera, se constatala inexistencia de protocolos o de alguna regu-lacin estndar en cuanto al ingreso y tramitacinen estos casos, sino que la opcin por la perso-nalizacin temprana parece ser la alternativa quea los ojos del sistema entrega mayor garanta deindagacin.

Adems de este criterio operativo o uncional,se enuncian dos criterios normativos que podraninfuir a la hora de la asignacin y tramitacin deun delito complejo. El primero de ellos es el artcu-lo 18 de la Ley Orgnica Constitucional del Minis-terio Pblico que permite al propio scal nacionalasumir la investigacin de un caso de acuerdo a lainvestidura de los involucrados, con el objeto deproteger la independencia y autonoma de la ins-

titucin. Sin embargo, tal como lo seala el autor,esa acultad nunca ha sido ejercida. Es ms, un as-pecto destacado en el in orme es la inexistencia dela variable poltica o de presiones polticas para to-mar decisiones en uno u otro sentido. Un segundocriterio normativo, estara dado por el artculo 19de la misma ley, el cual permite que el scal nacio-nal asigne un caso al scal regional si es que revis-te cierta gravedad o complejidad investigativa. Alcontrario del primer criterio normativo, esta normas ha sido utilizada en varias ocasiones, en casos enque como lo seala el in orme, ha respondido

a criterios ms bien mediticos o de impacto p-blico, relacionados a hechos de cierta conmocin,persistencia o investidura de las partes, y a su vez,ha llevado a que se aplique en un segundo nivel,


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permitiendo que dentro de cada Fiscala regional sedesignen a scales de dedicacin exclusiva o pre e-rente respecto de ciertos casos que si bien no siem-pre son complejos, adquieren cierta connotacin enla agenda meditica o institucional. Esto permite

constatar la caracterizacin prctica que se ha he-cho de la nocin de delito complejo.

En conclusin, y tal como lo destaca el autor,la estrategia para abordar los casos complejosse resume bsicamente en la personalizacin de latramitacin ms que en la operatoria de protocoloso esquemas especiales de indagacin tcnicamentede nidos a priori.

Mayor presencia de la estructura de control je-rrquico que en casos normales, un mayor invo-lucramiento del scal y una mayor fuidez en larelacin entre scales y policas.

Luego, respecto de la manera en que es llevada acabo la investigacin en estos casos, si bien no exis-ten directrices o protocolos investigativos claros y transparentes en esta materia, s es posible observar,en la prctica, mayor presencia de la estructura de control jerrquico que en casos normales , almenos a nivel de cada Fiscala regional. Relativo alo anterior, se ha establecido la gura del abogadoasesor del scal regional, quien participa activa-mente en la prctica y de nicin de las diligenciasinvestigativas producto de la relevancia que tomanestos casos.

Adems de lo anterior,el nivel de involucra-miento del scal sera mayor en este tipo de casosque en los casos normales (lo que tambin podraproducirse por el nivel de especializacin del de-lito). Por ltimo, y en relacin a lo anterior y a laintervencin meditica, sera posible observar unadisminucin en el actor tiempo para el esclareci-miento y captura en estos casos, as como unama- yor fuidez en la relacin de scales y policas ,

mas no en la etapa judicializada, como tambin,respecto de la seguridad personal de los scales hay una mayor exposicin de estos.

Mayor exigencia de recursos y la necesidad de ma-nejar grandes volmenes de in ormacin.

Otra de las caractersticas que inciden en la in-vestigacin de este tipo de casos dicen relacin conlos recursos queresultan necesarios para el escla-recimiento de este tipo de hechos , tanto la dispo-nibilidad de recursos humanos como tecnolgicos

a nivel policial, y a nivel de Fiscalas, el acceso, enel caso de Chile, al equipo asesor del scal regional,a la realizacin de pericias privadas y a los equiposde soporte especializado de vctimas y testigos, as

como de todos los medios necesarios para la presen-tacin de evidencia en juicio oral. Luego, destacael autor la necesidad de manejar grandes fujosde in ormacin, especialmente en casos de delitosde carcter econmico y en aquellos relativos a la

corrupcin, y el hecho de que en estos casos, lasdiligencias, como declaraciones, inspecciones enterreno, y las voceras, son en general realizadaspersonalmente por el propio scal y no por otropersonal mediante delegacin, en otras palabras.

Algunos problemas/desa os destacadosen el in orme

Se constata la inexistencia de protocolos o de alguna regulacin estndar en cuanto al ingreso y tramitacin en estos casos.

Tal como se ha venido sealando, el principalhallazgo destacado por el autor resulta el hecho deque no existen para los casos complejos estn-dares o protocolos de actuacin, salvo la opcindel sistema por la personalizacin del caso enmanos de un scal , tanto en cuanto a su ingresoy tramitacin como a las diligencias investigativasa realizarse, que dependern, por lo tanto, en granmedida de las decisiones particulares que tome el

uncionario para la acreditacin del hecho y susparticipantes. Esto, segn el autor, creara una sen-sacin de soledad en que quedara el scal rentea impacto pblico que generan estos casos, propo-niendo como solucin la con ormacin de equiposde trabajo.

Sin embargo, resulta importante destacar lasexcepciones a esta situacin que desarrolla el autor.Por un lado, lo que ocurre con eldelito de homici-dio, respecto del cual existe un procedimiento mso menos estndar que realiza la unidad especializa-da de la Polica de Investigaciones en este tipo decasos de manera rutinaria y generalizada. Tanto as,

que el scal no requiere estar pendiente u ordenarlas pericias iniciales, pues esta unidad participa demanera bastante activa desde esta etapa. A pesar delo anterior, esto no quiere decir que esta suerte deestandarizacin resulte en un trabajo coordinado,pues todas las pericias tomadas por parte de estaunidad no son entregadas al scal de orma inte-grada con las posibles lneas investigativas a seguir,producindose una brecha, como lo seala el autor,entre lo policial y lo pericial, las que tienden a co-rrer por caminos paralelos ms que ponerse una alservicio de la otra. Respecto de este punto, lo que se

lamenta en el in orme, es que esta actividad investi-gativa inicial de la Polica de Investigaciones no su-pone necesariamente una verdadera coordinacino una integracin de las experticias para que vayan


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encaminadas o direccionadas en una lnea inves-tigativa en el in orme que es entregado al scal acargo, sino que por el contrario, la in ormacin quese entrega es a travs de reportes independientes encuanto a sus hallazgos.

La segunda excepcin destacada es el caso deldelito de lavado dinero, donde se han realizado es-

uerzos importantes por crear esquemas y estnda-res claros para la investigacin de estos delitos quese refejan en la creacin de una unidad dependien-te de la Fiscala Nacional, especializada en materiade delitos econmicos y crimen organizado, la cualha actuado activamente apoyando a las Fiscalas lo-cales en la persecucin de los ilcitos relacionados,estableciendo hitos o requisitos de su cienciainvestigativa para este tipo de hechos con resul-tados relevantes que exhibir, observando de estamanera, que en este caso existi una decisin depoltica de persecucin explcita basada en la reco-leccin de buenas prcticas ms que en un modeloimpositivo hacia las unidades regionales.

Falta de coherencia entre la connotacin social de estos delitos y la respuesta que a ellos est entregan-do el sistema, incentivos para la negociacin.

Ya sea porque el hecho delictual no llega a juiciooral por la utilizacin de la negociacin por parte delMinisterio Pblico, donde es posible que el ilcitosea conocido en una alternativa procesal distinta al

juicio oral, o ya sea porque la penalidad en abstrac-to del delito es menor a 5 aos (en Chile los delitossancionados con ms de 5 aos de crcel deberanser llevados a juicio oral), es que es posible concluirque la caracterizacin de un delito de complejo, talcomo lo seala el autor, no necesariamente dicerelacin con la gravedad o connotacin del hecho,como tampoco con las alternativas procesales queconlleva su enjuiciamiento. En relacin a esto, secoloca una voz de alerta en cuanto a la alta de

coherencia entre esta consecuencia y cualquierpretensin de prevencin general, y ms bien, delegitimacin, del sistema de justicia penal .

Para esto, el autor pone el acento en que no exis-te una relacin directa entre el delito complejo y la respuesta del sistema de justicia penal de mayorcalidad, la sentencia en un juicio oral en lo penal.Para exhibir esta caracterstica, el autor nuevamen-te recurre a ciertos tipos de delitos que por sus ca-ractersticas, podran revestir el carcter de comple-

jo. En ellos, la cantidad que llegan a juicio oral esbastante reducida. A continuacin, algunos de los

datos que exhibe el estudio, y que son bastante cla-ros por s mismos en cuanto a esta caracterstica:

n p p y p (2008)

c t tRobos 2.838 30,9%

Homicidios 467 5,1%Delitos sexuales 962 10,5%

Contra la lib. e intimidad 248 2,7%

Delitos ley de drogas 1.197 13,0%

Delitos econmicos 212 2,3%

Delitos funcionarios 25 0,3%

Delitos contra la fe publica 65 0,7%

Fuente: Anuario Estadstico Ministerio Pblico 2008

Relativo a este tipo de casos, en el in orme encuestin se coloca el ejemplo de la persecucin de de-litos econmicos como la corrupcin, los cuales, porlas penas asignadas a este tipo de delitos, permiten

cilmente la utilizacin de medidas alternativas a laprivacin de libertad, lo que junto con otros actores,como la relevancia de la prueba testimonial en estetipo de casos, operan como un incentivo para la am-plia utilizacin de la negociacin. As, el autor des-taca mediante entrevistas a actores del sistema, quese o recen penas rebajadas o derechamente salidasalternativas como orma de lograr el esclarecimientode estos casos y as evitar largas investigaciones quede todas maneras di cilmente obtendrn una res-puesta de mayor calidad por parte del sistema.

Problemas de in ormacin.

El autor destaca que existe una total alta de uni-ormidad en cuanto a las unidades de medicin, datos

y estadsticas, entre los diversos organismos que com-ponen el sistema penal. De esta manera, se constataun hallazgo undamental, una problemtica del sis-tema a la hora de ormular una poltica en materia de

persecucin de delitos complejos, y es que existe unatotal alta de uni ormidad en cuanto a las unidadesde medicin, datos y estadsticas, entre los diversosorganismos que componen el sistema penal. En otraspalabras, si bien los diversos actores levantan o produ-cen in ormacin estadstica sobre los hechos de queconocen, esta es producida de orma y bajo criteriosabsolutamente independientes, lo que hace que los da-tos sean incompatibles entre s. Esto trae como conse-cuencia un desconocimiento sobre el impacto real delos delitos complejos dentro del universo de casos.

Ante este panorama, el autor analiza aquella in-

ormacin estadstica en manos del Ministerio P-blico por ser el ente que centraliza la recepcin detodas las denuncias y la posterior judicializacin delos hechos ilcitos perseguidos penalmente.


12/109


I. Introduccin

Desde el inicio de la entrada en vigencia del sis-tema acusatorio ha sido muy notoria su capacidadpara producir resultados en casos de agrancia. In-cluso ha podido arrojar ci ras bastante masivas enlos casos de preacuerdos y negociaciones de pena.En cambio, existe la percepcin de que no ha sidoigualmente ruct ero en la produccin de resulta-dos en casos que requieren algn nivel de investi-gacin. Acerca de este panorama general, hay dosaspectos dignos de mencionarse. El primero deellos es un logro en la instalacin del sistema. Enalgunos pases de la regin, la entrada en vigenciadel sistema acusatorio no ha estado acompaada de

la utilizacin de nuevas vas de salida, las que di-vergen del sistema antiguo. Es decir, es un desa odel sistema acusatorio que la Fiscala e ectivamenteutilice las diversas salidas previstas legalmente, enlugar de seguir tramitando todo tipo de caso conel mismo procedimiento, como se haca en el siste-ma antiguo. En sntesis, el hecho de que el sistemaarroje ms resultados precisamente en las salidasnovedosas, como la agrancia y los preacuerdos y negociaciones, es un indicador importante de ins-talacin del nuevo modelo en Colombia.

Ahora bien, el Centro de Estudios de Justicia

de las Amricas ha iniciado una investigacin envarios pases de la regin con el objeto de estudiarla capacidad del sistema para responder a los delitosque se consideran de connotacin social. Con ello se

pretende evaluar si la nueva justicia da respuestas alos delitos que la ciudadana considera importantes.En Colombia, tanto desde el punto de vista de lagestin del sistema, como desde el de la legitimacindel mismo rente a la ciudadana, es claro a esta altu-ra que el sistema responde y condena los delitos queimplican agrancia. Nos preguntamos qu ocurreentonces con delitos de mayor gravedad, delitos demayor connotacin social, aqullos que le indican ala ciudadana si el Estado los defende de los crme-nes de gravedad que a ectan a la sociedad.

Cules son estos delitos? Hemos intentado esta-blecer cules son los delitos que, sin ser delitos de lacotidianidad (como son las agrancias en general),se utilizan como indicadores de la vigencia del orden

jurdico. Es decir, la pregunta que nos ormulamosue qu delitos se pueden tomar como indicativosde que existe un sistema judicial que monopolizala uerza y aplica sanciones para las conductas msgraves que cometen los ciudadanos en a ectacin alos bienes jurdicos ms importantes.

Elegimos, por una parte, loshomicidios , bajola consideracin de que resulta emblemtico comodelito grave, en la medida en que todos los indica-dores y barmetros de vigencia de la ley considerancomo un indicador la cantidad de homicidios quese cometen en un pas. En segundo lugar, nuestro

pas lamentablemente se ha caracterizado desdehace muchos aos por tener un ndice muy alto desecuestros extorsivos y deextorsin , debido alcon icto armado.

Abogada penalista, profesora de Argumentacin Penal en la Universidad delos Andes, y de Derecho Procesal Penal en la Universidad Jorge Tadeo Lozano.Corredactora del Anteproyecto de Cdigo de Procedimiento Penal, ex Directora

de Programas del Centro de Estudios de Justicia de las Amricas.@h z.

Co-investigador: Camilo Alberto Ortiz Jaramillo

Asistente de Investigacin:

Camila Corts Daza

La capacidad del sistema judicial colombiano paradar resultados en delitosde connotacin social

Mildred Hartmann Arboleda

1212


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Por otra parte, en Colombia usualmente se pre-sentan escndalos de corrupcin re eridos a dineropblico, y en esos casos el sistema se ve presionadopor los medios de comunicacin para arrojar resul-tados en cuanto al descubrimiento de la verdad. Enconsecuencia, incluimos tambin como objeto deestudio los tpicos delitos de corrupcin, que en elcaso de Colombia son elpeculado 1, elcohecho 2 y los delitos de celebracin indebida decontratos 3.

Nos hemos propuesto, entonces, adentrarnosen el anlisis de la capacidad de respuesta del sis-tema penal colombiano, a partir de la entrada envigencia de la re orma. En cuanto a la metodologaabordada, el primer paso ue hacer un barrido so-bre las ci ras existentes en los delitos mencionados,no solamente ingresos y salidas de causas, sino ci-

ras que permitan apreciar cul es el avance de lamayora de los casos. Una vez que dispusimos dela in ormacin cuantitativa que puede conseguirse,

ormulamos las hiptesis bsicas que las ci ras nosindican, y con ellas en mano, diseamos la muestrade personas a entrevistar. Dentro de los unciona-rios y expertos que conocemos se interesan por es-tos temas, decidimos entrevistar a veintitrs inves-tigadores, seis fscales, tres jueces, cinco de ensoresy tres expertos, para proponerles los temas de la or-ma ms abierta y poder comparar sus percepcionescon las ci ras. Durante el curso de esta tarea, visita-mos alrededor de quince despachos, pertenecientesa investigadores, fscales y jueces. A partir de all,nuestras propias observaciones y las de los expertosnos permitieron tener un cuadro bsico del uncio-namiento del sistema para estos delitos. Finalmen-te, intentamos agrupar la in ormacin en diversostemas, que componen el grueso del estudio.

Con el objeto de que el lector pueda seguir elmismo camino, hemos iniciado la presentacin delos resultados con el anlisis cuantitativo, con elfn de establecer si e ectivamente el sistema arroja poca respuesta rente a los delitos de connota-

cin seleccionados. Posteriormente, y con el mapacuantitativo claro, mostramos las categoras que se

1 En general, el peculado se trata de un servidor pblico que seapropia de bienes del Estado, en avor suyo o de un tercero.C r. artculos 397, 398 y 399 del Cdigo Penal. En estos art-culos estn previstos los peculados cuyas ci ras se analizan eneste estudio.

2 El cohecho se refere a un servidor pblico y un particular quese ponen de acuerdo para que el servidor, a cambio de una re-muneracin, profera un acto en ejercicio de sus unciones. Esun captulo del Cdigo Penal que se compone de los artculos405 a 407 de dicho Cdigo.

3 La celebracin indebida de contratos tambin es un captulodel Cdigo Penal, que comprende los artculos 408 a 410, y penaliza a quienes celebran contratos violando el rgimen deinhabilidades o incompatibilidades, omitiendo un requisitoesencial o interesndose indebidamente en l.

extraen de las ci ras y las entrevistas con los actoresy expertos. Estas explicaciones de los expertos lashemos agrupado en seis captulos, y las mostramosen otro acpite que contiene la in ormacin cualita-tiva. Finalmente, anunciamos algunas conclusionesque hemos hallado en el estudio.

II. Informacin cuantitativa

A continuacin analizaremos el comporta-miento cuantitativo del sistema, con el objetivo deestudiar las ci ras que arroja la investigacin y el juzgamiento de los delitos que hemos seleccionado,de con ormidad con los criterios determinados enla introduccin.

El primer aspecto que quisimos abordar ue elmanejo de la carga de trabajo por parte de la Fis-cala. Resulta indispensable para el correcto un-cionamiento de cualquier ciclo productivo, que losingresos de carga de trabajo no superen los egresos.Si los superan, surge un tema digno de atencinporque con el tiempo se empezar a represar el tra-bajo, y si los uncionarios no pueden evacuar, en unao, ms de lo que ingresa, es evidente que la con-gestin ser progresiva y la difcultad se har cadavez mayor. Es as que el primer acercamiento debeser analizar los ingresos y salidas de causas, para losdelitos investigados, entre el ao 2005 y hasta el2008. Veamos:

g f n 1. i y p 2005-2008

Fuente. Fiscala General de la Nacin*Delitos de celebracin indebida de contratos

El grfco nos muestra que claramente entranmuchos ms casos de los que salen. Por supuesto,la calidad del sistema se medir en el tipo de res-puesta que le da a los casos que recibe, que es lo

m H a b

74932

23198

1573 3692181

8334

1201117 320

1843 5132344

13


14/109

141414


que analizaremos a continuacin. Por el momento,lo que podemos afrmar con el grfco anterior esque el sistema no est otorgando respuesta a mu-chos casos. Los datos que se ven en este cuadro nosanuncian problemas de efciencia. Analizaremosentonces qu tipo de respuestas componen la co-lumna de salidas, para todos estos casos.

Desde el punto de vista de las promesas de la re-orma procesal penal, los delitos de mayor impacto

debieran ormar parte de los casos que son llevadosa juicio oral. Por este motivo, nuestro primer acer-camiento consisti en buscar in ormacin sobre lacantidad de juicios orales que arrojan condenas enColombia, de cara a la cantidad de casos ingresa-dos para los delitos seleccionados, que por ser de losms graves, debieran terminar con alguna recuen-cia por este tipo de salida. stas son las ci ras:

c n 1. c . p

e c

%

2005 5.945 17 0,29%

2006 18.425 31 0,17%

2007 28.528 71 0,25%

2008 36.349 48 0,13%

Fuente: Fiscala General de la Nacin

La primera observacin que resulta relevantehacer es que las variaciones de ao a ao en la can-tidad de ingresos de casos se explican por la imple-mentacin gradual de la re orma procesal penal. Enel esquema diseado por el Legislador, cada ao,iniciando en el 2005, se extiende la vigencia del sis-tema acusatorio a ms distritos judiciales, y fnal-mente en el ao 2008 ingresaron los ltimos dis-tritos al sistema. Por eso las variaciones tan grandes

en las ci ras, entre un ao y otro.Las ci ras demuestran con claridad que en nin-gn ao el porcentaje de condenas en juicio oralllega siquiera al 0.3% de los casos ingresados. Estaci ra pareciera muy baja, sin embargo el sistemaacusatorio no tiene como nica salida de condenael juicio oral. Tambin se prev la posibilidad de lo-grar condenas mediante acuerdos o negociacionesentre la Fiscala y el imputado. Veamos entoncesel comportamiento de la totalidad de las condenas,sumando las obtenidas en juicio oral y las que son

ruto de negociacin o acuerdo, para estudiar en

qu porcentaje de los casos que ingresan, la justiciapenal arroja una condena contra el responsable.

c n 2. e . p

e t %

2005 5.945 726 12,21%

2006 18.425 1.794 9,74%

2007 28.528 3.061 10,73%

2008 36.349 2.578 7,09%


Como puede apreciarse, el sistema producecondenas para los delitos seleccionados en un pro-medio cercano al diez por ciento de los casos querecibe. Como hemos anticipado, no existe ormade saber si las ci ras se encuentran a ectadas por lalarga duracin de los procedimientos, o si se man-tendrn as con vocacin de permanencia. Se haceentonces necesario analizar de manera ms espec-fca la in ormacin que nos ha entregado la Fisca-la, empezando por estudiar cmo se desagrega latotalidad de salidas que produce la justicia penal ennuestro pas.

c n 3. s p p , p h , x ,

x , h h , p y bb s

-s

b -o

-P p

p -a h

2005 17 42 374 22 904

2006 31 73 817 59 6.446

2007 71 77 1.116 67 8.620

2008 48 54 1.077 41 7.792

Fuente: Fiscala General de la Nacin, va derecho de peticin

En este cuadro varias cosas llaman la atencin.

Tal vez la que ms salta a la vista es la baja canti-dad de condenas conseguidas en juicio oral, comohabamos anticipado. Si bien no contamos conci ras de pases anglosajones para comparar estedato, es posible afrmar que son bajas las condenasen juicio oral, en primer lugar, porque las absolu-ciones las superan ampliamente. En el ao 2005,las condenas son menos de la mitad de las absolu-ciones. El ao en que ms se acercan las ci ras es2007, y en 2008 la di erencia es mucho menor queen 2005, pero lo cierto es que en todos los aoslos juicios orales arrojan ms absueltos que conde-

nados. Esto podra signifcar que los fscales, a lolargo de la implementacin del sistema, gracias ala experiencia en el litigio han aprendido a ganarms juicios orales.


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1515

m H a b

Presentaremos a continuacin las ci ras de cadauno de los delitos seleccionados para estudiar elcomportamiento del sistema. Iniciemos por loshomicidios.

c n 4. i y p p h ( )2005 2006 2007 2008

Casos ingresados 4.920 16.255 23.985 29.772

Aceptacin totalde cargos

16 55 79 89

Aceptacin parcialde cargos

270 578 724 710

Principio deoportunidad

18 47 46 24

Archivo 535 5.770 7.457 6.584

Absolucin juiciooral

35 63 51 24

Condena juicio oral 3 8 7 5

Fuente: Fiscala General de la Nacin, va derecho de peticin

Debemos iniciar por aclarar que, a pesar de quela gradualidad en la implementacin no nos permiteapreciarlo en el cuadro anterior, ha habido una dis-minucin en los homicidios en el ltimo quinquenioa nivel nacional, gracias a un plan del gobierno im-plementado con dicho objetivo. Las dems agenciasestatales que recaudan in ormacin sobre los homici-dios coinciden tanto en la existencia del plan, comoen su impacto4. Esto explica que el aumento de aoa ao sea menor que lo que sugiere la expansin en laimplementacin del sistema acusatorio.

El primer comentario que queremos hacer enrelacin con las ci ras se refere a la cantidad decasos terminados. Ya en un primer in orme5 ha-bamos advertido la preocupante ci ra de casos sinresolver. Para el ao 2005, tenemos que de 4.920

casos ingresados, recibieron respuesta en ese ao877 casos, incluyendo los archivos. Es decir, saliel 17,8%. En dicho ao (segn uentes no ofciales)la Fiscala concluy que salidas como el archivo seestaban utilizando con mucha timidez, y promoviuna poltica para incentivar su aplicacin. Por esoen el ao 2006 la ci ra de casos archivados es msde diez veces la de 2005. En dicho ao, de 16.255homicidios ingresados al sistema, se decidieron6.521, es decir el 40,1%, ci ra notablemente mayor.Sin embargo, cerca del 60% sigue sin respuesta,

4 C r. Ministerio de De ensa, Departamento AdministrativoNacional de Estadstica DANE, entre otros.

5 C r. Mildred Hartmann, Carlos Andrs Gmez, Camilo Or-tiz citadosupra.

sumando congestin de casos represados. En el ao2007, ingresaron 23.985 casos, y tuvieron respuesta8.364, es decir el 34.9%, con lo cual el porcentajede casos resueltos baj. Finalmente, en 2008 ingre-saron al sistema 29.772 casos y ueron decididos7.436, que representan el 25%. Podemos entoncesafrmar que si bien de 2005 a 2006 el sistema ge-ner aprendizajes y promovi soluciones, a partirde dicho ao el porcentaje de casos que se decidedesciende progresivamente (del 40% en 2006, al25% en 2008). Este desarrollo es digno de aten-cin, porque indica necesariamente un crecimientoen la congestin.

Ms preocupante an resulta analizar el por-centaje de casos que tuvieron una salida en la cualalguien result condenado6. La suma de los casosen que hubo condena de cualquier clase para elao 2005 (289 casos), representa el 5.87% de losingresos por homicidio. Para el ao 2006, este por-centaje desciende al 3.94%, en 2007 es del 3.38%y en 2008 es del 2.7% de los casos ingresados. Es

cil percibir que las salidas que implican condenahan descendido progresivamente, y en el ltimoao la cantidad porcentual de condena rente a loscasos ingresados es la mitad que en el primer aoanalizado.

Podra pensarse que hay algn inters institu-cional en aumentar la cantidad de casos que se de-ciden, esto es, en disminuir la cantidad de casosrepresados sin respuesta alguna. La multiplicacinen el uso de los archivos revelara algn inters de laFiscala en empezar a controlar la ci ra de casos sinsalida alguna. Por el contrario, las ci ras no re ejancambios en la nfma cantidad de condenas obteni-das en juicio oral. Tampoco se aprecia evolucin enel hecho de que, en todos los aos, las absolucionesen juicio oral son muchas ms que las condenas. Enlas ci ras para todos los delitos elegidos s hay cam-bios a lo largo de los aos, pero para el caso concre-to del homicidio, en todos los aos las absoluciones

superan amplsimamente las condenas. Parecieraque las metas estn puestas en las condenas uerade juicio y en los archivos, que son las ci ras cuyocomportamiento cambia a lo largo de los aos.

Continuamos el anlisis para el delito de secues-tro extorsivo. El universo de casos est compuestopor, obviamente, un sinnmero de conductas, peroel grueso lo constituyen casos de secuestro por gru-pos armados (o por delincuencia comn para ven-der a la vctima a estos grupos) y casos de paseomillonario o secuestro express. Veamos entonceslas ci ras:

6 Es decir, las condenas con acuerdo sumadas a las obtenidas en juicio oral.


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161616


c n 5. c p x .

2005 2006 2007 2008Casos ingresados 114 262 485 712

Aceptacin totalde cargos 2 5 14 11


1 4 8 6


Archivo 37 49 94 101


1 1 6 7


Fuente: Fiscala General de la NacinLo primero que debe resaltarse es que, en el caso

del secuestro extorsivo, la cantidad de absolucionesen juicio oral en ningn ao es superior a la can-tidad de condenas. No encontramos entonces lasalertas que advertimos para el caso del homicidio.En cambio, persiste el problema de la poca canti-dad de casos que se resuelve. Incluyendo los archi-vos, el sistema produjo salidas para el 38.6% de losingresos en 2005. Este porcentaje ue del 22.9% en2006, 26.6% en 2007 y fnalmente 19.1% en 2008,es decir menos de la mitad que el primer ao ana-lizado. Podemos afrmar que cada ao que pasa, laFiscala resuelve un porcentaje in erior de casos queel ao anterior, con los consiguientes problemas decongestin de casos sin respuesta alguna.

Por otra parte, el nmero de casos que egresandel sistema est dominado casi en su totalidad porlos archivos. En todos los aos, la cantidad de con-denas de todo tipo oscila entre el 3 y el 6%.

Pasemos entonces a analizar el delito de extorsin.

c n 6. c p x .

2005 2006 2007 2008Casos ingresados 757 1.324 2.697 3.556


19 37 78 67


59 93 156 123


2 1 2 2

Archivo 292 465 814 873


5 7 12 19



En este caso el panorama cambia drsticamen-te. El porcentaje de resolucin de casos tiene ci rasmucho ms altas que para los dems delitos. De-bido a lo llamativo de esta conclusin, mostramoseste porcentaje en un grfco a continuacin.

g f n 2. c p x qh p .


Tenemos entonces que en 2005, la Fiscala ter-min 386 de 757 casos por extorsin recibidos, esdecir el 50.99%, ci ra positivamente alta respectodel panorama para la sumatoria de delitos y de losdelitos concretos ya analizados. Para el ao 2006,el porcentaje desciende ligeramente al 46.75%,en 2007 el sistema resuelve el 41.12% y el 2008,el 31.33%. Tambin en el caso de la extorsin seaprecia la misma tendencia que en el homicidio y elsecuestro extorsivo: en los ltimos 3 aos se apreciaun descenso importante en la cantidad de casos queobtienen una respuesta, con lo cual se acrecienta lacongestin de casos no resueltos.

En el delito de extorsin, los resultados sonms positivos tambin en el nmero de condenasde todo tipo. En el primer ao, se produjeron con-denas en el 11.49% de los casos, en el 2006 en el11.03%, en el 2007 hubo condenas en el 10.42%, y en 2008 hubo un dramtico descenso de las conde-nas, al 6.19% de los casos ingresados. Si compara-mos las ci ras con las del homicidio, no es claro porqu en ste ltimo hay muchas menos condenas

porcentuales.Finalmente, mostraremos el panorama en losdelitos que hemos llamado de corrupcin. Inicia-remos por el peculado, veamos entonces las ci ras

c n 7. c p p2005 2006 2007 2008

Casos ingresados 79 312 707 1.246


4 2 1

Aceptacin parcial

de cargos

3 11 18 12


2 6 6 1

757386

6191.324 1.109

2.697

1.114

3.556


17/109

1717

m H a b

Archivo 20 103 150 157


1 1 4 1

Condena juicio oral 1 3 6


En el caso del peculado vemos un panorama si-milar al del homicidio. Del primer ao al segundo,los archivos de casos aumentan dramticamente. Laci ra de archivos de 2006 es ms de cinco veces lade 2005. La tendencia con el nmero de casos ter-minados tambin se re eja en este delito: en el pri-mer ao analizado, se resolvi el 34.18% de lo queingres; en 2006, el 41.03%, debido principalmenteal gran aumento en los archivos; en 2007, la ci ra decasos resueltos desciende al 26.31%, y en 2008, estedescenso llega al 13.8%. Nuevamente apreciamos latendencia al aumento de casos represados.

Llama mucho la atencin que en este delito, losporcentajes de condenas de toda clase es especial-mente bajo, sobre todo en el ao 2008. En 2005 y 2006, las ci ras superan ligeramente el 5%, mien-tras en 2007 hubo condenas en el 3.68% de los ca-sos, y en 2008 tan slo en el 1.04%. Veremos si enlos dems delitos de corrupcin tambin se re ejaesta tendencia.

c n 8. c p h h2005 2006 2007 2008

Casos ingresados 51 142 284 470


10 12 17


4 20 25 41


5 13 14

Archivo 14 30 45 52


1 4 3



En cuanto a la capacidad de respuesta del siste-ma, vemos que las ci ras son bastante bajas, inclusoen los ingresos de casos. En cuanto a los porcenta- jes, el sistema resolvi lo que ingres en el 37.25%de los casos en el ao 2005; en el 2006, el porcen-taje es del 48.59%; en 2007, de 36.27%, y en 2008,de 27.45%. Persiste la misma tendencia: el porcen-

taje aumenta para el ao 2006, y luego se reduceprogresivamente en los aos 2007 y 2008.En cuanto a las condenas, el comportamiento

en este delito puede ser un poco errtico. Es posible

que esto se deba a que las ci ras absolutas son bajasen este delito, por eso cualquier condena produ-cir una distorsin, cosa que no ocurre en los de-ms delitos, cuyas ci ras absolutas son ms altas.En todo caso, en 2005 se conden a alguien en el9.8% de los casos; en 2006, en el 23.24%; en 2007en el 14.44% y en 2008, en el 12.77% de los casosingresados.

En cuanto a la celebracin indebida de contra-tos, las salidas nicamente son archivos. Veamos:

c n 9. c p b b

2005 2006 2007 2008Casos ingresados 24 130 370 593

Aceptacin total

de cargosAceptacin parcialde cargos


Archivo 6 29 60 25



Fuente. Fiscala General de la Nacin

Un anlisis que resulta posible hacer est re eri-do al nmero de fscales que se dedican a estos de-litos de corrupcin a nivel nacional. Como anexoNo. 1, se muestra una tabla en la que se indica, paraestos delitos, la cantidad de fscales que se encar-gan de su investigacin, segn la Fiscala General. A partir de esa in ormacin, podemos constatarque a nivel nacional hay 75 fscales encargados dedelitos contra la administracin pblica. Esto sig-nifca que la mayora de casos de que conocen estosfscales, son las tres categoras de delitos de corrup-

cin analizadas. Si en los cuatro aos estudiados,el total nacional de salidas para estos delitos suma957, esto signifca que un fscal de administracinpblica evaca en promedio 3 casos al ao, inclu-yendo los archivos. En cuanto a las condenas, unode estos fscales en promedio produce menos deuna condena al ao en los delitos de mayor relevan-cia que conoce, incluyendo todo tipo de condenas(preacuerdos, negociaciones y juicio oral).

Con estas inquietudes, entrevistamos a los acto-res y litigantes en el sistema, para saber qu causasidentifcan ellos como productoras de las difcul-

tades en la defnicin de los casos ingresados porlos delitos relevantes para la ciudadana. En loscaptulos que siguen, hemos intentado agrupar lascategoras de problemas identifcados por ellos.


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181818


Adelantamos desde ya, que la Fiscala ha optadopor estimular la produccin de resultados en otrosaspectos, dentro de los cuales el ms emblemti-co es la medida cautelar de detencin preventiva. Abordemos entonces el anlisis cualitativo.

III. Anlisis Cualitativo

Antes de abordar las causas especfcas de lapoca resolucin de casos en la investigacin y el juzgamiento de los delitos de mayor impacto so-cial, nos parece relevante indicar un aspecto quepodra dar perspectiva para dicho anlisis. Se tratade la postura que varios expertos entrevistados noshan sealado, en cuanto al abordaje que elegimospara el estudio.

Como queda dicho, hemos iniciado el anlisiscon ci ras del ao 2005, es decir, a partir de la en-trada en vigencia del sistema acusatorio. Nuestropropsito es indicar la efciencia de dicho sistema.Sin embargo, los expertos (y algunos actores) coin-ciden en que los problemas para identifcar y con-denar a los autores de los delitos ms impactantespara la sociedad colombiana, vienen de mucho msatrs.

Un primer experto entrevistado seala la in-capacidad estructural muy antigua del sistema pe-nal para arrojar pruebas confables () Los proce-sos no se llevan a condena sin la concurrencia deun delator. Lo cierto es que, salvo algunos casosmuy concretos, y muy conocidos, en que hay undelator, desde siempre son indecibles los crme-nes de gran impacto social en que no hay nadiecondenado.

En todo caso, en el sistema nuevo es ms mar-cada la percepcin de que no hay condenas en estosdelitos. Hay una percepcin generalizada de que elsistema nuevo produce resultados tan slo en casosde agrancia, mientras en el viejo, haba casos em-

blemticos en que los fscales hacan bien su trabajoy ganaban los juicios. Un experto nos seal que ladebilidad del sistema penal para identifcar y juzgara los responsables de los delitos de mayor impactoes la misma en el sistema antiguo que en el nuevo.Con todo, no resultara preciso sealar al sistemaacusatorio como el que produce debilidades parainvestigar y juzgar estos delitos. Al parecer, el an-lisis debe abordarse con la perspectiva de problemasque existen desde siempre, pero que resultan msvisibles en un sistema oral y pblico, sin perma-nencia de la prueba. Nos disponemos entonces a

analizar las causas de estas debilidades.

Debilidades estratgicas en la planeacinde la investigacin criminal

La primera causa que han sealado los entrevis-tados se refere a la incapacidad estratgica de losfscales para disear una teora del caso. Es decir,cuando un fscal recibe un caso, al parecer no seencuentra sufcientemente entrenado para adelan-tar una investigacin de manera conjunta con lapolica, que lo lleve a completar las pruebas quehacen alta para condenar al responsable. La inves-tigacin criminal en el sistema acusatorio debiera

uncionar de modo tal que un fscal recibe un caso,asigna una va de salida que estratgicamente re-sulte conveniente entre el amplio catlogo legal deque dispone, y disea de manera conjunta con lapolica las tareas que hacen alta para materializaresa salida. Muy en contra de esta imagen, lo quenos sugiere un experto es que los fscales no tienenla capacidad de establecer, al analizar un caso, culser su suerte probable. Por eso, en palabras de lmismo, hay casos que parece que se dirigen al jui-cio, y terminan en un archivo, y viceversa.

Desde el punto de vista de los litigantes privados,la percepcin es que cuando actan en representa-cin de la vctima y denuncian delitos, los fscalesno son precisos en cuanto a las pruebas que tienencon la denuncia y las que les alta conseguir.

Quisimos indagar acerca de la percepcin de los jueces sobre la manera en que los fscales abordan lainvestigacin, y en particular, sobre si piensan que losfscales tienen la capacidad de establecer con precisinqu deben recaudar para llegar a una condena. Un juez indic que los fscales siguen abordando el pro-blema con las rutinas antiguas. Es como si pensaranque deben buscar tareas que justifquen su cargo.

Las Fiscalas observadas se componen de unfscal y un asistente de fscal, que tambin es abo-gado. La ley le da acultades al asistente para reali-zar tareas de polica judicial, pero los asistentes en

general no salen del despacho. Su trabajo se centrabsicamente en redactar comunicaciones escritasdirigidas a otras entidades o a particulares. Estascomunicaciones se denominan ofcios. Entonces,lo que nos indica este juez, es que para justifcarcargos, es necesario seguir actuando a travs deofcios, que ocupen el tiempo de los asistentes enun 100%. Frente a esta afrmacin que realiz este juez, resulta relevante retomar un anlisis que hici-mos en el captulo cuantitativo: en Colombia hay 75 fscales dedicados a los delitos contra la admi-nistracin pblica; en los delitos elegidos para este

estudio, las ci ras sealan que un fscal evaca, delos casos ms recuentes, 3 casos al ao (incluyendoarchivos y desestimaciones de casos). Estas ci rasapoyaran la afrmacin del citado juez.


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Pareciera entonces que la investigacin en el sis-tema re ormado se parece mucho a la instruccindel sistema tradicional, en cuanto a su carcter bu-rocrtico y ormalista, y que los fscales no se en-cuentran capacitados para elaborar estratgicamen-te una teora del caso en conjunto con la polica judicial. Parece tambin haber una mala distribu-cin del trabajo. Ello nos llev a preguntarnos porel modelo de trabajo entre fscales y policas, temaque se estudia en el siguiente captulo.

1. Falta de metodologas modernizadas paracoordinar el trabajo entre fscales y policas

Una promesa del sistema acusatorio ue una in-vestigacin modernizada. Se trataba de superar lalgica del sistema escrito y dejar de usar el ofciocomo metodologa de investigacin, para lograr laconsecucin de in ormacin de una manera msgil, rpida y precisa. Adems, se buscaba que losfscales se apoyaran de una orma ms til en lospolicas (no solamente los agentes de polica, sinotambin los peritos de la polica, dactiloscopistas,gra logos, mdicos, etc.), para e ectos de diseary materializar la investigacin con la ayuda de laexperiencia policial y las ciencias orenses. La he-rramienta legal con la cual se quiso materializaresta lgica es el programa metodolgico7. Esdecir, lo que se buscaba era introducir el elementoestratgico en la investigacin, para que las ciencias

orenses auxiliaran al fscal y las labores investiga-tivas no ueran producto de la improvisacin o dela costumbre.

Muy por el contrario, la introduccin del pro-grama metodolgico es un cambio, en la prctica,cosmtico, porque los fscales y los investigadoressiguen uncionando con la lgica del sistema an-tiguo. Las investigaciones carecen, en general, deuna planeacin estratgica hecha de la mano entreel fscal y la polica. Ms bien, la imagen que arroja la prctica es que el fscal elabora el programa

7 El artculo 207 del Cdigo de Procedimiento Penal re orma-do lo defne as: () el fscal, con el apoyo de los integrantesde la polica judicial, se trazar un programa metodolgico dela investigacin, el cual deber contener la determinacin delos objetivos en relacin con la naturaleza de la hiptesis delic-tiva; los criterios para evaluar la in ormacin; la delimitacin

uncional de las tareas que se deban adelantar en procura delos objetivos trazados; los procedimientos de control en el de-sarrollo de las labores y los recursos de mejoramiento de los re-sultados obtenidos. En desarrollo del programa metodolgicode la investigacin, el fscal ordenar la realizacin de todas lasactividades que no impliquen restriccin a los derechos un-

damentales y que sean conducentes al esclarecimiento de loshechos, al descubrimiento de los elementos materiales proba-torios y evidencia sica, a la individualizacin de los autoresy partcipes del delito, a la evaluacin y cuantifcacin de losdaos causados y a la asistencia y proteccin de las vctimas.

metodolgico sin mayor apoyo o colaboracin po-licial (tampoco los fscales propician que eso pase),y dicho programa constituye ms bien una lista detareas pensada de orma algo tosca.

Sin duda, otro problema que se presenta es quela investigacin es demasiado lenta. Los actores,al ser indagados respecto la lentitud, coinciden enafrmar que hacen alta recursos humanos en la po-lica judicial. Por otra parte, no solamente parecehaber pocos policas, sino que adems no tienenherramientas para trabajar. Todos los entrevistadoscoinciden en que no disponen de vehculos o nocuentan con equipos in ormticos adecuados.

En sntesis, si la idea era ortalecer la capacidadinvestigativa, es claro que mantener la metodolo-ga burocratizada del sistema antiguo y valerse paraello de poca polica sin recursos para trabajar, nopodrn conseguir el resultado pretendido.

2. No existen incentivos para lograr resultadosreales en la lucha contra criminalidad deconnotacin social

Uno de los pilares de la lucha efciente contra lacriminalidad, cualquiera sea su orma, es la existen-cia de un sistema de incentivos que permita que los

uncionarios involucrados en la persecucin penal,en especial fscales e investigadores, se encuentrensufcientemente motivados para desarrollar las di-ligencias investigativas, aumentar los casos de ar-chivo o aplicacin del principio de oportunidad,buscar la condena de los responsables y en general,para mejorar su rendimiento. Frente a este tpicolo que se pudo establecer es que, en lo que se referea los fscales, estos uncionarios son generalmentemedidos por resultados fjados sin una base emp-rica. No existen polticas dictadas desde un nivelcentral que aciliten una evaluacin de los uncio-narios. Esto explica por qu en algunos delitos elcomportamiento de las ci ras es incoherente conotros: por ejemplo, vimos en el acpite de la in-

ormacin emprica que en el delito de extorsin,muchas tendencias no son compatibles con otrosdelitos. Lo cierto es que nuestra investigacin arroja que el nivel central de la fscala no se encarga deimponer metas de descongestin, o de altas ci rasde celebracin de audiencias. Es por esa razn queen la Fiscala no existe una preocupacin por evitarque los fscales tengan casos sin resolver por aos.

El enmeno as descrito genera, entonces, dosproblemas: en primer lugar, no existe en la Fiscalaun sistema que premie a los uncionarios efcientes.De otra parte, resulta preocupante que tampoco

se toman las medidas administrativas necesariaspara reaccionar rente a aquellos uncionarios queno incrementan o hacen descender las ci ras de lainstitucin.


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La Fiscala no solamente carece de metas degestin, sino que los indicadores que se aplicana los fscales no consideran ningn resultado decalidad de cara a las condenas. En e ecto, se hacen asis en exigir a los fscales productos que noo recen mayores difcultades desde una perspectivacualitativa.

Se detect tambin que hace alta uni ormidaden el objetivo de la investigacin: muchos fscalesbuscan reunir in ormacin para imputar y detener,y dejan a un lado la posibilidad de crear y maduraruna buena investigacin de cara a vencer en un jui-cio. Otros fscales presentan imputacin slo con lain ormacin que les permita individualizar.

Ms preocupante es el caso de la polica. Si lasmetas de los fscales se disean de la orma antesdescrita, la realidad es que a los policas no se lesimponen metas, y cuando stas se acuerdan entrefscal y polica, no miden calidad en la labor. Tene-mos entendido que al interior de la polica a la quepertenezcan en ocasiones son evaluados, pero no ensu tarea de auxiliares de la investigacin.

3. Existen casos emblemticos en que se producen resultados, ruto de un mensajeexpreso de tratarlos excepcionalmente

Existe un nivel importante de consenso entre losactores del sistema acusatorio colombiano, respectode que el nuevo sistema procesal penal ha mostradopocos resultados. Como decamos, ello puede de-berse a que la mayora de las investigaciones siguean en curso, pero el punto es que hasta ahora, la justicia colombiana no ha sido ms efciente. Sinembargo, es para todos evidente que la fscala hamostrado resultados en casos excepcionales, que secaracterizan por ser de gran connotacin y de inte-rs de los medios de comunicacin.

En general, los eventos en los que la Fiscala haproducido resultados desde el punto de vista inves-tigativo comparten unas caractersticas que los dis-

tinguen del resto de acontecimientos susceptiblesde ser procesados por la justicia penal: se trata dedelitos con un nmero plural de vctimas, en losque se encuentra involucrado o interesado un per-sonaje pblico, casos de gran impacto social (porejemplo, las agresiones a menores de edad) o conmucha mayor recuencia, casos en que se encuen-tra involucrado un personaje con relieve poltico.Esos hechos llaman la atencin de los medios decomunicacin, quienes de manera expresa deman-dan la intervencin de las autoridades. De modoque esos casos emblemticos operan como un de-

tonante para la intervencin pronta y efciente de lafscala. De esa manera, en la investigacin de esospocos delitos el sistema produce resultados rpidosy visibles. De donde se concluye que la relevancia

de los casos no obedece a una poltica institucional,que incluya valoraciones como la calidad y el n-mero de vctimas o el bien jurdico a ectado con laconducta punible, sino a la exposicin que tenganlos delitos en los medios de comunicacin.

La descripcin que hacen todos los actoresacerca del origen de los que hemos llamado casosemblemticos, demuestra que la velocidad y ef-ciencia de la actuacin de la Fiscala en su investi-gacin depende casi exclusivamente del inters delos medios. Por otra parte, que la Fiscala dediqueespeciales es uerzos a aquellos casos que sugierela prensa, trae como consecuencia nociva para el

uncionamiento del sistema penal que el inters delos uncionarios encargados de la investigacin secentre exclusivamente en ellos, con el consecuentedescuido del resto de los asuntos a su cargo. Es de-cir, el sistema s ha mostrado ser capaz de resolvercasos de delitos de connotacin social; lo que no halogrado hacer es masifcar esta metodologa, paraproducir resultados en un nmero signifcativo decasos. Lo anterior pone de presente que la persecu-cin penal en Colombia es de carcter coyunturaly no estratgico.

4. Ausencia de polticas para el tratamiento devctimas, testigos y polica

En este acpite, trataremos el tema de las dif-cultades en el tratamiento de vctimas, testigos y policas desde dos puntos de vista. El primero deellos tiene que ver con la ausencia de un progra-ma operativo dirigido a conseguir la participacinde las vctimas y testigos en los juicios orales. Elsegundo va en la misma lnea pero es un tanto di e-rente, se refere a la alta de polticas que consigan laproteccin de ellos, as como de los policas.

En cuanto al primer tema, los fscales entre-vistados espontneamente identifcaron la escasaparticipacin de vctimas y testigos en los juiciosorales, como uno de los aspectos que impide conse-

guir ms condenas en juicio. Coincidieron en afr-mar que no reciben instrucciones ni capacitacinre erida al tratamiento de vctimas y testigos, sinoque se basan nicamente en los mandatos legales.De igual orma, indican que tampoco la policatiene la capacidad de contactar a los testigos y vc-timas, conseguir su versin y mantener el contactopara asegurar la prctica de la prueba en el juicio,por lo cual los fscales asumen directamente estatarea. En cuanto a los delitos contra la administra-cin pblica, hay adems otro problema, y es quequienes denuncian estos delitos tienen intereses

comprometidos debido a su puesto de trabajo o sufliacin poltica, y en consecuencia no acuden al juicio porque no quieren que se revele su carcterde denunciantes.


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Como anunciamos, el otro aspecto que a ecta laconsecucin de condenas es la situacin de despro-teccin en que se encuentran las vctimas, testigosy policas. En cuanto a los dos primeros, la Fiscalatiene una ofcina dedicada a esa tarea, pero al pa-recer no cuenta con recursos sufcientes para cubrirla demanda.

5. Falta de coordinacin interinstitucional entrela Fiscala y las distintas policas

La Fiscala General de la Nacin tiene a su dis-posicin varias instituciones que le prestan sus ser-vicios como polica judicial: la Polica Nacional, laDIJIN, la SIJIN, el DAS y el CTI. Son varios losproblemas que detectamos en el uncionamientode esos cuerpos de polica. A manera de ejemplo,no existe un alto grado de especializacin en di-chos cuerpos investigativos. Pero nos ocuparemosen este captulo de un enmeno que preocupa porigual a muchos de los actores del sistema: la ausen-cia de coordinacin entre la fscala y las di erentesinstituciones de polica judicial.

Un primer punto a destacar es que desde lasmismas etapas de implementacin del nuevo siste-ma procesal, la relacin entre fscales y policas secaracteriz por celos mutuos. Se dice que los fscalesno tomaban en cuenta al investigador por conside-rar que el fscal manda, que era su investigaciny que por mandato legal la direccin de la misma ledaba la posibilidad de imponer su criterio. El e ectode esa primera aproximacin es que el investigadorno se siente partcipe del programa metodolgico.

Con todo, existe un problema de ondo que a ec-ta la relacin fscal-polica: la orma en que se usa elprograma metodolgico, como queda dicho, impidela puesta en prctica de las destrezas policiales, por-que todas las labores se encuentran dirigidas por elfscal del caso. As las cosas, ocurre que cuando uninvestigador no cumple con su labor, el fscal no tie-ne ninguna herramienta para exigir los resultados.

Si a lo anterior se aade la ausencia total decontrol hacia la polica, el panorama no es el msavorable. En e ecto, en la prctica nadie contro-

la a la polica judicial. Al interior de la Fiscala nohay control porque el fscal es tan slo el coor-dinador de los investigadores. Y el fscal tampocotiene poder para controlar al investigador, porque,

uncionalmente, ste depende de otra entidad. Esaalta de control produce consecuencias desastrosas

al interior del proceso penal. Mencionaremos porahora una de las ms preocupantes: la corrupcin.Se conocen varios antecedentes de policas que pre-

sionan a la vctima para buscar las pruebas ques sirven, as como eventos de policas que exigenuna contraprestacin al indiciado a cambio de noentregar pruebas incriminatorias al fscal.

En ese contexto resulta cil concluir que a lasgraves prcticas que hacen muy demoradas las in-vestigaciones penales en Colombia, se agregan losretrasos que la alta de comunicacin entre fscalesy polica judicial generan.

En sntesis, ni siquiera es claro quin establecequ debe hacerse con la investigacin, y fnalmentedepender del fscal de turno, si es l quien defnela suerte de un proceso, o es el investigador quientiene a su cargo esta tarea.

IV. Conclusiones

En primer lugar, debemos afrmar que la in or-macin cuantitativa indica dos temas preocupantes,de cara al objeto de estudio. El primero de ellos,est re erido a la bajsima cantidad de resultadosarrojados en el sistema acusatorio colombiano, quepermitan descubrir al culpable de los delitos de ma-yor connotacin social. La segunda, es que ya lasci ras revelan la total ausencia de alguna exigenciaen este sentido por parte de la Fiscala General.

Si bien la utilizacin sistemtica de preacuerdosy negociaciones constituye un logro sumamenteimportante que vale la pena rescatar, cuando losdelitos s requieren algn nivel de investigacin,el trabajo de la Fiscala se caracteriza por ser su-mamente lento y rodeado de trabas burocrticas,a la usanza del sistema tradicional.8 No se ha des-

ormalizado la etapa de investigacin, y al parecerla dotacin de policas dedicada a esta tarea no essufciente.

Con undamento en lo expuesto, tenemos en-tonces que el sistema colombiano ha logrado utilizarmasivamente las salidas novedosas, pero paradjica-mente en los casos que requieren alguna investiga-cin, es decir aquellos que tradicionalmente podaprocesar (con los de ectos del sistema antiguo), eltrmite se desarrolla de una manera tan burocrtica

y lenta, que en la prctica los resultados no se ven.Las ci ras arrojadas por el sistema muestran cmolas condenas obtenidas en juicio oral son decidida-mente muy pocas. En una primera aproximacin,pensamos que se trataba de una debilidad esencialdel sistema; sin embargo, la apreciacin de la in or-macin en su contexto y las entrevistas realizadascon algunos actores, arrojan que el problema no es

8 En otra ocasin habamos mostrado que en el sistema acusato-rio colombiano los investigadores realizan sus tareas a travs de

procedimientos uncionales al sistema escrito que requiere expe-diente, como el envo de ofcios. Para ampliar esta in ormacin,c r HARTMANN, Mildred, Gmez, Carlos Andrs, Ortiz, Ca-milo,Estudio Emprico del Funcionamiento del Sistema Acusatorio,Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogot, 2009, pp. 51 a 59.


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que no se consigan condenas, sino que los procesosson tan increblemente lentos, que an alta tiempode uncionamiento del sistema acusatorio para quesean visibles las condenas.

Por otra parte, como se destaca en varios apar-tes del in orme, la cantidad de casos que llegan a juicio y son resueltos con una absolucin, superanen mucho la cantidad que termina en condena. Noqueremos signifcar que debiera haber una meta, enel sentido de que todos los juicios culminen en con-dena, y tampoco se debe perseguir la expulsin dela fscala de todo fscal cuyo juicio termine en unaabsolucin. De hecho, es claro que los casos conprueba muy uerte, deben culminar con condenaspor aceptacin de cargos. Lo que queremos mos-trar es que un fscal que se decide por ir a juicio,debe ser capaz de ganar un nmero importante deellos, en cambio, en el sistema colombiano, es evi-dente que las absoluciones superan en mnimo tresveces las condenas, y ello no parece ser motivo depreocupacin.

No debe olvidarse que ningn entrevistadoidentifca las debilidades para perseguir crimi-nalidad de connotacin social, con la entrada envigencia del sistema acusatorio; por el contrario,indican que sin la concurrencia de un delator, hay una incapacidad histrica para descubrir y juzgar alos responsables de una conducta de impacto socialen Colombia.

Ahora bien, la promesa del sistema acusatorioera una investigacin gil, rpida y des ormalizada.Sin embargo, adentrarse en la metodologa con queactualmente se adelanta, revela que la investigacinen la prctica sigue el paradigma del sistema escrito:es burocrtica, ormalista e imprecisa en la bsque-da de los elementos que pueden servir de prueba.Los fscales no parecen tener una ormacin que lespermita disear la investigacin con la polica, demanera acorde con un sistema de esta clase.

Los resultados que arroja la Fiscala, en casos

de connotacin social, nicamente se producencon metodologas excepcionales y bajo presin. Lafscala solamente puede mostrar resultados en ca-sos estudiables uno por uno. No se encuentra, enninguno de los delitos estudiados, la produccinde resultados masivos. En cambio, cuando la Fis-cala entrega resultados de calidad, es porque elcaso est en ese momento siendo ventilado en laprensa. Estos resultados son siempre el producto deun tratamiento excepcional, en cuanto a su direc-cionamiento, los recursos asignados y el resultadoperseguido.

Otro aspecto que parece incidir en la consecu-cin de condenas en juicio oral, es la total ausencia depolticas de participacin y proteccin de vctimas y testigos. Este aspecto incide incluso en los policas.

Finalmente, el punto ms relevante detectadoen este estudio es que la Fiscala General no se fjaen absoluto en la calidad de las investigaciones. Losindicadores que podran arrojar datos sobre ella,como por ejemplo la cantidad de condenas, no sontenidos en cuenta de manera masiva por el siste-ma. Los resultados que se evalan y se consideranmasivamente, estn re eridos a la privacin de lalibertad durante el proceso. Adems de los cuestio-namientos que ello genera desde el punto de vistade las garantas, el problema defnitivo radica enque la prueba exigida para detener preventivamen-te a alguien, lleva a los fscales a concentrarse enaspectos muy distintos de los que les permitiranganar un juicio.

No podemos cerrar el in orme sin reiterar loque para nosotros es uno de los problemas clavesen la implementacin del sistema adversarial; uncambio de semejante magnitud requiere una tomade postura decidida de la Fiscala General. El estu-dio de las re ormas en la regin ha demostrado sinlugar a dudas que el Fiscal General debe tomarse elsistema como una poltica que requiere liderazgo,intervencin, constante evaluacin y revaluacinde la dinmica de uncionamiento de la Fiscala.Ello no ha ocurrido en Colombia, donde el FiscalGeneral que estuvo a cargo de la mayor parte dela implementacin mani est con muchsima re-cuencia que los fscales son autnomos e indepen-dientes, y se ha mostrado reacio a implementarmedidas que resuelvan los problemas detectadospor todos los usuarios y uncionarios. Adicional-mente, tampoco otras autoridades suelen tomarseen serio el rol del Fiscal, tanto es as que el anteriorFiscal General dej su cargo en agosto de 2009, y a la echa de cierre del presente in orme (abril de

2010), an no han nombrado Fiscal General. Elhecho de que la institucin se encuentre an a laderiva y bajo encargo no resulta alentador rentea la solucin de problemas que con el tiempo seagravarn cada vez ms.


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I. Introduccin

Este trabajo es una versin resumida del Estudiosobre la investigacin y persecucin penal de delitosde alta connotacin social en Argentina1 que or-ma parte de un proyecto ms amplio del Centro deEstudios de Justicia de las Amricas (CEJA) junto aotros in ormes similares de Chile, Per, Colombia y Venezuela. El objetivo ue describir y evaluar las ca-pacidades y debilidades del sistema de justicia penalde Argentina para investigar, perseguir y sancionaraquellos delitos que generan ms impacto en la opi-nin pblica por su gravedad o connotacin social, ascomo por la impunidad que genera su no resolucin

o las respuestas tardas. En esta versin resumida, sehace hincapi en las conclusiones de aquel estudio,divididas en dos partes: los principales actores quelimitan o condicionan las capacidades del sistema y las buenas prcticas que se han podido detectar.

El estudio se bas en la recoleccin de in orma-cin a travs de uentes secundari

15-Funciona la investigación judicial en la región

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