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Deuda Pública: Un partido decisivo (Pág. 1).

Próxima Semana: Precios, Comercio Exterior.

Deuda Pública: Un partido decisivo Con el Mundial de Brasil recién iniciado, Argentina jugará un partido judicial por la deuda en default en Estados

Unidos. En estos días (entre el 12 y el 16 de junio), la Corte Suprema de aquel país decidirá si acepta o no tomar

el caso argentino, que ya acumula dos fallos contrarios al interés nacional. De lo que decida la máxima instancia

judicial dependerá si el Estado deberá pagar o no USD 1.300 millones al contado a los fondos buitres y holdouts,

lo que podría traer múltiples consecuencias. Pero antes de ello conviene repasar los escenarios posibles.

El primero sería favorable para el

país. La Corte puede aceptar el caso,

de lo que podría inferirse cierta

disidencia con el fallo del juez

Griesa. Teniendo en cuenta que la

sentencia original fue muy negativa

para la posición argentina, una

reconsideración de la Corte podría

beneficiar al país. Además, el fallo

definitivo no se conocería (por lo

menos) hasta mediados de 2015.

En el escenario más pesimista, la

Corte rechazaría de plano revisar el

caso argentino. Ello asentaría de

forma definitiva la sentencia de

Griesa, obligando al Estado

argentino a pagar USD 1.300

millones. El problema es que a fines

de junio vencen USD 160 millones

por el Discount NY (uno de los bonos surgidos de la reestructuración, con jurisdicción en Nueva York), y si no se

Deuda Pública Bruta En miles de millones de USD

(*) Los registros ya incluían USD 6.000 millones adeudados al Club de París. Fuente: Elaboración propia en base a Mecon y fuentes de mercado.

121,7

(58%)

25,3

(12%)

54

(25%)

9,5(5%)

0

50

100

150

200

Nueva Deuda

Sector Privado

Multi. y Bilaterales

Sector Público

3,6 0,5 5,4

0 2 4 6 8 10

CdP* CIADI Repsol

REPORTE SEMANAL 13 de Junio de 2014

Página Web:

www.myfconsultora.com.ar

Economista Jefe:

Matías Carugati

Analistas:

Máximo Pisa

Juan Seita

13 de Junio de 2014 2

M&F Consultora – Reporte Semanal

gira también el dinero correspondiente a los fondos buitre y holdouts se podría caer en default técnico, ya que

estos últimos tendrían prioridad de cobro sobre el resto de los bonistas.

El escenario más probable es aquel en el cual la Corte difiere su decisión. La máxima autoridad judicial de

Estados Unidos puede solicitar la opinión del Procurador del Tesoro, para luego decidir si toma el caso o no. Ello

no implica una decisión sobre la cuestión, pero sí estiraría los plazos hasta mediados del año próximo.

Precisamente, el Gobierno apuesta a

ganar tiempo para, en el peor de los

casos, negociar una solución. En

diciembre vence la cláusula RUFO (Rights

Upon Future Offers), que habilita a los

bonistas de las previas reestructuraciones

a reclamar igualdad de trato en caso de

una nueva negociación de deuda. Al

margen de los aspectos políticos, ello

actualmente impide cualquier arreglo con

los fondos buitre y el resto de los

holdouts, ya que una oferta beneficiosa

para estos gatillaría nuevos reclamos de

los primeros y desarmaría los canjes

anteriores. No obstante, a partir del año

próximo una salida consensuada entre

partes no correría estos riesgos.

Normalizar la deuda en default es de lo

poco que resta para restablecer las

relaciones con el sistema financiero. Los

primeros pasos fueron los canjes de 2005 y 2010 y la cancelación de la deuda con el FMI. El pago de sentencias

del CIADI, la compensación a Repsol por la estatización de YPF y el acuerdo con el Club de París también pueden

leerse en esa clave. Algo similar se deriva de los cambios en materia estadística, que evitarían sanciones por

parte del FMI. En este sentido, resolver el asunto de la deuda en default prácticamente terminaría con el

aislamiento financiero del país y sería una verdadera victoria política y simbólica.

Detrás de la estrategia oficial se percibe la intención de mantener a flote la economía. El Gobierno desea alentar

el crecimiento, pero una política fiscal expansiva necesita financiamiento en pesos que no derive en suba de

tasas de interés (si el BCRA esteriliza la monetización de un déficit más alto) o mayor inflación (si no lo hace).

Algunas medidas señalan que este podría ser el rumbo de la política económica: la moratoria previsional

aumenta el gasto, la regulación de las tasas de interés frena el encarecimiento del crédito y la colocación de un

bono (Bonar 17) por $4.460 millones aporta financiamiento extra-BCRA.

También se necesitan dólares frescos si se quiere financiar un nuevo atraso cambiario, para así estimular el

crecimiento a corto plazo. Con el dólar corriendo a la inflación desde atrás, la estabilidad cambiaria depende de

la habilidad del BCRA para sostener su stock de reservas. Lamentablemente, la entidad aún no se recuperó de

las pérdidas de comienzos de año (el stock está USD 2.000 millones por debajo del valor inicial). De ahí la

necesidad de incrementar la oferta de divisas de cara a lo que resta del 2014, ya que por cuestiones estacionales

el aporte de la cosecha es menor. En este sentido, resolver los asuntos pendientes en materia financiera reduce

Vencimientos de Capital e Interés* En miles de millones de USD

(*) Excluye deuda intra-Sector Público. (**) Se asume pago completo a Club de París en 5 años. Fuente: Elaboración propia en base a Mecon y fuentes de mercado.

6,810,1

15,62,4

2,3

7,7

0,65

1,5

9,1

0

5

10

15

20

25

30

35

2014 2015 2016-19**

CdP + CIADI + Repsol

Multi. y Bilaterales

Privados

9,8

14,0

32,4

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el costo financiero, facilitando la emisión de deuda en dólares (por parte de empresas -incluyendo a YPF- y el

sector público) e incrementando el influjo de divisas.

Regresar a los mercados financieros puede ayudar a CFK en lo que resta de su mandato, pero complica a la

próxima administración. Si bien los pasivos asumidos por la gestión actual (CIADI, Repsol y Club de París)

equivalen a 3% del PBI (USD 15.600 millones) e incrementan el stock de deuda en apenas 5% (hasta ahora sólo

se incluían UDS 6.000 millones del Club de París), casi ¾ partes deberán pagarse entre 2014 y 2019. Ello implica

que el servicio de la deuda con acreedores privados y organismos multilaterales aumentará alrededor de 25% en

ese período, con mayor incidencia sobre la próxima administración (ver gráfico). Literalmente, la gestión que

viene financiará a la que se va, pero a un costo elevado. Para peor, el nuevo endeudamiento no resuelve los

problemas de fondo, sino que apenas los pospone.

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