107.- «Iniciativa que adiciona un artículo 71 a la Ley pa...

107.- «Iniciativa que adiciona un artículo 71 a la Ley pa-ra Regular las Sociedades de Información Crediticia, acargo del diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía, delgrupo parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura integran-te del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional,con fundamento en lo estipulado por la fracción II del artícu-lo 71 y por el artículo 135 de la Constitución política de losEstados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artícu-lo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interiordel Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,someto a consideración de esta Honorable Asamblea el si-guiente proyecto de decreto por el que se adiciona un artí-culo a la Ley Para Regular las Sociedades de InformaciónCrediticia, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las Sociedades Crediticias fueron creadas en México a raízde la crisis económica de 1994 con la finalidad de contarcon información crediticia completa de aquellas personasfísicas o morales que pretendan adquirir un crédito con al-guna empresa comercial o Entidad Financiera.

Las Sociedades Crediticias o Buró de Crédito, están orien-tadas a integrar información sobre el comportamiento cre-diticio de Personas y Empresas con el objetivo de apoyar laactividad económica al proporcionar información que per-mite una mayor apertura y rapidez para el otorgamiento decréditos.

La operación del Buró de Crédito se ha convertido en unaherramienta indispensable en la calificación de los usuariosde servicios financieros, sin embargo, las 47 mil reclama-ciones que anualmente recibe esta Sociedad Crediticia po-nen en evidencia que no siempre resulta ser la forma másjusta de evaluar a los usuarios de los servicios de financia-miento.

Es sabido que en México, como en muchos otros países deAmérica Latina, el acceso a algún tipo de financiamientoinstitucional, sea de la banca comercial, de tiendas depar-tamentales, empresas de financiamiento automotriz, hipo-tecario y de bienes en general, sigue siendo uno de los prin-cipales obstáculos que enfrentan las empresas, y engeneral, toda persona que busque recursos para su negocioo para adquirir un bien.

El acceso al crédito bancario e institucional está rodeado deuna serie de limitaciones y restricciones que lo vuelven caroy de difícil acceso. Esto es así, principalmente a que el crédi-to convencional está basado en las llamadas “garantías”, esdecir, para pedir dinero prestado se debe comprobar que encaso de fallas voluntarias o involuntarias, el prestador po-drá retener su capital. Sin embargo, el hecho es que un por-centaje muy alto de la población se dedica al autoempleo yno cuenta con una garantía, por lo que la mayoría quedanautomáticamente rechazados y quienes requieren de máscrédito son precisamente los que no cuentan con los requi-sitos para poder acceder la él; un círculo vicioso difícil deromper.

Cuando finalmente se tiene acceso a un crédito, al momen-to la persona o institución ingresa al Banco de Datos delBuró de Crédito, de tal manera que cualquier persona quebusque información sobre el comportamiento crediticio deun individuo o empresa puede obtenerla tras haber cumpli-do ciertos requisitos contemplados en la Ley Para Regularlas Sociedades de Información Crediticia.

Actualmente, el Buró de Crédito cuenta con el historial demás de 27 millones de personas físicas registradas y conmás de 48 millones de créditos registrados, además, el Buróde Crédito cuenta con 1 millón de empresas o personas fí -sicas con actividad empresarial y se tienen registrados másde 3 millones de créditos en éste rubro.

El servicio es totalmente automatizado. Vía internet sepuede acceder a la Base de Datos del Buró de Crédito y ob-tener de forma instantánea el reporte del historial crediticiode la empresa o persona física que se está investigando.

Este mecanismo permite a la empresa comercial o entidadfinanciera tomar decisiones instantáneas y confiables sobreel otorgar o negar el crédito al solicitante.

Sin embargo, y pese a la confiabilidad de la información yla reducción de tiempo que implica la utilización de estesistema, los otorgantes de crédito proporcionan informa-ción sobre sus acreditados de manera mensual.

Si bien es cierto que la información que aportan los acredi-tados a la Base de Datos del Buró de Crédito es detallada,la frecuencia con la que se actualiza la información no esla óptima; especialmente si se considera el acelerado dina-mismo con el que opera la economía.

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Segundo Periodo, 28 de abril de 2005 / Anexo IV467

Año II, Segundo Periodo, 28 de abril de 2005 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados468

El Buró de Crédito recibe casi 50 mil reclamaciones anua-les, de las cuales, la reclamación más común se refieren alos casos en los que el cliente reestructuró su pasivo credi-ticio en el cuál iba atrasado y la base de datos no refleja di-cha reestructuración, lo cual le genera problemas al solici-tar un nuevo crédito.

Considerando las dificultades para adquirir un crédito, laLey para Regular las Sociedades de Información Crediti-cia, tal y como está redactada, no representa ninguna ven-taja para agilizar la adquisición de un nuevo crédito.

Es muy común encontrar casos en los que la persona o em-presa liquida su situación crediticia a partir de una rees-tructuración o quita y dicha situación permanece reflejadacomo adeudo o saldo deudor en la base de datos, y por con-siguiente, en los Reportes de Crédito que emita la Socie-dad.

En esta situación, el historial crediticio de la persona o em-presa que terminó de liquidar su crédito a partir de una re-estructuración o quita, en la mayoría de los casos, le impi-de adquirir un nuevo crédito, no obstante el cumplimientode las obligaciones adquiridas a partir de la firma del con-venio de reestructuración del adeudo crediticio.

De acuerdo con los datos del Buró de Crédito, el númerode reclamaciones por eventuales errores en el historial cre-diticio de los usuarios de las instituciones bancarias crecióde 25 mil a 47 mil en el 2004.

Tomando en cuenta la velocidad con la que se mueve elmercado y la rapidez con las que llegan y se van las opor-tunidades de concretar un negocio o de realizar una inver-sión, el historial crediticio de la persona o empresa es fun-damental para la adquisición de un nuevo crédito.

En el caso de los usuarios incumplidos, el Buró de Créditoes una herramienta eficaz para las empresas e institucionesde crédito en la medida en que las protege de posibles de-fraudadores, sin embargo, en el caso de los usuarios quecumplieron con sus obligaciones crediticias a partir de unareestructuración o quita, tienen una afectación directa en lamedida que su historial crediticio refleja los detalles de di-cha operación y los refleja como saldo deudor. Esta situa-ción, eventualmente le quitan a la persona o empresa la po-sibilidad de ser considerado como sujetos de crédito.

Este sistema funciona incluso como medida de presión enalgunos bancos. El sujeto que reestructuró su crédito a tra-

vés de una quita, y que incluso liquidó su pasivo crediticiocon el Banco aparece con un saldo deudor en el Buró deCrédito hasta que no pague la diferencia entre el adeudooriginal y la quita realizada por el Banco. Los mismos Ban-cos no envían la solicitud al Buró de Crédito para que seanborrados del Banco de Datos hasta que no realicen el pagode dicha diferencia.

Esta situación en el Reporte Crediticio, en estricto sentido,es un obstáculo importante para el crecimiento de la eco-nomía y el bienestar de miles de mexicanos.

No es posible dejar sin la oportunidad de adquirir un crédi-to de forma inmediata, a aquellas personas o empresas quehan terminado de pagar sus obligaciones crediticias, sóloporque en algún momento negociaron una quita en suadeudo, el cuál aparece en su reporte de crédito.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración deesta soberanía la presente iniciativa al tenor del siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto

Artículo Único. Se adiciona un artículo a la Ley para Re-gular las Sociedades de Información Crediticia para quedarcomo sigue:

Artículo 71.-

Una vez celebrado el convenio que extingue la deudadel cliente, el usuario deberá hacerlo del conocimientode la Sociedad, a efecto de que se elimine de la Base deDatos cualquier indicación o leyenda escrita que señalela existencia de deuda o saldo deudor.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguien-te de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Diputados, a 28 de abrilde 2005.— Dip. Rogelio Alejandro Flores Mejía (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

108.-«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 13,25 y 75 de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargode la diputada Dolores Gutiérrez Zurita, del grupo parla-mentario del PRD

La que suscribe, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, di-putada federal a la LIX Legislatura del honorable Congre-so de la Unión, integrante del grupo Parlamentario del Par-tido de la Revolución Democrática, con fundamento en losartículos 71, fracción II, de la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Regla-mento para el Gobierno Interior del Congreso General delos Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideraciónde esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto por elque se reforman y adicionan los artículos 13, 25 y 75 de laLey Federal de Radio y Televisión, al tenor de la siguiente


Uno de los temas que en materia de radio y televisión nohan sido atendidos en la legislación respectiva ni en los de-bates por la reforma a dicha disposición, lo constituye el te-ma de las llamadas “radios comunitarias”.

Las radios comunitarias cumplen fines específicos, nadacomparados con los fines de lucro con el que participan losmedios privados.

Atienden una problemática particular, que es la necesidadde la comunidad de rescatar sus valores culturales, comu-nicarse en su propia lengua y bajo los criterios que definecada comunidad.

En nuestro país existen aproximadamente 1471 estacionesradiodifusoras que cuentan con la autorización respectivapor parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transpor-tes, y más de 100 que no han obtenido el permiso o la con-cesión correspondiente para realizar sus transmisiones.

Entre las que no han podido obtener el permiso correspon-diente se encuentran precisamente las llamadas radiodifu-soras comunitarias, que a pesar de su persistencia y cum-plimiento de las disposiciones reglamentarias yadministrativas que exige la dependencia responsable, con-tinúan haciendo antesala para llegar al momento de su re-conocimiento.

El Gobierno Federal ha reconocido que las radios comuni-tarias cumplen propósitos y objetivos específicos, de ahíque en los últimos años haya concedido autorización a ra-

dios comunitarias con más treinta años de participación ensus regiones, radios que han ganado un lugar entre la au-diencia y la población de dicho lugar.

Para el Partido de la Revolución Democrática el reconoci-miento que el Gobierno Federal ha hecho de las radios co-munitarias es un avance importante en el proceso de cons-trucción de medios comunitarios que al no perseguir finesde lucro no compiten con los concesionarios de la radio enel país; de igual manera, el PRD reconoce que es impor-tante que las radios comunitarias obtengan sus permisosdespués de cumplir con los requisitos que solicite la Secre-taría de Comunicaciones y Transportes, pero esos requisi-tos deben considerar las condiciones propias de quienes as-pirar a contar con el permiso respectivo.

Diversas voces se han sumado a la demanda de que el Go-bierno Federal detenga el crecimiento de las radios comu-nitarias, desconociendo que las reformas constitucionalesde 2001 y diversos instrumentos internacionales disponenque el Estado mexicano está obligado a instrumentar lasmedidas para que los pueblos y comunidades indígenaspuedan acceder a los medios de comunicación pública.

En este año la SCT ha otorgado, después de 27 años de es-tarlo solicitando, el permiso correspondiente a Radio Hua-yacocotla, que desde hace 39 años transmite diversos pro-gramas a la población indígena y campesina del norte deVeracruz. En días pasados otorgó el permiso correspon-diente a Radio Calenda, de Oaxaca, con lo que suman yasiete emisoras comunitarias que cuentan con la autoriza-ción respectiva para realizar sus transmisiones.

Pero también es importante señalar que la Secretaría deComunicaciones y Transportes ha puesto obstáculos al re-trasar de manera dolosa el otorgamiento de los permisosrespectivos a otras cuatro radios comunitarias que hancumplido con todos y cada uno de los requisitos que exigeesta dependencia; entre las que señalamos a Radio Bembade Sonora, Radio Erandi de Michoacán y Omega Experi-mental, y La Voladora Radio, las dos del estado de Méxi-co.

El investigador del Instituto de Investigaciones Sociales dela UNAM; Raúl Trejo Delarbre escribe que

“En todo el mundo las radios comunitarias son unaforma de expresión y cohesión de la sociedad y su re-conocimiento constituye una tendencia que se gene-raliza. El año pasado en Bolivia el gobierno expidió



un decreto para la Radio Comunitaria. En Brasil, endonde algunas fuentes hablan de un millar de radio-difusoras de ese corte, el presidente Lula creó unGrupo de Trabajo Interministerial para regularizary promover esas estaciones. También en 2004 en Chi-le –en donde hay 180 estaciones comunitarias conautorización legal y de cobertura limitada– laAMARC propuso revisar el marco regulatorio de laradiodifusión para responder a las preocupacionesde los empresarios que se han quejado de la prolife-ración de estaciones sin permiso.

La promoción de las radios comunitarias es una delas prioridades de la UNESCO, que desde hace añosdifunde el manual How to do community radio, pu-blicado en varios idiomas, hace un par de meses apa-reció la versión en árabe de ese documento.”

Precisamente por las prioridades que han establecido losorganismos internacionales, por las disposiciones que esta-blecen los convenios internacionales suscritos por nuestropaís, así como por lo que establece nuestra ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, es urgente ade-cuar nuestra legislación secundaria a lo que dichas disposi-ciones mandatan.

El artículo 2°, apartado B, fracción VI, de nuestra CartaMagna señala que es obligación de la Federación, estadosy municipios “extender la red de comunicaciones que per-mita la integración de las Comunidades, mediante la cons-trucción y ampliación de vías de comunicación y teleco-municación. Establecer condiciones para que lospueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir,operar y administrar medios de comunicación, en lostérminos que las leyes de la materia determinen.

Precisamente es en este párrafo donde encontramos el sus-tento constitucional para que impulsemos las reformas a laslegislaciones secundarias en materia del reconocimiento alos derechos de nuestros pueblos y comunidades indígenas.

Por ejemplo, el artículo 13 de la Ley de Radio y Televisión,párrafo segundo, establece que “las estaciones oficiales,culturales, de experimentación, escuelas radiofónicas olas que establezcan las entidades y organismos públicospara el cumplimiento de sus fines y servicios sólo re-querirán permiso”.

En ninguna parte se reconoce la existencia de las radios co-munitarias, de ahí la importancia de que en este artículo se

reconozca que las radios comunitarias, como tales sólo re-querirán del permiso respectivo, cumpliendo en todo mo-mento las disposiciones administrativas, pero sin que estoimplique poner más trabas a su reconocimiento.

Por otra parte, se propone en la presente iniciativa reformarel artículo 25 de la ley en comento, para que esta ley reco-nozca la existencia de las radios comunitarias; ya que enel actual texto se señala: “los permisos para las estacio-nes oficiales, culturales y de experimentación y paralas escuelas radiofónicas, sólo podrán otorgarse a ciu-dadanos mexicanos y entidades u organismos públicoso sociedades cuyos socios sean mexicanos. Sí se trata-ra de sociedades por acciones, éstas tendrán precisa-mente el carácter de nominativas y aquéllas quedaránobligadas a proporcionar anualmente a la Secretaríade Comunicaciones y Transportes la lista general desus socios”.

Es decir, en ningún párrafo se señala de manera textual quelas radios comunitarias puedan acceder a los permisos co-rrespondientes, pero en la práctica ello está ocurriendo, co-mo lo demuestran los últimos permisos expedidos por laSecretaría de Comunicaciones y Transportes.

Así, es fundamental adecuar nuestra legislación secundariaa otras reformas impulsadas para avanzar en el reconoci-miento pleno de los derechos de nuestros pueblos y comu-nidades indígenas. La redacción del artículo 75 de la ley encomento establece la obligación de las radiodifusoras paratransmitir en idioma español y la autorización de la secre-taría de Gobernación cuando transmitan en otros idiomas,con la correspondiente traducción.

Esta disposición es por un lado discriminante con el reco-nocimiento de la pluralidad lingüística del país y por elotro, discordante con lo que establece la Ley General deDerechos Lingüísticos, que reconoce en su artículo 4° que“las lenguas indígenas y el español son lenguas nacionalpor su origen histórico, y tienen la misma validez en suterritorio, localización y contexto en el que se hablen”.

Esta misma ley establece en su artículo 6° que “el Estadoadoptará e instrumentará las medidas necesarias paraasegurar que los medios de comunicación masiva di-fundan la realidad y la diversidad lingüística y culturalde la Nación Mexicana...”

Y más, el artículo 7° señala que “las lenguas indígenas se-rán válidas, al igual que el español, para cualquier

asunto o trámite de carácter público, así como para ac-ceder plenamente a la gestión, servicios e informaciónpública”.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta ho-norable asamblea la siguiente iniciativa de

Decreto que reforma y adiciona los artículos 13, 25 y 75de la Ley Federal de Radio y Televisión

Artículo Único.- Se reforman los artículos 13, 25 y 75 yse adiciona un párrafo al artículo 75 de la Ley Federal deRadio y Televisión, para quedar como sigue:

Artículo 13.- ...

Las estaciones comerciales requerirán concesión. Las esta-ciones oficiales, culturales, radios comunitarias, escuelasradiofónicas o las que establezcan las entidades y organis-mos públicos para el cumplimiento de sus fines y serviciossólo requerirán permiso.

Artículo 25.- Los permisos para las estaciones oficiales,culturales y de experimentación, para las radios comuni-tarias, así como para las escuelas radiofónicas, sólo po-drán otorgarse a ciudadanos mexicanos y entidades u orga-nismos públicos o sociedades cuyos socios seanmexicanos.

Artículo 75.- En sus transmisiones las estaciones radiodi-fusoras deberán hacer uso de las lenguas nacionales.

...

No requerirán autorización, pero sí traducción al espa-ñol, las transmisiones que se realicen en las lenguas na-cionales.

Transitorio

Único: Este decreto entrará en vigor al día siguiente de supublicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sufragio Efectivo. No Descalificación.

Dip. Dolores Gutiérrez Zurita (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinema-tografía.

109.- «Iniciativa que reforma diversos artículos de la LeyGeneral para la Prevención y Gestión Integral de los Re-siduos, a cargo del diputado Jorge Kahwagi Macari, delgrupo parlamentario del PVEM

Jorge Antonio Kahwagi Macari, diputado de la LIX Legis-latura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupoparlamentario del Partido Verde Ecologista de México, confundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26de la Ley Orgánica del Congreso General de los EstadosUnidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Re-glamento para el Gobierno Interior del Congreso Generalde los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a solicitar se tur-ne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Natura-les, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno dela Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Le-gislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguienteiniciativa de ley.


La presente iniciativa es en gran medida el resultado de laparticipación de diversos especialistas en los foros de con-sulta en materia ambiental convocados por la fracción par-lamentaria del Partido Verde Ecologista de México y cele-brados entre el 17 de mayo y el 12 de julio de 2004.

En las mesas de trabajo organizadas con motivo de los fo-ros de consulta, los especialistas señalaron una serie de in-consistencias y carencias en la Ley General para la Pre-vención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR),mismas que después de haber sido analizadas y ponderadaspor los diputados de esta fracción parlamentaria, se subsa-nan en la presente iniciativa.

En primer término, la definición de “residuos peligrosos”solamente considera a los suelos contaminados como resi-duos peligrosos cuando dichos suelos vayan a ser transfe-ridos a otro sitio.

Si bien es posible inferir que la intención del legislador fueque los suelos contaminados fueran tratados como residuospeligrosos para efectos de su transporte y que por tanto, du-rante este se observaran las medidas legales conducentes,dichos suelos entonces no son considerados como residuospeligrosos para otros efectos, como para su almacenamien-to, tratamiento o confinamiento.



Por lo tanto, se reforma la fracción XXXII del artículo 5para establecer que los suelos sean considerados como re-siduos peligrosos cuando estén contaminados con estos, sinimportar que vayan a ser trasladados o no.

Por otra parte y con objeto de que las entidades federativasy municipios fomenten la valorización y gestión integral delos residuos sólidos urbanos y de manejo especial, se re-forma la fracción VIII del artículo 96 para incluir a los ins-trumentos económicos como parte de las acciones que di-chas autoridades deberán llevar a cabo.

En materia de inspección y vigilancia, se incorpora en elartículo 101 de la LGPGIR la figura de la flagrancia admi-nistrativa, la cual se retoma de la Ley General de Vida Sil-vestre.

En virtud de esta figura la autoridad administrativa estaráen posibilidades -bajo determinadas circunstancias- de le-vantar actas administrativas en aquellos casos en que sor-prenda a presuntos infractores en la comisión de actos con-trarios a la ley.

De este modo se brinda a la autoridad administrativa unaherramienta que le permitirá aprovechar una oportunidad–en ocasiones única– de sancionar conductas in fraganti.

Por lo que a infracciones y sanciones administrativas se re-fiere, la presente iniciativa colma graves omisiones de laLGPGIR.

Se adiciona una fracción XXIII BIS al artículo 106 con ob-jeto de que la transmisión de inmuebles contaminados sinautorización previa sea objeto de sanción administrativa,ya que aún y cuando en el artículo 71 de la LGPGIR se es-tablece como obligación obtener dicha autorización, la ca-rencia de la misma actualmente no es motivo de sanciónadministrativa alguna.

Un gran problema de la vigente LGPGIR es que esta omi-te considerar a la multa dentro de su catálogo de sancionesadministrativas, lo que significa entonces que las violacio-nes a sus preceptos no pueden ser sancionadas mediante laimposición de multas administrativas.

Para remediar dicha situación, se adiciona una fracción I alartículo 112, estableciendo que las violaciones a laLGPGIR podrán ser sancionadas con multa de 50 a 50,000días de salario mínimo general vigente.

Asimismo y con objeto de robustecer la legalidad de la ac-tuación de la autoridad, se adiciona a la LGPGIR un ar-tículo 112 BIS en el que se establecen los montos mínimosy máximos de multa administrativa que podrán aplicarse acada una de las infracciones enumeradas en el artículo 106,lo que a su vez brinda una mayor certeza jurídica a los go-bernados.

Por último, la presente iniciativa deroga el segundo párra-fo del artículo 116 así como los artículos 117 al 123 en ra-zón de que los mismos transcriben literalmente las disposi-ciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativorelativas al recurso de revisión, cuando en el artículo 124se remite a dicho ordenamiento legal para su substancia-ción y resolución.

Por tanto, en atención a lo anteriormente expuesto el sus-crito diputado, respetuosamente somete a la consideraciónde esta H. Cámara la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman los artículos 5, fracciónXXXII, y 96, fracción VIII; se adiciona un segundo pá-rrafo al artículo 101, la fracción XXIII BIS al artículo106, la fracción I al artículo 112, recorriéndose la nu-meración de las fracciones subsecuentes, y el artículo112 BIS; y se derogan los artículos 116 segundo párra-fo, 117, 118, 119, 120, 121, 122 y 123; todos de la Ley Ge-neral para la Prevención y Gestión Integral de los Resi-duos.

Artículo Único.- Se reforman los artículos 5, fracciónXXXII, y 96, fracción VIII; se adiciona un segundo párra-fo al artículo 101, la fracción XXIII BIS al artículo 106, lafracción I al artículo 112, recorriéndose la numeración delas fracciones subsecuentes, y el artículo 112 BIS; y se de-rogan los artículos 116 segundo párrafo, 117, 118, 119,120, 121, 122 y 123; todos de la Ley General para la Pre-vención y Gestión Integral de los Residuos, para quedarcomo sigue:

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I. a XXXI [...]

XXXII. Residuos Peligrosos: Son aquellos que poseanalguna de las características de corrosividad, reactivi-dad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que con-tengan agentes infecciosos que les confieran peligrosi-dad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos

que hayan sido contaminados con estos, de conformidadcon lo que se establece en esta Ley.

XXXIII a XLV.

Artículo 96. [...]:

I. a VII. [...]

VIII. Establecer programas e instrumentos económicospara mejorar el desempeño ambiental de las cadenasproductivas que intervienen en la separación, acopio ypreparación de los residuos sólidos urbanos y de mane-jo especial para su reciclaje;

IX. a XII. [...]

Artículo 101. [...]

En aquellos casos en que los presuntos infractores sean sor-prendidos en ejecución de hechos contrarios a esta Ley o alas disposiciones que deriven de la misma, o cuando des-pués de realizarlos, sean perseguidos materialmente, ocuando alguna persona los señale como responsables de lacomisión de aquellos hechos, siempre que se encuentre enposesión de los objetos relacionados con la conducta in-fractora, el personal de la Secretaría debidamente identifi-cado como inspector deberá levantar el acta correspon-diente y asentar en ella, en forma detallada, estacircunstancia, observando en todo caso, las formalidadesprevistas para la realización de actos de inspección.

Artículo 106. De conformidad con esta Ley y su Regla-mento, serán sancionadas las personas que lleven a cabocualquiera de las siguientes actividades:

I. a XXIII. [...]

XXIII Bis. Transferir la propiedad de sitios contamina-dos con residuos peligrosos sin contar con autorizaciónde la Secretaría para ello.

XXIV. [...]

Artículo 112. Las violaciones a los preceptos de esta Ley,y disposiciones que de ella emanen serán sancionadas ad-ministrativamente por la Secretaría, con una o más de lassiguientes sanciones:

I. Multa de 50 a 50,000 días de salario mínimo generalvigente en el Distrito Federal en el momento de impo-ner la sanción;

II. Clausura temporal o definitiva, total o parcial, cuan-do:

a) [...];

b) [...], o

c) [...].

III. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas;

IV. La suspensión o revocación de las concesiones, li-cencias, permisos o autorizaciones correspondientes, y

V. La remediación de sitios contaminados.

Artículo 112 BIS. La imposición de las multas a que se re-fiere el artículo anterior de la presente Ley, se determinaráconforme a los siguientes criterios:

I. Con el equivalente de 50 a 1,000 veces de salario mí-nimo a quien cometa las infracciones señaladas en lasfracciones VII, XIV, XVII, XVIII y XXIV del artículo106 de esta Ley.

II. Con el equivalente de 200 a 10,000 veces de salariomínimo a quien cometa las infracciones señaladas en lasfracciones II, III, IX, XII, XIII, XV, XVI y XIX del ar-tículo 106 de esta Ley.

III. Con el equivalente de 500 a 20,000 veces de salariomínimo a quien cometa las infracciones señaladas en lasfracciones I, VI, VIII, X, XI, XX, XXII y XXIII del ar-tículo 106 de esta Ley.

IV. Con el equivalente de 1,000 a 50,000 veces de sala-rio mínimo a quien cometa las infracciones señaladas enlas fracciones IV, V, XXI y XXIII BIS del artículo 106de esta Ley.

Artículo 116. [...]

Artículo 117. Derogado.









Transitorio

Único: El presente decreto entrará en vigor al siguiente díade su publicación en el Diario Oficial.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara deDiputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos

Mexicanos, a los 26 días del mes de abril del 2005.— Dip. Jorge An -

tonio Kahwagi Macari (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y RecursosNaturales.

110.- «Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversasdisposiciones de la Ley Aduanera, en relación con la im-portación de automóviles usados, a cargo del diputadoHugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Hugo Rodríguez Díaz, inte-grante de esta H. LIX Legislatura, con fundamento en lodispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitu-ción Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, frac-ción II, del Reglamento Para el Gobierno Interior del Con-greso General de los Estados Unidos Mexicanos yrelativos, pone a la consideración de esta asamblea la si-guiente iniciativa con proyecto de decreto que propone lamodificación del artículo 137 Bis 1 y fracciones I y VIIIdel artículo 137 Bis 2; adición de la fracción I Bis del ar-tículo 137 Bis 2 y la f racción II del artículo 137 Bis 4 y se-

gundo párrafo del artículo 137 Bis 6 y la derogación de lasfracciones II y III del artículo 137 Bis 2 y de la fracción IIdel artículo 137 Bis 5, todos ellos de la Ley Aduanera a finque las personas de nacionalidad mexicana propietarios deautomotores tipo automóvil, comercial o camión mediano,todos ellos de característica usado, con consumo de com-bustible gasolina o diesel, con año modelo al menos diezaños anteriores al año de importación, puedan efectuar suimportación definitiva en el país, acorde a la siguiente


Primero.- El paso de automotores de cualquier tipo al te-rritorio nacional, principalmente a través de la frontera nor-te, fue un tema que se debatió de forma más que intensa alinicio de la actual administración federal. Por una parte, losindividuos que lograron hacerse de un vehículo de proce-dencia extranjera demandaban un marco jurídico que lespermitiera regularizar sus unidades a fin de poder circularen el territorio nacional sin impedimento alguno; por laotra, el gobierno federal, en un principio, argumentaba conun rotundo “no” la legalización de este tipo de vehículosargumentando que esto traería por consecuencia una dis-minución en la producción nacional del sector automotriz;además, afirmaba que “se endurecerán los controles paraeliminar la introducción al país de unidades ilegales”.

Contraria a la posición del Ejecutivo, el 27 de diciembre de2001 esta Cámara de Diputados aprobó la “Ley para la ins-cripción de vehículos de Procedencia Extranjera”, que en-tró en vigencia al día siguiente de su publicación, pero conuna vigencia de solo 120 días, esto es, hasta finales de abrilde 2002, esto es, fue una ley con vigencia temporal que ju-rídicamente ya no existe.

Sin embargo, con la aprobación de este decreto se buscódar el primer paso para la solución al problema en cuanto avehículos de procedencia extranjera, ya que en esa época seestimaba que existían entre 1.5 y 2.5 millones de vehículosque no contaban con el permiso correspondiente para cir-cularen el territorio nacional.

Segundo.- Posteriormente, el 25 de junio de 2002, en elDiario Oficial de la Federación se publicó un Decreto en elcual queda asegurada la importación de vehículos de pro-cedencia extranjera de manera definitiva al adicionarsedesde el apartado Bis 1 al apartado Bis 9 artículo 137 de laLey Aduanera, importación que se limita sólo a la FranjaFronteriza Norte y en una Región Parcial del Estado de So-nora.

Cabe señalar que en este mismo Decreto respetándose lasgarantías del sector automotriz nacional con relación a loacordado en el Tratado de Libre Comercio de América delNorte (TLCAN), se obtuvo como resultado la regulaciónde miles de automotores que son utilizados en la mayoríade los casos por la clase media o por la clase campesina pa-ra el transporte de mercancías, principalmente en el mediorural.

Tercero.- Sin embargo, el decreto del 25 de junio de 2002sólo aseguró la importación de vehículos de procedenciaextranjera, como se dijo antes, cuando los vehículos estu-vieran destinados a permanecer en la Franja FronterizaNorte y en la Región Parcial del Estado de Sonora, peropredispuso en el artículo 137 Bis 8 que a partir del año2009, la importación de autos usados a las franjas y regio-nes fronterizas antes mencionadas se realizaría acorde a lodispuesto en el apéndice 300 – A.2 del TLCAN que esta-blece en su punto 24 relativo a “vehículos usados” quenuestro país no podrá adoptar o mantener prohibiciones orestricciones de importación de vehículos originarios usa-dos provenientes de Estados Unidos de América y Canadáque a partir del 1º de enero del:

a) 2009 tengan por lo menos 10 años de antigüedad;

b) 2011 tengan por lo menos 8 años de antigüedad;

c) 2013 tengan por lo menos 6 años de antigüedad;

d) 2015 tengan por lo menos 4 años de antigüedad;

e) 2017 tengan por lo menos 2 años de antigüedad;

f) 2019 cualesquiera que sea su antigüedad

Luego, de la lectura del apéndice 300–A.2 del TLCAN en-contramos que a partir de 2009 los “candados” o limitacio-nes de importación que nuestro país puede imponer en laimportación de vehículos usados de origen y procedenciade Estados Unidos de América y Canadá irán disminuyen-do hasta que en el año 2019 los vehículos usados –de cual-quier año– de origen y procedencia de nuestros socios deAmérica del Norte podrán introducirse en nuestro país sinlimitación de año-modelo.

Cuarto.- Como se dijo antes, aún y cuando el decreto del25 de junio de 2002 otorga la opción de importación defi-nitiva de automotores usados, ésta se limita a la franja fron-teriza y a una región parcial de Sonora, situación que en el

documento publicado en el Diario Oficial de la Federacióndel 23 de marzo de 2005 por la Secretaría de Hacienda yCrédito Público como dependencia del Ejecutivo Federal yque establece las Reglas de Carácter General en Materiade Comercio Exterior para 2005 y sus anexos 1, 2, 3, 4,7, 10, 18, 21, 22, 25, 27, 28 Y 29, otorga permiso y anuen-cia en su punto 2.6.14 (página 66 de la Segunda Seccióndel Diario Oficial de la Federación del 23 de marzo de2005) y en su Artículo transitorio décimo tercero, para quese pueda efectuar a cualquier parte de nuestro país la im-portación definitiva de vehículos procedentes de nuestrossocios de América del Norte y de la Comunidad Europea,pero sólo de vehículos denominados pick-up con pesototal de vehículo y carga máxima inferior o igual a 3,200kilogramos, que tengan un año modelo menor de 10años anterior al año de importación y que además, nosean de doble rodada, limitación que deja fuera de la po-sibilidad de importar vehículos necesarios en la cosechacomo son los vehículos con capacidad de carga de hasta5,500 kilogramos o peso total del vehículo y carga máximade 8,864 kilogramos.

De lo anterior se desprende que el logro obtenido en el de-creto del 23 de marzo del 2005 se limita a la posibilidad deimportar en el país vehículos de carga que además de serúnica y exclusivamente tipo pick-up con un peso total, in-cluido el propio y el de carga que no sobrepase los 3,200kilogramos, a no ser vehículo de doble rodada, además detener un año modelo menor de 10 años anterior al año deimportación, vehículos que si bien son necesarios para lasnecesidades del campo o, en su caso, del transporte de mer-cancías por los comerciantes nacionales, queda estricta-mente limitada a camionetas pick-up, lo cual delimita laposibilidad de que los campesinos o comerciantes de nues-tro país que no tengan los ingresos suficientes para com-prar vehículos nacionales para transportar mayor carga ode mayor precio por ser nacionales o de año modelo menorde los 10 años mencionados.

Esa delimitación queda aún más restringida cuando obser-vamos como impedimento el que los vehículos sean de do-ble rodada, característica común en vehículos de carga de3,000 4,500 o 5,500 kilogramos, pesos comunes en vehí-culos de carga de cosecha o de transporte de mercancía yque se encuentran dentro del limitante de peso total delvehículo y carga máxima de 8,864 kilogramos.

En ese sentido, la reforma a la Ley Aduanera publicada enel Diario Oficial de la Federación del 25 de junio de 2002avista que los vehículos a importar solo se efectuarán en lo



que comprende la franja fronteriza del norte y una regiónparcial de Sonora, mientras que en resto del país solo estácontemplada esa posibilidad a vehículos tipo pick-up conun peso de 3,200 kilogramos incluyendo el peso del vehícu-lo y el peso de carga, limitándolo además a que no sea ve-hículo de doble rodada.

Quinto.- Luego, conociendo el suscrito el problema deltransporte de carga tanto de siembra o cosecha en los cam-pesinos como de mercancía en los comerciantes por prove-nir de un distrito que incluye municipios conocidos comorurales (Cuquío, Ixtlahuacán del Río y San Cristóbal de laBarranca, Jalisco) y un municipio como el de Zapopan queha sido absorbido por la mancha urbana de Guadalajara yen donde, al igual que en el resto del país, se necesita apo-yar a los campesinos y comerciantes para que los costos delas maniobras necesarias en la vida diaria de unos y otrosestén al alcance de sus carteras y no los perjudiquen de talmanera que vean ganancias reales y además ellos puedansentir de forma efectiva beneficios claros y ciertos, esto es,que tanto en las mesas de alimentos de sus familias comoen sus bolsillos sientan los beneficios del TLCAN, de losTratados con Europa, así como los efectos de las directri -ces macroeconómicas, de tal forma que se atienda tanto atodos los sectores productivos del país que no pueden ac-ceder a créditos para adquirir vehículos nuevos o semi nue-vos como lo son los vehículos de carga para este tipo detrabajos con capacidades específicas de arrastre, pues susingresos no son lo suficientemente considerables como pa-ra obtener una unidad nueva o semi nueva o no son consi-derados por el sector bancario como “sujetos de crédito”,recurriendo a la compra de vehículos usados que resultan,por lógica elemental, mucho más baratos que los nuevos.

Por ello el suscrito propone que se les dé opción de impor-tar definitivamente al país los vehículos que el actual artícu-lo 137 Bis 2 de la Ley Aduanera permite importar solo pa-ra la franja fronteriza y una parte parcial de Sonora, ya que,quienes provenimos de zonas de trabajo campesino y co-mercial, sabemos perfectamente que la capacidad de cargaestablecida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-co de 3,200 kilogramos incluidos peso vehículo y peso car-ga de arrastre son insuficientes, contrario a la realidad quenos indica que de tener más capacidad de rendimiento, eltrabajo resultaría más sencillo y práctico al obtener el má-ximo rendimiento de un vehículo.

Además, se propone modificar la fracción II del artículo137 Bis 4 de la misma Ley Aduanera a fin que el importa-dor esté en condiciones de importar vehículos propulsados

por motores ya sea a gasolina o a diesel, pues es conocidala ventaja que los motores a diesel otorgan a quienes trans-portan material de siembra, cosecha o mercancía en gene-ral tanto en costo por kilómetro como en costo por mante-nimiento.

Sexto.- No es por demás señalar que conforme lo marca elpunto 24, inciso a) del apéndice 300–A.2 del TLCANmencionado en el punto tercero de este documento, al au-torizar en el año 2005 la importación de vehículos que ten-gan por lo menos 10 años de antigüedad, solo se estaríaadelantando fechas ya establecidas en el TLCAN esto es, el2009 y que por no perjudicar a nuestros socios del norte, nodañarían el TLCAN y por consecuencia no darían lugar arevisión de este Tratado, en el cual lo que hoy se está pro-poniendo, será ley habida cuenta que el TLCAN fue cele-brado por el Ejecutivo con aprobación del Senado, pasan-do a ser, conforme lo marca el artículo 133 de la ConstituciónFederal, en la Ley Suprema de toda la Unión, por lo quehoy se está proponiendo pase a ser parte de la Ley Adua-nera solo es reconocer las necesidades de nuestros campe-sinos y comerciantes en sus actividades diarias y estableceruna forma de que ellos puedan hacerse de una herramientade trabajo que esté a su alcance y que pueda dar lugar a ma-yor competencia por mejorar precios en el campo y en elcomercio.

En ese sentido, el suscrito diputado federal Hugo RodríguezDíaz, integrante de esta H. LIX Legislatura, con fundamen-to en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Cons-titución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, frac-ción II del Reglamento Para el Gobierno Interior delCongreso General de los Estados Unidos Mexicanos y rela-tivos, pone a la consideración de esta Asamblea la siguiente:

Iniciativa de ley con proyecto de decreto que presenta eldiputado Hugo Rodríguez Díaz, que propone la modifi-cación del artículo 137 Bis 1, de las fracciones I y VIIIdel artículo 137 Bis 2; adición de la fracción I Bis del ar-tículo 137 Bis 2 y la fracción II del artículo 137 Bis 4 ydel segundo párrafo del artículo 137 Bis 6 y la deroga-ción de las fracciones II y III del artículo 137 Bis 2 y dela fracción II del artículo 137 Bis 5, todos ellos de la LeyAduanera, a fin que las personas de nacionalidad mexi-cana propietarios de automotores tipo automóvil, co-mercial o camión mediano, todos ellos de característicausado, con consumo de combustible gasolina o diesel,con año modelo al menos diez años anteriores al año deimportación, puedan efectuar su importación definitivaen el país, para quedar como sigue.

Artículo Único.- Se modifican los artículos 137 Bis 1, lasfracciones I y VIII del artículo 137 Bis 2; se adiciona lafracción I Bis del artículo 137 Bis 2 y la fracción II del ar-tículo 137 Bis 4 y Segundo Párrafo del artículo 137 Bis 6y la derogación de las fracciones II y III del artículo 137Bis 2 y de la fracción II del artículo 137 Bis 5, todos ellosde la Ley Aduanera, para quedar como sigue:

Artículo 137 Bis 1.- Las personas físicas o morales de na-cionalidad mexicana que sean propietarias de cualquier tipode vehículos de los señalados en el artículo 137 Bis 2 deesta ley, podrán efectuar su importación definitiva, siempreque sean procedentes de los Estados Unidos de América,Canadá o de la Comunidad Europea.

Artículo 137 Bis 2.- Para efecto del artículo anterior y delos siguientes, se entiende por:

I.- Persona Física: la persona que la ley dota de capaci-dad jurídica para contratar y obligarse con todos sus de-rechos y obligaciones;

I Bis.- Persona Moral: la definida por el artículo 25 delCódigo Civil Federal;

II.- Se deroga.

III.- Se deroga.

IV al VII.- …

VIII.- Vehículo usado: Al vehículo de diez o más año –modelo anteriores a la fecha en que se realice la impor-tación.

Artículo 137 Bis 4.- …

I.- …

II.- Camiones comerciales ligeros y medianos, propul-sados por motor de gasolina o diesel.

…


I.- …

II.- Se deroga.

III y IV.- …


Asimismo, la persona que afecte la importación de una uni-dad vehicular usada, no podrá volver a efectuar la importa-ción de otra unidad vehicular, en los términos de los artículosprecedentes, sino después de haber transcurrido un año dela primer importación y así sucesivamente, siendo aplica-bles a su comercialización las limitaciones que derivan delas disposiciones aduaneras vigentes.

Transitorio

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día si-guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fede-ración.

Segundo.- Para sus efectos, el contribuyente deberá cum-plir, en todo lo no contrario con lo dispuesto por este de-creto, con lo dispuesto por el decreto denominado Reglasde Carácter General en Materia de Comercio Exterior, queanualmente expide la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-blico.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, en la fe -cha de su presentación.— Dip. Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica).»




111.- «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposi-ciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del dipu-tado Juan Carlos Núñez Armas, del grupo parlamentariodel PAN

Los suscritos, diputados integrantes de la Comisión de Re-cursos Hidráulicos y pertenecientes al grupo parlamentariodel Partido Acción Nacional, en ejercicio de las facultadesque nos otorgan los artículos 70 y 71, fracción II, de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ycon fundamento en los artículos 55 fracción II, 62, 63 ydemás relativos y conexos del Reglamento Interior delCongreso General de los Estados Unidos Mexicanos, so-metemos a consideración de esta soberanía la iniciativa conproyecto de decreto que reforma los artículos 3 fracciónXL a), 24, 29 Bis 3, 33, 35, 113 Bis, 120, 119 fraccionesXXIII y XXIV, 121 y 122 fracción II, de la Ley de AguasNacionales vigente, bajo la siguiente


1. En el artículo 24 del ordenamiento citado se plantea quela solicitud de prórroga para las concesiones deberá pre-sentarse dentro de los últimos cinco años previos al térmi-no de la vigencia, al menos seis meses antes de su venci-miento, y que la falta de presentación de la solicitud dentrodel plazo establecido se considerará como renuncia al de-recho de solicitar la prórroga. Sin embargo, si considera-mos que el 78% de las extracciones que se realizan son deagua dulce y su uso es agropecuario, es de entenderse quela mayor parte de los usuarios son agricultores, quienesdesafortunadamente, por nuestro nivel cultural y los me-dios de comunicación existentes, no se enterarán de las dis-posiciones establecidas y por consecuencia no estaráncumpliendo con presentar su solicitud en tiempo. Ademásal no contar con el título, los usuarios agrícolas no tienenacceso a las tarifas eléctricas subsidiadas y al Procampo.

El problema, lejos de solucionarse, tiende agravarse enfunción de la gravedad en la sobreexplotación de cuencasy acuíferos y difícilmente podrán acceder a una nueva con-cesión. Pero no solamente nuestros productotes agrícolasenfrentarán este problema, también otros usuarios como in-dustriales, prestadores de servicios, y organismos operado-res tendrán que solucionar esta situación.

La iniciativa para reformar el artículo 24 propone que lasolicitud de prórroga se presente dentro de los cinco añosprevios y hasta el término de su vencimiento exclusiva-mente.

2. En el artículo 29 Bis 3 se señala que la caducidad total oparcial operará cuando se deje de explotar, usar o aprove-char alguna fuente de aguas nacionales durante dos añosconsecutivos. Encontramos que este precepto afecta consi-derablemente a las empresas ya que no pueden planear ade-cuadamente sus proyectos de crecimiento o de inversión,porque la disposición los sujeta al corto plazo. Afecta tam-bién el crecimiento de la actividad productiva al caducarlos volúmenes no utilizados que las empresas reservan pa-ra una futura expansión, y consecuentemente para la crea-ción de empleo. La reforma propuesta pretende establecercomo plazo tres años, para que opere la caducidad mencio-nada.

3. En lo que se refiere al otorgamiento de permisos provi-sionales se han venido presentando perjuicios a los usua-rios, dado que para acceder a los beneficios de varios pro-gramas establecidos por el Ejecutivo se requiere presentarel título de concesión (tarifas eléctricas subsidiadas, Pro-campo, etcétera); de la misma forma, al no poder inscribir-se en el registro público de derechos de agua se ven afec-tados sus derechos ante terceros. Al no estar registrados, sedesconocen los volúmenes extraídos y se contribuye a lasobreexplotación. Por si esto fuera poco, los permisos pro-visionales son inconstitucionales ya que el recurso sólo sepueden utilizar previa concesión. En tal sentido se propo-ne se excluya del texto de los siguientes artículos la men-ción de la posibilidad de otorgarlos, pues además de lo ex-puesto, implica el grave riesgo de perder el control en laadministración de bienes públicos cuya importancia esfundamental para nuestro país: 3 fracción XL a), 33, 113bis, 119 fracción XXIII y fracción XXIV, 122 fracción II.

4. En lo que respecta a la transmisión de derechos el artículo33 el texto vigente elimina las transmisiones temporales ypermite el uso del recurso por un tercero, mediante un avi-so a la Comisión Nacional del Agua, sin mediar la trans-misión definitiva de derechos o la modificación de las con-diciones del título. Sin embargo, la realidad nacional nosmuestra que las transmisiones temporales son práctica fre-cuente en el sector agrícola, por lo que su eliminación per-judica gravemente al sector.

Sin el título, los agricultores no tienen acceso a las tarifaseléctricas subsidiadas y al Procampo. Además, el texto vi-gente obliga a los agricultores a realizar grandes inversio-nes para extraer y transportar el recurso, o bien, a incum-plir con la ley. En tal sentido, los suscritos pretendemosestablecer la posibilidad de realizar la transmisión tempo-ral de derechos.

5. En este mismo tema en el artículo 35 prohíbe las trans-misiones de los títulos de asignación es decir, imposibilitala transmisión de derechos para el mismo uso y dada estadisposición, dificulta la operación de los organismos ope-radores que requieran de un tercero para llevar a cabo laprestación del servicio público urbano. Este es el caso delas pequeñas comunidades alejadas de los grandes centrosde población. Por otro lado, los organismos operadorespueden efectuar el cambio de uso y transmitir los títulos deasignación. Los proponentes solicitamos se adecue este ar-tículo para permitir la transmisión de los títulos de asigna-ción y establecer la prohibición directa para el cambio deuso público urbano a otro diverso.

6. En lo que respecta al artículo 120 que establece el incre-mento en multas lo consideramos excesivo debido a quepara el caso de algunas infracciones se incrementaron has-ta un 950%, y si bien la Ley de Aguas Nacionales tiene co-mo esencia vigilar la política ambiental para un crecimien-to sustentable, y en su parte sustancial establece diversasestrategias y acciones para hacer frente a la creciente de-manda de servicios de agua potable para consumo humanoy otros usos, especialmente para los grupos de mayor po-breza.

El agua es sin duda el recurso natural más importante delplaneta. En tal sentido una de las disposiciones más impor-tantes de la Ley de Aguas Nacionales se encuentra en el ar-tículo 120, relativo a las infracciones que se cometan con-tra la normatividad establecida. Las infracciones de cuentatienen el objeto de avalar el cumplimiento de la norma yante todo el abasto del vital líquido, evitando con esto sudesperdicio y contribuyendo a mejorar la cultura del cuida-do del agua y por lo tanto garantizando el manejo adecua-do del multicitado recurso.

Para responder a las previsiones contenidas en la Ley deAguas Nacionales referentes a la modernización de los sis-temas administrativos para la facturación y cobranza de losservicios de agua potable, revisión y actualización de tari-fas aplicables al consumo de este líquido, y con la idea deproteger los acuíferos del país, se establecieron medidaspunitivas que al iniciar la aplicación de la Ley de AguasNacionales, se ha observado en los diversos foros de di-vulgación de este ordenamiento, que las medidas estableci-das han causado efectos que han dañado la actividad pro-ductiva de pequeños productores, toda vez que las multasque le son impuestas son excesivas, ya que si bien es justoque se sancione a los que infrinjan la ley, también lo es quela sanción sea equitativa.

La equidad en los castigos se logra a través del estableci-miento de parámetros mínimos de sanción, en razón de quela infracción mínima que se encuentra actualmente estable-cida es de 5001 salarios mínimos vigentes, es decir, la mul-ta es equivalente a 234 mil pesos, lo que contraviene in-cluso al artículo 121.

Anexa aparece la tabla de los incrementos vigentes y lapropuesta de reforma, porque la mayoría de los usuariosestarán imposibilitados para cubrir los nuevos montos demultas, además de ocasionar un elevado incumplimientoen su pago. Por consecuencia los firmantes recomendamosque las multas se reduzcan en cuanto a los límites inferio-res de los establecidos actualmente.

7. En otro orden de ideas el artículo 121 señala la preme-ditación como nuevo elemento para calificar las infraccio-nes, pero lo cierto es que en materia administrativa escomplicado calificar la premeditación, por tratarse de la in-tención del usuario para realizar o no la conducta infracto-ra y por consecuencia proponemos eliminar la premedita-ción como requisito para calificar las infracciones.


Proyecto de decreto

Artículo 3. Para efectos de esta ley, se entenderá por:

I. a XXXIX. ...

XL. “Permisos”: para los fines de la presente Ley, exis-ten dos acepciones de permisos:

a. “Permisos”: son los que otorga el Ejecutivo Fede-ral a través de “la Comisión” o del Organismo deCuenca que corresponda, conforme a sus respectivascompetencias, para la explotación, uso o aprovecha-miento de aguas nacionales, así como para la cons-trucción de obras hidráulicas y otros de índole di-versa relacionadas con el agua y los bienesnacionales a los que se refiere el artículo 113 de lapresente ley.

b. ...

XLI. a LXVI. ...

Artículo 24. ...

Las concesiones o asignaciones en los términos del Artícu-lo 22 de esta Ley, serán objeto de prórroga hasta por igualtérmino y características del título vigente por el que se hu-bieren otorgado, siempre y cuando sus titulares no incu-rrieren en las causales de terminación previstas en la pre-sente Ley, se cumpla con lo dispuesto en el PárrafoSegundo del Artículo 22 de esta Ley y en el presente Artí -culo y lo soliciten dentro de los cinco años previos y has-ta el término de su vencimiento.

...

Artículo 29 Bis 3. La concesión o asignación para la ex-plotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales só-lo podrá extinguirse por:

I. a V. ...

VI. Caducidad parcial o total declarada por “la Autori-dad del Agua” cuando se deje total o parcialmente deexplotar, usar o aprovechar aguas nacionales durantetres años consecutivos , sin mediar causa justificada ex-plícita en la presente ley y sus reglamentos.

...

Artículo 33. Los Títulos de Concesión para la explotación,uso o aprovechamiento de aguas nacionales, legalmente vi-gentes y asentados en el “Registro Público de Derechos deAgua”, así como los permisos de descarga, podrán trans-mitirse en forma temporal o definitiva, total o parcial, conbase en las disposiciones del presente Capítulo y aquéllasadicionales que prevea la Ley y sus reglamentos.

Los títulos de concesión para la explotación, uso o aprove-chamiento de aguas nacionales, para su transmisión se su-jetarán a lo siguiente:

I. En el caso de cambio de titular, cuando no se modifi-quen las características del título de concesión, procede-rá la transmisión mediante una solicitud por escrito pre-sentada ante la unidad administrativa a que se refiere elArtículo 30 de esta Ley, quien emitirá el Acuerdo co-rrespondiente a la inscripción y comunicará la exis-tencia de dicha transmisión a “la Autoridad delAgua”;

II. a III. ...

...

Artículo 35. La transmisión de los derechos para explotarusar o aprovechar aguas del subsuelo en zonas de veda oreglamentadas, se convendrá conjuntamente con la trans-misión de la propiedad de los terrenos respectivos y en to-do caso será en forma temporal o definitiva, total o par-cial.

...

Sólo se permitirá la transmisión de los títulos de asig-nación a los organismos municipales operadores deagua potable. En ningún caso se podrá cambiar el deuso público urbano a otro diverso.

...

Artículo 113 Bis. Quedarán al cargo de “la Autoridad delAgua” los materiales pétreos localizados dentro de los cau-ces de las aguas nacionales y en sus bienes públicos inhe-rentes.

Será obligatorio contar con concesión para el aprovecha-miento de los materiales referidos, salvo que se celebreAcuerdo de Coordinación con los Estados y con la par-ticipación de los Municipios, en su caso, para que los



mismos coadyuven en el desazolve de bienes públicosinherentes, siempre que conforme a tales Acuerdos uti-licen los materiales para el cumplimiento de sus funcio-nes, ya sea directamente o a través de terceros. El títu-lo correspondiente será expedido por “la Autoridad delAgua” en un plazo que no excederá de sesenta días apartir de la solicitud, conforme a las disposiciones deesta ley y sus reglamentos.

“La Autoridad del Agua” vigilará la explotación de dichosmateriales y revisará periódicamente la vigencia y cumpli-miento de las concesiones otorgadas.

Son causas de revocación de la concesión las siguientes:

I. a X. ......

Artículo 119. “La Autoridad del Agua” sancionará confor-me a lo previsto por esta Ley, las siguientes faltas:

I. a XXII. ...

XXIII. Explotar, usar o aprovechar bienes nacionalesdeterminados en los artículos 113 y 113 Bis de esta ley,sin contar con concesión, y

XXIV. Explotar, usar o aprovechar bienes nacionalesdeterminados en los artículos 113 y 113 Bis de la pre-sente Ley, en cantidad superior o en forma distinta a loestablecido en el título de concesión.

...

Artículo 120. Las faltas a las que se refiere el Artículo an-terior serán sancionadas administrativamente por “la Auto-ridad del Agua” con multas que serán equivalentes a los si-guientes días del salario mínimo general vigente en elDistrito Federal en el momento en que se comenta la in-fracción, independientemente de las sanciones estipuladasen la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protecciónal Ambiente, Ley de Bienes Nacionales y Ley Federal deMetrología y Normalización y sus reglamentes, las NormasOficiales Mexicanas, el Código Penal Federal y demás dis-posiciones aplicables en la materia:

I. 100 a 1,500 en el caso de violación a las fraccionesX, XI, XVI y XXIV

II. 200 a 5,000 en el caso de violación a las fracciones

III, VI, XV, XXI y XXII

III. 1,000 a 5,000 en el caso de violación a las frac-ciones IV

IV. 1,000 a 20,000 en el caso de violación a las frac-ciones I, II, V, VII, VIII, XII, XIII, XVII, XIX, XX yXXIII

V. 5,000 a 20,000 en el caso de violación a las frac-ciones IX y XIV...

Artículo 121. Para sancionar las faltas a que se refiere es-te capítulo, las infracciones se calificarán conforme a:

I. a II. ...

III. Se deroga

IV. ......

Artículo 122. En los casos de las fracciones...

I. ...

II. Explotación, uso o aprovechamiento ilegal de aguasnacionales a través de infraestructura hidráulica sin con-tar con concesión o asignación que se requiera confor-me a lo previsto en la presente Ley, o en el caso de po-zos clandestinos o ilegales.

...

Dip. Juan Carlos Núñez Armas (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

112.- «Iniciativa que reforma diversos artículos de la LeyGeneral de Vida Silvestre, a cargo del diputado JorgeKahwagi Macari, del grupo parlamentario del PVEM

Jorge Antonio Kahwagi Macari, diputado de la LIX Legis-latura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupoparlamentario del Partido Verde Ecologista de México, confundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26de la Ley Orgánica del Congreso General de los EstadosUnidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Re-glamento para el Gobierno Interior del Congreso Generalde los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a solicitar se tur-ne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Natura-les, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno dela Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Le-gislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguienteiniciativa de ley.


En el periodo del 17 al 12 de julio de 2003, la fracción par-lamentaria del Partido Verde Ecologista de México convo-có, en un ciclo de foros de consulta, a una serie de exper-tos en materia ambiental, con el fin único de obtener suscomentarios acerca de las reformas necesarias al marco le-gal ambiental con el que actualmente se cuenta. En res-puesta a sus múltiples comentarios, la presente iniciativa esreflejo de la recopilación de dichas aportaciones en mate-ria de vida silvestre.

El contenido de esta iniciativa, se puede catalogar en tresáreas de reforma: en cuanto a la terminología, a los proce-dimientos administrativos y sobre multas, mismos que sondescritos a continuación:

Con la finalidad de que la legislación ambiental guarde unacoherencia terminológica entre sí, la presente iniciativa re-forma la definición de “servicios ambientales” contenidaen la fracción XLI del artículo 3 de la Ley General de Vi-da Silvestre (LGVS), para hacerla congruente con la defi-nición propuesta por diputados de esta fracción parlamen-taria en sendas iniciativas de reformas a las leyes de AguasNacionales y General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Por otra parte y en relación con aspectos procedimentales,se deroga el artículo 112 de la LGVS en razón de que éstees reiterativo de lo señalado por el artículo 163 último pá-rrafo de la LGEEPA, el cual resulta de aplicación supleto-ria.1

Por lo que a multas administrativas se refiere, se eleva elmonto mínimo de las mismas para quedar en el equivalen-te a 50 días de salario mínimo general vigente, lo cual re-sulta congruente con diversas iniciativas de reformas a lalegislación ambiental federal propuestas por diputados deesta fracción parlamentaria en las que se propone unifor-mar los montos mínimos y máximos de las multas.

Por último, la presente iniciativa adiciona la LGVS paraseñalar de forma expresa el recurso administrativo que losparticulares podrán hacer valer en contra de los actos y re-soluciones de autoridad que los afecten, así como la regu-lación que regirá su substanciación y resolución.


Decreto por el que se reforman los artículos 3, fracciónXLI, y 127, fracción I; se adiciona un artículo 131; y sederoga el artículo 112; todos de la Ley General de VidaSilvestre.

Artículo Único.- Se reforman los artículos 3, fracciónXLI, y 127, fracción I; se adiciona un artículo 131; y sederoga el artículo 112; todos de la Ley General de VidaSilvestre, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. a XL. [...]

XLI. Servicios ambientales: Los beneficios de interéssocial que se generan o se derivan de los elementos na-turales, de los ecosistemas y sus componentes y de labiodiversidad, tales como la regulación climática, laconservación de los ciclos hidrológicos y la formación,protección, recuperación y control de la erosión del sue-lo, entre otros.

XLII. a XLV. [...]


Artículo 127. La imposición de las multas a que se refiereel artículo 123 de la presente Ley, se determinará conformea los siguientes criterios:

I. Con el equivalente de 50 a 5,000 veces de salario mí-nimo a quien cometa las infracciones señaladas en las



fracciones VI, IX, X, XI, XII, XVII, XXI y XXIII delartículo 122 de la presente Ley.

[...]

Artículo 131. En contra de los actos y resoluciones de laSecretaría, los interesados afectados podrán interponer re-curso de revisión.

El recurso de revisión se tramitará y resolverá con arregloa las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecoló-gico y la Protección al Ambiente y de la Ley Federal deProcedimiento Administrativo.

Transitorio


Nota:

1 De conformidad con el artículo 104 de la LGVS, a los actos de

inspección y vigilancia le resultan aplicables de forma supletoria

las disposiciones de la LGEEPA.


Mexicanos, a los 26 días del mes de abril del 2005.— Dip. Jorge An -



113.- «Iniciativa que reforma el artículo 133 de la Cons-titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a car-go de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, delgrupo parlamentario del PRI

Diva Hadamira Gastélum Bajo, diputada federal a la LIXLegislatura del H. Congreso de la Unión, Integrante delgrupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucio-nal, con fundamento en los artículos 71, fracción II de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interiordel Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,presento a la consideración de esta honorable asamblea,iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Me-xicanos, al tenor de la siguiente


Los Derechos Humanos han sido una preocupación histó-rica de la humanidad. Su reconocimiento jurídico es pro-ducto de un largo proceso de formulación normativa queinicia desde la edad media, cuando mediante pactos, fuerosy cartas, incluida la Carta Magna Inglesa de 1215, poco apoco se fue difundiendo el reconocimiento de derechos ylibertades al pueblo inglés, hasta llegar al Bill of Rights de1689.

Posteriormente, con la declaración de derechos del estadode Virginia, en 1776 y su incorporación en la Constituciónde los Estados Unidos de América de 1787; así como conla Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y delCiudadano de 1789 y su adopción por la ConstituciónFrancesa de 1791, dicho proceso normativo entra en unaetapa que se caracteriza por el reconocimiento de tales de-rechos en las constituciones de los estados democráticos li-berales, hasta principios del siglo XX.

El periodo actual de evolución de los derechos humanos,comienza con la promulgación de la Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos, en 1917, en la cual sereivindican y consagran los derechos sociales.

En 1945, arranca el proceso de internacionalización de losderechos humanos y de su protección en el concierto de lasnaciones, proceso cuyo desarrollo no ha sido fácil. El reco-nocimiento por la comunidad internacional de que los de-rechos humanos no debían quedar sujetos a fronteras terri-toriales, raciales o culturales, ni a regímenes políticosdeterminados, y que su protección jurídica por la sociedad

internacional organizada era imprescindible, hubo de opo-nerse al arraigado principio de que el Estado ejercía com-petencia exclusiva sobre los nacionales y sus derechos, ensu jurisdicción interna.

Sin embargo, la protección jurídica internacional se dio ori-ginalmente, a través de las llamadas intervenciones humani-tarias, cuya práctica degeneró en abusos por las nacionesprotectoras, lo que dio lugar a que dicha protección se insti-tuyera a través de mecanismos establecidos vía los tratadosinternacionales que incluyen recursos, procedimientos y ór-ganos de control para hacer efectivo el cumplimiento de loscompromisos asumidos por los Estados Partes.

En consecuencia, el concepto sobre derechos humanostambién vino evolucionando. Al concepto político original,según el cual el estado debía abstenerse de intervenir en laesfera de los derechos a la protección de la vida, la libertady la seguridad e integridad física y moral de la persona hu-mana, se incorporó el de la participación de la mujer y elhombre en la conformación política de la sociedad, me-diante el ejercicio de sus derechos políticos dentro del es-tado al que pertenece, y, posteriormente, se sumaron losderechos económicos, sociales y culturales, derechos hu-manos cuyo ejercicio pleno y efectivo debe asegurar y ga-rantizar el estado moderno.

Como la gran mayoría de las constituciones modernas, lanuestra reconoce los derechos humanos en una expresiónamplia que refleja la orientación del proceso normativo desu protección en el orden internacional.

La destacada participación de México en la celebración delos instrumentos internacionales en la materia, comprome-tiéndose a promover, proteger y garantizar los derechos hu-manos en ellos reconocidos, en beneficio de quienes esta-mos bajo su jurisdicción, confirma la vocación del Estadomexicano porque la vida nacional se desarrolle en un esta-do democrático y de derecho.

Los diversos instrumentos internacionales sobre derechoshumanos, ratificados por nuestro país, contienen una seriede disposiciones que comportan verdaderas obligacionesjurídicas que debemos cumplir y realizar a través de lostres órdenes de gobierno previstos en la Constitución; obli-gaciones cuyo incumplimiento configura una violación altratado correspondiente, y una infracción del derecho in-ternacional que comprometen la responsabilidad interna-cional del Estado mexicano

Estamos obligados a respetar los derechos y libertades re-conocidos en dichos instrumentos; a adoptar las medidasnecesarias, legislativas o de otro carácter, para hacer efec-tivos tales derechos y libertades, y a garantizar el libre ypleno ejercicio de los mismos a toda persona sujeta a la ju-risdicción nacional, mediante la organización de la funciónpública para prevenir, investigar y sancionar toda violaciónde derechos humanos y procurar el restablecimiento del de-recho violado y la reparación del daño producido.

Es claro que en la adopción de medidas, las legislativas re-sultan prioritarias en razón de que la gran mayoría de lasmedidas de otra índole, corresponden a actos del poder pú-blico que se sustenten en la ley, y que es, precisamente enel derecho interno, donde debemos desarrollar y concretaren normas jurídicas las disposiciones generales de los tra-tados, cuya eficacia depende de su aplicación estricta a loscasos concretos.

Se trata de un ejercicio legislativo, tanto del orden federalcomo del local, que tienda a la armonización de la legisla-ción nacional en su conjunto, con las disposiciones de lostratados sobre derechos humanos.

Es conveniente observar que para lograr la referida armo-nización, es preciso homogeneizar los criterios legislativosempleados por los diversos congresos locales y el federal,para el tratamiento jurídico interno de los derechos huma-nos, en relación a las figuras jurídicas propias del derechocomún, en las materias civil y penal, aún cuando la com-petencia corresponda a los órganos legislativos de las enti-dades federativas conforme lo dispuesto por el artículo 124constitucional.

Esta competencia, debemos recordar, estuvo atribuidaconstitucionalmente al Congreso General, en lo relativo alos territorios federales y al Distrito Federal; posteriormen-te, cuando los territorios federales se convirtieron en esta-dos de la Federación, dicha competencia quedó circunscri-ta al Distrito Federal y, a partir de la reforma constitucionalpublicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 deagosto de 1996, el Congreso de la Unión es incompetenteen dicha materia, al facultarse a la Asamblea Legislativadel Distrito Federal, para legislar en lo civil y lo penal, enmateria del fuero común.

Asimismo, se modificó la denominación de los códigossustantivos y adjetivos de ambas ramas del derecho, paradesignarlos como códigos exclusivamente federales; no



obstante que en ellos subsisten vigentes las disposicionesrelativas al fuero común.

Es así que, si bien con el propósito de interiorizar en la le-gislación local los derechos humanos reconocidos en elplano internacional, las legislaturas de las entidades fede-rativas, en ejercicio de sus respectivas competencias, hancreado o modificado normas jurídicas civiles y penales,con una diversidad de criterios que, en mayor o menor me-dida, dificultan el cumplimiento por el Estado mexicano,de sus obligaciones derivadas de los tratados internaciona-les sobre derechos humanos.

Las iniciativas de ley presentadas en los ámbitos federal ylocal, no atienden la necesidad de legislar de manera inte-gral y con criterios homogéneos para que el producto le-gislativo redunde en la armonización de toda la legislaciónnacional, en el tratamiento de los derechos humanos.

Estamos frente a un problema para cuya solución es nece-sario establecer, constitucionalmente, un mecanismo quenos permita adoptar las medidas legislativas tendientes adesarrollar y concretar en normas jurídicas internas, los de-rechos humanos reconocidos en los tratados internaciona-les ratificados por el Estado mexicano.

Para ello, conviene observar lo dispuesto en el artículo 133,constitucional, que a la letra dice:

“Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso dela Unión que emanen de ella y todos los tratados que esténde acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren porel Presidente de la República, con aprobación del Senado,serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de ca-da Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y trata-dos, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda ha-ber en las constituciones o leyes de los estados.”

En la interpretación de dicho precepto, la Suprema Cortede Justicia de la Nación sostiene el criterio jurisprudencialde que los tratados internacionales tienen un rango norma-tivo supralegal, es decir, las normas de derecho internacio-nal tienen una jerarquía superior a las del derecho interno,pero están subordinadas a las normas constitucionales.

Conforme a esta interpretación, en la Ley Suprema de todala Unión, prevista en el artículo 133, se mantiene la supre-macía de la Constitución y se subordina jerárquicamentetanto a las leyes federales como a las constituciones y leyeslocales, al contenido de los tratados.

En virtud de que el propio precepto constitucional manda-ta que los jueces locales se arreglarán a la Constitución, lasleyes federales y los tratados internacionales, a pesar de lasdisposiciones en contrario que pueda haber en las constitu-ciones o leyes de los estados, es inexcusable que los con-gresos locales no legislen en las materias de su competen-cia, adecuando armónica e integralmente, la normativajurídica local con las disposiciones federales e internacio-nales, sobre todo en tratándose de la protección de los de-rechos humanos que son eje central y objetivo principal delestado democrático y de derecho al que aspiramos.

Por otro lado, si los tratados sobre derechos humanos soncelebrados por el Presidente de la República, como Jefe delEstado Mexicano, y con la aprobación del Senado de la Re-pública, representación de las entidades Federativas en elCongreso Federal; la tarea de desarrollar y concretar ennormas jurídicas internas, las disposiciones internacionalessobre derechos humanos, debe hacerse adecuando primero,de manera integral y armónica, las leyes federales con lodispuesto en los instrumentos internacionales; luego, loscongresos locales deberán adecuar la legislación de sucompetencia a las disposiciones internacionales y federalesen materia de derechos humanos, logrando así la integra-ción armónica de la legislación nacional con los tratados dereferencia.

Recordemos que los Códigos Civil y Penal para el DistritoFederal en materia del fuero común y para toda la Repú-blica en materia federal, ahora denominados Código CivilFederal y Código Penal Federal, mantienen vigentes lasdisposiciones relativas al fuero común que sirvieron comomarco de referencia a la mayoría de los congresos locales,para la elaboración de la legislación local en ambas mate-rias.

Finalmente, conviene también observar que las obligacio-nes del Estado mexicano derivadas de los tratados interna-cionales sobre derechos humanos, corresponden al Estadomexicano en su conjunto. Su cumplimiento es responsabi-lidad de los tres órdenes de gobierno constituidos. El in-cumplimiento de un tratado, como ya se ha señalado, im-plica la violación del mismo y una infracción al derechointernacional. No puede un estado federal como el nuestro,evadir la responsabilidad internacional inherente, argu-mentando la actuación u omisión con la que un órgano delpoder público, perteneciente a cualquiera de los órdenes degobierno, transgrede las disposiciones del instrumento in-ternacional de que se trate.

De ahí que con la presente iniciativa, propongamos adicio-nar dos párrafos al artículo 133, constitucional. El primero,para facultar al Congreso de la Unión, para que, en aras dedar cumplimiento a las referidas obligaciones del Estadomexicano, en cuanto a la adopción de las medidas legisla-tivas necesarias para hacer efectivos los derechos humanosreconocidos en los tratados internacionales, desarrolle yconcrete en normas jurídicas del derecho interno, los refe-ridos derechos internacionalmente reconocidos; el segun-do, para establecer que los órganos legislativos de las enti -dades federativas, adecuarán la legislación local a lodispuesto en los tratados internacionales y en las leyes fe-derales, en materia de derechos humanos.

Por todo lo anterior expuesto y fundado, someto a la con-sideración del honorable Congreso de la Unión, el si-guiente

Proyecto de Decreto

Único.- Se reforma el artículo 133, de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedarcomo sigue:

Artículo 133.- ...

Para la debida observancia de los dispuesto en el pá-rrafo anterior, corresponde al Congreso de la Unióndesarrollar y concretar en normas jurídicas federales,en todas las materias, las disposiciones sobre derechoshumanos contenidas en los tratados internacionales enlos que el Estado mexicano sea parte.

Las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislati-va del Distrito Federal, en ejercicio de sus respectivascompetencias, adecuarán la legislación local correspon-diente, a las disposiciones sobre derechos humanos con-tenidas en los referidos tratados internacionales y en lalegislación federal.

Transitorios

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día si-guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fe-deración.

Segundo.- El Congreso de la Unión deberá cumplir laatribución señalada en el párrafo segundo del artículo133, reformado, dentro del plazo de dos años, contadosa partir del inicio de la vigencia del presente decreto.

Tercero.- Las legislaturas de los estados y la AsambleaLegislativa del Distrito Federal, cumplirán lo estableci-do en el párrafo tercero del artículo 133, reformado,dentro del plazo de 180 días, contados a partir del ini-cio de la vigencia de los decretos que, en materia de de-rechos humanos y de acuerdo con el presente decreto,emita el Congreso de la Unión .

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2005.— Dip. DivaHadamira Gastélum Bajo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

114.- «Iniciativa que adiciona un artículo 74 Bis a la LeyGeneral de Salud, en materia de atención médica, a car-go del diputado José Javier Osorio Salcido, del grupoparlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-canos, y de los artículos 55, 56 y 62 del Reglamento parael Gobierno Interior del Congreso General de los EstadosUnidos Mexicanos, en mi calidad de diputado federal, mepermito someter a la consideración de esta honorable sobe-ranía la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona unartículo 74 Bis a la Ley General de Salud, con base en lasiguiente


El derecho a la salud esta contenido en el artículo cuartoConstitucional; dicho ordenamiento obliga a la federación,a los estados y municipios a garantizar los servicios de sa-lud de la población; para permitir el desarrollo armónico delas facultades y potencialidades de la persona humana.



Con miras a impulsar el desarrollo armónico y sano de lasfamilias mexicanas, se introdujo un tercer párrafo al artículo4 de la Constitución. Esta reforma Constitucional se publi-có en el Diario Oficial el día 3 de Febrero de 1983.

Hace apenas 21 años que fue incluido este derecho funda-mental en el texto de nuestra Carta Magna. Los objetivosprincipales que se propuso con la adición fueron los si-guientes:

• Lograr el desarrollo y bienestar físico de los mexica-nos;

• Prolongar y mejorar la calidad de vida en todos nues-tros sectores sociales, con especial atención a los gruposmás débiles y vulnerables;

• Fomentar la solidaridad y la responsabilidad entre lapoblación para la preservación de la salud;

• Brindar servicios de salud que satisfagan eficazmentelas necesidades de la población en esta materia;

• Impulsar los conocimientos científicos y técnicos parael aprovechamiento de los servicios de salud; y

• La promoción de la enseñanza e investigación científi-ca sobre la salud.

En el mismo sentido el “Protocolo Adicional de la Con-vención Americana sobre Derechos Humanos” en su artícu-lo 10, señala: que toda persona tiene derecho a la salud, en-tendiendo por esta el disfrute del más alto nivel debienestar físico, mental y social. Además, exige a los esta-dos suscriptores a reconocer el derecho a la salud como unbien publico; y a adoptar una serie de medidas que ayudena garantizar la salud de sus nacionales.

Por su naturaleza el derecho a la salud requiere de eroga-ciones por parte del Estado para garantizar su cumplimien-to; esto hace que cualquier modificación que se propongapara ampliar o elevar la calidad y los servicios de Salud seacomplicada. El Estado esta obligado a garantizar la reali-zación de este derecho, no obstante, no se puede exigir sucumplimiento más allá de los limites materiales, y de losrecursos con los que cuenta el propio Estado. Lo anteriorno ha sido obstáculo para la aprobación de una serie de ini -ciativas en materia de salud que si bien en un principio hansignificado un mayor gasto para el erario de la nación a

mediano plazo han significado grandes ahorros por haberprevenido problemas que seguramente se hubieran conver-tido en dificultades de salud pública.

La vida es el bien más preciado de la persona humana, y lasalud, es el medio para preservarla y dignificarla. La saludes definida como la ausencia de padecimientos de natura-leza biospicosocial, colaborando directamente en la calidadde vida de la persona humana. Por lo anterior, la salud es elmedio eficaz para promocionar el sano desarrollo de laspotencialidades del individuo. Actualmente, el Estado haampliado el acceso a la protección social a través del Se-guro Popular; esto ha representado un gran avance en ma-teria de salud y desarrollo social, ya que con este seguro sebeneficia a los mexicanos que no cuentan con ningún ser-vicio de seguridad social.

Las enfermedades mentales atentan contra la dignidad delas personas, quienes se ven sujetas al aislamiento social, labaja calidad de vida y el incremento de mortalidad. Estosdesórdenes son causantes de un gran costo social y econó-mico a nivel mundial.

Estadísticas de la OMS (Organización Mundial de la Sa-lud) para el año 2004 señalan que en el mundo existen 450millones de personas que en alguna etapa de su vida sonafectadas por desórdenes mentales, neurológicos o de com-portamiento y que una de cada cuatro familias tiene por lomenos un miembro afectado por un trastorno mental. Loanterior deja graves costos sociales, ya que alrededor de873 mil personas se suicidan anualmente.

La presente iniciativa tiene pretende dar respuesta a losproblemas de salud mental que viene agravándose expo-nencialmente desde hace ya varios años en la sociedad me-xicana; una actitud mental equilibrada permite afrontar demanera más eficaz el estrés de la vida cotidiana, realizar untrabajo fructífero y hacer aportaciones positivas a la comu-nidad. No obstante su importancia, los programas guberna-mentales no han puesto la atención requerida en la preven-ción de la salud mental.

Algunos desórdenes mentales y desviaciones han sido con-siderados como el producto de interrelaciones complejasentre el ambiente social y los individuos. Los países en ví-as de desarrollo enfrentan un gran rezago en materia de sa-lud, presentando altos índices de pobreza y drogadicción;variables que influyen en el aumento de los índices de sa-lud mental. En América Latina y el Caribe se calcula que

17 millones de adolescentes de 14 a 16 años sufren de al-gún trastorno psiquiátrico que amerita atención médica; yentre el 12 y 29% de menores de 14 años que padecen tras-tornos mentales.

La OPS (Organización Panamericana de la Salud) recono-ce que en América Latina no hay psiquiatras, psicólogos uotros profesionales de la salud mental suficientemente ca-pacitados para atender el número de individuos afectadosen situaciones de emergencia; tales como, desastres natu-rales, guerrillas, y otros conflictos sociales.

No es necesario que la mayoría de los problemas de saludmental reciban una atención medicalizada. Por esto, resul-ta estratégico el concepto de transferencia de tecnología, loque permitirá que el especialista actúe como multiplicador.Desde 1990, la OPS apoyó la Iniciativa para la Reestructu-ración de la Atención Psiquiátrica, a la cual se han sumadola casi totalidad de países de la Región. La Declaración deCaracas (1990) enfatiza que la atención convencional, cen-trada en el hospital psiquiátrico, no permite alcanzar losobjetivos compatibles con una atención comunitaria, des-centralizada, participativa, integral, continua y preventiva.

Las recomendaciones finales propuestas por la OPS en ma-teria de salud mental son las siguientes:

- Los gobiernos y la sociedad civil deben colocar en unlugar prioritario el tema de las consecuencias psicoso-ciales de los desastres naturales, conflictos armados yotras emergencias.

- Evitar una “psicologización” de la ayuda o una medi-calización del sufrimiento.

- Desarrollar un modelo de atención comunitaria en sa-lud mental.

- Desarrollar el trabajo de prevención, estimular los re-cursos autóctonos y reconstruir las redes sociales. Se de-be enfatizar en la eliminación o reducción de condicio-nantes y elementos estresores, a la vez que se estimulanlos factores prioritarios y de apoyo.

- Actuar sobre el comportamiento colectivo y lograr unacomprensión adecuada de la relación entre salud mentaly derechos humanos.

- Compromiso para el acompañamiento de la gente, sis-temático y desde una perspectiva humanitaria.

- Lograr que lo psicosocial se convierta en un eje trans-versal que impregne todas las actuaciones en la situa-ción de emergencia.

- Fortalecer los procesos de coordinación multisectoriale interinstitucional.

- Apoyar los procesos de formación y recalificación delpersonal.

- Promover la difusión de información y el intercambiode las experiencias y lecciones aprendidas.

En México se hace imperiosamente necesario buscar solu-ciones para atender el número creciente de disfuncionespsicológicas y enfermedades psiquiátricas. Actualmente ennuestro país la misión del Conadic (Consejo Nacional Con-tra las Adicciones) y de los Servicios de Salud Mental (Ser-same) es promover y proteger la salud de los mexicanos,mediante la definición y conducción de la política nacionalen materias de investigación, prevención, tratamiento, for-mación y desarrollo de recursos humanos para el control delas adicciones y la atención de la salud mental, con el pro-pósito de mejorar la calidad de vida individual, familiar ysocial. Durante la presente administración se creó el Pro-grama de Acción en Salud Mental (PASM), de la Secreta-ría de Salud (SSA), el cual está sustentado en el Plan Na-cional de Desarrollo (PND) y en el Programa Nacional deSalud (PNS).

A pesar de los esfuerzos anteriores y aunque se haya esti-pulado legalmente el carácter básico de la salud mental; enla práctica permanece insuficientemente considerada y co-mo ha sido señalado, constituye quizá el área de mayor re-zago del sistema de salud en nuestro país . Doctores comoFrenk, estiman que en el 2003, los trastornos neuropsiquiá-tricos ocupaban el quinto lugar como carga de enfermedadal considerar indicadores de muerte prematura y días vivi-dos con discapacidad. Cuatro de las diez enfermedadesmás discapacitantes en nuestro país, son neuropsiquiátricas(esquizofrenia, depresión, obsesión compulsión y alcoho-lismo).

Hace 35 años se inició en nuestro país el desarrollo de lasalud mental; no obstante, en las últimas décadas, no ha te-nido avances considerables ni homogéneos. Los instructi-vos nacionales de operación revelan la escasa atención quereciben los derechohabientes en padecimientos de saludmental. Para las acciones psiquiátricas del primer nivel y laspreventivas, no se prevé la contratación de profesionales de



salud mental, sólo el apoyo y la interacción de éstos conmédicos familiares y demás personal del nivel. En la con-sulta externa especializada se prevé un psiquiatra, un psi-cólogo y un trabajador social por cada 150,000 derechoha-bientes. Por lo que respecta a la “psiquiatría de enlace” - unpsiquiatra y un psicólogo por cada 372,500 derechohabien-tes. Por último se presentan ambigüedades en las reglas deoperación, ya que para las “Acciones psiquiátricas curati-vo-rehabilitatorias”, no se especifica el número de personalmédico y técnico.

Una investigación realizada por el Centro Universitario deCiencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara re-vela que los hospitales generales de zona y regionales delIMSS en Jalisco (segundo nivel de atención) cuentan con32 plazas de salud mental, mientras que los hospitales deespecialidades del CMNO y el CCSM # 1 (tercer nivel deatención) cuentan con 29 plazas. De estas plazas, psicolo-gía cuenta con 16 en segundo nivel, y con 11 en tercer ni-vel. Asimismo manifiesta que, los promedios generales depersonas atendidas en la institución, en los diferentes ser-vicios de SM, fueron de: 13.6 personas por día, 66.2 per-sonas por semana y 263 personas por mes. En particular lospsicólogos dijeron atender en promedio a 9 personas pordía, 45 por semana y 180 por mes. Obviamente estos pro-medios no dan cuenta de la gran diversidad de modalidadesde atención y sería incorrecto extraer conclusiones apresu-radas.

Las conclusiones de la investigación realizada por el doc-tor Gabriel Zárate Guerrero muestran que el trabajo hospi-talario de salud mental (segundo y tercer niveles de aten-ción) no se sustenta en una amplia base de accionespreventivas y de promoción de la salud mental. Si la insti-tución contara con un primer nivel de atención en saludmental bien desarrollado, muy probablemente los hospita-les no tendrían la enorme cantidad de demandas de aten-ción propias de los espacios comunitarios, escolares o delos centros de salud. Lo que genera una sobrecarga de tra-bajo considerable para los equipos de trabajo hospitalario;a causa de la falta de recursos humanos y a la escasa coor-dinación interinstitucional existente entre los distintos ór-ganos que se encargan de la salud mental. Por lo anterior,urge una instancia que coordine las acciones de salud men-tal con capacidad resolutiva y ejecutiva.

El PASM (Programa de Acción en Salud Mental), muestraque para el año 2000 la relevancia de la problemática de lospadecimientos mentales estriba en que se estima, que porlo menos una quinta parte de la población mexicana pade-

ce en el curso de su vida de algún trastorno mental: cuatromillones de adultos presentan depresión; medio millón pa-dece esquizofrenia, un millón de personas tiene epilepsia yla demencia la padecen el diez por ciento de los mayoresde 65 años; en una tendencia creciente de estos padeci-mientos, en los próximos diez años la demanda de servi-cios de salud mental en México constituirá una de las prin-cipales presiones para el sistema de salud.

En el 2003, el reporte del Instituto Nacional de Psiquiatría,en la encuesta nacional realizada de epidemiología psi-quiátrica para el año 2003; indica que alrededor de seis decada 20 mexicanos presentaron trastornos psiquiátricos al-guna vez en su vida, tres de cada 20 en los últimos 12 me-ses y uno de cada 20 en los últimos 30 días. Los trastornosmás frecuentes fueron los de ansiedad, seguidos por lostrastornos de uso de sustancias y los trastornos afectivos.

El impacto social de los trastornos mencionados anterior-mente ha sido la muerte de miles de mexicanos y el res-quebrajamiento del tejido social. El Programa de Acciónen Salud Mental de la Secretaría de Salud (SSA), muestraque para el año 2000; las enfermedades psiquiátricas y neu-rológicas representan en conjunto el 18% del total de AVI-SA (Causas de Pérdida de Vida Saludable). Seis de ellasestán relacionadas de alguna manera con los trastornosmentales y las adicciones, como los homicidios y la vio-lencia, accidentes de vehículos de motor, enfermedad cere-bro vascular, cirrosis hepática, demencias, consumo de al-cohol y trastornos depresivos. La depresión por sí solaafecta al 17% de la población con problemas mentales, se-guida de las enfermedades que llevan a generar lesionesautoinfringidas, con un 16%, enfermedad de Alzheimer ydemencias con un 13%, la dependencia al alcohol repre-senta el 12%, la epilepsia el 9%, la psicosis un 7%, la fár-macodependencia y estrés postraumático representan el5% cada uno de ellos y el 16% corresponde a otros padeci-mientos mentales.

El impacto económico de las enfermedades mentales estambién poco conocido en México. En el panorama epide-miológico, el Banco Mundial calcula que los padecimien-tos psiquiátricos y neurológicos contribuyen con el 12%del costo total de las enfermedades médicas y para la Or-ganización Mundial de la Salud (OMS), alcanzan el 20%;estos trastornos medidos por años de vida ajustados pordiscapacidad (AVAD), representan el 11.5% de la carga to-tal de enfermedades. Entre ellas destacan la depresión, quepor sí sola representa el 36.5% del total y el alcoholismocon 11.3%; considerando el número de adultos mayores en

nuestro país, se puede inferir que más de 10 millones demexicanos sufrirán depresión en algún momento de sus vi-das, lo que afectará de manera definitiva su desempeñoeconómico y social.

En un análisis realizado por la OMS en 1996, sobre el diag-nóstico situacional en salud mental, se detectó que cinco delas causas líderes generadoras de discapacidad en el mun-do se refieren a trastornos mentales. No obstante, la mayo-ría de estos padecimientos no causan defunciones por sí so-los, lo que si resulta altamente significativo, es ladiscapacidad que provocan las enfermedades psiquiátricas,psicológicas y neurológicas, situación que impacta fuerte-mente en la economía familiar y social.

El presupuesto que hasta ahora se ha destinado a la aten-ción de la salud mental, representa el 0.85% del presu-puesto de salud en México, cifra que es insuficiente si setoma en consideración la recomendación de la OMS, quepropone que se destine un 10 % del presupuesto total de sa-lud a la salud mental.

El Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic), ins-tancia al más alto nivel en la Secretaría de Salud con la res-ponsabilidad de fortalecer la atención a la salud mentaldentro del Sistema Nacional de Salud, busca ampliar el co-nocimiento sobre los trastornos mentales y las alternativaspara su tratamiento. El propósito es crear las bases en estaadministración para que en el año 2025, el Sistema Nacio-nal de Salud, cuente con un eficiente modelo de atención ala salud mental, basado en el primer nivel de atención, conun impacto favorable en la evolución discapacitante de laspatologías neurológicas, psicológicas y psiquiátricas, en elmarco de una política de salud amplia y participativa quese constituya en la puerta de acceso a mejores condicionesde vida para los mexicanos.1

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha manifes-tado que las necesidades crecientes de atención en saludmental, tanto actuales como en el futuro próximo, requie-ren programas de intervención creativos y científicamenteprobados, así como de la voluntad política y consenso so-cial para impulsarlos. Esas necesidades son mayores en lamedida en que se presentan situaciones de vida más adver-sas.

La importancia de elaborar y realizar adecuados programasde salud mental ha sido señalada reiteradamente por laOMS. El siete de abril de 2001, la celebración del día Mun-dial de la Salud, se dedicó a la salud mental, destacando su

importancia no sólo como problema de salud, sino tambiénpor su impacto en el desarrollo socioeconómico de las na-ciones.

Los componentes principales, propuestos por la OMS paralos programas de salud mental, que apoyan la presente ini-ciativa están dirigidos a:

1) La reestructuración de la atención psicológica y psi-quiátrica, que promueve el mejoramiento de los servi-cios psicológicos, psiquiátricos y su traslado a la comu-nidad, facilitando así su integración a la atenciónprimaria y el desarrollo de acciones dirigidas a dismi-nuir la prevalencia de los trastornos mentales.

2) La promoción de la salud mental y el desarrollo ar-mónico psicosocial de la niñez.

• Asegurar la inclusión de la salud mental en la pres-tación de todos los servicios de salud.

• Estimular acciones de promoción de la salud men-tal y el desarrollo armónico psicosocial de la niñez.

En otros países como Canadá y los Estados Unidos se hanimplementado programas de salud mental con gran éxitopara su población.

En Canadá desde 1997 se creó el HFT (Health TransitionFund) –Fondo de Transición de Salud; urgió de una siner-gia entre los gobiernos a nivel federal, provincial y territo-rial de Canadá. Dicha fundación apoyó 24 proyectos rela-cionados al tema de política de salud mental y permitió unainvestigación de los nuevos servicios de salud mental enCanadá.

Los servicios de salud mental en Canadá han sido altamen-te prestigiados; también examinaron una serie compleja deproblemas de salud mental que afectaban a distintas perso-nas provenientes de distintos medios, edades y comunida-des. Las investigaciones de los proyectos demostraron:

• Efectividad en implementar servicios de salud mentalen los centros de atención primaria

• Mejoramiento de la calidad de vida de los canadiensesque fueron atendidos.

La cobertura de salud mental en Canadá incluye programasenfocados en diversos ámbitos como el abuso de drogas y



alcohol, interacciones físicas y de salud mental, suicidios,desórdenes temperamentales, esquizofrenia, violencia yabuso.

El MHPU (Mental Health Promotion Unit) –Unidad dePromoción de Salud Mental- esta encargado de promoverla importancia de los servicios de salud mental. Tambiénexisten otras organizaciones como CAMH (Addiction andMental Health Center) Centro para las Adicciones y SaludMental.

Si comparamos el gasto per cápita en salud según la OMSen los distintos países vemos que, en el 2001, Estados Uni-dos gastó 4,887 dólares per cápita; mientras que el gastototal de salud equivalió a 13.9% del PIB. Canadá destinó elequivalente a 9.3 % de su PIB en materia de salud, mien-tras que México el 6.1%, destinando solo 544 dólares percápita. En el mismo año según la SSA (Secretaría de Sa-lud) contamos con un total de 1,177 psicólogos en contac-to con el paciente a nivel nacional. Asimismo de las 16principales causas de mortalidad hospitalaria la número 12fue por VIH, la 19 por agresiones y homicidio y las 16 porsíndrome de dependencia al alcohol.

La OMS proporciona un indicador de salud mental que serefiere al número de camas en hospitales psiquiátricos porcada 100, 00 habitantes. De los países de la Unión Europeaen el año 2002, el que cuenta con mayor número de camases Luxemburgo con 265.43, Finlandia con 250.50 e Irlan-da con 244.82. España es de los países de la Unión Euro-pea que cuenta con menos camas siendo la cifra 76.20.

Si bien, en un principio, la puesta en marcha de este pro-grama representara un gasto extraordinario para el erariode la federación, a mediano plazo esta medida preventivabeneficiara no solo a los pacientes atendidos, por este pro-grama, sino, también, a la sociedad en general; la cual nopadecerá las causas de vivir en una comunidad donde sushabitantes sufren disfunciones psico-sociales. Por si estono fuera suficiente, existirán los beneficios económicosque traerá este programa por ahorros en los diferentes sis-temas de salud que verán disminuidos de manera conside-rable sus pacientes por enfisemas pulmonares, cirrosis he-páticas, sida, y demás enfermedades.

Por lo antes expuesto propongo ante el Pleno de esta H. Cá-mara de Diputados la presente iniciativa para que todos loshospitales que integran el Sistema Nacional de Salud, desegundo y tercer nivel cuenten con servicios médicos pro-

fesionales para la atención, consulta y tratamiento de pro-blemas de carácter psicológico y psiquiátrico.

Con base en lo anterior presento la iniciativa de decretoque adiciona un artículo 74 Bis a la Ley General de Salud.

Artículo Único.- Se adiciona un artículo 74 Bis a la LeyGeneral de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 74 Bis.- los establecimientos de atención médicadel sector público y privado contarán con los servicios depsicología, para atender la salud mental de la población.

Transitorios

Primero.- El presente decreto entrará en vigor el primerode enero de 2006.

Segundo.- En un plazo no mayor de dos años, a partir dela entrada en vigor del presente decreto, las unidades hos-pitalarias de segundo y tercer nivel deberán contar con losservicio de psicología, para la atención de la población.

Tercero.- La Secretaría de Salud promoverá que los servi-cios de psicología se presten en todos los centros hospita-larios de atención primaria.

Nota:

(1) http://www.salud.gob.mx/unidades/conadic/pasm_intro.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, 28 de abril de 2005.— Dip. José

Javier Osorio Salcido (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud.

115.- «Iniciativa que reforma diversos artículos de la LeyFederal sobre Metrología y Normalización, a cargo deldiputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamenta-rio del PVEM

Jorge Antonio Kahwagi Macari, diputado de la LIX Legisla-tura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parla-mentario del Partido Verde Ecologista de México, con fun-damento en los artículos 71, fracción II, y 72 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Uni-dos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamen-to para el Gobierno Interior del Congreso General de los Es-tados Unidos Mexicanos, ocurre a solicitar se turne a laComisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para sudictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara deDiputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del ho-norable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley.


En el año de 1992 se publicó y entró en vigor la Ley Fede-ral sobre Metrología y Normalización (LFMN), estable-ciendo el sistema de normalización que nos rige actual-mente.

La expedición de la LFMN obedeció, entre otros motivos,a la suscripción del Tratado de Libre Comercio de Améri-ca del Norte, el cual exigía procedimientos transparentesen la elaboración de regulaciones técnicas para evitar queestas pudieran constituir indeseables barreras al comerciointernacional1.

La LFMN dispone las reglas para la formulación de lasnormas oficiales mexicanas, las cuales son disposicionesde naturaleza administrativa a través de las cuales el Eje-cutivo federal establece regulaciones de carácter técnico.

Una característica peculiar de las normas oficiales mexica-nas es su proceso de creación, el cual es plural al exigir laparticipación de los sectores interesados, como organiza-ciones de industriales, prestadores de servicios, comercian-tes, productores agropecuarios, forestales o pesqueros;centros de investigación científica o tecnológica, colegiosde profesionales y consumidores. Esta participación se daen el seno de los comités consultivos nacionales de norma-lización.

Si bien las normas oficiales mexicanas son disposicionesde carácter federal en virtud de emanar del Poder Ejecuti-

vo federal, muchas veces su aplicación y vigilancia sonconfiadas a las autoridades locales; ello sucede así en ma-teria ambiental en donde la Federación en ocasiones orde-na la expedición de normas oficiales mexicanas cuya apli-cación o vigilancia se delega en las autoridades locales.

Esta creciente cooperación y coordinación entre los tres ór-denes de gobierno hace indispensable que la voz de las au-toridades estatales –las que en su momento tendrán la res-ponsabilidad de aplicar o ejecutar las normas oficiales- seaescuchada y tomada en cuenta durante el proceso de for-mulación de las normas oficiales mexicanas.

Por lo anterior es que se reforma la LFMN para, en primerlugar, otorgar de forma expresa el derecho a las entidadesfederativas para formular propuestas de normas oficialesmexicanas a las dependencias de la Administración Públi-ca Federal y, en segundo lugar, garantizar la representativi-dad de dichas autoridades estatales al interior de los comi-tés consultivos nacionales de normalización, por tratarse delos órganos de integración plural facultados para la elabo-ración de normas oficiales mexicanas.

Por tanto, en atención a lo anteriormente expuesto el sus-crito diputado, respetuosamente somete a la considera-ción de esta H. Cámara la presente iniciativa con proyec-to de:

Decreto por el que se reforma el último párrafo del ar-tículo 44 y el primer párrafo del artículo 62 de la LeyFederal sobre Metrología y Normalización.

Artículo Único.- Se reforman los artículos 44 último pá-rrafo y 62 primer párrafo de la Ley Federal sobre Metrolo-gía y Normalización, para quedar como sigue:

Artículo 44.- ...

...

...

Las personas interesadas y las autoridades estatales, podránpresentar a las dependencias, propuestas de normas oficia-les mexicanas, las cuales harán la evaluación correspon-diente y en su caso, presentarán al comité respectivo el an-teproyecto de que se trate.

Artículo 62.- Los comités consultivos nacionales de nor-malización son órganos para la elaboración de normas



oficiales mexicanas y la promoción de su cumplimiento.Estarán integrados por personal técnico de las dependen-cias competentes, según la materia que corresponda al co-mité, organizaciones de industriales, prestadores de servi-cios, comerciantes, productores agropecuarios, forestales opesqueros; centros de investigación científica o tecnológi-ca, colegios de profesionales y consumidores; y represen-tantes de las autoridades estatales en aquellos casos en quela aplicación o vigilancia de la norma corresponda a estaso a sus municipios.

...

Transitorio


Notas:

1 Diario de los Debates del Senado de la República, Número 5, 6 demayo de 1992, p. 3.


Mexicanos, a los 26 días del mes de abril del 2005.— Dip. Jorge An -tonio Kahwagi Macari (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía.

116.- «Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 2 dela Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Ale-jandro Moreno Cárdenas, del grupo parlamentario delPRI

Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, diputado Federal a laLIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, in-tegrante del grupo parlamentario del Partido Revoluciona-rio Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los ar-tículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos55, fracción II, 56, 62, 63 y demás relativos y aplicables delReglamento para el Gobierno Interior del Congreso Gene-ral de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la conside-ración de esta honorable asamblea la presente iniciativacon proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículosegundo de la Ley de Coordinación Fiscal, de conformidadcon la siguiente


La iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adi-ciona el artículo segundo de la Ley de Coordinación Fiscalque se presenta, se sustenta en las siguientes consideracio-nes:

En los artículos 31, fracción IV, 73, 74, fracción IV, 117,118 y 124 de la Constitución Política de los Estados Uni-dos Mexicanos se determinan las diversas atribuciones,responsabilidades, competencias y limitaciones, que enmateria de federalismo fiscal se distribuyen entre los dis-tintos ámbitos de gobierno.

En este sentido, la Ley Fundamental dispone que el Con-greso de la Unión está facultado para establecer contribu-ciones especiales y que las entidades federativas participa-rán en el rendimiento de esta clase de contribuciones en laproporción que la ley secundaria federal determine. Ycomparten dicha calidad de contribuciones especialesaquellas que se establecen sobre el aprovechamiento y ex-plotación de los recursos naturales, dentro de los cuales seencuentran el petróleo y aquellos que se obtienen del sec-tor minero.

En lo que respecta a la participación de los estados en estaclase de rendimientos debe privar el principio de equidadfiscal. Esto significa que los recursos deben distribuirsejustamente entre las entidades federativas, atendiéndosetanto al origen de tales recursos como a las característicasy necesidades de cada estado.

En otras palabras, para que exista un verdadero federalis-mo fiscal, la repartición de estos ingresos no puede ser ca-prichosa sino que debe responder a la aplicación de crite-rios equitativos de distribución.

En última instancia con ello se busca promover el desarro-llo económico y social equilibrado de las entidades federa-tivas y de los municipios, quienes en virtud del Pacto Fe-deral ceden sus potestades tributarias a la Federación en los

términos establecidos en nuestra Carta Magna, en la Ley deCoordinación Fiscal y en la Ley de Ingresos de la Federa-ción.

En virtud de lo expuesto no se puede perder de vista queuna parte significativa de los ingresos que reciben los esta-dos que conforman la República mexicana tienen su origenen las participaciones a que se refiere el artículo segundode la Ley de Coordinación Fiscal. En esta disposición seestablece el porcentaje de los ingresos que por concepto delFondo General de Participaciones perciben las entidadesfederativas, y que actualmente está constituido por el 20por ciento de la denominada “recaudación federal partici-pable” que obtiene la federación en un ejercicio fiscal de-terminado.

Este esquema fiscal tiene su origen el primero de enero de1980, paralelamente a la entrada en vigor de la Ley del Im-puesto al Valor Agregado, mismo que sustituyó así el Im-puesto sobre Ingresos Mercantiles. Y en virtud de esta re-forma los estados suspendieron el cobro de los impuestosestatales y municipales a la industria y comercio exentosdel Impuesto sobre Ingresos Mercantiles.

Adicionalmente, también con motivo del nacimiento de lasLey de Coordinación Fiscal se abrogó la Ley de Coopera-ción del Petróleo, mediante la cual se otorgaban recursospor concepto de participación del petróleo a los estados deTamaulipas, Veracruz y Tabasco.

Cabe señalar que durante la vigencia de la Ley de Coope-ración del Petróleo, en forma por demás injustificada, in-justa y arbitraria, la autoridad hacendaria negó en los añosde 1977, 1978 y 1979, el derecho a estas participaciones alestado de Campeche, argumentando que el petróleo no seextrae del territorio de Campeche, sino de la plataformacontinental adyacente que se comprende en la zona exclu-siva de doscientas millas (por cierto paradójicamente de-nominada Sonda de Campeche). Esta desigual situacióngeneró que en 1977 el gobierno estatal iniciara el cobro deimpuestos locales a varias compañías petroleras lo que ori-ginó la promoción por parte de las mismas de múltiples de-mandas de amparo, las cuales se resolvieron a favor del es-tado de Campeche ya que la autoridad judicial consideró yestableció que toda vez que las actividades de extracción yadministrativas de las empresas petroleras, sin lugar a du-das, impactaran el la economía, nivel de vida, pesca, medioambiente y otras actividades económicas de la entidad.

La citada resolución dio origen a un acuerdo entre el Go-bierno Federal y el gobierno del estado para que Campechefuera contemplado en el Sistema Nacional de Participacio-nes a partir de 1980, sin que se hubiese restituido a Cam-peche en forma retroactiva de las percepciones que indebi-damente se le privó durante tres ejercicios, como lo exponey documenta a detalle en su libro Oro negro, injusticia pa-ra Campeche, el señor Lázaro de los Ángeles Chay Coyoc.

Cabe apuntar que la libertad y soberanía de los estados seexpresa a través de las constituciones locales, y particular-mente la del estado de Campeche establece en su artículosegundo que: “La porción del territorio nacional que co-rresponde al Estado, es la que ha sido reconocida en laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enlos convenios y en decretos relativos, así como de la zonamarítima económica exclusiva, colindante con el terri-torio del Estado”.

El subsuelo marino perteneciente al territorio de Campecheha sido y es fuente de riqueza para nuestro país, de él se haextraído la mayor parte del petróleo y actualmente generael setenta y uno por ciento del total producido en territorionacional. Sin embargo, como también ocurre a otras enti-dades federativas, la distribución de los recursos que estoha generado ha sido inequitativa, toda vez que jamás se haaplicado el principio de resarcimiento para hacer frente alos efectos colaterales de la extracción del petróleo, comoson la extinción prácticamente de la actividad camaroneray pesquera, lo que sin duda perjudica a miles de familias.

Desafortunadamente esa injusta e indebida situación conti-núa tanto para Campeche como para otros estados que tam-bién comparten la vocación petrolera, debido a los criteriosde distribución que actualmente se contemplan en el artículosegundo de la Ley de Coordinación Fiscal. Y es que concasi setecientos mil habitantes, de acuerdo al censo del año2000, Campeche recibió ese mismo año entre un 80 y un40 por ciento menos de los que recibieron otros estadosproductores de petróleo.

Para apreciar en su justa dimensión la importancia de losingresos provenientes del petróleo con relación al fondogeneral de participaciones, baste decir que en el 2004 la re-caudación federal participable fue de novecientos ochentay nueve mil cuatrocientos sesenta y cuatro millones de pe-sos y en consecuencia, según la aplicación contable de laLey de Coordinación Fiscal el monto del Fondo GeneralParticipable fue de ciento noventa y siete mil ochocientos



noventa y dos millones de pesos. Cifra que en un 74 porciento fue cubierta tan solo por el monto recaudado por elderecho sobre la extracción petrolera, que en el 2004 fue deciento cuarenta y seis mil quinientos treinta y siete millo-nes de pesos y que para el 2005 se estima en más de cin -cuenta y un mil millones de pesos.

Así las cosas, estoy convencido de la bondad de esta ini-ciativa por lo que responde a un reclamo histórico y de jus-ticia distributiva de miles de mexicanos, que además forta-lece el federalismo fiscal, aumentando los ingresos de losestados que confirman la República mexicana mediante elincremento del porcentaje del Fondo General de Participa-ciones.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a laconsideración de esta soberanía, para su discusión y, en sucaso, aprobación, la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adi-ciona el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Único.- Se reforman el párrafo primero y los in-cisos I, II y III, y se adiciona un inciso IV, al artículo 2 dela Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 2.- El Fondo General de Participaciones se cons-tituirá con el 20.3% de la recaudación federal participableque obtenga la federación en un ejercicio.

...

El Fondo General de Participaciones se distribuirá confor-me a lo siguiente:

I.- El 44.50% del mismo, en proporción directa al nú-mero de habitantes que tenga cada entidad en el ejerci-cio de que se trate.

El número de habitantes se tomará de la última infor-mación oficial que hubiera dado a conocer el InstitutoNacional de Estadística, Geografía e Informática, en elaño que se publique.

II.- El 44.50% en los términos del artículo 3° de estaLey.

III.- El 9.52% se distribuirá en proporción inversa a lasparticipaciones por habitante que tenga cada entidad, és-tas son el resultado de la suma de las participaciones a

que se refieren las fracciones I y II de este artículo en elejercicio de que se trate.

IV.- El 1.48 % restante, se distribuirá en proporcióndirecta a la extracción de petróleo entre las entidadesfederativas en cuya extensión territorial se encuen-tran los yacimientos de hidrocarburos.

Para efectos de los dispuesto en el párrafo inmediatoanterior, el término extensión territorial abarcarátanto el territorio como la plataforma continentaladyacente.

Transitorios


México, DF, a 29 de abril de 2005.— Dip. Alejandro Moreno Cárde -nas (rúbrica).»


117.- «Iniciativa con proyecto de decreto, para inscribiren letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legis-lativo de San Lázaro el nombre “Hospital General de Mé-xico”, a cargo del diputado José Javier Osorio Salcido,del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal José Javier Osorio Salcido, in-tegrante del grupo parlamentario del Partido Acción Na-cional en la LIX Legislatura; con fundamento en los artícu-los 71, fracción II, y 77 de la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos y en el artículo 55 del Regla-mento para el Gobierno Interior de Congreso General delos Estados Unidos Mexicanos, se permite proponer a estasoberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto parainscribir con letras de oro en el Muro de Honor del PalacioLegislativo de San Lázaro el nombre “Hospital General deMéxico”, con motivo del centenario de su creación; deacuerdo con la siguiente


El Hospital General de México fue inaugurado el 5 de fe-brero de 1905 por el entonces Presidente de la RepublicaGeneral Porfirio Díaz; su creación atendió a la necesidadde contar con un hospital moderno.

La idea de dotar al país con un nosocomio de punta, se con-virtió en el encargo para su construcción, mismo que que-do en manos de los arquitectos Roberto Gayol, Porfirio DíazOrtega e Ignacio de la Barra.

El hospital fue construido tomando como modelo a los hos-pitales más modernos de su época, en particular las policlí-nicas francesas, en las que los pabellones aislados evitabanlos contagios. Por ello, su ubicación, construcción, instru-mental medico, funcionamiento, y administración, presen-taron elementos novedosos, nunca antes vistos en el siste-ma de salud mexicano. Es así como dejando atrás el viejoconcepto colonial de servicios de caridad y ya en los albo-res del siglo XX, se convirtió en lo que hoy se consideracomo el primero de los hospitales de la Medicina modernamexicana.

Todo en el hospital fue concebido para su óptimo funcio-namiento; su ubicación obedeció a cuestiones higiénicas,por lo que fue construido en la entonces periferia de la Ciu-dad de México, con la finalidad de que los vientos no arras-traran los agentes infecciosos hacia los centros de pobla-ción. Como nosocomio moderno, se concibieron pabellonesaislados que contaban con la iluminación y la orientaciónidóneas para la atención de los enfermos.

El hospital contó en un principio con 64 pabellones de unoo dos pisos, separados entre sí por jardines y corredores; eltrazado fue muy similar al del Hospital Rudolf Virchow deBerlín, inaugurado en 1903. El área administrativa contabacon oficinas para el Director Médico, un museo anatomo-patológico, una biblioteca, un archivo, una sala de juntas yun área para el arsenal quirúrgico.

La cocina era muy amplia con una estufa moderna dondese cocían los alimentos al vapor, sistema muy novedoso pa-ra principios del siglo XX. Se trataba entonces de un hos-pital modelo, con protocolos de seguridad e higiene queimpusieron severas normas al respecto a los pacientes queingresaban a pabellones de infecciosos.

El Hospital General de México ha hecho innumerablesaportaciones al sistema de salud mexicano. Una de ellas

fue la institución de la carrera de enfermería. Desde antesde su inauguración se realizaron cursos de capacitación pa-ra este personal, a los que fueron invitadas de Alemania,las enfermeras Maude Dato y Gertrudis Fredrich. Ellas dic-taron el curso de ”Enfermería Básica” y a las primeras mu-jeres que los siguieron y que después se encargaron de losdiversos pabellones, se les llamó “primeras”, denomina-ción que persiste hasta la fecha para las responsables de lasáreas de enfermería de cada servicio. La fundación de laEscuela de Enfermería fue aprobada por la Dirección Ge-neral de la Beneficencia Pública el 3 de octubre de 1906.

Otra de las grandes aportaciones del Hospital General deMéxico es su labor pionera en la formación de especialis-tas médicos en México. En el período como Director delHospital (1936-1939) del ilustre médico mexicano Dr. Ig-nacio Chávez, se creó la carrera hospitalaria para ingresary ascender en ella con base en méritos profesionales y aca-démicos (fundamento y ejemplo, desde hace 70 años, de loque hoy podría considerarse como el servicio civil de ca-rrera). Al mismo tiempo se formalizaron los cursos de es-pecialización médica, estrechamente relacionados con laestructura de los servicios del hospital. La entonces Secre-taría de Salubridad y Asistencia fundada en 1943 y las ins-tituciones de educación superior, se dieron a la tarea de fo-mentar la formación de especialistas médicos, usando paraello, la infraestructura con la que contaba el Hospital Ge-neral de México y los conocimientos, y experiencia de suscuadros profesionales médicos, que eran los mejores delpaís. Las residencias hospitalarias, base de la formación denuestros médicos especialistas, nacieron en el Hospital Ge-neral de México.

En el plano asistencial, destaca la labor del Hospital Gene-ral de México desde su fundación porque es un garante dela salud del pueblo mexicano, por medio de la atención mé-dica que requiere la gente mas necesitada.

En sus más de 1,200 camas y 40 salas de operaciones, 185consultorios, 27 salas de Rayos X y 12 áreas de laborato-rios, ha atendido a millones de mexicanos, gracias a unpromedio de 750,000 consultas médicas, 30,000 interven-ciones quirúrgicas, un cuarto de millón de exámenes de la-boratorio y 120,000 exámenes de laboratorio por año, a ni-vel de los mejores hospitales del mundo.

Cubre las especialidades de alergia e inmunología; anes-tesiología; audiología y foniatría; biología molecular; car-diología; cirugía general; cirugía plástica; clínica del do-lor; dermatología, endocrinología, estomatología;



gastroenterología; genética médica, geriatría, ginecoobste-tricia; hematología; infectología; medicina física y rehabi-litación; medicina experimental; medicina genómica; me-dicina interna; neumología; neurología y neurocirugía;oftalmología; oncología, ortopedia, otorrinolaringología;patología; pediatría; radiología e imagen; urgencias y tera-pia intensiva; urología y salud mental.

Destacan entre sus labores los programas de cirugía onco-lógica y los beneficios de uno de los mejores aceleradoreslineales del país; los implantes cocleares para restablecer laaudición en pacientes totalmente sordos y los modelos deidentificación de la sordera en neonatos; las técnicas en-doscópicas para facilitar los diagnósticos; la cirugía neuro-lógica con gama kniffe y los transplantes de órganos. Losmás importantes avances médicos en todas las especialida-des están aquí al servicio de la llamada “población abier-ta”, la más desprotegida del país, que no tiene derecho deatención en las instituciones de seguridad social o posibili -dades económicas para tener acceso a la medicina privada.

Es por eso que el lema del centenario del hospital es “To-da una vida al cuidado de la vida”.

El Hospital General de México es el hospital insignia de laSecretaría de Salud y es también garante de la salud delpueblo mexicano, del que prioritariamente atiende a sus hi-jos más necesitados. Ha sido cuna de muchas especialida-des y con ellas, de varios de los Institutos Nacionales quehoy son orgullo de la Medicina de México.

De sus aulas y servicios surgieron las ideas y los primerosfundadores y directores de institutos nacionales como el deCardiología y el de Enfermedades de la Nutrición quedesarrollan ahora programas de investigación médica depunta, indispensables para salvaguardar el derecho a laprotección a la salud, garantizado en el artículo cuarto denuestra Constitución Política.

El 19 de septiembre de 1985, la ciudad de México fue sa-cudida por un terremoto que causó miles de muertos y he-ridos. El Hospital General de México sufrió daños consi-derables en sus edificios y por la perdida de más de 300vidas entre médicos, enfermeras y pacientes, por el colap-so de los edificios de ginecoobstetricia y el de la residenciade médicos.

A pesar de las dificultades, los servicios médicos, dentro delo posible, nunca se suspendieron, como tampoco se inte-rrumpieron las labores del hospital en los difíciles años de

la revolución. Todo el personal, involucrado en los objeti-vos y principios de esta noble institución, continuó pres-tando servicios en las construcciones no dañadas y en lu-gares improvisados.

El hospital fue reconstruido y desde entonces busca la for-ma para modernizar y mejorar sus instalaciones; para man-tenerse al día en la tecnología médica; para incrementar elnivel profesional de su personal; para seguir contribuyendoa formar nuevas generaciones de personal de la salud y pa-ra seguir generando con sus múltiples protocolos de inves-tigación, los mejores caminos para prevenir, curar y reha-bilitar los problemas de salud de los mexicanos.

Actualmente, en consonancia con la juventud de sus 100años y con su deseo de modernidad, tiene 108 indicadoresde gestión en áreas médica, de enseñanza, de investigación,de administración y de planeación y desarrollo de sistemas.

Por ello, como Organismo Descentralizado del GobiernoFederal desde 1995, además de contar con una certifica-ción de calidad ISO-9001-2000, ha sido reconocido por elConsejo de Salubridad General como Hospital Certificado.

El Hospital General de México es un centro de enseñanzay de práctica médica de gran relevancia. Se calcula que ensu historia, han pasado por sus aulas o servicios más de50,000 médicos en proceso de formación y muchos milesmás del extranjero, sobre todo de Centro y Sudamérica. Enél se capacitan actualmente, cada año, más de 1,100 estu-diantes de pregrado de Medicina de la UNAM, del IPN, yde varias universidades privadas y mas de 550 residentesen 30 especialidades y cientos de enfermeras y de personaltécnico y administrativo en cursos de capacitación, con elmás alto nivel clínico y técnico que existe en México.

A los programas médicos de pre y posgrado y a los de en-fermería, se suman diplomados, cursos de actualización ode capacitación, cursos gratuitos para pacientes y familia-res con objetivos de prevención, educación y promoción dela salud y la difusión de conocimientos por medio de Ce-mesatel. Se puede afirmar sin lugar a dudas, que no hayninguna otra institución hospitalaria en el país que cubramejor los propósitos de un hospital-escuela.

Además, también es uno de los principales centros de in-vestigación médica con que cuenta el país. En él, entre mu-chos otros hechos relevantes, el famoso investigador doc-tor Howard Ricketts de la Universidad de Harvard,estudió la relación entre el tabardillo (tifo) y la fiebre de

las montañas rocallosas, identificando al germen causal alque se le denominó rickettsia en su honor.

Los miembros del hospital publican anualmente un prome-dio de 80 artículos en revistas indexadas y 100 más en otrasrevistas, como producto de presentaciones en innumerablescongresos nacionales y del extranjero. Edita una revistamédica que ejemplarmente para México y para muchosotros países, tiene casi 70 años de publicación ininterrum-pida.

En el hospital hay 19 investigadores en el SNI y más de 70en el Sistema Institucional. Por ello y a pesar de no ser unainstitución dedicada a una especialidad o a una específicaárea de la Medicina, se puede considerar como una de lasmás prolíficas en el campo de la investigación médica. Es-to se refleja también en el gran número de sus miembrosque forman parte de las Academias Nacional de Medicinao Mexicana de Cirugía y a los muchos que también, porméritos institucionales y propios, las han presidido.

El Hospital General de México, es una institución que per-sigue los más nobles fines, a los cuales ha sido siempre fiel.Cada día es más firme su presencia como una de las insti-tuciones que más ha hecho por los mexicanos, por lo quemerece el reconocimiento a su larga y fructífera trayecto-ria. Ha prevenido y curado las enfermedades de miles demexicanos, ha formado personal de salud con un claro pro-pósito multiplicador, ha ensanchado el campo del conoci-miento médico con sus investigaciones y realiza cotidiana-mente una callada pero efectiva labor social.

Con motivo del centenario de la inauguración del HospitalGeneral de México, se están llevando a cabo una serie de ac-tos conmemorativos, los cuales tienen como finalidad, reco-nocer la importancia que ha tenido a lo largo del siglo XX,en el cuidado y la conservación de la salud de los mexicanos.

Por esa innegable importancia y por la enorme trascenden-cia de las acciones del Hospital General de México, solici-to respetuosamente que esta iniciativa sea acordada en elcurso del actual periodo de sesiones, toda vez que seríamuy justo y oportuno, en los festejos del centenario de suinauguración, reconocer de manera fehaciente la labor queha llevado a cabo esta noble institución al servicio y en be-neficio de la salud y el bienestar del pueblo mexicano.

Por las razones anteriormente expuestas, espero contar contodo su apoyo compañeras y compañeros legisladores, ysometo a su consideración la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto para inscribir en le-tras de oro, en el Muro de Honor del Palacio Legislati-vo de San Lázaro, el nombre del Hospital General deMéxico

Artículo Único. Inscríbase con letras de oro en el Muro deHonor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre delHospital General de México.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguien-te de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, abril de 2005.— Dip. José Javier

Osorio Salcido (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Par-lamentarias.

118.- «Iniciativa que reforma los artículos 71 y 122 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acargo del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo par-lamentario del PVEM

Jorge Antonio Kahwagi Macari, diputado de la LIX Legis-latura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupoparlamentario del Partido Verde Ecologista de México, confundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73 frac-ción de la Constitución Política de los Estados Unidos Me-xicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General delos Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y64 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se tur-ne a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dic-tamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara deDiputados de la Quincuagésima Novena Legislatura delhonorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa deley, con base a la siguiente




La construcción de un sistema federal como régimen cons-titucional de gobierno ha surgido a través de un esfuerzoarduo a lo largo de nuestra historia como nación.

La división de poderes, el respeto a la soberanía de los es-tados y la libertad del municipio, son los pilares que sus-tentan un auténtico y arraigado estado federalista; perfec-cionarlo, ha sido una aspiración constante de quienescreemos y han creído en un régimen democrático comoesencia de la legitimidad y fortalecimiento de la institucio-nes públicas.

Recientemente, sobre todo en los últimos 20 años, desde1977 a la fecha, se ha reformado la Constitución en el es-quema y equilibrio de los poderes, principalmente en loque atañe al Poder Legislativo como medio idóneo para re-ducir nuestro esquema político firmemente centralista yconcentrador del poder público

En el esquema fundamental de la división de poderes, lapotestad de dar origen, formulación y vigencia a la ley esen esencia incumbencia del Poder Legislativo. Sin embar-go, a través de la historia de México, se ha considerado queal Ejecutivo le favorece así como lo legitima el tener el de-recho de iniciativa de ley, ya que por su función adminis-trativa tiene un contacto continuo con la realidad social quele da la capacidad y el conocimiento para poder formularidóneamente una propuesta de ley. Con lo anterior, nuncase ha considerado que el Ejecutivo al tener la facultad deconcurrir en la formación de la ley, incurra en confusión deatribuciones al aplicarla.

Ahora bien, el resultado de la reforma política del DistritoFederal, publicada por decreto en el Diario Oficial del 25de octubre de 1993, elevó a la Asamblea de Representan-tes como órgano de gobierno, con facultades legislativas,que dejaron de ser meramente reglamentarias y en formaacertada le confirió legislar en lo relativo al Distrito Fede-ral en materias que le son expresamente establecidas.

Lo anterior fue un paso importante en la reforma políticadel Distrito Federal y principalmente un impulso mas paraconsolidar el espíritu republicano y la democracia mexica-na, otorgando facultades a un órgano electo popularmente.Por otra parte, esta reforma le concedió a la Asamblea Le-gislativa del Distrito Federal la facultad de presentar ini-ciativas de leyes o decretos ante el Congreso de la Unión

limitándolas, injustificadamente, a las materias relativas alDistrito Federal.

No hay justificación que sustente que la Asamblea Legis-lativa del Distrito Federal no pueda presentar iniciativasante el Congreso de la Unión en la materia que considerenecesario. Debe quedar muy claro para todos, que la pre-sente iniciativa no toca las facultades del Congreso de laUnión ni las de la Asamblea Legislativa del Distrito Fede-ral para legislar, sino que únicamente amplía la facultad pa-ra que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal puedapresentar las iniciativas de leyes o decretos ante el Congre-so de la Unión, sin seguirse limitando únicamente a las re-lativas al Distrito Federal.

En el Partido Verde Ecologista de México estamos con-vencidos de que las modificaciones que proponemos sonuna etapa mas de un proceso democrático para el DistritoFederal, que no ha concluido.

Con base en lo anterior, el diputado promovente, se permi-te someter ante el Pleno de esta soberanía, la siguiente ini-ciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman la fracción tercera delartículo 71 y el inciso ñ) de la fracción quinta de la Ba-se primera del apartado C del artículo 122, ambos de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único: por el que se reforman la fracción terce-ra del artículo 71 y el inciso ñ) de la fracción quinta de laBase primera del artículo 122, ambos de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos para quedar co-mo sigue:

Artículo 71. ...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. A las legislaturas de los estados y a la AsambleaLegislativa del Distrito Federal.

Las iniciativas presentadas por el Presidente de la Re-pública, por las legislaturas de los estados, por laAsamblea Legislativa del Distrito Federal, o por las

diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a co-misión. Las que presentaren los diputados o los senado-res, se sujetarán a los trámites que designe el Regla-mento de Debates

Artículo 122. ...

...

C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se suje-tará a las siguientes bases:

Base Primera. Respecto a la Asamblea Legislativa

Fracción I - IV ...

V. La Asamblea Legislativa en los términos del Estatu-to de Gobierno, tendrá las siguientes facultades:

Incisos a) - n) ...

ñ) Presentar iniciativas de leyes o decretos ante elCongreso de la Unión.

...

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguien-te de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de

Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos

Mexicanos, a los 28 días del mes de abril de 2005.— Dip. Jorge Anto -nio Kahwagi Macari (rúbrica).»


119.- «Iniciativa que reforma el artículo 3 de la Ley delSistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos,con objeto de homologar el horario del municipio de Ba-hía de Banderas, Nayarit, con el del municipio de PuertoVallarta, Jalisco, a cargo del diputado Raúl José MejíaGonzález, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal por el III distrito del estado deNayarit, Raúl José Mejía González, integrante del grupoparlamentario del Partido Revolucionario Institucional dela LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en elartículo 71, fracción II, de la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55,fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Inte-rior del Congreso General de los Estados Unidos Mexica-nos, me permito presentar a la consideración de esta Ho-norable Asamblea la presente iniciativa por la que sereforma el numeral II del artículo 3 de la Ley del Sistemade Horario en los Estados Unidos Mexicanos, con base enla siguiente


El huso horario es una porción del sistema de medición deltiempo que indica cuando y donde debe iniciarse el cóm-puto del tiempo en una determinada zona geográfica. Elhorario es una medida del tiempo, es de carácter general, seasigna según se define en la Ley del Sistema de Horario enlos Estados Unidos Mexicanos vigente, de acuerdo a la po-sición geográfica en que se encuentra cada entidad federa-tiva, y tiene implicaciones en las actividades económicas ysociales de la dinámica nacional.

Las zonas de husos horarios que establece la Ley del Siste-ma de Horario en los Estados Unidos Mexicanos son

La correspondiente al meridiano 90º, que da origen al ho-rario de la zona centro, y comprende la mayor parte del te-rritorio nacional.

La siguiente, atrasada una hora con respecto al Centro, co-rresponde al meridiano 105º, comprende a los estados deBaja California Sur, Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Nayarit,y se le denomina zona Pacífico.

La tercera, atrasada una hora con respecto al Pacífico y, porello, dos horas con respecto al Centro, corresponde al me-ridiano 120º y es denominada zona Noroeste, y comprendeel estado de Baja California.



Como se observa en el mapa incluido en el anexo I, la con-formación actual de las zonas aludidas no siempre está encorrespondencia precisa con los meridianos del sistema deGreenwich, y tradicionalmente se ha determinado la perte-nencia de Estados completos a las zonas horarias.

La Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Me-xicanos constituyó un avance en la consolidación de unmecanismo que establece de forma expresa los diversoshusos horarios aplicables en nuestro país, sin embargo, pa-ra el caso del municipio de Bahía de Banderas en el estadode Nayarit, encontramos como problemática que no com-parte zona horaria con el Municipio contiguo, Puerto Va -llarta, Jalisco, con el que se han desarrollado lazos econó-micos y sociales muy sólidos.

Una de las actividades económicas más trascendentes parael Estado de Nayarit es el turismo, que ha desplazado a lapesca, la agricultura y la ganadería, como principal genera-dor de ingresos.

En Nayarit, de 1994 a la fecha, la derrama económica ge-nerada por el turismo presenta un crecimiento sostenido,habiendo cuadruplicado su volumen. Del total de ingresosen este rubro, Bahía de Banderas aporta un monto superioral 45 %, y cuenta con la oferta más completa de la entidad,destacando además que su factor de ocupación hotelera esmuy alto, tal que, en 2004, sólo fue superado por Cancún.

Muchos de estos avances se han alcanzado por la confor-mación de la zona turística de los municipios de Puerto Va -llarta, en Jalisco y Bahía de Banderas, en Nayarit, dondedada su cercanía geográfica, se comparte un aeropuertoubicado en Puerto Vallarta; gran cantidad de habitantes deNayarit, diariamente se trasladan hacia el municipio conti-guo en Jalisco, debido a que en aquel lugar se encuentran,en muchos casos, sus centros laborales, educativos o deservicios; pero se presenta la problemática de que no haycoincidencia de las jornadas laborales o bancarias, ni de laamplia gama de actividades productivas, hoteleras, comer-ciales y financieras, debido a la diferencia de horarios.

Entonces, los legisladores nos percatamos de la necesidadde adecuar el instrumento jurídico, la Ley del Sistema deHorario en los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo conlas circunstancias y requerimientos propios de la región,promoviendo de esta manera su ritmo económico, así comonormas oportunas para el beneficio de su población, quie-nes en la actualidad, en la práctica, viven con dos horarios

diferentes y con la desventaja que implica el desfase de unahora en Bahía de Banderas respecto al municipio de Puer-to Vallarta.

En tal sentido, la presente iniciativa propone la siguien-te modificación a la legislación:

• Homologar el horario del municipio de Bahía de Ban-deras, Nayarit con el de Puerto Vallarta, Jalisco, que co-rresponde a la zona centro, en el meridiano 90°.

Por lo anterior expuesto, de acuerdo al marco jurídico, enmi condición de diputado federal del distrito donde se ubi-ca la región objeto de la modificación del horario, y co-rrespondiendo a las demandas de las distintas asociacionesde hoteleros, de importantes organizaciones de prestadoresde servicios turísticos, y del propio ayuntamiento de Bahíade Banderas, someto a la consideración de esta soberanía lapresente

Iniciativa que reforma el numeral II del artículo 3 de laLey del Sistema de Horario en los Estados Unidos Me-xicanos, con objeto de homologar el horario del muni-cipio de Bahía de Banderas, Nayarit, con el del munici-pio de Puerto Vallarta, Jalisco, presentada por eldiputado federal Raúl José Mejía González, del grupoparlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Único. Se reforma el numeral II del artículo 3 de la Ley delSistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, pa-ra quedar como sigue:

Artículo 3

Para el efecto de la aplicación de esta Ley, se establecendentro del territorio nacional las siguientes zonas y se re-conocen los meridianos que les correspondan:

I. ...

II. Zona Pacífico: Referida al meridiano 105 oeste y quecomprende los territorios de los estados de Baja Cali-fornia Sur, Chihuahua, Sinaloa, Sonora y Nayarit, conexcepción del municipio de Bahía de Banderas de es-ta última Entidad Federativa, que se regirá confor-me a lo establecido en el numeral I de este artículo;

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el domingo30 de octubre de 2005, a las 2:00 horas, debiendo publi-carse previamente en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Igualmente, previa publicación en el PeriódicoOficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el Go-bernador en coordinación con el Presidente del H. Ayunta-miento de Bahía de Banderas, difundirán su contenido enla demarcación municipal.

Dip. Raúl José Mejía González (rúbrica).»

Anexo I

En el siguiente gráfico puede observarse la conformaciónpresente de las zonas horarias en nuestro país, como sedefine en la legislación correspondiente; asimismo, lomeridianos respecto a la ubicación de los estados de nues-tro país.

Se turna a la Comisión de Energía.

120.- «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposi-ciones de la Ley General de Salud, en materia de tabaco,a cargo del diputado Miguel Ángel Toscano Velasco, delgrupo parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura del H.Congreso de la Unión, y en nombre del grupo parlamenta-rio del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dis-puesto por el artículo 58 del Reglamento para el GobiernoInterior del Congreso General de los Estados Unidos Me-xicanos, somete a consideración de esta soberanía la si-guiente Iniciativa con proyecto de decreto que reforma yadiciona diversos artículos de la Ley General de Salud, enmateria de tabaco, conforme a la siguiente


El hábito del tabaco se ha practicado desde siglos atrás; noobstante, es en el siglo XX y muy especialmente en la se-gunda mitad, cuando el consumo de tabaco se empezó a di-fundir de manera amplia y muy rápida a través de todo elmundo, sin respetar raza, edad, sexo, condición económicao social.1

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que enla actualidad 1,300 millones de personas en el mundo fu-man, lo que equivale al 30% de la población global; y seespera, que de continuar la tendencia, serán 1,600 millonesde gentes que fumarán para 2025.

Pese a que desde mucho tiempo atrás se empezó a advertirsobre la relación entre el consumo de tabaco y distintas en-fermedades, es al principio de la segunda mitad del sigloXX cuando se confirma la relación entre el tabaquismo yuna enfermedad mortal, con el estudio de Doll y Hill entrela relación del tabaquismo y cáncer de pulmón.2

El hábito del tabaquismo es adictivo, progresivo, crónico yfinalmente, mortal. La razón por la cual el tabaco es unproducto tan adictivo, se debe a la nicotina que contiene, yaque esta afecta el sistema nervioso central originando sen-sación de placer y activación psicomotriz afectando a casitodos los aparatos y sistemas del organismo, los cuales vandesarrollando resistencia a la nicotina, razón por la cual laspersonas aumentan su consumo.3

En la actualidad, casi 5 millones de personas mueren al añopor enfermedades causadas por el tabaco, y de acuerdo a laOMS, de continuar la tendencia del tabaquismo, se pronos-tica que 10 millones morirán anualmente para 2025.



De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud(OPS), al año mueren más de un millón de personas en La-tinoamérica y el Caribe (506,000 y 5,601, respectivamen-te) a causa del tabaco. Por lo que el tabaquismo es la razónde muerte de 1 de cada 5 latinoamericanos que fallecen.

México no es inmune a este grave problema de salud pú-blica mundial, ya que en nuestro país mueren 53 mil per-sonas al año por enfermedades relacionadas con el tabaco,lo que es equiparable a 147 muertes diarias.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones(ENA) de 2002, el 23.47% de la población mexicana entre12 y 65 años de edad fuma (26% de la urbana y 14% de larural); lo que equivale a poco más de 16 millones de habi-tantes, siendo poco más de un millón, adolescentes entre 12y 17 años.

El tabaquismo es antecedente de múltiples enfermedadesrespiratorias, cardiovasculares y distintos tipos de cáncer.El tabaco es el único producto legal que causa la muerte dela mitad de sus consumidores habituales, por lo que de los1,300 millones de fumadores que hay en el mundo, 650 mi-llones morirán de manera prematura, según la OMS. Lasenfermedades causadas por el tabaquismo causan mayornúmero de defunciones que las causadas por sida (3 millo-nes al año) ,4 alcoholismo, accidentes automovilísticos, ase-sinatos, homicidios o drogas ilícitas.

Por esas razones se dice que las enfermedades atribuiblesal consumo de tabaco son la segunda principal causa demuerte en el mundo, así como la principal causa de muer-te prevenible.

Contrario a lo que ha ido sucediendo en los países desarro-llados en donde el tabaquismo se ha mantenido constante oincluso disminuyendo, el tabaquismo ha ido aumentandocon rapidez en los países subdesarrollados, en donde se en-cuentra el 84% de los fumadores. La OMS pronostica quede los 10 millones de defunciones anuales por el tabaco pa-ra 2025, el 70% ocurrirán en los países no desarrollados,además de que el número de muertes en Latinoamérica setriplicará.

Otra tendencia alarmante del hábito de fumar, es ha ido dis-minuyendo la edad promedio en que las personas se inicianen este vicio, empezando antes de la mayoría de edad cuan-do aún son jóvenes o incluso niños. En México, la edadpromedio de inicio disminuyó de 21 años para la gente que

nació en los años treinta y cuarenta, a la edad de 13 añospara las personas que nacieron a partir de los ochenta.5

Aunado a esto, existe otra tendencia general en todo elmundo en el incremento de los fumadores del sexo feme-nino. En México, de acuerdo a la ENA, mientras que en1988 había 4 fumadores hombres por una mujer, en 2002esta relación bajó a 2 hombres por una mujer.

La razón por la que el consumo de tabaco llega a producirmúltiples enfermedades, se debe a que el humo del tabacocontiene más de 4 mil sustancias químicas, de las cualesmuchas de ellas son tóxicas (Benzopireno, 2-Naftilamina,4-Aminobifenil, Benceno, Clorhidrato de vinilo, Arsénico,Cromo y Polonio-210) o incluso carcinógenas (amoniaco,formaldehído, monóxido de carbono, nicotina, tolueno,dióxido de nitrógeno, acroleína y acetaldehído).

Aunque no existe una enfermedad específica relacionada altabaquismo, el problema es la frecuencia con que éstasocurren en las personas que consumen tabaco. El riesgo decontraer enfermedades y morir por fumar es directamenteproporcional a la cantidad de cigarrillos consumidos y alnúmero de años que se fuma.6

Estudios han concluido que el tabaquismo causa entre el 85y 90% de los cánceres de pulmón, 30% de todas las muer-tes por cáncer, del 75 al 85% de la enfermedad pulmonarobstructiva crónica (bronquitis crónica y enfisema pulmo-nar) y 30% de las muertes por enfermedad coronaria.

En México se ha estimado que el consumo del tabaco cau-sa el 90% del cáncer de pulmón, de bronquios y de tráquea;el 84% del enfisema pulmonar y bronquitis crónica; el 51%de la enfermedad cerebro vascular; y el 45% de la enfer-medad isquémica del corazón.7

Las personas fumadoras incrementan de 5 a 10 veces elriesgo de contraer cáncer del pulmón. Los hombres que fu-man, aumentan 27 veces la posibilidad de tener cáncer oraly 12 veces cáncer de laringe en comparación a aquellos queno lo hacen. Fumar causa el 30% del cáncer de páncreas ydobla el riesgo de contraer cáncer de colon. En el mundooccidental el tabaquismo es la principal causa de cáncer devejiga, siendo 2 o 3 veces más probable que lo contraigan,que aquellos que no fuman. La mortandad por problemascardiovasculares es dos veces mayor entre los fumadores yéstos tienen 45% más probabilidad de sufrir bronquitis cró-nica o enfisema que aquellas personas abstemias. Además,

fumar incrementa la probabilidad de tener osteoporosis yes responsable de una de cada 8 fracturas de cadera.

El tabaquismo provoca mal funcionamientos digestivoscomo dispepsias, úlceras, cáncer gástrico y de colon. Cau-sa también leucoplaquia, gingivitis, piorrea, cáncer de bo-ca, de labio, de lengua y laringe, deteriora los dientes ycausa mal aliento. El tabaco afecta también el metabolismode los hidratos de carbono, causando 1 de cada 4 casos dediabetes. Aumenta el nivel de colesterol y triglicéridos yfavorece el depósito de grasa intraabdominal. Provoca dis-funciones sexuales. Incrementa la formación de arrugas enla piel, además de tornarla amarilla.

El riesgo de aborto, parto prematuro y sangrados aumentaen gran proporción en las mujeres embarazadas que fumano están expuestas al humo del tabaco. Así también, afectael crecimiento del bebé, provoca menor peso al nacer e in-crementa el riesgo de fallecimiento por muerte súbita. Deacuerdo con el INER, si todas las mujeres embarazadas ennuestro país se abstuvieran de fumar durante el embarazo,se podrían prevenir 4 mil muertes de infantes al año.

Asimismo, las mujeres que fuman tienen mayores posibili -dades de contraer ciertos tipos de cáncer que las que no fu-man. Tal son los casos de cáncer de mama y cérvico-uteri-no. Además, pueden tener retraso en la concepción y sufririncluso de infertilidad.

El consumo del tabaco afecta de igual manera a los fuma-dores pasivos, que son aquellas personas que involuntaria-mente se encuentran expuestas al humo del tabaco, y por locual, se encuentran también expuestas a los mismos agen-tes tóxicos, cancerígenos y mutagénicos, provocándoles in-cluso las mismas enfermedades sufridas por los fumadores.En México, 14 millones de personas están expuestas invo-luntariamente al humo del tabaco.

El humo del tabaco ambiental está formado por dos com-ponentes principales: el componente primario que es el hu-mo que el fumador absorbe a través del cigarrillo y el com-ponente secundario que es que se genera cuando el cigarroestá haciendo combustión. El componente secundario, quees al que el fumador pasivo está expuesto, es el más conta-minante de los dos. Estudios han encontrado que analizan-do los dos tipos de humo, el humo secundario concentradosis más altas de nicotina, monóxido de carbono, bence-no y otros carcinógenos que el humo primario. Un estudiorealizado por el Instituto Nacional de Cáncer en Brasil, en-contró que el humo secundario concentra 2 veces más al-

quitrán, 4.5 veces más nicotina y 3.7 veces más monóxidode carbono que el humo que los fumadores inhalan.

De acuerdo con la OMS, la absorción involuntaria del hu-mo del tabaco en lugares cerrados afecta inmediatamente alirritar las nariz y los ojos y provocar tos, dolor de cabeza,incrementar las alergias y de la presión arterial. Incremen-ta en 30% el riesgo de contraer cáncer de pulmón y 24%más de sufrir un infarto del corazón en comparación aaquellas personas que no fuman y no están expuestas al hu-mo del tabaco.

Esto ha incidido negativamente dentro del hogar, ya quelos niños con padres fumadores se ven expuestos al airecontaminado por el humo el tabaco y por lo cual, son máspropensos a sufrir enfermedades respiratorias y del oído,asma, bronquitis y neumonía, además de contribuir a pro-blemas cardiovasculares durante la edad adulta.

Aunado al elevadísimo costo humano que el tabaquismo,se le debe agregar el costo económico que éste genera al in-cidir en las riquezas nacionales, agravando la situacióneconómica tanto de las familias, como del gobierno y delas instituciones de salud.

Esto se da por el incremento en los costos de atención mé-dica; así como porque mucha gente que fallece debido altabaquismo, lo hace durante su etapa productiva, privandoa las familias de las personas que son el sustento familiar ya la nación de su fuerza laboral. No sin dejar a un lado quelas personas enfermas a causa del tabaco ven disminuida suproductividad, debido al progreso de su enfermedad.

De acuerdo con el Banco Mundial, el consumo de tabacohace perder alrededor de 200 mil millones de dólares al añoa las naciones del mundo. Egipto estima que anualmentegasta 545 millones de dólares para tratar las enfermedadescausadas por el tabaquismo, mientras que China gasta 6mil 500 millones de dólares anuales.

En México, de acuerdo a datos presentados por el doctorJulio Frenk, secretario de Salud, el Sistema Nacional deSalud gasta anualmente 29 mil millones de pesos para pre-venir y tratar enfermedades relacionadas con el tabaco. Sitomamos en cuenta que por impuestos especiales al tabacola federación recibe unos 13 mil millones de pesos, pode-mos darnos cuenta que existe un déficit de 16 mil millonesde pesos. Déficit que es sufragado por todos los ciudadanosque pagan impuestos, fumen o no.



Es una realidad que el tabaquismo está muy relacionadocon la pobreza. Estudios demuestran que es la gente pobrela que más fuma, tanto en países desarrollados como nodesarrollados, y es la misma gente pobre la que más cargacon los efectos negativos del tabaquismo. Así, las familiasde escasos recursos desvían parte de su presupuesto (hastael 10% en algunos países de bajos ingresos) a la adquisi-ción de un producto nocivo e innecesario como es el taba-co y al tratamiento de las enfermedades que este causa; enlugar de utilizarlos en rubros realmente benéficos comoson la alimentación, la educación y la salud.

Así, ante la gran preocupación de los diversos países delmundo por la gran expansión del tabaquismo como un pro-blema de salud pública mundial, se decidió llevar a cabomedidas de índole global, tal como la magnitud del proble-ma lo requiere, pero adaptado a las distintas situaciones decada país. De esta manera, tras 3 años de intensas negocia-ciones, los países miembros de la OMS firmaron el Con-venio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) en mayodel 2003, convirtiéndose en el primer tratado internacionalde salud pública para combatir el tabaquismo.

El 27 de febrero del año en curso, después de haber sido ra-tificado por 40 países, entró en vigor el CMCT. México,como miembro de la OMS y por su obligación de salva-guardar el derecho a la salud de los ciudadanos, como loestipula el artículo 4 Constitucional, aprobó y ratificó elConvenio. Cabe destacar que nuestro país fue el primer pa-ís en América en ratificarlo, por lo que hoy se encuentra yajurídicamente vinculado a los demás países en cuanto a lasdisposiciones del tratado se refiere.

El Convenio Marco es un instrumento legal adoptado en di-versos tratados de derechos humanos y de preservación delmedio ambiente, cuyo objetivo es: “proteger a las genera-ciones presentes y futuras contra las devastadoras conse-cuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas delconsumo de tabaco y de la exposición al humo del tabaco”.

El CMCT establece una serie de medidas que si bien, no seespera que erradiquen el tabaquismo, sí se espera que locombata eficazmente. Dichas medidas están orientadas areducir la demanda y la oferta de los productos de tabaco,luchar en contra del comercio ilícito y cooperar coopera-ción científica, técnica y financieramente entre los distintosmiembros.

Cabe aclarar que ante la diversidad de opiniones e intere-ses, el Convenio Marco sólo da lineamientos generales, por

lo cual el mismo documento insta a las Partes a establecermedidas que vayan más allá de lo estipulado en el CMCT;por lo que se reconoce que el Convenio es un piso y no untecho para aplicar medidas que combatan el tabaquismo.

Uno de los principales objetivos del CMCT es la protec-ción contra la exposición pasiva al humo del tabaco, por loque en el artículo 8 las Parte reconocen “que la ciencia hademostrado inequívocamente que el consumo de tabaco yla exposición al humo de tabaco son causas de mortalidad,morbilidad y discapacidad”. Por lo que en el mismo artícu-lo se obliga a que las Partes incluyendo a sus gobiernos,lleven a cabo las acciones necesarias (legislativas, ejecuti-vas, administrativas, etcétera) para proteger a las personasde la exposición al humo del tabaco.

Dado que diversos organismos de salud han concluidoque el humo del tabaco es carcinógeno de tipo A, quequiere decir que no hay un nivel mínimo seguro de expo-sición,8 la mejor solución es la prohibición total de fumaren los lugares públicos cerrados, incluyendo las áreas la-borales.

Se ha comprobado que tal prohibición, además de protegercontra el humo del tabaco y sus efectos, hace que los fu-madores disminuyan el número de cigarros consumidosademás de incrementarse el número de intentos de abando-no.9

La prohibición de fumar en lugares públicos cerrados, yase ha implementado en varios lugares. En los Estados Uni-dos, en el estado de California y en la ciudad de NuevaYork, ya está prohibido fumar en todos los lugares públi-cos, incluso en lugares tales como restaurantes y bares. LaRepública Unida Tanzania ha prohibido también fumar enlos lugares públicos. Incluso en todo Italia desde enero deeste año, se prohibió fumar en todos los lugares públicoscerrados como son hoteles, restaurantes, antros y trenes.

La prohibición de fumar en lugares públicos es una medi-da muy controversial. Existen muchos intereses encontra-dos, sin embargo, el más afectado sería la industria tabaca-lera. En un documento interno de Phillip Morris se aseveraque “las prohibiciones totales de fumar en los lugares detrabajo, afectarán seriamente a la industria. Los fumadoresenfrentados a estas restricciones consumen entre un 11% y15% menos que el promedio, y sus tasa de abandono son84% más altas que el promedio”.10 Por esto, la industriabuscará por todos los medios que tales restricciones no seaprueben.

Un argumento comúnmente usado para echar abajo la pro-hibición de fumar en lugares cerrados es que establece quelas restricciones de fumar violan los derechos de los fuma-dores. No obstante, en abril de este año, el Cuarto TribunalColegiado en Materia Administrativa en el Distrito Federaldecretó la primera sentencia en cuanto a los derechos de losfumadores y los no fumadores. La cadena Vips trató de am-parase en contra de la Ley de Protección a los no Fumado-res del DF, argumentando que se estaban violando los de-rechos de los fumadores. Al respecto, los juecesestablecieron que el derecho a la salud de los no fumado-res está por encima del derecho de los fumadores a fumardonde ellos quieran, por lo que no consideran que se vio-len los derechos de los fumadores y negaron el amparo a lacadena Vips.

Aunque es una primera sentencia en el tema, es de gran re-levancia para el país, ya que se está asentando la primerabase por el que la ley pone por encima el derecho a la pro-tección de la salud de las personas.

Por otro lado, el artículo 11 del Convenio Marco referenteal empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco, sefundamenta el derecho que los consumidores tienen a estarinformados adecuadamente sobre los productos que consu-men, y al mismo tiempo la obligación de las empresas a in-formarles, para que de esta manera el consumidor puedaelegir concientemente entre utilizar el producto o no.

Aunque podemos decir que en México estamos a la van-guardia en cuanto a leyendas de advertencia o precautoriasque hablan sobre los efectos nocivos del tabaco, estudiosde la OMS han demostrado que los consumidores de taba-co no tienen un conocimiento real de los riesgos a los queestán expuestos por el tabaquismo. Muchas de las personasque fuman o que están pensando hacerlo tienen apenas co-nocimientos vagos de los riesgos que implica el fumar, mu-chos de ellos saben que “fumar es malo para la salud” pe-ro nada más. México no es una excepción a esta situación;así, tenemos que el 55% de los adolescentes en el DistritoFederal han fumado alguna vez, de los cuales menos de lamitad cree que les hará daño y la mayoría piensa que pue-de dejarlo cuando quiera.11

Estos datos nos pueden dar una idea de la gran falta de des-información que hay entre los mexicanos, sobre los dañosreales que puede causar el tabaquismo. El hecho que lagente crea que el tabaco no implica riesgos potenciales pa-ra su salud y que no lo consideren una adicción, es asuntoque debiera preocuparnos a todos y que debiera hacernos

trabajar en todo tipo de medidas posibles y pertinentes pa-ra luchar contra el tabaquismo.

Las leyendas precautorias o de advertencia sobre los efec-tos nocivos que puede causar el tabaquismo, son una bue-na manera para que la gente adquiera información sobre eltema y se abstenga de fumar. No obstante, y de acuerdo conel principio que dice: una imagen vale más que mil pala-bras y tal como lo establece el Convenio Marco; la inclu-sión de fotografías o imágenes en las cajetillas de tabaco esuna medida eficaz para reducir su consumo y prevenir quelos niños y jóvenes que estén pensando en iniciarse en elvicio del tabaquismo, desistan de hacerlo.

Países como Brasil y Canadá se encuentran a la vanguardiaen este aspecto. Brasil está llevando a cabo una intensacampaña antitabáquica para disuadir a sus 30 millones defumadores que se abstengan de hacerlo, al incluir en la ca-ra posterior de las cajetillas de cigarros fotos impresionan-tes de personas u órganos afectadas por el tabaquismo. Dehecho, una vez que empezaron a salir a la venta las cajeti -llas con imágenes incluidas, se incrementaron las llamadasen un 300% de una hot line que da apoyo para dejar de fu-mar.12

El Convenio Marco busca también regular la publicidad,promoción y patrocinio del tabaco. Muchos estudios handemostrado que la publicidad y la promoción del tabacoaumenta su consumo, siendo los jóvenes muy vulnerablesa la publicidad, lo cual no permite que los mensajes de ad-vertencia y de información sobre los daños causados por elconsumo de tabaco tengan los efectos deseados.13

Se realizó un estudio de 22 países comparando aquellosque tenían restricciones muy severas a la publicidad del ta-baco y aquellos con muy pocas restricciones. Se encontróque en los primeros hubo una reducción significativa en elconsumo de tabaco, mientras que en los segundo la reduc-ción fue mínimo o incluso no hubo reducción alguna. Seencontró también que los países con mayores restriccionespublicitarias fueron los que tenían menores niveles de con-sumo y tasas más altas de declinación.14

De aquí podemos deducir que no es suficiente con contro-lar la publicidad o la promoción del tabaco parcialmente,sino que se tienen que llevar a cabo las acciones necesariaspara prohibir completamente cualquiera de estas prácticaspara que los programas de educación en matera de tabacorealmente surtan efectos y las personas se abstengan decontinuar o iniciarse en el vicio del tabaquismo.



Muchas objeciones se han interpuesto ya al intento de pro-hibir la publicidad y promoción del tabaco, usando argu-mentos como la libertad de expresión y la libertad de ex-presión comercial. Es verdad que el tabaco y sus productosson productos comerciales, pero no productos comercialescomunes ya que éstos son dañinos desde la primera vez quese usan y matan hasta la mitad de sus consumidores; y portal, no debe considerarse como un producto más, sino co-mo un producto diferente y por lo tanto, darle un trata-miento diferente en todos los ámbitos.

También, se ha argumentado que, como la industria taba-calera da importantes donativos para patrocinar eventos, yaartísticos, ya deportivos; en caso de que esta práctica seprohibiera, muchos de estos eventos no podrían llevarse acabo. Sin embargo, no está de más señalar que existen mu-chos otros patrocinantes que estarían dispuestos a hacerloen sustitución de las tabacaleras.

Por otro lado, muchas son las razones para la existencia delcontrabando de tabacos labrados, especialmente en ciga-rros. Pese a que la industria tabacalera afirma que el altonivel de impuestos (precios elevados) sobre sus productoses lo que lo causa; el móvil principal para el contrabandono es el diferencial de impuestos entre países o regiones,sino el hecho de pagar o no, el impuesto. Reducir o no au-mentar los impuestos al tabaco no resolverán el problemadel contrabando. De hecho hasta recientemente, en Europa,los mayores niveles de contrabando se encontraban en paísescon niveles bajos de impuestos, como España e Italia.

Análisis han demostrado que factores como la toleranciapública, una cultura de venta en las calles, el nivel de co-rrupción nacional y la complicidad de la industria del taba-co, influyen más en el nivel de contrabando que los im-puestos per se.

De acuerdo con el Banco Mundial, la industria tabacalerase beneficia de la existencia del contrabando en distintasformas: el contrabando estimula el consumo tanto directo através de cigarros baratos en las calles, como indirectospresionando a mantener o bajar los impuestos a los ciga-rros. También, la amenaza de contrabando en cigarros ma-yoritariamente, se puede utilizar para evitar barreras co-merciales o para forzar a abrir los mercados.

Desde 1997 se han venido dando una serie de demandas einvestigaciones oficiales en todo el mundo, en los cuales seacusa a la industria de proveer los cigarros de contrabandoo de estar concientes del destino ilegal de sus productos.

Países como Canadá, Ecuador, Honduras y Belice y laUnión Europea han demandado a las principales compañí-as internacionales de tabaco por contrabando.

En el caso reciente del acuerdo al que llegaron la UniónEuropea y la empresa Phillip Morris, en el cual ésta acce-de a pagar infracciones muy altas si cigarros de sus marcasson contrabandeados adentro de la Unión Europea; la em-presa reconoce de manera implícita que organiza contra-bando y que es capaz de detenerlo.

Con el fin de combatir el comercio ilícito de los productosde tabaco, el Convenio Marco impulsa una serie de accio-nes a nivel internacional, regional y nacional. A nivel na-cional se recomiendo, poner distintivos en las cajetillas decigarros y otros tabacos labrados tales como marcas fisca-les y leyendas como “para su venta exclusiva en”, con elobjetivo de poder distinguir fácilmente los productos lega-les de los ilegales, y evitar el contrabando transfronterizo.

Adoptar toda esta serie de medidas para combatir eficaz-mente el contrabando, tendrá muchos obstáculos que com-batir. Por un lado están los intereses comerciales y econó-micos de las principales industrias tabacaleras, pues portratarse de empresas, buscan obtener las mayores utilidadesposibles.

Por su parte, los políticos y los medios de comunicación,son obstáculos para pasar las medidas legislativas necesa-rias o dar a conocer públicamente los efectos nocivos deltabaco o las acciones que realizan las tabacaleras, respecti-vamente; porque muchas veces éstos se encuentran com-prometidos con la industria por que los apoyan económica-mente para sus campañas políticas o dan grandes donativosa las empresas.

Otro argumento muy generalizado son las pérdidas econó-micas que las naciones sufrirían con las restricciones al ta-baquismo, tales como pérdida en la recaudación fiscal ypérdida de empleos especialmente de campesinos que cul-tivan la planta del tabaco. Tal sería el caso de los muchoscampesinos que viven en el Estado de Nayarit, principalproductor de tabaco en México. Sin embargo, hay que re-tomar que en nuestro país se gasta más recursos económi-cos en prevenir y tratar las enfermedades causadas por eltabaco (29 mil millones de pesos) que los impuestos que serecaudan por la venta de los productos de tabaco (13 milmillones de pesos). Además, la disminución en la deman-da de tabaco y por consiguiente, de la oferta, no es a cortoplazo sino que sería de manera gradual en varios años, a

más largo plazo, por lo que se cuenta con el tiempo nece-sario para adaptar a nuestro país a los cambios económicosque se vayan presentando.

Por toda esta serie de hechos tan alarmantes y perjudican-tes a la salud pública de México y del mundo, es que pro-pongo una serie de modificaciones a la Ley General de Sa-lud, modificaciones que van de la mano con el ConvenioMarco y cuyo objetivo principal es preservar la salud de losmillones de ciudadanos que se ven afectados directa o in-directamente por el consumo de tabaco.

Las bases mínimas para combatir el problema del taba-quismo en el mundo ya están planteadas en el ConvenioMarco, ahora depende de los gobiernos, de su sector salud,de las asociaciones civiles y de la sociedad en general enponer en práctica las herramientas con las que ya contamospara luchar en contra del tabaquismo.

Nosotros, como diputados federales, como representantesde los intereses de los ciudadanos debemos hacer a un ladolos intereses personales, los intereses de la industria taba-calera y los intereses de corto plazo; y tomar la responsa-bilidad que nos corresponde como hacedores de leyes yaprobar las medidas legislativas necesarias para combatirun grave problema de salud público tan prevenible e inne-cesario como es el tabaquismo.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, me per-mito someter a la consideración de esta soberanía, la si-guiente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adi-ciona diversos artículos de la Ley General de Salud, enmateria de tabaco, del diputado Miguel Ángel ToscanoVelasco

Artículo Único. Se reforman los artículos 190, primer pá-rrafo; 277, tercer párrafo; 277 Bis; 301; 308, primer y pe-núltimo párrafos; 308 Bis; 309; 309 Bis; y 421. Se adicio-nan los artículos 188, con las fracciones III y IV; 189, conlas fracciones III, IV y V; 190, con cinco fracciones; 190Bis; 276, con las fracciones IV, V, VI y VII y un antepe-núltimo párrafo; 276 Bis; 309 Bis 1; y 421 Bis.

Título Décimo PrimeroPrograma contra las Adicciones

...

Capítulo IIIPrograma contra el Tabaquismo

Artículo 188

...

III. Preservar el derecho de las personas no fumado-ras a no estar expuestas al humo del tabaco en los si-tios cerrados a los que se refiere el artículo 277 Bis deesta ley; y

IV. La orientación a la población para que se absten-ga de fumar, especialmente orientado a menores deedad.

Artículo 189

...

III. La promoción de la salud, que considerará eldesarrollo de actitudes y conductas que favorezcanestilos de vida saludables en la familia, el trabajo y lacomunidad;

IV. La detección temprana del fumador; y

V. La promoción de espacios libres de humo de taba-co.

Artículo 190

En el marco del Sistema Nacional de Salud, la Secretaríade Salud coordinará las acciones que se desarrollen contrael tabaquismo, debiendo cubrir como mínimo las si-guientes:

I. Desarrollará acciones permanentes para disuadiry evitar el consumo de tabaco por parte de niños yadolescentes;

II. Promoverá y organizará servicios de orientacióny atención para las personas que lo deseen, puedanabandonar el hábito;

III. Minimizar los riesgos y daños causados por elconsumo de tabaco;

IV. Abatir los padecimientos asociados al consumode tabaco; y



V. Atender y rehabilitar a quienes tengan alguna en-fermedad atribuible al consumo de tabaco.

...

Artículo 190 Bis

La Secretaría de Salud realizará y coordinará las in-vestigaciones sobre el tabaquismo, en las que conside-rará:

I. Sus causas, que comprenderá, entre otros:

a) La magnitud, características, tendencias y al-cances del problema; y

b) Los contextos socioculturales del consumo.

II. El estudio de las acciones para controlarlo, quecomprenderá, entre otros:

a) El conocimiento de los riesgos para la saludasociados al consumo de tabaco y a la exposicióndel humo de tabaco;

b) La valoración de las medidas de prevención ytratamiento; y

c) La información sobre:

1. La dinámica del problema del tabaquismo;

2. La prevalencia del consumo de tabaco;

3. Las necesidades y recursos disponibles pararealizar las acciones de prevención y control delconsumo de tabaco;

4. El cumplimiento de la regulación sanitaria enla materia; y

5. El impacto económico del tabaquismo.

Capítulo XITabaco

...

Artículo 276...

IV. Fumar causa cáncer de boca y pérdida de losdientes;

V. Fumar es causa de cáncer de laringe;

VI. Niños de padres fumadores padecen más asma,neumonía, sinusitis y alergias;

VII. Fumar es causa de impotencia sexual; y

VIII. Cualquier otra leyenda autorizada por la Se-cretaría de Salud.

...

Asimismo, en las etiquetas de los empaques y envasesen que se expenda o suministre tabaco, además de lasleyendas de advertencias escritas, contendrán fotogra-fías o imágenes a color que muestren los efectos nocivoscausados por el consumo de tabaco.

Las leyendas e imágenes deberán abarcar al menos el50% de la superficie total de la cajetilla, empaque o en-vase en que se venda el tabaco.

...

Artículo 276 Bis

En todos los empaques y envases en que se expenda osuministre tabaco al menudeo o al por mayor en el in-terior de los Estados Unidos Mexicanos, deberá figurarla declaración: “Para su venta exclusiva en México”.

Artículo 277...

No se venderán o distribuirán productos de tabaco en far-macias, boticas, hospitales, centros de salud, ni escuelasde nivel preescolar hasta bachillerato o preparatoria.

Artículo 277 Bis

En los Estados Unidos Mexicanos, queda prohibida lapráctica de fumar en los siguientes lugares, mismos enlos que se fijarán en el interior y exterior letreros, logo-tipos o emblemas que establezca la Secretaría de Saludy que indiquen la prohibición de fumar:

I. En los lugares públicos cerrados;

II. En los edificios públicos propiedad de la Federa-ción, de los Estados y Municipios, ya sean del domi-nio público o privado. En los edificios que alberguenoficinas o dependencias de la Federación, así comode su organismos públicos autónomos de orden Fe-deral o local. En los edificios en los que se prestenservicios públicos de carácter federal y en cualquierotro edificio en el que se presten servicios públicosfederales por las instituciones públicas o por los par-ticulares;

III. En las áreas cerradas de los centros de trabajo,salvo que tengan extractores de aire y/o sistemas dereciclamiento de aire puro y estén autorizados por laSecretaría de Salud;

IV. En hospitales, clínicas, centros de salud, centrosde atención médica públicas, privados o sociales ycualquier otra institución médica;

V. En unidades destinadas al cuidado y atención debebés, niños y adolescentes, personas de la terceraedad y personas con capacidades diferentes;

VI. En centros de educación inicial hasta bachillera-to o preparatoria;

VII. En bibliotecas, hemerotecas y museos;

VIII. En los medios de transporte público escolar, depasajeros o de personal;

IX. En los elevadores de cualquier edificio;

X. En las áreas cerradas de instalaciones deportivas; y

XI. En cualquier otro lugar que en forma expresa de-termine la Secretaría de Salud, las entidades federa-tivas y los municipios en su ámbito de competencia.

La Secretaría de Salud en su caso y los gobiernos delas entidades federativas, establecerán las disposicio-nes reglamentarias correspondientes.

Título Décimo TerceroPublicidad

Capítulo Único

Artículo 301

Será objeto de autorización por parte de la Secretaría deSalud, la publicidad que se realice sobre la existencia, cali-dad y características, así como para promover el uso, ven-ta o consumo en forma directa o indirecta de los insumospara la salud y las bebidas alcohólicas, así como los pro-ductos y servicios que se determinen en el reglamento deesta ley en materia de publicidad.

Artículo 308

La publicidad de bebidas alcohólicas deberá ajustarse a lossiguientes requisitos:

...

La Secretaría de Salud podrá dispensar el requisito previs-to en la fracción VIII del presente artículo, cuando en elpropio mensaje y en igualdad de circunstancias, calidad,impacto y duración, se promueva la moderación en el con-sumo de bebidas alcohólicas, así como advierta contra losdaños a la salud que ocasionan el abuso en el consumo debebidas alcohólicas.

...

Artículo 308 Bis

Queda prohibida toda publicidad del tabaco, sin distin-ción del tipo ni de los medios en los que ésta se presen-te.

Artículo 309

Los horarios en los que las estaciones de radio y televisióny las salas de exhibición cinematográfica podrán transmitiro proyectar, según el caso, publicidad de bebidas alcohóli-cas, se ajustarán a lo que establezcan las disposiciones ge-nerales aplicables.

Artículo 309 Bis

Queda prohibido a la industria tabacalera el patrociniodirecto o indirecto de cualquier tipo de evento, ya seacultural, social o deportivo.

Queda prohibida la fabricación, venta, distribución uobsequio, primara o secundariamente de golosinas, re-frigerios, juguetes o cualquier otro objeto que tenganlas características visuales de cigarro, puro o empaquede cigarros.



También queda prohibida la distribución u obsequio demuestras de productos de tabaco; así como la venta,distribución u obsequio de cualquier artículo promo-cional de tabaco o de sus marcas.

Artículo 309 Bis 1

Los empaques y etiquetas de los productos de tabaco nopromocionarán mensajes relaciones con éste, de mane-ra falsa, equívoca o engañosa que pueda inducir a errorcon respecto a sus características, efectos para la salud,riesgos o emisiones y no se empleen términos, elementosdescriptivos, marcas de fábrica o de comercios, signosfigurativos o de otra clase que tengan el efecto directo oindirecto de crear la falsa impresión de que un deter-minado producto de tabaco es menos nocivo que otro.Quedan prohibidas expresiones tales como “bajo conte-nido de alquitrán”, “ligeros”, “ultra ligeros” o “sua-ves”, y cualquier otra que determine la Secretaría deSalud.

Título Décimo OctavoMedidas de Seguridad, Sanciones y Delitos

...

Capítulo IISanciones Administrativas

Artículo 421

Se sancionará con una multa equivalente de cuatro mil has-ta diez mil veces el salario mínimo general diario vigenteen la zona económica de que se trate la violación de las dis-posiciones contenidas en los artículos 67..., 276 Bis, 276Bis-1, 277, 281... de esta ley.

Artículo 421 Bis

Se sancionará con una multa equivalente de quince has-ta 100 veces el salario mínimo general diario vigente enla zona económica de que se trate, a la persona que vio-le la disposición contenida en el artículo 277 Bis.

Se sancionará con una multa equivalente de tres milhasta diez mil veces el salario mínimo general diario vi-gente en la zona económica de que se trate, a los pro-pietarios, poseedores o responsables de los lugares queviolen la disposición contenida en el artículo 277 Bis.

Artículos Transitorios

Primero. El Presente decreto entrará en vigor al día si-guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fede-ración.

Segundo. Para efecto de lo estipulado en los artículos 276,276 Bis y 309 Bis 1, deberán aparecer o en su caso, des-aparecer, en los empaques y envases a partir de la fecha deproducción del 24 de junio de 2006.

Tercero. Lo estipulado en el párrafo segundo, del artículo277, entrará en vigor a partir del 1 de mayo de 2006.

Cuarto. Lo estipulado en el artículo 277 Bis deberá cum-plirse cabalmente a partir del 27 de febrero de 2007.

Quinto. La prohibición total de la Publicidad del Tabacocomo lo estipula el artículo 308 Bis, deberá cumplirse ca-balmente a partir del 1 de enero de 2008.

Sexto. La prohibición total del patrocinio de eventos porparte de la industria tabacalera, como lo estipula el párrafoprimero del artículo 309 Bis, deberá cumplirse cabalmentea partir del 1 de enero de 2008. Lo estipulado en el párrafosegundo del mismo artículo en materia de promoción, en-trará en vigor a partir del 27 de febrero de 2007.

Notas:

1 Mackay J, Eriksen. The tobacco atlas. OMS, 2002.

2 Tobacco Control Resource Center. Los médicos y el tabaquismo.

El gran reto de la medicina. Britsh Medical Association, 2000.

3 Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER, de laSecretaría de Salud.

4 Organización Panamericana de Salud. Armando Peruga, asesorregional de control del tabaco.

5 Doctor Mauricio Hernández, INSP 2002, Encuestas Nacionales

de Adicciones 1988, 1993 y 1998.

6 Crofton J, Simpson. Tobacco: a global treta. IATH Swedish Herat

Lung Foundation, 2002.

Departamento de Salud de Estados Unidos. The health consequen-

ces of smoking, 2004.

Dool R, Peto. “Mortality in relation to smoking”, en British Medi-

cal Journal, 1976.

7 Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud,con información de 2001.

8 IARC. Monograph on tobacco smoke and involuntary smoking.Volume 83, 2003. Lyon.

US EPA. Respiratory health effects of passive smoking: lung cancer

and others disorders. Washington, 2002.

9 Emont Sl, Chow Ws, Novotny Te. Clean indoor air legislation, ta -

xation, and smoking behavior in the United States; an ecologicalanalysis. Tobacco Control, 1993.

10 Heironimus J. Philip Morris. Impact of workplace restrictions oncomsumption and incidence, 1992. http://tobaccoduments.org/-

pm/2025833451-3455.html

11 Consumo de drogas, alcohol y tabaco en estudiantes del DF, 1997.

IMP/SEP.

12 Tania Cavalcante y Christiane Vianna. INCA. Ministerio de Sa -lud de Brasil, 2003.

13 Tye J, Warner. “Tobacco advertising and consumption”, enJournal of Public Health Policy, 1987.

Smee C. Effect of tobacco advertising on tobacco consumption. De-

partment of Health, England, 1992.

Evans N, Farkus A, et al. “Influence of tobacco marketing and ex-

posure to smokers on adolescent susceptibility to smoking”, enJournal of the National Cancer Institute, 1995.

Saffer H, Chaloupka. “The effect of tobacco advertising bans ontobacco consumption”, en Journal of Health Economics, 2000.

Canadian Cancer Society. Controlling the tobacco epidemic. Cana-

dá, 2001. http://www.globallink.org/tobacco/docs/advertising

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 días de abril de 2005.— Dip.

Miguel Ángel Toscano Velasco (rúbrica).»


121.- «Iniciativa que adiciona un segundo párrafo al ar-tículo 8o. de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanosen el Ramo del Petróleo, a cargo del diputado FranciscoJavier Carrillo Soberón, del grupo parlamentario delPRD

El suscrito, Francisco Javier Carrillo Soberón, diputado fe-deral a la LIX Legislatura del honorable Congreso de laUnión, integrante del grupo parlamentario del Partido de laRevolución Democrática, con fundamento en lo dispuestopor los artículos 71, fracción II, de la Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Re-glamento para el Gobierno Interior del Congreso Generalde los Estados Unidos Mexicanos, somete a la considera-ción del Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente ini-ciativa con proyecto de decreto que adiciona con un se-gundo párrafo el artículo 8 de la Ley Reglamentaria delArtículo 27 de la Constitución Política de los Estados Uni-dos Mexicanos en el Ramo del Petróleo, al tenor de la si-guiente


Que hace algunos años en el Golfo de México se presentóuna polémica por los enormes yacimientos petrolíferos connuestro vecino país del norte, pues existían dos grandescampos de hidrocarburos con límites indefinidos y cuyaeventual explotación podría crear litigios territoriales entreMéxico y Estados Unidos, razón por la cual se firmara untratado en el año 2000, atendiendo a la labor ardua del se-nador José Ángel Conchello Dávila.

Que también se deben tomar en cuenta los antecedenteshistóricos como en el caso de Irak y Kuwait, quienes care-cían de límites establecidos, debido a lo cual se crearon di-ferencias y enfrentamientos políticos.

Que resulta urgente legislar en el caso en que los mantospetrolíferos sean compartidos por las naciones, por lo quees necesario establecer tratados y normas para evitar con-flictos binacionales.

Que los medios de difusión han dado cuenta de que Petró-leos Mexicanos negocia una alianza con la empresa esta-dounidense Shell para explotar conjuntamente una parte delos yacimientos submarinos de petróleo que representan un


potencial mínimo de 3 mil millones de barriles, equivalen-te a dos años de producción nacional de hidrocarburos y acinco años de exportaciones de crudo.

Que ambas compañías comparten yacimientos petrolerostransfronterizos en el Golfo de México, en una zona cono-cida como el Cinturón Plegado de Perdido, y la intenciónde Pemex es que Shell sea la encargada de la extracción acambio de una cuota de la producción.

Que se ha manifestado también que Pemex busca un acuer-do pues en el 2009 vencería la fecha límite para presentarlos estudios sobre el subsuelo marino y para acordar el mé-todo de exploración y explotación de los yacimientos trans-fronterizos, lo que evitaría un posible conflicto entre losderechos de explotación de la zona al ser compartida entreMéxico y Estados Unidos.

Que los yacimientos compartidos por ambos países, quevistos en un mapa cruzan la línea imaginaria fronteriza, seextienden en mayor medida hacia la región que pertenece aMéxico en la franja denominada Plegado de Perdido.

Que el artículo 27 en su parte conducente es puntual al se-ñalar que en tratándose del petróleo y de los carburos de hi-drógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales ra-dioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, nisubsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la naciónllevará a cabo la explotación de esos productos, en los tér-minos que señale la Ley Reglamentaria respectiva; motivopor el cual planteamos una adición al ordenamiento jurídi-ca mencionado, toda vez que los yacimientos compartidosno se encuentran regulados.

Que además la fracción X del artículo 73 del Código Polí-tico de 1917 otorga facultades al Congreso de la Unión enmateria de hidrocarburos.

Que el petróleo y sus derivados son propiedad exclusiva dela nación y que la expropiación de la industria petrolera fueel resultado de la lucha del pueblo mexicano por su sobe-ranía e independencia.

Que la industria petrolera nacionalizada es la más acabadarepresentación material del sentimiento arraigado del na-cionalismo mexicano.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la considera-ción de esta soberanía el siguiente:

Proyecto de decreto que adiciona con un segundo pá-rrafo el Artículo 8 de la Ley Reglamentaria del Artícu-lo 27 de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos en el Ramo del Petróleo

Artículo Único.- Se adiciona con un segundo párrafo elartículo 8 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos enel Ramo del Petróleo, para quedar como sigue:

Artículo 8.- ...

...

Asimismo, podrá suscribir tratados internacionalestratándose de yacimientos petrolíferos compartidos conotros países.

Transitorio


Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mesde abril del año 2005.— Dip. Francisco Javier Carrillo Soberón (rú -

brica).»

Se turna a la Comisión de Energía.

122.- «Iniciativa que reforma el artículo 105 de la Cons-titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a car-go del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parla-mentario del PVEM

Jorge Antonio Kahwagi Macari, diputado de la LIX Legis-latura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupoparlamentario del Partido Verde Ecologista de México,con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Cons-titución General de los Estados Unidos Mexicanos y loscorrelativos 55, fracción II, 56 del Reglamento para el


Gobierno Interior del Congreso General de los EstadosUnidos Mexicanos, ocurro a solicitar se turne a la Comi-sión de Puntos Constitucionales la presente iniciativa conproyecto decreto, de acuerdo a la siguiente


El Constituyente Permanente, es el encargado o facultadopara imprimirle vigencia y actualidad al texto constitucio-nal a través del procedimiento en el mismo establecido, porlo que con la presente iniciativa se propone la reforma alinciso e) de la fracción II del artículo 105 constitucional,porque dicho precepto señala en su fracción II inciso e)que: corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Na-ción conocer de las acciones de inconstitucionalidad quetengan por objeto plantear la posible contradicción entreuna norma de carácter general y la Constitución y consig-na que pueden promover la acción de inconstitucional elequivalente al 33% de los integrantes de la Asamblea deRepresentantes del Distrito Federal, en contra de leyesexpedidas por la propia Asamblea.

Como bien sabemos el Distrito Federal ha tenido diversasreformas en torno a su régimen interior de gobierno porquehace mucho tiempo su gobierno dependía del Gobierno Fe-deral, por lo tanto no tenía una Asamblea Legislativa pro-piamente dicho, sino que se trataba de un órgano cuya fa-cultad era expedir bandos de gobierno.

La capital de México es el Distrito Federal, es la sede delGobierno Federal, es decir, en ella están el Congreso de laUnión, el Presidente de la República y la Suprema Corte deJusticia, el Gobierno de la capital del país funciona a travésde la Asamblea Legislativa, que es el Poder Legislativo; Eljefe de gobierno del Distrito Federal, ejerce el Poder Eje-cutivo y el Tribunal Superior de Justicia dirige el Poder Ju-dicial.

El artículo 122 de la Constitución federal es el sustento ju-rídico de la naturaleza del Distrito Federal. Este preceptode la Constitución, en fecha reciente fue motivo de unatrascendente modificación, de tal forma que su contenidofue reubicado en el artículo 119, el texto vigente se refiereal Gobierno del Distrito Federal, donde se contemplan losórganos de gobierno como lo son la figura del jefe de Go-bierno, la Asamblea Legislativa y el Tribunal Superior deJusticia.

La reforma política del Distrito Federal se ha dado a travésde un constante intercambio de opiniones entre los gober-

nantes en turno, los ciudadanos, así como las distintas or-ganizaciones sociales vinculadas.

El Distrito Federal debe ser entendido por una parte comosede de los poderes federales y por la otra como un gobier-no local.

Con la reforma de 1996, se han otorgado mayores faculta-des a la Asamblea Legislativa (antes Asamblea de Repre-sentantes) del Distrito Federal que la fortalecen como tal,el hecho de que la facultad de expedir el Estatuto de Go-bierno corresponda al Congreso de la Unión no demerita lanaturaleza jurídica de dicha Asamblea como órgano legis-lativo. Este órgano se integra por ciudadanos que tendránla denominación de diputados y no de representantes comosucedió anteriormente, constitucionalmente tiene las si-guientes facultades: nombrar a quien deba sustituir en casode falta absoluta al jefe de Gobierno del Distrito Federal;expedir la ley electoral de la entidad; legislar en materia ci-vil y penal, de registro público de la propiedad y de co-mercio y de adquisición y obra pública; expedir la ley or-gánica de los Tribunales, participar en los nombramientosde las vacantes de magistrados del Tribunal Superior deJusticia que someta a su consideración el jefe de Gobiernoy ratificarlos en su cargo, entre otras facultades.

La iniciativa que se propone tiene por objeto establecer enel inciso e) fracción II del artículo 105 constitucional paraque se inserte en su texto el nombre correcto como lo es laAsamblea Legislativa del Distrito Federal.

En mérito de lo antes expuesto, como diputado integrantedel grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista deMéxico, someto a la discusión y en su caso aprobación lapresente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma el inciso e) de la fracciónII del artículo 105 de la Constitución Política de los Es-tados Unidos Mexicanos.

Artículo Primero. Se reforma el inciso e) de la fracción IIdel artículo 105 de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 105 ...

I.

a) a k) (quedan igual)


II.

a) a d) (quedan igual)

e) El equivalente al 33% de los integrantes de laAsamblea Legislativa del Distrito Federal, contrade leyes expedidas por la propia Asamblea, y

Artículo Transitorio

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día si-guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fede-ración.


Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados UnidosMexicanos, a los 28 días del mes de abril de 2005.— Dip. Jorge A.

Kahwagi Macari (rúbrica).»


123.- «Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 2, 3y 8 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción yServicios, a cargo del diputado José Manuel Carrillo Ru-bio, del grupo parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracciónII, y 55, fracción segunda, del Reglamento para el Gobier-no Interior del Congreso General de los Estados UnidosMexicanos, el que suscribe, diputado José Manuel CarrilloRubio, del grupo parlamentario del Partido RevolucionarioInstitucional de la LIX Legislatura, somete a consideraciónde esta honorable asamblea la presente iniciativa con pro-yecto de decreto que reforma el inciso a) de la fracción Idel artículo 2° y adiciona un inciso c) a la fracción I del ar-tículo 3° y un inciso h) a la fracción I del artículo 8°, co-rrespondientes al Capítulo I de la Ley del Impuesto Espe-cial sobre Producción y Servicios bajo la siguiente


Los impuestos y derechos de la federación son una de lasprincipales fuentes de ingreso del Estado y representan la

forma como los mexicanos contribuimos para financiar elgasto público federal de la manera proporcional y equitati-va que disponen las leyes.

El proceso de simplificación y modernización del esquemade los impuestos especiales dio origen a la Ley del Im-puesto Especial sobre Producción y Servicios, la cual en superiodo de vigencia ha permitido dar al contribuyente faci-lidad para el cumplimiento de sus obligaciones y a la auto-ridad un manejo sencillo en la administración y fiscaliza-ción de las actividades regidas por este ordenamiento.

No obstante lo anterior, en la actualidad existen personasfísicas o morales a las que la Ley ha considerado en diver-sas ocasiones de diferente manera, cambiando continua-mente con ello su tratamiento en la forma de cumplir consus contribuciones debido a las reformas aplicadas al orde-namiento en cuestión.

Claro ejemplo de esto es el rompope, considerado por sucontenido más como un producto alimenticio y una bebidatradicional mexicana que como bebida alcohólica, inclusopor su proceso de elaboración no se puede considerar unproducto de la industria de la destilación o fermentación si-no mas bien un postre de elaboración casera.

En el actual artículo 2° de la Ley motivo de la presente re-forma, el rompope como cualquier otra bebida con conte-nido alcohólico se encuentra gravado con un 25%, aplica-do este impuesto no solo al alcohol sino al resto de losingredientes, que en su mayoría son productos alimenticiospertenecientes a la canasta básica y cuando ya se ha paga-do por el alcohol conforme a la fracción I, inciso b) delmismo artículo el 50% de IEPS al momento de adquirirlocomo consumidores finales ya que se agrega al costo sinacreditarlo, por lo que se paga el IEPS a la compra del al-cohol, y asimismo se grava nuevamente con el IEPS sacri-ficando en la venta por el total del producto.

De acuerdo al artículo 1010 del reglamento de la Ley Ge-neral de Salud en materia de control sanitario de activida-des, establecimientos, producción y servicios, las bebidasalcohólicas por su proceso de elaboración se clasifican enbebidas fermentadas, bebidas destiladas y licores, en artí-culos posteriores.

Bebidas fermentadas: las que se obtienen de la fer-mentación, principalmente alcohólica del producto quesirve de base para la elaboración de la mencionada be-bida como: vinos, sidras, cerveza y pulque.


Bebidas destiladas: aquellas que se obtengan por des-tilación de líquidos fermentados que se hayan elaboradoa partir de productos vegetales en los que la totalidad ouna parte de los azúcares fermentables provenientes delos hidratos de carbono que contenga, hayan sufrido co-mo principal fermentación la alcohólica, el producto de-berá contener las sustancias secundarias formadas du-rante la fermentación y destilación y que soncaracterísticas de cada tipo de bebida como: bacanora,comiteco, mezcal, sotol, tequila, brandy, ginebra, ron,vodka, whisky y kirsh.

Licores: Productos elaborados a base de bebidas alco-hólicas destiladas o mezclas de espíritu neutro, alcoholde calidad, alcohol común y agua, en ambos casos aro-matizados por uno o más de los siguientes procedimien-tos y con un contenido alcohólico entre 24° y 55 ° G.L.como: anís destilado, anís seco, anís dulce, anisete, cas-sis, curazao, habanero y parra,

A diferencia de los procedimientos anteriores el proceso deproducción de rompope es el resultado de la cocción de unamezcla a base de leche, azúcar y yema de huevo a alta tem-peratura, en cuyo proceso se le pueden adicionar diferentessaborizantes como vainilla, canela, almendras, nuez u otrosproductos de origen vegetal inocuo, en la elaboración sepermite el empleo de conservadores, saborizantes naturaleso artificiales y al final del proceso antes de su embotelladose le adiciona el alcohol para su conservación, por lo quesu procedimiento es muy distinto al de las bebidas fermen-tadas o destiladas cuyo resultado del proceso es la obten-ción de bebidas netamente alcohólicas.

Tampoco puede considerarse un licor porque el rompopeno es elaborado en una base de bebidas alcohólicas destila-das o mezclas de espíritu neutro ni su contenido alcohólicose encuentra entre 24° y 55° G.L., sino que la base de ela-boración es un conjunto de productos alimenticios y quepor la naturaleza del producto de alto contenido de proteí-nas de la leche y el huevo susceptible a su descomposiciónrequiere el alcohol para su conservación.

Aunque en la Ley General de Salud define al rompope co-mo una bebida con una graduación alcohólica entre 10° y14° de G.L., muchos rompopes, en su gran mayoría deelaboración casera contienen una menor graduación apro-ximadamente de 6° G.L., y por su bajo contenido alcohó-lico es considerado un postre mexicano de consumo fa-miliar.

De acuerdo al artículo 1009 fracción I del reglamento de laLey General de Salud en materia de control sanitario de ac-tividades, establecimientos, producción y servicios son be-bidas de bajo contenido alcohólico, las que tengan un con-tenido alcohólico entre 2° G.L. a 6° de G.L.

Por las consideraciones anteriores se propone desgravardel IEPS a aquellas productos como el rompope, por sucontenido a base de insumos alimenticios, en su elabora-ción requieran adicionar un contenido alcohólico de 6°G.L.,como conservador; quedando los productores de di-chos productos como consumidores finales del alcohol y dedicho impuesto al incorporar el IEPS del alcohol al costodel producto y pagándolo directamente a los proveedores.De esta manera únicamente se pagaría dicho impuesto so-bre el consumo total de alcohol y no se pagaría al resto delos insumos que lo integran al momento a la venta sobre eltotal de la enajenación ya que éste ha sido pagado a la com-pra.

Por lo anteriormente expuesto someto a la considera-ción de esta honorable asamblea la siguiente iniciativacon proyecto de decreto que reforma el inciso a) de lafracción I del artículo 2° y adiciona un inciso c) a lafracción I del artículo 3° y un inciso h) a la fracción Idel artículo 8°, correspondientes al Capítulo I de la Leydel Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Artículo Primero. Se reforma el inciso a) de la fracción Idel artículo 2° para quedar como sigue:

Artículo 2°.- ...

I. ...

A) Bebidas alcohólicas y cerveza:

Artículo Segundo. Se adiciona un inciso c) a la fracción Idel artículo 3° para quedar como sigue:

Artículo 3°.- ...

I. ...

a) ...

b) ...

c) Para los efectos de esta Ley, no se consideraránbebidas alcohólicas, aquellas bebidas que por su


contenido a base de productos alimenticios, en suelaboración requieran adicionar un contenido al-cohólico de hasta 6° G.L. como conservador.

Artículo Tercero. Se adiciona un inciso h) a la fracción Idel artículo 8° para quedar como sigue:

Artículo 8°.- ...

I. ...

a) ...

.

.

.

g)

h) las de bebidas no consideradas alcohólicas quecontengan una graduación hasta 6° G.L. para suconservación.

II. ...

Transitorios

Único. La presente iniciativa entrará en vigor al día si-guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fede-ración.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2005.— Dip. JoséManuel Carrillo Rubio (rúbrica).»


124.- «Iniciativa que adiciona el artículo 32 Bis de la LeyFederal de Cinematografía, a cargo del diputado IntiMuñoz Santini, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura del ho-norable Congreso de la Unión, integrante del grupo parla-mentario del Partido de la Revolución Democrática, confundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracciónII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-canos y 55, fracción II, del Reglamento para el GobiernoInterior del Congreso General de los Estados Unidos Me-xicanos, someto a la consideración de esta asamblea, la si-guiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicio-na el artículo 32 Bis de la Ley Federal de Cinematogra-fía, al tenor de la siguiente:


Antecedentes

Actualmente el cine mexicano vive un resurgimiento, estose debe entre otras cosas, a que la censura ha dejado de pe-sar en los contenidos y que la novedad de los temas ha ele-vado su calidad en todos los demás aspectos; es un factordeterminante también la inversión en el cine y la intensifi-cación de sus producciones. Todo esto le ha permitido acer-carse a los estándares internacionales. Además, México nosólo es uno de los principales mercados mundiales para elcine -el cuarto en importancia-, sino que por su capital cul-tural se proyecta como un potencial productor competitivoa nivel internacional, como se ha mostrado en los últimosaños. Pero esto depende de que se desarrollen las políticasculturales adecuadas, en vinculación con un programa deestímulos financieros y fiscales específicos. Como casi to-das las esferas del país, el cine nacional vive muchos con-trastes y problemas que de no atenderse limitarán este re-surgimiento.

Paradójicamente estamos viviendo el proceso vertiginosode la imposición de la industria cinematográfica estadouni-dense: sus modelos se copian, sus procesos de producciónse establecen en el mundo, sus productos se imponen en losmejores tiempos de exhibición y determinan el gusto de losespectadores, a grado tal, que la mayor parte de nuestrossocios comerciales que cuentan con una industria cinema-tográfica desarrollada, mantienen una política de apoyo eimpulso permanente a sus industrias culturales, sobre todoen materia de medios audiovisuales y de manera particular


al cine. Todo esto por mantener su industria local y la di-versidad cultural en el mundo.

El cine mexicano vivió una de sus mejores épocas en la dé-cada de los 40, la llamada época de oro del cine nacional.No sorprende este dato, no sólo por la extraordinaria cali-dad de la industria cinematográfica en México, sino que sesumó a esto el retiro temporal de las productoras estadou-nidenses, las cuales virtualmente dejaron libre el mercadolatinoamericano.

A partir de los 50 se vive una crisis de casi dos décadas, enla que las productoras extranjeras vuelven a dominar losmercados en una nueva expansión que será complementa-da por una política cultural de censura en México que so-cava la industria nacional: los productores ya no inviertenante la incertidumbre de que la censura enlate sus produc-tos. Si bien este desplazamiento del cine nacional de sumercado natural en Hispanoamérica es catastrófico para laindustria local, en Hispanoamérica todas las productorassufren el mismo momento crítico. En la década de los 70 elresurgimiento del cine mexicano se debe principalmente auna participación económica del Estado y una censura me-nos rígida que la de las décadas previas.

La Ley Federal de Cinematografía, vigente desde 1999,obliga al Estado mexicano en sus artículos 14, 31 y 35 a es-tablecer una serie de estímulos, incentivos y apoyos para eldesarrollo de nuestra expresión cinematográfica.

A la fecha el único estímulo que ha existido fue el pro-puesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicocuando le aplicó el IVA a los espectadores mexicanos, be-neficiando a los empresarios de la exhibición por un perio-do de cinco años, con acreditación fiscal de diez.

El decreto de la Ley de Ingresos de 2005, estableció en suartículo 226 la deducción del 100% en un máximo del 3%del ISR en la declaración del ejercicio fiscal correspon-diente. Esto indica que por fin el cine mexicano es consi-derado una industria cultural que necesita de políticas cul-turales y fiscales precisas. Cabe señalar que este estímulose otorga a todas las personas físicas o morales.

Este nivel ha sido posible gracias a todas las medidas quehemos venido estableciendo en losa últimos años desde es-ta Cámara. Situación que nos indica que estamos en la ru-ta correcta para la recuperación del cine mexicano. Si yaestamos a punto de alcanzar los niveles de producción in-dustrial requeridos, es tiempo de que nos preocupemos por

mantener y elevar el nivel del cine de calidad comercial,pero sobre todo el cine de nivel de calidad artística, ya quees a través de sus propuestas por las que se identifica nues-tra cultura ante el mundo, y proyecta el México contempo-ráneo y su imaginario colectivo.

Hasta la fecha, ha quedado pendiente la obligación por leypara integrar el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine.Desde 2003 se debía establecer una política de estímulosfiscales a las cintas mexicanas producidas en nuestro país,destinando hasta el diez por ciento de su presupuesto anualpara esta actividad, a través de la Secretaría de Hacienda yCrédito Público. Este dinero es necesario para aumentar laproducción nacional.

El monto de los apoyos obliga al Fidecine a renunciar a laproducción de una película con el propósito de estimular alos productores nacionales que sin apoyo del fideicomisoarriesgan su capital y no alcanzan a recuperar lo invertidopor las prácticas comerciales viciadas de la cadena produc-tiva cinematográfica nacional, que en este momento sólobeneficia a los que distribuyen, transmiten y exhiben nues-tro cine.

En el 2003 que nos sirve como ejemplo (anexo uno) se es-trenaron 25 películas y de acuerdo a la propuesta que se po-ne en consideración sólo 12 alcanzaron estímulos.

En el 2003, las películas que recibieron el estímulo de unpeso por espectador que atrajo a las salas cinematográficasen su corrida de estreno, fueron:

Nota.- Las cintas sombreadas fueron coproducidas con algún tipo de

apoyo estatal.

A pesar del éxito que pudieran alcanzar, algunas cintas so-lo lograrán recuperar parte de su inversión y publicidad enlas salas. El estímulo viene a compensarle una mínima par-te de lo que les arrebatan los contratos leoninos de los dis-tribuidores y exhibidores en la repartición de los ingresos y


les posibilita reunir nuevamente sus capitales para una nue-va cinta con posible éxito comercial.

Hay que destacar que el estímulo recibido tiene el compro-miso de ser utilizado en la producción de una nueva pelí-cula mexicana.

El apoyo a los productores de cine da calidad artística co-mo Japón, Cuentos de hadas para dormir cocodrilos y Elmisterio del Trinidad es injusto porque el número de es-pectadores resulta insuficiente para promover la filmaciónde otra película.

Hay que recordar que este tipo de cintas nos promocionany dan prestigio en el extranjero. Estas películas son las in-vitadas a muestras y festivales nacionales e internaciona-les, nos permiten mostrar parte de lo que somos al mundo.Cintas que nos exhiben como una nación vigente y creado-ra en el ámbito cultural. No hay que olvidar que desde ladécada de los cincuenta nuestro mejor embajador ha sido elcine mexicano. Sin embargo, casi por regla general, este ti-po de manifestaciones artísticas no obtienen grandes resul-tados en su corrida de estreno comercial. Cuentos de hadaspara dormir cocodrilos , ganadora del Ariel a la mejor pe-lícula sólo obtuvo 20,262 pesos por espectador y Japón,con diez premios internacionales, sólo interesó a 32,538espectadores. Este tipo de cintas, al destacar en el planocultural nacional e internacional muestra sus efectos en elpúblico y nuestra cultura a largo plazo y de manera perma-nente. Se podrán incluir en las muestras y semanas que or-ganizan nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores así co-mo en cualquier actividad que organicen las institucionesculturales de nuestro país. La rentabilidad de este tipo depelículas es a largo plazo ya que se exhiben una y otra vezademás del plus que significa para el arte y la cultura na-cional.

El estímulo de un peso por espectador en su corrida de es-treno nacional resulta injusto para este tipo de películas.Los cineastas que apuestan por una expresión artística mascompleta y en ocasiones de expresión artística experimen-tal más difícil no reciben la comprensión inmediata de suscontemporáneos y no cuentan con los estímulos adecuadosque les permita seguir una carrera exitosa en términos ar-tísticos.

Con el propósito de equilibrar este tipo de situaciones y pa-ra cumplir con lo estipulado en la Ley Federal de Cinema-tografía se propone:

1. Establecer una política de estímulo otorgando recur-sos etiquetados para este fin. La partida puede ser delorden de los $15,000,000.00 y se irá adecuando anual-mente a la realidad cinematográfica nacional.

2. Esta partida se puede establecer en el presupuesto pa-ra el 2006 ya que para otorgar los estímulos de las cin-tas estrenadas en el 2005 tiene que acabarse el año

3. Se otorguen a través de un fideicomiso existente co-mo Fidecine o Foprocine o alguno creado al efecto o poralguna institución gubernamental especializada. (Imci-ne)

a.- El productor recibirá hasta un peso por cada es-pectador que asista a las salas cinematográficas ensu corrida de estreno.

b.- El dinero sólo se podrá retirar para la realizaciónde una nueva película mexicana.

c.- En caso de que una película obtenga uno de lospremios principales (mejor película, dirección,guión, fotografía u opera prima) en la selección ofi -cial de los festivales de primer nivel, el número deespectadores se multiplicara por diez.

d.- En caso de que una película obtenga un premiosecundario (actor, actriz, vestuario, etcétera) en laselección oficial, el número de espectadores se mul-tiplicará por cinco.

e.- En caso de que una película obtenga un premiode las secciones paralelas de un festival de primernivel, el número de espectadores se multiplicará portres.

f.- En caso de que una película obtenga unos de lospremios principales (mejor película, dirección,guión, fotografía u opera prima) en la selección ofi -cial de los festivales de segundo y tercer nivel inter-nacionales, el número de espectadores se multiplica-rá por cinco.

g.- En caso de que una película obtenga un premiosecundario (actor, actriz, vestuario, etcétera) en laselección oficial de los festivales de segunda y ter-cera categorías, el número de espectadores se multi-plicará por tres.


h.- En caso de que una película obtenga un premiode las secciones paralelas de un festival de segundoy tercer nivel, el numero de espectadores se multi-plicará por dos.

i.- En caso de que una película obtenga un premiopor mejor película extranjera en los premios nacio-nales de los países del mundo a través de sus acade-mias y organismos estatales, se multiplicarán pordiez.

j.- En caso de que una película obtenga unos de lospremios principales (mejor película, dirección,guión, fotografía u opera prima) en la selección ofi -cial de la Academia de Artes y Ciencias Cinemato-gráficas de México, el número de espectadores semultiplicará por diez.

k.- En caso de que una película obtenga un premiosecundario (actor, actriz, vestuario, etcétera) en laselección oficial de la Academia de Artes y CienciasCinematográficas el número de espectadores se mul-tiplicará por cinco.

l.- En caso de que una película obtenga un premio delos festivales mexicanos en cualquiera de sus sec-ciones o categorías, el número de espectadores semultiplicará por dos.

4.- Sólo se podrá optar por un estímulo por festival decine internacional obtenido en cualquiera de las catego-rías mencionadas.

5.- Los estímulos se sumaran por separado y sólo conta-ran los festivales y muestras en las que participe la cin-ta dentro de los dos primeros años a partir de la fecha desu terminación.

6.- En ningún caso la suma de los estímulos podrá su-perar el 20% del costo de la producción fílmica reporta-do a la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico.

7.- En caso de que el dinero de la partida presupuestalno alcance se prorrateará el estímulo de manera propor-cional entre los acreedores al estímulo.

8.- En caso de coproducción internacional, sólo se to-mará como costo de producción lo invertido por la em-presa nacional en nuestro país.

Ejemplo de aplicación:

Película exitosa en taquilla con premios nacionales o in-ternacionales

Supongamos que Ladies Night obtiene dos premios. Unopor mejor actor en el Festival de Sevilla y otro por el Arielen opera prima.

Por su número de espectadores deberá recibir$2,216,312.00.

Por el premio en Sevilla deberá recibir $2,216,312.00 portres.

Por el premio del Ariel deberá recibir $2,216,312.00 pordiez.

La suma de los tres estímulos da un total de

El costo de la cinta fue de $14 millones de pesos por lo quesólo podrá recibir un máximo de $2,800,000.00

Película exitosa en taquilla sin premios

Por su número de espectadores deberá recibir$2,216,312.00

Película de escasa asistencia con premios internaciona-les o nacionales

Japón obtuvo por su numero de espectadores la cantidad de32,538.00 El costo de la película fue de 10,000,000.00

Los diez premios que obtuvo en el ámbito internacional seclasifican de la siguiente manera

Por el número de espectadores recibirá 32,538

Por los cuatro festivales de segundo nivel en clasificaciónsecundaria deberá multiplicarse por tres.

$32.538 por tres por cuatro, nos da un total de $390,456pesos

Por los cuatro festivales de segundo nivel en clasificaciónprimaria se deberá multiplicar por cinco $32.538 por cua-tro por cinco nos da un total de $650,760 pesos.

El total del estímulo será de 1,073,754


Por lo anteriormente expuesto someto a esta soberanía es-ta, iniciativa con proyecto de decreto por el que se re-forma el Capítulo VII, artículo 32 Bis de la Ley Federalde Cinematografía

CAPITULO VIIDel fomento a la industria cinematográfica

Artículo 32 bis

Estímulos

Se otorgará estímulos a los miembros de la comunidadproductora cinematográfica nacional de conformidad conlos siguientes mecanismos.

Los estímulos serán otorgados mediante reservas constitui-das a favor de éstos, que serán resguardados por el fideico-miso encargado ex profeso y, en su caso, consistirán en:

1.- El otorgamiento hasta de un peso, como máximo,por cada espectador que asista a las salas cinematográ-ficas en la corrida de estreno de las películas que califi-quen para recibir el estímulo, que aplicará en la formasiguiente:

a. El Imcine o el fideicomiso designado ex profesorecibirá cada año una asignación para estimular laproducción cinematográfica nacional;

b. Aplicará únicamente a las películas nacionales encorrida comercial de estreno en el territorio de la Re-pública Mexicana durante el ejercicio que corres-ponda;

c. Merecerán el estímulo las películas que alcancenel 50% del promedio de espectadores por copia; es-to es, el número de espectadores de cine mexicanosin considesar el 10% de las películas más altas y el10% de las más bajas de audiencia entre el númerode copias;

d. En caso de que no se alcance a cubrir un peso porespectador con el fondo reservado, éste será prorra-teado equitativamente entre el número de espectado-res de las películas merecedoras del estímulo;

e. El saldo de la reserva no aplicado será reintegra-do al patrimonio del fideicomiso, para el cumpli-

miento de sus fines, y este lo dedicará a impulsar lacreación de guiones de películas de largometraje;

f. Todas las películas mexicanas estrenadas en elejercicio que alcancen el 50% del promedio de es-pectadores por copia, descrito en el inciso c. de esteapartado, recibirán el estímulo

g. Concluida la corrida comercial de la última pelí-cula mexicana estrenada en el ejercicio, el ComitéTécnico del Fideicomiso determinará el factor apli-cable para distribuir el fondo entre las películas quecalificaron para recibir el estímulo, y

h. El estímulo quedará reservado al productor-pro-motor nacional que aparezca en los créditos en pan-talla, salvo prueba en contrario.

2.- El otorgamiento de un estímulo en efectivo al pro-ductor-promotor nacional de la película mexicana queobtenga en los festivales y concursos de cine, según lossiguientes criterios:

a. El premio en la categoría de “mejor película” enla sección oficial de competencia en festivales in-ternacionales de primer nivel, en el año de la re-serva (Venecia, Berlín, Cannes, San Sebastián); elnúmero de espectadores se multiplicará por el factor(diez).

En caso de que la película obtenga un premio secun-dario (actor, actriz, vestuario, etcétera) en la selec-ción oficial, el número de espectadores se multipli-cará por cinco.

En caso de que una película obtenga un premio delas secciones paralelas de un festival de primer ni-vel, el número de espectadores se multiplicara portres.

b. En caso de que una película obtenga unos de lospremios principales (mejor película, dirección,guión, fotografía u opera prima) en la selección ofi-cial de los festivales de segundo y tercer nivel in-ternacionales, el número de espectadores se multi-plicará por cinco.

En caso de que la película obtenga un premio se-cundario (actor, actriz, vestuario, etcétera) en la se-lección oficial de los festivales de segunda y tercera


categorías, el numero de espectadores se multipli-cará por tres.

En caso de que una película obtenga un premio delas secciones paralelas de un festival de segundo ytercer nivel, el numero de espectadores se multipli-cara por dos.

c.- El premio cinematográfico nacional de un paísextranjero en la categoría de “mejor película ex-tranjera” (César, Oscar, Goya, Bafta), el número deespectadores se multiplicará por el factor (diez).

d. El premio en la categoría de “mejor película”,otorgado por la Academia Mexicana de Artes yCiencias Cinematográficas, A.C.

El monto del estímulo para el ejercicio del 2005 esde $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 m.n.),y será revisado cada año.

e.- En caso de que una película obtenga unos delos premios principales (dirección, guión, fotogra-fía u opera prima) en la selección oficial de la Aca-demia de Artes y Ciencias Cinematográficas deMéxico, el número de espectadores se multiplicarápor cinco.

f.- En caso de que una película obtenga un premiosecundario (actor, actriz, vestuario, etcétera) en laselección oficial de la Academia de Artes y CienciasCinematográficas el número de espectadores se mul-tiplicará por tres.

g.- En caso de que una película obtenga un premiode los festivales mexicanos en cualquiera de sus sec-ciones o categorías, el número de espectadores semultiplicasá por dos.

Sólo se podrá optar por un estimulo por festival decine internacional obtenido en cualquiera de las ca-tegorías mencionadas.

Los estímulos se sumarán por separado y sólo con-tarán los festivales en las que participe la cinta den-tro de los dos primeros años a partir de la fecha desu terminación.

En ningún caso la suma de los estímulos podrá su -perar el 20% del costo de la producción fílmica re-

portado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pu-blico.

En caso de que el dinero de la partida presupuestalno alcance se prorrateará el estímulo de manera pro-porcional entre todos los acreedores al estímulo.

7.- En caso de coproducción internacional, sólo se to-mará como costo de producción lo invertido por la em-presa nacional en nuestro país.

8.- El estímulo aplicará a todas las producciones nacio-nales estrenadas comercialmente durante el ejercicio,sin importar la fuente de financiamiento.

9.- El estímulo quedará reservado a nombre del produc-tor-promotor nacional para efectos de otorgamiento deestímulos que aparezca en los créditos en pantalla, sal-vo prueba en contrario, una vez que sea hecho públicoel otorgamiento del premio.

10.- El productor promotor nacional podrá utilizar el es-tímulo otorgado, para:

a. producir un proyecto propio;

b. invertir en la producción del proyecto nacional deun tercero;

c. desarrollar un nuevo proyecto, y

d. desarrollar un guión.

11.- Los estímulos otorgados no utilizados por el sujetode apoyo, dentro de los dos años siguientes a su otorga-miento, estará obligado a reintegrarlos al patrimonio delFideicomiso para impulsar la creación de guiones de pe-lículas de largometraje.

12.- La entrega de estímulos se hará previa solicitud porescrito del productor-promotor nacional, dirigida al Co-mité Técnico del Fideicomiso designado al efecto, en laque establezca el monto solicitado y el destino de losfondos.

13.- El fideicomiso vigilará el debido cumplimiento delestímulo.


Transitorio.- Para el cumplimiento se reformará la Leyde Ingresos del 2005 asignándole al Imcine una asigna-ción extraordinaria de 15 millones de pesos.

Segunda.- Los fondos necesarios para el cumplimientode este artículo se designarán en el presupuesto del2006 al Imcine en transferencias para fideicomisos.

Dip. Inti Muñoz Santini (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinema-tografía.

125.- «Iniciativa que reforma los artículos 56 y 58 de laLey de Seguridad Nacional, a cargo del diputado JorgeKahwagi Macari, del grupo parlamentario de PVEM

Jorge Antonio Kahwagi Macari, diputado de la LIX Legis-latura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupoparlamentario del Partido Verde Ecologista de México, confundamento en los artículos 71 fracción II, 72 de la Cons-titución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de laLey Orgánica del Congreso General de los Estados UnidosMexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamentopara el Gobierno Interior del Congreso General de los Es-tados Unidos Mexicanos, solicito se turne a la Comisión deGobernación para su dictamen y posterior discusión en elPleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima No-vena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, lasiguiente iniciativa de ley, con base en la siguiente:


La seguridad nacional es un concepto que cada estado es-tablece en función de las realidades que observa en sudesarrollo político, económico, social y militar.

La seguridad nacional se genero con la aparición de los pri-meros grupos humanos, y es posible afirmar que nació co-

mo una necesidad del ser humano para protegerlo de lospeligros provenientes de su relación con el medio ambien-te y la sociedad. Entonces, podemos señalar que este fenó-meno es el conjunto de acciones hechas por los integrantesde un estado para obtener y conservar las circunstanciaspropicias para el logro de su proyecto nacional.

Una vez que surgieron los estados, la seguridad asumió sunaturaleza política, pues se concreto a asegurar la supervi-vencia de esa organización. el paso del tiempo ubico a laseguridad nacional como fenómeno social circunscrito alproceso político. Tomando la definición etimológica, ve-mos que Norberto Bobbio indica que “el fin del estado so-lamente es la ‘seguridad’ entendida como la ‘certeza’ de lalibertad en el ámbito de la ley.”

En nuestro país, la seguridad nacional apareció por prime-ra vez en un documento oficial, que marca políticas de go-bierno, en el plan global de desarrollo 1980-1982, en elcual se indica que la seguridad nacional es una funciónesencial de las fuerzas armadas, las cuales “(...) reafirmany consolidan la viabilidad de México como país indepen-diente. dentro de una visión conceptual propia a las condi-ciones mexicanas, la defensa de la integridad, la indepen-dencia y la soberanía de la nación se traducen en elmantenimiento de la normatividad constitucional y el for-talecimiento de las instituciones políticas de México”.

Sin duda, la seguridad nacional es un bien invaluable denuestra sociedad y se entiende como la condición perma-nente de paz, libertad y justicia social que, dentro del mar-co del derecho, procuran pueblo y gobierno. su conserva-ción implica el equilibrio dinámico de los intereses de losdiversos sectores de la población para el logro de los obje-tivos nacionales, garantizando la integridad territorial y elejercicio pleno de la soberanía e independencia”.

Una política de seguridad nacional, tiene como principiorector, el fortalecimiento de la soberanía, situación que serealiza a través de acciones internas y externas, dentro deun marco institucional y de derecho mediante la acción ar-mónica, coordinada y dinámica de los campos del poder(político, económico, social y militar) con el fin de alcan-zar y mantener los objetivos nacionales y preservarlos tan-to de las amenazas en el ámbito interno como las proce-dentes del exterior.

En el ámbito interno la seguridad esta cimentada, de ma-nera especial, en la solidez y firmeza de nuestras institu-ciones sociales, debidamente tuteladas por el orden jurídico


emanado de la constitución. la acción del estado en este as-pecto esta encaminada, fundamentalmente, a lograr eldesarrollo integral del país dentro de los cauces de justiciasocial que la propia constitución preconiza.”

Por lo que podemos observar que a finalidad primordial dela seguridad nacional es garantizar la sobre vivencia de lanación en la comunidad internacional, como un estado so-berano e independiente, por lo se que requiere asegurar ellogro de las condiciones básicas que le permitan al estadoejercer su autodeterminación, mantener su integridad na-cional y obtener su desarrollo. en el caso de México, la se-guridad nacional en esencia tiene la tarea de vigilar, pre-servar y proteger interna y externamente el ordenconstitucional, los objetivos nacionales permanentes y co-yunturales y la defensa del territorio nacional.

En virtud de la reforma constitucional que otorga al Con-greso de la Unión, la facultad de legislar en materia de se-guridad nacional y también para facultar al Ejecutivo de laUnión para preservar la seguridad nacional en los términosde la ley respectiva, el 30 de octubre de 2003, la Mesa Di-rectiva de la H. Cámara de Senadores, recibió iniciativacon proyecto de decreto por el cual se expide la Ley de Se-guridad Nacional, y la cual fue aprobada el 15 de abril de2004, por el pleno del Senado.

La minuta nos dice que un Estado nacional que aspira afortalecer su sentido democrático y su juridicidad, es nece-saria una legislación adecuada que norme la seguridad na-cional, mediante una acción coordinada del poder del Esta-do en su conjunto, con el propósito de garantizar la defensade la nación y del Estado como forma de organización po-lítica que se ha construido sobre la base de los derechosfundamentales.

Las Comisiones dictaminadoras de la Cámara de Diputa-dos consideraron que el objeto de la ley tiene dos vertien-tes fundamentales: La primera consiste en someter al mar-co del Estado de Derecho la integración y accióncoordinada de las instituciones y autoridades encargadas degarantizar la Seguridad Nacional. Esto se traduce en unaexpresión de la democracia actual, en la que el poder delEstado está sujeto al imperio del derecho. En la segundavertiente, el objeto es precisar la forma y los términos enque las autoridades de las entidades federativas y los mu-nicipios colaborarán con la Federación en dicha tarea, re-gulando además los instrumentos legítimos para propor-cionarla como son los métodos de obtención de la

información, el intercambio de la misma, la coordinaciónde acciones y el régimen de responsabilidades aplicable.

En virtud de lo anterior, el jueves 9 de diciembre de 2004.,fue aprobada en lo general en la Cámara de Diputados con359 votos en pro y 6 abstenciones y publicada en el DiarioOficial de la Federación el lunes 31 de enero de 2005.

Los objetivos principales que establece son:

• Proteger a la nación mexicana frente a las amenazas yriesgos que enfrente.

• Preservar la independencia y soberanía nacionales asícomo la defensa de nuestro territorio.

• Mantener el orden constitucional y el fortalecimientode las instituciones democráticas de gobierno.

• Mantener la unión de la Federación.

• Hacer la defensa legítima del Estado Mexicano a nivelinternacional.

• Preservar la democracia, fundada en el desarrollo eco-nómico social y político del país y sus habitantes.

En el texto se específica que el Consejo de Seguridad Na-cional estará presidido por el Presidente de la República yen su ausencia el Secretario de Gobernación presidirá lasreuniones.

Además el Consejo se integrará por los secretarios de laDefensa, Marina, Seguridad Pública, Hacienda, de la Fun-ción Pública, Relaciones Exteriores, Comunicaciones yTransportes, el Procurador General de la República, el di-rector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional(Cisen), habiendo un secretario técnico que será nombradopor el Presidente de la República.

Estos funcionarios, definirán los lineamientos para regularel uso de aparatos útiles en la intervención de comunica-ciones privadas, y los procesos para clasificar o en su casodesclasificar información en materia de seguridad nacio-nal. Asimismo, las políticas y acciones vinculadas a la se-guridad nacional serán evaluadas por una Comisión Legis-lativa, que se integrará de 3 senadores y 3 diputados. Por loque existirá el control legislativo para conocer la agendanacional de riesgos; para conocer los programas anuales


sobre seguridad nacional, que se crea a través de la misma,y existirá un actuar del órgano legislativo que trascenderáen tan importante tarea.

En virtud de esto, la presente iniciativa busca que los ar-tículos 56 y 58 de la recientemente aprobada Ley de Segu-ridad Nacional, relativos al control legislativo, que estable-cen de forma clara y concreta las atribuciones de laComisión Bicameral, cuenten con la mayor precisión posi-ble, por lo que proponemos, concretamente, la rotación dela presidencia, así como la comparecencia del SecretarioTécnico del Consejo, según lo considere pertinente dichaComisión.

Por todo lo anteriormente expuesto, el diputado del grupoparlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sepermite someter ante el pleno de esta soberanía, la siguien-te iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman los artículos 56 y 58 dela Ley de Seguridad Nacional.

Artículo Único- Se reforman los artículos 56 y 58 de laLey de Seguridad Nacional para quedar como siguen:

Artículo 56.- Las políticas y acciones vinculadas con la Se-guridad Nacional estarán sujetas al control y evaluación delPoder Legislativo Federal, por conducto de una ComisiónBicameral integrada por 3 senadores y 3 diputados.

La presidencia de la Comisión recaerá sucesivamenteen un senador y un diputado, su sede será en el recintodel legislador que la ostente.

Artículo 58.- En los meses en que inicien los periodos or-dinarios de sesiones del Congreso, el Secretario Técnicodel Consejo, deberá remitir a la Comisión Bicameral uninforme general de las actividades desarrolladas en el se-mestre inmediato anterior.

Si la Comisión lo considera pertinente, citará a compa-recer a dicho funcionario para que explique el conteni-do del informe.

Transitorios

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigoral día siguiente de su publicación en el Diario Oficial dela Federación.


Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados UnidosMexicanos, a los 28 días del mes de abril de 2005.

Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación.

126.- «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposi-ciones de la Ley de Coordinación Fiscal, con objeto dedestinar recursos adicionales a los municipios para ac-ciones preventivas en salud y mantenimiento de unidadesmédicas, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Sa-lazar, del grupo parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal e integrante del grupo parla-mentario del Partido Revolucionario Institucional a la LIXLegislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de laUnión, en ejercicio de la facultad que le confieren los ar-tículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo es-tablecido en los numerales 55, fracción II, 56, 62, 63 y de-más relativos del Reglamento para el Gobierno Interior delCongreso General de los Estados Unidos Mexicanos, so-mete a la consideración de esta honorable asamblea inicia-tiva con proyecto de decreto por el que se modifica y adi-ciona la Ley de Coordinación Fiscal con objeto de destinarrecursos adicionales a los municipios, dirigidos a accionespreventivas en salud y mantenimiento de unidades medi-cas, apoyo con personal de salud e insumos, bajo la si-guiente


La salud pública en México ha tenido importantes avances,lo que nos ha llevado a enfrentar nuevos retos, el promediode años vida ha ido en aumento y la transición epidemioló-gica nos ha enfrentado a padecer enfermedades crónico de-generativas de alto costo para el Estado y la población, asímismo debemos reconocer que es vergonzoso que nuestro


país ocupe el penúltimo lugar en inversión en salud de to-da América Latina, estando solo por arriba de Bolivia, ci-fras proporcionadas por la OCDE.

La Ley General de Salud reglamenta el derecho a la pro-tección a la salud y establece las bases y modalidades parael acceso a los servicios médicos y la concurrencia de la fe-deración y las entidades federativas en materia de Salubri-dad General.

Consolidar el federalismo es una prioridad, con esto sebusca llevar las decisiones y los recursos a donde se dan loseventos, acercar los servicios a los ciudadanos y lograr unadistribución más equitativa de oportunidades entre los dis-tintos niveles de gobierno.

En los últimos 20 años, México a realizado un notableavance en materia de federalización. A pesar de esto exis-te una amplia agenda de pendientes en este rubro tanto fi-nancieros como operativos y de coordinación. Es por estoque debemos fortalecer el federalismo bajo un enfoque decooperación que preserve los principios de solidaridad ycorresponsabilidad.

Desde la perspectiva de la salud el federalismo cooperati-vo busca dar fuerza y solidez a la federación bajo un mar-co de respeto a las atribuciones de los diferentes niveles degobierno con un revisión dinámica para que la distribuciónequilibrada de facultades responda a los constantes cam-bios.

Las desigualdades en la distribución de los recursos para lasalud entre instituciones, grupos de población, niveles deatención, y estados, nos obliga a revisar constantemente loscriterios y mecanismos para distribuir los recursos públi-cos, prioritariamente buscando una presupuestación quegarantice una mejor correspondencia entre recursos y ne-cesidades de salud.

La municipalización de los servicios de salud no ha logra-do desarrollarse como una política local en beneficio de lapoblación, por lo que es necesario impulsarla con la apor-tación de recursos económicos y la firma de convenios conlos titulares de los servicios de salud para formalizar el ti-po de acciones con los que va a participar el municipio ytener en el nivel local una mejor atención que garantice unapoblación más saludable.

Es evidente la cada vez más importante y necesaria cola-boración de los municipios para cumplir con una serie de

necesidades en el rubro de la salud cuyos recursos resultanla mayor parte de las veces insuficientes ya que gran partedel presupuesto se aplica para satisfacer las demandas deservicios públicos.

La transición epidemiológica de nuestro país en la actuali-dad nos muestra enfermedades relacionadas con el des-arrollo y la globalización y al mismo tiempo otras propiasde la marginación y la pobreza, esto dificulta más las capa-cidad de las autoridades para tratar los problemas de salud,lo que incrementa la responsabilidad sobre el propio muni-cipio haciéndolo más vulnerable si la capacidad de res-puesta no es la adecuada.

Considerandos

Que la asignación presupuestal sigue basada fundamental-mente en el gasto histórico, que no necesariamente reflejalas necesidades de salud de la población ni garantiza la re-distribución entre entidades.

Que la asignación de recursos aún no es suficiente para re-ducir las desigualdades entre los Estados y municipios.

Que debemos implementar acciones de distribución delpresupuesto con base en criterios de equidad.

Que las necesidades de salud que se reflejan en las varia-bles usadas son aquellas que tienen impacto sobre la tasade mortalidad y se relacionan con la pobreza y el rezago ensalud.

Por lo anteriormente expuesto me permito presentar aesta soberanía Proyecto de Decreto por la que se Refor-ma el artículo 32 y se adiciona un párrafo a) al articulo33 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar comosigue:

Artículo 32.- El fondo de Aportaciones para la infraes-tructura social se determinará anualmente en el Presupues-to de Egresos de la Federación con recursos federales porun monto equivalente, solo para efectos de referencia, al2.7% de la recaudación federal participable a que se refie-re el artículo 2º. de esta Ley, según estimación que de lamisma se realice en el propio presupuesto, con base en loque al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federa-ción para ese ejercicio. Del total de la recaudación federalparticipable el 0.327% corresponderá al Fondo para la In-fraestructura Social Estatal y el 2.373% al Fondo para In-fraestructura Social Municipal.


Artículo 33.- ...

a) Fondo de aportaciones para la Infraestructura SocialMunicipal: agua potable, alcantarillado, drenaje y letri-nas, urbanización municipal, electrificación rural y decolonias pobres, infraestructura básica de salud, infraes-tructura básica educativa, mejoramiento de vivienda,caminos rurales, e infraestructura productiva rural. Losrecursos adicionales que se otorguen a los municipiosdeberán ser utilizados para acciones preventivas en sa-lud, mantenimiento de unidades médicas, apoyo conpersonal de salud e insumos.

Transitorios


Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes deabril de 2005.—Dip. María Cristina Díaz Salazar (rúbrica).»


127.- «Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 39y 40 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del dipu-tado Rafael Flores Mendoza, del grupo parlamentario delPRD

El suscrito, diputado Rafael Flores Mendoza, integrante dela LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congre-so de la Unión, en uso de la facultad que le confieren el ar-tículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Es-tados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamentopara el Gobierno Interior del Congreso General de los Es-tados Unidos Mexicanos, presenta al Pleno de esta H. Cá-mara de Diputados la iniciativa de decreto por la que se re-forman y adicionan los artículos 39 y 40 de la Ley deCoordinación Fiscal, al tenor de la siguiente


A lo largo de las últimas décadas, la preocupación en tor-no a la situación que enfrentan los adultos mayores viene

ganando espacio dentro de los gobiernos nacionales, los or-ganismos internacionales, las organizaciones de la socie-dad civil y los especialistas de la comunidad académica detodo el mundo; lo anterior a partir de la constatación de queel envejecimiento poblacional constituye el cambio demo-gráfico más importante del nuevo milenio.

La baja en las tasas de natalidad y mortalidad, producto delos avances médicos y de salubridad pública, ha elevado aun crecimiento en términos absolutos y relativos el núme-ro de ancianos en el mundo. Por ejemplo, en el caso de Mé-xico, de acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional dePoblación, en el año 2005 la población que tiene 60 y másaños es de 8 millones, y representa el 7.5 por ciento de lapoblación total del país. Para el 2010, se calcula que estacifra ascenderá a 9.6 millones y en el 2020 se habrá dupli -cado hasta llegar a poco más de 18 millones de personas dela tercera edad.

Cabe destacar que los adultos mayores en México, igualque en la mayoría de los países de América Latina, enfren-tan condiciones adversas, escasas oportunidades y vivenbajo situaciones de desventaja social y económica.

Sólo por mencionar una cifra. Hoy, en nuestro país, apro-ximadamente, 1.7 millones de adultos mayores viven encondiciones de pobreza alimentaria, y el 56 por ciento so-breviven con menos de 45 pesos diarios. Es imposible de-jar de reconocer esta realidad: gran parte de las personasmayores en México viven en pobreza, con precarias condi-ciones de salud, alimentación y vivienda.

Tal problemática se vuelve más compleja, además porquemás allá de su condición económicas las personas mayoresson víctimas de abandono, maltrato y marginación. Aún enel seno familiar, el despojo, las agresiones y la violenciason parte del esquema de vulnerabilidad que caracteriza lavida cotidiana de nuestros ancianos.

La restringida cobertura de los sistemas de pensiones en elpaís -sólo el 30 por ciento de las personas mayores cuentancon ella- y el hecho de que la mayoría de las pensiones nogarantizan la satisfacción de las necesidades básicas mues-tran que como sociedad no estamos atendiendo las necesi-dades de las mujeres y hombres que hoy cuentan con másde 60 años.

Existen en nuestro país políticas dirigidas a la población dela tercera edad además de dependencias públicas responsa-bles de esa tarea. Baste mencionar al Instituto Nacional de


la Senectud (Insen), que a lo largo de dos décadas atendióa las personas de más de 60 años. El cual en 2002 paso aformar parte de la Secretaría de Desarrollo Social, modifi-cando su nombre por el de Instituto Nacional de Adultos enPlenitud (Inaplen). Sin embargo, los recursos asignados alInstituto (274 millones en 2005) son una muestra clara dela poca importancia dada a su labor. Por otro lado, el Pro-grama de Adultos Mayores en Zonas Rurales, instrumenta-do por la Secretaría de Desarrollo Social, atiende a un nú-mero muy reducido de personas y ha sido objeto demúltiples y constantes denuncias sobre el uso electoral delos apoyos que otorga.

Todo lo anterior exige un ajuste en el marco jurídico vi-gente para dar lugar a políticas económicas y sociales querespondan a las necesidades crecientes de los adultos ma-yores en el país.

Sin duda, ha habido avances importantes en la materia. Asílo muestra la aprobación de la Ley de los Derechos de lasPersonas Adultas Mayores en el Distrito Federal en el año2000, y a nivel federal, la Ley de los Derechos de las Per-sonas Adultas Mayores aprobada en 2003, además de otraslegislaciones estatales sobre el particular. Sin embargo, esmomento de dar un paso adelante, y fortalecer los meca-nismos de financiamiento para programas y acciones gu-bernamentales de atención a las personas adultas mayores.

La presente iniciativa propone reformar el artículo 39 de laLey de Coordinación Fiscal para sumar los recursos presu-puestales del Programa de Adultos Mayores en Zonas Ru-rales, de la Sedesol, al Fondo de Aportaciones Múltiples,en su componente de asistencia social. Además de que adi-ciona el artículo 40 para permitir que los recursos de dichofondo se utilicen por parte de los gobiernos estatales paraprogramas de atención a personas adultas mayores.

Esta reforma fortalece la capacidad de respuesta de los go-biernos locales, con apego a la autonomía de gestión en elejercicio de los recursos dedicados a la atención de las ne-cesidades de los adultos mayores.

Sólo me resta mencionar que una sociedad justa es aquellaque valora las capacidades y experiencias de sus adultosmayores, los acepta y comprende sus limitaciones, recono-ce y da certeza jurídica a su derecho a vivir dignamente ya continuar activos y desarrollándose social, cultural y eco-nómicamente, debemos sumar esfuerzos Estado y sociedadpara acercarnos a ese ideal. Esta iniciativa busca ser unaporte del Poder Legislativo en tal sentido.

Por lo antes expuesto, me permito someter a consideracióndel Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la si-guiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformay adiciona la Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Único. Se reforma el artículo 39 y se adiciona elarticulo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal para quedarcomo sigue:

Artículo 39. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). ElFondo de Aportaciones Múltiples se determinara anual-mente en el Presupuesto de Egresos de la Federación porun monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al0.916% de la recaudación federal participable a que se re-fiere el artículo 2o. de esta ley, según estimación que de lamisma se realice en el propio presupuesto, con base a loque al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federa-ción para ese ejercicio. Para el entero de estos recursos, noprocederán los anticipos a que se refiere el segundo párra-fo del artículo 7o. de esta ley.

Artículo 40. Objeto del Fondo de Aportaciones Múltiples.Las aportaciones federales que con cargo al Fondo deAportaciones Múltiples reciban los estados de la Federa-ción y el Distrito Federal se destinarán exclusivamente alotorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentariosy de asistencia social a la población en condiciones de po-breza extrema, apoyos a la población en desamparo, pro-gramas de atención a personas adultas mayores, así co-mo a la construcción, equipamiento y rehabilitación deinfraestructura física de los niveles de educación básica ysuperior en su modalidad universitaria.

Transitorios

Primero: El presente decreto entrará en vigor al día si-guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fede-ración.

Segundo: La ampliación presupuestal que resulte de laaplicación del artículo 39 se efectuara para el Presupuestode Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2006.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mesde abril del año 2005.— Dip. Rafael Flores Mendoza (rúbrica).»



128.- «Iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley dePlaneación, a cargo del diputado Jorge Kahwagi Macari,del grupo parlamentario del PVEM

Jorge Antonio Kahwagi Macari, diputado de la LIX Legis-latura del H. Congreso de la Unión, integrante del GrupoParlamentario del Partido Verde Ecologista de México, confundamento en el artículo 71 fracción II de la ConstituciónGeneral de los Estados Unidos Mexicanos y los correlati-vos 55 fracción II, 56 del Reglamento para el Gobierno In-terior del Congreso General de los Estados Unidos Mexi-canos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión deHacienda y Crédito Público la presente iniciativa con pro-yecto de decreto que adiciona inciso VII al artículo 2 de laLey de Planeación, de conformidad con la siguiente:

Exposición de motivos

Las funciones básicas del Estado en el ámbito económico,en nuestro país están mandatadas específicamente en losartículos 26, 27 y 28 de la Constitución Política de los Es-tados Unidos Mexicanos. Pero a la luz de los magros re-sultados obtenidos en el desarrollo económico de nuestropaís en los últimos años, estamos obligados como legisla-dores a buscar alternativas que posibiliten reconducir el ac-tual esquema de regulación económica hacia una relaciónóptima entre el Estado y los agentes económicos que cons-tituyen el mercado.

En los últimos años la participación que el Estado ha teni-do en la economía mexicana ha sido pobre, errática y conuna preocupante tendencia de nuestra actividad económicahacia el estancamiento y perdida sistemática de competiti-vidad.

Situación preocupante ya que el Estado en cualquier eco-nomía del mundo, debe garantizar crecimiento económicoy estabilidad mediante el uso adecuado de instrumentos ju-rídicos, fiscales, monetarios y financieros.

Recordemos que “la existencia de un Estado regulador einstituciones eficientes son esenciales para el crecimientoeconómico”1. En este sentido nosotros reconocemos yproponemos que para alcanzar estabilidad y desarrollo eco-nómico, es necesario que la participación del Estado asumade manera integral que los objetivos económicos básicoscon los que éste debe cumplir, deben ser entre otros asig-nación de recursos, distribución, estabilidad, crecimiento yvigilancia de la sustentabilidad ambiental del desarrollo.

Al mismo tiempo la participación del Estado en nuestraeconomía debe garantizar los derechos de propiedad con elfin de crear los incentivos suficientes para detonar creci-miento económico, mayor equidad y viabilidad financieraa la economía.

En nuestra historia reciente el Estado mexicano en el ám-bito económico ha transitado de un Estado excesivamentepatrimonialista a un Estado “mínimo”, condicionado y li-mitado por serias restricciones fiscales, monetarias y fi-nancieras.

Nosotros no compartimos ninguno de estos dos extremos,ni el patrimonialista por su ineficiencia observada en losaños sesentas y setentas, ni el aparente Estado mínimo delos noventas, que deja todo la responsabilidad a una apa-rente eficiente asignación de recursos por parte del merca-do. Proponemos una nueva y eficiente participación del Es-tado y sus instituciones en la regulación económica, quegenere los incentivos eficientes, asegure los derechos depropiedad y disminuya sustancialmente los costos de trans-acción de los agentes económicos con el fin de generar unaeconomía competitiva y capaz de insertarse en la economíaglobal.

El resultado de perseguir un Estado “mínimo”, implicó uncambio estructural que cambio el perfil del Estado mexica-no y su modelo de intervención, a tal grado que ha dadocomo resultado caída en el ritmo de crecimiento del Pro-ducto Interno Bruto y una pérdida importante del impulsoal crecimiento del mercado interno con la consecuente ca-ída de la inversión, el empleo y el ingreso, en suma el Es-tado en nuestro país se ha alejado de la promoción del des-arrollo.

En la actualidad debemos transitar de un Estado con apa-rente tendencia minimalista en su participación en la eco-nomía, a otro Estado con un perfil de participación eficien-te, en donde el cambio institucional propicie una relaciónoptima con los agentes económicos. En este sentido el Es-tado mexicano esta obligado a crear expectativas económi-cas de estabilidad y riesgo bajo, debe contribuir como lohace en otros países a la promoción del crecimiento econó-mico, mejorando la operación de la economía y el perfil dela distribución del ingreso.

El Estado debe posibilitar desde nuestras instituciones, lalegislación y las políticas que de ellas emanan la promo-ción del mercado interno y el desarrollo económico, de tal


manera que los agentes económicos incrementen la inver-sión, el empleo, el ingreso, el consumo, el ahorro en uncontexto de apertura económica y competitividad produc-tiva y financiera.

Un buen manejo de los instrumentos jurídicos y económi-cos debe crear incentivos suficientes con el fin de detonarcrecimiento económico y círculos virtuosos en la econo-mía.

Es precisamente en este sentido que como diputados inte-grantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecolo-gista de México, comprometido con el estudio e imple-mentación de cambios legislativos dirigidos hacia unamejoría social y preocupados por el pobre desempeño delmercado interno y la economía nacional, propongo la si-guiente: iniciativa con proyecto de decreto por el que seadiciona inciso VII al artículo 2 de la Ley de Planea-ción, en base al siguiente:

Decreto

Artículo 2

La planeación deberá llevarse a cabo como un medio parael eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobreel desarrollo integral y sustentable del país y deberá tendera la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales,culturales y económicos contenidos en la Constitución Po-lítica de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estarábasada en los siguientes principios:

I.-El fortalecimiento de la soberanía, la independencia yautodeterminación nacionales, en lo político, lo econó-mico y lo cultural;

II.-La preservación y el perfeccionamiento del régimendemocrático, republicano, federal y representativo quela Constitución establece; y la consolidación de la de-mocracia como sistema de vida, fundado en el constan-te mejoramiento económico, social y cultural del pue-blo, impulsando su participación activa en la planeacióny ejecución de las actividades del gobierno;

III.- La igualdad de derechos, la atención de las necesi-dades básicas de la población y la mejoría, en todos losaspectos, de la calidad de la vida, para lograr una socie-dad más igualitaria, garantizando un ambiente adecuadopara el desarrollo de la población;

IV.-El respeto irrestricto de las garantías individuales, yde las libertades y derechos sociales y políticos.

V.-El fortalecimiento del pacto federal y del municipiolibre, para lograr un desarrollo equilibrado del país,promoviendo la descentralización de la vida nacional; y

VI.-El equilibrio de los factores de la producción, queproteja y promueva el empleo; en un marco de estabili-dad económica y social.

VII.- El crecimiento económico y estabilidad delmercado interno para garantizar desarrollo econó-mico y social.

Transitorio


Nota:

(1) Ayala, J. Mercado, elección pública e instituciones . Una revisión

de las teorías modernas del Estado, coed. Miguel Ángel Porrúa-Fa-cultad de Economía –UNAM, 1996.


Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos




129.- «Iniciativa que reforma los artículos 5 y 12 de laLey de Seguridad Nacional, a cargo del diputado José Al-berto Aguilar Iñárritu, del grupo parlamentario del PRI

De reformas a la Ley de Seguridad Nacional, que suscri -ben, el diputado José Alberto Aguilar Iñárritu, del grupoparlamentario del Partido Revolucionario Institucional y ladiputada Eliana García Laguna del grupo parlamentario delPartido de la Revolución Democrática.

Los suscritos, diputados integrantes de la LIX Legislaturade la Cámara de Diputados, en ejercicio, con fundamentoen el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55, fracciónII y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Con-greso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta-mos Iniciativa de Reformas a los artículos 5° y 12 de la Leyde Seguridad Nacional, solicitando se turne a la Comisiónde Gobernación para ser dictaminada con base en la si-guiente


La Seguridad Nacional debe ser entendida como una con-dición indispensable para garantizar el desarrollo del país yen ese sentido comprender al Estado, como organizaciónpolítica de la sociedad y como la instancia responsable dedar certeza y solidaridad a la Nación para llevar a cabo lastareas necesarias que conlleven a su progreso democrático,social, cultural, económico, constante, equitativo y susten-table.

La Seguridad Nacional es interna y externa y en ambosámbitos se debe conducir de acuerdo con prioridades pre-cisas, concordantes con las prioridades de un proyecto na-cional pluralmente definido y establecidas con todo realis-mo de acuerdo con sus capacidades y políticas interior,exterior, económica, social, militar y situación geográfica ygeopolítica.

En el ámbito interno sus prioridades se definen a partir delconcepto constitucional de democracia no solamente comouna estructura jurídica y un régimen político, sino como unsistema de vida fundado en el constante mejoramiento eco-nómico, social y cultural del pueblo.

En el ámbito externo sus prioridades son la paz, la coope-ración y el desarrollo, así como apoyar el esfuerzo econó-mico global de México que se debe ejercer con base en trescírculos: primer círculo de seguridad mexicana, círculo es-

tratégico de seguridad y círculo amplio de buenas relacio-nes internacionales. El primero está comprendido por susvecinos América del Norte, América Central, el Caribe y elGran Caribe (Venezuela y Colombia); el segundo contem-pla toda América Latina, España, Francia, Alemania, lospaíses petroleros y China.

Las políticas de seguridad nacional deben estar en conso-nancia con el sentido de los principios y valores que iden-tifican a cada sociedad y gobierno, conformadas a lo largode la trayectoria histórica de país y del desarrollo de susinstituciones.

Las prioridades y pautas para el adecuado funcionamientode la seguridad nacional las dictan los intereses nacionales,así como la evolución de nuestro sistema político, en la quedeben identificarse tanto los nuevos desafíos, como las ba-ses y fundamentos de la propia Nación.

Por tanto, contar con una Ley de Seguridad Nacional, in-dudablemente representa un avance, por ello, reconocemosel trabajo que realizaron las Comisiones Unidas de Gober-nación y de Justicia y Derechos Humanos y que lograronenriquecer y hacer avanzar mucho el proyecto original.

No obstante, es necesario considerar que una Ley de taltrascendencia para nuestro país, debe contar desde un prin-cipio con los elementos necesarios para garantizar su efi-cacia y conveniente evolución de acuerdo con el desarrollodel régimen político democrático que estamos construyen-do.

Es cierto, ningún país ha concluido su Sistema de Seguri-dad Nacional en un sólo ejercicio legislativo; es verdad quees un asunto de historia, pero es necesario poner las basespara que nuestro Sistema de Seguridad funcione y crezcadebidamente de acuerdo a las exigencias de nuestra reali-dad.

Por ello, consideramos que una Ley de esta naturaleza de-be definir el concepto de amenazas en un sentido amplio,en atención a su naturaleza dinámica y asumir que toma lasdecisiones atendiendo a una lógica de Estado.

Sobre este punto, específicamente estamos haciendo refe-rencia al artículo 5°, en sus fracciones VI. Actos en contrade la seguridad de la aviación; IX. Actos ilícitos en contrade la navegación marítima; y XI. Actos tendentes a obsta-culizar o bloquear actividades de inteligencia o contrain-teligencia; fracciones que tienen un nivel de abstracción


mucho menor que la diversa “I” que establece: Actos ten-dentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebe-lión, traición a la patria, genocidio, en contra de los Esta-dos Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional, loque en un momento dado, nos permite la posibilidad deampliar el concepto de amenazas. En tales condiciones, es-tamos proponiendo que se deroguen las citadas fraccionesVI, IX y XI y que se adicione en la parte final de la frac-ción I, “su espacio aéreo y marítimo”.

Asimismo, en lo tendiente a obstaculizar o bloquear acti-vidades de inteligencia, proponemos que se adicione en laparte final de la fracción III de este mismo artículo, “y laslabores de inteligencia y contrainteligencia derivadas de laatención a una amenaza de seguridad nacional.”

Con lo anterior, pretendemos reencauzar el sentido y la ra-zón de ser de contar con una Ley de Seguridad Nacionalque considere que el concepto de amenazas no es único,permanente e inmutable, sino que obedecen a una serie dehechos variables y modificables a través del tiempo, quepueden atentar contra las instituciones del Estado y su po-blación.

Por otra parte, en el artículo 12, que establece que, Para lacoordinación de acciones orientadas a preservar la Segu-ridad Nacional se establece el Consejo de Seguridad Na-cional, que prácticamente es el gabinete operativo y por lotanto, carece de una autentica legitimación en la toma de de-cisiones que le tendría que dar una conjunción de poderes.

En tal virtud, para otorgarle al Consejo de Seguridad Na-cional esa legitimidad necesaria y con el propósito de com-partir responsabilidades en el ámbito de la Seguridad Na-cional, consideramos indispensable que la ComisiónBicamaral que se establece el artículo 56 de la propia Leyde Seguridad Nacional, forme parte de dicho Consejo deSeguridad.

Con ello, nosotros estaremos en condiciones de que la ciu-dadanía a través de los diputados representados ahí y elPacto Federal a través de los Senadores, participen en fun-ciones deliberativas que se establecen en el propio artículo12 para este Consejo de Seguridad.

En consecuencia: es del todo recomendable la incorpora-ción de integrantes de los Poderes de la Unión, para estaren condiciones, no sólo de una toma de decisiones articu-lada, sino de asegurar la legitimidad de las decisiones en lamateria.

Este mecanismo de consulta entre poderes será de utilidadpara definir en nuestra República democrática su carácterde instancia capaz de evaluar los riesgos y desafíos a la Se-guridad Nacional y con esa base actuar.

Finalmente, el último y único responsable de la SeguridadNacional es el Presidente de la República, pero en el pro-ceso que va del diagnóstico a la evaluación y a la decisión,estará acompañado de una serie de elementos, que proce-dentes del aparato público, productivo y social, con lo quela determinación ratificará su carácter de Estado.

Por lo anteriormente expuesto, los suscritos diputados nospermitimos someter a la consideración de esta HonorableAsamblea, la presente Iniciativa con Proyecto de:

Decreto que reforma el artículo 5°, fracciones I y III; seadiciona al artículo 12, la fracción XII y se derogan delartículo 5°, las fracciones VI, IX y XI, de la Ley de Se-guridad Nacional para quedar de la siguiente manera:

Artículo Único. Se reforma el artículo 5°, fracciones I yIII; se adiciona al artículo 12, la fracción XII y se derogandel artículo 5°, las fracciones VI, IX y XI, para quedar co-mo sigue:

Artículo 5. …

I. Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, te-rrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, encontra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del te-rritorio nacional su espacio aéreo y marítimo;

II. …

III. Actos que impidan a las autoridades actuar contra ladelincuencia organizada y las labores de inteligencia ycontrainteligencia derivadas de la atención a unaamenaza de seguridad nacional;

IV. a V. …

VI. (Se deroga).

VII. a VIII. …

IX. (Se deroga).

X. …


XI. (Se deroga).

XII. ...

Artículo 12. …

I. a XI. …

XII. La Comisión Bicamaral que se establece en elartículo 56 de esta ley;

…

…


Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguien-te de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2005.— Diputados:José Alberto Aguilar Iñárritu, Eliana García Laguna (rúbricas).»


130.- «Iniciativa que adiciona el inciso b) del artículo 72de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-canos, a cargo del diputado Jorge Kahwagi Macari, delgrupo parlamentario del PVEM

Jorge Antonio Kahwagi Macari, diputado de la LIX Legis-latura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupoparlamentario del Partido Verde Ecologista de México, confundamento en los artículos 71 fracción II, 72 y 73 fracciónXVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Me-xicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General delos Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y64 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se tur-ne a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dic-

tamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara deDiputados de la Quincuagésima Novena Legislatura delHonorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa deley, con base a la siguiente:


El artículo 72 de la Constitución Política de los EstadosUnido Mexicanos, establece en su fracción b) que todoproyecto no devuelto con observaciones por el ejecutivo ala Cámara de su origen dentro de los diez días hábiles si-guientes a la aprobación por la revisora, se entenderá apro-bado. Tal medida, se estableció por el constituyente paraasegurar la preclusión del derecho de observación de leyesy la publicación de los instrumentos legislativos aprobadospor el Congreso de la Unión, sin embargo, la ausencia deun mecanismo de sanción al incumplimiento de dicha dis-posición, ha generado la existencia de una facultad meta-constitucional que deriva en veto presidencial.

El veto es la facultad que tienen algunos jefes de Estadopara oponerse a una ley o decreto, que el Congreso envíapara su promulgación; es un acto en el que el Ejecutivoparticipa en la función legislativa. Esto forma parte del sis-tema de contrapesos entre el ejecutivo y el parlamento; así,mientras el Presidente puede vetar la legislación, el parla-mento puede superar ese veto con un voto de dos tercios deambas cámaras. El veto persigue dos finalidades principal-mente, la de asociar al ejecutivo en la responsabilidad de laformación de la ley y la de fortalecer y proteger al Ejecuti-vo frente al Legislativo (característico en los países de ré-gimen presidencial y semipresidencial). En los EstadosUnidos, por ejemplo, si el Presidente no desea que la ini-ciativa se convierta en ley, tiene el derecho de vetarla, deesta manera la devuelve sin firmar a la cámara de origen,con una nota anexa exponiendo sus objeciones acerca de lainiciativa. Por su parte el Congreso puede sobreponerse alveto presidencial, sometiendo a votación la iniciativa, y siésta es aprobada por los dos tercios de los miembros pre-sentes de ambas cámaras, tendrá carácter de ley sin impor-tar las objeciones del ejecutivo.

Existe también el llamado veto de bolsillo, el cual consisteen que si el Congreso da por concluido el periodo de se-siones antes de que expiren los diez días en que el ejecuti -vo recibió la iniciativa, ésta, por no haber sido sancionada,no adquiere carácter de ley.

En otras palabras, el veto consiste en la negativa por partedel titular del Ejecutivo para promulgar y publicar una ley


o decreto, aun cuando formalmente no presente observa-ción alguna ante la Cámara de su origen y haya transcurri-do el término constitucional para hacerlo o aprobarla. Enconsecuencia, podemos encontrarnos ante leyes que hansalvado el trámite constitucional necesario para que ad-quieran vigencia; pero que son a la vez inejecutorias puesno adquieren fuerza de ley sino hasta que hayan sido debi-damente dadas a conocer a los gobernados por medio de supublicación en el Diario Oficial.

La aprobación de las leyes o decretos es un concepto am-plio que involucra a cada uno de los actores dentro del pro-cedimiento legislativo, de tal suerte, encontramos que asícomo cada una de las Cámaras del Congreso aprueban uninstrumento Legislativo antes de remitirlo al Ejecutivo, és-te a su vez puede otorgar la misma aprobación, puede ejer-citar su derecho de veto, o simplemente puede hacer queopere una afirmativa ficta al no pronunciarse respecto de laley; en este caso, el ejecutivo solo puede promulgar y man-dar publicar la ley.

La publicación de una ley o decreto, se instituye en todosistema jurídico, por ser la forma más efectiva de dar a co-nocer a los gobernados el texto de una ley, sin embargo, noes más que un requisito material para su vigencia, por loque en el plano comparado podemos encontrar periódicosgubernamentales dependientes del Poder Ejecutivo, comonuestro sistema y el de Estados Unidos de América; del Le-gislativo, tal como ocurre en sendos sistemas parlamenta-rios; del Judicial, como es el caso de Australia, o autóno-mos, como ocurrió durante un tiempo en Italia. Incluso, enel Código Civil dominicano, se establece que en caso de le-yes de emergencia, éstas se pueden publicar en la prensanacional. Como puede verse, la cuestión de la publicaciónes un acto de naturaleza meramente administrativa, que ge-neralmente le es encomendado a un funcionario de rangomenor a la investidura presidencial, judicial o parlamenta-ria.

En este tenor, nuestra propuesta busca asegurar la publica-ción de los decretos en el Diario Oficial de la Federación,para que las disposiciones jurídicas puedan considerarsecomo vigentes y concluya el proceso legislativo. Por ello,proponemos que si el Ejecutivo no hubiese publicado el de-creto en el Diario Oficial de la Federación al término de losplazos mencionados, la Cámara de origen pueda ordenar supublicación.

Con base en lo anterior, el suscrito diputado, integrante delgrupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de Méxi-

co se permite someter ante el pleno de esta soberanía, la si-guiente iniciativa de:

Decreto mediante el cual se adiciona el inciso b) del artí-culo 72 de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos.

Artículo Único.- Se adiciona el inciso b) del artículo 72 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,para quedar como sigue:

Artículo 72. …

a) …

b) Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo, todoproyecto no devuelto con observaciones a la Cámara desu origen, dentro de diez días útiles; a no ser que, co-rriendo este término hubiere el Congreso cerrado o sus-pendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución debe-rá hacerse el primer día útil en que el Congreso estéreunido.

Si el Ejecutivo no hubiese publicado el decreto en elDiario Oficial de la Federación al término de los pla-zos mencionados, la Cámara de origen tendrá la fa-cultad de mandarlo publicar.

c) – j) …

Transitorio

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor aldía siguiente de su publicación en el Diario Oficial de laFederación.



Mexicanos, a los 28 días del mes de abril de 2005.— Dip. Jorge A.Kahwagi Macari (rúbrica).»



131.- «Iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Or-gánica del Congreso General de los Estados Unidos Me-xicanos, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, delgrupo parlamentario del PRI

De conformidad con los artículos 71, fracción II, y 72 de laConstitución de los Estados Unidos Mexicanos y los ar-tículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Go-bierno Interior del Congreso General de los Estados Uni-dos Mexicanos, el de la voz, diputado Omar Bazán Flores,del grupo parlamentario del PRI, presenta ante ésta H. so-beranía la siguiente iniciativa que reforma el artículo 39 dela Ley Orgánica del Congreso General de los Estados uni-dos Mexicanos.


En el México de hoy existe una necesidad imperiosa deconstituir relaciones sociales, culturales, económicas y po-líticas ajenas a la exclusión, a la marginación y a la des-igualdad. Se trata del necesario correlato del bienestar, deoportunidades y de respeto mutuo para nuestra recién al-canzada democracia política. Las nuevas formas de convi-vencia democrática a las que debemos aspirar como paíssolo podrá existir si se asegura la eliminación de las barre-ras, que impiden el ejercicio cabal de los derechos funda-mentales y las libertades básicas de las personas, así comosu acceso a la igualdad real de oportunidades. Si no cons-truimos relaciones democráticas y reciprocas en nuestra vi-da social, nuestra democratización se mantendrá frágil y eltejido de nuestra sociedad se vera fragmentado y plagadode desigualdades irreductibles.

La lucha contra la discriminación es, en este momento dela vida nacional, una de las vías fundamentales para alcan-zar una ciudadanía plena. Esta ciudadanía compatible conun sistema democrático efectivo debe estar exenta de dis-criminaciones que la mutilen y la socaven. En la construc-ción de ella se juega en gran medida la calidad de vida delas personas y la legitimidad misma de las instituciones yde las reglas de la democracia.

Resulta del todo inadmisible que en el México del sigloXXI persistan practicas discriminatorias tan extendidas co-mo oprobiosas que, entre otros efectos han generado un gi-gantesco daño humano a través de la inequidad y la frag-mentación sociales, vulnerando en sus derechos, libertadesy oportunidades tanto a personas como a grupos y comuni-dades. No estamos, pues, frente a un problema menor, yaque una inmensa mayoría de la población nacional sufre de

manera directa o indirecta algún trato discriminatorio. Porello, en la reforma que ahora se plantea como necesaria, separte justamente del reconocimiento explicito de la profun-didad y extensión de las practicas discriminatorias y delgran daño social que han generado y que siguen generan-do.

Los actos de discriminación son violaciones directas a losderechos humanos fundamentales. Si entendemos la discri-minación como un trato diferenciado que daña la dignidadhumana aun cuando se esconda tras el respeto formal de laslibertades y la igualdad legal o política, debemos decir queuna sociedad no puede considerarse plenamente democrá-tica si no es capaz de ofrecer una protección efectiva de losderechos inalienables de la persona, toda vez que estosconstituyen los pilares insustituibles de cualquier democra-cia que se considere legítima.

La lucha contra la discriminación es parte esencial de la lu-cha por la consolidación democrática. En los hechos, laspracticas discriminatorias conducen, tarde o temprano, a li-mitaciones de las libertades fundamentales y a un trata-miento político y legal desigual hacia personas y gruposvulnerables.

De manera equivalente, la ausencia de derechos de la per-sona y de igualdad legal y política se convierte en un caldode cultivo para la exclusión y el desprecio social. La dis-criminación forma parte del espiral de la dominación auto-ritaria, puesto que tiende a estigmatizar grupos sociales,conductas especificas y visiones del mundo y termina can-celando derechos y garantías legales y políticas.

La definición de discriminación que fundamenta esta ini-ciativa que propongo entiende a esta como todo acto u omi-sión basado en prejuicios o convicciones relacionados conel sexo, la raza, la pertenencia étnica, el origen y condiciónsocial o económica, el estado civil, el estado de salud, lascaracterísticas físicas, la edad, la preferencia sexual, cual-quier forma de discapacidad que genera la anulación, elmenoscabo, o la restricción del reconocimiento, el goce oel ejercicio de los derechos humanos, las libertades funda-mentales y la igualdad real de oportunidades de las perso-nas.

La discriminación es una forma de trato diferenciado ali-mentado por el desprecio hacia personas o grupos. Pero nodebe perderse de vista que no toda forma de trato diferen-ciado es discriminatoria y que, por el contrario, existenformas de trato diferenciado que son incluso necesarias y


deseables en la lucha contra la discriminación. Las formasdeseables de trato diferenciado son las que posibilitan la re-paración del daño histórico generado por la discriminacióny que permiten construir condiciones de igualdad real deoportunidades y de reciprocidad entre las personas.

A la multiplicidad de las practicas discriminatorias se debeañadir la diversidad de espacios y circunstancias en que es-tas ocurren. Los actos discriminatorios se encuentran tanextendidos y arraigados que pueden tener lugar en la esfe-ra política, económica, social, cultural o civil, o en cuales-quiera otras de la vida publica o privada. En todos estos ca-sos siempre tienen como efecto impedir el pleno desarrollode la persona humana. Por ello, la Cámara de Diputados enla lucha contra la discriminación aprobó la Ley para Pre-venir y Eliminar la Discriminación, esta Ley creo la Comi-sión Nacional Para Prevenir y Eliminar la Discriminaciónpara tener competencias para incidir de manera directatambién en los espacios privados en los que se presentanpracticas discriminatorias.

Por lo anterior expuesto, presento a esta H. soberanía la si-guiente iniciativa con proyecto de decreto:

Artículo Único: Se adiciona fracción XXIX al numeral 2del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso Generaldel los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 39.

1.- ...

2.La Cámara de Diputados cuenta con comisiones ordina-rias que se mantienen de legislatura a legislatura y son lassiguientes:

I. a la XXVIII...

XXIX.- Para prevenir y eliminar la discriminación.

Transitorio Primero.- Esta reforma entrará en vigor al díasiguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fede-ración.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de año 2005.— Dip.

Omar Bazán Flores (rúbrica).»


132.- «Iniciativa que reforma diversas disposiciones delCódigo Federal de Instituciones y Procedimientos Elec-torales, a cargo del diputado Rafael Flores Mendoza, delgrupo parlamentario del PRD

Licenciado Rafael Flores Mendoza, diputado federal a laLIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Con-greso de la Unión, en ejercicio de las facultades que meconfieren los artículos 71, fracción II, de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II,del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Ge-neral de los Estados Unidos Mexicanos y sustentado en lasiguiente


Primero.- La búsqueda de mejores condiciones de vida de-rivado de las asimetrías económicas entre las naciones deorigen y destino, propician la mayoría de los movimientosmigratorios.

Segundo.- México es considerado uno de los países conmayor índice migratorio. Su cercanía con Estados Unidosde América ha contribuido al establecimiento de circuitosmigratorios que propician el llamado transnacionalismo, osea, la capacidad de los migrantes para vincular sus comu-nidades de origen con la de destino.

El impacto del éxodo de mexicanos hacia la Unión Ameri-cana puede advertirse de múltiples y variadas maneras,siendo el envío de remesas el beneficio que reviste un ma-yor impacto para sus comunidades de origen, toda vezque constituye un valioso instrumento de desarrollo parael país.

Tercero.- La migración de connacionales hacia EstadosUnidos es un fenómeno secular y complejo que generamúltiples efectos en ambas naciones. Dichos efectos influ-yen directamente en la vida económica, social y cultural denuestro país. Con aquella nación compartimos una extensafrontera que es considerada una de las más dinámicas delmundo. Se estima que actualmente habitan en ella cerca denueve millones de mexicanos, lo que equivale a más delocho por ciento de la población total del país.

Cuarto.- El flujo de migrantes hacia el vecino país del nor-te es tan dinámico como el flujo de remesas enviadas anuestro país. De acuerdo a informes del Fondo MonetarioInternacional, México ocupa ya el segundo lugar como re-ceptor de divisas a nivel mundial, superado sólo por la I ndia.


De acuerdo con informes del Banco de México, del año2000 al 2004 los migrantes inyectaron a la economía másde 55 mil millones de dólares, registro que se tiene única-mente en envíos documentados, sin tomar en cuenta los rea-lizados en numerario o en especie a través de familiares oamigos. Tan sólo el año pasado se registró un ingreso de re-mesas por el orden de los 16 mil 613 millones de dólares,cifra que superó en un 24 por ciento las enviadas en el 2003y que según previsiones del citado banco central, se vis-lumbra un alza sostenida durante los próximos años.

Como se observa, el aporte de los migrantes a la economíamexicana es vital, ya que los ingresos por remesas en oca-siones superan los recursos obtenidos por la venta de hi-drocarburos, por exportaciones agropecuarias, por inver-sión extranjera directa o por captación de divisas porconcepto de turismo internacional.

Quinto.- El fenómeno migratorio ya no es propio de esta-dos o regiones con antecedentes migratorios como Guana-juato, Michoacán, Jalisco, Durango o Zacatecas, sus efec-tos actualmente alcanzan a entidades federativas como elDistrito Federal, Puebla, Hidalgo, Morelos, Guerrero y Oa-xaca, por citar sólo algunos. Cada vez es mayor el flujo demigrantes hacia Estados Unidos de residentes o vecinos dezonas urbanas o centros metropolitanos. Probablemente noexista un municipio o comunidad del país que escape a es-te fenómeno.

Sexto.- Pero qué sucede cuando el Estado solamente tomaen cuenta a los migrantes cuando contabiliza o lleva el re-gistro de las remesas que envían, las cuales, baste afirmar-lo, coadyuvan a que más de un millón de hogares tengan unsustento para vivir. Porque si con esos recursos contribu-yen a que las economías locales de más de un centenar demunicipios subsistan y no se colapsen, no instrumenta po-líticas destinadas a unirlos cultural, social y políticamentecon sus comunidades de origen. La respuesta tal vez sea fá-cil, porque los migrantes no ocupan cargos de elección po-pular que les sirvan de plataforma para proponer que loscoterráneos se involucren en temas relacionados con asun-tos políticos o de participación ciudadana.

Aún y cuando en los últimos años los migrantes a través delas asociaciones y clubes de migrantes han participado másdirectamente en sus localidades de origen, desarrollandoun sinnúmero de actividades que benefician económica-mente a sus comunidades, creando redes que ayudan atransformar el entorno económico, social y cultural de di-

chas comunidades, es preciso mencionar que aún carece-mos de mecanismos que los involucren en asuntos políti -cos o de participación ciudadana.

Séptimo.- Revisando el perfil sociodemográfico de los mi-grantes encontramos que por sus rasgos generales la in-mensa mayoría están en edad productiva; un número con-siderable con escolaridad y muchos de ellos laboraban enactividades industriales y de servicios antes de emigrar. Porello, los migrantes no sólo constituyen un factor funda-mental para el desarrollo económico de la nación, sino quedebemos considerarlos un recurso humano de capital im-portancia que puede contribuir en gran medida al desarro-llo democrático del país.

Octavo.- Una sociedad moderna requiere de nuevos espa-cios y canales de participación de sus ciudadanos buscan-do nuevas formas democráticas en el ejercicio de la políti-ca. Una sociedad que se precie de ser pujante, requiere deconsolidar su sistema democrático para transitar de la de-mocracia de los partidos políticos a una democracia verda-deramente representativa en la que se incluya a todos losactores de la sociedad.

En ese sentido, nuestros connacionales no pueden quedaral margen de estas prerrogativas, máxime cuando aun ycuando residan en el vecino país del norte, no pierden porese sólo hecho la calidad de mexicanos. En ese tenor, debetomárseles en cuenta en los procesos electorales llevados acabo en el país.

Noveno.- Un tema importante en la agenda nacional es elvoto de los mexicanos en el extranjero, mismo que puedeaprobarse en el próximo periodo extraordinario de sesionesa celebrarse por el Congreso de la Unión. Este tópico re-quiere de un análisis profundo toda vez que para imple-mentarlo es necesaria la participación de la nación vecina,en este caso, de Estados Unidos de América. Este asunto,cuyo objetivo medular es dar participación a los migrantesen las elecciones para elegir cargos de elección popular, esnecesario ponderarlo en virtud de que cuando se involucrandos naciones en cualquier propósito, es imprescindible lacelebración de un tratado para pactar los alcances de la me-dida que se pretende implementar o desarrollar, so pena deque sean invalidados todos los actos realizados. Lo anteriorrequiere de todo un proceso en el que, de acuerdo con loprevisto en la Carta Magna, es necesaria la ratificación delSenado de la República, lo que hace aún más compleja suinstrumentación.


En ese sentido, si el objeto es dar participación a los mi-grantes en los procesos electorales federales, un mecanis-mo que permitiría su participación sin los obstáculos querepresenta votar en otra nación, con los altos costos queello representa, es implementar en dichos procesos las can-didaturas migrantes.

Décimo.- Estas candidaturas migrantes consisten en quelos partidos políticos nacionales tendrán la obligación deproponer a candidatos migrantes o binacionales, esto es,que en las listas plurinominales de diputados federales de-berán aparecer aspirantes con ese carácter. Asimismo, paraevitar que los partidos políticos enlisten dichas candidatu-ras en los últimos lugares para propiciar que por el ordende aparición no puedan tener posibilidades reales de serelegidos, en el Código Federal de Instituciones y Procedi-mientos Electorales se establecerán las reglas para su in-clusión. Con esto se logrará que en la Cámara de Diputa-dos, que es el foro en el que convergen los representantesde la nación, estén representados los migrantes y desde ahítengan la posibilidad de impulsar las reformas que consi-deren necesarias y que impacten en sus lugares de origen.

Undécimo.- Para estar en posibilidades de implementar es-ta innovación democrática, que permitirá que sin los obstá-culos y altos costos como son los generados por el voto delos mexicanos en el extranjero, tengan los migrantes laoportunidad de ocupar curules y la máxima tribuna de lanación; se modifican diversas disposiciones del Código Fe-deral de Instituciones y Procedimientos Electorales, con lafinalidad de estipular por primera vez el derecho de los mi-grantes para estar representados en la Cámara baja. Deigual forma y en el mismo tenor, se estipula la obligaciónde los partidos políticos nacionales para promover y garan-tizar que los migrantes están representados en esta sobera-nía popular; el método para designar dichas candidaturas yen general todas las cuestiones propias de esta primicia de-mocrática que permitirá que todos los actores de la socie-dad están representados en la Cámara de Diputados.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta H.Cámara de Diputados la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual sereforman diversos artículos del Código Federal de Ins-tituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo Único.- Se reforma el numeral I del artículo 11,se adiciona una fracción V al numeral 1 del artículo 15, seadiciona el Capítulo Cuarto al Titulo Tercero del Libro Pri-

mero, se reforma el inciso s) y se le adiciona un segundopárrafo al artículo 38, se reforman los numerales 2 y 3 delartículo 175, se reforma el artículo 175-A, se reforma elnumeral 1 del artículo 175-B, todos del Código Federal deInstituciones y Procedimientos Electorales, para quedarcorno sigue:

Artículo 11

1. La Cámara de Diputados se integra por 300 diputadoselectos según el principio de votación mayoritaria relativa,mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y200 diputados que serán electos según el principio de re-presentación proporcional, mediante el sistema de listas re-gionales votadas en circunscripciones plurinominales. LaCámara de Diputados se renovará en su totalidad cada tresaños. En ella deberá estar representado por lo menos undiputado elegido bajo el principio de representaciónproporcional con el carácter de migrante por cada unade las fracciones parlamentarias, sin perjuicio de los di-putados migrantes por el principio de mayoría relativaque la integren.

Para efectos del presente ordenamiento se entenderápor candidato migrante toda aquella persona que cum-pliendo los requisitos establecidos en la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos y su ley re-glamentaria en materia de nacionalidad y ciudadanía,pretenda ocupar el cargo de diputado federal, debiendotener residencia binacional, entendida ésta como la con-dición que asume una persona para poseer simultánea-mente domicilio propio en el país y en el extranjero.

2. a 4.

Artículo 15

1. ...

a) ...

I. a la IV. ...

V. Para la asignación de diputados de representa-ción proporcional se seguirá el orden que tuvie-ren los candidatos en la lista correspondiente, to-mando en consideración lo señalado en el artículo21 Ter del presente código.

2. ...


a) a d) ...

Capítulo CuartoDe los Diputados de Representación Proporcional con Carácter Migrante

Artículo 21 Bis

1. Las listas de candidatos a diputados por el principiode representación proporcional que registre cada parti-do o coalición, deberán integrar una fórmula de candi-dato propietario y suplente con carácter migrante.

Artículo 21 Ter

1. A efecto de garantizar que los migrantes estén debi-damente representados en la Cámara de Diputados, in-dependientemente del lugar que ocupe la fórmula de loscandidatos a diputados migrantes en la lista original decada partido, deberá recorrerse el orden de las mismaspara cumplir con lo establecido en el numeral I del ar-tículo 11 del presente Código.

Artículo 38

1. ...

a) a r) ...

s) Garantizar la participación de las mujeres y de los mi-grantes en la toma de decisiones en las oportunidadespolíticas; y

t) ...

2. ...

Artículo 175

1. ...

2. Las candidaturas a diputados a elegirse por el principiode mayoría relativa y por el principio de representaciónproporcional, se registrarán por fórmulas de candidatoscompuestas cada una por un propietario y un suplente, yserán consideradas, fórmulas y candidatos, separadamente,salvo para efectos de la votación, en las cuales deberánintegrarse las candidaturas migrantes

3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán en los

términos del presente ordenamiento, la igualdad de oportu-nidades y la equidad entre mujeres y hombres en la vidapolítica del país, a través de postulaciones a cargos de elec-ción popular en el Congreso de la Unión, tanto de mayoríarelativa como de representación proporcional. Asimismopromoverán y garantizarán el acceso a cargos de elec-ción popular de los migrantes.

4. ...

Artículo 175-A

De la totalidad de solicitudes de registro, las candidaturasa diputados que presenten los partidos políticos o las coali-ciones ante el Instituto Federal Electoral, en ningún casoincluirán más del setenta por ciento de candidatos propie-tarios de un mismo genero. Asimismo deberán incluir alos candidatos propietarios y suplentes migrantes.

Artículo 175-B

1. Las listas de representación proporcional se integraránpor segmentos de tres candidaturas. En cada uno de los tresprimeros segmentos de cada lista habrá una candidatura degénero distinto, en los cuales de igual forma se integrarála candidatura migrante. Lo anterior sin perjuicio de losmayores avances que en esta materia señale la normativi-dad interna y los procedimientos de cada partido político.

Transitorios

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor aldía siguiente de su publicación en el Diario Oficial de laFederación.

Artículo Segundo.- Se derogan las disposiciones que con-travengan el presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes deabril de 2005.— Dip. Rafael Flores Mendoza (rúbrica).»



133.- «Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 61y 65 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Jor-ge Antonio Kahwagi Macari, del grupo parlamentario delPVEM

Jorge Antonio Kahwagi Macari, diputado de la LIX Legis-latura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupoparlamentario del Partido Verde Ecologista De México,con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26de la Ley Orgánica del Congreso General de los EstadosUnidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Re-glamento para el Gobierno Interior del Congreso Generalde los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a solicitar se tur-ne a la Comisión de Salud, para su dictamen y posteriordiscusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de laQuincuagésima Novena Legislatura del Honorable Con-greso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley:


No resulta un hecho aislado que los problemas alimenticiosde nuestro país se acompañan de deficiencias en el creci-miento y desarrollo de la población.

Uno de los campos más vulnerables es el de los niños y lasniñas que estudian en las escuelas y que no siempre recibenuna instrucción adecuada por parte de las mismas, en cuan-to a su alimentación y nutrición.

De suyo es complicado el problema de falta de alimenta-ción que presenta nuestro país hoy en día, mismo que, au-nado a la pobreza, se constituyen como un reto a vencer porparte de las autoridades.

De manera concurrente los menores consumen alimentosdenominados “chatarra” en sus tiempos de esparcimientodentro de la escuela, lo cual es cada vez más frecuente ygenera una deficiencia en su nutrición y crecimiento.

Se ha demostrado que los primeros 10 años son esencialespara un menor, en lo que respecta a las bases de nutricióny aprovechamiento de los alimentos que consume, por locual, resulta oportuno generar una cultura de sana alimen-tación, como atribución y obligación de las autoridades anivel sanitario y escolar.


Decreto por el que se reforman los artículos 61 y 65; seadiciona una fracción VI al primero de ellos; y se adi-ciona una fracción V al segundo; todos de la Ley Gene-ral de Salud.

Artículo Único.- Se reforman los artículos 61 y 65 ; seadiciona una fracción VI al artículo 61; y se adiciona unafracción V al artículo 65; todos de la LeyGeneral de Salud,para quedar como sigue:

Capítulo V Atención Materno-Infantil

Artículo 61.- La atención materno-infantil tiene carácterprioritario y comprende las siguientes acciones:

I. La atención de la mujer durante el embarazo, el partoy el puerperio;

II. La atención del niño y la vigilancia de su crecimien-to y desarrollo, incluyendo la promoción de la vacuna-ción oportuna y su salud visual;

III. La promoción de la integración y del bienestar fa-miliar;

IV. La detección temprana de la sordera y su tratamien-to, en todos sus grados, desde los primeros días del na-cimiento;

V. Acciones para diagnosticar y ayudar a resolver elproblema de salud visual y auditiva de los niños en lasescuelas públicas y privadas, y

VI. Acciones encaminadas a vigilar la sana alimenta-ción de los menores en las escuelas, dentro de sustiempos de esparcimiento.

Artículo 65.- Las autoridades sanitarias, educativas y la-borales, en sus respectivos ámbitos de competencia, apo-yarán y fomentarán:

I. Los programas para padres destinados a promover laatención materno-infantil;

II. Las actividades recreativas, de esparcimiento y cul-turales destinadas a fortalecer el núcleo familiar y pro-mover la salud física y mental de sus integrantes;


III. La vigilancia de actividades ocupacionales que pue-dan poner en peligro la salud física y mental de los me-nores y de la mujeres embarazadas;

IV. Acciones relacionadas con educación básica, alfabe-tización de adultos, accesos al agua potable y medios sa-nitarios de eliminación de excreta, y

V. La vigilancia sobre los alimentos que proporcio-nan las escuelas a los menores, en cuanto a su calidadalimenticia, procurando la sana alimentación de loseducandos.

Transitorio


Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara deDiputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos

Mexicanos, a los 28 días del mes de abril de 2005.— Dip. Jorge An-tonio Kahwagi Macari (rúbrica).»


134.- «Iniciativa que reforma y adiciona diversos artícu-los de la Ley General de Educación, a cargo de la dipu-tada Evelia Sandoval Urbán, del grupo parlamentario delPRI

La suscrita, diputada federal por el distrito 13 electoral, concabecera en Guadalajara, Jalisco, Evelia Sandoval Urbán ,integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucio-nario Institucional de la Quincuagésima Novena Legislatu-ra del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de lafacultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos yde conformidad con lo previsto en los artículos 55, fracciónII, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior delCongreso General, expone ante el Pleno de esta honorableCámara de Diputados la presente iniciativa, que reforma yadiciona diversos artículos de la Ley General de Educa-ción, de conformidad con la siguiente


Señoras y señores diputados:

Vengo a esta tribuna a exponer las razones que justificanimpulsar reformas a la legislación educativa a fin de incor-porar en los programas educativos de educación preescolary educación primaria la materia de formación cívica y éti -ca. Y considero que el tema es urgente, de carácter estruc-tural y de definiciones inmediatas.

En septiembre del 2000 el entonces Secretario de Educa-ción Pública Miguel Limón Rojas compareció ante estaCámara de Diputados con el propósito de dar cuenta de lastransformaciones en los planes y programas de educaciónbásica que se iniciaron con el acuerdo nacional; se reviso yactualizaron los contenidos de los libros de texto y se ela-boraron nuevos materiales didácticos para alumnos ymaestros.

Un cambio relevante es el que se refirió a la asignatura deformación cívica y ética, que sustituyó al antiguo civismocomo parte de la Educación Secundaria, éste cambio deasignatura significaría un apoyo relevante en las concep-ciones del desarrollo humano y la convivencia basada en elconocimiento de sí mismo, en el aprecio por el respeto, latolerancia, la solidaridad y el sentido de responsabilidad dela persona, para consigo misma y para con los demás; enfunción de estos elementos se justifico los contenidos de lanueva asignatura.

Actualmente la materia de formación cívica y ética se im-parte sólo a nivel de secundaría conforme a los programasque ha establecido la Secretaría de Educación Pública; sinembargo, en los últimos años el proceso de ubicación y ob-servación de los resultados hasta hora logrados en el inten-to institucional para reforzar la formación de valores desdela Secundaria en las nuevas generaciones con esta nuevaasignatura que se imparte desde 1999, ha sido sin el cuida-do que se requiere y desde una perspectiva complementa-ria y lo más grave del asunto esta incrustado en el centro deuna visión que encierra la política educativa impulsada porel actual gobierno federal al pretender reducir la asignatu-ra de formación cívica y ética a que se imparta sólo al pri-mer año de secundaria, eliminándola por lo tanto del se-gundo y tercer año. Intento que ante la reacción de distintossectores de la academia y de la sociedad termino por di-luirse en la incongruencia.


Si bien es cierto que en el programa de la Licenciatura enEducación que se imparte en la Escuela Norma Superior, setrata un enfoque de enseñanza básicamente formativo puespretende incidir en los valores y actitudes que los alumnosde secundaria expresan en sus acciones y relaciones dia-rias, así como en el enriquecimiento del horizonte ético conrepercusiones en sus proyectos de vida y en los recursosque desarrollen para participar en el mejoramiento de lasociedad en que viven.

Aunado a lo anterior ese enfoque pedagógico incorporapreceptos tales como: laico, democratizador y nacionalistacongruente a primera vista con los principios que rigen laeducación pública de nuestro país, establecidos en el artículotercero Constitucional y la Ley General de Educación.Asumidos tales preceptos se pretende articularlos al desarro-llo de “una cultura favorable al diálogo a partir del respe-to, la equidad y la tolerancia como condiciones de la con-vivencia”, además de pretender fortalecer los vínculoscomunes de pertenencia a la nación y al género humano, loque le da un carácter universal; así mismo, promueve labúsqueda y empleo de información que contribuya a quelos alumnos de secundaria anticipen posibles consecuen-cias de sus actos y se encuentren en condiciones para tomardecisiones en torno a los elementos que integran una formade vida sana, plena y responsable.

Si esto es así, no tendríamos por que preocuparnos, ante laprolongada crisis de valores que está trastocando a las Ins-tituciones de la Republica: una corrupción salvaje, una fal-ta de sensibilidad ante los grandes problemas nacionales,una ausencia de solidaridad, un incremento de las organi-zaciones criminales, la infiltración del narcotráfico prácti-camente en los Poderes de la Unión, una creciente violen-cia que esta tocando todos los nervios sociales, unasociedad vulnerable y saturada de información y carente depocos canales que le indiquen por donde esta el camino aseguir, un Estado de Derecho que parece no gobernar ni alas instituciones, ni a los servidores públicos, ni a la socie-dad en su conjunto.

Ante éste devastador panorama, donde queda lo previsto ennuestra norma fundamental y en nuestra leyes. Es el artí-culo tercero de la Constitución Política el que dicta: la edu-cación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armóni-camente todas las facultades del ser humano y fomentaráen el, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la so-lidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.Así mismo, la educación tendrá como criterio orientador

los resultados del progreso científico, luchará contra la ig-norancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos ylos prejuicios.

Por su parte la Ley General de Educación: determina quela educación es el medio fundamental para adquirir, trans-mitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente quecontribuye al desarrollo del individuo y a la transformaciónde la sociedad, y es factor determinante para la adquisiciónde conocimientos y para formar al hombre de manera quetenga sentido de solidaridad social.

En el proceso educativo esta Ley deberá asegurar la parti-cipación activa del educando, estimulando su iniciativa ysu sentido de responsabilidad social, para alcanzar los finesa que se refiere el artículo séptimo de conformidad con elartículo tercero de la constitución política: Contribuir aldesarrollo integral del individuo, para que ejerza plena-mente sus capacidades humanas; Fortalecer la concienciade la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la his-toria, los símbolos patrios y las instituciones nacionales,así como la valoración de las tradiciones y particularidadesculturales de las diversas regiones del país; Infundir el co-nocimiento y la práctica de la democracia como la formade gobierno y convivencia que permite a todos participaren la toma de decisiones al mejoramiento de la sociedad;Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Leyy de la igualdad de los individuos ante ésta, así como pro-piciar el conocimiento de los Derechos Humanos y el res-peto a los mismos. Y de manera contundente señala “ laEducación que imparta el estado es un servicio público “.

Pero ¿cómo se integran esos valores en el aprendizaje?. Yvaldría la pregunta ¿cómo se esta operando desde los cu-rrícula la aprehensión de esta axiología y de qué formatrascienden en las alumnas y alumnos? ¿ En dónde estánlos procesos de socialización y de cultura política que me-dian y afianzan la cohesión social entre el Estado y los dis-tintos sectores de nuestra sociedad ?

Desde luego el tema en cuestión es complejísimo en la me-dida que se va conectando con otras referencias. Un traba-jo pionero del Dr. Rafael Segovia, investigador del Colegiode México a finales de los años setentas introdujo un cam-po de investigación sobre las actitudes políticas de los es-colares mexicanos, es decir, puso en evidencia una serie derasgos de la cultura política mexicana transmitida a los es-colares a través de distintos agentes como: los padres, losamigos, los medios de comunicación y las Escuelas.


Con ello se pretendió saber cómo los niños, percibían suporvenir y como lo aceptarían y rechazarían. Cabe decir,que en aquella época el sistema político mexicano se situa-ba entre los sistemas autoritarios, y el contexto era de unaenorme cantidad de conflictos sociales, económicos y polí-ticos, generando como consecuencia la visible incapacidadpor parte del Estado para poner en marcha acciones y polí-ticas adecuadas, mostrando con ello bajos niveles de legi-timidad. Este elemento de legitimidad resulto atractivo ensu explicación en razón de que ésta estaría en función delas metas y de la estructura del sistema político por un la-do y los procesos de socialización por el otro.

Evidentemente dichas transformaciones no se han ido articu-lando conforme se han demostrado las distancias y obs-táculos para la construcción de ciudadanía. Más aún en2000 el Instituto Federal Electoral y el Instituto de Investi-gaciones Sociales de la UNAM, presentaron conjuntamen-te los resultados de un trabajo relativo a una Encuesta Na-cional: Ciudadanos y cultura de la democracia, cuyopropósito fue elaborar un diagnóstico del grado de avancede la cultura política democrática en México a partir del es-tudio de las percepciones y los valores de los ciudadanosrespecto de las reglas, las instituciones y los valores quedeterminan a esta forma de régimen.

Es esta encuesta se considera que la cultura política con-templa la presencia de agencias socializadoras (familia, es-cuela, trabajo, grupos de interés) como vehículos quetransmiten ideas y valores. En la esfera política la sociali-zación consiste en una serie de procesos de adaptación através de los cuales las personas adquieren orientaciones ypatrones de comportamiento políticos. Su funcionalidaddependerá de un despliegue de actitudes positivas hacia elpoder, las normas vigentes y la autoridad.

En ese sentido resaltaron ¿Qué es lo que hace estable a lademocracia?. En el ámbito de los valores, lo característicode la democracia es la construcción de una personalidadpolítica fundada en las cualidades y los atributos que perfi-lan a la ciudadanía. Éstos son: la defensa de la libertad y laigualdad en el sentido de justicia y compromiso como pre-misas de la buena convivencia política, la habilidad paratolerar y convivir con otros y trabajar con quienes son dis-tintos, la voluntad de participar en los procesos políticospara promover el interés público y exigir cuentas a las au-toridades, la disposición a imponerse límites y ser respe-tuosos hacia los demás y conscientes de su responsabilidadcon la sociedad.

Más aún un diagnóstico sobre la cultura política democrá-tica debe contemplar dos factores más: el análisis de losprocesos de socialización y la manera en que se construyela legitimidad. De esta manera la socialización definidacomo la posibilidad de inducir a los actores políticos haciaconductas esperadas, diseminando, a través de las agenciasestratégicas de la sociedad (escuela, familia, trabajo, filia-ción religiosa), valores que permitan generar consenso ymantener el orden estaría nuevamente como un punto rele-vante en el proceso que permite que los miembros de unacomunidad convengan en la necesidad de cumplir u obede-cer a la autoridad legalmente constituido y muestren senti-mientos de confianza, empatía y apoyo hacia la política. Loque se conectaría como lo planteo el Dr. Segovia a la legi-timidad, la cual, estaría dada por la creencia en el funcio-namiento de las reglas y las instituciones, y por la eficaciade los procesos de socialización. La conjunción de estosfactores permitirá que aquellos que participan en la políti-ca juzguen que los acuerdos establecidos son los más con-venientes para una buena convivencia pública.

Por su parte en este intento de abordar el tema el InstitutoNacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)y la Secretaría de Gobernación realizaron la Encuesta Na-cional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2003, cu-ya finalidad es obtener información a nivel nacional acercadel comportamiento político e interés por el tema entre lapoblación de 18 y más años . Adicionalmente busca iden-tificar las prácticas de participación ciudadana predomi-nantes entre los mexicanos, relacionando ambos fenóme-nos con los factores que las condicionan como el sexo delas personas, su edad, el nivel de escolaridad y de ingresosentre otros. Como tal, la correspondiente a 2003 es la se-gunda aplicación de la encuesta, y al igual que la primeraedición del proyecto que se llevó a cabo en 2001, permiteidentificar los rasgos predominantes de la cultura políticaen el país, a lo largo de sus diferentes temas.

En todo esto hay una reflexión que se esta perdiendo devista, el apoyo que las ciudadanas y los ciudadanos dan ala democracia es un componente de sustentabilidad. La ex-periencia histórica nos enseña que las democracias fueronderribadas por fuerzas políticas que contaban con el apoyoo, por lo menos, la pasividad de una parte importante, y enocasiones mayoritaria, de la ciudadanía. Las democraciasse tornan vulnerables cuando, entre otros factores, las fuer-zas políticas autoritarias encuentran en las actitudes ciuda-danas terreno fértil para actuar. De ahí la importancia deconocer y analizar los niveles de apoyo con que cuenta lademocracia.


Finalmente deseo terminar esta exposición de motivos conalgunos comentarios vertidos por Gilberto Guevara Niebladurante la conferencia “el panorama educativo en Méxicosegún los indicadores de la OCDE” en septiembre de 2004:

“En México, tristemente, tenemos una larga historia políti-ca en la que los presidentes año con año en el informe sededicaban a dar cifras triunfalistas, sobre como crecía elsistema escolar. La fiesta de las cifras tomó su impulso másformidable después del plan de once años de Jaime TorresBodet y bueno después con López Mateos, Díaz Ordaz,Echeverría, etcétera, etcétera, cifras y cifras. En 1981 reci-bimos la fantástica noticia, después fue cuestionada, de quehabíamos alcanzado el cien por ciento de cobertura en edu-cación primaria; poco después hubo algunos académicosque se encargaron de hacer algunas correcciones a esta de-claración triunfal.

El problema del manejo político de la educación, es preci-samente que se ha confundido sistemáticamente escuelacon educación es decir, nos dicen: “tenemos tantos niñosen la escuela; tenemos tantas escuelas construidas; la co-bertura crece tanto…” y, efectivamente, uno se siente sa-tisfecho porque si uno va a Guatemala o al resto de Sud-américa, es fantástica la diferencia –o es tristísima, comoustedes lo quieran ver– que uno encuentra. Por ejemplo, enun país como Perú o Ecuador, la frecuencia con la que unoencuentra escuelas no tiene nada que ver con México. Aquíhay escuelas por todos lados, muchísimas escuelas, eso esuna cosa fantástica, tenemos un gran capital, pero lo real esque los niños no están aprendiendo ni los valores, ni las ac-ciones sociales, ni las disposiciones que nosotros quisiéra-mos que aprendieran como ciudadanos.”

Por lo antes expuesto, someto al Pleno de esta asamblea lasiguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se refor-man diversas disposiciones de la Ley General de Edu-cación, para que la asignatura de formación cívica y éti-ca se imparta en los niveles de educación preescolar yeducación primaria del sistema de educación básica

Artículo Único. Se adiciona un párrafo cuarto que pasaráa ser el tercer párrafo y, se modifica el actual párrafo terce-ro del artículo 2; se modifica la fracción V. del artículo 7o.;y, se modifica el articulo 10 de la Ley General de Educa-ción, para quedar como sigue:

Artículo 2o.- Todo individuo tiene derecho a recibir edu-cación y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienenlas mismas oportunidades de acceso al sistema educativonacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcanlas disposiciones generales aplicables.

La educación es medio fundamental para adquirir, transmi-tir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que con-tribuye al desarrollo del individuo y a la transformación dela sociedad, y es factor determinante para la adquisición deconocimientos y para formar al hombre de manera que ten-ga sentido de solidaridad social.

Asimismo, la educación es un proceso educativo a tra-vés del cual se promoverá y orientarán patrones decomportamiento cívico y ético que contribuyan al des-pliegue de actitudes y capacidades analíticas y reflexióncrítica fundadas en las cualidades y los atributos queconforman ciudadanía.

Este proceso educativo deberá asegurar la participa-ción activa del educando, estimulando su iniciativa y susentido de responsabilidad social, para alcanzar los fi-nes a que se refiere el artículo 7o., deberá incorporarseen los planes y programas del sistema de educación bá-sica en los niveles de educación preescolar, educaciónprimaria y educación secundaria la asignatura de for-mación cívica y ética.

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus or-ganismos descentralizados y los particulares con autoriza-ción o con reconocimiento de validez oficial de estudiostendrá, además de los fines establecidos en el segundo pá-rrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Es-tados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. a la IV. …

V.- Infundir el conocimiento y la práctica de la de-mocracia como la forma de gobierno y convivenciaque permite a todos identificar y participar de losprincipios cívicos y éticos que contribuyan en la to-ma de decisiones al mejoramiento de la sociedad;

VI. a la XII. …

Artículo 10.- La educación que impartan el Estado, sus or-ganismos descentralizados y los particulares con autoriza-ción o con reconocimiento de validez oficial de estudios, es


un servicio público, que se funda en los principios cívi-cos y éticos que constituyen la ciudadanía.

Transitorio

Único. El decreto entrará en vigor al día siguiente de su pu-blicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintiocho días del mes deabril de dos mil cinco.— Dip. Evelia Sandoval Urbán (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servi-cios Educativos.

135.- «Iniciativa que adiciona diversas disposiciones dela Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputa-do Gelacio Montiel Fuentes, del grupo parlamentario delPRD

El suscrito diputado Federal de la LIX Legislatura del Ho-norable Congreso de la Unión, integrante del grupo parla-mentario del Partido de la Revolución Democrática, enejercicio de la facultad que me concede el artículo 71, frac-ción II, de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos y los artículos 62, 63 y 55 fracción II del Re-glamento para el Gobierno Interior del Congreso Generalde los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter aconsideración de esta asamblea la siguiente iniciativa dedecreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Gene-ral de Desarrollo Social, al tenor de la siguiente:


Desde la publicación de la Ley General de Desarrollo So-cial (Legedes), el 20 de enero de 2004, ésta adolecía de unprocedimiento administrativo que permitiera a los benefi-ciarios afectados en sus derechos, lograr de manera rápiday justa el respeto a los mismos. Deficiencia que reducía, engran parte, a sólo declaraciones políticas de los derechosconsagrados en la Legedes. La población difícilmente po-dría acceder a los recursos necesarios para iniciar un pro-

cedimiento administrativo y el correlativo juicio de ampa-ro; además de que en muchas ocasiones el tiempo que selleva el desahogo de estos medios de defensa harían nuga-torios el respeto a los derechos en mención.

Es así que un recurso sencillo y breve ante la propia auto-ridad responsable de la violación legal alegada resultaríabenéfico; ya que la autoridad encargada de su conocimien-to conoce los hechos y, en su caso, cuenta con los antece-dentes y documentación relativa, no exige el desplaza-miento del interesado a lugares que le impliquen unimportante desembolso de recursos y, permite una justiciarápida y económica.

Además permite que la Legedes se apegue a lo ordenadorepetidamente por las jurisprudencias de la Suprema Cortede Justicia de la Nación, en el sentido de que para que unaley sea constitucional deberá respetar en su texto la garan-tía de audiencia, es decir, los derechos del afectado de de-fenderse y ofrecer pruebas, ante las autoridades encargadasde su aplicación. Bástenos traer a recuento la parte condu-cente de las siguientes dos tesis, citadas por el destacadoestudioso de la materia, Ignacio Burgoa, en su libro Las ga-rantías individuales, vigésimo quinta edición, páginas 564y 565:

“Haciendo un análisis detenido de la garantía de au-diencia de que se trata, para determinar su justo alcance,es menester llegar a la conclusión de que si ha de tenerverdadera eficacia, debe constituir un derecho de losparticulares no sólo frente a las autoridades administra-tivas y judiciales -las que en todo caso deben ajustar susactos a las leyes aplicables y, cuando estas determinenen términos concretos la posibilidad de que al particularintervenga a efecto de hacer su defensa-, sino tambiénfrente a la autoridad legislativa de tal manera que és-ta quede obligada, para cumplir el expreso mandatoconstitucional, a consignar en sus leyes los procedi-mientos necesarios para que se oiga a los interesadosy se les dé oportunidad de defenderse, en todos aque-llos casos en que puedan resultar afectados sus dere-chos. De otro modo, de admitirse que la garantía de au-diencia no rige para la autoridad legislativa y que éstapuede en sus leyes omitirla, se sancionaría una omnipo-tencia de tal autoridad y se dejaría a los particulares a suarbitrio, lo que evidentemente quebrantaría el principiode la supremacía constitucional, y sería contrario a la in-tención del Constituyente, que expresamente limitó, pormedio de esa garantía, la actividad del Estado en cual-quiera de sus formas.”


“Esto no quiere decir desde luego, que el procedimien-to que se establezca en las leyes a fin de satisfacer laexigencia constitucional de audiencia del interesadocuando se trate de privarlo de sus derechos, tenga nece-sariamente los caracteres del procedimiento judicial,pues bien pueden satisfacerse los requisitos a que secontrae la garantía mediante un procedimiento ante lasautoridades administrativas, en el cual se dé al particu-lar afectado la oportunidad de hacer su defensa y se leotorgue un mínimo de garantías que le aseguren la posi-bilidad de que, rindiendo las pruebas que estime conve-nientes y formulando los alegatos que se crea pertinen-tes, aunque no tenga la misma formalidad que en elprocedimiento judicial, la autoridad que tenga a su car-go la decisión final tome en cuanta tales elementos paradictar una resolución legal y justa.”

En concordancia a lo anterior, nuestra iniciativa propone laadición de un capítulo a la Ley General de Desarrollo So-cial con el objeto de consagrar el respeto a la garantía deaudiencia, bajo la forma del derecho a interponer un recur-so de inconformidad ante la propia autoridad competentede la operación del programa social. Se podrá interponerpor escrito o mediante comparecencia, en este último casola autoridad competente redactará el acta respectiva.

La interposición de este recurso será potestativo, de acuer-do a la naturaleza de este tipo de recursos y en apego a lodefinido a este respecto en varias jurisprudencias de la Su-prema Corte de Justicia de la Nación; de no considerar con-veniente agotarlo, el afectado podrá acudir directamenteante los tribunales administrativos competentes.

En apoyo al recurrente se prevé la remisión del escrito a laautoridad competente y, el otorgamiento de un término, pa-ra que en su caso, complete o subsane su recurso.

Una vez admitido el mismo, y tratándose de beneficios desalud o alimentación y, salvo que presupuestalmente no seaposible por falta de recursos, de manera provisional se ledeberán otorgar al interesado los mismos. Con esto se pre-tende no dejar en el desamparo a las personas que requie-ren de estos auxilios esenciales, y lograr que la autoridadresuelva de manera expedita.

Se prevé la obligación de informar bimestralmente a laComisión Nacional de Desarrollo Social y al Consejo Con-sultivo de Desarrollo Social los datos esenciales sobre losasuntos concluidos, toda vez que esta información será vi-tal para su tarea de evaluación a su cargo.

En suma, se establece un recurso optativo de trámite senci-llo y ágil resolución, que haga posible a los beneficiariosobtener el respeto a sus derechos, antes de acudir a las otrasinstancias legales competentes. Lo que permitiría dar unmedio legal concreto para garantizar los derechos declara-dos en la Legedes y no queden éstos en el terreno de las de-claraciones políticas o de buenas intenciones.

Este recurso no debe confundirse con la denuncia popular,ya que ésta concluye con una recomendación de caráctergeneral, mas no con una resolución vinculatoria que incidasobre la esfera de derechos de los beneficiarios. Así tene-mos que en varios ordenamientos de nuestro sistema jurí-dico, pervive la denuncia popular al lado del recurso legalen respeto a la garantía de audiencia.

Por todo lo expuesto propongo a está H. Cámara de Dipu-tados las siguiente iniciativa de adición a la Ley General deDesarrollo Social:

Artículo Único.- Se adiciona un capítulo IX denomina-do del Derecho de Audiencia, al Título Cuarto de la LeyGeneral de Desarrollo Social y se adicionan los artícu-los 71 A, 71 B,. 71 C, 71 D, 71 E, 71 F, 71 G, 71 H, 71 I,71 J, 71 K para quedar como sigue:

Título Cuarto

Capítulo IXDerecho de Audiencia

Artículo 71 A- Las personas a quienes se les haya restrin-gido, suspendido, negado u omitido el derecho a participary a beneficiarse de los programas de desarrollo social enlos términos previstos por los artículos 6 y 7 de esta ley, po-drán interponer recurso de inconformidad por escrito antela autoridad competente de la operación del programa so-cial.

La interposición de este recurso es de carácter potestativo,y el recurrente tendrá un término de treinta días naturales apartir que sea negado por escrito su derecho; o, cuandodespués de haber realizado la solicitud, la autoridad co-rrespondiente no respondiera por escrito en un términotambién de treinta días.

Cuando las personas interpongan en forma verbal el recur-so de inconformidad la autoridad responsable de conocer-lo, tramitarlo y resolverlo deberá redactar el acta de los he-chos referidos por el recurrente, para ser integrado en un


expediente con los anexos necesarios para la tramitación yresolución del recurso. Se le entregará al recurrente copiadel acta referida debidamente firmada y sellada.

Artículo 71B. En el escrito en el que se interponga el re -curso se señalará:

I. Nombre y domicilio del recurrente y en su caso, el dela persona que promueve en su nombre y representa-ción, acreditando debidamente la personalidad con laque comparece, para lo cual podrá presentar una cartapoder privada.

II. Bajo protesta de decir verdad, el recurrente manifes-tará la fecha en que tuvo conocimiento de la resoluciónrecurrida; o, la fecha de presentación de solicitud de pe-tición ante la autoridad que omitió responder en un tér-mino de treinta días.

III. El acto o resolución que se impugna.

IV. Los agravios que, a juicio del recurrente le cause laresolución o el acto impugnado.

V. La mención de la autoridad que haya dictado la reso-lución u omitido la contestación a la solicitud.

VI. Los documentos y demás pruebas que el recurrenteofrezca en relación con el acto o resolución impugnado;no podrá ofrecerse como prueba la confesión de la au-toridad. Los documentos ofrecidos deberán acompañaseal escrito en que se interponga el recurso.

Artículo 71 C. Si el escrito del recurso de inconformidadno cubre los datos señalados en el artículo anterior o si esoscuro, la autoridad requerirá al recurrente para que lo sub-sane o aclare en un término de cinco días hábiles, aperci-biéndolo que en caso de no hacerlo se le tendrá por no pre-sentado el recurso.

Artículo 71 D. Al recibir el recurso o, en su caso, una vezaclarado o subsanado, la autoridad verificará si fue inter-puesto en tiempo, admitiéndolo a trámite o rechazándolo.

Artículo 71 E. En el caso que sea admitido el recurso y, unavez notificado al recurrente en un plazo máximo de tres dí-as hábiles a partir de su recepción, la autoridad en formacautelar ordenará que de manera provisional, para el su-puesto caso que se tratara de prestaciones en materia ali-mentaria y de salud, éstas le sean otorgadas al recurrente,

salvo que por falta de recursos presupuestales no pueda serfactible lo anterior, y complementariamente, procederá aldesahogo de la pruebas que procedan en un plazo que noexceda de quince días naturales, contados a partir de la no-tificación del acuerdo de admisión.

Artículo 71 F. Una vez desahogada las probanzas admiti-das y sus medios de perfeccionamiento, y, presentados losalegatos del recurrente para lo cual contará con tres díashábiles siguientes a la conclusión del término probatorio, laautoridad procederá a dictar la resolución administrativadentro de los siguientes quince días naturales, misma quese notificará al recurrente personalmente o por correo conacuse de recibido, en el domicilio señalado para ello.

Artículo 71 G. En la resolución administrativa deberán se-ñalarse las medidas que deberán de llevarse a cabo para co-rregir la omisión, obstrucción, suspensión y en general laviolación de derechos del recurrente y de ser necesario im-plementar las medidas disciplinarias contenidas en la LeyFederal de Responsabilidad de los Servidores Públicos.

Artículo 71 H. Si el recurso presentado fuera competenciade otra autoridad, la autoridad receptora acusará de recibi-do pero sin admitirlo, turnándolo en un término de 24 ho-ras a la autoridad competente para su trámite o resolución,notificándole tal hecho al recurrente, mediante acuerdo de-bidamente fundado y motivado, personalmente o por co-rreo certificado.

Artículo 71 I. Tratándose de actos u omisiones cometidospor autoridades de las entidades Federativas o municipios,responsables de la operación de los programas de desarro-llo social, su impugnación se sujetará a lo establecido enlas leyes locales.

Artículo 71 J. Las autoridades que conozcan del recurso deinconformidad deberán informar bimestralmente a la Co-misión Nacional de Desarrollo Social y al Consejo Con-sultivo de Desarrollo Social sobre los recursos de incon-formidad resueltos, indicando de manera breve lossiguientes datos: nombre y domicilio del recurrente y, en sucaso, de su representante, acto o resolución que se impug-na, agravios referidos, sentido de la resolución.

Artículo 71 K. Serán aplicables supletoriamente para la tra-mitación del presente recurso y en su orden, la Ley Federaldel Procedimiento Administrativo y el Código Federal deProcedimientos Civiles.


Transitorios

Único: El presente decreto entrará en vigor al día siguien-te de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 27 de abril de 2005.— Dip. Gela -cio Montiel Fuentes (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

136.- «Iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 1403del Código de Comercio, a cargo del diputado Jorge Kah-wagi Macari, del grupo parlamentario del PVEM

Jorge Antonio Kahwagi Macari, diputado de la LIX Legis-latura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupoparlamentario del Partido Verde Ecologista de México, confundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Cons-titución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de laLey Orgánica del Congreso General de los Estados UnidosMexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamentopara el Gobierno Interior del Congreso General de los Es-tados Unidos Mexicanos, ocurre a solicitar se turne a laComisión de Economía, para su dictamen y posterior dis-cusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quin-cuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso dela Unión, la siguiente iniciativa de ley:


Los juicios mercantiles sirven para ventilar controversiasderivadas de actos de comercio o de transacciones en lasque se encuentren inmersos documentos que traigan apare-jada ejecución.

Dada la importancia que ello implica, debido a las sumasde dinero que se pueden llegar a manejar dentro de unacontroversia judicial, es importante contar con un ordena-miento que le de celeridad a los procedimientos y especia-lizar las leyes de tal modo que, no existan vacíos o ambi-

güedades que den lugar a interpretaciones desafortunadas ocontrarias al espíritu del legislador.

Dentro de los juicios ejecutivos existen diversas herra-mientas que pueden detener el curso de los procedimientos.En ocasiones los Jueces no actúan de oficio y carecen defundamentos jurídicos para tramitar de manera eficienteuna controversia.

Las excepciones son una vía para combatir los hechos quefundan una demanda, por lo cual, resulta fundamental rea-lizar precisiones en la materia para evitar interpretacioneslaxas. Lo anterior, en la búsqueda de fortalecer las faculta-des del juzgador y proporcionarle elementos que haganmás eficaces los juicios.


Decreto por el que se reforma el artículo 1403; se adi-ciona un párrafo final; del Código de Comercio.

Artículo Único.- Se reforma el artículo 1403; se adicionaun párrafo; del Código de Comercio, para quedar como si-gue:

Artículo 1403.- Contra cualquier otro documento mercan-til que traiga aparejada ejecución, son admisibles las si-guientes excepciones;

I. Falsedad del título o del contrato contenido en él;

II. Fuerza o miedo;

III. Prescripción o caducidad del título;

IV. Falta de personalidad en el ejecutante, o del recono-cimiento de la firma del ejecutado, en los casos en queese reconocimiento es necesario;

V. Incompetencia del juez;

VI. Pago o compensación;

VII. Remisión o quita;

VIII. Oferta de no cobrar o espera;

IX. Novación del contrato.


Las excepciones comprendidas desde la fracción IV a laIX sólo serán admisibles en juicio ejecutivo, si se fun-daren en prueba documental.

Cuando se oponga más de una excepción de las queseñala la ley como de previo y especial pronuncia-miento, el Juez, al resolver la primera de ellas, y ha-biendo quedado firme la sentencia interlocutoria co-rrespondiente, deberá entrar oficiosamente alestudio de las siguientes, para no prorrogar aún másla suspensión del juicio.

Transitorio



Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados UnidosMexicanos, a los 28 días del mes de abril del 2005.— Dip. Jorge An -



137.- «Iniciativa que reforma los artículos 333 y 343 yadiciona uno 343 Bis a la Ley Federal del Trabajo, a car-go de la diputada Evelia Sandoval Urbán, del grupo par-lamentario del PRI

La que suscribe, diputada federal de la LIX Legislatura dela Cámara de Diputados del H. Congreso General, inte-grante del grupo parlamentario del Partido RevolucionarioInstitucional, con fundamento en los artículos 70 y 71,fracción II, de la Constitución Política, y 55, fracción II, y56 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, somete a laconsideración del Pleno la presente iniciativa, que reformalos artículos 333 y 343 y adiciona uno 343 Bis a la Ley Fe-deral del Trabajo, en los términos de la siguiente


El trabajo constituye uno de los derechos fundamentalespara el desarrollo humano, económico y social de todas laspersonas, sin distinción de sexo, clase, etnia, condición fí-sica, estado civil o edad.

Es importante citar que, el trabajo doméstico es el conjun-to de actividades destinadas a la producción de bienes yservicios para el consumo de los miembros del hogar, elfuncionamiento y el mantenimiento de la infraestructurafamiliar.

Dentro del universo de actividades que desempeñan los tra-bajadores domésticos se encuentra la atención de los niños,de los enfermos ó ancianos, la limpieza general del hogar,la elaboración de los alimentos, entre otros, todo ello porsupuesto, debe ser cuidadosamente elaborado para satisfa-cer a todos los que integran el núcleo familiar, con ello sepuede entender que en ocasiones los trabajadores domésti-cos forman parte importante de la familia.

Si bien es cierto que estas actividades no producen bienesy servicios para ser intercambiados en el mercado, estas nodejan de ser necesarias e importantes para que cada inte-grante de la familia cumpla sus actividades, es decir, lostrabajadores domésticos contribuyen para que cada inte-grante de la familia desarrolle sus actividades cotidianas.

En los últimos años, la demanda de los trabajadores do-mésticos ha ido en aumento, de acuerdo a las estadísticasdel INEGI para el año 2000 la población ocupada que des-empeña actividades domésticas en los hogares asciende a 1millón 243 mil 998 personas, de las cuales 96.6% son mu-jeres, jóvenes principalmente, con ello podemos apreciar laimportancia de actualizar y mantener vigente los derechosy obligaciones de los trabajadores domésticos.

Frente a este escenario, es viable reforzar y diseñar esque-mas que protejan y garanticen los derechos de los trabaja-dores domésticos; desafortunadamente la mayoría de ellostrabajan sin descanso y no son tomados en cuenta para dis-frutar de vacaciones, no debemos perder de vista que noimportando las actividades domésticas que realicen tam-bién son seres humanos, también tienen familia, tambiéntienen derecho a descansar, también tiene derecho a disfru-tar de vacaciones y por supuesto estas también deben serremuneradas por sus patrones.


Por lo anterior, la iniciativa que se propone es para vincu-lar y promover el derecho de los trabajadores domésticosen condiciones de igualdad y equidad, facilitando con elloel desarrollo y fortalecimiento de los derechos y obligacio-nes establecidos en la Ley Federal del Trabajo, impulsandola normatividad jurídica para evitar despidos injustifica-dos; toda vez que el INEGI reporta que de cada 100 traba-jadoras 15 son analfabetas, demostrando con ello la des-igualdad entre patrón y trabajador.

Atendiendo lo anteriormente expuesto, es una necesidad, elimpulsar una normatividad laboral que permita proteger yampliar los derechos de los trabajadores domésticos, con elpropósito de eliminar toda discriminación, protegiendo lasgarantías de las cuales gozan por el solo hecho de realizarun trabajo digno.

Es por lo antes señalado que se propone haya una reformaa los artículos 333 y 343 y adicione el artículo 343 bis dela Ley Federal del Trabajo, el principal objetivo de la pre-sente iniciativa es establecer y enmarcar los derechos delos trabajadores domésticos, protegiendo su trabajo, des-canso, vacaciones, logrando con ello un bienestar personalintegro que los motive a desempeñar sus labores con la fir-me convicción de que sus derechos y obligaciones se en-cuentran establecidos en la ley.

Por lo anteriormente expuesto y con los fundamentos jurí -dicos expresados en el proemio, nos permitimos poner a laconsideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa dedecreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Fe-deral del Trabajo, como se señala a continuación al tenorde la siguiente propuesta de

Decreto

Artículo Primero. Se adicionan dos párrafos que pasarana ser el segundo y tercero del articulo 333 de la Ley Fede-ral del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 333. Los trabajadores domésticos deberán disfru-tar de reposos suficientes para tomar sus alimentos y dedescanso durante la noche.

Por cada seis de días de trabajo gozará el trabajadordoméstico de un día de descanso, con goce de salario in-tegro, para ello las partes podrán convenir en la elec-ción del día de descanso.

Los trabajadores domésticos que tengan más de un añode servicios disfrutarán de un periodo anual de vaca-ciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior atres días. Cuando el trabajador cumpla 5 años de servi-cios el periodo de vacaciones se aumentará en tres díasmás por cada cinco de servicios.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 343 de la LeyFederal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 343. El patrón podrá dar por terminada la re-lación de trabajo sin responsabilidad, dentro de lostreinta días siguientes a la iniciación del servicio, y encualquier tiempo a excepción de lo que señala el artícu-lo 343 Bis, sin necesidad de comprobar la causa que ten-ga para ello, pagando la indemnización que correspon-da de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49,fracción IV, y 50.

Artículo Tercero. Se adiciona un artículo 343 Bis a la LeyFederal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 343 Bis. El patrón no podrá dar por termina-da la relación de trabajo, siempre y cuando el trabaja-dor doméstico haya prestado sus servicios por más deun año, en los casos siguientes:

I. Cuando el trabajador se encuentre enfermo, paralo cual el patrón deberá observar lo estipulado por elartículo 338.

II. Cuando la empleada doméstica se encuentre em-barazada, para tal caso no podrá darse por termina-da la relación laboral hasta tres meses después delparto.


Único. Este decreto entrará en vigor a partir del día si-guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fede-ración.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintiocho días del mes de

abril de dos mil cinco.— Dip. Evelia Sandoval Urbán (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.


138.- «Iniciativa que reforma el párrafo tercero del apar-tado B del artículo 102 de la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos y deroga la fracción III delartículo 7 de la Ley de la Comisión Nacional de los Dere-chos Humanos, a cargo del diputado Agustín RodríguezFuentes, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito diputado federal de la LIX Legislatura de hono-rable Congreso de la Unión, Agustín Rodríguez Fuentes,integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revo-lución Democrática, en ejercicio de la facultad que les con-ceden el artículo 71, fracción II, de la Constitución Políti -ca de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 62, 63y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interiordel Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sepermite someter a consideración de esta asamblea la si-guiente iniciativa de decreto por el que se reforma el pá-rrafo tercero del apartado B del artículo 102 de la Consti-tución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sederoga la fracción III del artículo 7 de la Ley de la Comi-sión Nacional de los Derechos Humanos.


Algunos colocan la raíz histórica de los derechos humanosen algunas de las más antiguas religiones de hondo carác-ter humanista, destacando desde luego el cristianismo; otambién en algunas milenarias escuelas filosóficas. Perociertamente podemos sostener que durante toda la historiade la humanidad, en esta esfera, ha existido la lucha entredos posiciones básicas: la que sostiene la superioridad deun individuo, grupo, raza o sexo y, otra que expresa laigualdad esencial de todos los seres humanos sin distingoesencial alguno.

No obstante lo anterior, los dos momentos más cercanos anuestra época, que podemos identificar como la semilla dela concepción moderna sobre los derechos humanos son: laDeclaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadanoproducto de la Revolución Francesa y la Declaración Uni-versal de Derechos Humanos. Ambas parten de los princi-pios esenciales del llamado Derecho Natural, es decir, quetodos los hombres nacen libres e iguales en dignidad, exis-tiendo un cúmulo de derechos inherentes al ser humano decarácter inalienable, que todo Estado está obligado a reco-nocer , respetar y garantizar, pues en caso contrario las mu-jeres y varones se verían reducidos a esclavos, o peor aúna un hato de bestias.

Para que el ser humano sea respetado en su dignidad y al-cance su desarrollo pleno requiere se le garanticen dere-chos como la vida, la igualdad, al trabajo adecuado y conjusta retribución, a la salud, a la vivienda, a las libertadesde pensamiento y expresión de sus ideas, a la participacióny disfrute de la cultura y las artes, a un justo juicio, a la se-guridad social, entre otros.

Al efecto, recordemos algunos conceptos de la DeclaraciónUniversal de Derechos Humanos:

“Considerando que la libertad, la justicia y la paz en elmundo tienen por base el reconocimiento de la dignidadintrínseca y de los derechos iguales e inalienables de to-dos los miembros de la familia humana…”

“Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres eiguales en dignidad y derechos y, dotados como están derazón y conciencia, deben comportarse fraternalmentelos unos con los otros…”

Centrándonos más en el objeto de la presente Iniciativa,agregamos que uno de los derechos humanos que consagraesta Declaración Universal es el relativo al trabajo. Lo quees lógico ya que el trabajo no sólo es base para la sobrevi-vencia y por tanto fuente de muchos otros derechos huma-nos, sino que se traduce en base indispensable de dignidady autorrealización, herramienta indispensable de la confor-mación y evolución de la comunidad humana y para la li-bertad, igualdad y equidad efectivas de los hombres y mu-jeres.

La declaración Universal de Derechos Humanos, enfática-mente señala:

“Artículo 23.

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elec-ción de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfac-torias de trabajo y a la protección contra el desempleo;

2.- Toda persona tiene derecho, sin discriminación algu-na, a igual salario por trabajo igual;

3.- Toda persona que trabaja tiene derecho a una remu-neración equitativa y satisfactoria que le asegure, asícomo a su familia, una existencia conforme a la digni-dad humana y que será complementada, en caso necesa-rio, por cualquiera otros medios de protección social;


4.- Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y asindicalizarse para la defensa de sus intereses.

“Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, aldisfrute del tiempo libre, a una limitación razonable dela duración del trabajo y a vacaciones periódicas paga-das.”

Todo lo cual resulta lógico, en una sociedad humana queencuentra como esencia de su realidad económica, una ca-si totalidad de sus miembros que despojados de todo mediode producción y elementos de riqueza, busca en el trabajosubordinado a los detentadores del capital su único mediode subsistencia y, por tanto de satisfacer sus necesidades dealimentación, vestido, vivienda, salud, educación, cultura yesparcimiento, formación de una familia propia.

El trabajo es pues no sólo un derecho humano, sino un de-recho humano eje o madre, origen de otros derechos hu-manos.

Como respaldo a lo anterior, nuestra Carta Magna, estable-ce:

Artículo 123, párrafo primero:“ Toda persona tiene dere-cho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se pro-moverán la creación de empleos y la organización socialpara el trabajo, conforme a la ley…”

El artículo quinto constitucional por su parte señala: “Aninguna persona podrá impedirse que se dedique a la pro-fesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, sien-do lícitos…”

Sobra decir que frente a este deber ser, la realidad del mun-do y, concretamente de México, muestra que no existe elpleno empleo sino un desempleo creciente (pese a todos losdisfraces utilizados para reducir las cifras oficiales) , hun-diéndose al individuo y su familia en la pobreza, que fren-te a tal situación no suele existir seguro de desempleo uotro medio de protección, que el salario y demás condicio-nes laborales son cada vez más raquíticos e inhumanas, quehan vuelto las jornadas de sol a sol, o peor aún de luna a lu-na, que los descansos son cada vez más distanciados o nu-los ante la necesidad de laborar tiempo extra o más de unajornada al día, los riesgos de trabajo prevenibles aumentansu estela de muerte, enfermedad e invalidez entre la clasetrabajadora, los sindicatos y la contratación colectiva sonperseguidos y condenados como peste por la santa inquisi-ción neoliberal, la libertad y dignidad de los trabajadores

muere entre créditos de por vida para adquirir viviendasmiserables; igualmente las autoridades laborales se hantransformado en las más fieles despojadoras de los dere-chos de los trabajadores.

Esto exige actuar más allá de las autoridades jurisdicciona-les laborales, con una fuerza educativa, moral y política,que coadyuve a cambiar la actual cultura de explotación yopresión laboral, función que es precisamente la esencia delos ombudsman a nivel internacional. Sin embargo en totalcontrasentido con esto, el artículo 102 Constitucional, ensu Apartado B, Párrafo tercero, le quita a la Comisión Na-cional de Derechos Humanos competencia respecto a losasuntos laborales, lo que se ratifica en la Ley de la Comi-sión Nacional de los Derechos Humanos, precisamente ensu artículo 7o., fracción III.

Incluso la CNDH, conceptúa como derechos humanos losde segunda generación los de naturaleza laboral:

Clasificación de los Derechos Humanos en tres genera-ciones

Los Derechos Humanos han sido clasificados de diversasmaneras, de acuerdo con su naturaleza, origen, contenido ypor la materia que refiere. La denominada Tres Generacio-nes es de carácter histórico y considera cronológicamentesu aparición o reconocimiento por parte del orden jurídiconormativo de cada país.

Primera generación

Se refiere a los derechos civiles y políticos, también deno-minados “libertades clásicas”. Fueron los primeros queexigió y formuló el pueblo en la Asamblea Nacional du-rante la Revolución francesa. Este primer grupo lo consti-tuyen los reclamos que motivaron los principales movi-mientos revolucionarios en diversas partes del mundo afinales del siglo XVIII.

Como resultado de esas luchas, esas exigencias fueronconsagradas como auténticos derechos y difundidos inter-nacionalmente, entre los cuales figuran:

• Toda persona tiene derechos y libertades fundamenta-les sin distinción de raza, color, idioma, posición socialo económica.

• Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad ya la seguridad jurídica.


• Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos.

• Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre.

• Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crue-les, inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionardaño físico, psíquico o moral.

• Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vidaprivada, familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrirataques a su honra o reputación.

• Toda persona tiene derecho a circular libremente y aelegir su residencia.

• Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.

• En caso de persecución política, toda persona tienederecho a buscar asilo y a disfrutar de él, en cualquierpaís.

• Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse ya decidir el número de hijos que desean.

• Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensa-miento y de religión.

• Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinióny expresión de ideas.

• Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión yde asociación pacífica.

Segunda generación

La constituyen los derechos económicos, sociales y cultu-rales, debido a los cuales, el Estado de derecho pasa a unaetapa superior, es decir, a un Estado social de derecho.

De ahí el surgimiento del constitucionalismo social que en-frenta la exigencia de que los derechos sociales y econó-micos, descritos en las normas constitucionales, sean real-mente accesibles y disfrutables. Se demanda un Estado deBienestar que implemente acciones, programas y estrate-gias, a fin de lograr que las personas los gocen de maneraefectiva, y son:

• Toda persona tiene derecho a la seguridad social y aobtener la satisfacción de los derechos económicos, so-ciales y culturales.

• Toda persona tiene derecho al trabajo en condicionesequitativas y satisfactorias.

• Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para ladefensa de sus intereses.

• Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecua-do que le asegure a ella y a su familia la salud, alimen-tación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servi-cios sociales necesarios.

• Toda persona tiene derecho a la salud física y mental.

• Durante la maternidad y la infancia toda persona tienederecho a cuidados y asistencia especiales.

• Toda persona tiene derecho a la educación en sus di-versas modalidades.

• La educación primaria y secundaria es obligatoria ygratuita.

Tercera generación

Este grupo fue promovido a partir de la década de los se-tenta para incentivar el progreso social y elevar el nivel devida de todos los pueblos, en un marco de respeto y colabo-ración mutua entre las distintas naciones de la comunidad in-ternacional. Entre otros, destacan los relacionados con:

• La autodeterminación.

• La independencia económica y política.

• La identidad nacional y cultural.

• La paz.

• La coexistencia pacífica.

• El entendimiento y confianza.

• La cooperación internacional y regional.

• La justicia internacional.

• El uso de los avances de las ciencias y la tecnología.

• La solución de los problemas alimenticios, demográfi-cos, educativos y ecológicos.


• El medio ambiente.

• El patrimonio común de la humanidad.

• El desarrollo que permita una vida digna.

Nunca hubo razón para esta exclusión de la que venimoshablando, pero menos actualmente, ya que estas disposi-ciones deben cambiar en armonía con la nueva corriente in-ternacional que propugna por la conceptuación y defensade los derechos laborales como derechos humanos. En elplano mundial destacan como derechos humanos del traba-jo diversos Convenios internacionales del trabajo de laOIT, recordemos algunos de ellos:

1.- Número 29 “Sobre el trabajo forzoso;

2.- Número 11 “Sobre el derecho de Asociación”;

3.- Número 87 “Sobre la libertad sindical y la protec-ción del derecho de sindicalización”;

4.- Número 98 “Sobre el derecho de sindicalización ynegociación colectiva”;

5.- Número 135 “ Sobre los representantes de los traba-jadores;

6.- Número 141 “Sobre las organizaciones de trabajado-res rurales”;

7.- Número 151 “Sobre la relaciones de trabajo en la ad-ministración pública;

8.- Número 100 “Sobre igualdad de remuneración”;

9.- Número 111 “Sobre discriminación-empleo y ocupa-ción;

10.- Número 138 “Sobre edad mínima”;

11.- Número 182 “Sobre las peores formas de trabajo in-fantil”;

12.- Entre otros.

En materia del trabajo la Comisión Nacional de DerechosHumanos tendría primeramente, un amplio campo de ac-tuación respecto a actuaciones estrictamente administrati-

vas de las autoridades laborales, de gran importancia en ladefensa de los derechos humanos de los trabajadores: em-pleo, orientación y asesoría, seguridad e higiene, capacita-ción y adiestramiento, inspección, fijación y protección delsalario y reparto de utilidades, vivienda, registro de sindi-catos y sus directivas. Protección a los derechos humanosque no chocaría con las funciones jurisdiccionales en lamateria. De esta manera se verían acotados autoridades co-mo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Procu-raduría de la Defensa del Trabajo, Secretaría de Hacienday Crédito Público, Secretaría de Educación Pública, Servi-cio Nacional del Empleo Capacitación y Adiestramiento,Comisiones de Salarios Mínimos y Participación de losTrabajadores en las Utilidades de las Empresas, Autorida-des de Inspección del Trabajo, entre otras.

Pero además sabemos, que si bien las Juntas de Concilia-ción y Arbitraje son autoridades materialmente jurisdiccio-nales, formalmente tienen carácter administrativo. Lo quepermitiría que la Comisión de Derechos Humanos pudieraemitir recomendaciones para coadyuvar a construir unamejor justicia en el campo laboral: sobre mejores mecanis-mos para la elección de los integrantes de las Juntas deConciliación y Arbitraje, incluidos los Presidentes de lasmismas, buscar medios para evitar la violencia al interior ycercanías de las Juntas y en los lugares en donde se reali -zan recuentos contra los abogados, trabajadores y funcio-narios. Velar por que se cumpla la garantía individual a unajusticia pronta y expedita, también para que el acceso delos trabajadores al servicio de peritos oficiales sea eficien-te y expedita, etc.

Cada vez es más imposible excluir los asuntos laborales dela competencia de la Comisión Nacional de Derechos Hu-manos, ya que es una materia transversal que necesaria-mente se debe tomar en cuenta para resolver muchos otrosasuntos: ecológicas, derechos de menores y mujeres, vio-lencia, etc. De manera que esta reforma permitiría la reso-lución más integral de los asuntos en los que interviene es-ta Comisión.

Por otra parte, la no inclusión de la materia laboral comocompetencia de la CNDH, visto que no hay razones defondo, llevaría a un trato discriminatorio que chocaría conel principio de igualdad que guía a todo el universo de losderechos humanos. Llevándonos a pensar que lo que real-mente se pretende es evitar toda interferencia en la actualsobreexplotación laboral del neoliberalismo, que cuentacon la complicidad estatal y del corporativismo sindical.


Desde luego, las reformas propuestas en esta iniciativa enningún momento interferiría en el plano privado de la rela-ción entre los trabajadores y patrones.

En conclusión, decir “trabajador”, es decir ante todo “serhumano”, por lo que sólo se pude velar plenamente por losderechos de éste, si se incluye la protección de sus dere-chos humanos derivados de su calidad de prestador de ser-vicios. Lo que en realidad en una vuelta al origen del dere-cho del trabajo, que por esencia y ante todo es una tutela alser humano que subyace en la persona que se desempeñacomo trabajador, siendo el interés insaciable del neolibera-lismo lo que ha pretendido adulterar esta verdad teórica ehistórica; coadyuvándose a alcanzar el fin último de los de-rechos humanos: la paz y fraternidad entre los miembros,mujeres y varones, de la sociedad humana.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración deesta soberanía laIniciativa con proyecto de decreto que reforma el pá-rrafo tercero del apartado B del artículo 102 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanosy que deroga la fracción III del artículo 7 de la Ley dela Comisión Nacional de los Derechos Humanos, paraquedar como sigue.

Artículo Primero.- Se reforma el párrafo tercero del apar-tado B del artículo 102 de la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos.

Artículo 102. A...

...

...

...

...

...

B. ...

...

Estos organismos no serán competentes tratándose deasuntos electorales y jurisdiccionales.

...

...

...

...

...

Artículo Segundo.- Se deroga la fracción III del artículo 7de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Huma-nos para quedar como sigue:

Artículo 7...

I. ...

II. ...

III. Se deroga

IV. ...

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2005.— Dip. Agus -

tín Rodríguez Fuentes (rúbrica).»


139. «Iniciativa que reforma el artículo 180 de la Ley Ge-neral del Equilibrio Ecológico y la Protección al Am-biente, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Ma-cari, del grupo parlamentario del PVEM

Jorge Antonio Kahwagi Macari, diputado de la LIX Legis-latura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupoparlamentario del Partido Verde Ecologista de México, confundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Cons-titución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de laLey Orgánica del Congreso General de los Estados UnidosMexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamentopara el Gobierno Interior del Congreso General de los Es-tados Unidos Mexicanos, ocurre a solicitar se turne a laComisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, parasu dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cáma-ra de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislaturadel honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativade ley:



Existe en todo el planeta una crisis ecológica, la moderni-dad occidental ha transformado la naturaleza en un ente lla-mado “medio ambiente”, del cual el hombre se auto nom-bra dueño y señor. La naturaleza se ve reducida a unasimple reserva de recursos, para después convertirse en unabodega de residuos. El pensamiento moderno de que elhombre gracias a su técnica, podía transformar al mundopara lograr el progreso de la especie, se encuentra hoy díafrente a la cruda realidad de que en el intento de crear lamorada racional en que se pretendía transformar el plane-ta, solo logró dañar las bases mismas en las que descansala vida humana. Esta depredación de los recursos naturalesha dado lugar a que casi todos los seres humanos seamosconscientes de algunos de los peligros y perjuicios que lacontaminación puede causar.

México no es ajeno a lo que pasa en el mundo, en efecto,contamos con innumerables casos en los que la contamina-ción ha causado graves daños en demérito de la calidad devida de millones de afectados, sin contar las afectacionesque debido a la acción humana se han causado a otras es-pecies con las que compartimos el territorio nacional. Losproblemas de la contaminación son causados en gran me-dida por los grandes complejos industriales y turísticos, loscuales, muchas veces solo ven el problema de contaminarcomo un cálculo de costo-beneficio, en el que, al ser cono-cedores que pueden obtener fácilmente sus autorizacionesambientales aún mintiendo a la autoridad, y que en el re-moto caso de que sean sorprendidos, pagan una multa queen muchas ocasiones resulta por un monto que en nada in-hibe el actuar ilegal. Es así que existe una terrible impuni-dad en materia ambiental.

Por los anteriores motivos, queda demostrado que las auto-ridades ambientales no son suficiente para abatir esta gra-ve problemática. Por esta razón, la comunidad internacio-nal ha firmado acuerdos que reconocen esta incapacidad delas autoridades ambientales para enfrentar solas el proble-ma, y que reconocen los derechos colectivos de las comu-nidades afectadas por la contaminación.

Nuestro país ha firmado diversos tratados internacio-nales en donde se reconocen estos intereses, así, el prin-cipio 10 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobreel Medio Ambiente y el Desarrollo, reunida en Río deJaneiro del 3 al 14 de junio de 1992 establece:

“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es conla participación de todos los ciudadanos interesados, en elnivel que corresponda. En el plano nacional, toda personadeberá tener acceso adecuado a la información sobre el me-dio ambiente de que dispongan las autoridades públicas,incluida la información sobre los materiales y las activida-des que encierran peligro en sus comunidades, así como laoportunidad de participar en los procesos de adopción dedecisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sen-sibilización y la participación de la población poniendo lainformación a disposición de todos. Deberá proporcionar-se acceso efectivo a los procedimientos judiciales y admi-nistrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los re-cursos pertinentes.”

Por su parte, el artículo 6 del Acuerdo de Cooperación Am-biental de América del Norte establece los siguiente:

“Artículo 6: Acceso de los particulares a los procedimien-tos

1. Cada una de la Partes garantizará que las personas in-teresadas puedan solicitar a las autoridades competentesde esa Parte que investiguen presuntas violaciones a susleyes y reglamentos ambientales, y dará a dichas solici-tudes la debida consideración de conformidad con su le-gislación.

2. Cada una de las Partes garantizará que las personascon interés jurídicamente reconocido conforme a su de-recho interno en un asunto en particular, tengan accesoadecuado a los procedimientos administrativos, cuasiju-diciales o judiciales para la aplicación de las leyes y re-glamentos ambientales de la Parte.

3. El acceso de los particulares a estos procedimientosincluirá, de conformidad con la legislación de la Parte,entre otros, el derecho a:

(a) demandar por daños a otra persona bajo la juris-dicción de esa Parte;

(b) solicitar sanciones o medidas de reparación talescomo multas, clausuras de emergencia o resolucio-nes para aminorar las consecuencias de las infrac-ciones a sus leyes y reglamentos ambientales;

(c) pedir a las autoridades competentes que tomenmedidas adecuadas para hacer cumplir las leyes y


reglamentos ambientales de la Parte con el fin deproteger o evitar daños al medio ambiente; o

(d) solicitar medidas precautorias cuando una perso-na sufra, o pueda sufrir, pérdidas, daños y perjuicioscomo resultado de la conducta de otra persona bajola jurisdicción de esa Parte que sea ilícita o contrariaa las leyes y reglamentos ambientales de la Parte.”

Resulta evidente que desde 1992 nuestro país ha aceptadoen foros internacionales que las autoridades ambientales nopueden manejar solas el problema de proteger al ambiente,hemos firmado acuerdos internacionales que reconocen loanterior, y hemos reconocido como estado que la colectivi-dad tiene un interés que debe ser reconocido jurídicamentepara que pueda actuar legalmente en contra de aquellos queilícitamente dañan el patrimonio ambiental de todos losmexicanos.

De la sola lectura de las estadísticas de afectación ambien-tal en el país, resulta evidente que hemos fallado en nues-tra tarea de proteger el ambiente, y también, de la sola lec-tura de nuestros instrumentos jurídicos para la tutela delinterés colectivo de proteger el ambiente se lee claramenteque hemos fallado en proporcionar a las comunidadesafectadas por daños ambientales un acceso efectivo a losprocesos judiciales, resultando vergonzoso que a 13 añosde haber firmado la Convención de Río de Janeiro, el es-tado mexicano no haya sido capaz de cumplir ese com-promiso, condenando con ello a los recursos naturales denuestro país.

Es así que en México, donde deberíamos ser especialmen-te responsables del cuidado y preservación de la biodiver-sidad porque ocupamos el quinto lugar mundial en biodi-versidad del planeta, y en donde nuestros recursosnaturales se están depredando sin control favoreciendo aintereses de corto plazo, no contamos con instrumentos ju-rídicos eficaces que permitan a los miembros de las comu-nidades afectadas acudir directamente ante un juez cuandodetectan que ha habido irregularidades en la emisión de au-torizaciones ambientales.

A mayor abundamiento, en la Ley General del EquilibrioEcológico y la Protección al Ambiente, contamos con unrecurso de revisión que puede ser presentado por los miem-bros de las comunidades afectadas, situación que represen-ta cierto avance, pero que en la práctica ha resultado insu-

ficiente, ya que los miembros de las comunidades afecta-das no cuentan con el beneficio establecido en el artículo83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo pa-ra poder optar por intentar una vía jurisdiccional, sino quetienen por fuerza que promover el recurso de revisión yposteriormente pueden acudir al Tribunal Federal de Justi-cia Fiscal y Administrativa.

Con lo anterior, se afecta terriblemente el derecho de lascomunidades afectadas, ya que en un sinnúmero de ocasio-nes se presentan estos recursos de revisión solo para en-contrarse que la autoridad ambiental los desecha por unasupuesta falta de legitimación, situación que solo puede sercombatida por la vía jurisdiccional, con el tiempo que con-lleva esa situación, y si se gana el juicio de nulidad, la au-toridad suele promover como maniobra dilatoria un recur-so de revisión, y solo una vez que se vence en el recurso derevisión la autoridad ambiental entrará al fondo del asuntoen donde no se resuelve de una manera objetiva, ya que lapropia autoridad emisora del acto impugnado es la que sepronuncia acerca de la admisión del recurso y sobre la sus-pensión del acto reclamado, y su superior jerárquico sobreel fondo, situación que conlleva a que muchas veces aúncuando los agravios sean suficientes para declarar la nuli-dad de un acto administrativo que violente a la legislaciónambiental, la autoridad confirma el acto y es solo median-te otro juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justi-cia Fiscal y Administrativa con su recurso de revisión quese puede, después de litigios de muchos años llevar a poderdeclarar nula una autorización otorgada de manera ilegal,siendo que en muchas ocasiones cuando se declara la ile-galidad, el daño ambiental ya está hecho.

Por lo anterior, resulta de elemental justicia dar el mismobeneficio que tiene el recurso administrativo de revisiónprevisto en la Ley Federal de Procedimiento Administrati-vo al recurso administrativo de revisión previsto en laLey General del Equilibrio Ecológico y la Protección alAmbiente, ya que, con lo anterior se hace justicia de unamanera mas pronta, sobre todo teniendo en cuenta que enmuchas ocasiones si la justicia no es pronta, no es justi-cia.

Por ello, respetuosamente, los diputados integrantes delgrupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de Méxi-co, nos permitimos someter al Pleno de la Cámara de Dipu-tados de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de laUnión, el presente:


Decreto.- Por el que se adiciona un texto a la última partedel artículo 180 de la Ley General del Equilibrio Ecológi-co y la Protección al Ambiente, quedando como sigue.

Artículo 180.- Tratándose de obras o actividades que con-travengan las disposiciones de esta Ley, los programas deordenamiento ecológico, las declaratorias de áreas natura-les protegidas o los reglamentos y normas oficiales mexi-canas derivadas de la misma, las personas físicas y mora-les de las comunidades afectadas tendrán derecho aimpugnar los actos administrativos correspondientes, asícomo a exigir que se lleven a cabo las acciones necesariaspara que sean observadas las disposiciones jurídicas apli-cables, siempre que demuestren en el procedimiento quedichas obras o actividades originan o pueden originar undaño a los recursos naturales, la flora o la fauna silvestre,la salud pública o la calidad de vida. Para tal efecto, debe-rán interponer el recurso administrativo de revisión a quese refiere este capítulo, o intentar la vía jurisdiccionalque corresponda.

Transitorio


Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de




140.-« Iniciativa que reforma del artículo 74 Bis de la Leyde los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo del dipu-tado Francisco Javier Bravo Carbajal, del grupo parla-mentario del PRI

El suscrito, diputado Francisco Javier Bravo Carbajal, enuso de la facultad que le otorgan los artículos 71, fracción

II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-canos, y 55, fracción II, del Reglamento para el GobiernoInterior del Congreso General de los Estados Unidos Me-xicanos, somete a la elevada consideración de la asambleala siguiente iniciativa de decreto, por la que se propone lareforma del artículo 74 Bis de la Ley de los Sistemas deAhorro para el Retiro, para lo cual presenta la siguiente


I. La fracción VI del artículo 116 de la Carta Magna seña-la que “las relaciones de trabajo entre los estados y sus tra-bajadores se regirán por las leyes que expidan las Legisla-turas de los estados con base en lo dispuesto en el artículo123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Me-xicanos y sus disposiciones reglamentarias”.

A su vez, el artículo 123 dispone las bases a que deben su-jetarse las relaciones laborales, para lo cual sólo admiteuna distinción en cuanto a la calidad de los trabajadores,distinción que se hace en virtud de la calidad del patrón; esdecir, trabajadores de la iniciativa privada y trabajadores alservicio del Estado. De igual forma, distingue determina-dos derechos y obligaciones dependiendo de la calidad deltrabajador nuevamente y que, sin embargo, no distan mu-cho unos de otros.

Uno de los tópicos que se tocan en lo particular y que es lamateria de la presente iniciativa es el del Sistema de Aho-rro para el Retiro, en el que se observa una distinción entrelos trabajadores que cotizan en el sistema general de segu-ridad social, mediante aportaciones canalizadas, primeropor el Instituto Mexicano del Seguro Social, con aporta-ciones para rubros como la pensión, cuyos fondos son ma-nejados por las Afore, mientras que el otro sistema es elpropio de los trabajadores que cotizan en el sistema de se-guridad social para los trabajadores al servicio del Estado.Sin embargo, la ley de la materia no distingue claramentela situación de los trabajadores al servicio del Estado peroen los poderes de la entidades federativas.

Al respecto, cabe señalar que algunas entidades federativashan promovido sus propios sistemas estatales de ahorro pa-ra el retiro, pero aquí encontramos la laguna en la ley, puesno hay regulación concreta para estos trabajadores de lasentidades federativas que, después de trabajar en la inicia-tiva privada por algún tiempo y cotizar en su Afore, llega atrabajar en algún poder o entidad pública de las entidadesfederativas; es decir, no se regula la posibilidad de que es-tos trabajadores que ingresan en el sector público puedan


solicitar que el dinero de su ahorro para el retiro manejadopor la Afore correspondiente sea integrado y siga crecien-do con las aportaciones correspondientes en el sistema quele corresponda en su entidad.

Cabe señalar que la redacción del artículo 74 Bis que se en-cuentra vigente sí contempla la posibilidad del traslado defondos de la Afore al sistema estatal de ahorro para el reti-ro, pero sólo para los trabajadores que prestan servicios enuna entidad federal, lo que creo incorrecto, pues se debedar el mismo trato a todos los trabajadores.

Es de señalarse que si bien en este momento se puede pen-sar en que los trabajadores pueden contar sin problema conambas cuentas, es decir, la de su afore y la del sistema es-tatal de ahorro para el retiro correspondiente, no es consi-derando una visión de futuro, pues se impone innecesaria-mente la carga a los trabajadores de realizar en unmomento de su vida una doble tramitación para la devolu-ción de sus fondos o para el otorgamiento de su pensión,con el posible riesgo de perder parte de sus ahorros al nodar el seguimiento adecuado a sus dos cuentas; una doblecarga administrativa para el control de ambas cuentas; yuna doble carga para el mismo sistema, que a la larga pue-de traer problemas por la duplicación generada, así como ladisminución de los gananciales por no poder unificar am-bas cuentas que, sumadas, dan una mayor base para obte-ner intereses.

Así las cosas, la propuesta en concreto es para reconocer elderecho que tienen los trabajadores que en algún momentocotizaron ante el Instituto Mexicano del Seguro Social yque tienen una cuenta individual con una Afore para soli-citar que esos fondos se concentren en la administradoraque corresponda y que maneje su cuenta en el sistema es-tatal de ahorro para el retiro.

Por último, señalo que se prevé un periodo de 90 días parala entrada en vigor de la disposición propuesta, en virtud deque se considera que las diversas instituciones públicas oprivadas que están relacionadas con esta prestación de laseguridad social requerirán tiempo para preparar los con-venios o actividades necesarios para su implantación.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, fundadoy motivado, el suscrito somete a la consideración de la H.Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la si-guiente

Iniciativa por la que se propone la reforma del artículo74 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Re-tiro

Artículo Primero. Se reforma el artículo 74 Bis de la Leyde los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para quedar co-mo a continuación se dispone:

Artículo 74 Bis. (...)

(...)

(...)

(...)

I. a III. (...)

(...)

(...)

(...)

Los trabajadores que hubieren cotizado al Instituto deSeguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores delEstado y que en virtud de una nueva relación laboral seencuentren inscritos en el Instituto Mexicano del Segu-ro Social, tendrán derecho a solicitar que los recursosacumulados en su subcuenta de ahorro para el retiro delSistema de Ahorro para el Retiro previsto en la Ley delInstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra-bajadores del Estado sean traspasados a la administra-dora que lleve su cuenta individual y se inviertan en lassociedades de inversión que opere aquélla. Lo mismopodrán solicitar los trabajadores que hubieren cotizadoal Instituto Mexicano del Seguro Social y que en virtudde una nueva relación laboral se encuentren inscritos enel Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra-bajadores del Estado, o en las instituciones de seguri-dad social para los trabajadores al servicio del Esta-do de las entidades federativas o el Distrito Federal.

(...)

(...)

(...)



Único. El presente decreto entrará en vigor a los noventadías de su publicación en el Diario Oficial de la Federa-ción.

Palacio Legislativo Federal, a los veintiocho días del mes de abril de

dos mil cinco.— Dip. Francisco Javier Bravo Carbajal (rúbrica).»


141.- «Iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 107de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo del diputadoJorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario delPVEM

Jorge Antonio Kahwagi Macari, diputado de la LIX Legis-latura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupoparlamentario del Partido Verde Ecologista de México, confundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Cons-titución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de laLey Orgánica del Congreso General de los Estados UnidosMexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamentopara el Gobierno Interior del Congreso General de los Es-tados Unidos Mexicanos, ocurre a solicitar se turne a laComisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, parasu dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cáma-ra de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislaturadel Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciati-va de ley:


El derecho mexicano no es un instrumento eficaz para pro-teger la Vida Silvestre nacional. Es conocido que Méxicoocupa el quinto lugar mundial en biodiversidad, riquezaque es orgullo del país y que representa gracias a la tecno-logía y al turismo un enorme recurso económico. Comoejemplo, existen cálculos que establecen que en dos hectá-reas de la Selva Maya existe mayor biodiversidad que entodo el territorio de Canadá. Es por eso que debemos avo-

carnos a proteger este valioso recurso que es la vida silves-tre para el goce y disfrute de las futuras generaciones ytambién para poder ser susceptible de aprovecharlo susten-tablemente mediante el turismo o mediante la investiga-ción científica.

Es por eso que es necesario que aquellos que ocasionen undaño a la vida silvestre asuman el costo de sus acciones,para que a la larga, y de acuerdo al principio “el que con-tamina paga” surgido de la OCDE en 1972, se pueda tras-ladar el costo de la contaminación o del daño ambiental alque lo genera logrando la internalización de los costos am-bientales. Es este principio, junto con el derecho consagra-do en el artículo cuarto de la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos, los que informan a nuestra le-gislación interna para establecer sistemas de responsabili-dad ambiental que permitan lograr dichos objetivos.

Estos sistemas de responsabilidad en donde los culpablespor causar un daño ambiental se ven obligados a pagarlo,logran la prevención de dicho daño, ya que mediante elajuste de las actividades causantes de dicho daño se inter-naliza el costo y se previene la causación del daño, es de-cir, las personas ante la amenaza de pagar indemnizacionescuantiosas, ajustan sus procesos productivos para evitar lacausación de los mismos.

Existen diversas disposiciones internacionales que Méxicoha adoptado mediante compromisos internacionales endonde diversos principios han quedado, de acuerdo a lo es-tablecido en el artículo 133 de la Constitución como Leynacional, sin embargo, muchos de estos solo han servidopara ser utilizados en los discursos de políticos, siendo queen la realidad pocos conocen su origen y sus alcances.

Uno de los conceptos mas utilizados es el de “desarrollosustentable”, este concepto surge en 1987 en la ONU, conla Comisión Harlem Bruntland. Se refiere a la relación en-tre crecimiento, desarrollo y medio ambiente. De acuerdocon esta Comisión, el desarrollo sustentable consiste en“satisfacer necesidades actuales de manera tal que futurasgeneraciones también lo puedan hacer”.

También podría ser satisfacer necesidades actuales de ma-nera tal que no se dañe o comprometa a generaciones futu-ras.

Lo anterior significa que se busca compatibilizar interesesopuestos entre desarrollo a ultranza y conservación a ul-tranza para lograr un término que permita a los ecosistemas


recuperarse conforme a su capacidad de carga y de esa ma-nera que las generaciones futuras puedan disfrutar de losrecursos naturales utilizados.

México claramente ha fallado en la aplicación de este men-tado principio, ya que estamos perdiendo el hábitat de lavida silvestre a un ritmo muy acelerado.

Por otro lado, es pertinente también tomar en cuenta lo queestablecen las declaraciones de Estocolmo de 1972 y la deRío de Janeiro de 1992, las cuales en sus diversos princi-pios establecen la importancia de la biodiversidad, y tam-bién que solo mediante la participación de la sociedad sepueden detener los graves procesos de pérdida de hábitat yde contaminación.

México, a diferencia de otros países, se ha quedado cortoen el cumplimiento de estas disposiciones internacionales,y ya estamos pagando el precio de no haber establecido conclaridad y eficacia los remedios que en su momento nos re-comendaba la comunidad internacional.

Es importante mencionar que en muchos países, para podercumplir con los mismos principios y compromisos interna-cionales en materia ambiental que ha firmado México, sehan logrado avances importantes en la legislación, sobretodo tomando en cuenta que los ciudadanos son los mejo-res protectores del ambiente. Por lo anterior, se han creadofiguras jurídicas que faciliten el acceso a la justicia para losmiembros de las comunidades afectadas resultando en unamayor y efectiva protección de los recursos naturales.

Una de las disposiciones mas importantes que han sidoadoptadas y que ha resultado en innumerables acciones deprotección ambiental, es la disposición que permite que losmiembros de la comunidad que demanden por la comisiónde un daño ambiental, no sean condenados por los gastos ycostas del proceso en caso de que pierdan.

Esta disposición ha sido adoptada entre otros por los Esta-dos Unidos de América, en la Ley de Igual Acceso a la Jus-ticia “Equal Access to Justice Act” en donde cualquier par-te que demande al gobierno federal puede recuperar gastosy costas si se demuestra que la posición del gobierno fede-ral es ilegal. También existen varias resoluciones judicialesen diversos estados como la del estado de Alaska, en don-de los tribunales establecieron que cuando se esté deman-dando en beneficio del interés público, no se deben cobrargastos y costas a los perdedores.

En el mismo sentido está la legislación alemana y la legis-lación colombiana. Esta última, establece que los litigantesde interés público tampoco tienen que pagar costos de loslitigios, siempre y cuando acudan a una figura que se llamael amparo de pobreza. Esto es simplemente una solicitud aljuez para que exceptúe a los demandantes de los costos dellitigio.

Esta figura esta reglamentada en la Ley 472 de 1998, quees la ley de acciones populares así:

“Artículo 19. Amparo de pobreza. El juez podrá concederel amparo de pobreza cuando fuere pertinente, de acuerdocon lo establecido en el Código de Procedimiento Civil, ocuando el Defensor del Pueblo o sus delegados lo solicitenexpresamente.

El costo de los peritazgos, en los casos de amparo de po-breza, correrá a cargo del Fondo para la Defensa de los De-rechos e Intereses Colectivos, a partir de su creación. Estoscostos se reembolsarán al Fondo por el demandado, en elmomento de satisfacer la liquidación de costas, siempre ycuando fuere condenado.”

Por lo anterior, resulta conveniente adaptar el sistema deresponsabilidad ambiental establecido en la Ley Generalde Vida Silvestre en su artículo 87 estableciendo que aque-llos que pierdan las acciones por daños a la vida silvestreen contra del gobierno o de empresas de participación es-tatal mayoritaria, no sean condenados en el pago de gastosy costas judiciales.

Por ello, respetuosamente, los diputados integrantes delgrupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de Méxi-co, nos permitimos someter al Pleno de la Cámara de Di-putados de la LIX Legislatura del Honorable Congreso dela Unión, el presente:

Decreto.- Por el que se adiciona en su última parte el artí -culo 107 de la Ley General de Vida Silvestre quedando co-mo sigue.

Artículo 107. Cualquier persona física o moral podrá de-nunciar ante la Procuraduría Federal de Protección al Am-biente daños a la vida silvestre y su hábitat sin necesidadde demostrar que sufre una afectación personal y directa enrazón de dichos daños.


La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente eva-luará cuidadosamente la información presentada en la de-nuncia y, en caso de ser procedente, ejercerá de manera ex-clusiva la acción de responsabilidad por daño a la vidasilvestre y su hábitat, la cual será objetiva y solidaria.

En el caso de que el demandado sea algún órgano de la ad-ministración pública federal o una empresa de participa-ción estatal mayoritaria, la acción de responsabilidad pordaño a la vida silvestre y su hábitat, podrá ser ejercida porcualquier persona directamente ante el tribunal competen-te.

Esta acción podrá ser ejercitada sin perjuicio de la acciónindemnizatoria promovida por los directamente afectadosy prescribirá a los cinco años contados a partir del momen-to en que se conozca el daño. En caso de que la personaque hubiere demandado directamente a algún órganode la administración pública federal o a alguna empre-sa de participación estatal mayoritaria, no será conde-nada al pago de gastos y costas en caso de no obtenersentencia favorable.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente díade su publicación en el Diario Oficial.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara deDiputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos



142.- «Iniciativa que reforma el artículo 111 de la Cons-titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a car-go del diputado Paulo José Luis Tapia Palacios, del gru-po parlamentario del PRI

Paulo José Luis Tapia Palacios, diputado federal de la LIXLegislatura del H. Congreso de la Unión, integrante delgrupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucio-nal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71,fracción II, de la Constitución Política de los Estados Uni-dos Mexicanos; 55, fracción II, 56 y demás relativos delReglamento para el Gobierno Interior del Congreso Gene-ral de los Estados Unidos Mexicanos, me permito sometera la consideración del Pleno de esta honorable Cámara deDiputados la Iniciativa con proyecto de decreto que refor-ma y adiciona el artículo 111 de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente


Antecedentes

La figura del fuero y de responsabilidad de los funcionariospúblicos tiene varios antecedentes en México, entre losmás relevantes figuran la Constitución de Cádiz de 1812 yla de Apatzingán de 1814, que tenían una normatividad so-bre la responsabilidad de los servidores públicos por in-fracciones a la constitución, en el caso de la primera, lasanción era quedar suspendidos de su función. años des-pués, el Reglamento Provisional Político del Imperio Me-xicano de 1822 estableció para los jueces, magistrados, se-cretarios de Estado y despacho, un procedimiento para quese declarara que ha lugar a exigir responsabilidad. el Re-glamento del Soberano Congreso de 1823, reguló un pro-cedimiento para exigir responsabilidad a través de la de-claratoria para la causa.

Fue en la Constitución Política de 1824 donde se estable-ció la declaratoria de que ha lugar a la formación de causaen contra del presidente de la Federación, los miembros dela Corte Suprema de Justicia y los gobernadores de los es-tados, a través del gran jurado por una de las Cámaras delCongreso, y es en las Leyes Constitucionales de la Repú-blica Mexicana de 1836 donde se agregaron mecanismospara el enjuiciamiento de funcionarios públicos.

En el Acta de Reformas Constitucionales de 1847, se esti-puló la formación de Gran Jurado y el establecimiento deha lugar a formación de causa contra altos funcionarios.


El constituyente de 1917 considero necesario crear una fi-gura que permitiera un procedimiento específico previo aque los funcionarios fueran sujetos a juicios de responsabi-lidad penal, de ahí surge el fuero. Con ello se evitaba quelos funcionarios fueran objeto de ataques infundados porparte de sus enemigos políticos, lo que conllevaría a perju-dicar la administración y el desempeño de su encargo.

La Constitución de 1917 estableció en su artículo 109 quecuando el delito fuera común, la Cámara de Diputados, eri -gida en Gran Jurado, declarara por mayoría absoluta de vo-tos, si ha o no lugar a proceder contra el acusado.

Este artículo disponía que la votación para declarar el des-afuero ascendiera a la mayoría absoluta de votos del totalde los miembro de la Cámara de Diputados para garantizarjusticia en la resolución.

El 28 de diciembre de 1982 se hace una reforma a la Cons-titución que modifica el Titulo Cuarto, cambiando el nom-bre de desafuero por el de Declaración de Procedencia yestableciéndolo en el primer párrafo del artículo 111; seflexibilizó la forma en que la resolución fuera dictada,siendo aprobada por la mayoría presente de los diputados.también se adiciona al agregar nuevos sujetos susceptiblesde tener fuero.

Los funcionarios públicos que se agregaron son: los jefesde departamentos administrativos, el procurador general dejusticia del DF, los jueces y magistrados de los poderes ju-diciales, federal y locales, y los directores generales, o susequivalentes de las entidades del sector paraestatal.

Asimismo hace un distingo claro entre la figura de juiciopolítico y la declaración de procedencia; y se aprueba laLey Federal de responsabilidades de los Servidores Públi-cos, que reglamenta el capítulo cuarto de la Constitución,normando las figuras de juicio político y declaración deprocedencia.

Para comprender a plenitud la dimensión de esta reformaes necesario conceptuar las figuras objeto de la presente re-forma, por lo que a continuación los referiremos:

Desafuero

El desafuero era entendido como el procedimiento que seseguía ante la Cámara de Diputados para que ésta autoriza-ra el proceso penal ordinario. Con él se privaba al funcio-nario de alto nivel de su fuero constitucional.

Fuero

El fuero constitucional surgió como un derecho que teníanlos llamados altos funcionarios de la federación para queantes de ser juzgados por la comisión de un delito ordina-rio, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión re-solviera sobre la procedencia del citado proceso penal.

Es una prerrogativa indispensable para la existencia de lasinstituciones que salvaguarda.

Actualmente la concepción de Fuero es la inmunidad pro-cesal en materia

penal, que da protección legal y política, para evitar seragredidos por poderes públicos o acusados sin sustento ju-rídico.

Declaración de Procedencia

Es una declaración de procedencia porque en ella se esta-blece si procede o no el ejercicio de la acción penal, sin lacual no se puede ejercitar la acción penal correspondienteante las autoridades judiciales y, por tanto, es un procedi-miento autónomo del proceso que no prejuzga acerca de laacusación.

Citando las acepciones que señala el Diccionario universalde términos parlamentarios, Declaración de procedenciaes:

Término que sustituye al de declaración de desafuero. Pro-cedencia viene del latín proceder, que significa adelantar, iradelante, con el sentido de “pasar a otra cosa” o progresión,ir por etapas sucesivas de que consta (Breve diccionarioetimológico de la lengua castellana). En español tambiénse conoce con el nombre de antejuicio.

El texto vigente de la Constitución establece la declaraciónde procedencia en el artículo 111, que a la letra dice:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos .-

Artículo 111.- Para proceder penalmente contra los Dipu-tados y Senadores al Congreso de la Unión, los Ministrosde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magis-trados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los Con-sejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despa-cho, los Jefes de Departamento Administrativo, losDiputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de


Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de laRepública y el Procurador General de Justicia del DistritoFederal, así como el Consejero Presidente y los ConsejerosElectorales del Consejo General del Instituto Federal Elec-toral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su en-cargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría ab-soluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugara proceder contra el inculpado.

Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderátodo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo pa-ra que la imputación por la comisión del delito continúe sucurso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de suencargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de laimputación.

Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto que-dará a disposición de las autoridades competentes para queactúen con arreglo a la ley.

Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lu-gar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términosdel artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadoresresolverá con base en la legislación penal aplicable.

Para poder proceder penalmente por delitos federales con-tra los gobernadores de los estados, diputados locales, ma-gistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los es-tados y, en su caso, los miembros de los Consejos de lasJudicaturas locales, se seguirá el mismo procedimiento es-tablecido en este artículo, pero en este supuesto, la decla-ración de procedencia será para el efecto de que se comu-nique a las Legislaturas locales, para que en ejercicio desus atribuciones procedan como corresponda.

Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Dipu-tados o de Senadores son inatacables.

El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder con-tra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto estésujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia abso-lutoria el inculpado podrá reasumir su función. Si la sen-tencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometidodurante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo lagracia del indulto.

En demandas del orden civil que se entablen contra cual-quier servidor público no se requerirá declaración de pro-cedencia.

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dis-puesto en la legislación penal, y tratándose de delitos porcuya comisión el autor obtenga un beneficio económico ocause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarsede acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de sa-tisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilí-cita.

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantosde los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios cau-sados.

De este artículo se desprende la enumeración de los sujetosa juicio de declaración de procedencia y aunado a la Ley deResponsabilidad de Servidores Públicos establece el pro-cedimiento a seguir para hacer la declaratoria de proceden-cia que se inicia cuando el Ministerio Público solicita a laCámara de Diputados que se retire la inmunidad procesalal presunto responsable de un delito. La solicitud se envíaa la Sección Instructora, para que califique si es proceden-te el trámite; en caso de ser improcedente, se hará saber ala Cámara para que resuelva si se desecha o continúa.

La sección instructora elabora un dictamen y lo vota ensentido positivo o negativo, si es negativo sólo avisa al pre-sidente de la mesa directiva de la resolución para que lo co-munique al pleno y queda sin efecto la solicitud, en caso deser positivo se envía al presidente de la mesa directiva pa-ra que convoque a los diputados de la cámara de diputadosa erigirse en jurado de procedencia, quien declara por ma-yoría absoluta de votos de todos los miembros presentes siprocede o no el ejercicio de la acción penal.

En caso de que la decisión sea en sentido negativo no ha-brá lugar al proceso penal durante el tiempo que dure el en-cargo, ya que una vez concluido éste el funcionario pierdela inmunidad y se puede proceder penalmente en su contra.

Si la resolución es en sentido afirmativo, el acusado quedasin la inmunidad y se puede proceder contra el por la víapenal.

Es menester hacer un análisis sobre la declaración de pro-cedencia y sus alcances ya que desde que existía la figurade Fuero Constitucional se observaba como un mecanismode inmunidad para los servidores públicos, sin embargo sedebe ver como la protección necesaria para permitir a losfuncionarios cumplir con la función que les ha sido enco-mendado; ya sea por un proceso de elección democrática o


designación de acuerdo a las facultades conferidas en laley.

Muchos autores han descrito a la declaración de proceden-cia como “un privilegio que se confiere a determinados ser-vidores públicos para salvaguardarlos de eventuales acusa-ciones sin fundamento, así como mantener el equilibrioentre los poderes del Estado, dentro de los regímenes de-mocráticos. No es lo que en teoría del delito se llama ex-cluyente de responsabilidad, que impediría en todo casoque la figura delictiva llegare a constituirse, sino un impe-dimento legal para que quien goce de esa prerrogativa noquede sometido a la potestad jurisdiccional”.

El término declaración de procedencia, antes denominadofuero constitucional, es conocido con el mismo sentido deconstituir una garantía en favor de personas que desempe-ñan determinados empleos o se ocupan en determinadasactividades, en virtud de la cual su enjuiciamiento se hallasometido a jueces especiales. En el Diccionario JurídicoMexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de laUNAM al respecto se señala que: “Fuero constitucional erael derecho que tenían los llamados altos funcionarios de lafederación, para que antes de ser juzgados por la comisiónde un delito ordinario, la Cámara de Diputados del Con-greso de la Unión resolviera sobre la procedencia del men-cionado proceso penal. En las reformas constitucionalespublicadas en el Diario Oficial de la Federación del 28 dediciembre de 1982, se le cambio el nombre por “Declara-ción de procedencia”, aunque la institución subsiste.

Sin embargo, debemos entender a la declaración como underecho de los funcionarios públicos y de la función públi-ca que desempeñan que se aplica para dar curso al proce-dimiento de responsabilidad penal en que posiblemente in-curran los servidores federales, así como contra losgobernadores, diputados y magistrados de las entidades fe-derativas, cuando incurriesen en delitos federales.

En el caso de los funcionarios que gozan de fuero y fueronelegidos por un proceso de elección por voto directo de lapoblación, el resguardo de la función y la inmunidad con laque cuenta el funcionario por el desempeño del cargo, sedebe salvaguardar con mucha mayor razón, ya que tambiénse esta defendiendo el derecho de votar y ser votado decualquier ciudadano y el ejercicio de sus libertades públi-cas, principios esenciales de la democracia.

La presente reforma que someto a la consideración de estasoberanía se refiere a la manifestación y examen que hace

el Congreso de la Unión de los hechos presumiblementedelictivos cometidos por alguno de los servidores públicosenumerados, con el objeto de que las acusaciones temera-rias o sin fundamento no procedan contra el servidor du-rante el periodo de su encargo y pueda así desempeñarselibremente en el ejercicio de su función sin presiones poracusaciones falsarias o no graves.

se trata de circunscribir la declaración de procedencia a losdelitos graves y excluir a los no graves, salvo cuando exis-tan dos o mas denuncias o querellas donde haya elementosde tipo penal de la probable responsabilidad del indiciadoy se integre el cuerpo del delito. no equivale a una excul-pación del acusado, sino que suspende la tramitación de lasetapas procesales correspondientes, las cuales pueden rea-nudarse, sin afectar las reglas de caducidad o prescripción,una vez que el servidor hubiese dejado el cargo público quevenía desempeñando.

Los delitos graves están perfectamente establecidos en laLegislación Procesal, que en especifico en el Código Fede-ral de Procedimientos Penales los establece en :

Artículo 194 .- Se califican como delitos graves, para todoslos efectos legales, por afectar de manera importante valo-res fundamentales de la sociedad, los previstos en los or-denamientos legales siguientes:

I. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes:

1) Homicidio por culpa grave, previsto en el artícu-lo 60, párrafo tercero;

2) Traición a la patria, previsto en los artículos 123,124, 125 y 126;

3) Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128;

4) Terrorismo, previsto en el artículo 139, párrafoprimero;

5) Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo pri -mero;

6) Los previstos en los artículos 142, párrafo segun-do y 145;

7) Piratería, previsto en los artículos 146 y 147;

8) Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis;


9) Evasión de presos, previsto en los artículos 150 y152;

10) Ataques a las vías de comunicación, previsto enlos artículos 168 y 170;

11) Uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsi-to aéreo, previsto en el artículo 172 Bis párrafo ter-cero;

12) Contra la salud, previsto en los artículos 194,195, párrafo primero, 195 Bis, excepto cuando setrate de los casos previstos en las dos primeras líneashorizontales de las tablas contenidas en el apéndiceI, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, par-te primera del párrafo tercero;

13) Corrupción de menores o incapaces, previsto enel artículo 201; y pornografía infantil, previsto en elartículo 201 Bis;

14) Los previstos en el artículo 205, segundo párra-fo;

15) Explotación del cuerpo de un menor de edad pormedio del comercio carnal, previsto en el artículo208;

16) Falsificación y alteración de moneda, previstoen los artículos 234, 236 y 237;

17) Falsificación y utilización indebida de documen-tos relativos al crédito, previsto en el artículo 240Bis, salvo la fracción III;

18) Contra el consumo y riqueza nacionales, previs-to en el artículo 254, fracción VII, párrafo segundo;

19) Violación, previsto en los artículos 265, 266 y266 Bis;

20) Asalto en carreteras o caminos, previsto en el ar-tículo 286, segundo párrafo;

21) Lesiones, previsto en los artículos 291, 292 y293, cuando se cometa en cualquiera de las circuns-tancias previstas en los artículos 315 y 315 Bis;

22) Homicidio, previsto en los artículos 302 con re-lación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323;

23) Secuestro, previsto en el artículo 366, salvo losdos párrafos últimos, y tráfico de menores, previstoen el artículo 366 Ter;

24) Robo calificado, previsto en el artículo 367cuando se realice en cualquiera de las circunstanciasseñaladas en los artículos 372 y 381, fracciones VII,VIII, IX, X, XI, XIII, XV y XVI;

25) Robo calificado, previsto en el artículo 367, enrelación con el 370 párrafos segundo y tercero,cuando se realice en cualquiera de las circunstanciasseñaladas en el artículo 381 Bis;

26) Comercialización habitual de objetos robados,previsto en el artículo 368 Ter;

27) Sustracción o aprovechamiento indebido de hi-drocarburos o sus derivados, previsto en el artículo368 Quáter, párrafo segundo;

28) Robo, previsto en el artículo 371, párrafo últi-mo;

29) Robo de vehículo, previsto en el artículo 376Bis;

30) Los previstos en el artículo 377;

31) Extorsión, previsto en el artículo 390;

32) Operaciones con recursos de procedencia ilícita,previsto en el artículo 400 Bis, y

32 Bis) Contra el Ambiente, en su comisión dolosa,previsto en los artículos 414, párrafos primero y ter-cero, 415, párrafo último, 416, párrafo último y 418,fracción II, cuando el volumen del derribo, de la ex-tracción o de la tala, exceda de dos metros cúbicos demadera, o se trate de la conducta prevista en el párra-fo último del artículo 419 y 420, párrafo último.

33) En materia de derechos de autor, previsto en elartículo 424 Bis.

34) Desaparición forzada de personas previsto en elartículo 215-A.

II. De la Ley Federal contra la Delincuencia Organiza-da, el previsto en el artículo 2.


III. De la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos,los delitos siguientes:

1) Portación de armas de uso exclusivo del Ejército,Armada o Fuerza Aérea, previsto en el artículo 83,fracción III;

2) Los previstos en el artículo 83 Bis, salvo en el ca-so del inciso i) del artículo 11;

3) Posesión de armas de uso exclusivo del Ejército,Armada o Fuerza Aérea, en el caso previsto en el ar-tículo 83 Ter, fracción III;

4) Los previstos en el artículo 84, y

5) Introducción clandestina de armas de fuego queno están reservadas al uso exclusivo del Ejército,Armada o Fuerza Aérea, previsto en el artículo 84Bis, párrafo primero.

IV. De la Ley Federal para Prevenir y Sancionar laTortura, el delito de tortura, previsto en los artículos3o. y 5o.

V. De la Ley General de Población, el delito de tráficode indocumentados, previsto en el artículo 138.

VI. Del Código Fiscal de la Federación, los delitos si-guientes:

1) Contrabando y su equiparable, previstos en los ar-tículos 102 y 105 fracciones I a la IV, cuando les co-rrespondan las sanciones previstas en las fraccionesII o III, segundo párrafo del artículo 104, y

2) Defraudación fiscal y su equiparable, previstos enlos artículos 108 y 109, cuando el monto de lo de-fraudado se ubique en los rangos a que se refierenlas fracciones II o III del artículo 108, exclusiva-mente cuando sean calificados.

VII. De la Ley de la Propiedad Industrial, los delitosprevistos en el artículo 223, fracciones II y III.

La tentativa punible de los ilícitos penales mencionadosen las fracciones anteriores, también se califica comodelito grave.

VIII. De la Ley de Instituciones de Crédito, los previs-tos en los artículos 111; 112, en el supuesto del cuartopárrafo, excepto la fracción V, y 113 Bis, en el supuestodel cuarto párrafo del artículo 112;

IX. De la Ley General de Organizaciones y ActividadesAuxiliares del Crédito, los previstos en los artículos 98,en el supuesto del cuarto párrafo, excepto las fraccionesIV y V, y 101;

X. De la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, losprevistos en los artículos 112 Bis; 112 Bis 2, en el su-puesto del cuarto párrafo; 112 Bis 3, fracciones I y IV,en el supuesto del cuarto párrafo; 112 Bis 4, fracción I,en el supuesto del cuarto párrafo del artículo 112 Bis 3,y 112 Bis 6, fracciones II, IV y VII, en el supuesto delcuarto párrafo;

XI. De la Ley General de Instituciones y SociedadesMutualistas de Seguros, los previstos en los artículos141, fracción I; 145, en el supuesto del cuarto párrafo,excepto las fracciones II, IV y V; 146 fracciones II, IVy VII, en el supuesto del cuarto párrafo, y 147, fracciónII inciso b), en el supuesto del cuarto párrafo del artícu-lo 146;

XII. De la Ley del Mercado de Valores, los previstos enlos artículos 52, y 52 Bis cuando el monto de la dispo-sición de los fondos o de los valores, títulos de crédito odocumentos a que se refiere el artículo 3o. de dicha ley,exceda de trescientos cincuenta mil días de salario mí-nimo general vigente en el Distrito Federal;

XIII. De la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Reti -ro, los previstos en los artículos 103, y 104 cuando elmonto de la disposición de los fondos, valores o docu-mentos que manejen de los trabajadores con motivo desu objeto, exceda de trescientos cincuenta mil días desalario mínimo general vigente en el Distrito Federal, y

XIV. De la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, losprevistos en el artículo 96.”

Por otra parte, el Código de procedimientos penales para eldistrito federal establece un parámetro para calificar a losdelitos de graves, de la siguiente forma:

“Artículo 268.- Habrá caso urgente cuando concurranlas siguientes circunstancias:


I.-III. ...

Para todos los efectos legales, son graves los delitossancionados con pena de prisión cuyo término medioaritmético exceda de cinco años. Respecto de estos de-litos no se otorgará el beneficio de la libertad provisio-nal bajo caución previsto en la fracción I del artículo 20de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-canos. El término medio aritmético es el cociente que seobtiene de sumar la pena mínima y la máxima del deli-to de que se trate y dividirlo entre dos.

La tentativa punible de los ilícitos penales mencionadosen el párrafo anterior, también se considerará delito gra-ve si el término medio aritmético de las dos terceras par-tes de la pena de prisión que se debiera imponer de ha-berse consumado el delito excede de cinco años.

Para calcular el término medio aritmético de la pena pri-sión se tomarán en consideración las circunstancias mo-dificativas de la penalidad del delito de que se trate.

Cuando de señalen penas en proporción a las previstaspara el delito doloso consumado, la punibilidad aplicablees, para todos los efectos legales, la que resulte de la ele-vación o disminución, según corresponda, de los térmi-nos mínimos y máximo de la pena prevista para aquél.”

Ahora bien, el espíritu de la legislación de Estados Unidos,Europa y en general el derecho comparado es el mismo: eldesafuero solo procede por delitos graves que superen envalor al concomitante, al ejercicio del voto y la representa-ción política

Justificación de la iniciativa

Al hacer mas estricta y gravosa la causa para la declaraciónde procedencia, como lo establecen la doctrina y la prácti-ca internacionales, evitaremos la utilización política deldesafuero, la remoción del cargo de un servidor público porfaltas menores.

Si bien la declaración de procedencia no prejuzga sobre laculpabilidad del servidor público, sólo establece la proba-ble responsabilidad del inculpado, si elimina la restricciónlegal para el inicio del proceso penal, con lo que el servi-dor público es separado del cargo.

Con esta reforma no se busca auspiciar la impunidad sinoproteger la estructura institucional del estado y, en el caso

de los servidores públicos electos, defender el derecho delos ciudadanos a elegir a sus gobernantes y a mantener elmandato hasta su término constitucional. La remoción so-lo la legitima un delito grave o la reincidencia de delitosmenores.

La inmunidad procesal no es un privilegio personal, sinoun mecanismo para salvaguardar la función constitucionalde los órganos del poder público y dar vigencia a los valo-res de la democracia.

Decreto

Artículo Único.- Se reforma y adiciona el artículo 111 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,para quedar como sigue:

Artículo 111.- Para proceder penalmente contra los Dipu-tados y Senadores al Congreso de la Unión, los Ministrosde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magis-trados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los Con-sejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despa-cho, los Jefes de Departamento Administrativo, losDiputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe deGobierno del Distrito Federal, el Procurador General de laRepública y el Procurador General de Justicia del DistritoFederal, así como el Consejero Presidente y los ConsejerosElectorales del Consejo General del Instituto Federal Elec-toral, por la comisión de delitos graves durante el tiempode su encargo, la Cámara de Diputados declarará por ma-yoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha ono lugar a proceder contra el inculpado.

En el caso de los delitos no graves procederá el juicio dedeclaración de procedencia cuando existan dos o máscasos, es decir, dos o más denuncias o querellas, en lasque el ministerio público compruebe los elementos deldelito y la probable responsabilidad del indiciado; enlos demás casos se tendrá que esperar a que el inculpa-do concluya el ejercicio de su encargo en cuyo caso nocorrerá la prescripción del delito de que se trate.

...

Transitorios

Primero.- La presente reforma entrará en vigor al día si-guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fede-ración.


Segundo.- Se derogan los preceptos legales que contra-vengan la presente reforma.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 27 de abril de2005.— Dip. Paulo José Luis Tapia Palacios (rúbrica).»


143.- «Iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 1259del Código de Comercio, a cargo del diputado JorgeKahwagi Macari, del grupo parlamentario del PVEM

Jorge Antonio Kahwagi Macari, diputado de la LIX Legis-latura del H. Congreso de la Unión, integrante del GrupoParlamentario del Partido Verde Ecologista de México, confundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Cons-titución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de laLey Orgánica del Congreso General de los Estados UnidosMexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamentopara el Gobierno Interior del Congreso General de los Es-tados Unidos Mexicanos, ocurre a solicitar se turne a laComisión de Economía, para su dictamen y posterior dis-cusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quin-cuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso dela Unión, la siguiente iniciativa de ley:


Las labores del juzgador en los procedimientos judicialesson muy diversas y deben ser cuidadosamente desarrolla-das, en la búsqueda de la prontitud y la precisión para unamejor impartición de justicia.

Los Jueces están obligados a allegarse de la mayor canti-dad de elementos que causen convicción en su ánimo a lahora de pronunciar una resolución, valorando los elemen-tos que obran en un expediente y atendiendo a las circuns-tancias que derivan de las pruebas ofrecidas dentro del jui-cio.

Los secretarios de acuerdo del Juzgado se desempeñan pa-ra auxiliar las labores del propio juzgador y actuar con él,

en su carácter de fedatarios; por lo cual, se considera opor-tuno clarificar el texto del artículo 1259 del Código de Co-mercio, precisando que dichos servidores públicos deberánasistir a las diligencias de inspección judicial para propor-cionarle al Juez los elementos que motiven su criterio a lahora de resolver la controversia que le ha sido planteada.


Decreto por el que se reforma el artículo 1259; se adi-ciona un párrafo final; del Código de Comercio.

Artículo Único.- Se reforma el artículo 1259; se adicionaun párrafo; del Código de Comercio, para quedar como si-gue:

Artículo 1259.- El reconocimiento o inspección judicialpuede practicarse a petición de parte o de oficio, si el Juezlo cree necesario.

El reconocimiento se practicará el día, hora y lugar que seseñalen.

Las partes, sus representantes o abogados pueden concurrira la inspección y hacer las observaciones que estimen opor-tunas.

También podrán concurrir a ellas los testigos de identidado peritos que fueren necesarios.

A las diligencias que tengan por objeto desahogar laprueba de inspección judicial, asistirá el Secretario deAcuerdos del Juzgado que corresponda, con el fin de au-xiliar al Juez en la instrumentación de dicha probanza.

Transitorio



Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados UnidosMexicanos, a los 28 días del mes de abril del 2005.— Dip. Jorge An -




144.- Iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 28 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-nos, a cargo del diputado Jesús Morales Flores, del gru-po parlamentario del PRI

El suscrito, Jesús Morales Flores, diputado federal perte-neciente al grupo parlamentario del Partido RevolucionarioInstitucional, con fundamento en los artículos 71, fracciónII, y 73, fracción X, de la Constitución Política de los Es-tados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de es-ta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decretopor el que se hace una adición al párrafo cuarto del artícu-lo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Me-xicanos.


De una lectura cuidadosa de los párrafos cuarto y quintodel artículo 25 de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos, resulta fácil aceptar que la diferenciaespecífica entre lo que debe entenderse como áreas estraté-gicas y áreas prioritarias radica en que aquéllas corren acargo exclusivamente del sector público, mediante el cualel Constituyente quiso que fuera el Estado el que atendierade manera exclusiva dichas áreas de la economía para ga-rantizar que su manejo estuviera vinculado siempre a losobjetivos fundamentales de la nación mexicana en materiade desarrollo económico y bienestar general. El objetivodel Estado no está en lograr la máxima ganancia posiblesino en diseñar y manejar la estrategia regional de desarro-llo económico en beneficio de todos los mexicanos, mien-tras que en las áreas prioritarias podrán participar los sec-tores social y privado.

Y en congruencia con lo anterior, de manera indubitable, elpárrafo cuarto del artículo 28 constitucional enunciativa-mente cataloga las áreas estratégicas, sobre las que el Esta-do ejerce funciones de manera exclusiva y que son las si-guientes: correos, telégrafos y radiotelegrafia; petróleo ylos demás hidrocarburos; petroquímica básica; mineralesradiactivos y generación de energía nuclear; electricidad ylas actividades que expresamente señalen las leyes que ex-pida el Congreso de la Unión.

De igual manera, el párrafo cuarto cataloga la comunica-ción vía satélite y los ferrocarriles como áreas prioritariaspara el desarrollo nacional y que al otorgar concesiones opermisos, no así en las áreas estratégicas, mantendrá o es-tablecerá el dominio de las respectivas vías de comunica-ción.

Es cierto que el párrafo quinto del artículo 28 de la Consti -tución deja abierta la posibilidad de que el Estado partici-pe en actividades de carácter prioritario de acuerdo con lasleyes, por sí o con los sectores social y privado, como real-mente sucede en la Ley de Aguas Nacionales, reglamenta-ria del artículo 27 constitucional, que dice que el agua esuna prioridad y asunto de seguridad nacional.

Considero que el agua, por ser un bien de dominio público,vital, vulnerable y finito, debe ser una prioridad reconoci-da y recogida específicamente en el texto constitucionalpara atender las necesidades básicas de la población y fun-damental para impulsar el desarrollo de las actividadeseconómicas, cuya unidad básica para su administración esla cuenca hidrológica, donde se contabiliza el ciclo hidro-lógico de forma natural.

La Comisión Nacional del Agua ha subdividido el país en13 regiones administrativas, formadas por 37 regiones hi-drológicas, que agrupan 314 cuencas hidrológicas.

El agua de lluvia puede ser captada temporalmente en los60 lagos naturales que existen en el país y en las 137 lagu-nas costeras, aunados a unas 4 mil 500 presas, calculandoque México dispone de un poco más de 6 mil 500 km3 deagua almacenada en lagos y lagunas.

En cuanto al agua subterránea, se estima que el país dispo-ne de 650 km3 de agua almacenada en lagos y lagunas.

En cuanto al agua subterránea, se estima que el país dispo-nía de 653 acuíferos, los cuales varían en cuanto a su ca-pacidad de recarga dependiendo de una alta precipitación yen los que existe escasez de corrientes superficiales.

Se estima que cerca de 70 por ciento del agua que se sumi-nistra a los 75 millones de habitantes de zonas urbanas, asícomo una tercera parte de la superficie bajo riego, y 61 porciento para la industria se extrae de los acuíferos y por logeneral en las zonas áridas, éstos constituyen la única fuen-te de abastecimiento.

El agua subterránea que se extrae a nivel nacional corres-ponde a alrededor de 57 por ciento de la recarga o volumenrenovable. La gravedad del problema se ha ido acentuando,no sólo por los volúmenes excesivos de extracción, sinotambién porque ha disminuido considerablemente la recar-ga de los acuíferos como consecuencia de la deforestacióny de los cambios de uso del suelo.


Empleando los criterios de la ONU, se ha estimado la pre-sión que se ejerce sobre el recurso agua en México.

Se ha identificado que en las zonas del centro, norte y nor-oeste esta presión es superior a 40 por ciento, lo cual se con-sidera una amenaza para el desarrollo de las entidades locali-zadas en ellas, que son justamente las que concentran lamayor parte de la población y de las actividades industriales.

La agricultura es la actividad que mayor presión ejerce, 78por ciento, y es la que más se desperdicia; el uso públicoafectado por grandes pérdidas por fugas en las redes de dis-tribución entre 30 y 50 por ciento del agua.

El objeto fundamental que se persigue con esta iniciativa esmantener una comunicación permanente con los actores in-teresados con el sector hidráulico, y de esa manera nuestraresponsabilidad legislativa impulse y consolide el marconormativo vigente, que de seguridad y certeza legal a losmexicanos.

Actualmente, en el problema del agua existe una descoor-dinación entre el desarrollo del país y el recurso disponible,pasando por la sobreexplotación de acuíferos, contamina-ción, etcétera; suponiendo que la disponibilidad del aguasea suficiente en la actualidad para la población, industriay sector agropecuario, a largo plazo se vería vulnerada lagobernabilidad, Estado de derecho y, por supuesto, la su-pervivencia de la humanidad.

Es indudable que ante la permanente demanda en aumen-to, ineficiencia del uso, baja calidad, escasez, falta de re-novabilidad el agua es ya un asunto de seguridad nacional.Por tanto, su prioridad debe consagrarse expresamente ennuestra Carta Magna y con ese rango considerarla única,por sobre cualquier otro bien o satisfactor; debe elevarse arango constitucional como garantía social y el Estado, alejercer en ella su rectoría, protegerá la seguridad y la sobe-ranía y, al otorgar concesiones y permisos para su uso,mantendrá su dominio sobre el vital líquido.

Por los motivos expuestos considero más que suficiente laaprobación de esta iniciativa con proyecto de decreto, porel que se hace una adición al párrafo cuarto del artículo 28de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-nos, para quedar como sigue:

Artículo Único. Y se hace una adición al párrafo cuartodel artículo 28 de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 28. “... la comunicación vía satélite, los ferroca-rriles y el agua son áreas prioritarias para el desarrollo na-cional en los términos del artículo 25 de esta Constitución;el Estado, al ejercer en ellos su rectoría, protegerá la segu-ridad y la soberanía de la nación, y al otorgar concesioneso permisos mantendrá o establecerá el dominio de las res-pectivas vías de comunicación y del agua, de acuerdo conlas leyes de la materia...”

Artículo Transitorio. El presente decreto entrará en vigorel día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de laFederación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes deabril de 2005.— Dip. Jesús Morales Flores (rúbrica).»


145.- «Iniciativa que adiciona el párrafo tercero al artí-culo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones deCrédito, a cargo del diputado Cuauhtémoc Ochoa Fer-nández, del grupo parlamentario del PVEM

Cuauhtémoc Ochoa Fernández, diputado de la LIX Legis-latura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupoparlamentario del Partido Verde Ecologista de México, confundamento en el artículo 71 fracción II de la ConstituciónGeneral de los Estados Unidos Mexicanos y los correlati-vos 55 fracción II, 56 del Reglamento para el Gobierno In-terior del Congreso General de los Estados Unidos Mexi-canos, ocurro a solicitar se turne a la Comisión deHacienda y Crédito Público la presente iniciativa que adi-ciona un tercer párrafo al artículo 194 de la Ley General deTítulos y Operaciones de Crédito, de conformidad con lasiguiente:


Ante un contexto de acelerado desarrollo tecnológico enel que cada vez se disponen más y mejores recursos para


enfrentar o modificar la actividad cotidiana las institucio-nes financieras enfrentan el reto de conservar los propósi-tos para las cuales fueron constituidas.

Una buena relación con cualquier institución financiera es-tá basada en una mentalidad abierta de reciprocidad y deconfianza. Esto implica que la información que se inter-cambian las partes debe ser siempre honesta y correcta.

Garantizar la seguridad y la protección de los bienes queson confiados a las instituciones, debe constituir una de laspreocupaciones más importantes de los organismos finan-cieros. La seguridad de los servicios ofrecidos se basaigualmente en una utilización cuidadosa de los mismos porparte de los usuarios.

Las instituciones deben esforzarse por administrar de ma-nera segura los bienes que les son confiados. Los sistemasutilizados deben tener una gran calidad técnica y los pro-cedimientos deberán ser modernizados, deben contar conlos controles internos adecuados.

Gran parte de los bienes que son confiados a las institucio-nes sirven a su vez para instrumentar otras operaciones.Por consecuencia, las instituciones deben actuar con pru-dencia y estar atentas a la confiabilidad de todos aquellos aquienes tratan, ya sean clientes o intermediarios financie-ros.

Las instituciones deberán someterse por sus intereses y losde los usuarios, a las reglas y controles de la autoridad. Elrespeto a todas las normas en vigor garantiza la solidez y laestabilidad del sistema financiero, deben proporcionar alusuario la información clara y lo más completa posible so-bre los servicios que ofrecen, se deberán esforzar por utili-zar un lenguaje comprensible que le permita al usuario to-mar decisiones con conocimiento de causa. Si unainformación le parece imprecisa al usuario, la instituciónfinanciera debe darle las explicaciones verbales necesariase incluso deberá hacerlo por escrito. Las instituciones fi-nancieras deben velar por la fidelidad de la información.

Una buena relación financiera se basa en la concertación yla conciliación. Eso significa que las instituciones deberánser siempre los interlocutores privilegiados de los usuarioscuando tengan preguntas o problemas, deberán estar aten-tas a las observaciones y críticas de los usuarios, mismasque pueden contribuir a mejorar la calidad de los serviciosque ofrecen.

Además tienen que disponer de procedimientos rápidos ysimples para la atención de las preguntas y las quejas de losusuarios, respondiendo de manera comprensible y con jus-tificación.

En el informe sobre las actividades de atención a usuariosde la Condusef de enero a diciembre de 2004, específica-mente en el análisis del sector instituciones de crédito lasInstituciones de Banca Múltiple concentraron alrededor del84% de las asistencias técnicas y jurídicas y el 95% de lasreclamaciones.

ND= No determinableNA= No aplicaFuente: http://www.condusef.gob.mx/estadisticas/inf_ene_dic_2004.htm

Respecto de asistencias técnicas y jurídicas los productosy/o servicios bancarios y causas más frecuentes fueron:

• Tarjeta de crédito y débito: cargos indebidos por con-sumos y/o disposiciones no efectuadas, cargo indebidode intereses y gastos de cobranza y cargo indebido decomisiones.

• Cheques: se originan principalmente por los pagosindebidos ocasionados por la falsificación de las fir-mas o bien por el cobro indebido de comisiones y losdepósitos no reconocidos.

• Créditos y Prestamos: se derivan de los cobros indebi-dos de créditos otorgados, cobro injustificado de intere-ses, la negativa de entregar carta liberación de adeudoscon garantía hipotecaria, así como la negativa a rees-tructurar los adeudos.

Tratándose de las reclamaciones, sobresalen los productosy/o servicios bancarios y causas siguientes:

• Tarjeta de crédito: “Cargo indebido por consumosy/o disposiciones no efectuadas” con el 54%, “Cargo


indebido de intereses y gastos de cobranza” con el 13%y “Cargo indebido de comisiones” con el 6%.

• Tarjeta de débito: “Cargo indebido por consumos y/odisposiciones no efectuadas” con el 91%.

• Cheques: “Cheque pagado con firma falsificada”con el 50%, “Cobro indebido de comisiones” con el8% y “Cheque pagado con alteraciones” con el 6%.

• Cajero automático: “No entrega de la cantidad solici-tada con cargo a la cuenta (crédito y débito)” y “Entre-ga incompleta de la cantidad solicitada (crédito y débi-to)” con el 49% y el 12% respectivamente.

Las grandes innovaciones en los productos y servicios fi-nancieros, la integración de bloques comerciales y consor-cios financieros, así como los avances en materia de tecno-logía de la información, entre otros aspectos, influyen anivel mundial hacia un proceso de cambio, buscando queexista una mayor compatibilidad entre la forma en que tra-dicionalmente se ha llevado a cabo la actividad de supervi-sión, y las nuevas premisas bajo las cuales operan las ins-tituciones financieras.

El concepto de autorregulación no tiene una definición pre-cisa. Es un concepto que ha surgido fundamentalmente delas asociaciones u organizaciones en que los intermediariosinteractúan unos con otros. En el caso financiero, cuandolas instituciones tienen que actuar con otras, en las cámarasde compensación, en la bolsa de valores, o en la prestaciónde nuevos productos como el caso de los derivados, surgeen muchos casos la necesidad de disponer de estándares, depolíticas y en general, de medidas que permitan asegurar alos distintos intermediarios que participan en una asocia-ción, que están en posibilidades de cumplir con las reglasque se auto imponen.

Así, puede decirse que la autorregulación es una combina-ción de reglas, y acuerdos establecidos por los propios in-termediarios que determinan los lineamientos, estándares oen su caso límites a la actuación de las instituciones, to-mando como referencia la legislación existente, sin queello implique que se circunscriban de manera exclusiva almarco legal.

La idea de la autorregulación surge de la propia inquietudde las entidades financieras por mejorar sus estándares deservicio y lograr una mayor estabilidad, al delegar en elpropio sector parte de la supervisión de las entidades fi-

nancieras, lo cual implica que las operaciones se lleven acabo de acuerdo con ciertos parámetros de referencia y re-glas previamente convenidas entre todos los participantes,basadas en términos generales en las buenas prácticas de laindustria.

La confianza en el mercado es fundamental para el éxito decualquier sistema financiero; sólo al mantener la confianzalos representantes del sector y usuarios serán capaces denegociar en los mercados financieros y utilizar los servi-cios de las instituciones financieras. El mantener esta con-fianza implica involucrarse en ambos, la preservación de laestabilidad actual en el sistema financiero, así como las ex-pectativas razonables de su futura estabilidad. Promovien-do la regulación y autorregulación, así como su equilibrio.

El sistema financiero formal esta integrado por las institu-ciones y organismos bajo la rectoría de la Secretaría de Ha-cienda y Crédito Público y en su caso por la supervisión in-dependiente del Banco de México.

El Banco de México regula el sistema financiero sobre to-do desde el punto de vista del sistema de pagos. El sistemade pagos involucra el dinero que usamos, el uso de dinerode otros países que circula en México, y también el dinerorepresentado mediante instrumentos como dinero en efec-tivo, documentos (títulos de crédito) o medios electrónicos,la Secretaría de Hacienda y Crédito Público regula y su-pervisa las instituciones del sistema financiero mediantevarios organismos que dependen de ella a los cuales se lesllama autoridades del sistema financiero.

Debemos continuar fortaleciendo mejores prácticas de go-bierno corporativo, adecuados sistemas de control internoy de administración de riesgos, propiciando una posiciónfavorable que permitan dar mayor integridad a los merca-dos financieros, a través de transparencia y confianza deahorradores e inversionistas.

Debemos tener el compromiso decidido de promover laconfianza e integridad de los mercados, en protección delos intereses del público ahorrador e inversionista y en es-te sentido establecer controles preventivos ante fraudes encheques, originados principalmente por pagos indebidosderivados de falsificación de firma, independientemente deproceder con toda firmeza frente a toda aquella conductaque se aparte del marco legal.

En este sentido, el diputado del grupo parlamentario del Par-tido Verde Ecologista de México, somete a consideración la


siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el quese adiciona un párrafo tercero al artículo 194 de la LeyGeneral de Títulos y Operaciones de Crédito para que-dar en los siguientes términos:

Artículo 194.- La alteración de la cantidad por la que elcheque fue expedido, o la falsificación de la firma del li-brador, no pueden ser invocadas por éste para objetar el pa-go hecho por el librado, si el librador ha dado lugar a ellaspor su culpa, o por la de sus factores, representantes o de-pendientes.

Cuando el cheque aparezca extendido en esqueleto de losque el librado hubiere proporcionado al librador, éste sólopodrá objetar el pago si la alteración o la falsificación fue-ren notorias, o si, habiendo perdido el esqueleto o el talo-nario, hubiere dado aviso oportuno de la pérdida al librado.

Asimismo, el librado establecerá controles preventivosque tiendan a evitar el pago del cheque alterado o confalsificación de la firma del librador.

Todo convenio contrario a lo dispuesto en este artículo, esnulo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara deDiputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos

Mexicanos, el día 26 del mes de abril de 2005.— Dip. Cuauhtémoc

Ochoa Fernández (rúbrica).»


146.- «Iniciativa que adiciona el artículo 179 de la Ley deDesarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado JesúsMorales Flores, del grupo parlamentario del PRI

El de la voz diputado Jesús Morales Flores, integrante delgrupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucio-nal de la LIX Legislatura de la Cámara de diputados, confundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitu-ción Política de los Estados Unidos Mexicanos; así comoel artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobier-

no Interior del Congreso General, someto a la considera-ción de esta honorable Asamblea, la iniciativa con proyec-to de decreto por el que se adiciona el artículo 179 de laLey de Desarrollo Rural Sustentable.


Partiendo del hecho de que el Estado, procurara el abastooportuno y suficiente de alimentos y productos a los gru-pos sociales menos favorecidos, con base fundamental-mente en la producción nacional; consideramos que el no-pal y tuna constituyen parte de la dieta de la mayoría de lapoblación o al menos de manera diferenciada por regionessiendo motivo más que justificado para que el GobiernoFederal en la conducción de su política agropecuaria, con-sidere a este producto como básico y estratégico en cuantoa su importancia en la economía de los productores delcampo o de la industria y siendo genuinamente nacional seestaría protegiendo la soberanía y seguridad alimentaria,mediante líneas de acción del Gobierno Federal para iden-tificar la demanda de consumo en el país de este productohecho lo cual, conducir los programas para cubrir la de-manda y cuantificar los excedentes para exportación.

El nopal verdura, presenta un alto contenido de fibra; y delmismo se obtienen diversos productos que contribuyen amejorar la economía de las familias así como un estímulopara el bienestar y salud de los consumidores; mantiene elequilibrio ecológico; protege el medio ambiente; reduce elproceso de desertificación y la reducción del dióxido decarbono.

El impulso, desarrollo y gestión de proyectos productivospara la comercialización e industrialización de productosagropecuarios de impacto social como el nopal, que es. ge-nerador de empleos, si es viable su impulso y por ende laformación de sociedades civiles y mercantiles entre lospropios ejidatarios, entre estos y pequeños propietarios ycon instancias del propio gobierno.

Los productores agropecuarios en general, dentro de estemarco jurídico tienen una percepción más amplia en cuan-to a la construcción de cadenas productivas y de reconver-sión de cultivos optando por producto de gran aceptaciónregional, nacional y mundial como sucede con los produc-tores de maíz y frijol a productores de nopal.

Una gran parte de agricultores de México se ha ido incor-porando al cultivo de nopal y actualmente se cultivan masde 57 mil 440 hectáreas en todo el país, representando un


crecimiento anual del 70% en los últimos 12 años y queproducen 350 mil toneladas de tuna y 415 mil toneladas denopal verdura siendo los estados de Chihuahua, México,Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tamau-lipas, Tlaxcala, Morelos, Zacatecas y Distrito Federal losmás importantes productores donde se ubican 230 milagricultores de este cultivo que generan un millón de em -pleos por lo que se le considera como un producto estra-tégico.

Es incuestionable, que el nopal y la tuna como alimentos,forman parte de la dieta de la mayoría de la población ensus diversas presentaciones, así como su consumo por re-giones, en los estados en donde se produce; por lo anteriorconsideramos a este producto básico y estratégico en tér-minos de las fracciones V y XXII del artículo tercero de laLey de Desarrollo Rural Sustentable.

Para la viabilidad de esta iniciativa de reforma al artículo179 de esta Ley, hemos considerado la opinión de la Co-misión Intersecretarial que la preside la Sagarpa, así comoel dictamen del Instituto Nacional de Investigaciones Fo-restales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).

Atento a estas consideraciones, solicito a esta honorableAsamblea su anuencia para la aprobación de esta iniciati-va con proyecto de decreto por el que se adiciona al ar-tículo 179 la fracción XII de la Ley de Desarrollo RuralSustentable, para quedar como sigue:

Artículo Único.- Se adiciona el segundo párrafo del ar-tículo 179, la fracción XII de la Ley de Desarrollo RuralSustentable para quedar como sigue:

Artículo 179.- Se considerarán productos básicos y estra-tégicos, con las salvedades adiciones y modalidades quedetermine año con año o de manera extraordinaria, de laComisión Intersecretarial, con la participación del ConsejoMexicano y los Comités de los Sistemas Producto corres-pondientes, los siguientes:

I. Maíz;

II. Caña de azúcar;

III. Frijol;

IV. Trigo;

V. Arroz;

VI. Sorgo;

VII. Café;

VIII. Huevo;

IX. Leche;

X. Carne de bovinos, porcinos, aves;

XI. Pescado; y

XII. Nopal y tuna.

Transitorios


Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2005.— Dip. Jesús

Morales Flores (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Unidas de Agricultura y Ga-nadería y de Desarrollo Rural.

147.- «Iniciativa que adiciona un artículo 47 Bis 2 a laLey General del Equilibrio Ecológico y la Protección alAmbiente, a cargo de la diputada Jacqueline ArgüellesGuzmán, del grupo parlamentario del PVEM

Jacqueline Argüelles Guzmán, diputada de la LIX Legisla-tura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo par-lamentario del Partido Verde Ecologista de México, confundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Cons-titución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de laLey Orgánica del Congreso General de los Estados UnidosMexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamentopara el Gobierno Interior del Congreso General de los Es-tados Unidos Mexicanos, ocurre a solicitar se turne a laComisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, parasu dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cáma-ra de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislaturadel Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciati-va de ley:



Todos disfrutamos de los valores económicos, culturales,estéticos y espirituales de la diversidad biológica, ademásde sus valores intrínsecos. Sin embargo, la diversidad bio-lógica se sigue erosionando como consecuencia de loscambios antropogénicos en curso, que se producen a un rit -mo muy acelerado, como la pérdida de hábitat y la propa-gación de especies invasoras foráneas, y las áreas de distri -bución de las especies se desplazan debido al cambioclimático.

En consecuencia, la integridad biológica de los ecosiste-mas y la sobrevivencia de algunas especies críticas estánsiendo amenazadas por la creciente presión humana sobrelos recursos naturales, que generalmente no omite el bordede las áreas naturales protegidas, más bien se repercuta fre-cuentemente en su interior y compromete los objetivos pa-ra los cuales fueron creadas dichas áreas de protección.

Por lo tanto, la conservación de los recursos naturales enlas áreas protegidas depende, en gran medida, del desarro-llo de sistemas de producción sostenibles en sus zonas deinfluencia, las denominadas zonas de amortiguación, y delfomento de usos de la tierra, que alcancen objetivos tantode conservación como de desarrollo socio-económico delas comunidades locales. Sin embargo, en la mayoría delos casos, los usos económicos y sociales que crean mayo-res distorsiones y problemas para la conservación de losrecursos naturales, son los que provienen de sectores ex-ternos a los usuarios directos que habitan las zonas de in-fluencia, siendo esas poblaciones a veces eslabones de ca-denas o circuitos económicos de los que no sacan mayoresbeneficios y que constituyen serias amenazas a la integri-dad de los ecosistemas naturales.

Como es conocido, una gran parte de las áreas protegidasen México, como en América Latina, presentan situacionesde conflicto con las zonas aledañas. Un número considera-ble de estas áreas se encuentran dentro de territorios ocu-pados por comunidades indígenas, ya sean territorios le-galmente constituidos o tradicionalmente ocupados. Sibien esta situación no necesariamente debe considerarseconflictiva, en la ausencia de formas de manejo participa-tivas en general se producen incompatibilidades críticasentre los objetivos de conservación del área protegida y lasactividades humanas.

Es así que ciertos territorios adyacentes a las áreas natura-les protegidas, por su naturaleza y ubicación, requieren untratamiento especial que garantice la conservación del área

protegida. Estas zonas adyacentes, mejor conocidas comozonas de amortiguamiento, ha estado inmersa en una cons-tante evolución.

Desde sus primeras implementaciones, la conceptualiza-ción de las áreas de amortiguación ha transitado desde unconcepto de contención («barrera física y ecológica»,UICN, 1986), basada principalmente en restricciones fuer-tes de uso para proteger unidades de conservación conce-bidas como islas separadas del contexto regional, hacia laaceptación de un enfoque dirigido a la reducción de las pre-siones de uso a través de un apoyo al desarrollo sosteniblepara la población local en las áreas colindantes, donde ade-más juega un papel decisivo en la gestión del área.

A pesar que las organizaciones internacionales para la con-servación de la naturaleza han puesto grandes esperanzasen el manejo de zonas de amortiguación, en la práctica elcambio conceptual mencionado no ha tenido un impactoque haya llevado a mejorar significativamente la situa-ción de degradación o pérdida de áreas protegidas en elmundo. Sólo en el caso de manejo de zonas de amorti-guación dentro de áreas protegidas, como en el caso delas Reservas de Biósfera, existen mayores avances en laintegración de la población local, básicamente por teneren la mayoría de los casos situaciones legales institucio-nales más consolidados.

En cambio, las áreas periféricas adyacentes a las áreas pro-tegidas presentan frecuentemente situaciones jurídicas einstitucionales complejas y no aclaradas; generalmente noexisten los mecanismos para un ordenamiento territorial delas regiones y las iniciativas para el desarrollo de las zonasde amortiguación muchas veces no consideran su comple-jidad socioeconómica inherente.

Aunado a lo anterior, las administraciones centrales, gene-ralmente, tienen poca injerencia en el manejo de las zonasaledañas a las áreas protegidas debido a que el concepto dezona de amortiguación raramente está definida en las le-gislaciones nacionales.

El problema común, detectado mediante el análisis de di-versos casos, es que muy pocas agencias de manejo de lasáreas protegidas, en América Latina, tienen jurisdicciónmás allá de las fronteras de las áreas de protección, y portanto carecen de autoridad para establecer o regular dichaszonas, si antes no se producen modificaciones legales.

En el caso de México, es a partir del 23 de febrero delaño en curso, que dentro de la Ley General del Equilibrio


Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), se es-tablecieron, por decreto publicado en el Diario Oficial dela Federación, las divisiones y subdivisiones que debenconstituir a las áreas naturales protegidas (zona núcleo yzona de amortiguamiento)1. Esta nueva delimitación, re-presenta un gran avance en la conformación de las áreasnaturales protegidas y presenta una delimitante a los diver-sos tipos de aprovechamiento dentro de las mismas. Sinembargo, se debe considerar que las especies tienen un ran-go de distribución, la cual no esta delimitada físicamente ypuede ir más allá de los limites geográficos establecidospara su protección. De igual forma, factores como la insta-lación de una comunidad o la realización de actividades an-tropogénicas, pueden conllevar a una modificación de esterango de distribución, forzando a las especies a cambiar suzona tradicional y desviarla a otras periferias que no fueronconsideradas en el momento de la creación de las áreas deprotección.

Es así, que áreas y especies de relevante importancia re-quieren de la imposición de medidas preventivas para suconservación. Es en este sentido, que considerar única-mente un área de amortiguamiento dentro del área naturalprotegida podría resultar insuficiente, por lo cual se debe-ría de considerar el aplicar ciertas medidas restrictivas pa-ra el aprovechamiento de especies en las zonas adyacentesal área de protección a fin de que las actividades realizadasen estas zonas de amortiguamiento no arriesguen el cum-plimiento de los fines del área natural protegida.

Las zonas de amortiguación adyacente a las áreas naturalesprotegidas, son territorios establecidos estratégicamente al-rededor de un área natural protegida y donde el uso de lastierras se reduce a actividades compatibles con los objeti-vos de la unidad de conservación que rodean para dar otracapa de protección a los recursos que alberga. Si bien su fi-nalidad es agregar protección al área protegida, es necesa-rio considerar de igual forma las características socio-eco-nómicas y culturales de las zonas adyacentes para así poderplanificar un área anexa de protección.

Con base en lo antes descrito, la presente iniciativa buscadotar de facultades a la Federación para crear, en el casoque sea necesario, un área de amortiguamiento previa a laszonas que propiamente constituyen el área natural protegi-da. Esta medida permitirá que especies catalogadas comoen resigo y cuyo rango de distribución traspase los límitesgeográficos de las áreas naturales protegidas, puedan tenerun margen más amplio en el cual se procure su conserva-ción.

Por tanto y en atención a lo anteriormente expuesto, la sus-crita diputada, respetuosamente somete a la consideraciónde esta H. Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto. Se agrega un artículo 47 bis 2 a la Ley Generaldel Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo Primero. Se agrega un artículo 47 bis 2 a la LeyGeneral del Equilibrio Ecológico y la Protección al Am-biente para quedar como sigue:

Artículo 47 bis 2. La Secretaría, mediante declaratoria,podrá establecer, de ser necesario, zonas de protecciónprevias a las zonas y subzonas de las Áreas NaturalesProtegidas que así lo requieran, con el objetivo de con-servar la vida silvestre de los ecosistemas adyacentesque por su naturaleza y ubicación requieren un trata-miento especial para garantizar la conservación delárea natural protegida.

En dichas zonas de protección adyacentes se podrá res-tringir o prohibir el aprovechamiento de especies enriesgo.

La delimitación territorial, administración y la restric-ción del aprovechamiento sustentable de especies enriesgo de las zonas de protección adyacentes será deacuerdo a lo establecido en sus programas de manejo ya los criterios previamente estipulados en los artículosque integran este capítulo de la Ley.

Transitorio


Nota:

(1) Artículo 47 bis y 47 bis 1 de la Ley General del Equilibrio Eco-lógico y la Protección al Ambiente. Ambos artículos entrarán en

vigor a partir del 22 de agosto de 2005.


Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados UnidosMexicanos, a los 26 días del mes de abril de 2005.— Dip. Jacqueline

Argüelles Guzmán (rúbrica).»



148.- «Iniciativa con proyecto de decreto, para inscribircon letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legis-lativo de San Lázaro el nombre “Mariano Otero”, a car-go del diputado David Hernández Pérez, del grupo parla-mentario del PRI

El suscrito, David Hernández Pérez, diputado federal enejercicio, miembro del grupo parlamentario del Partido Re-volucionario Institucional, integrante de la LIX Legislatu-ra de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Cons-titución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55,fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior delCongreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pre-senta proyecto de decreto para inscribir con letras de oro enel recinto de la H. Cámara de Diputados el nombre de Ma-riano Otero de conformidad con la siguiente


Don Mariano Otero nació en Guadalajara, Jalisco, el 4 defebrero de 1817, en su ciudad natal realizó estudios de abo-gacía, obteniendo el título correspondiente; a la edad de 18años Otero comenzó a ejercer su carrera, en la cual prontoadquirió gran prestigio como orador, también tuvo un ple-no reconocimiento.

Inicia su carrera política en 1841 al ser nombrado delega-do por Jalisco a la Junta de Representantes de los Departa-mentos.

Hacia 1842, don Mariano Otero fue electo diputado de suestado, participando en el Congreso Nacional Extraordina-rio.

En dicho Congreso, Otero se pronunció en contra del pro-yecto de Constitución por su contenido centralista.

Unido a otros diputados que, como él, eran liberales, y conplena conciencia de ser una minoría dentro del Congreso,don Mariano Otero elaboró un voto particular que les per-mitiera presentar otro proyecto de Constitución.

Tanto en la tribuna parlamentaria como en las páginas delperiódico El siglo XIX, don Mariano Otero expresó sus ide-as liberales.

La capacidad crítica de don Mariano Otero lo llevó al aná-lisis de la problemática social del país en los que incluyótemas tales como la propiedad y las clases sociales.

Ese minucioso análisis le hizo anticipar la agresión quemás tarde sufriría nuestro país por parte de Estados Unidos.

La solución que Otero proponía a la situación por la queatravesaba el país, era la unificación nacional.

Con una visión clara con relación a los acontecimientos in-ternos y externos de México, don Mariano Otero propusoque a la denominación inicial de la nación mexicana “Re-pública popular representativa”, se le añadiera la palabra“federal”.

Dicha propuesta no fue del agrado de los conservadores,porque con ella se afectaban sus intereses, particularmentelos de carácter religioso.

El sector militar también se sintió agraviado porque Oteropromovía la libertad de prensa.

La discusión que entre los constituyentes provocaron lostemas citados y otros más, fue causa de que el entoncespresidente, don Nicolás Bravo, desconociera al Congresoen 1846.

A pesar de las dificultades que se habían presentado, donMariano Otero fue nominado nuevamente como diputadoal Congreso nacional, en el mismo año de 1946.

A don Mariano Otero se debe la redacción del acta consti-tutiva y de reformas constitucionales, que limó asperezas,aunque fuera momentáneamente, entre los grupos rivalesque dividían al país.

La unificación era imprescindible ante la amenaza de inva-sión manifestada por el vecino país del norte.

Otero formó parte del grupo de diputados que aprobó elActa de Reformas de 1847, aplicadas a la Constitución de1824.

Dichas reformas involucraban también aspectos relaciona-dos con el Poder Judicial y el amparo constitucional.

Durante la intervención norteamericana, don Mariano Ote-ro fue uno de los cuatro diputados que en Querétaro se opu-so vigorosamente a lograr la paz mediante los Tratados deGuadalupe-Hidalgo.

Otero asumió durante el gobierno de don José Joaquín deHerrera, el Ministerio de Relaciones.


La brillante carrera política de don Mariano Otero se viotruncada por la muerte a los 33 años de edad: el cólera mor-bo cobró una víctima más.

Será un acto de elemental justicia, patriótica que su nom-bre figure al lado de los insignes mexicanos, que ya estáninmortalizados en las paredes de la honorable Cámara deDiputados.

Por lo brevemente expuesto, me permito proponer, en lostérminos del artículo 70 constitucional, el siguiente pro-yecto de decreto:

Artículo Único. Inscríbase con letras de oro en los murosdel Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del H.Congreso de la Unión el siguiente nombre:

“Mariano Otero”

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día si-guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fede-ración.

Segundo. Existiendo aún descendientes directos de esteeminente mexicano, la Cámara de Diputados les extenderáinvitación oficial para que estén presentes en la ceremoniade develación del nombre de su ilustre ascendiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro a los 27 días del mes de abril de2005.— Dip. David Hernández Pérez (rúbrica).»


149.- «Iniciativa que reforma el artículo 169 de la LeyGeneral del Equilibrio Ecológico y la Protección al Am-biente, a cargo de la diputada Jacqueline Argüelles Guz-mán, del grupo parlamentario del PVEM

Jacqueline Argüelles Guzmán, diputada de la LIX Legisla-tura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo par-lamentario del Partido Verde Ecologista de México, confundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Cons-titución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el GobiernoInterior del Congreso General de los Estados Unidos Me-xicanos, solicito se turne a la Comisión de Medio Ambien-te y Recursos Naturales, para su dictamen y posterior dis-cusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de laQuincuagésima Novena Legislatura del Honorable Con-greso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto dedecreto:


Como consecuencias de las interacciones entre el ser hu-mano y su medio, el medio ambiente ha sufrido graves de-terioros en perjuicio de las poblaciones lo que ha dado lu-gar, a través del tiempo, a que el derecho, mediante lasleyes, promocione y proteja los intereses fundamentales dela comunidad internacional en su conjunto.

Las relaciones del los seres humanos con su medio estánsometidas cada vez más a nuevas obligaciones jurídicastanto nacionales como internacionales, establecidas con lafinalidad de proteger el ambiente, incluida la conservaciónde las especies vivas y la explotación racional y óptima delos recursos vivos.

El artículo 160 de la Ley General del Equilibrio Ecológicoy la Protección al Ambiente establece que as acciones deinspección, vigilancia, ejecución de medidas de seguridad,determinación de infracciones administrativas y de comi-sión de delitos y sus sanciones, y los procedimientos y re-cursos administrativos son medidas de control y de seguri-dad que se llevan a cabo con el objetivo de una aplicaciónde la ley pronta y expedita, en un marco de equidad y cre-ciente participación ciudadana.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,(Semarnat) es la dependencia de gobierno que tiene comopropósito fundamental, constituir una política de Estado


de protección ambiental, que revierta las tendencias deldeterioro ecológico y siente las bases para un desarrollosustentable en el país. Cuando existe un riesgo de desequi-librio ecológico, o de daño o deterioro grave a los recursosnaturales, casos de contaminación con repercusiones peli-grosas para los ecosistemas, sus componentes o para la sa-lud pública, la Secretaría tiene el poder de ordenar ciertasmedidas con el fin de proteger al medio ambiente.

La Secretaría es la autoridad que en una controversia tienela obligación de dictar una resolución respectiva. Duranteel procedimiento y antes de que se dicte resolución, el in-teresado y la Secretaría, pueden convenir la realización delas acciones de restauración o compensación de daños ne-cesarias para la corrección de las presuntas irregularidadesobservadas. Así en la resolución administrativa, según laLEGEEPA se deben señalar las medidas que deberán lle-varse a cabo para corregir las deficiencias o irregularidadesobservadas, el plazo otorgado al infractor para satisfacerlasy las sanciones a que se hubiere hecho acreedor conformea las disposiciones aplicables.

En la Ley se especifica que en caso de que el infractor reali-ce todas las medidas dictadas por la resolución puede re-vocarse o modificarse la sanción impuesta. Sin embargo nose contempla el riesgo que puede existir de desequilibrio odaños al ecosistema o a sus componentes.

La reforma en materia de revocación o modificación desanción obedece a la necesidad de que se encuentre debi-damente prevista y fundada la figura de la reconsideración,así como los requisitos de procedibilidad de la misma y lamanera de substanciarse, ya que con ello se tendrá un pa-norama más claro de dicha figura, otorgando así un benefi-cio a los particulares en caso de que se acredite el cumpli-miento de las medidas correctivas o subsane lasirregularidades por las cuales se le sanciona, quedando asíclaramente establecido en la Ley, ante de quien debe pre-sentarse la solicitud de revocación o modificación del mul-ta y quien es la autoridad que resolverá la misma. Aunadoa que se incentivará a los infractores de la legislación am-biental, a cumplir con dicha normatividad, ya que con ellotendrán un beneficio, que puede ser la modificación, o larevocación de la sanción o las sanciones impuestas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideraciónde esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso dela Unión, la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 169 de la LeyGeneral del Equilibrio Ecológico y la Protección al Am-biente.

Único.- Se reforma el artículo 169 de la Ley General delEquilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para que-dar como sigue:

Artículo 169.- En la resolución administrativa correspon-diente, se señalarán o, en su caso, adicionarán, las medidasque deberán llevarse a cabo para corregir las deficiencias oirregularidades observadas, el plazo otorgado al infractorpara satisfacerlas y las sanciones a que se hubiere hechoacreedor conforme a las disposiciones aplicables.

Dentro de los cinco días hábiles que sigan al vencimientodel plazo otorgado al infractor para subsanar las deficien-cias o irregularidades observadas, éste deberá comunicarpor escrito y en forma detallada a la autoridad ordenadora,haber dado cumplimiento a las medidas ordenadas en lostérminos del requerimiento respectivo.

Cuando se trate de segunda o posterior inspección para ve-rificar el cumplimiento de un requerimiento o requerimien-tos anteriores, y del acta correspondiente se desprenda queno se ha dado cumplimiento a las medidas previamente or-denadas, la autoridad competente podrá imponer ademásde la sanción o sanciones que procedan conforme al artícu-lo 171 de esta Ley, una multa adicional que no exceda delos límites máximos señalados en dicho precepto.

En los casos en que el infractor realice las medidas correc-tivas o de urgente aplicación o subsane las irregularidadesdetectadas, en los plazos ordenados por la Secretaría, siem-pre y cuando el infractor no sea reincidente, y no existariesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño odeterioro a los recursos naturales, casos de contamina-ción con repercusiones peligrosas para los ecosistemas,sus componentes o para la salud pública, ésta podrá, apetición de parte, revocar o modificar la sanción o san-ciones impuestas.

La solicitud de revocación o modificación de sancióndeberá ser presentada por escrito ante la autoridadsancionadora, quien únicamente acordará su presenta-ción y la turnará al superior jerárquico para la resolu-ción definitiva.

En los casos en que proceda, la autoridad federal hará delconocimiento del Ministerio Público la realización de actos


u omisiones constatados en el ejercicio de sus facultadesque pudieran configurar uno o más delitos.

Transitorio

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día si-guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fede-ración.


Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados UnidosMexicanos, a los 26 días del mes abril de 2005.— Dip. Jacqueline Ar -

güelles Guzmán (rúbrica).»


150.- «Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 5 y9 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Ma-yores, a cargo de la diputada Rosa Hilda Valenzuela Ro-delo, del grupo parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal del grupo parlamentario delPartido Revolucionario Institucional, integrante de la LIXLegislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamen-to en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Cons-titución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 56, 62y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congre-so General de los Estados Unidos Mexicanos, se permitesometer a la consideración de esta soberanía la presenteiniciativa, que se fundamenta y motiva en la siguiente


Reconocer a las personas adultas mayores como un sectorde la población que guarda un peso especifico en nuestroentorno social, es reconocerles con justicia a los adultos enplenitud mucho del esfuerzo y aporte que a lo largo de losaños han brindado a la cohesión social.

Es también, hacer nuestra la renovada tradición de muchassociedades que a lo largo de la historia han mantenido unrespeto especial por las personas de la tercera edad, sectorde la población que de manera oficial se denominan adul-tos en plenitud.

Cuando se afirma que las personas de la tercera edad guar-dan un peso especifico en la sociedad, seguramente se lesreconoce que por la experiencia de los años vividos, no só-lo son la guía de un pueblo o un referente para la juventud,sino que también son fuente de sabiduría y conocimientoque por ese hecho lleva a los adultos en plenitud a colocar-se en un nivel especial dentro del estrato social.

Hoy día y gracias a una cobertura mayor en la prestaciónde los servicios de salud, la esperanza de vida ha ido enasenso, lo cual ha venido generando un aumento crecientede la población adulta mayor.

Es precisamente la población de la tercera edad la que havenido registrando un mayor crecimiento a lo largo de losúltimos quince años. La tasa de crecimiento de este estratode población pasó de 2.5 por ciento anual en 1970 al 3.5por ciento en el 2000, en tanto que para el 2004 se ubicó enun 3.6 por ciento. En números naturales, el crecimiento fuede 237 mil en el 2000 a 281 mil en el 2004. Las estimacio-nes son de que este crecimiento, de continuar así, llegará aun promedio anual del 4.3 por ciento para fines del 2020.

Las estimaciones indican que la esperanza de vida seguiráen aumento. El promedio de 75.2 años del 2004, pasará a76.6 años en el 2010, a 78.5 años en el 2020 para ubicarseen el 2030 en un promedio de 79.8 años.

Al continuar con el cotejo de las cifras y conforme a esta-dísticas del Consejo Nacional de Población, el número depersonas adultas mayores en México es hoy de 7.9 millo-nes, lo cual representa el 7 por ciento del total de la pobla-ción nacional. La proyección que se tiene es que este nú-mero llegará a 9 millones en el año 2010, a 15 millones enel año 2020 y a poco más de 22 millones para el año 2030.

Significa lo anterior que el envejecimiento generalizado dela población es ya una realidad. La atención a un númerocada vez más creciente de las personas adultas mayores seconstituye así en uno de los asuntos del mayor interés en laagenda gubernamental, donde se requerirá desde luego lacoordinación de esfuerzos entre los sectores público y pri-vado, a fin de estar en condiciones para dar respuesta a lasdemandas de este estrato poblacional.


¿Por qué?, porque se plantea la prerrogativa de que sólo lamitad de los mayores de edad gozan de asistencia médicaen las instituciones de seguridad social.

¿Qué representa esto? Que simple y sencillamente la aten-ción a estas insuficiencias esta corriendo a cargo de los ho-gares y las redes sociales de apoyo, muchas de las cuales semanifiestan a través de centros de asilo.

¿Que implica lo anterior? Implica instrumentar reformas yllevar a cabo las medidas necesarias que sustenten la crea-ción de toda una infraestructura de atención a un sector dela población, como lo son los adultos mayores, que por es-ta condición de edad biológica está sometida a un desgastenatural de facultades físicas y mentales.

Entre otras generalidades, los censos reflejan que a pesarde que el grueso de las personas de la tercera edad residenen hogares, uno de cada diez adultos de 60 años y más vi-ve sólo, otros más en la calle o en la mendicidad. Ello, sedebe por un lado a la incidencia de viudez entre las perso-nas de la tercera edad y por el otro, a la salida de los hijosdel hogar o por el completo abandono por parte de éstos.

Como muestra, me permito agregar que en México deam-bulan diariamente 18 millones de indigentes. De ellos, 20mil viven en el Distrito Federal. Es la ciudad de Méxicodonde se concentra la mayor indigencia del país. De estetotal, cinco mil están clasificados por el Sistema Nacionalpara el Desarrollo Integral de la Familia como indigentesque pernoctan siempre en la vía pública sin ningún destino.El resto deambula por la ciudad, viviendo de la caridad ode realizar trabajos menores. Las cifras nos revelan que 50por ciento de ellos son personas de la tercera edad.

Además, la última estadística nos arroja que la poblaciónatendida en asilos y centros de desarrollo comunitario enMéxico es de apenas 10 mil 920 adultos mayores.

Está documentado que esta situación, junto a la baja en lascapacidades funcionales que supone el paso del tiempo,vulneran el estado de ánimo de los adultos mayores quecon justo derecho reclaman atención, en primera instanciade sus familiares y en segundo caso, de la sociedad en suconjunto, buscando desde luego sentirse integrados a la so-ciedad. Pero también, porque esto significa sentirse ampa-rados y protegidos tanto en lo económico como en el as-pecto de salud, sin dejar de reconocer el bienestar que lesbrinda las muestras de afecto. Aquí juegan un papel desta-cado los clubes de la tercera edad que si bien se han veni-

do incrementando, son aun insuficientes frente al universoque representa la población total de las personas de la ter-cera edad.

Por otro lado, no debemos olvidar que un gran porcentajede este sector mantiene su capacidad, sus facultades y sudeseo de seguir participando como actores activos de la so-ciedad. Son muchas las personas adultas mayores que no seencuentran limitados para desempeñar roles sociales pro-ductivos y creativos. Aquí, es conveniente que vayamos alrescate de toda la experiencia y sabiduría que el tiempo hadado a las personas adultas mayores, para que estemos res-pondiendo así a todos los esfuerzos que este sector de lapoblación realiza para combatir la exclusión de la vida so-cial.

Es necesario pues hacer un ejercicio, a través del cual va-yamos sentando bases sólidas donde el respeto y atencióna las personas adultas mayores sea parte fundamental delquehacer social y gubernamental, en cuya dinámica con-verjan programas de asistencia social integral con los quese garantice la incorporación plena de las personas de latercera edad, estableciendo acciones que les hagan sentirseútiles.

Si bien se han instrumentado ya políticas públicas de aten-ción a los adultos mayores, como las que se contemplan enel Sistema Nacional de Salud a través del cual se promue-ve la colaboración para el bienestar de este sector de la po-blación mediante servicios de asistencia social, debemosseñalar que los recursos públicos no son del todo suficien-tes para atender de manera plena y en su totalidad al sectorpoblacional de las personas de la tercera edad.

Es tiempo ya de actuar en este sentido, toda vez que las es-tadísticas revelan la realidad: el envejecimiento de la po-blación va en aumento, lo cual significa que la demanda deatención para este sector de la sociedad, por sus caracterís-ticas especial, seguirá creciendo sustantivamente.

Ahora bien y para el caso concreto de la presente Iniciati-va de reforma, cabe citar que en tanto se accede a un pro-grama de atención integral a las personas de la terceraedad, este sector de la población sigue padeciendo actitu-des de desprecio social y discriminación que significa vul-nerarles sus derechos humanos.

Además, las personas de la tercera edad, son víctimas demúltiples formas de abuso, que van desde el maltrato se-xual, físico, económico, verbal y nutricional, siendo las


mujeres las más vulnerables a estos tipos de agresiones, sindejar de reconocer que las personas adultas mayores sufrenademás pobreza, abandono, inequidad de género y margi-nación.

Cabe precisar que conforme a la Encuesta Nacional de Em-pleo Trimestral, el universo de jubilados y pensionados enMéxico es de apenas un millón 455 mil 836 personas, fren-te a una población de 7.9 millones de personas de la terce-ra edad.

Esto permite inferir que es alto el número de personas de latercera edad que por el paso natural del tiempo, se verán enla necesidad de auxilio y apoyo por parte de la poblacióneconómicamente activa.

Ante ello y en tanto se instrumentan los programas de aten-ción suficiente a las necesidades integrales de las personasadultas mayores, se hace necesario reformar el marco jurí-dico para garantizar en primera instancia por parte de susfamiliares directos, la atención digna a las personas de latercera edad.

Por lo anteriormente expuesto, presento a consideración deesta Honorable representación nacional, el siguiente Pro-yecto de Decreto por el que se reforman las fracciones IIIy VIII del artículo 5 y se adiciona una fracción IV al artí-culo 9 de la Ley de los Derechos de las Personas AdultasMayores.

Artículo Primero. Se reforman las fracciones III y VIIIdel artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las PersonasAdultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 5o. ...

I. a la II. ...

III. ...

a. al c. ...

Las familias tendrán derecho a recibir el apoyosubsidiario de las instituciones públicas para elcuidado y atención de las personas adultas mayo-res, siempre y cuando se demuestre mediante es-tudio socio-económico no estar en condicionespara dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en elartículo 9o. de la presente Ley.

En caso de que los familiares cuenten con los re-cursos necesarios para el cuidado y atención delas personas adultas mayores, tendrán la obliga-ción de hacerse cargo de éstos.

Si los familiares no cumplieran con esta obliga-ción, el Instituto, deberá asesorar a las personasadultas mayores, para demandar los alimentos alos que tienen derecho por parte de sus acreedo-res alimentarios.

IV. a la VII. ...

VIII. ...

Toda persona, grupo social, organizaciones no gu-bernamentales, asociaciones o sociedades, podrándenunciar todo hecho, acto u omisión que produzcao pueda producir daño o afectación a los derechos ygarantías que establece la presente Ley, o que con-travenga cualquier otra de sus disposiciones o de losdemás ordenamientos que regulen materias relacio-nadas con las personas adultas mayores. Es compe-tente para recibir este tipo de denuncias el agente delMinisterio Publico Especializado de adscripción enel lugar de su residencia, quien tendrá la obligaciónde dar seguimiento a las mismas hasta constatar quela acción u omisión en perjuicio del adulto mayor hacesado.

El titular de esta agencia especializada que incumplacon sus responsabilidades, debe estar sujeto por con-siguiente a las sanciones que se estipulan en la Ley deResponsabilidades de los Funcionarios Públicos.

Artículo Segundo. Se adiciona una fracción IV al artícu-lo 9 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Ma-yores, para quedar como sigue:

Artículo 9o. ...

I. a la III. ...

IV.- Los familiares que no cumplan con las obliga-ciones anteriores serán sancionados en los términosque marca el Código Penal y requeridas para quecumplan con estas en los términos que dispone el Có-digo Civil.


Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto iniciará su vigenciaal día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de laFederación.

Artículo Segundo. La Procuraduría General de al Repú-blica debe crear una Agencia del Ministerio Público espe-cializada en la atención del abandono, maltrato físico o psi-cológico e incumplimiento general en el otorgamiento delos alimentos a las personas adultas mayores que lo requie-ran.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintiocho días delmes de abril del año dos mil cinco.— Dip. Rosa Hilda Valenzuela Ro -

delo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnera-bles.

151.- «Iniciativa que reforma diversas disposiciones de laLey Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Jacque-line Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamen-tario del PVEM

Jacqueline Argüelles Guzmán, diputada de la LIX Legisla-tura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo par-lamentario del Partido Verde Ecologista de México, confundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobier-no Interior del Congreso General de los Estados UnidosMexicanos, solicita que se turne a la Comisión de Trabajoy Previsión Social, para su dictamen y posterior discusiónen el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagési-ma Novena Legislatura del honorable Congreso de laUnión, la siguiente iniciativa.


El objeto de la Ley Federal del Trabajo es regular, a travésde cada uno de sus artículos, las obligaciones y los dere-

chos de patrones y de trabajadores, definir los mismos con-ceptos, relacionados con la misma ley, establecer los tiposde contratos de trabajo, y quién puede obligarse en dichoscontratos, así como establecer las condiciones de seguri-dad, la prestación de servicios y, sobre todo, la resoluciónde conflictos y la interrelación cotidiana que existe entretrabajador y patrón.

Ante la apertura comercial que se vive actualmente, ligadaa la globalización económica en que nuestro país está in-merso, se requiere una ley laboral ágil y dinámica que fa-vorezca el desarrollo de las actividades empresariales, encongruencia con el de los propios trabajadores y, desdeluego, favoreciendo la economía mexicana.

Durante muchos años, la Ley Federal del Trabajo fue unprototipo de la legislación laboral en el mundo y, junto aotras leyes de carácter social, México se situaba a la van-guardia en legislación social. Los tiempos han cambiado;los niveles educativos, la capacitación, el desarrollo perso-nal, los nuevos modelos económicos y la ciencia y tecno-logía exigen una nueva ley del trabajo congruente con lostiempos actuales y promotora del desarrollo equilibrado,estableciendo nuevas relaciones entre empleadores y traba-jadores, con un nuevo equilibrio entre los factores de laproducción que favorezcan a ambas partes y lograr un efec-to multiplicador para el progreso del país.

Al hablar de desarrollo, debemos considerar también en elmarco jurídico laboral el concepto de “desarrollo sustenta-ble”, el cual parte del equilibrio entre los factores de pro-ducción y la naturaleza. Este concepto ha tenido poco augeen las diferentes actividades de la sociedad contemporáneay, por ende, en las diferentes ramas del derecho, con ex-cepción de la legislación más estrechamente relacionadacon las cuestiones ambientales o del aprovechamiento delos recursos naturales.

Por ello nuestra preocupación por integrar este concepto ennuestra sociedad para un mejor desempeño y desarrollo ar-mónico con la misma. Para facilitar su aceptación se re-quiere la consideración de estos conceptos en las leyes,normas y reglamentos que nos rigen.

En el caso concreto de la legislación laboral, es convenien-te hacer una propuesta para incluir los aspectos antes men-cionados; esto es, que se tome en cuenta el “desarrollo sus-tentable” en las relaciones laborales colectivas oindividuales, siendo que existe un acuerdo internacional, fir-mado por 179 países, conocido con el nombre de Agenda


21, acuerdo del cual México es partícipe y en el cual los paí-ses firmantes se comprometen a realizar todas las accionesnecesarias para la adopción del concepto de desarrollo sus-tentable en sus legislaciones.

Por último, una justificación importante para considerar losconceptos mencionados es el hecho de que una persona conuna jornada de trabajo normal de ocho horas diarias dedicaen promedio a su trabajo, lo cual equivale a la tercera par-te de su vida, lo cual implica la necesidad de implementaren la normatividad aplicable el desarrollo sustentable den-tro de los espacios laborales.

Por ello someto a esta Cámara de Diputados de la LIX Le-gislatura del honorable Congreso de la Unión la presenteiniciativa de

Decreto por el que se reforman los artículos 3o., 132,134 y 423 de la Ley Federal del Trabajo

Artículo Único. Se reforman el párrafo primero del artícu-lo 3o., las fracciones III y XV del artículo 132, la fracciónII del artículo 134 y la fracción VI del artículo 423, todosde la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 3o.

El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artícu-lo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidadde quien lo presta y debe efectuarse en condiciones queaseguren la vida, la salud, la sustentabilidad de los re-cursos naturales y un nivel económico decoroso para eltrabajador y su familia.

...

Artículo 132

Son obligaciones de los patrones:

...

III. Proporcionar oportunamente a los trabajadores losútiles, instrumentos y materiales necesarios para la eje-cución del trabajo, debiendo darlos de buena calidad, enbuen estado de manera que no afecten el ambiente yfavorezcan la sustentabilidad del área de trabajo yreponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siem-pre que aquéllos no se hayan comprometido a usar he-rramienta propia. El patrón no podrá exigir indemniza-

ción alguna por el desgaste natural que sufran los útiles,instrumentos y materiales de trabajo;

...

XV. Proporcionar capacitación y adiestramiento a sustrabajadores, en los términos del Capítulo III Bis de es-te título, así como promover en los trabajadores eldesarrollo sustentable como un objetivo del trabajo,en los términos que establecen esta ley, las leyes afi-nes y los tratados internacionales que sobre la mate-ria ha ratificado el Senado de la República;

...

Artículo 134

Son obligaciones de los trabajadores:

I. ...;

II. Observar las medidas preventivas e higiénicas queacuerden las autoridades competentes y las que indi-quen los patrones para la seguridad y protección perso-nal de los trabajadores; de igual forma, deberán ob-servar todas las medidas tendentes a la preservacióny restauración de los ecosistemas relacionados con ellugar de trabajo y adoptar medidas tendentes a laaplicación de esquemas de sustentabilidad en benefi-cio del trabajador, el patrón y la comunidad en ge-neral;

...

Artículo 423

El reglamento contendrá:

...

VI. Normas para prevenir los riesgos de trabajo, el cui-dado del ecosistema e instrucciones para prestar losprimeros auxilios;

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente díade su publicación en el Diario Oficial de la Federación.



Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados UnidosMexicanos, a los 28 días del mes de abril de 2005.— Dip. Jacqueline

Argüelles Guzmán (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

152.- «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposi-ciones de la Ley Orgánica de la Administración PúblicaFederal y de la Ley Orgánica de la Procuraduría Generalde la República, en materia de procuración ambiental, acargo del diputado Manuel Rovirosa Ramírez, del grupoparlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de losEstados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60, 64,176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior delCongreso General.

El suscrito, diputado Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, dela fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Insti-tucional, somete a esta soberanía, la iniciativa con proyec-to de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Adminis-tración Pública Federal y adiciona la Ley Orgánica de laProcuraduría General de la República en materia de procu-ración de justicia ambiental, con base en la siguiente


El deterioro ambiental en México continua su avance in-exorable a pesar de los esfuerzos que el estado ha realiza-do en materia de gestión ambiental. Después de tres déca-das de aplicación de leyes, reglamentos y normas poco se.ha logrado para contener y revertir los efectos negativos delas actividades productivas y de la expansión anárquica delos asentamientos humanos.

La impunidad ambiental ha rebasado las capacidades lo-gísticas, normativas, institucionales y políticas del país.

Los indicadores ambientales revelan aumentos preocupan-tes en las tasas de deforestación, destrucción de hábitats, defauna silvestre y trafico ilegal de especies protegidas.

La evolución jurídica y administrativa de la gestión am-biental ha transitado por diversos modelos que han deveni-do en una progresiva descentralización, al reservarse la Fe-deración únicamente aquellas áreas que por sus alcancesgeográficos requieren ser manejados directamente por elEjecutivo federal. Tal es el caso el de los giros industrialesmás grandes y generadores de mayor riesgo y contamina-ción; la empresa paraestatal, las áreas naturales protegidas,los bosques, el agua, la pesca y la acuacultura, las especiesde flora y fauna con status jurídico, la zona federal maríti -mo terrestre y la zona económica exclusiva, por citar algu-nos.

Los instrumentos jurídicos, normativos y administrativosaplicables al cuidado del equilibrio ecológico y la protec-ción al ambiente, se han desarrollado rápidamente y en lamayoría de los casos, la falta de una vigilancia y supervi-sión sistemática las ha inutilizado, al grado tal, que muchasde ellas han sido derogadas, sin que lograran su propósito.

El caso más llamativo lo ilustra el paquete de normas ofi-ciales mexicanas expedidas para regular las descargas deaguas residuales según los giros industriales. Estas normasnunca pudieron ser aplicadas con éxito y terminaron sien-do abrogadas y sustituidas por la actual Norma Oficial Me-xicana NOM-001-Semarnat-1996.

Otro problema que ha enfrentado la aplicación puntual dela normatividad en la materia ha sido el componente insti-tucional. En un principio la segregación sectorial, impedíacontrolar las emisiones y descargas generadas por una in-dustria, toda vez que cada una de las fuentes emisoras eraregulada por una institución distinta. Lo anterior ocasiona-ba severas molestias e interrupciones frecuentes en la ope-ración industrial. Los responsables tenia que enfrentar a di-versas autoridades, según se tratase de inspeccionardescargas de aguas residuales, generación de residuos peli-grosos, o emisiones atmosféricas.

La indiscriminada liberación de contaminantes a la atmós-fera, a los cursos de agua o al suelo por parte de la indus-tria; la irresponsable descarga de aguas residuales urbanassin tratamiento, así como la disposición inadecuada de labasura municipal en tiraderos a cielo abierto por parte delos gobiernos locales; la circulación de un parque vehicu-lar que opera sin las medidas adecuadas de control de


emisiones; la tala inmoderada y/o ilegal de madera, el trá-fico y comercio ilícito de especies silvestres; el cambio ile-gal del uso del suelo para fines agropecuarios y urbanos asícomo la ampliación de la frontera urbano-agrícola al mar-gen de los programas de ordenamiento ecológico del terri-torio; el incumplimiento oportuno de las recomendacionesy condicionantes de las autorizaciones de riesgo e impactoambiental, han reducido a todo un moderno cuerpo norma-tivo en letra muerta.

Con la creación de la Procuraduría Federal de la Protecciónal Ambiente se dio un paso hacia la aplicación concreta dela justicia ambiental. Sin embargo el universo de verifica-ción de fuentes contaminantes, de obras con autorizacionesde impacto y riesgo ambiental, de predios con autorizacio-nes de aprovechamiento forestales, de unidades de manejode la vida silvestre y de concesiones de la zona federal ma-rítimo terrestre, puso de manifiesto las limitaciones de re-cursos humanos y materiales y la dimensión de las necesi-dades para un adecuado cumplimiento de la ley.

El carácter de órgano desconcentrado le imprimió un pro-blema adicional a la impartición de la justicia ambiental,toda vez que la dependencia rectora, en este caso la Secre-taría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se ha mos-trado incapaz de gestionar ante las autoridades hacendariaslos recursos pertinentes para concretar lo que debería ser enestos momentos la prioridad en la política ambiental nacio-nal: el cumplimiento irrestricto de la ley. El carácter nor-mativo de la Semarnat y la falta de voluntad de sus titula-res, le impide justificar una mayor intervención en losasuntos ambientales del país.

Existe un reclamo social que demanda una mayor presen-cia de la autoridad ambiental en la aplicación de las leyesante la elevada frecuencia de ilícitos ambientales que ocu-rren a lo largo y ancho del país, en particular, en los escan-dalosos accidentes ocurridos en la industria petrolera.

Por otro lado, la supeditación de la Profepa a los procedi-mientos administrativos complica extraordinariamente laefectividad de la procuración de la justicia. La aplicaciónde sanciones una vez configuradas las faltas administrati-vas, nulifican todo el esfuerzo inicial, toda vez que los in-fractores no se ven motivados a cumplirlas oportunamente,como lo demuestran las numerosas sanciones económicasque Pemex tiene pendiente de cubrir.

Con las modificaciones realizadas al Código Penal Fede-ral en materia de delitos ambientales se reforzaron los ins-

trumentos jurídicos que tutelan el medio ambiente y los re-cursos naturales. Pero nuevamente, la Procuraduría Gene-ral de la República, enfrenta el problema logístico, agrava-do por la falta de experiencia sobre la materia, lo que laobliga a iniciar un costoso y lento proceso de formación,capacitación y actualización de cuadros para configurar losdelitos ambientales.

Por lo anterior la presente iniciativa plantea modificar enprimer término la Ley Orgánica de la Administración Pú-blica Federal, para derogar las facultades a la Secretaría deMedio Ambiente y Recursos Naturales en materia de ins-pección y vigilancia. Asimismo, se desincorpora al órganodesconcentrado Procuraduría Federal de la Protección alAmbiente.

Por otra parte se reforma la Ley Orgánica de la Procuradu-ría General de Justicia, para asignarle las facultades en ma-teria de inspección y vigilancia ambiental y se crea laSubprocuraduría de Delitos Ambientales, con las atribu-ciones, y facultades, así como el personal y bienes de laProfepa.

En consecuencia se somete a la consideración de esta so-beranía la iniciativa con proyecto de decreto que derogala fracción V del artículo 32 Bis, de la Ley Orgánica dela Administración Pública y adiciona un párrafo al in-ciso a) de la fracción I del artículo 11 de la Ley Orgáni-ca de la Procuraduría General de la República. Paraquedar como sigue:

Artículo Primero. Se deroga la fracción II del artículo 32Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Fede-ral, para quedar como sigue:

Articulo 32 Bis. Corresponde a la Secretaría de Medioambiente y Recurso Naturales:

V. Derogado.

Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo al inciso a, de lafracción I, del artículo 11 de la Ley Orgánica de la Procu-raduría General de la República, para quedar como sigue:

Artículo 11. Para el desarrollo de las funciones de la Pro-curaduría General de la República y del Ministerio Públi-co, de la Federación se contará con un sistema de especia-lización y desconcentración territorial y funcional, sujeto alas siguientes bases generales:


a) La Procuraduría General de la República contará conunidades administrativas especializadas en la investiga-ción, persecución de géneros de delitos, atendiendo a lasformas de manifestación de la delincuencia organizada,así como a la naturaleza, complejidad e incidencia delos delitos federales.

Vigilará el cumplimiento de la leyes, reglamentos y nor-mas oficiales en materia de medio ambiente y recursosnaturales y en su caso impondrá las sanciones corres-pondientes.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día si-guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fede-ración.

Segundo. Los activos, personal y asignaciones presupues-tales serán transferidas a la Subprocuraduría Especializadade Delitos Ambientales de la Procuraduría General de laRepública.

Palacio Legislativo de San Lázaro, DF, abril 26 de 2005.— Dip. Car -los Manuel Rovirosa Ramírez (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y deJusticia y Derechos Humanos.

153.- «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposi-ciones de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos, a cargo del diputado Roger David AlcocerGarcía, grupo parlamentario del PRI

Roger David Alcocer García, diputado federal de la LIXLegislatura, integrante del grupo parlamentario del PartidoRevolucionario Institucional, con fundamento en lo dis-puesto por los artículos 71, fracción II, de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II,del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Ge-neral de los Estados Unidos Mexicanos, me permito some-ter al Pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de

decreto que propone la reforma y adición de diversas dis-posiciones de la Constitución Política de los Estados Uni-dos Mexicanos, con base en la siguiente


El Título Tercero de nuestra Ley Fundamental se refiere ala división de poderes y a las atribuciones y facultades delas que se inviste a cada uno de los órganos constituidos delestado. Así, el Capítulo Primero de dicho título, se encuen-tra dedicado a la división de poderes, el Capítulo Segundo,al Poder Legislativo, el Capítulo Tercero de dicho título, alPoder Ejecutivo y el Capítulo Cuarto al Poder Judicial.

Todo ello, basado en la teoría clásica de la división de po-deres y funciones de Montesquieu, sin embargo, la regula-ción constitucional de lo que la doctrina conoce como or-ganismos constitucionales autónomos, es aún deficiente,ya que en el mismo Capítulo IV del multicitado Título Ter-cero, y en específico en el artículo 102, se incluye de ma-nera conjunta la previsión constitucional del ombudsman,así como una breve mención al cargo de consejero jurídi-co, para después regresar a la competencia de los tribuna-les federales, lo cual es a todas luces inapropiado.

Por otra parte, el surgimiento de los llamados organismosconstitucionales autónomos, ha venido a aportar en la doc-trina constitucional contemporánea, una nueva visión a laforma de concebir las funciones de los órganos constitui-dos del Estado, pues afortunadamente en muchos países seha reconocido como un triunfo en la lucha de las clasesvulnerables, la creación de organismos protectores de de-rechos humanos, la necesidad de lograr la estabilidad eco-nómica a través de bancos centrales independientes y autó-nomos, libres de las pasiones e intereses de los tiranosgobernantes de antaño, instituciones educativas de exce-lencia, libres en su pensamiento e independientes en sufuncionamiento, capaces de alcanzar los mas grandes éxi-tos en el ámbito de la investigación o la docencia organis-mos electorales que garantizan procedimientos electoralestransparentes, imparciales y confiables.

Dichos organismos han probado su eficacia y la necesidadde su creación basados en los resultados obtenidos, sin em-bargo, su tutela constitucional es somera y desordenada. Eneste contexto surge la necesidad cada vez más insoslayablede crear organismos constitucionales dotados de autonomíae independencia, atributos que garanticen su plena subsis-tencia y la consecución de las finalidades para las que fue-ron creados. Sin embargo, aún hay un órgano estatal que


fue creado hace ya bastante tiempo, el cual no ha logradoadquirir a través de los años y quizá a través de los siglos,la credibilidad, objetividad y eficacia que la ciudadanía re-clama. Si compañeros legisladores, me refiero al órganoencargado de procurar que la justicia sea pronta y expedi-ta, el órgano encargado de llegar a los grupos más vulnera-bles y necesitados, el organismo que debería en la practicasolicitar una justa y merecida reparación del daño a aque-llos ciudadanos que han sido victima de algún delito. Merefiero al Ministerio Público de la Federación, y a su co-rrelativo en las entidades federativas autónomas.

Esta institución pilar en la consolidación del estado de de-recho que debe prevalecer en cualquier estado democráticoy que desgraciadamente a lo largo de los años ha perdidosu esencia de garante de la justicia, para convertirse enmercenaria de los intereses más mezquinos y ruines de untirano en el poder. En una institución que lejos de procurarel bienestar de los ciudadanos se dedica a cuidar los intere-ses del ejecutivo en turno y de los órganos de poder, con-taminando su esencia con intereses políticos que menguansu credibilidad y entorpecen su funcionamiento, me refieroa la institución que en estos últimos meses ha dado palosde ciego y ha aparecido en los medios y en la opinión na-cional, no por sus aciertos, ni por sus logros o conquistasen el combate a la delincuencia, a la corrupción o la impu-nidad, sino por sus vicios, sus deficiencias e intentos porlegitimar un gobierno carente de rumbo y de estrategia po-lítica.

Si compañeros legisladores, la procuraduría general de larepublica como organismo depositario del Ministerio Pú-blico de la Federación, necesita renovarse, necesita inde-pendizarse, objetivizarse, liberarse de las presiones políti-cas causadas por los intereses de unos cuantos, necesitaresponder a las exigencias que en materia de seguridad y dejusticia que tenemos los ciudadanos la necesidad de dejar aun lado las necesidades del jefe presidente y tomar las de“Juan Pueblo”, necesita legitimarse, necesita acreditarse,en la opinión nacional.

La Procuraduría General de la República debe por otro la-do, retomar la función constitucional tan trascendente quele fue encomendada y transparentar su función persecuto-ra, debe por tanto ser autónoma e independiente jerárquica,administrativa y presupuestamente imparcial e indepen-diente en sus decisiones y en su funcionamiento, objetiva yautónoma en su desempeño, pero siempre sujeta a los me-dios de control jurídico y al sistema de responsabilidadesvigente.

Parece mentira que se afirme por un lado que al Presiden-te de la República no se le otorgue legitimación activa enlos procesos relativos a las acciones de inconstitucionali-dad, ya que de otorgársela, se entendería como una inva-sión del poder ejecutivo sobre las funciones de esta sobe-ranía por ejemplo, pero; sin embargo sí se le otorga dichafacultad activa al procurador general de la República quienhasta la fecha es un empleado mas del Ejecutivo federal, locual parece una incoherencia preceptiva.

Actualmente el procurador no es secretario de Estado ni je-fe de departamento administrativo, lo cual se desprende delos artículos 1o., párrafos primero y segundo, 2o. y 26 dela Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; loanterior, porque la procuraduría no se encuentra incluidaentre las dependencias del poder ejecutivo de la unión conlas que contará para el despacho de los asuntos del ordenadministrativo; por tanto, en términos estrictamente jurídi-cos, dicha institución no forma parte de la administraciónpública federal centralizada, no obstante que el artículo 1o.de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Repu-blica establezca que dicho ordenamiento tiene por objetoorganizar a esa dependencia y la ubique en el ámbito delPoder Ejecutivo federal, ya que según interpretaciones queha formulado el poder judicial, esa afirmación se incorpo-ró para señalar que la mencionada procuraduría no es unórgano del Poder Judicial Federal, dado que el artículo 102apartado a de la Constitución, que se refiere al MinisterioPúblico de la Federación, se encuentra ubicado en el Capí-tulo IV, titulado: “del Poder Judicial”, cuando por ningúnmotivo pertenece a dicho poder.

Es por eso que surge la necesidad de agregar un apartadoespecial a esta clase de entidades que si bien es cierto noforman parte de ninguno de los órganos constituidos, tam-bién lo es que son depositarios de una fracción del poderpúblico y están investidos de imperium. Dicho apartadodebe ser incluido en el Capítulo primero del Título Terce-ro de la Constitución, ya que hacerlo de otro modo impli -caría mayores adecuaciones al texto constitucional. En di-cho “adendum” al Capítulo Primero quedarían preservadoslos organismos constitucionales autónomos y como uno delos mismos, el Ministerio Público de la Federación, el titu-lar de la Procuraduría General de la República, quien a par-tir de entonces se concebiría como un organismo constitu-cional autónomo, dotado de personalidad jurídica ypatrimonio propios, de independencia jerárquica, que no ac-tué por presión, sino por convicción y por vocación de pro-curar justicia, que no actúe como arma para vencer a adver-sarios políticos, que no se deje presionar por los intereses de


grupo, necesitamos un ministerio público independiente,libre, imparcial y objetivo, que nos brinde seguridad jurídi-ca, la seguridad de que sus actos de autoridad estarán suje-tos a los medios de control constitucional aplicables a cual-quier autoridad, que realmente se dedique a investigar loscasos que jurídicamente se le planteen, sobre la comisiónde conductas probablemente constitutivas de delito quesalga del escenario político e incursione al escenario jurí-dico, del que nunca debió haber salido; que deje de actuarpor consigna, la consigna recibida por voz del mandatarioen turno. Un ministerio público que eleve la voz y no la vozdel discurso político, sino la voz de la razón jurídica, queejerza dignamente su encargo, que busque solucionar losproblemas de la inseguridad en todas sus esferas y si no,–como reza el juramento del servidor público– que la na-ción se lo demande.

En este orden de ideas, la reforma que planteo, propone ladesignación del titular del Ministerio Público de la Federa-ción y titular de la Procuraduría General de la Republica,por parte de las dos terceras partes de los miembros pre-sentes en la Cámara de Senadores, y en sus recesos de laComisión Permanente, de entre las propuestas que le haganllegar los colegios de abogados, las universidades públicasy las organizaciones no gubernamentales dedicadas al es-tudio del derecho, conforme a la convocatoria que expidala propia Cámara de Senadores. Así, el Ministerio Públicode la Federación, necesariamente será presidido por unapersona de reconocida solvencia moral en el ámbito jurídi-co, con trayectoria académica probada y no improvisada,con el consenso de los grupos sociales a quienes incumbeel cargo y con aquel de quienes representan democrática-mente a la ciudadanía y toman las decisiones a nombre deaquella.

La institución en estudio contará con autonomía de gestióny presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio pro-pios, además de independencia jerárquica y administrativa,con relación al órgano que lo nombró y sólo podrá estar su-jeto a los medios de control constitucional y responsabili-dad, jurídica, administrativa y penal, en los términos quedisponga la ley y la propia constitución, además no podráser reelecto. pensamos que estas características deberán seraplicables en las entidades federativas, e implementadaspor las legislaturas locales en el ámbito de sus respectivascompetencias y atribuciones.

Con esta reforma se busca lograr una persecución e inves-tigación de los delitos, realizada de una manera más efec-

tiva, pero sobre todo objetiva, lograr un mayor combate ala delincuencia y sobre todo a la corrupción, así como a lasdeterminaciones por consigna, ya que también se imple-mentara un sistema de supervisión constante por parte delCongreso de la Unión, para supervisar el actuar del Minis-terio Público y, en su caso aplicar las medidas conducentes,pero sobre todo, la vigilancia estará en la opinión publica yen una pluralidad de corrientes que convergen en sed dejusticia y ya no solo en una voluntad autócrata.

Con la presente reforma también se reforzara el servicio ci-vil de carrera dentro de la Procuraduría, lo que permitiráque una serie de personas comprometidas con su país, connuestro país, hagan acrecentar los resultados obtenidos,mas allá de campañas políticas o de programas de gobier-no que terminan con un sexenio, mas allá de ambicionespersonales y de intereses políticos, pues se propone que elencargo se desempeñe por períodos cuya duración y esca-lonamiento garantice su funcionamiento independiente yautónomo, así el periodo de cuatro años, permite la conse-cución de fines institucionales de manera satisfactoria, re-duciendo la posibilidad de enviciamientos pasiones y am-biciones de poder inherentes a la naturaleza humana,respondiendo así a las necesidades de los gobernados aquienes debemos nuestra permanencia en este recinto.

Es por eso que me permito someter a su consideración lainiciativa de reformas al tenor del siguiente

Decreto

Artículo Primero.- Se modifica el artículo 102 de la Cons-titución Política de los Estados Unidos Mexicanos paraquedar como sigue:

Artículo 102-A.- La Ley organizará el Ministerio Públicode la Federación, cuyos funcionarios serán nombrados yremovidos por su titular, de acuerdo con la ley respectiva.

El Ministerio Público de la Federación estará presidido porun Procurador General de la República, designado por elvoto de las dos terceras partes de los miembros de la Cá-mara de Senadores o en sus recesos, de la Comisión Per-manente, de entre las propuestas que le hagan llegar los co-legios de abogados, las universidades públicas y lasorganizaciones no gubernamentales dedicadas al estudiodel derecho, conforme a la convocatoria que expida la pro-pia Cámara de Senadores y durará en su encargo cuatroaños, sin la posibilidad de ser reelecto. La institución del


Ministerio Público, por su trascendencia para el orden jurí-dico nacional, será independiente jerárquica y administra-tivamente, contará con autonomía de gestión y presupues-taria, personalidad jurídica y patrimonio propios y se regirápor los principios de buena fe, legalidad, imparcialidad, in-dependencia, objetividad y equidad.

Para ser procurador general de la República se requiere:

I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento;

II.- Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidosel día de la designación;

III.- Contar, con antigüedad mínima de diez años, con tí -tulo profesional de licenciado en derecho;

IV.- Gozar de buena reputación, y no haber sido conde-nado por delito doloso.

El procurador será sujeto de las responsabilidades civil, po-lítica y administrativa que determinen las leyes, podrá serremovido por causa grave y bajo ninguna circunstancia po-drá ser reelecto.

Incumbe al Ministerio Público de la Federación, además delas funciones señaladas por el artículo 21 de esta Constitu-ción; la persecución, ante los tribunales, de todos los deli-tos del orden federal; y, por lo mismo, a él le corresponde-rá solicitar las órdenes de aprehensión contra losinculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten laresponsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan contoda regularidad para que la administración de justicia seapronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e inter-venir en todos los negocios que la ley determine, siemprebajo los principios de equidad, imparcialidad, objetividad,honradez e independencia.

El Procurador General de la República intervendrá perso-nalmente en las controversias y acciones a que se refiere elartículo 105 de esta Constitución.

En todos los negocios en que la Federación fuese parte, enlos casos de los diplomáticos y los cónsules generales y enlos demás en que deba intervenir el Ministerio Público dela Federación, el Procurador General lo hará por sí o pormedio de sus agentes.

El Procurador General de la República y sus agentes, seránresponsables de toda falta, omisión o violación a la ley en

que incurran con motivo de sus funciones. Además el pro-curador general de la republica, rendirá un informe anualpormenorizado de las acciones tomadas para combatir ladelincuencia y de las acciones tomadas para lograr una me-jor procuración de justicia, debiendo comparecer al efectoante las Cámaras del Congreso de la Unión.

B. El Congreso de la Unión

Artículo Segundo.- Se modifica la fracción II del artículo76 de la Constitución para quedar como sigue:

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. …

II.- Nombrar al procurador general de la República,de entre las propuestas que le hagan llegar los colegiosde abogados, las universidades publicas y las organiza-ciones no gubernamentales dedicadas al estudio del de-recho, conforme a la convocatoria que expida en térmi-nos de lo dispuesto por el artículo 49 de estaConstitución. Así como ratificar los nombramientosque el Presidente de la República haga de, Ministros,agentes diplomáticos, cónsules generales, empleadossuperiores de Hacienda, coroneles y demás jefes supe-riores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales,en los términos que la ley disponga;

III. a la X. …

Artículo Tercero.- Se deroga la fracción V del artículo 78de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-nos.

Artículo Cuarto.- Se deroga la fracción IX del articulo 89de la Constitución política de los Estados Unidos Mexica-nos.

Artículo Quinto.- Se modifica el artículo 116 de la Cons-titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, paraquedar como sigue:

Artículo 116. El poder público de los estados. …

I. a la VII. …

VIII.- Las Constituciones y leyes de los Estados organi-zarán al Ministerio Público de manera que este goce deautonomía e independencia, respecto de los Ejecutivos


locales y conforme a los principios establecidos en el ar-tículo 49 de esta Constitución, procurando autonomía ensu funcionamiento e independencia en sus decisiones.

Los estados estarán facultados para celebrar conveniosen materia de seguridad pública, prevención del delito ycolaboración en materia de procuración de justicia conla federación a través de sus titulares.

Transitorios

Primero.-La representación que del Presidente de la Re-pública tenga el actual procurador general de la Repúblicaen los juicios de amparo, conforme a lo dispuesto por el pá-rrafo segundo del artículo 19 de la Ley de amparo, duraráhasta la terminación de dichos juicios. Sin embargo, en losjuicios de amparo en los que se señale al presidente de laRepública como autoridad responsable y a partir de la en-trada en vigor del presente decreto, ya no podrá ser repre-sentado aquél funcionario, sino por el que designen las le-yes o él expresamente.

Segundo.- El presente decreto entrará en vigor al día si-guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fede-ración.

Tercero.- La elección del Procurador General de la Repú-blica conforme a lo dispuesto por el artículo 49 de la Cons-titución se realizará a partir del primer periodo ordinario desesiones del año 2006, para que el funcionario electo, co-mience sus funciones a partir del primero de diciembre de2006.

Cuarto.-Se derogan todas las disposiciones legales que seopongan al texto expreso del presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 28 de abril de

2005.— Dip. Roger David Alcocer García (rúbrica)»



107.- «Iniciativa que adiciona un artículo 71 a la Ley pa...

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