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La Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata ordenó al ejecutivo provincial y municipal la relocalización de las familias que viven a la vera de zonas inundables, al tiempo que le exigió sanear el cauce de los arroyos Maldonado y El Gato. De esa forma la Cámara, por mayoría integrada por los jueces Gustavo Spacarotel y Claudia Milanta, confirmó la decisión del juez Luis Federico Arias, que ordenó tanto al gobierno bonaerense como a las comunas de La Plata y Berisso que den una solución habitacional a unas 700 familias que viven a la vera de arroyos inundables de nuestra región. El fallo se da en el marco de un amparo colectivo presentado por la Asesora de Incapaces Nº 1 de La Plata y señala que las autoridades deberán proveerle un hospedaje provisorio a las familias hasta tanto se concrete la mudanza. Vale aclarar que el gobierno provincial está ejecutando un proyecto para mudar a familias que viven a la vera de El Gato.

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El vendaval - ver aparte - de las últimas 48 horas provocó caída de postes y amplios sectores de la Región se quedaron sin luz, algo que también repercutió en el servicio de agua de miles de usuarios. Las zonas mas afectadas fueron Barrio Aeropuerto, Parque Sicardi, Arturo Seguí, Abasto, Melchor Romero, San Carlos, Olmos, Villa del Plata, Barrio El Mercadito, Villa Progreso, Villa Elvira, y sectores de Berisso. En barrio El Retiro Miriam, vecina de 167 entre 43 y 44, denunció que a las 6 de la tarde ya llevaba 30 horas sin luz, ni noticias de cuándo se les restablecería el servicio. “El apagón llega hasta 180, Edelap no informa nada y lo peor es que no lo podemos adjudicar a la tormenta porque acá ante cualquier cosa nos quedamos sin luz”, dijo la vecina. En barrio Aeropuerto María Cristina Delle Donne señaló “quieren cobrar tarifas de primer mundo, pero si hay lluvia se moja el transformador, si hace calor se recalienta, si hay humedad, se sulfata y todo termina en corte; la última factura que pagué fue de 600 pesos y de tanto en tanto me cortan la luz y pierdo muchos alimentos”. La misma queja se registró en 7 entre 649 y 650, 10 entre 609 y 610, 600 entre 12 y 13. Los vecinos de Berisso también consignaron que desde que se cayó un poste en 30 y 159, de barrio Obrero, todos quedaron a oscuras. Además tuvieron un corte de luz prolongado los vecinos de 8 y 83, sin servicio desde el martes a las 18; los de 4 y 77 bis y en 174 y 517. En tanto denunciaron falta de agua los vecinos de 30 entre 57 y 58 y los de 28 y 61 y Aguas Bonaerenses informó que, como consecuencia de un corte de energía registrado el martes, se detuvo el bombeo de la usina del Parque San Martín y quedaron fuera de servicio una docena de perforaciones. Hubo baja presión en la zona de 131 a 143 y de 70 a 60, aproximadamente y, con menor intensidad, el servicio de la zona de 72 a 60 y de 31 a 25. También se anticipó que “podría haber inconvenientes” de 32 a 60 y de 19 a 31, debido a los bajos niveles en cisterna que por falta de energía no se recuperan”. En Arturo Seguí el corte de energía afectó cuatro perforaciones y se colocó un grupo electrógeno para garantizar el servicio. Edelap informo que la tormenta de viento produjo la caída de árboles y la voladura de objetos que dañaron las redes del tendido eléctrico en Parque Sicardi, Arturo Seguí, Abasto, Melchor Romero, San Carlos, Olmos, Villa del Plata, Barrio El Mercadito, Villa Progreso, Villa Elvira, y sectores de Berisso. Las tareas se centraron en el retiro de árboles, carteles, chapas y ramas de los tendidos, y en la reparación de las instalaciones dañadas. Además se repararon gran cantidad de cortes puntuales en las redes domiciliarias dañadas. Anoche, desde la distribuidora aseguraron que “el 90% del servicio que se vio afectado por la tormenta” estaba “normalizado”.

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El desalojo de los terrenos usurpados en calles 159, 161, 523 y 524 deberá esperar. Así lo anticipó ayer el dueño de los lotes que llevan tres meses ocupados, quien explicó que era inminente el desplazamiento de las tierras pero la medida se postergó “porque se presentó personal del área de Minoridad de la Municipalidad de La Plata para pedir un plazo de 72 horas con el objeto de hacer un relevamiento sobre la cantidad de menores” que pudiera haber en las parcelas en cuestión. A raíz de esa presentación en la Justicia, se reprogramó el desalojo de los terrenos, que estaba previsto para hoy y ahora quedaría postergado, en principio, para la semana entrante. El dueño de los lotes comentó a EL DIA que le “llama la atención” la necesidad del nuevo relevamiento, “porque ya lo había hecho tiempo atrás Desarrollo Social y dio que había 40 mayores y ningún menor”, aseguró. No obstante, dijo, “en estos días está entrando gente a mansalva a los terrenos, porque como a los ocupantes al parecer los van a reubicar, ahora llega un montón de gente que nunca estuvo. En el censo van a aparecer menores que antes no estaban”, aseguró el propietario de las tierras. Por otro lado, señaló que “los ocupantes ya están notificados que tienen que abandonar los terrenos”, y afirmó que pese a las dilaciones “la orden de desalojo sigue vigente”. En la causa intervienen el fiscal Marcelo Martini y el juez de Garantías César Melazo. En tanto, vecinos de la usurpación que se desarrolla hace más de un mes en 92 y 1, en Villa Elvira, denunciaron que la ocupación de los lotes se agrava día a día, pese a las denuncias presentadas por los dueños de los terrenos. “Las que están realmente instaladas son tres o cuatro familias. El resto va y viene porque tiene casa propia”, describió una vecina. Y aseguró que pese a una orden judicial que dispuso la custodia policial de los lotes, hasta ahora no destinaron ningún patrullero.

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En el marco del fuerte temporal de lluvia y viento desatado en la ciudad, se consumieron desde la mañana del martes 120 millones de litros de agua de reserva del sistema y por ello la producción del vital recurso -desde entonces- se ve afectada por los inconvenientes que genera la falta de energía eléctrica en las estaciones elevadoras y pozos de abastecimiento distribuidos en diferentes puntos del Partido de General Pueyrredon. En tanto desde la Empresa Distribuidora de Energía (EDEA) aseguraron anoche que la situación estaba “casi resuelta” habida cuenta que “se vino trabajando desde las 14 de ayer en la gran mayoría de los pozos que existen en la ciudad”. Cuadrillas de la empresa sanitaria municipal trabajan activamente junto a las prestatarias EDEA y Cooperativa Eléctrica Camet en orden al restablecimiento del suministro que permita la correcta funcionalidad de los 280 pozos activos, de los cuales sólo operaban al mediodía de ayer 117. A propósito de esto último, desde OSSE se dio cuenta de que de los 109 pozos del Acueducto Norte hay 64 sin actividad, mientras que de los 52 del Acueducto Sur, 36 han quedado fuera de prestación por falta de suministro eléctrico. A estos debe sumarse la situación con los pozos directo a red. En zona sur, de 30 hay 4 parados y en el norte la brecha es aún mayor: de 79, sólo 30 son los que operan actualmente. “Desde la mañana de ayer (martes) cuando comenzaron los inconvenientes con los efectos del temporal sobre la prestación de la energía eléctrica se han consumido 120 millones de litros de agua de reserva. A medida que se vaya restableciendo el servicio eléctrico la operatoria de rigor de los pozos nos indica entre 5 o 6 horas para reponer las capacidades mínimas de bombeo, según la ubicación geográfica”, confiaron técnicos de la gerencia de Producción de Obras Sanitarias. Por eso se solicitó a la población hacer un uso racional del recurso hasta tanto se normalice la situación desfavorable provocada por el intenso temporal de lluvia y viento que afectó al partido de General Pueyrredon. Cloacas Por otra parte -vale remarcar- la operatoria del servicio cloacal ha podido ser mantenida merced al sistema eléctrico de respaldo que es propio de Obras Sanitarias, habiendo sido utilizado en sus máximas bondades a fin de que esta prestación no se vea alterada. Obras Sanitarias ha redoblado esfuerzos desde la víspera trabajando permanentemente sobre la operatividad ?entre otras- de las estaciones Tapia, Talcahuano, Parque Industrial, Lomas del Golf, Estación Chapadmalal, Colonia de Chapadmalal y Mario Bravo, además del CAS, Ayacucho y Uruguay, y Tucumán y Almafuerte como así también Plaza Mitre y pozos de abastecimiento. Siempre en lo que hace a la situación que se presenta por estas horas en la ciudad, la empresa sanitaria se encuentra entregando agua envasada respondiendo a la convocatoria del Comité de Contingencia Meteorológica y a la Secretaría de Desarrollo Social, abarcando -fundamentalmente- la llegada al centro de evacuados y geriátricos, entre otros. Para dudas o consultas se solicita a los vecinos comunicarse con un operador en directo llamando al Centro de Atención al Cliente: 0810-666-2424.

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Vecinos del barrio Universitario se quejaron por una gran pérdida de agua en la zona de San Juan al 200. La dueña de una casa de ese sector dijo "hablé 3 veces con el 911 desde las 5 y me dijeron que ABSA ya está avisada, pero el agua sigue corriendo". Alba contó además que no tiene agua. "Se sentía como una especie de oleaje, abrí la mirilla y vi mucha agua en la calle". Otra vecina dijo: “Parecía que el canal Maldonado se había desbordado y pasaba por la calle”, manifestó Vanina, quien vive en la primera cuadra de calle Córdoba, a más de 400 metros de donde se produjo la pérdida de agua. María Belén agregó: "Mis hijos me preguntaban '¿está lloviendo?'. No tengo agua, no puedo sacar el auto". Y hay más denuncias: -"En Vieytes y Brasil es impresionante el agua". -"En Viamonte y Brasil está inundado de vereda a vereda" (Silvia) -"Tremenda inundación en San Juan y Mitre" (Marcelo Randazzo) Desde ABSA -la prestataria del servicio de agua potable- informaron que cortan el agua en esa zona para poder llevar adelante trabajos de reparación.

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En el marco de un procedimiento con ribetes cinematográficos, la Justicia platense allanó la vivienda de un ex funcionario sciolista y encontró una caja fuerte dentro de una escultura de un dragón emplazada en el parque de la propiedad. Pero cuando la policía abrió la caja, estaba vacía. El procedimiento, que según trascendió se concretó a partir de la declaración de un testigo de identidad reservada, se produjo en la vivienda del ex director de Administración de la Jefatura de Gabinete, Walter Carbone, ubicada en el country Abril de Berazategui. Carbone tuvo un rol clave en el manejo de fondos durante la gestión de Scioli y fue un engranaje decisivo en la recaudación de recursos para la campaña electoral del ex gobernador (ver aparte). El allanamiento fue realizado en el marco de la causa por lavado de activos contra el ex gobernador bonaerense que impulsó la diputada nacional Elisa Carrió. El operativo fue dispuesto por el juez de Garantías, Pablo Raele, tras el pedido del fiscal Álvaro Garganta, quien tiene a su cargo la denuncia que Carrió realizó en junio. La escultura del dragón está realizada en metal, mide unos 4 metros de altura y en su vientre esconde un cofre, de un metro y medio. Fue realizada por Leandro Campos, un escultor de Lomas de Zamora amigo de Carbone. “No tiene precio, fue un regalo que le hice a un amigo”, dijo Campos en referencia a Carbone.

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En ese marco, Alberto Pérez, ex jefe de Gabinete del gobierno de Scioli y apuntado en la denuncia de la diputada, advirtió que en la caja fuerte hallada “no encontraron nada”, y definió la denuncia de Carrió como “fábula y mentira”. En la causa judicial “ya se aclaró que los campos que le adjudican a Scioli no son de él y que los 20 mil millones de pesos eran para salarios. Esos son datos objetivos”, enfatizó Pérez en relación a parte de la denuncia de la diputada. El ex funcionario dio además una explicación curiosa sobre el uso de la caja fuerte: afirmó que era utilizada para guardar elementos de limpieza que se usaban para la pileta de natación, entre ellos, cloro. En tanto, el fiscal Garganta confirmó que la caja fuerte, “de grandes dimensiones”, se encontraba dentro de una escultura de metal de un dragón que estaba en el patio de la casa de Carbone, al lado de la pileta y de una cancha de fútbol. La caja fuerte, a la que se accedía a través de la panza del dragón, fue abierta en horas de la tarde por peritos de la policía y se pudo comprobar que estaba vacía, al igual que un pequeño cajón joyero que estaba cerrado con llave y se encontraba dentro. En el interior de la vivienda, en tanto, se hallaron unos 39 mil pesos. “No esperábamos que hubiera algo”, indicó el fiscal tras la requisa, y reveló que cuando se realizó el allanamiento Carbone “no se encontraba” en su propiedad. El ex funcionario utilizaría la casa durante los fines de semana. En la denuncia contra Scioli, la titular de la Coalición Cívica planteó el “evidente enriquecimiento ilícito de Daniel Scioli”, y solicitó a la Justicia que “investigue” a varios ex funcionarios provinciales, como así también a la empresa estatal de agua ABSA y al Instituto Provincial de Loterías y Casinos. Además, la dirigente pidió al fiscal que indague sobre la “contratación fraudulenta de personal” en la construcción del Puerto La Plata, y sobre supuestas maniobras de “estafas y sobreprecios” en la obra social IOMA y sobre una cooperativa. Dirigentes cercanos a Carrió afirmaron que con el aval de Carbone, la Provincia habría gastado cerca de 1 millón de pesos para trasladar militantes a un acto de Cristina Kirchner.

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Walter Carbone tiene 45 años y siempre fue un funcionario de bajísimo perfil. Sin embargo, acumuló una considerable influencia en sectores clave del equipo de Daniel Scioli donde tuvo a cargo la Dirección General de Administración de la poderosa e influyente Jefatura de Gabinete que ejercía Alberto Pérez. El ex jefe de Gabinete y su subordinado son amigos. Y viejos conocidos, además, de la época de la militancia universitaria. No cursaron la misma carrera en la Universidad de Buenos Aires, pero aún así forjaron una fuerte afinidad que se trasladó a lo político dentro del peronismo y luego a la función pública. En efecto, mientras Pérez es licenciado en Ciencias Políticas, Carbone se recibió de licenciado en Relaciones Internacionales. Pero Carbone se especializó luego en la administración de finanzas. Oriundo de Lomas de Zamora, también tuvo un rol clave en la campaña presidencial de Daniel Scioli. Figuraba como “responsable económico financiero” y firmó planillas de los gastos de la actividad proselitista del ex mandatario bonaerense.

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El hallazgo de la escultura de un dragón que escondía una caja fuerte en la casa de un ex funcionario de Scioli forma parte de una investigación judicial que debe dirimirse en los tribunales. Pero en términos políticos significa un reposicionamiento de Elisa Carrió, quien viene realizando denuncias contra el ex gobernador por un presunto manejo discrecional de fondos públicos. La líder de la Coalición Cívica-ARI emprendió esa cruzada en soledad, junto a unos pocos integrantes de su equipo –el senador provincial Andrés De Leo, la legisladora porteña Paula Olivetto- aún cuando en el oficialismo no alentaban esa movida. Eran momentos en que Carrió incomodaba también al gobierno bonaerense con denuncias contra el jefe policial Pablo Bressi. Carrió buscaba plantarse en la carrera por la candidatura oficialista al Senado nacional para 2017, una intención que todavía no ratificó luego de que el PRO confirmara –con aval de la gobernadora Vidal- que tendrá postulantes propios para ese cargo. En forma paralela, “Lilita” mantuvo algún cruce con Margarita Stolbizer, la diputada del GEN que también pelea por la transparencia. De hecho, ayer mismo se deslizaron críticas hacia Stolbizer desde el entorno de Carrió, donde recordaron que la ahora aliada de Sergio Massa había desacreditado la denuncia contra Scioli. Margarita adquirió protagonismo político con los datos que aportó a la Justicia en causas contra Cristina Kirchner. Y también con el lanzamiento de su libro “Yo acuso”, que ya es “best seller”. Enmarcada en la interna oficialista, Carrió optó por bajar el perfil luego de sendas reuniones con Vidal y el presidente Macri. Como informó EL DIA el último domingo, viajó a Italia –donde aún se encuentra- en una mezcla de vacaciones con un intento por conseguir información sobre Scioli. El ex gobernador bonaerense tiene una ligazón reconocida con ese país europeo. En el equipo de Carrió están convencidos de que el sciolismo utilizó fondos públicos para financiar campañas electorales. Y sobre esa hipótesis trabaja el fiscal Garganta, quien mandó a allanar la casa de Walter Carbone, ex director de Administración de la Jefatura de Gabinete, un funcionario que respondía a Alberto Pérez, donde hallaron la escultura del dragón con la caja fuerte. Desde la Legislatura porteña, donde tiene mandato como diputada local hasta el año próximo, Olivetto dio a entender que los “lilitos” manejan más información que la que trascendió hasta el momento en la causa por “lavado de activos” contra Scioli. A tal punto, que se preguntó “a nombre de quién está la casa del country Abril” allanada ayer por orden del fiscal Garganta. En el sciolismo, en tanto, se multiplicaban las quejas por lo que consideran una “persecución” por parte de Carrió, dado que el ex gobernador también aspira a ser parte de la oferta electoral bonaerense en 2017. En la interna del PJ, Scioli aparece nuevamente cercano a Cristina Kirchner, a quien la líder de la CC-ARI viene denunciando por corrupción desde hace al menos ocho años.

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Luego de un fuerte tironeo entre Cambiemos y el massismo por la autoría del proyecto, que obligó incluso a una negociación en medio de la sesión, el Senado bonaerense aprobó anoche por unanimidad la ley de “paridad” de genero para candidatos a cargos electivos. De sancionarse la norma que ahora fue enviada a Diputados, a partir de los comicios del año próximo las listas de las distintas fuerzas políticas deberán estar integradas en proporciones iguales por candidatos mujeres y hombres. El proyecto fue votado en un recinto colmado por militantes mujeres del Frente Renovador, que durante toda la sesión vivaron a los senadores massistas y abuchearon a los hombres de Cambiemos, a quienes acusaron de querer “robar” la propuesta. La iniciativa que llegó ayer a votación al recinto llevaba la firma del senador massista Sebastián Galmarini, hermano de la esposa de Sergio Massa, Malena Galmarini, impulsora de la propuesta.

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Pero en rigor, en el cuerpo ya había otros proyectos que también planteaban la obligación de conformar las listas en base a un criterio de paridad de género, como el que impulsó en su momento la senadora mandato cumplido del Frente para la Victoria Marina Moretti. En la apertura de la sesión, el senador de Cambiemos Roberto Costa planteó una moción para agregar al debate un proyecto propio que agregaba algunas disposiciones a la propuesta de paridad de género, especialmente en lo referido a las vacancias. Desde el Frente Renovador interpretaron esta actitud como un intento de quitarles protagonismo por parte de Cambiemos. En el Senado, la relación entre el oficialismo y los massistas está envuelta en tensiones ya desde el recambio de bancas de diciembre pasado. Los cortocircuitos se fueron agudizando y quedaron en evidencia ayer en plena sesión. “¡Ladrones! ¡Nos quieren robar el proyecto!”, fueron algunos de los gritos que bajaron de los palcos hacia las bancas del oficialismo. Entre abucheos y silbidos, el vicegobernador Daniel Salvador decidió convocar a un cuarto intermedio que se extendió por una hora y que sirvió para acercar posiciones entre los distintos bloques. “Esta es un cambio histórico. Deberíamos votarlo por unanimidad y no pelearnos por ver quién tiene el cartelito más lindo”, pidió el senador del PJ Daniel Barrera, en referencia a los carteles con la leyenda “paridad” que oficialistas y massistas pusieron en las bancas. Finalmente, se acordó unificar en un despacho los distintos proyectos, respetando la autoría del massismo pero incorporando las propuestas de Cambiemos, del Frente para la Victoria y del Bloque Peronista. DESPACHO En el despacho final se dispone que las listas de candidatos que oficialice la Junta Electoral provincial deberán respetar en todas las categorías una equivalencia del 50 por ciento del sexo masculino y un 50 por ciento del sexo femenino. “Este porcentaje será aplicable a la totalidad de la lista, la que deberá cumplir con el mecanismo de alternancia y secuencialidad entre sexos por binomios”, agrega la norma. En tanto, y a propuesta de los senadores del bloque del oficialismo, se incorporó al proyecto aprobado un artículo que dispone que en caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad de un legislador electo, éste deberá ser reemplazado por el primer suplente en la lista del mismo género que el que produzca la vacancia.

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En una votación dividida, y con el rechazo de los bloques del Frente para la Victoria y el PJ, se aprobó ayer en el Senado el proyecto de ley impulsado por el gobierno de María Eugenia Vidal por el cual la Provincia adhiere al régimen nacional de blanqueo de capitales. El proyecto fue girado a Diputados para su sanción. En ese marco, se especulaba con que la Cámara baja lo trate en la sesión convocada para hoy, aunque la decisión sería postergar su análisis para la sesión que se realizará la semana próxima, para la que tendría moción de preferencia. Finalmente, el oficialismo de Cambiemos consiguió el número de votos necesarios para aprobar la norma luego de aceptar introducir modificaciones para quitar del texto del proyecto el artículo 2. Ese pasaje, que se eliminó, abría una moratoria para aquellos agentes de retención de impuestos que tengan deudas fiscales. MODIFICACIONES Finalmente, el despacho final solo contuvo la adhesión al “Régimen de declaración voluntaria y excepcional” dispuesta por el Gobierno nacional. En el caso bonaerense, el beneficio alcanza a “los contribuyentes o responsables de los Impuestos sobre los Ingresos Brutos y/o a la Transmisión Gratuita de Bienes que declaren tenencias de bienes en el país y/o en el exterior”. Según el proyecto aprobado con los votos de Cambiemos, el Frente Renovador y el Bloque Peronista, los beneficiarios quedarán liberados del pago de los impuestos que hubieran tenido que abonar por los bienes no declarados. Tampoco serán pasibles del pago de los intereses, de los recargos y de las multas que les hubieran correspondido, ni del pago de Impuesto a los Sellos o a la Transmisión Gratuita de Bienes que pudieran corresponder respecto a los actos concernientes al “blanqueo”. Una vez que se concrete la “exteriorización” de bienes, los mismos serán incorporados a la base de datos de Arba y tributarán los impuestos que correspondan a partir de ese momento. Para ello, el organismo de recaudación exigirá la presentación de una copia de la documentación que exija la AFIP. Todos los datos y trámites, en tanto, serán alcanzados por el “secreto fiscal”.

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Los Diputados Provinciales del FPV, Rocio Giaccone, Marcelo Torres, Cote Rossi y del Peronismo para la Victoria-FPV, Graciela Rego, brindaron una conferencia de prensa en representación de sus bloques, exigiendo la necesidad de designar un Defensor del Pueblo en la Provincia de Buenos Aires "que tenga garantizadas legalmente todas las funciones para cumplir con su tarea". Los legisladores presentaron un proyecto en la Cámara baja que agrega un inciso al art.26 de la ley 13.133 donde se legitima al Defensor del Pueblo para interponer las acciones ante la justicia en defensa de los derechos de los Usuarios y Consumidores. La presentación se realiza luego del fallo de la Corte Suprema que revocó lo dispuesto por la Cámara Federal de La Plata en la que se frenaba el aumento de las tarifas de luz en toda la Provincia. Al respecto, la Diputada Giaccone sostuvo que: "Queda claro que el rol del Defensor del Pueblo es fundamental para garantizar los derechos de los ciudadanos de la Provincia; no es posible que llevemos nueve meses sin su designación". Por su parte, el Diputado Torres concluyó que "con la aprobación de esta ley, la justicia no podrá desconocer la legitimidad del Defensor del Pueblo", y remarcó la importancia de que "se reúna cuanto antes la Comisión Bicameral que designa al titular de dicha institución". Por último, la Diputada Rego remarcó la relevancia que cobra la figura del Defensor "en este contexto en que los aumentos tarifarios dejaron a miles de usuarios y consumidores con sus derechos vulnerados".

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Siete propiedades en La Plata, dos millones de pesos en ahorrros y hasta un helicóptero experimental. Ese el es patrimonio declarado por uno de los integrantes de la cúpula de la Policía bonaerense, varias veces superior incluso al del jefe de la fuerza. Se trata del comisario general Néstor Omar Martín, el jefe de la Superintendencia de Coordinación Operativa. No se trata de un área cualquiera: es la que se encarga del manejo de las horas extras (Cores) y adicionales (Polad) que realizan los policías, eje, por caso, de una investigación penal en la Departamental de La Plata. La declaración que exige el gobierno bonaerense, indica que percibe un salario como policía de 48 mil pesos y que tiene ingresos mensuales por monotributo por 30 mil. El jefe de la Policía Pablo Bressi, a quien la diputada Elisa Carrió acusa de haber tenido un vínculo con el narcotráfico, declaró una vivienda en Ramos Mejía por 62.647 pesos, un 50 por ciento de otra en esa misma localidad valuada en 80 mil pesos., además, de un cuatriciclo de 100 mil pesos, un plazo fijo de 270 mil y ahorros en dólares por 20 mil. Quien menos patrimonio declaró poseer fue el comisario general Eduardo Quintela, a cargo de la Superintendencia de Seguridad de la Región Interior Sur. En su declaración jurada anotó bienes por 184.124 pesos. Al igual que Martín, Jorge Oscar Figini, superintendente de institutos de Formación Policial, también declaró un patrimonio elevado. Cuenta con cinco propiedades (algunas de ellas sólo un porcentaje), 50 mil pesos y 24 mil dólares. Entre otros efectivos de la cúpula policial con varias propiedades están el comisario mayor Leonardo Alonso con una casa, cuatro vehículos, cuatro licencias de taxi (cada una de 150 mil pesos) y 1,4 millones de pesos entre efectivo y depósito; el comisario mayor Claudio Daniel Battista con la mitad de tres viviendas (junto a su esposa) y dos camionetas, y hacienda por 1,5 millones de pesos; y el comisario general Fernando Alberto Grasso, con tres inmuebles en Quilmes, cuatro vehículos y 930 mil pesos en un plazo fijo.

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Para la legisladora Paula Oliveto están acreditados en el expediente varios hechos de corrupción. Dijo que en los ocho años de sciolismo se habrían desviado sumas millonarias. “Cajas negras” y testaferros para enriquecimiento ilícito Facturas apócrifas, empresas fantasmas, gastos sobredimensionados y pagos sin respaldo son algunos de los mecanismos que habría usado el sciolismo para quedarse, de acuerdo con la senadora de la Coalición Cívica, Paula Oliveto, con unos 1.000 millones de pesos durante ocho años. “Está acreditado en el expediente que el entonces director general de Administración de la Jefatura de Gabinete, Walter Carbone, un hombre de muchísima confianza de Alberto Pérez, firmó facturas que eran gastos de campaña y que el dinero provenía de las cuentas públicas. Pagaron con fondos del Estado traslados a militantes del Frente para la Victoria, para un acto de Cristina Kirchner, por un millón de pesos. Eso está probado en el expediente presentado por Elisa Carrió”, detalló Oliveto. Esta legisladora agregó que “Daniel Scioli no está acostumbrado a rendir cuentas y por eso está incómodo”. Para el asesor de Carrió, Juan Manuel López, Carbone manejaba las cuentas extrapresupuestarias y el dinero de la campaña política. Además, se detectaron manejos oscuros e irregulares. “Era un comentario en el ámbito político que en el barrio privado Abril había varias cajas fuertes de grandes dimensiones”, señaló López. La denuncia de la legisladora Elisa Carrió contra Daniel Scioli y varios de sus exfuncionarios fue presentada en junio pasado en la Justicia platense y la causa quedó bajo la UFI Nº 11 a cargo del fiscal Álvaro Garganta, bajo la carátula “lavado de activos y distintas defraudaciones a la administración pública”. En la presentación, la titular de la Coalición Cívica planteó el “evidente enriquecimiento ilícito de Daniel Scioli”, y solicitó a la Justicia que “investigue” a varios exfuncionarios provinciales, como así también a la empresa estatal de agua ABSA y al Instituto Provincial de Loterías y Casinos. Además, la dirigente pidió al fiscal que indague sobre la “contratación fraudulenta de personal en la construcción del Puerto La Plata, y sobre supuestas maniobras de “estafas y sobreprecios” en la obra social IOMA y sobre una cooperativa. Según la diputada, durante la gestión de Scioli hubo “un gran desmanejo de los recursos públicos de la Provincia de Buenos Aires”. Desvíos alevosos Carrió identificó algunas “cajas políticas que no solo habrían engrosado ilegalmente el patrimonio de los denunciados, sino que el fruto del dinero obtenido podría haber sido ocultado de distintas maneras a través de maniobras de conversión, transferencia o disimulación de bienes provenientes de ilícitos penales cometidos, como debe investigarse, en el marcos de la administración de la conocidas en la jerga política como cajas negras del estado”. En particular, Carrió se enfocó en supuestas “cajas negras” de Astilleros, IOMA y Loterías y Casinos. Y mencionó entonces tres estancias en el partido de Tandil que pertenecería a “prestanombres”, algunos de los cuales prestaban funciones en el gobierno provincial

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La diputada aportó el número de varias cuentas oficiales que tendrían irregularidades y dio detalles de subsidios. El día 2 de agosto, Carrió ratificó en la Justicia su denuncia contra el exgobernador y pidió que sea citado a declarar en esa causa el financista Leonardo Fariña, principal acusador como testigo protegido del empresario Lázaro Báez. El avance en causas conexas El senador de la Coalición Cívica, Andrés De Leo, se mostró ayer muy conforme con el trabajo del fiscal platense Álvaro Garganta. “Vemos que avanza en varios sentidos y en estos tres meses se nota su trabajo”, sostuvo el legislador. Como se recordará, el 2 de septiembre último Garganta allanó el Tribunal de Cuentas bonaerense, en una causa conexa a la iniciada por Elisa Carrió contra el exgobernador Daniel Scioli por presunto lavado de activos y delitos contra la administración pública. El procedimiento buscó determinar si una empleada de ese organismo, el Tribunal de Cuentas, robó o alteró información contable relacionada a la investigación por posibles irregularidades cometidas durante la gobernación de Daniel Scioli. El operativo se produjo en la Vocalía de Administración Central del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Cecilia Rosaura Fernández, sector responsable de auditar las cuentas de la Gobernación del período 2015, que fueron denunciadas por Carrió por presuntas irregularidades. Simultáneamente se allanó la oficina de la Dirección de Sistemas del Organismo, luego de que la mujer denunciara que le fueron sustraídos datos de su computadora y editados sus dictámenes, por lo que podría caber el delito de “encubrimiento”. Garganta precisó que en el allanamiento participaron peritos informáticos y agentes de la Policía Bonaerense.

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La gobernadora de la Provincia, María Eugenia Vidal, viajará en el mediodía de hoy a la ciudad de Carhué, donde se interiorizará sobre las futuras obras en el hospital municipal José de San Martín de esa ciudad, y visitará otras que se están llevando a cabo actualmente. En lo que será su primera visita oficial al distrito de Adolfo Alsina, la mandataria provincial visitará el nosocomio junto al intendente David Hirtz; y recorrerá las obras en ejecución solventadas con el Plan de Infraestructura y de Seguridad bonaerense. De acuerdo a la agenda oficial, Vidal llegará a las 11.45 al aeródromo local; y a las 12 se dirigirá al hospital, donde llevará a cabo una recorrida y una rueda de prensa. En el nosocomio se llevarán a cabo diferentes ampliaciones y la remodelación de distintas áreas, que convertirán al hospital en uno de los efectores de salud de mayor importancia en toda la región. Para ello, la comuna firmó la semana pasada uno convenio con el ministerio de Infraestructura bonaerense para la llegada de 15 millones de pesos, correspondientes a la primera parte de la obra. Una vez que el Concejo Deliberante dé el visto bueno, se llevará a cabo el llamado a licitación pública. El gobierno provincial destinará este año a Adolfo Alsina casi 40.000.000 de pesos para distintas obras.

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Las autoridades municipales anunciaron que personal del Ejército se sumó a las tareas de auxilio que se desarrollan en Mar del Plata para relevar y reparar los daños causados por el temporal, durante el cual, esta madrugada, se registraron ráfagas de viento que superaron los 100 kilómetros por hora. A los problemas ocurridos este martes, en la madrugada del miércoles se les sumaron nuevos inconvenientes, particularmente relacionados con la voladura de techos, caída de árboles, postes y carteles. Los daños ocurrieron en distintos puntos de la ciudad, especialmente en zonas de abundante arboleda como el Bosque Peralta Ramos, El Grosellar, Sierra de los Padres o Los Acantilados No obstante también se registraron dificultades de igual tenor en barrios céntricos, donde abunda la presencia de árboles, postes y carteles caídos. El municipio aún no actualizó la cifra de evacuados, que anoche, era de 250 personas. Varios de ellos permanecen a resguardo en entidades vecinales, debido a los daños sufridos en sus viviendas. Se espera que a modo de asistencia, en las próximas horas la Provincia y la Nación envíen alimentos, pañales, colchones, chapas y tirantes, entre otros elementos de primera necesidad.

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El Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires realizó hoy la décima licitación del Programa de Letras del Tesoro 2016, adjudicando la suma de $ 1.173 millones, informó el ministro Hernán Lacunza. Se ofrecieron dos instrumentos cupón cero (a descuento) a 56 días y a 91 días, y dos instrumentos con cupón de interés variable (Badlar + spread) a 175 días y 364 días. Las tasas obtenidas fueron de 26,10% para las Letras a 56 días, 25,30% para las Letras a 91 días y Badlar más un margen fijo de 1,00% y 2,74% para las Letras a 175 días y 364 días, respectivamente. Como parte de su programa de financiamiento, el ministerio de Economía licita Letras los segundos miércoles de cada mes.

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“La gran tarea es trabajar sobre el universo de los 55 intendentes peronistas que conformamos el campo popular profundizando sobre los temas que preocupan al pueblo”, señaló ayer el jefe municipal de Merlo, Gustavo Menéndez, en la presentación formal del Grupo Fénix, agrupamiento que no pone restricciones a los que quieran integrarse. Por su parte, la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, aseguró que “los intendentes del peronismo no nos estamos separando, al contrario nos estamos uniendo porque nos une la gestión y estamos convocando a todos sin límites”, restando importancia al supuesto enfrentamiento con el Grupo Esmeralda que no admite kirchneristas. “Nosotros vamos a hacer lo imposible, vamos a dejar hasta la última gota de aliento para unir al peronismo”, destacó el jefe comunal de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, para dar muestrar del ideario del nuevo espacio político surgido de los dirigentes del peronismo bonaerense. Sin actos estridentes, los intendentes del Grupo Fénix se acompañan en recorridas por sus distintos distritos y ese fue el marco elegido en la fábrica textil Telas Modelo al norte del partido de Merlo para su presentación en sociedad. “Lo vamos a unir no sólo para ser una opción electoral competitiva sino también para remarcarles tanto al gobierno provincial como nacional las cosas que vemos que están mal”, agregó Nardini proyectando el rol opositor del peronismo. En la recorrida se encontraban además de Menéndez, Nardini y Magario, los intendentes de Mercedes Juan Ustarroz, de Moreno Walter Festa y Ricardo Curutchet de Marcos Paz. También el jefe comunal de Castelli Francisco Echarren, Ariel Sujarchuk de Escobar y Santiago Maggiotti de Navarro. El Grupo Fénix surge en contraposición al Grupo Esmeralda que encabezan los intendentes de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, de San Martín, Gabriel Katopodis, y el de Hurlingham Juan Zabaleta, que se proclaman como la nueva renovación del justicialismo dejando fuera al kirchnerismo. Los Fénix no ponen límítes a los peronistas que se acerquen, pero que cultivan en general una buena relación con los Esmeralda. “Nosotros no negamos el acercamiento a nadie. No se tira a nadie por la ventana, ni se proscribe a ninguno. Ese es uno de los puntos centrales que proponemos para lograr la unidad de la mayoría”, afirmó a Página/12 Sujarchuk, marcando uno de los preceptos con los que nació el agrupamiento. “Somos muchos los que hacemos un llamado amplio a la cohesión. A los que tienen responsabilidades institucionales y a los que no las tienen también”, agregó el dirigente justicialista amplificando la convocatoria. Por su parte el intendente de Moreno analizó que se trataba de “un espacio político que empezó con un perfil bajo, pero de a poco va creciendo y se va multiplicando en función de alcanzar la unidad de todo el peronismo”, remarcando la necesidad de unir al peronismo bonaerense que se encuentra en un rol opositor después de 24 años. “Nos gusta hablar de la cultura del encuentro, de esa necesidad imperiosa que tenemos todos los argentinos, primero hacia adentro de nuestro partido y después hacia afuera”, señaló el anfitrión Menéndez mostrando el fin con el que había surgido el espacio político al observar que no existía aún en el nuevo escenario del Partido Justicialista. “No nos van a ver hablando de otra cosa, nos van a ver hablando de las cuestiones que tienen que ver con los problemas que enfrentan nuestros vecinos todos los días”, explicó y agregó que también se planteaban “volver a gobernar la Argentina, pero tenemos que volver mejores de lo que nos fuimos”. Magario, jefa política e institucional del mayor distrito de la provincia de Buenos Aires, explicó que “los intendentes del peronismo no nos estamos separando, al contrario nos estamos uniendo porque nos une la gestión y estamos convocando a todos sin límites”, repitiendo como un mantra el eje planteado por el Grupo Fénix.

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El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, defendió esta noche la política económica del Gobierno al sostener que cumplieron "la promesa de bajar la inflación". Y amplió, en diálogo con A dos Voces (Todo Noticias): "Algunos se tomaron para la joda lo del Segundo Semestre, pero cumplimos con bajar la inflación". Hizo referencia, así, a las críticas y burlas contra el Gobierno por las promesas de reactivación de la economía. "Prometimos que íbamos a salir del cepo sin generar ningún problema en el tipo de cambio, no creo que muchos lo hayan creído. Y lo hicimos en la primera semana de asumir. Dijimos que iba a bajar la inflación y bajó. Más allá de la joda, lo importante es lo que prometimos y cumplimos", afirmó. El funcionario macrista pronosticó que la inflación, en 2017, rondará el 17%. Y agregó: "La vamos a ir bajando gradualmente hasta el 5% anual en 2019". Al igual que Mauricio Macri, Prat-Gay aseguró, ante los reclamos gremiales en medio de los fuertes tarifazos, que no se abrirán las negociaciones paritarias, aunque aclaró que "las paritarias son libres". Y cuestionó la gestión económica de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner.

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El Gobierno no demoró una respuesta a la principal duda de los inversores. Ayer, en el que fue el panel más concurrido del Foro de Inversiones y en lo que pareció un discurso coral, compartido por la vice presidente Gabriela Michetti, el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, el jefe de la Cámara de Diputados Emilo Monzó y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger; se afirmó que la seguridad jurídica y el cumplimiento de las reglas está garantizado. La elección de los oradores no fue al azar. Se buscó que fuera un mensaje de los representantes de los tres poderes, La sesión en la ballena azul se pobló de CEO’s de empresas, bancos y fondos de inversión extranjeros y buena parte del establishment local. Allí nadie le restó mérito a la frase que todos se apuraron a anotar. “Los contratos entre privados cuentan con seguridad jurídica, porque hay normas que le dan protección constitucional. Esto es muy importante. Si recordamos nuestra historia, el Estado intervino sobre lo acordado entre las partes. Pero ya no se puede hacer. Lo que ustedes contraten está tutelado por la Corte”, afirmó Lorenzetti. Y se ganó la primera ovación de la mañana. Hoy culmina lo que ha sido un evento único para la Argentina por su nivel de convocatoria, su organización de clase mundial y la realización en una de joyas de América Latina, como el edificio del Correo. Un dato al pasar. Marcos Peña contó que no le salió un peso al Gobierno, ya que gracias a los sponsors el evento, que costó US$3 millones, recaudó 4,5 millones. Hicieron diferencia. Por cierto, en paralelo a un optimismo, por momentos desbordante, que hacía hincapié en la certeza de que se dio vuelta una página y ya no hay marcha atrás, también hubo generalizada inquietud acerca de la maduración política de este proceso. Lorenzetti lo dijo de este modo: “La preocupación central es si este entorno es perdurable”. Y recurrió a la metáfora del Ulises que se ató al mástil para evitar tentaciones. “Es fácil decir qué haremos mañana, pero es difícil pensar a diez años. Una persona de 60 años en la Argentina no tuvo ninguna década tranquila”, deslizó sin ignorar las dificultades del país.

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Michetti tranquilizó: “Hay un Gobierno que va a luchar contra viento y marea para defender la ley”. Y el presidente de la Corte apuntó que por primera vez cuentan con cinco miembros designados por tres presidentes distintos y volvió a recalcar: “La Corte no cambia la jurisprudencia por el cambio de Gobierno y eso es seguridad jurídica”. Sturzenegger se focalizó en lo que significa un Banco Central independiente que preserva el valor de la moneda como sinónimo de institucionalidad. De paso y en lo que pareció un mensaje al interior del Gobierno, dijo que uno de los peligros es la complacencia. “Es cierto que bajó la inflación, pero 1% mensual es muy alto”, subrayó. Curiosamente fue Monzó quien se llevó las palmas. “¿Hay maduración política?”, arrancó interpretando una preocupación generalizada. “El 10 de diciembre de 2015 cambió el país, el 90% de los intendentes del conurbano y el 70% de los gobernadores son nuevos. Somos minoría en las cámaras, pero se aprobaron leyes porque hay otra composición, con diputados que no pasan de los 40 años y que hay que ver cómo trabajan para mejorar nuestros proyectos”. Concluyó: “Hoy tenemos una oposición a la altura de la circunstancias. No hay vuelta atrás”. Le tocó a Jorge Familiar, del Banco Mundial, invitar a que se apueste por el país. “Mis palabras se traducen en dinero”, expresó al anunciar una garantía de US$ 500 millones que reforzará la inversión en energía renovable. La cifra se suma a US$ 1.700 millones desembolsados en empresas domesticas por la CFI, el brazo del Banco Mundial para el sector privado y la promesa de otros US$ 1.300 millones en los próximos 10 meses.

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En una camioneta gris plomo en la que cruzaba los doscientos metros que separan la explanada de la Casa Rosada del Centro Cultural Kirchner un ministro se enteraba el martes por la mañana, gracias a las alertas de su celular, de la detención del “Caballo” Suárez. A uno de sus colegas del Gabinete que ayer debió abandonar antes el Foro por una reunión inesperada le causó la misma sorpresa enterarse al mediodía por la pantalla de su iPhone que un ex funcionario de Daniel Scioli ocultaba una caja fuerte en un dragón de metal de su jardín. “En el CCK te empapás de futuro. Salís a la puerta y te chocás de nuevo con los problemas del pasado”, graficaba uno de los encargados de la comunicación del Gobierno, en uno de los pocos despachos importantes de la Casa Rosada en los que la actividad era normal. El resto de los funcionarios se había mudado al CCK –lo mismo que el día anterior–, entre ellos el propio Mauricio Macri. En el primer piso del edificio, donde antiguamente atendía el presidente del Correo, ahora reacondicionaron dos oficinas. Una para el Presidente y, muy cerca, otra para Marcos Peña. Una puesta en escena igual a la de la Casa Rosada. Los ministros y decenas de CEOs de 67 países desfilaron por esas oficinas. Uno de ellos habló con tanta crudeza que al Presidente le causó gracia: “Lo que hay que hacer acá es decir: ‘Muchachos, paremos un poco la mano por cuatro años. Salgamos de este quilombo y luego retomemos las peleas chiquititas’”. La ocurrencia estaba destinada a opositores, sindicalistas, empresarios y periodistas. El célebre círculo rojo del que habla Jaime Durán Barba. Según esa lógica, muchos no comprenden hacia dónde va el país o, directamente, quieren que a la Argentina le vaya mal porque el Ejecutivo no sigue las recetas en las que ellos creen. En cambio –piensan Macri y sus ministros– sí lo comprenden los inversores extranjeros. Lo cierto es que por primera vez en muchas semanas el Foro de Inversiones y Negocios le otorga al Gobierno un bocanada de aire indispensable para instalar la idea de que el anunciado segundo semestre aún es posible. Después del revés en la Corte Suprema a la suba de las tarifas del gas, la oposición había recuperado el protagonismo: el peronismo dio algunas señales de reagrupamiento,

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Sergio Massa comenzó a mostrarse seguido con Margarita Stolbizer y la reunificación de la CGT parecía –todavía parece– conducir a un paro nacional con apoyo de piqueteros de izquierda. Ese panorama, sumado a la caída de imagen del Presidente en las encuestas –especialmente en el corazón del GBA– eran un cóctel que el Gobierno no imaginaba para esta época del año. “Ahora les va a costar un poco más pararnos el país. Bajó la inflación, ordenamos la suba de tarifas y está claro que van a venir las inversiones”, sostienen en la Rosada las voces más optimistas. ¿Influye realmente este Foro en el clima social? “En la clase media sí. Y ese es el sector que más nos castigó por los idas y vueltas con las tarifas”, razonan. Fuentes más cautas creen que el Foro es apenas un grano de arena. “No cambian el rumbo ni las perspectivas que teníamos antes. Esta cumbre del poder económico sirve para ratificar que este Gobierno juega el mismo deporte que el mundo de los países desarrollados. Pero para terminar de ordenar la macroeconomía y generar ciclos de crecimiento todavía falta”, decía anoche uno de los ministros más activos y con pasado empresario reciente.

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La Iglesia participó ayer de las rondas de reuniones que viene manteniendo la CGT con los distintos actores sociales, políticos y económicos del país y su veredicto fue que los cegetistas deben "agotar todas las instancias de diálogo” antes de decidir ir a un paro general. No obstante, al finalizar el cónclave, monseñor José María Arancedo le pidió al Gobierno ante la prensa "una mayor celeridad en dar respuesta a los problemas mas urgentes" que plantean los trabajadores y la sociedad en su conjunto. Al término de la reunión, que se realizó en la sede del Episcopado, el sacerdote dijo que "sí coinciden" en muchas cosas sobre el diagnóstico que hace la CGT sobre la situación actual, puntualmente sobre la "falta de trabajo, de desarrollo y de crecimiento", además de estar de acuerdo en contra de "la corrupción, el narcotráfico y de coincidir que son temas que deben estar presentes en la mesa de diálogo". De hecho, en un comunicado posterior la Iglesia repitió la disposición "a brindar un ámbito de encuentro multisectorial de cara a una concertación social y que, si bien no corresponde que la Iglesia convocar al diálogo, ofrece sus espacios para el encuentro”. Arancedo también se refirió al presidente Mauricio Macri: "No dudo que en el plano de la intenciones, él quiere la solución de los problemas pero no siempre las intenciones son suficientes" porque "a veces hay que tener una visión solidaria y con mayor una urgencia. Hay que poner mayor preocupación en forma urgente por las personas que están padeciendo necesidades mayores". Por el lado de la curia además participó el secretario general, monseñor Carlos Malfa. Del otro lado de la mesa estaba el triunvirato formado por el portuario Juan Carlos Schmid, Carlos Acuña y Héctor Daer, que fueron acompañados de Andrés Rodríguez, José Luis Lingieri y Armando Cavalieri.

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Terminado el mitin habló Schmid. Remarcó que "ratificamos todo lo dijo monseñor" y agregó que "nosotros nos trasladamos está aquí hoy (por ayer) porque tenemos una preocupación compartida". Continuó: "La verdad es que nosotros aspiramos a que haya otra celeridad en abordar los temas sociales, nosotros no percibimos que haya habido el aceleramiento que ha habido con otros sectores macro-económicos en el programa que lleva adelante", el gobierno. Por eso, Schmid manifestó que "esperamos que esta ronda de contactos que estamos haciendo sirva para que el gobierno tenga la voluntad para dar soluciones". Clarín pidió a un sindicalista que participó de la reunión que decodifique el mensaje eclesiástico: "Nos dijeron que la huelga está en la Constitución y es un derecho pero si es una huelga general tiene un componente político importante y hay que agotar todas las instancias para avanzar en ese sentido". La cuenta regresiva comenzó de cara al 23 de septiembre: ese día el Congreso Confederal pondrá en la balanza la información colectada y resolverá, mediante votación, sí llama o no a un paro.

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La versión venía corriendo hace unos días. Y, finalmente, se confirmó: El Papa Francisco recibirá el próximo lunes en el Vaticano al ex presidente Carlos Saúl Menem, en un encuentro que desde el entorno del senador y ex presidente le otorgaron un carácter personal. El encuentro, que posiblemente se realice en la residencia de Santa Marta, fue pedido por Menem movido por el deseo de saludarlo con su familia, por lo que concurrirá con su hija Zulema y sus nietos, confirmaron a Clarín fuentes seguras. La reunión, que habría sido gestionada por su ex secretario Ramón Hernández, será la primera del ex presidente, de 86 años, con el actual Papa. Con Juan Pablo II se vio seis veces, la última el 22 de noviembre de 1999, a días de dejar el poder. Como presidente, Menem cultivó una fluida relación con el Vaticano de la mano de su alineamiento con la Santa Sede en la posición al aborto en los foros internacionales, llegando a ser condecorado. Pero en su segundo mandato tuvo una tensa relación con el Episcopado nacional, que criticó la corrupción y el desempleo récord. Además, los obispos se opusieron a su intento de habilitar una segunda reelección.

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El optimismo en el mercado financiero corre a una velocidad muy superior al que se manifiesta en la industria. Pero el horizonte no se presenta limpio de obstáculos aun para aquellos más esperanzados con la administración Macri . Entre ellos, la principal preocupación pasa por cómo va a hacer el Gobierno para reducir el déficit fiscal, un problema para el cual la respuesta oficial no parece convencerlos demasiado. En un panel sobre servicios financieros, que se hizo ayer por la mañana en el Foro de Inversiones y Negocios y del que participó el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay , las preguntas de los presentes se concentraron en el nivel del gasto público. Prat-Gay admitió que el año próximo el Gobierno ajustará la meta de déficit fiscal primario del 3,3% del PBI, a la que se había comprometido cuando asumió. "Teníamos una meta de baja gradual, del 4,8% este año, 3,3% en 2017, 1,8% en 2018 y 0,3 en 2019. Creemos en el gradualismo como criterio de funcionamiento, y no hay duda de que ése es el camino, dada la restricción social y política. Pero también creemos que si cambian las circunstancias hay que cambiar los objetivos, porque no estaríamos ateniendo lo que hay que atender", se sinceró Prat-Gay, quien anticipó que en el presupuesto que se presentará hoy en el Congreso "hay una modificación de esas pautas, no porque se modificaron las políticas sino por un cambio de circunstancias". Cumplir con el fallo de la Corte Suprema, que se tradujo por parte del Gobierno en la ley de reparación histórica para los jubilados, tendrá un costo fiscal del 0,6% del PBI. "Esto no requiere de un financiamiento adicional, pero es un gasto adicional que no estaba previsto cuando hicimos las metas para 2017. Si mantuviéramos la meta, estaríamos violando esa propuesta, porque para llegar al 3,3% estaríamos teniendo que ajustar el 0,6% el año que viene", afirmó. Fuentes del equipo económico aseguraron a LA NACION que este año el Gobierno cumplirá la meta de 4,8%, pero modificará la del año próximo, que estará más cerca del 4% en lugar del 3,3% original. Preocupación privada Para los inversores, el escenario no es preocupante en el corto plazo, siempre y cuando la economía crezca, tal como prevé el Gobierno, y las condiciones de financiamiento se mantengan. El bajo nivel de endeudamiento de la Argentina, tanto privado como público, hace que el déficit sea financiable. Pero, coinciden, el rojo fiscal amenaza a largo plazo con transformarse en una espada de Damocles si las condiciones de mercado llegaran a modificarse. En tal sentido, Prat-Gay, que respondió a las preguntas del auditorio con desgano, buscó traer tranquilidad: "Si podemos tener la situación fiscal de Chile hoy en dos años, habida cuenta de los últimos 12 años, es suficientemente ambicioso. La Argentina es un país federal, buena parte del gasto tiene poca flexibilidad: son salarios, subsidios y jubilaciones. Estamos trabajando sobre lo que podemos trabajar, pero sobre todo estamos trabajando con la verdad. Mientras el déficit vaya bajando, estaremos en la dirección correcta. Cuando vean que haya un año que no baje sin una buena razón, ahí sí va a ser un tema".

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Apuestas por el blanqueo En el mundillo financiero, el crecimiento del crédito -y de la deuda- tanto pública como privada genera gran expectativa de negocios. Según Nicolás Masjuan, socio de Bain & Company, el sistema bancario podría triplicarse en tamaño en los próximos años, sobre todo por el potencial del negocio de banca para empresas. Para Enrique Cristofani, presidente de Santander Río, hay mucho margen para acompañar y agregar valor en las cadenas de valor de la economía. Mientras que el mercado de capitales, afirmó Ernesto Allaria, presidente del Mercado de Valores, podría tranquilamente pasar de operar US$ 20 millones diarios a US$ 400 millones. "Hay varios analistas estimando que se exteriorizarán US$ 100.000 millones con la ley de sinceramente fiscal. Con que el 20% de esa cifra entre al país va a ayudar mucho al mercado", dijo Allaria, para quien otros US$ 7000 millones también podrían ingresar al mercado una vez que la Argentina vuelva a ser incorporada por los bancos de inversión en el exterior dentro de los índices de países emergentes. "Somos híper optimistas con el blanqueo", coincidió Juan Cruz Elizagaray, socio y presidente de Compass Argentina. "Va a cambiar dramáticamente la dinámica del mercado. Si además se dan las propuestas en agenda, como son los fondos cerrados, también puede ser muy positivo y generar impulso al mercado. Sobre todo porque el punto de partida es muy bajo", continuó. Elizagaray admitió que el Gobierno "ha hecho una muy buena lectura de la situación del mercado". No sólo se espera que antes de fin de año se presente en el Congreso una nueva ley de mercado de capitales, sino también otra para reformar la norma que rige a los fondos comunes de inversión. Además, adelantó Prat-Gay, el Gobierno buscará reformular la ley de Quiebras para incorporar lo que en la City se conoce como el "netting", que servirá como sustento legal para desarrollar el negocio de derivados financieros.

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La decisión demandó meses de conversaciones, marchas y contramarchas, análisis político y números finos. Pero la decisión está tomada: el gobierno de Mauricio Macri rematará "antes de fin de año" dos aviones que integran la flota presidencial, mientras acelera la compra de una aeronave sin lujos que le costará unos US$ 40 millones al Estado. Deseos de evidenciar una postal de fin de época, necesidad de ahorrar dinero o simplemente hartazgo. Sea por la razón que fuera, el Presidente se convenció de rematar el simbólico Tango 01 y el 04 cuando los especialistas le sugirieron la posibilidad de comprar un avión con "largo alcance", de unos 15 asientos, para dejar de alquilar un avión privado, como los que lo depositaron en Europa o en su reciente gira por China. El remate de los aviones presidenciales, abierto e internacional, estará a cargo del Banco Ciudad, la entidad presidida por Javier Ortiz Batalla, que ya retomó con éxito la mecánica de los remates de la Aduana. "Mantener el Tango 01 y ponerlo a punto nos costaría US$ 20 millones. Con el doble de ese dinero compramos un avión más chico, más práctico, con menos años de desgaste y con más autonomía de vuelo", afirmaron a LA NACION en la Secretaría General de la Presidencia, que encabeza Fernando de Andreis. Comprado en la década del 90 por el ex presidente Carlos Menem, el Tango 01 se convirtió en un símbolo de ostentación que los sucesivos presidentes intentaron esquivar. Fernando de la Rúa, por ejemplo, prometió venderlo, pero se fue del Gobierno sin cumplir su promesa. El kirchnerismo también utilizó sus más de 150 asientos (comparables a la dimensión de un avión de línea) en los viajes internacionales de Néstor y Cristina Kirchner. El Tango 04, adquirido por la ex presidenta Kirchner en 2014 como reserva del 01, también se sometería a remate. El Tango 02, con problemas durante un reciente viaje de Macri volviendo de Córdoba, saldrá de circulación de manera definitiva. ¿Hay fecha para el remate? "Falta el decreto del Presidente. Pero será lo antes posible. Ojalá encontremos rápido compradores", afirmaron las fuentes oficiales. Forma de pago De todos modos, la idea en la Casa Rosada es pagar el nuevo avión presidencial a través de un leasing o de un crédito internacional. "Ni de casualidad vamos a pagar cash", se defienden en el Gobierno. La licitación para la compra de la nueva aeronave está en marcha: se siguen los lineamientos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y varias empresas internacionales ya comenzaron el proceso de oferta de algunos modelos a los encargados de tomar la decisión. "Va a ser un avión práctico, modesto. Ni comparar con los que usan otros presidentes latinoamericanos", afirmaron en el Gobierno. Modelos como el Airbag 320, utilizado por presidentes como Horacio Cartes, de Paraguay, superan el presupuesto acordado para la compra del avión presidencial. Por el momento, y mientras acelera la venta de los Tango y la compra de la nueva aeronave, Macri seguirá con la rutina que hasta ahora mantuvo en sus salidas al exterior. "Cuando se trata de un vuelo a un país limítrofe o a una distancia razonable, el Presidente utilizará un avión de línea. Si se

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trata de vuelos largos, como el reciente a China, se seguirá utilizando un avión privado", detallaron las fuentes. El sábado, el Presidente viajará a Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, dónde hablará el martes. Iría, por primera vez durante su mandato, en un avión de Aerolíneas Argentinas, afirmaron en Casa de Gobierno, aunque la decisión no está totalmente firme. A mediados de octubre, el Presidente tiene previsto viajar a Roma para entrevistarse por segunda vez durante su mandato con el papa Francisco, y asistir, además, a la canonización del cura José Gabriel Brochero. En ambos casos, se tratará de delegaciones muy acotadas, de las que suelen participar la canciller Susana Malcorra, el vocero Iván Pavlosky o el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, además de la primera dama, Juliana Awada, que también irá a Nueva York.

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Entre las metas pendientes, la de "convencer" a Florencio Randazzo para que de una vez abandone el bajo perfil y empiece a jugar en el tablero de la reorganización peronista está al tope de la lista de quienes pretenden liderar ese proceso. El coqueteo con el ex ministro del Interior de Cristina Kirchner se reavivó en los últimos días, después del homenaje a Antonio Cafiero que ex kirchneristas y massistas compartieron la semana pasada. Desde entonces, varios intendentes del conurbano que integran el grupo Esmeralda hablaron con Randazzo para proponerle una reunión cara a cara. "Quedamos en vernos esta semana, pero no fijamos fecha", dijeron a LA NACION cerca de tres intendentes que en las últimas horas conversaron con Randazzo. La necesidad del peronismo es evidente e imperiosa: superar la acefalía que provocó la derrota de Daniel Scioli y la caída en desgracia judicial de Cristina Kirchner, dejar atrás la orfandad y encolumnarse detrás de un nuevo líder, como siempre hizo el PJ. La apuesta a Randazzo tiene que ver con la buena imagen que el ex ministro y fallido candidato a gobernador bonaerense conserva, pese a su decisión de desaparecer de la coyuntura tras la derrota del año pasado, y contraponer su figura a la de Sergio Massa. El tigrense es su contracara en más de un sentido. Obsesionado por ocupar el centro de la escena y tallar en la agenda pública, lo logra casi siempre. Consciente de que hoy es el peronista que más mide, el jefe del Frente Renovador combina el coqueteo y las críticas a Mauricio Macri con los gestos a los peronistas que lideran la reconstrucción. No por nada, Felipe Solá estuvo en el acto de la semana pasada. "El Flaco es uno de los actores que está faltando, sin duda. Tiene que aparecer", sentenció ante LA NACION un dirigente del PJ entre la convicción y la expresión de deseo. Lejos de esa ansiedad, en el entorno de Randazzo le restan importancia a los últimos movimientos de los peronistas "renovadores". "Los contactos existen y existieron siempre. La estrategia no cambió. Florencio habla con todos y por ahora va a seguir sin aparecer", aseguraron cerca del ex ministro. Randazzo no tiene ningún apuro. Sabe que lo están esperando, pero no piensa acelerar sus movimientos. Decidirá desde dónde jugará en las próximas elecciones recién a fin de año o, incluso, ya iniciado 2017. Mientras tanto, cuida y alimenta sus contactos. Su agenda de los últimos meses combina reuniones, siempre en el máximo sigilo, con políticos, sindicalistas y empresarios. En La Plata o en el centro porteño. También tiene tiempo para manejar el gimnasio platense del que es dueño desde hace años. Con sus interlocutores, muchas veces compañeros de almuerzo o mate, analiza la coyuntura y traza pronósticos. Todos quieren saber qué piensa hacer. Él piensa seguir en silencio.

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La Casa Rosada siguió con atención ayer los movimientos de la flamante CGT unificada y sus reiterados pedidos de reapertura de paritarias, escenificados en su encuentro con la Iglesia. A pesar de la insistencia del reclamo, compartido y hasta potenciado por los sindicatos más combativos, el Gobierno dejó en claro, a través de varios integrantes del gabinete, que considera "suficientes y razonables" los aumentos salariales otorgados durante este año. Y ratificó que reabrir las negociaciones con los distintos sectores sindicales no está ni siquiera en estudio, al menos durante lo que queda de 2016. "Con los valores de agosto se empieza a recuperar el poder de compra de los salarios, y esto se va a acentuar el año que viene", afirmó por la mañana a Radio Continental el ministro del Interior, Rogelio Frigerio . La previsión de inflación que aparece en el proyecto oficialista del presupuesto 2017 será el tope de la negociación, recién el año próximo. "Prevemos una inflación del 17% en 2017, las paritarias tienen que estar en esa tendencia", agregó el ministro del Interior. En el mismo sentido se expresaron los ministros Alfonso Prat-Gay (Hacienda) y Jorge Triaca (Trabajo), disertantes en la mesa "Crecimiento inclusivo para la generación de empleo", durante el Foro de Inversión y Negocios que se desarrolla en el Centro Cultural Kirchner. "En las paritarias se acordó una variación mensual del 2,5%, por lo tanto ahora vemos que se recupera el poder adquisitivo del salario", opinó el ministro de Hacienda. Al igual que Triaca, Prat-Gay hace el cálculo: la inflación anual hoy llega al 40 por ciento, pero en diciembre llegará a menos del 35, mientras que el promedio de los aumentos pactados con los gremios no llegaría a esa cifra. "Hemos escuchado durante todo el año los reclamos gremiales. Fijamos una agenda común y avanzamos con éxito en el 90% de las paritarias", destacó Triaca antes de ingresar al foro en el CCK. Optimista, aseguró además que "vamos hacia un escenario de previsibilidad donde se genere confianza, en conjunto, el Gobierno con los gremios". En diálogo con LA NACION, un ministro explicó el panorama bajo la misma perspectiva. "Los únicos dos gremios que nos hicieron una petición formal de reapertura son los bancarios y los docentes. Allí hay una mezcla de sobreactuación e internas dentro de los mismos sindicatos", razonó el funcionario. En el Ministerio de Trabajo se habla de la "sorpresiva radicalización" del titular del gremio de los bancarios, Sergio Palazzo y de la interna que sacude a la Ctera entre el bonaerense Roberto Baradel y Sonia Alesso. "Se pelean a ver quién es más combativo", se quejaron cerca de Triaca. Y fustigaron a los gremios, "que se preocupan sólo por los que ya tienen trabajo en blanco, mientras nosotros queremos incluir a más de cuatro millones que hoy están fuera del sistema laboral o en negro". El propio presidente Mauricio Macri había pedido anteayer "prudencia" a los gremios, que amenazan con un paro general si no son satisfechas sus demandas. "El salario real se irá recuperando mes a mes porque las paritarias de este año ya están yendo más rápido que la inflación", agregó también anteayer el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en un razonamiento que el Gobierno exhibió en las últimas horas en sus charlas reservadas con sindicalistas. El Gobierno confía en que la mayoría de los gobernadores del PJ, con los cuales anudó una buena relación, ayuden a morigerar los reclamos. "Ellos mismos se van a oponer a la reapertura de paritarias porque no tienen fondos para afrontar más gastos en salarios", agregaron desde el Gobierno. Además, la Casa Rosada busca endulzar los oídos de los gremios con una promesa: se buscará, como anticipó Frigerio, "lograr superar un desafío que nunca se logró en el país: volver a crecer con salarios altos", tal cual afirmó el titular de la cartera política.

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El vínculo entre la Casa Rosada y la CGT vuelve a estar guiado por la tensión. Surgió ayer un nuevo cortocircuito ante el pedido de moderación de Mauricio Macri y el rechazo del gabinete económico a una posible reapertura de las paritarias. La tirantez se acentuó justo cuando habían comenzando a aceitarse las negociaciones entre funcionarios y sindicalistas para intentar neutralizar el posible paro nacional que la central activaría en octubre, con el apoyo de las dos vertientes de la CTA, el PJ y los movimientos sociales. "No hemos escuchado una sola voz de los sindicatos confederados que no tenga reclamos por la caída del empleo y la caída del poder adquisitivo", planteó Juan Carlos Schmid, uno de los integrantes del triunvirato de mando de la CGT tras una reunión con José Luis Gioja, titular del PJ, y antes del encuentro que la conducción de la entidad unificada mantuvo con la Iglesia. La respuesta de Schmid, quien abogó por una relación "más fluida" entre la CGT y el PJ, apuntó directamente al pedido de moderación que había hecho anteayer el Presidente delante de una tribuna de empresarios. La réplica, además, ratificó el desafío gremial: el viernes de la semana próxima los 124 gremios que integran la central obrera debatirán sobre el rumbo político y económico, y facultarán al consejo directivo para activar un paro nacional o un plan de lucha, con movilizaciones de protesta. "La CGT ha mostrado prudencia en estos nueve meses de gobierno. En las reuniones de consejo directivo no hubo una sola voz que no exprese su malestar. Creo que ése será el clima dominante en el confederal del 23", dijo Schmid a LA NACION. Al pedido de "prudencia" y "sentido común" que exhortó Macri, se le sumó ayer el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, quien les envió un mensaje a los gremios que reclaman la reapertura de las negociaciones salariales. Desde el Foro de Negocios, el funcionario argumentó que, dado que las paritarias se acordaron con subas de 2,5% mensuales, cada mes que la inflación sube menos de 2,5%, los salarios recuperan poder adquisitivo. Y aclaró que la inflación viene en retroceso desde hace dos meses, según las estadísticas oficiales. En la CGT, en cambio, entienden que la reciente caída de la inflación responde a la recesión de la economía y a la baja del consumo. Formalmente, hubo dos gremios que presentaron su pedido de reabrir paritarias: los docentes nacionales y los bancarios. El frente de gremios docentes acordó en febrero un alza anual de 32% sin contar los pagos no remunerativos. Los bancarios, en tanto, suscribieron en marzo un trato de 33% en un solo tramo. El bancario Sergio Palazzo formalizó el pedido con una nota al Ministerio de Trabajo. Argumentó que "la realidad se ocupó de desmerecer total y absolutamente" lo negociado a principio de año producto de "los aumentos de precios que día a día aquejan a los trabajadores". Además, planteó "el peso" del impuesto a las ganancias y "la falta de una política clara, definida, pero a no lesiva" de los salarios "sobre las tarifas de servicios públicos esenciales". En medio de esta incertidumbre, hay un importante grupo de sindicatos que está en plena negociación del segundo tramo de su paritaria. Los casos de Comercio y los albañiles de la Uocra, que acordaron subas semestrales de 20 y 22% respectivamente, son los más trascendentes. Ambos gremios pretenden replicar el trato para los seis meses próximos y completar el año con subas superiores o iguales al 40%. Las paritarias, en general, estuvieron por encima de los pronósticos iniciales del Gobierno, que contemplaba una inflación anual de entre "20 y 25%", según lo expresó Macri durante su viaje a Davos, en enero. La ronda de negociaciones salarial cerró en su inmensa mayoría con aumentos que fueron del 31 hasta 41 por ciento.

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Después de 15 años de espera, es ley el proyecto que regula el acceso a la información pública, una herramienta clave para promover la participación ciudadana en la transparencia y el control en la administración pública. La norma obliga a los tres poderes del Estado, al Ministerio Público, a empresas, partidos políticos, universidades y gremios que reciban aportes públicos, a responder las solicitudes de información que eleve cualquier ciudadano en un plazo no mayor a un mes. La flamante ley, inspirada en un proyecto que elevó el Gobierno al Congreso en abril, se sancionó ayer en la Cámara de Diputados en un trámite raudo y sin debate. Con el propósito de no dilatar más los tiempos, la mayoría de los diputados acordaron ratificar la versión que aprobó la Cámara en mayo y descartar los cambios que había incorporado el Senado la semana pasada. La iniciativa se aprobó con 182 votos positivos frente a 16 negativos, estos últimos provenientes de los bloques de izquierda, del socialismo y de Libres del Sur. Una paradoja: el kirchnerismo, que mientras ejerció el gobierno trabó y demoró la aprobación de la ley, ayer no sólo apoyó la norma, sino que incluso facilitó los dos tercios de los votos para apurar la sanción. Eufórico, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, celebró la sesión de ayer. "Hoy la Argentina se ubica en el puesto 54 en el mundo en materia de apertura de datos públicos. El acceso a la información es un derecho, pero nuestro objetivo es ser uno de los 10 países más transparentes del mundo", exaltó. La flamante ley impone plazos muy precisos para que los distintos órganos del Estado cumplan con su deber de informar: 15 días, y la posibilidad de una prórroga "excepcional" por otros 15 días. Al respecto, el diputado Pablo Tonelli (Pro), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, calificó de "gran avance" la sanción de la ley. "No sólo toda persona humana o jurídica tiene derecho a requerir información pública, sino que el proceso es muy simple y las excepciones son de alcance limitado", destacó. Justamente, entre las excepciones a la obligación de informar figura la información clasificada como reservada, confidencial o secreta por razones de defensa o de política exterior. También, toda aquella información que pudiera poner en peligro el funcionamiento del sistema financiero; secretos industriales, comerciales, financieros, científicos cuya revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad. La Argentina era, junto a Bolivia, Cuba y Venezuela, el único país de la región sin una ley de acceso a la información pública. Ahora que fue sancionada, los distintos organismos del Estado tendrán un año para adaptarse a las condiciones que le impone la norma. Reemplazará, así, al decreto 1172/2003, un instrumento que permitía acceder a la información pública pero sólo del ámbito del Poder Ejecutivo. Ahora estarán afectados los tres poderes. "En adelante veremos cuál de los tres poderes del Estado cumple más acabadamente con las obligaciones de la ley. Esa es ahora nuestra tarea: verificar la instrumentación de la norma", enfatizó la diputada Karina Banfi (UCR-Cambiemos).

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La advertencia parece dirigirse hacia el Poder Judicial y el Poder Legislativo (sobre todo la Cámara de Diputados), que hasta ahora se muestran reticentes a brindar información. Sin ir más lejos, la Corte Suprema rechazó la semana pasada un pedido que había formulado la diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica) para acceder a las declaraciones juradas de su presidente, Ricardo Lorenzetti. "En muchas oportunidades, Lorenzetti se expresó a favor de la ley de acceso a la información. Esta es una contradicción que ahora deberá resolver", desafió Banfi. Agencia independiente La ley crea una Agencia de Acceso a la Información Pública, un ente autárquico que funcionará con autonomía funcional en el ámbito del Poder Ejecutivo. Su director, propuesto por el gobierno nacional, deberá ser elegido en un procedimiento público y durará cinco años en su cargo. Tendrá el rango de un subsecretario de Estado. Asimismo, cada uno de los poderes del Estado deberá crear sus propias agencias cuyo funcionamiento deberá ser acorde al de la Agencia de Acceso a la Información Pública. El Senado, en las modificaciones que incluyó y fueron descartadas, había propuesto que el titular de la agencia debía contar con el acuerdo del Senado. Asimismo, los senadores habían incorporado una cláusula para que las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, como es el caso de YPF, también fueran obligadas a informar. También fue desechada.

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La ex presidenta Cristina Kirchner cuestionó al gobierno de Mauricio Macri por sus medidas económicas "contrarias a las necesidades sociales". En un extenso discurso que brindó en la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la ex mandataria instó al movimiento sindical "a no confundirse" y "reclamar la reapertura de las paritarias". Dos días después de haber sido citada a declaración indagatoria por el juez Julián Ercolini, evitó referirse a su situación judicial. Pasadas las 17, la ex presidenta llegó al auditorio Germán Abdala, en Carlos Calvo 1378, acompañada por dos autos blancos de su custodia. Unos 2000 militantes la arengaban al grito de "vamos a volver" mientras ingresaba raudamente al edificio de ATE. Militantes de La Cámpora, la Tupac Amaru y Kolina, entre otras agrupaciones, siguieron el discurso a través de una pantalla LED gigante. Tras un breve agradecimiento por la invitación al delegado de ATE Capital, Daniel Catalano, la ex presidenta comenzó su discurso comparando el foro de Inversores en el Centro Cultural Kirchner (CCK) con la protesta de productores agrícolas que ayer regalaron verduras en Plaza de Mayo. "Se puso en la cabeza de la gente que la brecha era pensar diferente, que era mala la discusión política. Pero la brecha es lo que vimos hoy en la plaza, que algunos tengan para comer y otros no", dijo Cristina Kirchner. Y añadió que mientras se regalaban verduras en la plaza, "en el CCK había una comida muy paqueta". "En la Argentina hoy hay hambre. Las maestras volvieron a tener que comprar víveres porque los pibes llegan a la escuela sin desayunar. Hay hambre porque creció la desocupación y la plata no alcanza", dijo en otro tramo de su discurso, mientras los 200 delegados de ATE presentes en el auditorio la vivaban. La ex presidenta defendió el ciclo kirchnerista e ironizó sobre la "pesada herencia" que recibió el gobierno de Mauricio Macri. "¿En qué consistía? En desendeudamiento y prácticamente pleno empleo. Dejamos una herencia 'pesada', con sindicatos fuertes y paritarias funcionando". Además, agregó que "la 'pesada herencia' son las demandas que hoy tiene la sociedad", en un "neoliberalismo que no necesita consumidores, sino consumidos". En otro tramo de su discurso, que se extendió durante una hora y media, la ex presidenta instó a que los dirigentes sindicales reclamen por la reapertura de paritarias. "El movimiento sindical no puede confundirse. Es crucial reclamar la reapertura de paritarias", dijo. Y añadió: "¿Cómo puede aumentar el salario un 20 por ciento y los servicios el 300? Hay que centrar las discusiones en las cosas cotidianas que le pasan a la gente". Unidad Cristina Kirchner llamó a buscar "puntos de unidad entre distintos sectores". "Es hora de juntar la mayor cantidad de voluntades posibles", dijo. Y añadió que "la unidad no se va a dar por el lado de la ideología sino por el lado de los intereses agredidos" por el Gobierno. Se refirió elípticamente a la interna del peronismo y fustigó a los dirigentes que "sólo construyen pensando en la próxima elección". La ex mandataria aseguró: "Todo dirigente que quiera volver a ser gobierno no tiene que seducir a otros dirigentes ni pelearse con ellos. Tiene que seducir a la gente".

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La ex mandataria no precisó si será candidata en las próxima elecciones. "No me interesan los lugares, ya ocupé todos los que podía aspirar. Sin embargo, aseguró que "la realización de un proyecto no se puede subordinar a una persona". La ex mandataria llegó a Buenos Aires con el objetivo de intensificar su agenda política, pero anteayer se le sumó un compromiso que deberá afrontar durante su estadía: el 20 de octubre deberá prestar declaración indagatoria en la causa en que el juez Julian Ercolini investiga el presunto direccionamiento de la obra pública en favor del empresario detenido Lázaro Báez. La ex presidenta no inicia todavía los juicios civiles La ex presidenta Cristina Kirchner aún no inició formalmente los juicios civiles contra sus detractores. Pasado un mes desde las audiencias con la diputada del GEN Margarita Stolbizer y con el periodista Eduardo Feimann, a quienes demandó por "daño al honor", la ex mandataria no pidió todavía que se inicien los procesos judiciales. El abogado de Cristina en el fuero civil, Gregorio Dalbón, aseguró que está esperando de forma "estratégica" para acumular más pruebas y "pedir una indemnización más alta". Dijo que iniciará los juicios a mediados de octubre cuando la ex presidenta se presente a una nueva mediación con periodistas de Periodismo para Todos (PPT). Los abogados de Stolbizer y de Feinmann creen que sólo se busca hacer ruido mediático, pero que los juicios no van a prosperar.

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Mientras se desarrollaba el Foro de Inversiones y Negocios, el presidente Mauricio Macri recibió ayer un compromiso de la empresa alemana Siemens de invertir 5000 millones de euros en un plan hasta 2020 que generará 3000 nuevos puestos de trabajo directos, 7000 indirectos y capacitará a 700 nuevos trabajadores para proyectos de energía, transporte y electrificación de trenes. Así consta en una carta de intención que firmaron en el Centro Cultural Kirchner (CCK) el ministro de Producción, Francisco Cabrera, y el CEO de Siemens, Joe Kaeser, ante la presencia de Macri y del ministro de Economía, Energía y vicecanciller de Alemania, Sigmar Gabriel. El número dos de la canciller alemana, Angela Merkel , y su posible sucesor, viajó a la Argentina por solo 15 horas para presenciar la firma del convenio: llegó ayer a las 7 y regresó a las 22. En ese lapso, Gabriel se entrevistó también con el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay. Del encuentro participaron además el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, el titular de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Juan Procaccini, y el embajador argentino en Alemania, Luis María Krekler, que viajó especialmente para el anuncio. "Siemens planea duplicar sus negocios en Argentina antes de 2020, impulsando el contenido local, creando nuevos puestos de trabajo y expandiendo sus oportunidades de capacitación para las generaciones más jóvenes - por ejemplo trabajos que requieren conocimientos digitales y que apuntan a crear un planeta mejor", dijo Kaeser mediante un comunicado. "De ese modo ayudamos a Argentina a fortalecerse en su camino hacia una economía verde", completó. "A partir de la carta de intención se conformará un grupo de trabajo para estudiar en qué lugares se harán las inversiones", señaló por su parte a LA NACION uno de los participantes del encuentro. Previo al desembolso de los capitales, el Gobierno debe terminar de resolver tres pleitos en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que depende del Banco Mundial. El acuerdo destrabará el financiamiento de la agencia Hermes. Implicará que la Argentina pagaría 800 millones de dólares, en plazos por acordar, por juicios de larga data con las empresas alemanas Hochtief, Thyssen y Fresenius. Luego de reunirse con Siemens, Macri y su asesor en inversiones Horacio Reyser recibieron en el CCK al director de la firma cerealera Louis Dreyfus, Gonzalo Ramírez Martiarena, para inversiones en plantas de acopio en el ferrocarril Belgrano y en la construcción de un puerto en la ciudad bonaerense de Ramallo. Luego el Presidente se encontró con Rob McEwen, presidente y CEO de la empresa McEwen, que aspira a la explotación de pórfido de cobre con oro en el departamento sanjuanino de Calingasta. Participaron Reyser y el ministro de Energía, Juan José Aranguren. Los funcionarios de la Casa Rosada dejaron traslucir en el CCK una visible euforia por la afluencia al foro y el interés de casi 2000 empresarios de 67 países. "Los extranjeros están más decididos que los locales por los altos márgenes de rentabilidad que ven en la Argentina", dijo un ejecutivo. Macri también se entrevistó ayer con el jefe ejecutivo de la British Petroleum (BP), Bob Dudley. Estuvieron Aranguren, Procaccini, Reyser y los empresarios Marcos y Alejandro Bulgheroni, de Panamerican Energy y socios de BP. Además, recibió al CEO de la empresa Mitsui, Yasushi Takahashi, que participará en negocios de infraestructura y luego saludó al vicepresidente de la Corporación Financiera Internacional (IFC), Dimitris Tsitsiragos. Macri había recibido anteayer a otros empresarios internacionales.

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La Cámara de Diputados aprobó ayer y giró al Senado un proyecto de ley que eleva el actual ciclo lectivo anual de 180 a 190 días para las escuelas primarias y secundarias de todo el país. La iniciativa, que se aprobó por unanimidad y sin debate, fija por ley la meta que ya había establecido en 2011 el Consejo Federal de Educación, órgano que reúne a representantes de los gobiernos nacional y provinciales. La ley de 180 días de clases se había sancionado en 2003. Por aquellos años, no había tanta cantidad de días feriados como los que integran el actual calendario argentino. "No es una ley que por sí misma transforme las cosas, pero va en dirección de los estándares internacionales", dijo a LA NACION José Luis Riccardo (UCR-San Luis), presidente de la Comisión de Educación. El proyecto fue presentado por la diputada radical por Córdoba, Brenda Austin, y por otros siete integrantes de su bloque. La iniciativa no implica un gasto mayor porque la intención es que los docentes trabajen la misma cantidad de horas, pero que pasen más tiempo en las aulas. "Según estudios de la Unesco, nuestro país posee uno de los calendarios escolares más cortos del mundo y, según el Compendio Mundial de la Educación (2012), ocupamos el lugar 37 entre 43 naciones. A nivel regional, en lo que refiere a tiempo de exposición de los niños a contenidos áulicos, la Argentina ocupa el último lugar entre los países medidos: Chile, Jamaica, México, Paraguay, Perú y Uruguay", se afirma en los fundamentos de la iniciativa. "Avanzar en la fijación de un calendario de clases de 190 días constituye una medida necesaria a los fines de establecer pisos más elevados de calidad. Ante la posibilidad de pérdida de días efectivos de cursado, se garantiza un calendario escolar más cercano al objetivo de cumplir con los requerimientos básicos de formación educativa en los niños y adolescentes de nuestro país", se agrega. Meta de largo alcance Los impulsores del proyecto reconocen que los 190 días de clases no son una pauta de cumplimiento inmediato, sino una meta a alcanzar con el tiempo. De hecho, el ciclo de 180 días que rige en la actualidad se cumple solamente porque, de acuerdo con la ley 25.864, se considera un día de clases cumplido "cuando se haya completado por lo menos la mitad de la cantidad de horas de reloj establecidas por las respectivas jurisdicciones para la jornada escolar". Además, como advierten expertos como Mariano Narodowski, ex ministro de Educación de la ciudad de Buenos Aires, la ley dice que si no se alcanzan los 180 días, "las autoridades educativas de las respectivas jurisdicciones deberán adoptar las medidas necesarias a fin de compensar los días de clases perdidos". Más de una vez, el propio Narodowski ha señalado que aun con el calendario de 180 días de clases, efectivamente se han cumplido cerca de 165. Como la norma que se debate en el Congreso no dice que los días deben recuperarse, sino solamente "compensarse", las autoridades de las carteras educativas de las distintas provincias pueden disponer de mecanismos de compensación que no signifiquen una recuperación efectiva de los días perdidos.

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De hecho, si se cuentan los días hábiles que hay este año entre la fecha de inicio de las clases en las escuelas primarias y la fecha de finalización del ciclo lectivo, los alumnos no deberían perder casi ningún día para cumplir la meta fijada por el Consejo Federal de Educación. Si se tienen en cuenta las jornadas de paro de maestros en distintos distritos del país, queda claro que la meta fijada por el proyecto de ley está lejos de ser realidad. En ese sentido, la provincia de Santa Cruz aparece hoy como uno de los distritos de mayor problemática para cumplir con el objetivo. Los permanentes reclamos gremiales de todos los sectores públicos se hacen sentir en el dictado cotidiano de clases, sobre todo en los establecimientos estatales. Las jornadas en las aulas del mundo 220 Corea 208 Alemania 200Suecia, Australia, Italia, Sudáfrica,Irlanda Del Norte,México, Brasil 197 Nueva Zelanda 190Gales, Escocia, Suiza, Finlandia, Uruguay, Chile 185 Hungría 180 Francia, Estados Unidos 175 España, Japón

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La minera Barrick informó en San Juan que días pasados se registró otro derrame de solución cianurada en la mina de oro Veladero, lo que generó una manifestación espontánea en la localidad de Jáchal donde los vecinos salieron a la calle, incendiaron neumáticos y protestaron en la plaza departamental. Pasada la medianoche, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, dio una conferencia de prensa para anunciar la paralización de los trabajos en la mina. "Debemos evaluar la magnitud y la real situación en forma preventiva, detenemos totalmente la actividad de la mina Veladero hasta tanto se determine que no existe riesgo alguno", explicó Uñac. El gobernador agregó que "hubo un incidente cuyas consecuencias deben ser investigadas por la comunidad minera". "Exigimos a la empresa la intangibilidad laboral y salarial de sus trabajadores aún en el período determinado para la detención", sostuvo Uñac y agregó: "Entiendo que tenemos que primero determinar la magnitud del incidente". Aunque el comunicado oficial de la empresa canadiense asegura que "no hubo contacto con ningún curso de agua ni con canales de desvío" y que "por las características del incidente no hubo amenazas para la salud de los trabajadores, las comunidades, o del medioambiente", la alarma cundió en Jáchal. Según la empresa, el accidente se produjo el 8 de setiembre pasado, cuando "dentro del valle de lixiviación, se produjo el desacople de una cañería corrugada de 18 pulgadas con solución de proceso". El motivo del incidente, "de acuerdo con las investigaciones preliminares, se habría producido por el impacto de un trozo de hielo", según dijo la empresa. Barrick agrega en su informe de prensa que después del incidente "se han intensificado todos los monitoreos ambientales de agua superficial y subterránea en la zona, no habiéndose detectado ningún tipo de anomalías" y que "de hecho, desde entonces Veladero continuó operando normalmente". No obstante eso, en Jáchal hay conmoción en la población y se vive una situación tensa, producto que no se sabe de que magnitud fue el derrame y si podría afectar los cursos de agua que alimentan ése departamento. Apenas conocida la noticia, esta noche los jachalleros coparon la plaza departamental donde prendieron fuego cubiertas en la plaza y alrededores y mostraron pancartas repudiando el nuevo accidente. También los manifestantes piden la renuncia del intendente Miguel Vega y que el juez Pablo Oritja vaya a la mina a constatar los daños. En Jáchal, la Asamblea ciudadana Jáchal No Se Toca, recordó ayer el aniversario del derrame de mas de un millón de litros de agua cianurada en los ríos de la zona, con una nueva protesta que tuvo como epicentro una carpa instalada en la plaza desde el incidente de 2015.

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El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, dijo este miércoles que un "1% de inflación mensual es aún un número altísimo". Sus declaraciones fueron en el marco de una redonda de la que participó este miércoles en el Centro Cultural Kirchner, en el marco de la segunda jornada del Foro de Inversión y Negocios. Si bien destacó desaceleración en los precios, Sturzenegger dijo que "aún no le sirve a Argentina". "Un 1% en agosto y no digo deflación, porque la diferencia es la reversión del aumento de tarifas que, probablemente, vuelva a darse vuelta dentro de unos meses", aclaró Sturzenegger. "Creo que el riesgo más grande que tenemos hoy en la Argentina con respecto a este tema es la complacencia. Un 1% de inflación mensual no le sirve a la Argentina, es un número todavía altísimo", consideró el economista. El titular del Banco Central sostuvo además que un 1% mensual de inflación "es el número en el que los países empezaron su batalla contra la inflación. Argentina se merece y tiene el derecho de tener una inflación de país normal y los países que lo han logrado han tenido procesos de crecimiento fabulosos y fantásticos, por eso es nuestro compromiso, porque es un aporte fundamental". En otro sentido, manifestó que "en la Argentina no estamos acostumbrados a una Banco Central independiente. El objetivo del Banco Central es preservar el valor de la moneda. Para eso, tiene que coordinar las expectativas de los agentes, en una economía sin inflación".

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Los gobiernos de Argentina y Reino Unido plasmaron una serie acuerdos en torno a las Islas Malvinas que incluyen más escalas en los vuelos desde el continente -que podrán partir de Buenos Aires- y la identificación por ADN de soldados caídos en la guerra de 1982. El escrito dado a conocer este miércoles a la prensa contempla un ítem que lleva por título "Atlántico Sur", evitando así irritaciones con la denominación de las islas. El documento global sostiene que se busca el "fortalecimiento de la relación bilateral y la búsqueda de soluciones de los problemas globales dentro de los marcos multilaterales que correspondan" y lo ligado a Malvinas aparece en un apartado final. La soberanía es "una cuestión pendiente", expresa el comunicado. El documento lleva la firma de la canciller, Susana Malcorra, y del viceministro británico de Asuntos Exteriores, Alan Duncan, quien está participando en el Foro de Inversiones y Negocios que se realiza en Buenos Aires. La visita de Duncan fue calificada por la Casa Rosada como una "mejora en las relaciones", que se habían deteriorado durante la gestión de las anteriores presidencias. Buenos Aires y Londres acordaron "el establecimiento de dos escalas adicionales mensuales en territorio continental argentino, una en cada dirección" hacia las Islas Malvinas. En la actualidad, existe un solo vuelo al mes que une directamente Río Gallegos con el archipiélago, y que se realiza el segundo sábado de cada mes. Con este nuevo acuerdo, ese mismo vuelo podría incluir entre esas escalas adicionales alguno de los aeropuertos de Buenos Aires, como Ezeiza o el Aeroparque Jorge Newbery. También se pactó "adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos". Asimismo, Argentina y Reino Unido expresaron "su pleno apoyo al proceso de identificación de ADN" de los soldados argentinos que murieron en la guerra de 1982, sepultados en el cementerio de Darwin, y que aún no fueron identificados. Las conversaciones sobre esa delicada cuestión humanitaria serán llevadas adelante en Ginebra sobre la base de una evaluación del Comité Internacional de la Cruz Roja, se informó. También ambos países reanudaran las consultas políticas para "ampliar la relación bilateral en torno a una agenda positiva que aborde los desafíos globales en el mediano y largo plazo, en áreas como democracia, derechos humanos, cooperación en paz y seguridad internacionales, no-proliferación, medio ambiente y cambio climático", entre otras. El documento también apunta a que se establecerán una fecha para una reunión "más amplia a la mayor brevedad posible".

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Avanzar hacia una apertura al mundo de forma inteligente es uno de los lemas del gobierno de Mauricio Macri. Los funcionarios del área de Comercio, que dirige Miguel Braun, aclaran: ni los 90 ni el proteccionismo regente en la era K. Con esta idea, sobre la que vienen insistiendo desde el inicio de la gestión, el Gobierno recibió a los empresarios que participan desde el martes en el Foro de Inversión y Negocios que se desarrolla hasta hoy en el Centro Cultural Kirchner (CCK). Qué papel cumplen el comercio y la apertura al mundo en el crecimiento de la Argentina y cuáles son los beneficios que puede esperar el país de una mayor integración al mundo fueron las preguntas disparadoras de un panel en el que el gobierno y empresarios coincidieron en la necesidad de buscar mayor integración cuidando la industria nacional. Además, el presidente del norteamericano Eximbank (Export-Import Bank), Fred Hochberg, anunció oficialmente que, tras 15 años, la entidad volverá a operar en la Argentina. Braun participó del panel en representación del Gobierno y fue claro en remarcar la voluntad oficial de avanzar en acuerdos de libre comercio, ya que hoy la Argentina tiene convenios apenas con el 10% del PBI, mientras que Chile, con el 90%. Según el funcionario, estos acuerdos más la simplificación de trámites y el acceso al crédito a la exportación "son los pilares para crecer". "El impacto que tienen todas las trabas burocráticas en el comercio es tanto o más importante que los acuerdos comerciales", manifestó Braun, al referirse al proyecto de ventanilla única sobre el que están trabajando para eliminar los escollos para las empresas. También agregó que por cada día que se logra reducir el tiempo de logística en la entrega de un producto, equivale a entre medio y dos puntos de arancel. Respecto de los acuerdos, el objetivo primordial del Gobierno es avanzar con la Unión Europea, Japón y los Estados Unidos, aunque también negociarán tratados con los países de la región. Braun se mostró optimista en términos del acuerdo UE-Mercosur y afirmó que en octubre habrá un nuevo encuentro en Bruselas para continuar la negociación de los capítulos que no se refieren a bienes. El secretario de Comercio afirmó que "la inserción al mundo tiene que darse con el consenso empresario y de forma gradual". Por el contrario, el presidente de Arcor, Luis Pagani, no se mostró optimista con este acuerdo, que ya lleva 20 años de idas y vueltas. "Europa hoy tiene otras prioridades; no quisiera tener que esperar otros 20 años", le dijo el empresario a Braun, lo que disparó risas y aplausos en el auditorio. De todos modos, Pagani también mostró su faceta proteccionista al plantear que si bien la Argentina "viene de un encierro", hoy se discute qué grado de apertura debería tener la economía para evitar lo ocurrido durante los 90, cuando "no hubo contraparte". El empresario alimenticio enfatizó que debe recuperarse la marca argentina en el mundo. Por su parte, el director de Pharma para América latina y Canadá de Novartis, Andrés Graziosi, se refirió a las oportunidades que se abrieron para el país a partir diciembre y remarcó que para la industria de la que forma parte es importante trabajar en propiedad intelectual y cuidado de patentes. Habló de la necesidad de contar con reglas claras . Por su parte, el director de Airbus Group International, Christian Scherer, coincidió en el potencial que tiene la Argentina porque tiene una gran clase media que viaja, pero mucho menos que la clase media en los países vecinos.

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Tres semanas después del frutazo, llegó ayer el verdurazo a Plaza de Mayo. Cientos de familias que integran la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) se movilizaron para regalar 20.000 kilos de verduras con la finalidad de visibilizar la crisis que atraviesa el sector de horticultores. Casi cuatro cuadras de cola llena de jubilados con y sin changuitos, desocupados con bolsos y bolsitas, mujeres con bebés y sin ellos, algunos, vecinos de la zona, otros, una gran mayoría, llegados tras varias horas de viaje desde el conurbano se concentraron para llevarse algo de verdura regalada. La escena de una necesidad extrema se prolongó durante horas apenas a cuatro cuadras del Foro de Negocios donde el presidente Mauricio Macri trataba de seducir a empresarios para invertir en el país. “Son imágenes que creíamos sepultadas en la historia argentina. Con mi compañero nos rompimos el alma para que esas imágenes no se repitan”, remarcó la ex presidenta Cristinta Fernández de Kirchner en su charla en ATE (ver página 10). El ministro de Agricultura, Ricardo Buryaile, salió al cruce de la protesta: “Nunca me pidieron una reunión”, dijo y los mandó a que : “En lugar de regalar en Plaza de Mayo vayan a vender a la feria”. Falsedades Agustín Suárez, uno de los referentes y organizadores de UTT, se encargó de responderle a Buryaile. “El ministro no puede decir que nadie lo llamó, el 16 de diciembre, fuimos a donar 6000 kilos a la puerta de Agricultura y nos presentamos para plantearles las necesidades que tenemos”, y agregó que “ese día nos recibió el Jefe de Gabinete del ministerio, Guillermo Bernaudo, pero a partir de entonces nadie nos vovlio a atender”. “Tras la devaluación y los tarifazos salimos a la calle y en marzo realizamos el primer paro quintero de 48 en La Plata, cortando todos los accesos al mercado central”, acotó. Remarcó que “si el ministro no sabe los problemas del sector, eso habla muy mal de él”. También se ocupó de Buryaile, Enrique Martínez, coordinador del Instituto para la Producción Popular, quien dijo: “No puedo creer lo que dijo el ministro, la gente que estuvo en Plaza de Mayo es un grupo de productores del Gran Buenos Aires, y no son gente que venden en ferias o que le falten lugares para colocar la producción, no trabajan sobre tierras propias y son tomadores de precio no formadores. No necesitan una feria, necesitan un trato digno, realmente es una expresión de absoluta ignorancia lo que dijo”. El reparto El reparto estaba anunciado por los organizadores para las once de la mañana. A las nueve, sólo eran unos pocos los que se habían acercado con sus bolsas y changuitos, para las diez y media, la fila que comenzaba frente al Cabildo ya sumaba más de cien metros; y a las once, los peregrinos en una cola que llegaba hasta la pirámide central y después serpenteaba hacia los costados y se replegaba sobre si misma, superaba largamente los trescientos metros. Muchos llegaron desde el conurbano bonaerense, ellos, con bolsas de supermercados en los bolsillos; ellas, algunas, con los carritos y varias bolsitas, y todos habiendo hecho largos trayectos en colectivos. Otros, vecinos de la zona, portaban changuitos, mochilas, e hijos. Desocupados, jubilados y jóvenes en busca de trabajo, formaban el grupo mayoritario que, pasada la hora de la convocatoria, comenzó a preocuparse por la larga espera para recibir las verduras. Luz,

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desocupada, que había viajado durante más de dos horas, desde Francisco Álvarez, contó que “si no vengo, con el precio que tienen las verduras, en casa ya no las comemos. Un tomate ya no se lo que es y ni hablar de un morrón”. Mirta, joven madre de cuatro chicos, que vive en la villa 31, y esperaba charlando con Luz, aclaró que “vine porque en la villa la verdura cuesta más cara que en los otros barrios, y casi no compro nada, espero que me den algo para pasar la semana”. En cambio, Juan, jubilado y vecino de la Boca, dijo: “vine para protestar por la situación en que estamos, el gobierno no escucha, te dice que escucha, pero no te da soluciones, además, como jubilado antes no pagaba ganancias, ahora pago”. Al mediodía, los únicos camiones que se veían eran los de los canales de televisión y frente a ellos a Juan Domingo, un jubilado, el cuarto en la larga fila, vestido de gaucho, que había llegado a las ocho de la mañana desde Navarro y al que los movileros no paraban de entrevistar. Cerca de la una, cuando algunos llevaban más de cuatro horas de espera, llegó la columna de la UTT por Avenida de Mayo, encabezada por un tractor, detrás, las banderas verdes y rojas de la organización y un millar de familias de productores, muchos de ellos con cajones de hortalizas al hombro. Tras ellos, los cuatro camiones cargados de espinacas, acelgas, lechugas, brócolis, cebollas de verdeo y apios. Al frente de la marcha, dirigiendo la entrada a la plaza, Nahuel Levaggi, principal referente y organizador de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Después de dar la vuelta a la plaza, los manifestantes y sus camiones se instalaron frente a la Catedral y, desde allí, inundaron de verde la plaza y a los pacientes convocados. Y aunque algunos pesimistas vaticinaban problemas, el reparto se realizó como si hubiera estado totalmente organizado –que no lo estuvo–. Durante la entrega miembros de la UTT leyeron un comunicado donde expresaron que : “Somos familias trabajadoras de la tierra que producimos los alimentos que el pueblo consume diariamente: verduras, cerdos, leche, queso, maíz, huevos, pollos. Pero a pesar de la dignidad de nuestro trabajo, las condiciones en las que vivimos, producimos y comercializamos son muy precarias”. Los reclamos que puntualizaron fueron cuatro: “La ley para el acceso a la tierra por parte de pequeños productores, la suspensión de los desalojos a los campesinos de sus tierras, la inmediata reglamentación y asignación de presupuesto para la Ley de Agricultura Familiar, y el apoyo para el fortalecimiento de la producción y la comercialización de los pequeños productores y las economías regionales”. Además, señalaron que “así como pagamos el alquiler, podríamos pagar un crédito y avanzar en dignidad, arraigo y una mejor calidad de vida para nuestras familias. Hay mucho territorio concentrado en pocas manos, y miles de pequeños productores sin tierra y campesinos queriendo ser desalojados. Debemos comenzar a hablar de Reforma Agraria para llegar a una soberanía alimentaria” en referencia al proyecto de ley que crea un fondo fiduciario para el otorgamiento de créditos que les permita la compra de tierras a los pequeños productores. Por la mañana y frente al Congreso Nacional, le habían entregado el petitorio a un grupo de diputados que se comprometieron a tratarlo.

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La Fiscalía brasileña presentó hoy cargos por corrupción y lavado de dinero contra Luiz Inácio Lula da Silva y su esposa, Marisa Leticia, en el marco de la investigación sobre el multimillonario fraude a Petrobras, una denuncia que cayó como una bomba en un país sacudido por las crisis políticas. Según el fiscal Deltan Dallagnol, responsable del caso Petrobras, el ex presidente de Brasil entre 2003 y 2010 fue el “comandante máximo” de la red de corrupción en la petrolera estatal, que movió miles de millones de dólares. El ex presidente es investigado en esta causa por haber recibido “ventajas indebidas” con la reforma de un tríplex en el balneario de Guarujá (São Paulo) construido por la empresa OAS, una de las principales involucradas en esa red de corrupción. Se trata de la primera imputación formal contra Lula en las tres causas en que es investigado por supuestamente haber recibido beneficios de empresas que se favorecieron de la gigantesca red de corrupción enquistada en la petrolera estatal. El escándalo involucra a políticos de los principales partidos políticos y a grandes empresas, y fue uno de los motores de las protestas contra el Partido de los Trabajadores (PT) fundado por Lula y contra el gobierno de su sucesora, Dilma Rousseff, que fue destituida el mes pasado. La acusación contra Lula agita más aún las aguas revueltas de la política brasileña, un día después de la destitución del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha –gran impulsor del juicio político a Dilma–, también acusado por corrupción. “Tras asumir el cargo de Presidente de la República, Lula comandó la formación de un esquema delictivo de desvío de recursos públicos destinados a enriquecer ilícitamente, así como, apuntando a la perpetuación criminal en el poder, comprar apoyo parlamentario y financiar caras campañas electorales”, escribieron los fiscales, citó el diario Folha de São Paulo. Ahora el juez Sergio Moro, que lleva adelante la investigación conocida como “Lava jato”, deberá decidir si acepta la denuncia contra el ex mandatario. Según el fiscal Dallagnol, en esta causa –una de las múltiples del expediente que conforma “el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil”–, Lula recibió unos 3,7 millones de reales (1,1 millones de dólares al cambio actual) “en sobornos pagados disimuladamente”. “Sin el poder de decisión de Lula, ese esquema sería imposible”, agregó. La acusación se extiende al presidente del Instituto Lula, Paulo Okamotto, informaron los fiscales en una rueda de prensa en la ciudad de Curitiba, donde están centradas las investigaciones sobre el escándalo de Petrobras. Los tres cargos presentados contra Lula y su esposa son corrupción pasiva, fraude documental y lavado de capitales. Lula respondió que los cargos presentados por la Fiscalía en su contra “tienen motivación política”, carecen de respaldo jurídico y son una “farsa”.El ex mandatario reiteró a través de Twitter el mismo comunicado con el que rebatió el mes pasado la denuncia formulada por la Policía contra él y contra su esposa por el caso del departamento.Allí rechaza los cargos que le imputa la Fiscalía, sostiene que la acusación no presenta “ningún elemento” que demuestre que ese departamento sea de su propiedad y recalca que realizó una única visita al inmueble cuando estaba en obras y barajaba su compra, operación de la que desistió. De acuerdo con la acusación, la OAS gastó 1,1 millones de reales (unos 333.000 dólares) en reformar y amueblar un departamento en Guarujá que sería para uso de la familia de Lula, pese a que su nombre no aparece en los papeles de propiedad. Los fiscales también acusaron a la OAS de haber pagado 1,3 millones de reales (unos 393.940 dólares) por el alquiler del depósito en el que Lula guardó entre 2011 y 2016 los regalos que recibió cuando era jefe de Estado. Lula estaba acusado, también, de intentar obstruir las investigaciones de la Operación Lava Jato. Decenas de legisladores con cargos vigentes se hallan bajo investigación del Supremo Tribunal Federal (STF) por este caso que también ha llevado a la cárcel a varios importantes empresarios brasileños.

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La Unión Europea, como medida para luchar contra el terrorismo y la inmigración irregular, quiere saber con antelación la identidad de cada persona que entre al espacio europeo de libre circulación, conocido como “Schengen”. La Comisión Europea está ultimando una iniciativa para crear un sistema de registro previo, que afectará a los ciudadanos argentinos como a todos los nacionales de países que no necesiten visa obligatoria para entrar en la zona Schengen. El sistema, que podría llamarse “Etias” (EU Travel Information and Authorisation System) se presentará a finales de este año y es una de las respuestas del brazo ejecutivo de la UE tras los atentados de París y Bruselas, cometidos principalmente por ciudadanos europeos que habían viajado sin control a zonas de conflicto como Siria. Las investigaciones de los atentados mostraron fallos en los controles fronterizos. Como que el belga Abdelhamid Abaaoud –fichado por los servicios de su país y uno de los supuestos líderes de la red yihadista que atacó París y Bruselas- viajara sin problemas desde Dusseldorf (Alemania) a Estambul ida y vuelta. La Comisión Europea intenta con medidas de refuerzo de las fronteras exteriores poder mantener la libertad de circulación interior en el bloque, uno de los grandes logros de la construcción europea y amenazada por la subida de los partidos ultraderechistas, que piden volver a las fronteras nacionales. Cuando esté en marcha –debe ser aprobado por los gobiernos del bloque, que en junio ya dieron un primer visto bueno a la idea, y por el Parlamento Europeo- hará que todos los ciudadanos de terceros países que quieran entrar en la zona Schengen -y que provengan de un país al que Europa no exija visa- tengan que inscribirse en una plataforma online, que será de pago. Ese registro previo será requisito obligatorio para entrar a cualquiera de los 26 países que comparten el espacio de libre circulación Schengen -22 países de la UE además de Noruega, Liechtenstein, Islandia y Suiza-. El sistema, del que se conocerán los detalles antes de fin de año, podría ser similar al “ESTA” estadounidense. Cualquier nacional de un país al que Washington no exige visa debe registrarse online para recibir un permiso de viaje, de ser posible con al menos 72 horas de antelación, por un costo de 14 dólares. Canadá y Australia tienen modelos similares. La iniciativa europea tiene también una variante económica porque Bruselas calcula que podría ingresar hasta 500 millones de euros al año que irán directamente a su presupuesto y no a los gobiernos nacionales. Según los datos del Departamento de Estado, el sistema estadounidense registró 13,8 millones de pasajeros en 2015 que le hizo ingresar 193,2 millones de dólares. Los datos que maneja la Comisión Europea aseguran que en 2014 entraron a la zona Schengen más de 30 millones de personas. Si hubieran pagado 13 euros por cabeza –el equivalente a los 14 dólares estadounidenses- Bruselas hubiera ingresado casi 400 millones de euros.