ES NECESARIA UNA NORMA DE PRESUPUESTOS MNIMOS DE PROTECCIN

AMBIENTAL SOBRE EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL?

Gustavo RINALDI.

De un tiempo a esta parte, tanto a nivel legislativo1 como en ciertos mbitos de discusin

acadmica a se viene propiciando la idea de que es necesario establecer una Norma de

presupuestos Mnimos de Proteccin Ambiental que regule el procedimiento de impacto ambiental.

En este breve espacio arriesgar algunos argumentos iniciales en contra de esta propuesta.

A modo de introduccin, pidiendo disculpas desde ya por la ligereza con la que abordar la

cuestin, y considerando que el lector no es especialista en derecho ambiental, recordar

brevemente algunos puntos esenciales sobre la competencias ambientales, recomendando a aquel

que interese ampliar el tema, la estupenda obra Competencias Ambientales del Dr. Jos Alberto

ESAN, editada por Abeledo Perrot en el ao 2008.

El artculo 41 de la Constitucin Nacional establece la facultad la Nacin de dictar normas de

Presupuestos Mnimos y a las provincias de complementarlas, sin que resulten afectadas las

jurisdicciones locales.

Esto debe entenderse dentro del contexto que delinea el artculo 124 de la norma

fundamental, al indicar que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos

naturales que existen en su territorio.

En la prctica, esta forma de determinar la competencia ambiental legislativa dentro de la

organizacin federal argentina, se traduce en una constante tensin entre la Nacin y las

Provincias; donde ests ltimas, en la mayor parte de los casos, defienden fuertemente su

competencia para legislar dentro de sus territorios, ante las normas de presupuestos mnimos

dictadas por la Nacin, que suelen ser vistas como avances unitarios ante las jurisdicciones locales.

1 http://www.normamorandini.com.ar/?p=5569 Proyecto de Ley de Presupuestos Mnimos para la

Evaluacin de Impacto Ambiental

Por otro lado, si se piensa seriamente en instalar una norma de Presupuestos Mnimos de

Evaluacin de Impacto Ambiental, deben considerarse algunos aspectos que no son menores:

Primeramente, en honor a la brevedad, me remito a la excelente y minuciosa resea sobre la

normativa provincial referida a la EIA, incorporada en el trabajo El procedimiento de Evaluacin de

Impacto Ambiental (Paulina MARTINEZ), que forma parte de la obra La Evaluacin de Impacto

Ambiental y su Rgimen Jurdico (Ed. Lajouane 2012. Dir: Mauricio PINTO- Lber MARTN).

De la lectura de ese trabajo se desprende que, en la actualidad, todas y cada una de las

provincias poseen normas locales por la cual se delinean los procedimientos de Evaluacin

Ambiental para los proyectos que se desarrollen dentro de su territorio. Muchas de ellas son

anteriores a la Ley 25675 General del Ambiente, y hasta a la modificacin Constitucional que

incorpor el citado artculo 41 en su redaccin actual.

A pesar de ello, si bien existen algunos matices los procedimientos establecidos, todas las

normas provinciales presentan cierta homogeneidad y similitudes evidentes en sus prescripciones.

A ello tendremos que sumarle, que la Ley General del Ambiente dedica especialmente sus

artculos 11, 12, 13 (Procedimiento de evaluacin de impacto ambiental), 19, 20 y 21 (Participacin

Ciudadana), entre otros a determinar las pautas bsicas, que debern seguirse uniformemente en

todo el territorio nacional para evaluar los impactos de todas las obras o actividades que sean

susceptibles de degradar el ambiente o alguno de sus componentes.

Por lo tanto, el escenario existente es el siguiente:

Provincias que en la prctica, apoyndose en lo prescripto por el artculo 124 de la

Constitucin y defendiendo su competencia para definir cuestiones que no afecten, ni puedan

afectar el ambiente ms all de sus lmites, se muestran poco tolerables ante la amenaza, cierta o

no, del avance de la Nacin por medio del dictado de normas de presupuestos mnimos en mbitos

donde han ejercido su competencia por aos.

Ellas mismas se han ocupado, an desde antes que la Nacin lo haga, en determinar los

procedimientos correspondientes para prevenir los posibles impactos ambientales, y muchas, lo

acreditan con normas de ms de 20 aos de vigencia y aplicacin.

Dichas normas no poseen grandes diferencias con los procedimientos mnimos y uniformes

para la Evaluacin de impacto Ambiental, que han sido determinados en el ao 2002 por la Ley

General del Ambiente.

Y aun as, veamos lo que sucede en el caso de la de la Provincia de Buenos Aires, quien no

tiene incorporado en su legislacin provincial a las audiencias pblicas, y sin embargo, por

aplicacin directa de los artculos 19, 20 y 21 de la Ley General del Ambiente, tienen la obligacin

de realizarlas previo a la aprobacin de cualquier proyecto so pena de nulidad de la autorizacin

otorgada.

En este estado de cosas, creo que no resulte provechoso bajo ningun concepto ocuparnos en

establecer una nueva norma que regule la cuestin.

Ello solo generara nuevas discusiones interminables entre las provincias y la Nacin, referidas

a los lmites de las competencias de ambas, adicionado a un caos normativo de magnitudes

inimaginables, dndose una situacin que solo resultara gananciosa para los pescadores de

siempre.

La urgencia en la cuestin radica en fortalecer y dar transparencia a las autoridades

encargadas de otorgar los permisos; en dotar de capacidad a las universidades pblicas para que

acten como organismos tcnicos especializados en los casos que sea necesario, en dar

herramientas y educar a la ciudadana para que participe en los procedimientos de manera

calificada en resumidas cuentas de implementar las normas ambientales.

Y en todo caso, lo que podra ser provechoso es regular la Evaluacin de Impacto Ambiental

cuando exista una afectacin interjurisdiccional, pensando en ms de una autoridad provincial

involucrada en la decisin, con una actividad coordinadora por parte del Gobierno Federal. Y

aunque no es materia de este trabajo, creo no debera regulado ser por medio de una ley de

presupuestos mnimos, sino que el Poder Ejecutivo Nacional podra decidirlo, en ejercicio de sus

facultades para reglamentar de la Ley 25675.