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CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE PEMEX A VERIFICAR LA LEGALIDAD DE LOS PRECIOS Y LAS TARIFAS ESTABLECIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, A CARGO DE RICARDO MEJÍA BERDEJA Y SUSCRITA POR RICARDO MONREAL ÁVILA, DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente Exposición de Motivos En Los Cabos, Baja California Sur y en los puertos de todas las entidades federativas, tanto personas morales como físicas, que son consumidores de combustible, tanto diésel como gasolina, han celebrado contrato de cesión de parcial de derechos y obligaciones con la administración portuaria integral, a efecto de usar, aprovechar y explotar una superficie de un muelle para atracar única y exclusivamente embarcaciones menores que prestan servicio público náutico turístico, y prestar el servicio de embarque y desembarque de personas, dentro del espejo de agua de la dársena en Los Cabos, Baja California Sur. Derivado de la actividad económica mencionada con anterioridad estos prestadores de servicios turísticos cargan combustible en las gasolineras denominadas Combustibles de Los Cabos, SA de CV, con domicilio en lote 10 A, de la Dársena, y Servicios Marítimos de Cabo, SA de CV, ubicada en el lote 1, manzana S/N, Marina de Los Cabos, Cabo San Lucas, Baja California Sur. Las citadas sociedades mercantiles les expiden las facturas correspondientes. En las facturas – y solo como ejemplo– aparecen entre otros aspectos los siguientes: Es decir, además del precio oficial del diésel y la gasolina, las sociedades mercantiles de referencia, les aumentan de manera permanente e indebida entre el 12 y 15 por ciento por “avituallamiento de combustible” y eso lo vienen realizando desde hace varios años, si lo anterior fuera poco, suman el precio de los litros de diésel, mas, el 12 o 15 por ciento por “avituallamiento de combustible”, más el IVA, la suma de los tres elementos da como un resultado un total. Que si consideramos que el total que aparece de las facturas que les expiden y el sobre precio en el diésel y gasolina son ilegales. Que si sumamos al precio oficial del diésel o de la gasolina el “avituallamiento de combustible” y el IVA, tenemos un aumento en el precio de los hidrocarburos, por litro, entre el 28 y 31 por ciento, lo que a todas luces nos parece arbitrario e ilegal.

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CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRE CTOR GENERAL DE PEMEX A VERIFICAR LA LEGALIDAD DE LOS PRECIOS Y LAS TARIFAS ESTABLECIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LOS CABOS, BAJ A CALIFORNIA SUR, A CARGO DE RICARDO MEJÍA BERDEJA Y SUSCRITA POR RICARDO MON REAL ÁVILA, DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

En Los Cabos, Baja California Sur y en los puertos de todas las entidades federativas, tanto personas morales como físicas, que son consumidores de combustible, tanto diésel como gasolina, han celebrado contrato de cesión de parcial de derechos y obligaciones con la administración portuaria integral, a efecto de usar, aprovechar y explotar una superficie de un muelle para atracar única y exclusivamente embarcaciones menores que prestan servicio público náutico turístico, y prestar el servicio de embarque y desembarque de personas, dentro del espejo de agua de la dársena en Los Cabos, Baja California Sur.

Derivado de la actividad económica mencionada con anterioridad estos prestadores de servicios turísticos cargan combustible en las gasolineras denominadas Combustibles de Los Cabos, SA de CV, con domicilio en lote 10 A, de la Dársena, y Servicios Marítimos de Cabo, SA de CV, ubicada en el lote 1, manzana S/N, Marina de Los Cabos, Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Las citadas sociedades mercantiles les expiden las facturas correspondientes. En las facturas – y solo como ejemplo– aparecen entre otros aspectos los siguientes:

Es decir, además del precio oficial del diésel y la gasolina, las sociedades mercantiles de referencia, les aumentan de manera permanente e indebida entre el 12 y 15 por ciento por “avituallamiento de combustible” y eso lo vienen realizando desde hace varios años, si lo anterior fuera poco, suman el precio de los litros de diésel, mas, el 12 o 15 por ciento por “avituallamiento de combustible”, más el IVA, la suma de los tres elementos da como un resultado un total. Que si consideramos que el total que aparece de las facturas que les expiden y el sobre precio en el diésel y gasolina son ilegales.

Que si sumamos al precio oficial del diésel o de la gasolina el “avituallamiento de combustible” y el IVA, tenemos un aumento en el precio de los hidrocarburos, por litro, entre el 28 y 31 por ciento, lo que a todas luces nos parece arbitrario e ilegal.

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Sumando a lo anterior los aumentos que se dan mes con mes y además le agregamos los sobreprecios o aumento de porcentajes en el diésel y gasolina el concepto de “avituallamiento de combustible”, resulta sumamente atractivo y millonario para quien se queda con los ingresos por el citado concepto.

Para ilustrar ponemos un ejemplo:

Doscientas embarcaciones en Cabo San Lucas consumen cada una de ellas ciento cincuenta litros por día y a su vez, sumamos su consumo por mes y por año y establecemos el precio del litro de diésel al mes de mayo que es de 13.17 pesos (trece pesos con diecisiete centavos MN).

Veamos los resultados:

Como podemos inferir, solamente dos estaciones de servicio – en el ejemplo que ponemos – se llevan anualmente casi veintidós millones de pesos, lo que implica que cada una de ellas obtiene anualmente casi once millones de pesos por concepto de avituallamiento de combustible, con la anuencia de la Administradora Portuaria de Cabo San Lucas en Baja California Sur, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y Petróleos Mexicanos.

Ahora bien, en la hipótesis de que existieran cinco mil embarcaciones en los puertos del país a las cuales, además del precio oficial del diésel y la gasolina, se les cobra de manera indebida entre el 12 y 15 por ciento por “avituallamiento de combustible” y que consuman ciento cincuenta litros de combustible diario, nos darían las siguientes cantidades:

Como puede advertirse, en la hipótesis señalada en el cuadro anterior, estaríamos hablando de un cobro indebido de casi de quinientos cincuenta millones de pesos que se obtiene anualmente por concepto de avituallamiento de combustible.

¿A dónde van a para esos quinientos cincuenta millones de pesos?

¿A las administradoras portuarias integrales del país?

¿A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes?

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¿A Petróleos Mexicanos vía Pemex Refinación?

¿La Secretaría de Comunicaciones y Transportes estableció las tarifas y precios por concepto de avituallamiento de combustible?

¿Porque la Procuraduría Federal del Consumidor no ha intervenido de oficio para verificar que los precios del diésel y la gasolina en todas las estaciones de servicio ubicadas en los puertos del país sean los oficiales y no se aumenten los mismos por concepto de avituallamiento de combustible?

Que ante tal iniquidad, se suma la situación social y económica que está viviendo la población del puerto de Los Cabos esto derivado de la devastación que ha causado el huracán Odile por lo que la situación económica de por sí ya precaria se suma a la paralización de la economía casi todo el estado de Baja California Sur, en general es por lo que las personas físicas y morales solicitan de forma desesperada la intervención de esta Soberanía a efecto de revisar la legalidad de los instrumentos jurídicos y/o convenios que se hayan realizado con Pemex o con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y Administradora Portuaria Integral de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, y todas las APIS ubicadas en los puertos del país.

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al director general de Pemex a verificar la legalidad de los precios y tarifas establecidas por la Administradora Portuaria Integral de Los Cabos, en Baja California Sur, y se hagan públicos los resultados de todas y cada una de las revisiones.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte verificar los precios por la prestación de servicios portuarios por el concepto de “avituallamiento de combustible”, revisar y examinar la existencia de presuntos actos de corrupción así como la legalidad de los instrumentos jurídicos que se hayan realizado en el caso concreto en el municipio de Los Cabos y se hagan públicos los resultados de todas y cada una de la revisiones.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor intervenga de oficio para verificar los precios del diésel y la gasolina en todas las estaciones de servicio ubicadas en Los Cabos, Baja California Sur y todas aquellas ubicadas en los puertos del país y se hagan públicos los resultados de todas y cada una de la revisiones.

Cuarto. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Auditoría Superior de la Federación en términos de lo previsto en el párrafo tercero de la fracción I del artículo 79 de la ley fundamental, requiera a la administradora portuaria integral de Los Cabos, en Baja California Sur, la revisión del cobro por concepto de “avituallamiento de combustible” y de todas aquellas APIS, ubicadas en los puertos del país y se hagan públicos los resultados de todas y cada una de la revisiones

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2014.

(Rúbrica)