1. Equidad y Justicia Social

Documento preliminar para diálogo ciudadano

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Equidad y Justicia Social

¡Juntos/as por el Buen Vivir!

Junio, 2015

“El 1 % de la población disfruta de las mejores viviendas, la mejor educación,

los mejores médicos y el mejor nivel de vida, pero hay una cosa que el dinero no

puede comprar: la comprensión de que su destino está ligado a cómo vive el

otro 99 %. A lo largo de la historia esto es algo que esa minoría solo ha logrado

entender… cuando ya era demasiado tarde”

Joseph Stiglitz

Introducción

Con la aprobación de la Constitución de 2008, mediante referéndum, las y los ecuatorianos

decidimos construir una sociedad que respete la dignidad de las personas, en todas sus

dimensiones. Respeto que se edifica a partir de la decisión de cambiar las relaciones de

poder, para basarlas en la justicia económica y en el ejercicio de derechos.

En un país con tanta riqueza como el Ecuador, es inaceptable que muchas personas vivan

en condiciones de pobreza y exclusión. Una vida digna es una cuestión de derechos, no de

caridad. Todos los seres humanos deberíamos poder alimentarnos sanamente, contar con

una vivienda digna, con servicios de agua potable, saneamiento básico, un ambiente sano,

salud, arte y educación. Sin embargo, en América Latina, la región más desigual del

planeta, esos derechos tan básicos aún les son negados a millones de personas, lo cual es

absolutamente intolerable.

La pobreza, la desigualdad y la violencia no son naturales. Estas son provocadas por

estructuras y relaciones sociales, económicas y de poder injustas que permiten y naturalizan

la explotación. Para alcanzar la sociedad del Buen Vivir es necesario transformar estas

estructuras, como un imperativo moral. Como señala Paulo Freire:


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“La realidad no es así, la realidad está así.

Y está así no porque ella quiera,

ninguna realidad es dueña de sí misma;

esta realidad está así porque estando así

sirve a determinados intereses de poder.

Nuestra lucha es por cambiar esta realidad

y no acomodarnos a ella”.

La desigualdad social y la injusta distribución de la riqueza, no se resuelven con filantropía,

con préstamos o donaciones internacionales, con ayuda humanitaria o con políticas

compensatorias para los pobres, sino con cambios profundos en el sistema económico, que

necesariamente implican un cambio en las relaciones de poder.

Los esfuerzos del Estado deben estar orientados a (re)distribuir la riqueza y contribuir al

desarrollo de capacidades y oportunidades de las personas y los colectivos. Este trabajo

debe estar acompañado de una efectiva participación de la ciudadanía en el proceso

transformador de la sociedad. Es indispensable entonces no solo contar con un buen sistema

de redistribución, sino producir distribuyendo. La prioridad se debe enfocar en potenciar el

talento humano, generando una sociedad del conocimiento en la que participemos todas y

todos, democratizando el conocimiento, la ciencia y la tecnología; mejorar la distribución

del ingreso poniendo al ser humano por encima del capital, generando oportunidades y

justicia económica; y democratizar el acceso a los medios de producción para que todas y

todos participemos del proceso productivo, generando una nueva economía de trabajadores-

propietarios, con igualdad de oportunidades.

La pobreza es un problema estructural del capitalismo que se profundiza ante las disputas y

los ejercicios de poder que han construido el sistema social de valores. La pobreza es

reflejo y producto de la desigualdad, generada por relaciones de dominio, discriminación y

explotación heredadas a través de instituciones coloniales. La discriminación de clases

étnica y de género ha reproducido la exclusión de amplios sectores de nuestra población. A

lo largo de la historia, la acumulación originaría de la riqueza se ha dado a través de

prácticas de segregación, exclusión y marginación, así como de subordinación, dominación


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y explotación desde quienes han ejercido el poder político, siempre vinculado al poder

económico.

No han perdido validez los ideales de inclusión social con distribución de la renta y

redistribución de la riqueza nacional, y el cuidado de la naturaleza con sus bienes y

servicios. Debemos abandonar gradualmente la obsesión del crecimiento indiscriminado

por la redistribución de la riqueza ya acumulada, optimizando el Buen Vivir a partir de los

grupos sociales más necesitados. Por lo que resulta imperativo (re) politizar la importancia

de este principio, fundamental para enfrentar los desafíos globales de forma solidaria.

Las desigualdades sociales y económicas, la concentración histórica de activos productivos,

la desigualdad de oportunidades entre clases y generaciones, no son resultado de la

casualidad, ni de avatares dados por la naturaleza, sino consecuencia de las reglas de juego

establecidas. Es indispensable generar consciencia y forjar un lenguaje de esperanza y de

propuesta que nos lleve hacia relaciones sociales de equidad; un sentido de

corresponsabilidad sobre los intolerables niveles de desigualdad que aún padece nuestra

sociedad.

Se requiere ampliar el rol de la participación ciudadana mediante un gran diálogo nacional

que consolide y amplíe la base social necesaria para profundizar el proceso de cambio hacia

la sociedad del Buen Vivir, con equidad y justicia social.

La toma de conciencia deberá impregnarse en una cultura de indignación moral respecto a

los inadmisibles niveles de desigualdad a los que nos ha llevado el capitalismo. Es un deber

colectivo encontrar formas de producción y convivencia, en creatividad y solidaridad, para

que todas y todos los ecuatorianos podamos llevar vidas dignas y saludables. Todos los

miembros de la sociedad ecuatoriana tienen derecho a la justicia y todas las personas deben

ser solidarias, respetuosas y justas hacia las demás. Se exige un compromiso con el cambio

transformacional, en solidaridad con los grupos empobrecidos y excluidos, y movilizarnos

hacia la construcción de una nueva sociedad.


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Como insumo para los procesos de diálogo ciudadano este documento desarrolla el marco

conceptual, desde la idea movilizadora del Buen Vivir recogida en la Constitución, el Plan

Nacional para el Buen Vivir, y el Programa de Gobierno de la Revolución Ciudadana, los

conceptos de igualdad y justicia social, para después presentar un breve diagnóstico de la

desigualdad en el mundo, la región y el Ecuador.

1. Justicia e Igualdad para el Buen Vivir

La Constitución del Ecuador y el Plan Nacional para el Buen Vivir reconocen que un nuevo

pacto de convivencia no puede ignorar las injusticias históricas e intergeneracionales de

carácter estructural que caracterizan nuestra economía y nuestra sociedad. Ambos

instrumentos parten de la constatación de que Ecuador es un país igualmente pobre y

desigualmente rico, donde la discriminación actúa como factor condicionante de la injusta

distribución de riqueza, oportunidades y bienestar.

Nuestra Constitución está regida por el principio ético supremo que es el Buen Vivir.

Siguiendo a los valores planteados por esta máxima, que se fundamentan en el principio de

igualdad y no discriminación, se considera a la equidad, la igualdad, la solidaridad y la

justicia social como los preceptos rectores de la construcción de una nueva sociedad. Es

injustificable e inaceptable toda relación de desigualdad que no sea consecuencia de

acciones elegidas responsablemente.

“El principio rector de la justicia relacionado con la igualdad tiene que

materializarse (objetiva y subjetivamente) por la eliminación de las desigualdades

que producen dominación, opresión, indignidad humana, subordinación o

humillación entre personas, colectivos o territorios y –en el lado positivo– por la

creación de escenarios que fomenten una paridad que viabilice la emancipación y

la autorrealización de las personas (colectivos) y donde los principios de

solidaridad, cooperación y fraternidad (comunidad) puedan prosperar y con ello

la posibilidad de un mutuo reconocimiento (o posibilidad de reciprocidad) entre

los miembros y territorios que hacen a la comunidad política” (Ramírez R., 2008:

32).

El objetivo es el posibilitar el despliegue del Buen Vivir de todas y todos los ciudadanos,

sin excepción alguna, el cual es viable únicamente si se tiene como meta la reducción de las

desigualdades sociales, la eliminación de la discriminación y la exclusión, y la construcción


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de un espíritu cooperativo y solidario que viabilice el mutuo reconocimiento entre los

«diversos iguales».

Sin una base social de igualdad no hay sociedad posible. No se trata únicamente de la

igualdad de derechos sino del mutuo reconocimiento y percepción de todas las personas

como iguales. El logro de la igualdad y el respeto mutuo requiere de una transformación

cultural y social radical. La calidad de las nuevas maneras de ser ciudadano depende de

nuestra capacidad para concretar relaciones de solidaridad y tolerancia activa, y de

alimentar un espíritu responsable traducido en poder subjetivo.

La solidaridad también se expresa en los procesos que posibilitan compartir beneficios a

favor de quienes se encuentran en condiciones de marginalidad o exclusión, y que no

pueden por sí mismos satisfacer sus necesidades. Como valor ético, la solidaridad entraña

un proyecto de perfeccionamiento humano y surge del reconocimiento de que todos los

seres humanos estamos hechos de la misma sustancia.

Desde el ámbito de lo público, la solidaridad adquiere un sentido especial dado que

fomenta la búsqueda del bienestar colectivo, poner el bien común por encima del

individual. Entonces, la sociedad en su conjunto exige al Estado atender a las personas

desprotegidas que viven en situaciones adversas, de modo que les sean garantizadas

condiciones dignas de vida mediante la realización de sus derechos.

Igualdad y equidad son dos conceptos que han sido utilizados como sinónimos para

conquistar justicia social, activando luchas reivindicativas, sin embargo, cada uno

comprende una perspectiva diferente, pero ligadas entre sí. Hablar de igualdad hace alusión

a disfrutar de una base mínima y común de derechos para todas y todos; mientras que

hablar de equidad hace referencia a la situación específica de cada grupo humano dentro de

la sociedad, que requiere de un tratamiento particular desde la política pública. Optamos

por la equidad para ganar dignidad, y enfrentar ante todo a la injusticia económica.


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La equidad adquiere un carácter político al perseguir un objetivo redistributivo para

corregir las asimetrías existentes en el reparto de los recursos. Se convierte en energía

política en tanto traduce acción colectiva que incide en el logro del bienestar de las

personas. Particularmente, en el mejoramiento de las condiciones en que transcurre la vida

de quienes se encuentran en una situación de desventaja. Asimismo, la equidad, exige la

configuración de criterios valorativos y de reflexión para construir un proyecto de

convivencia.

Igualdad en la diversidad

No obstante, la diversidad humana hace imposible alcanzar la plenitud de la igualdad.

Somos una sociedad nacional profundamente desigual y también demasiado diversa. Pero

por más diversos que seamos, jamás tales diferencias deben operar para que alguien o

cualquier grupo social se perciba superior a otro, y ejerza dominación. Debemos trazar

estrategias de progresividad para reducir las desigualdades. Es necesario preguntarse ¿qué

desigualdades son admisibles moral y éticamente?. La rectoría de la justicia nos obliga a

eliminar esas relaciones de desigualdad que producen dominación, opresión o

subordinación. Eliminar los mecanismos culturales que impiden que dos personas, con

status sociales diferentes, tengan iguales oportunidades, o que frente a esfuerzos similares

se obtengan resultados diferentes.

Estos postulados proponen una ruptura radical con las visiones instrumentales y utilitarias

sobre el ser humano, la sociedad y sus relaciones con la naturaleza. Es indispensable

reconocer a la diversidad como parte sustancial de toda sociedad. Debemos ser capaces de

gestionar la diversidad sociocultural (étnica, lingüística, religiosa…) de manera positiva,

esto es, de forma dialógica, activamente tolerante y preventiva. Nuestra riqueza nacional se

finca en la diversidad, por lo que todos y todas estamos ante un desafío común.

Igualdad y diferencia no son dos nociones contrapuestas, por el contrario constituyen dos

dimensiones de la justicia social. Este es el sentido de la unidad en la diversidad. Igualdad

no es sinónimo de homogenización. Ni diferencia es el antónimo de desigualdad.


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Es fundamental enriquecer el dialogo intercultural y dar paso a la innovación social.

Debemos valorar los conocimientos ancestrales como sistemas de ideas, conceptos,

valores, representaciones, símbolos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. La

igualdad se vuelve más posible desde una ampliación de las instancias de interaprendizaje.

Urge la generación de sinergias sociales y de abrir las posibilidades para intercambiar

saberes, epistemologías, cosmovisiones y prácticas culturales distintas.

Nuestra Constitución establece el Estado intercultural y plurinacional. Es fundamental

recoger las reivindicaciones más profundas e importantes de los movimientos indígenas,

afroecuatorianos y montubios del país. Para conquistar igualdad debemos enfatizar el tema

étnico cultural y discernir éticamente hacia la identificación de estrategias operativas que

permitan la incorporación del enfoque intercultural en la formulación de políticas públicas.

Sin embargo, en sociedades desiguales como la nuestra, es complejo gestionar la

interculturalidad sin romper con los procesos de dominación. El dialogo intercultural

siempre implica un ambiente de tensión, pero ya traduce el reconocimiento de la diversidad

social presente en Ecuador. Las élites pregonan una modernidad plena de individuos

autónomos, con derechos y deberes, pero generalmente desconocen la etnicidad, los

derechos colectivos, la inclusión social. Apuestan en un proyecto de modernización

excluyente. La falta de reconocimiento cultural es una violación de los derechos humanos.

El diálogo intercultural no es posible cuando unas culturas están subordinadas a otras.

La desigualdad económica está acompañada de profundos procesos de exclusión social,

discriminación y desconocimiento de todo otro cultural. Ese reconocimiento es elemento

determinante para garantizar la cohesión social entre comunidades y grupos sociales. El

tema del dialogo intercultural debe ser percibido como un concepto político y ético, que se

opone a la discriminación intolerable, pero también es técnico, en la medida en que exige

gestión social, mediación, información, planificación. Debemos desarrollar estrategias

claras de reconocimiento de la diferencia y de la diversidad que, a la larga, conduzcan a

generar cambios en las estructuras de poder.


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No existe una verdadera disyuntiva entre las políticas que promueven la igualdad en

términos (re)distributivos y aquellas que promueven el reconocimiento de las diferencias y

las particularidades culturales. La construcción de una sociedad democrática y pluralista

deberá buscar la transformación en tres planos articulados entre sí: el socio-económico

para asegurar la igualdad; el político que permita cambiar las estructuras de poder

dominante; y el sociocultural, encaminado al reconocimiento de la diferencia y a abrir las

posibilidades para un aprendizaje entre culturas (Díaz Polanco, 2005).

La plurinacionalidad es una noción que promueve la justicia económica y propaga la

igualdad. La lucha por la igualdad es a la par una lucha por el reconocimiento de la

diferencia cultural. El racismo es intolerable, afirma la hegemonía de la sociedad occidental

implantando los códigos excluyentes e insustentables de la modernidad (Dussel, 1992).

2. Justicia social y (re)distribución

El despliegue paulatino y novedoso del Buen Vivir es un proceso asociado a la

construcción de un nuevo modo de acumulación y (re)distribución que busca superar las

enormes asimetrías y la exclusión, fruto de una acumulación de la riqueza.

En el nuevo pacto social la tasa de acumulación de la economía pasa a estar sujeta a los

objetivos de la satisfacción intergeneracional de las necesidades básicas y la

(re)distribución, y no lo contrario. Es decir, el crecimiento está en función de la

reproductibilidad de la vida, la cual tiene primacía sobre la acumulación de la economía.

El desarrollismo nos obligaba a crecer cueste lo que cueste, para luego distribuir casi a

cuenta gotas. La sociedad del Buen Vivir se afirma en la solidaridad, la reciprocidad y la

cooperación; por lo que se busca “distribuir produciendo” y “producir redistribuyendo”.

En este marco, la consecución progresiva del Buen Vivir, demanda superar los patrones de

exclusión, garantizar el ejercicio de los derechos, y establecer vínculos coherentes entre la

política social y la económica, partiendo de orientaciones éticas expresadas en las cinco


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dimensiones de la justicia: socioeconómica, democrática participativa, intergeneracional e

interpersonal, transnacional, y la justicia como imparcialidad.

En una sociedad justa, todas y cada una de las personas deben gozar del mismo derecho a

acceder a los medios materiales, sociales y culturales esenciales para llevar una vida

satisfactoria. La salud, la educación y el trabajo son las bases primordiales de la justicia

social; son los bienes superiores. Gracias a dichos bienes, todos los hombres y mujeres

podrán realizarse como seres humanos y reconocerse como iguales en sus relaciones

sociales. Destaca la educación, la base cognitiva para prepararnos a convivir en un futuro

que todavía no existe.

Es un deber primordial del Estado la garantía sin discriminación del efectivo goce de los

derechos, la erradicación de la pobreza y la redistribución equitativa de los recursos y la

riqueza. La pobreza y la acumulación de la riqueza limitan la cohesión social colectiva, la

capacidad de reconocerse como iguales. y entonces la posibilidad de construir un proyecto

común para todas y todos. Nacer rico o pobre pre-condiciona a vivir y morir en la misma

situación. Existen trampas de pobreza y de riqueza, ya que estas condiciones se reproducen

a sí mismas, limitando las perspectivas de movilidad social.

Por ello, el proceso de erradicación de la pobreza, es en esencia, un proceso de cambio

estructural que exige la emancipación del ser humano. La razón instrumental ha separado a

la economía de la justicia, a la productividad de la solidaridad. El hablar de economía nos

hace pensar en utilidad, propiedad privada, escasez, competencia, rendimientos, máximas

ganancias, y casi nunca en justicia distributiva, reconocimiento e igualdad de

oportunidades.

Las desigualdades y las pobrezas son todas injustas, por lo que no se puede hablar de

garantía de derechos sin hablar de justicia económica. Toda estructura económica que

procure el Buen Vivir tiene que verse dotada de ética y justicia. Es así que, la justicia

económica tiene que comprenderse como el esfuerzo distributivo dirigido a ampliar las


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opciones, las oportunidades y las capacidades. La equidad y la justicia social se logra en la

medida en que exista una real igualdad de oportunidades.

Para acceder al Buen Vivir es necesario erradicar la pobreza, hacia ello tienen que dirigirse

todos los esfuerzos institucionales y todas las dinámicas individuales y colectivas. Lograr

equidad y justicia social exige el fortalecimiento de las políticas de generación de

capacidades y oportunidades con la garantía y la protección de derechos. Los derechos no

son favores ni privilegios. El cambio de época que vive el país demanda garantizar la

igualdad en la diversidad y la erradicación progresiva de las condiciones que (re)producen

las pobrezas, ya que constituyen fenómenos multidimensionales de carencias, violencia y

desigualdad inaceptables.

Justicia social es igualdad de oportunidades, es poner al ser humano por encima del capital

y democratizar la economía. Para lograr una sociedad más justa es imperativo fortalecer

tres ejes: democratizar el conocimiento y potenciar el talento humano, mejorar la

(re)distribución del ingreso, y democratizar el acceso a medios de producción y a la riqueza

socialmente generada. En el primer eje en el Ecuador se ha dado prioridad al desarrollo

infantil integral, se ha recuperado la educación pública y universalizado la educación

básica, se ha hecho efectiva la gratuidad de la educación superior, se han otorgado más de

10.000 becas, y se fomentan nuevas universidades e institutos de investigación. El

horizonte está marcado hacia la economía social del conocimiento. En el segundo eje, se

han mejorado las condiciones laborales, se ha incrementado el salario básico hasta un

salario digno que cubre la canasta básica, se ha aumentado la cobertura de la seguridad

social incluyendo al trabajo del hogar remunerado y no-remunerado, y se ha construido un

sistema tributario progresivo. La meta al 2017 es erradicar la pobreza extrema por ingresos

y avanzar en el cambio de la matriz productiva con inclusión, para crecer distribuyendo con

responsabilidad social y ambiental. En el tercer eje, se ha mejorado el ingreso de los y las

trabajadores en comparación con el capital, se promueve el acceso a crédito, agua, tierra,

tecnología, y se tienen casos de democratización de los medios de producción (Ramada,

Clementina, etc.). El desafío está en la redistribución de la riqueza socialmente generada y

en lograr el acceso democrático a los medios de producción, es decir en lograr equidad y

justicia social.


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Corresponsabilidad y participación

Pero corresponde también impulsar una ciudadanía con responsabilidad, en cuyo ejercicio

se construyan autónomamente sus preferencias. Esta construcción requiere de espacios de

participación y deliberación, en los cuales se ventilen argumentos y en donde cada

ciudadano esté en condiciones de defender sus posturas. Por lo tanto, el reconocimiento de

formas de vida y de expresiones plurales es una condición de posibilidad para una vida

auténticamente republicana.

Es necesario el fortalecimiento de la sociedad –y no del mercado (como en el

neoliberalismo) ni del Estado (como en el denominado «socialismo real»)– como eje

orientador del desenvolvimiento de las otras instituciones sociales. Para esto es

indispensable promover la libertad y la capacidad de movilización autónoma de la

ciudadanía para realizar voluntariamente acciones cooperativas, individuales y colectivas,

de distinto tipo. Esa capacidad exige que la ciudadanía tenga un control real del uso, de la

asignación y de la distribución de los recursos tangibles e intangibles del país.

Un Estado efectivamente democrático requiere instituciones políticas y modos de

gobernanza pública que, sostenidas en una estructura de representación política pluralista y

diversa, den cabida a la participación ciudadana y a la deliberación pública en la toma de

decisiones y en el control social de la acción estatal. Sólo en la medida en que se abran los

debidos espacios de participación y diálogo a los ciudadanos, estos acrecentarán su poder

de incidencia pública, sus capacidades de auto-gobierno y de organización social autónoma,

su interés por las cuestiones públicas y podrán, entonces, constituirse en un pilar para el

cambio político que requiere el país.

La gobernanza participativa entraña la presencia de una ciudadanía activa y de fuertes

movimientos sociales que trabajen en redes abiertas con los agentes estatales, en cuestiones

locales y en temas nacionales, y la institucionalización de múltiples dispositivos


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participativos a fin de que aquellos ganen en capacidad de influencia y de control sobre las

decisiones políticas.

La democracia participativa parte del principio de la igualdad política de los ciudadanos en

la producción de las decisiones públicas que afectan la vida común, y supone el mutuo

reconocimiento entre individuos, todo lo cual es incompatible con estructuras sociales que

involucran niveles flagrantes de exclusión y desigualdad.

Las bases sociales de la democracia participativa apuntan a lograr un tipo de igualdad

sustantiva que posibilite la reciprocidad entre sus miembros. Ello permite integrar a los

diferentes actores en un proceso de diálogo, en el que intereses y objetivos en conflicto se

evalúan y jerarquizan de acuerdo a un conjunto de criterios definidos públicamente y entre

actores pares.

Colocar a la sociedad como el eje de organización de la nación significa procurar el más

alto protagonismo de individuos y organizaciones sociales en las deliberaciones colectivas

que conducen a fijar los criterios que orientan la producción, la circulación y la distribución

de la riqueza social, y en aquellos procesos que remiten a la generación de las normas,

valores y principios que rigen la vida de la comunidad política.

La participación reflexiva permite generar conciencia, activar el interés, y movilizar dando

protagonismo a los sectores más desfavorecidos, lo que además, genera efectivas

consecuencias en una (re)distribución más justa de la riqueza social.

El despliegue del poder ciudadano requiere, entonces, de un rol afirmativo y proactivo del

Estado en lo que concierne a la distribución y (re)distribución igualitaria de la riqueza

social, la transformación de las bases institucionales y de los procedimientos de gestión en

cuanto a su influencia y control democrático por parte de la sociedad y; la promoción del

pliego de derechos de participación que garantiza la Constitución.


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3. Desigualdades en Ecuador y en el mundo

La intolerable desigualdad

La acumulación es un problema estructural del capitalismo y su reflejo es el producto de la

desigualdad, generada por relaciones de dominio y explotación heredadas. La pobreza es su

resultado; y para hablar de pobreza, se necesita hablar de desigualdad y de violencia, que

son el producto de estructuras y relaciones socioeconómicas injustas que legitiman la

explotación. A lo largo de la historia, la acumulación originaria de la riqueza se ha dado a

través de prácticas de segregación, de subordinación, de dominación y de explotación. El

ejemplo más radical, que señala la organización no gubernamental Oxfam Intermón, es que

en pleno siglo XXI, el 1% más rico de la población mundial posee el 48% de la riqueza

global, mientras que el 99% restante debe repartirse el 52%. El 20% más rico posee el

94,5% de la riqueza mundial. Desde la crisis económica mundial del año 2008 se ha más

que duplicado el número de mil millonarios en el mundo, pasando de 793 a 1.645. Durante

el último año, las 85 personas más ricas del mundo incrementaron su fortuna en 14%. En

conjunto lograron beneficios de 668 millones de dólares cada día o casi medio millón de

dólares por minuto.

La cruda realidad es que el estatus económico determina las oportunidades de

futuro: las personas pobres viven menos. Se trata de un problema que afecta a

países ricos y pobres. En el Reino Unido, por ejemplo, los hombres nacidos en las

zonas más ricas del país pueden disfrutar de una vida nueve años más larga que

los hombres nacidos en zonas más deprimidas. La brecha entre ricos y pobres,

que está aumentando rápidamente en la mayoría de los países, resulta

preocupante no sólo en sí misma, sino por la forma en que interactúa con otras

desigualdades y con la discriminación, excluyendo a unas personas en mayor

medida que a otras.

[…] Además de los efectos que el aumento de la desigualdad económica tiene

sobre la reducción de la pobreza y el crecimiento, cada vez resulta más evidente

que la creciente división entre ricos y pobres está desencadenando una serie de

consecuencias sociales negativas que nos afectan a todos.

Sería difícil encontrar a alguien que no esté de acuerdo con la idea de que todo el

mundo debería contar con las mismas oportunidades de tener éxito en la vida, y

de que un niño que nazca en la pobreza no tendría que enfrentarse al mismo

destino económico que sus padres. Debería existir una igualdad de oportunidades


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que permita ascender en la escala socioeconómica; dicho de otro modo, debería

existir la posibilidad de tener movilidad social.

Sin embargo, tanto en países ricos como pobres, la elevada desigualdad ha

reducido la movilidad social. En países con una desigualdad elevada, la mayoría

de los hijos de los ricos reemplazará a sus padres en la jerarquía económica, al

igual que los hijos de los pobres ocuparán el lugar de sus padres.

En países con mayores niveles de desigualdad, es más fácil que los hijos hereden

los privilegios de sus padres, privilegios que los padres con menos recursos no

pueden permitirse.220 El ejemplo más claro es el gasto en educación. Los padres

más ricos suelen pagar a sus hijos caras escuelas privadas que les facilitan el

acceso a universidades de élite, lo que a su vez les permite tener trabajos mejor

remunerados. Esto se ve reforzado por otras ventajas, como los recursos y las

redes sociales que los padres más ricos comparten con sus hijos, y que les

facilitan aún más las oportunidades educativas y laborales. Así, los más ricos se

apropian de oportunidades que se niegan a quienes no cuentan con recursos para

pagar (Oxfam, 2014).

La desigualdad nos perjudica a todos. Wilkinson y Pikett, en su libro “Desigualdad: un

análisis de la (in)felicidad colectiva” muestran que países con mayor desigualdad sufren de

mayores problemas sanitarios y sociales. La desigualdad se relaciona con vida más cortas,

menos sanas, y menos felices, así como a mayor inseguridad. La desigualdad genera

diferencias entre las personas, limitando la capacidad de reconocerse en el otro, provocando

ansiedad, desconfianza, segregación social y violencia.

UNICEF señala además, que la desigualdad limita el crecimiento económico, ya que

excluye a muchas personas de la actividad económica y limita su capacidad de innovación,

emprendimiento y consumo. Además, genera problemas sociales y de salud que terminan

afectando a toda la sociedad, a ricos, pobreza y “clase media”. La desigualdad provoca

inestabilidad política. Y finalmente, la desigualdad económica genera desigualdad en las

oportunidades de la infancia. El desarrollo de un/a niño/a y sus oportunidades futuras

lamentablemente está condicionado por la suerte (nacer “rico” o nacer “pobre”).

Es por lo señalado, que mayor equidad y justicia social beneficia a todas y todos. Tanto es

así que las voces mundiales no se han hecho esperar. Michael Sandel de la Universidad de

Harvard señala que “la desigualdad creciente es un problema para la democracia”; el Papa

Francisco ha hecho llamados por “una mejor distribución de la riqueza”; el FMI y la OCDE

han señalado que la desigualdad limita el crecimiento económico; e incluso “millonarios


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franceses y alemanes piden pagar más impuestos”. Esto último pasa porque saben que su

bienestar depende de cómo viva el resto de la población.

La desigualdad en América Latina

El Gini de América Latina es 17 puntos superior al de países de ingresos altos. Está por

encima de todas las otras regiones en el mundo. América Latina es la región con mayor

desigualdad. Es intolerable que en una región con tantos recursos coexistan la pobreza más

extrema y la opulencia.

La desigualdad viene acompañada de la violencia. Las tasas de homicidios son

casi cuatro veces más altas en aquellos países con una desigualdad económica

extrema que en las naciones más igualitarias. América Latina (la región más

desigual y peligrosa del mundo) es un duro ejemplo de esta tendencia. En ella se

encuentran 41 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo y allí se han

perpetrado un millón de asesinatos entre los años 2000 y 2010. Es peligroso vivir

en un país con una desigualdad elevada (Oxfam, 2014).

Desde la llegada de gobiernos progresistas a la región, la pobreza y la desigualdad se han

reducido.

En América Latina, una región donde históricamente la riqueza extrema convive

con la extrema pobreza, la desigualdad se agravó considerablemente en la década


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de 1980, cuando la condonación de la deuda fue supeditada a la adopción de un

amplio conjunto de programas de ajuste estructural, que recortaron el gasto

público hasta reducirlo a unos niveles que se convirtieron en los más bajos del

mundo, alrededor del 20% del PIB, además de recortar los derechos laborales, los

salarios reales y los servicios públicos. En el año 2000, la desigualdad había

alcanzado máximos históricos en América Latina, donde la mayoría de los países

registró un aumento de la desigualdad de ingresos respecto a las dos décadas

anteriores.

En todos los países de la zona, excepto Uruguay, la participación en los ingresos

del 10% más rico de la población se incrementó, mientras que la participación del

40% más pobre se mantuvo o se redujo, lo cual tuvo un importante impacto en el

nivel de vida e incrementó considerablemente el número de hombres y mujeres

en situación de pobreza. Se calcula que la mitad de este incremento de la pobreza

durante este período se debió a la redistribución de la riqueza en favor de los más

ricos.

Aunque América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo, en la

mayoría de los países la desigualdad empezó a reducirse en la última década. Esto

se debe a un cambio coordinado de las políticas gubernamentales, que se han

alejado de las políticas favorecidas por el modelo económico del ajuste

estructural (Oxfam, 2014).

En este contexto, Ecuador es uno de los países que más ha reducido la pobreza y la

desigualdad. Es así que Ecuador es uno de los países más equitativos, pero en la región más

inequitativa del planeta. A pesar de los esfuerzos, Ecuador ocupa el puesto 132 de 160 en

inequidad.


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La desigualdad en el Ecuador

De lo señalado se desprende que no hemos logrado aún superar estructuras heredadas desde

la colonia. La pobreza y la desigualdad no son naturales. Son fruto de estructuras de poder

y explotación. La riqueza y la pobreza se transmiten intergeneracionalmente. Siglos de

explotación no se superan en ocho años. La pobreza es causada también por el racismo, la

discriminación, y eso requiere no sólo políticas públicas sino además cambios sociales

fuertes. El reconocimiento de la igualdad en la diversidad, la solidaridad, son valores

indispensables para el bien común.

Entre 2006 y 2014 se ha reducido la relación entre el ingreso del 10% más rico y el 10%

más pobre de 37,4 a 22,3 veces. Sin embargo, a diciembre de 2014, el 90% de la población

ecuatoriana cuenta con un ingreso mensual per-cápita inferior a $ 429. Cifra que está por

debajo del producto interno bruto (PIB) per-cápita ($ 523, mensuales)1. Dentro del 10%

más rico existen diferencias de ingreso de más de 55 veces (entre $ 429 y $ 25.000), sin

1 $ 6.273 anuales.


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contar que las encuestas no llegan al 1% más rico. A aquellos que ganan más de $ 15

millones al año.

La desigualdad socio-económica se refleja también en otras condiciones materiales, que a

la larga reducen la igualdad de oportunidades. El 10% más pobre por ingresos tiene menos

activos que el 10% más rico, y cuenta con menos servicios. Estas condiciones

estructuralizan la pobreza y la desigualdad; y hacen que la sociedad sea injusta.

Pero no es sólo el ingreso, sino además el acceso a medios de producción. El crédito está

concentrado. De acuerdo a datos del Censo Económico (CENEC) del año 2010, el 55% de

las microempresas requieren crédito, pero sólo acceden a él 21% de ellas. De las grandes

empresas 1 de cada 4 requiere y cubre su necesidad de financiamiento.

7% 6%

58%53%

32%

11%

25%

83%75%

57%54%

66%

93% 92%86%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Tiene vehículo Tiene internet Tiene refrigeradora Cuenta con agua por red pública

Cuenta con acceso a alcantarillado

10% más pobre Decil 5 10% más rico


19

El consumo está concentrado. De acuerdo a datos de la Encuesta de Condiciones de Vida

(ECV) del año 2014, el decil 10 (10% más rico) concentra el 31,8 % del total del consumo

de la población ecuatoriana, mientras el decil 1 (10% más pobre) concentra apenas el 2,5%.

El decil 10 consume 12,6 veces más que el decil más pobre.

Las oportunidades no son iguales. De la misma fuente se obtiene que el 87,2% de las

personas en el decil 10 tiene un empleo adecuado, mientras que solo el 1,3% de la

población en el decil 1 tiene este tipo de empleo. En promedio el decil 10 tiene 8,7 años

adicionales de de escolaridad que el decil 1.

21%

28%33%

25%

55%

47%

40%

25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Micro Pequeña Mediana Grande

Acceso Requemiento


20

Anexo - Conceptos:

Equidad

El logro del Buen Vivir demanda alcanzar la justicia social, una sociedad más justa, con

oportunidades para todas y todos. La equidad adquiere un carácter político al tener como

objetivo redistributivo, subsanar las desigualdades. Exige la configuración de valores para

construir un proyecto común de convivencia y cohesión. La equidad, entonces, se enfoca en

la justicia social que es igualdad de oportunidades.

¿Si la riqueza la producimos todas y todos por qué somos pasivos ante la inequidad?

El problema no es solo crecer, el problema es crecer con justicia, con equidad, con

adecuada redistribución de (esa) riqueza. Equidad e igualdad son “conceptos

connotativamente distintos”. La equidad remite desde la igualdad a la diferencia, la

igualdad remite a la característica común compartida.

Igualdad

La igualdad es la utopía que nos moviliza. Si la igualdad es un objetivo común, podremos

replantear la forma de relacionarnos y por tanto nuestra manera de organizarnos.

Es necesario organizar a la sociedad desde la expresión de un ethos, principios y valores

éticos que se cristalicen en las instituciones públicas y sus políticas para la generación de

condiciones que aseguran la existencia de la sociedad.

Debemos hacernos responsables y capaces de construir un relato común que nos articule: la

igualdad.

Sin una base de igualdad no hay sociedad posible porque es la condición para el mutuo

reconocimiento de todas y todos.


21

Justicia social

La igualdad y el reconocimiento forjan las mínimas bases para la cohesión social, sin las

cuales no se puede hablar de justicia, de democracia, ni de sociedad.

En una sociedad justa, todas y cada una de las personas gozan del mismo acceso a los

medios materiales, sociales y culturales necesarios para llevar una vida digna. La salud, la

educación y el trabajo son las bases primordiales de la justicia social.

La consecución del Buen Vivir, demanda superar el modelo de exclusión, garantizar el

ejercicio de los derechos, y establecer vínculos coherentes e integrales entre la política

social y una política económica encaminada a fortalecer el pacto social.

Justicia económica

La economía nos remite a buscar mecanismos para cerrar brechas de desigualdad, que

viabilicen la construcción efectiva de una sociedad que reconoce su unidad en la diversidad

y promueve la cohesión social como pauta de convivencia.

Erradicar la pobreza en Ecuador supone plantearse una propuesta de política pública

innovadora, capaz de re-evolucionar la dimensión social, más allá del proteccionismo y del

bienestarismo con pretensiones de universalidad, que fortalezca el ejercicio de los derechos

no sólo desde las obligaciones del Estado, sus órganos y funcionarios, sino desde la acción

propositiva de la ciudadanía.

Democracia

De acuerdo al artículo 1 de la Constitución, “el Ecuador es un Estado constitucional de

derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural,


22

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera

descentralizada”.

Una democracia sana, sólida, éticamente aceptable, exige que su pueblo viva con decencia

porque está para garantizar las identidades colectivas y para disminuir las desigualdades.

Por tanto, la democracia implica equidad, justicia, redistribución de la riqueza, del capital,

de los recursos.

Corresponsabilidad

Resta el desafío de establecer una cultura de solidaridad y cuidado social, de

corresponsabilidad donde sea posible acompañar, solidarizarnos, conversar, aprender de

todas y todos, comprometernos con y junto a los demás, comunicarnos e intercambiar

experiencias gratificantes. El sentido de responsabilidad y la calidad de la participación

ciudadana es reconocer que lo público no es únicamente el Estado, sino más sociedad.

Lo público está más allá del Estado, lo público es la sociedad. Construir un Ecuador con

equidad y justicia social requiere de un Estado que garantice de derechos, y de una sociedad

solidaria, cohesionada, activa, que priorice el bien común por encima del individual.

Solidaridad

La solidaridad se expresa al compartir beneficios a favor de quienes se encuentran en

condiciones de marginalidad o exclusión. Desde el ámbito de lo público, la solidaridad

adquiere un sentido especial dado que una de las finalidades del Estado es garantizar el

bienestar colectivo.

La economía solidaria, de productores y propietarios asegura que las injusticias, las

inequidades no se impongan y beneficien a pocos. Una base donde la economía no utilice

como recurso al ser humano sino que esté al servicio de éste; y, la producción como el

consumo nos permita no solo crecer, sino desarrollarnos con solidaridad.


23

(Re)distribución

El principal efecto de la política redistributiva es la reducción sostenida de la pobreza en

función de una tasa adecuada de crecimiento económico y de una distribución equitativa de

los ingresos. La redistribución tiene un impacto más rápido en la reducción de la pobreza

que el crecimiento, pero el crecimiento económico es necesario para sostener el proceso a

lo largo del tiempo2.

El Estado por un lado, regula la distribución primaria del ingreso: el equilibrio entre el

trabajo y el capital; y por otro, desmercantiliza bienes y servicios vinculados al ejercicio de

derechos.

No basta reducir la pobreza sino redistribuir la riqueza social. La riqueza por definición es

social.

La redistribución es un objetivo legítimo de las políticas públicas para equilibrar la

tendencia del mercado a concentrar recursos.

Es necesario redistribuir, democratizar el acceso a medios de producción y a la riqueza

socialmente producida; garantizar el acceso a bienes superiores de calidad, aquellos

vinculados al ejercicio de derechos (salud, educación, agua potable, servicios de

eliminación de desechos, vivienda, etc). Pero además es necesario distribuir, mejorar la

participación de la remuneración de los y las trabajadores en comparación con el capital.

2(Ortiz, 2007, pág. 10)

1. Equidad y Justicia Social

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