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UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDADRector

Ronald Blanco La Cruz

Vicerrectora de Desarrollo AcadémicoDaisy Rodríguez

Vicerrectora de Creación Intelectualy Vinculación Social

Nancy García

SecretarioJosé García

Consejo EditorialRonald Blanco La Cruz, Daisy Rodríguez,

Nancy García, José García, Martha Gutiérrezy Gleinnys Herrera

Coordinación editorial / Equipo Técnico EditorialDouglas Torres, Ana Castellanos, Gillian Mendoza.

Impresión / DiseñoImprenta Unes / Michel Granado

Corrección ortotipográfica y de estiloLisbeth Cabezas

Impresión y DiseñoImprenta Unes / Michel Granado

MINISTERIO DEL PODER POPULARPARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA CIENCIA Y TECNOLOGÍAHugbel Rafael Roa Carucí

MINISTERIO DEL PODER POPULARPARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZNéstor Reverol

REVISTA CIENCIA Y ARTE POLICIAL Febrero, 2017.Depósito legal “En espera de emisión”ISSN en espera de emisión de los códigos destinados al país.

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UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD (UNES)Dirección: Calle La Línea, zona industrial L, Catia. Apartado postal: Caracas 1030 – Venezuela | Caracas, Enero, 2017

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CONTENIDOFUNCIÓN, FORMACIÓN Y TRANSFORMACIÓN POLICIALpág.8 - La Homologación Policial y su incidencia en el comportamiento de los funcionarios policiales.Autores: María Marrugo, Edgar Reyes, Gustavo Ariza y Adonay Ocando.

pág.29 - Epistemología, Formación y Seguridad CiudadanaAutores: Ángel Walter Prado Díaz.

POLICÍA Y COMUNIDADpág.41 - Desempeño de la Policía Nacional Bolivariana: Una visión cualitativa desde la percepción construida por las comunidades de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante.Autores: María Elvira Marrugo, Ramón Medina Ruza, Freddy Jiménez y Wilmer Valbuena.

ENTREVISTApág.59 - Entrevista al Director de la Academia de Policía Nacional Bolivariana, Comisario Jefe Eduardo Contreras Bernal.Autores: Revista Ciencia y Arte policial

FUNCIÓN, FORMACIÓN Y TRANSFORMACIÓN POLICIAL


La Homologación policial y su incidencia en el comportamiento de los funcionarios policiales

Autor: María Marrugo, Edgar Reyes, Gustavo Ariza y Adonay Ocando.

El presente artículo hace referencia a los resultados de un proceso investigativo, llevado a cabo en el Centro de Coordinación Policial del Cuerpo Policial Bolivariano del estado Zulia (CPBEZ) N° 7, COL-NORTE. El abordaje se realizó a partir de la metodología cuantitativa de tipo transversal descriptivo, que permitió conocer la incidencia del proceso de homologación en el comportamiento de los funcionarios adscritos a este centro de coordinación. El estudio concluyó que la homologación afectó el comportamiento de los funcionarios adscritos a esta organización policial, la cual sufrió un cambio estructural en relación a la transformación de las jerarquías, promoviendo la falta de cohesión del grupo existente, lo que aunado a la falta de aceptación de la nueva estructura jerárquica, evidenció un clima conflictivo sin posibilidades de comunicación asertiva que permitiesen mejorar las condiciones de todos los involucrados dentro de la coordinación.

Palabras Claves: Homologación policial, comportamiento, jerarquía, funcionario policial.

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Como parte del Proyecto de Investigación titulado “Clima organizacional de las instituciones policiales”, adscrito a la Unidad de Creación Intelectual del Centro de Formación UNES Zulia (CCIVS-UCI-2015), y en correspondencia con la tesis presentada por los funcionarios que fungieron como investigadores

para la obtención de la Licenciatura en Servicio Policial, presentamos los resultados de una investigación cuantitativa desarrollada en el Centro de Coordinación Policial Nro. 7 COL-Norte a fin de establecer la incidencia del proceso de homologación policial en el comportamiento de los funcionarios adscritos a esta instancia. Robbins (2004), Andrew Dubrin (2004) y Chiavenato Idalberto (2009), asumen la importancia de estudiar el comportamiento humano en las organizaciones, por cuanto se visualiza la actitud del actor social involucrado, así como el desempeño organizacional de la institución, que tiene un ciclo propio en el cual inciden elementos como la motivación, la satisfacción de necesidades, la cultura y el propio clima organizacional, incluso la personalidad de los que integran el contexto. A partir de esta premisa, se estructura el presente artículo en cuatro aspectos vinculados entre sí. El primero, plantea la situación que permitió el desarrollo de la investigación. El segundo, muestra la fundamentación teórica y legal. En el tercero, aparece el recorrido metodológico para cumplir con los objetivos pautados, y por último, muestra los resultados que surgieron a partir del análisis de los datos estudiados.

Introducción

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Homologación policial: Un proceso necesarioVenezuela, al igual que otros países latinoamericanos como Chile, Brasil, el Salvador y Colombia, inició un proceso de reforma policial en pro de solventar la situación que en materia de inseguridad se gestaba en el territorio nacional y dado que los medios de comunicación creaban alarma al promocionar indicadores (objetivos y subjetivos) de delitos y crímenes que impactaban a la ciudadanía y en donde frecuentemente los funcionarios policiales se encontraban involucrados, lo que generó profunda desconfianza hacia los órganos de seguridad.

En este sentido, un estudio realizado por Latinobarómetro desde 1996 expresaba que “entre un 61 y 71% de la población latinoamericana, señaló tener poca o ninguna confianza en los cuerpos policiales y Venezuela se encontraba entre los países con peores cifras de credibilidad policial, seguidos por Bolivia, Guatemala, México y Paraguay” (Arias, Rosada y Saín, 2012, p. 13).

Dentro de este marco, se hizo necesario en Venezuela promover un estudio de los cuerpos policiales a fin de intervenir la realidad compleja en materia de seguridad ciudadana y promover políticas públicas efectivas que satisficieran la demanda de los venezolanos, quienes comenzaban a manifestar su desconfianza hacia los cuerpos policiales debido a las altas tasas de criminalidad, además de procesos de corrupción y hechos delictivos que denotaban una continua violación de derechos humanos con la participación de funcionarios.

Con esta finalidad, en abril del 2006 se creó la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol), y ella promovió la realización de una gran consulta popular (sin precedentes), como parte del primer diagnóstico nacional sobre los cuerpos policiales venezolanos, para fortalecer la reforma policial se pretendía consolidarse dentro del territorio nacional. Luego de nueve arduos meses de

investigación, la Conarepol presentó las conclusiones de su trabajo, así como los lineamientos generales que buscaban definir un nuevo modelo policial para el país. Uno de los resultados que llamó la atención fue la multiplicidad de órganos de seguridad ciudadana: 123 policías uniformadas estadales y municipales y 05 policías nacionales: Guardia Nacional (adscrita a las Fuerzas Armadas Nacionales), la Dirección de Servicios de Investigación y Prevención (DISIP) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (adscritos al Ministerio de Interior y Justicia), Cuerpo Técnico de Vigilantes de Tránsito Terrestre (adscrito al antiguo Ministerio de Infraestructura). (Arias, Rosada y Saín, 2012).

Esta diversidad promovió una caracterización de normativas, criterios y procedimientos dispares y heterogéneos, provocando la falta de uniformidad en las características y estándares de actuación entre los diferentes cuerpos, lo cual demostró la dispersión y desarticulación de las políticas públicas de seguridad en el país, en particular de las jerarquías policiales, patente en la desproporción entre la categoría de oficiales respecto al mundo de funcionarios policiales. Se evidenciaron casos de cuerpos de policía con sólo dos (2) rangos policiales y otros hasta con catorce (14), en la mayoría de los casos emulando la organización militar. (Conarepol, 2006).

Por otro lado, la adscripción y dependencia funcional de los cuerpos policiales a las gobernaciones y alcaldías comprometió el desempeño de la función policial, ya que dependían completamente de la autoridad política (gobernador/alcalde) y por ende, las políticas de control, administración logística, entre otras, provenían de este ente. De allí que, factores organizacionales como la ausencia de lineamientos formales y estandarizados o la no aplicación de estos, permitieron amplios márgenes de discrecionalidad, incluso en los procesos de ascensos de los

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funcionarios (Méndez y Silva, 2006). A tal efecto, Conarepol recomendó la creación de un Sistema Integrado de Policía, en aras de la articulación de las distintas organizaciones y autoridades policiales por medio del desarrollo de lineamientos comunes y de una estructura que asegure la gestión y eficiencia de todos los organismos de seguridad ciudadana. Dentro de este sistema, se estableció un reglamento de ascenso, como base para la asignación de cargos, ascensos y transferencias de los funcionarios a partir de un proceso de calificación que evaluara las condiciones éticas, profesionales, técnicas, físicas y psicológicas de los funcionarios policiales.

La situación descrita promovió en el mes de agosto de 2010 un proceso necesario de Homologación y Reclasificación de Rangos Policiales en el territorio venezolano, que buscaba suprimir la disparidad y diversidad de grados y jerarquías existentes para la fecha y así unificar las políticas, normas y criterios de selección, ingreso, formación y ascenso de todos los órganos de seguridad, según lo pautado en la Ley del Estatuto de la Función Policial. En consecuencia, cada organización debía prepararse para asumir las reestructuraciones internas que resultarían del proceso de evaluación en los cuales serían participes, en pro de la transformación policial que se venía gestando dentro del territorio nacional.

A este respecto, desde el 2011 hasta el año 2013 se realizó un proceso de evaluación donde todos los funcionarios policiales con más de quince (15) años de servicio debían presentar una prueba de conocimientos generales de experiencia policial adecuados al Nuevo Modelo Humanista de Policía que se requería. Los resultados de dicho proceso fueron publicados a través de listados dirigidos a los distintos organismos policiales, donde se anunció el nuevo nivel jerárquico de cada funcionario.

Esto produjo un impacto dentro de los órganos policiales, ya que se promovió una transformación radical de su estructura y procesos gerenciales, lo cual ha generado según la opinión de Guerra y Reverol (2013), un

comportamiento desobediente en el ámbito laboral, insubordinación e indisciplina, producto de los cambios suscitados que generaron los nuevos rangos policiales, por cuanto oficiales con poco tiempo de antigüedad, pero con preparación académica dentro del organismo policial, quedaron en una jerarquía igual o superior a la de aquellos que tenían una antigüedad de veinte años o más, pero sin preparación académica.

Estos cambios se visualizaron no solo en el ámbito organizativo del cuerpo policial, que contaba con nuevos y nuevas oficiales que gerenciarían no solo las estrategias y toma de decisiones, sino también en el comportamiento de los funcionarios que habían demostrado una actitud positiva o negativa para con el proceso, el cual afectaba de forma directa su posición dentro de la coordinación que representan.

De allí que se estime, que el proceso de homologación policial ha incidido en el comportamiento laboral de los funcionarios adscritos al Centro de Coordinación Policial COL-NORTE, y por ello se han manifestado conductas que evidencian insubordinación e indisciplina de parte de aquellos oficiales que fueron degradados de su rango inicial. En este sentido, se hace necesario estudiar el proceso de Homologación Policial, como un fenómeno de trascendencia para los funcionarios policiales, por cuanto no sólo efectuó cambios dentro de la organización policial, sino que además influyó en el comportamiento laboral de los mismos.

De esta manera, se considera pertinente analizar la situación planteada a fin de conocer: ¿cuál es el grado de conocimiento que poseen los oficiales con respecto al proceso de homologación policial? y ¿cuál es la incidencia e impacto del proceso de homologación en el comportamiento laboral de los funcionarios? a fin de evidenciar la incidencia del cambio organizacional producto de la homologación policial en el comportamiento suscitado por los funcionarios que se vieron afectados positiva o negativamente durante este proceso.

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Fundamentoteórico y legal

La homologación es definida como “la certificación realizada por la administración que constituye una aprobación oficial del cumplimiento de una norma” (Subirachs, 1995, p. 10). En este sentido, un proceso de homologación ante determinadas realidades se hace necesario e ineludible para la administración pública, ya que permite valorar la realidad y ajustarla en pro de la garantía de los derechos de los usuarios. Asimismo, el decreto presidencial Nº 169 de fecha veinticinco de junio de 2010 en su artículo tres, definió la homologación como el proceso mediante el cual se comparan detalladamente las funciones, competencias y requisitos correspondientes a cada grado y garantía existentes en cada cuerpo de policía” (p. 08).

En este sentido, la homologación policial constituyó un referente que buscó realizar los ajustes establecidos en la Ley del Estatuto de la Función Policial (LEFP). De allí que es reconocido como uno de los más importantes procesos en la transformación de los organismos de seguridad venezolanos. Para ello, se ejecutó un protocolo por fases (según lo pautado por el decreto 169) en donde los funcionarios que cumplían con el perfil establecido asumieron de la misma forma una regularización de sus condiciones laborales, basados en lo establecido en el ordenamiento jurídico.

La primera fase fue la de INICIO, regulada en el artículo 16 de la resolución antes identificada, donde se estableció que el director del cuerpo policial debía dictar el acto contentivo de la designación de las personas que integrarían el equipo técnico transitorio. En este sentido Gabaldón (2009) hizo referencia a que este equipo técnico tenía que conformarse tomando en cuenta el tamaño del cuerpo intervenido. De esta manera, al tratarse de organizaciones con más de 50 funcionarios, el mismo debía integrarse por directores de recursos humanos, planificación y presupuesto, consultoría

jurídica, operaciones y la oficina de control de la actuación policial. Mientras que en aquellos cuerpos policiales con menos de 50 funcionarios, el equipo sólo estaría integrado por los directores de operaciones, recursos humanos y consultoría jurídica.

La segunda fase, establecida en el artículo 18, llamada PREPARATORIA, promovió la creación de las condiciones necesarias para proceder a homologar y reclasificar a los funcionarios policiales en la nueva estructura jerárquica única de la carrera policial. En opinión de Méndez y Silva (2008), esta fase se inició inmediatamente después de la notificación realizada ante el órgano rector, la cual tuvo una duración máxima de tres meses, prorrogables por un mes más a solicitud del director del órgano policial. Para ello, el equipo técnico aprobó un curso de formación sobre la normativa y metodología del proceso de homologación, el cual fue impartido por el órgano rector a quienes se les entregó el instrumento utilizado para la revisión de los historiales policiales, donde fueron actualizados los expedientes de cada funcionario, notificando al MPPRIJP a fin de certificar y elaborar el auto cierre del proceso.

La tercera fase, denominada de EVALUACION artículo 21, tuvo como objetivo aplicar la metodología para la homologación y reclasificación de los funcionarios en la nueva estructura jerárquica. Esta fase inició inmediatamente después de culminada la fase preparatoria, teniendo una duración máxima de tres meses, y en algunos casos se estableció un mes de prórroga a petición del director del cuerpo policial. El equipo transitorio realizó una evaluación individual a cada funcionario del cuerpo policial, para lo cual se tomó en cuenta el nivel de educación formal, los años de servicio en la carrera policial, tiempo y tipo de formación policial y sus competencias, de acuerdo a los lineamientos emanados por el órgano rector. (El Achkar y Riveros, 2007). Por último, se presentó la fase de DECISIÓN Y ASIGNACIÓN DE RANGOS artículo 26, que constituyó la fase final del proceso de homologación ya que correspondió a la toma de decisiones y la reclasificación jerárquica, definida como el procedimiento mediante el

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cual se reubicó a los funcionarios y funcionarias policiales en los nuevos niveles jerárquicos y rangos policiales, de acuerdo a las competencias y requisitos exigidos para el grado o jerarquía equivalente al que ejercían en la estructura anterior, pero en los casos donde no cumplían con este requisito fueron reubicados en un rango menor.

Cambios en la jerarquía policial

suscitados a partir del nuevo ordenamiento

jurídicoEl Consejo Nacional de Policía aprobó en el 2010, la resolución que establecía la homologación en los escalafones jerárquicos de los funcionarios policiales de todos los cuerpos de seguridad del Estado en todo el territorio nacional; esta resolución constituyó el elemento fundamental de todo el proceso, ya que constituyó la normativa sobre la homologación y reclasificación de grados y jerarquías de los funcionarios y funcionarias policiales, con fundamento en la Ley del Estatuto de la Función Policial (2009).

La nueva ley, asumió una nueva estructura jerárquica y común para todos los cuerpos policiales, a diferencia del modelo anterior, cuyo proceso jerárquico se dejaba llevar por la clasificación que asumía la Policía Metropolitana, ya que esta era el referente para la organización de la estructura jerárquica de los cuerpos policiales a nivel nacional. De esta manera, los ascensos eran realizados cada cuatro años, que provenían a partir de la postulación realizada por el jefe inmediato, y los mismos quedaban avalados mediante resolución por la gobernación o alcaldía respectiva, a partir del

estudio de criterios tales como antigüedad y méritos. La clasificación que existía en el Cuerpo Bolivariano Policial del estado Zulia (CBPEZ), antes del proceso de homologación era la siguiente:

Tabla Nº1: Clasificación anterior de jerarquías en el CPBEZ

Clasificación Tropa Clasificación Oficiales

1.Oficial

2.Oficial segundo

3.Oficial primero

4.Oficial mayor

5.Oficial técnico segundo

6.Oficial técnico primero

7.Oficial técnico mayor

1.Sub-inspector

2.Inspector

3.Inspector jefe

4.Sub- comisario

5.Comisario

6.Comisario jefe

7.Comisario general

Fuente: Reyes, Ariza y Ocando.

Según el artículo 22 del decreto 169 de fecha 25 de junio del 2010, las directrices generales para evaluar los requisitos estipulados en el proceso de homologación y reclasificación de los funcionarios policiales, eran las siguientes:

• Años de servicio en la carrera policial: Implicaba la contabilidad del tiempo de prestación del servicio en cualquier órgano policial con funciones inherentes a la seguridad ciudadana que no estuviesen relacionadas con la administración pública.

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• Nivel de educación formal: Expresaba los estudios conducentes a título universitario, obtenidos hasta la fecha por el funcionario, indistintamente de una institución académica o de seguridad.

• Tiempo y tipo de formación: Hacía referencia a los estudios relacionados con programas y planes de estudio en el área de seguridad ciudadana, sean estos cursados en instituciones enmarcadas en el área de la seguridad o en contextos universitarios.

• Evaluación de competencias: Indicaba la evaluación en la cual se midieron las capacidades individuales, tales como iniciativa propia, capacidad de supervisión, orientación y asesoría, así como funciones específicas inherentes al cargo que poseía y al que aspiraba el funcionario, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 36 de la ley del estatuto de la función policial.

La sumatoria de los aspectos probados por cada uno de los participantes definía una valoración porcentual que indicaba el nivel en el cual debía ser evaluado a fin de ser homologado en la jerarquía correspondiente, los cuales serían aplicables a todos los cuerpos policiales en el territorio nacional y que se muestran a continuación:a partir de la postulación realizada por el jefe inmediato, y los mismos quedaban avalados mediante resolución por la gobernación o alcaldía respectiva, a partir del estudio de criterios tales como antigüedad y méritos. La clasificación que existía en el Cuerpo Bolivariano.

Nivel operativo Nivel táctico Nivel estratégico

Oficial

Oficial agregado

Oficial jefe

Supervisor

Supervisor agregado

Supervisor jefe

Comisionado

Comisionado agregado

Comisionado jefe.

Tabla Nº2: Clasificación de jerarquías a partir de la homologación

Fuente: Elaboración propia.

La presente investigación es de tipo transversal descriptivo, por cuanto se buscó medir la prevalencia de una realidad en una población específica, presentando los resultados tal cual son visualizados en el contexto sin la menor alteración o manipulación de las variables estudiadas. De acuerdo a esto, se describe cómo el proceso de homologación policial incidió en el comportamiento de los funcionarios en un espacio de tiempo determinado.

En este sentido, la población objeto de estudio estuvo constituida por los funcionarios adscritos al Centro de Coordinación Policial N° 7, COL – Norte del CPBEZ, con sede en la parroquia Ambrosio del municipio Cabimas del estado Zulia, un total de 150 funcionarios policiales. Para determinar el número de funcionarios policiales a ser considerados en la muestra se utilizó la fórmula de Sierra (2003), aplicable para el caso de poblaciones finitas menores de 100.000, representada por la siguiente fórmula estadística:

Marco metodológico

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Donde el significado de cada una de las expresiones, son las siguientes:

n= tamaño de la muestra

E²= error seleccionado por el investigador

4= constante p= probabilidad de éxito representado por el 50% = 0,50

q = probabilidad de fracaso con un valor de 50% = 0,50

N= tamaño de la población Simplificando:

4 x 150 x 50 x 50n = -------------------------------10^2 (150-1) + 4 x 50 x 50

1.500.000n = -----------------------

100 (149) + 10.000

1.500.000n = ----------------n= 60

24.900 n= 60

Esto significa que la muestra total fue de 60 funcionarios policiales, para lo cual se utilizó la técnica de muestreo probabilístico, según la cual todas las unidades de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas.

La recolección de información se realizó a partir un cuestionario tipo encuesta, estructurado en cuatro partes, cada una con especificaciones dirigidas a la búsqueda de información que permitió el cumplimiento de los objetivos propuestos. La mayoría de las preguntas son de opción

múltiple cerradas, dejando alguna de ellas abiertas, para dar lugar a que los funcionarios puedan tener un espacio de opinión y sugerencias.

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Discusión y resultadosLos objetivos planteados estaban dirigidos a caracterizar la incidencia del proceso de homologación en el comportamiento de los funcionarios del Centro de Coordinación Policial COL-NORTE-7 de la parroquia Ambrosio del municipio Cabimas del estado Zulia. Para ello se procedió a la revisión, transcripción e interpretación de los instrumentos aplicados, con la ayuda del programa SPSS V-20 para Windows XP y se complementaron con gráficos del programa Excel, obteniendo los resultados que se presentan a continuación:

Rango Valor Absoluto Valor Porcentual

29 – 40 años 25 42 %

Oficial

Oficial agregado

Oficial jefe

Supervisor

Supervisor agregado

Supervisor jefe

Comisionado


Comisionado jefe.

En la tabla nº 3, se observa que el 42% de los encuestados tiene una edad que oscila entre los 29 y 40 años, versus un 58 % cuya edad es superior a los 40, hasta los 54 años respectivamente. Lo anterior indica que, en la coordinación la población es adulta, denotando que son personas que conocen y tienen claras sus responsabilidades ya que se encuentran en un renglón de edades que caracteriza a personas claras, concisas y eficientes a la hora de realizar sus labores, aunque esto no significa que esta sea la realidad en la cual se circunscribe la coordinación.

Tabla N° 3:Distribución porcentual de la edad de los encues-

tados

Fuente: Elaboración propia – Aplicación de instrumento.

Rango Valor Absoluto Valor Porcentual

6 – 21 años 35 58 %

Oficial

Oficial agregado

Oficial jefe

Supervisor

Supervisor agregado

Supervisor jefe

Comisionado


Comisionado jefe.

Tabla N° 4:Distribución porcentual del tiempo de servicio de los encuestados


En la tabla nº 4 se denota que el 58% de los funcionarios encuestados tiene laborando entre seis y 21 años en la coordinación, un 33% tiene entre 22 y 24 años, mientras que el 9% tiene entre 25 y 27 años laborando en la institución. Estos datos nos muestran que la capacidad operativa de la coordinación tiene un personal activo, no obstante, se debe tomar en cuenta el alto índice que está próximo a la jubilación, lo cual corresponde a un 42% de todo el personal (casi la mitad del personal, contabilizando a partir de los 22 años de servicio), dándonos como pronóstico que dentro de 5 a 10 años aproximadamente el personal se verá disminuido en relación a todo el equipo que labora en este espacio.

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UNIVERSITARIO14%

SECUNDARIA13%

BACHILLER73%

Gráfico N° 1Distribución porcentual del nivel educativo de los encuestados durante el proceso de homologación y reclasificación policial


Los datos presentados en el gráfico anterior, indican que el 73.3% de los funcionarios eran bachilleres para el momento en el cual se realizó el proceso de homologación policial, mientras 13% no habían culminado la secundaria y otro 13.7% ya habían culminado la universidad. Esto nos refleja un personal poco preparado, capacitado sólo para seguir instrucciones y no para reflexionar procesos. Esto podría deberse a la concepción que se tenía anteriormente, en donde muy pocos eran los requisitos en materia educativa para el ingreso de personal al cuerpo policial. Asimismo, según lo planteado por los funcionarios muy pocos pudieron estudiar y lo hacían a escondidas de los jefes ya que no estaba permitido, al menos de manera formal: “…cuando pedíamos permiso para estudiar, nos decían: o eres estudiante o policía…, nos ponían guardias o nos daban alguna orden que cubría nuestro horario.”

(Encuesta Nº 6 y 19). Asimismo, se visualiza la importancia del esfuerzo físico sobre el mental, considerando así a la profesión policial como la opción de aquel que no pudo estudiar en su momento o que los estudios pasaron a un segundo plano, bien sea por la situación del país en su momento o porque su condición social y familiar no lo permitía, lo cual aunado a una condición laboral inflexible en relación a los estudios, promovía un nivel educativo muy bajo y un personal adiestrado sólo para cumplir de forma mecánica la función policial. Esta situación perjudicó a la coordinación ya que no pudo consolidar un personal capacitado para la resolución de problemas complejos de seguridad ciudadana, el cual se limitaba a cumplir la función encomendada por los superiores. Asimismo, perjudicó al personal que no continúo su preparación y que se limitó a obtener insumos de la experiencia, lo cual es relevante pero limita la acción ante la realidad, ya que un funcionario que haya estudiado puede tener herramientas para abordar la sociedad de manera más efectiva que aquel que no lo haya hecho, aunque esto no es una limitante para el correcto ejercicio policial.

0 5 10 15 20 25

INSPECTOR

INSPECTOR JEFE

OFICIAL PRIMERO

OFICIAL

OFICIAL MAYOR

OFICIAL TÉCNICO MAYOR

Gráficos N° 2 y 3Distribución porcentual de los cambios obtenidos a partir de la

homologaciónJerarquía anterior


19

0 5 10 15 20 25 30 35 40

COMISIONADO

SUPERVISOR

SUPERVISOR

OFICIAL JEFE

OFICIAL MAYOR

OFICIAL

Jerarquía obtenida


Los gráficos nº 2 y 3, nos muestran una clara diferenciación de los cambios generados en la reclasificación de jerarquías, en donde hasta el nombre cambia. Así en un primer momento, (Gráfico nº 2), el personal el personal estratégico estaba constituido por un 8.6 % y el personal táctico en un 39 %, siendo estos quienes asumen la dirección del personal operativo que corresponde al 51.4% del personal de la coordinación.

La diferencia en el proceso de transformación se nota a simple vista, cuando en los gráficos observamos que la primera fila corresponde al rango de oficiales y en un primer momento, tenemos un 17.4% de oficiales rasos, mientras que, en el segundo gráfico, la cifra disminuye a menos de la mitad, para conformar un 8.7 % de oficiales que asumimos corresponde al grupo de oficiales cuyo nivel educativo era de secundaria. Ahora bien, en un principio el personal operativo estaba constituido por un 51,4% de la población de funcionarios, cifra rebasada con el proceso de homologación, por cuanto llegó a un 70% de la misma, disminuyéndose el nivel estratégico a un 4%, así como el nivel táctico que pasa de 39 a un 26% del total de personal adscrito a la coordinación.

Estas diferencias observadas en ambos gráficos nos muestran los cambios que impactaron a nivel de jerarquías en los funcionarios, ya que se reordenó la estructura policial. De esta manera, el 73.3% correspondiente al nivel educativo de bachillerato se corresponde con el 70% que constituye el nivel operativo, dando consistencia y legalidad al proceso de homologación en cuanto a la relación entre estudios cursados y rangos obtenidos.

La misma situación ocurre con el nivel estratégico, en donde el 8.6% existente para la época fue disminuido a un 4.3% (la mitad), lo cual evidencia el hecho de que en los cuerpos policiales no se tomaba en cuenta, en algunas ocasiones, los estudios realizados y los ascensos eran promocionados de forma política, ya que quedaban a discreción del mismo personal coordinador, siendo firmados por el alcalde. Al darse estos cambios, un alto porcentaje quedó por debajo de las jerarquías que ostentaban, entre ellos, el personal estratégico y táctico, cuyas cifras disminuyeron de forma considerable. De allí una primera reacción, en donde los funcionarios homologados por debajo de su anterior rango manifestaron su inconformidad para con el proceso, ya que según ellos se debió tomar en cuenta el tiempo de servicio y, por ende, la experiencia en las diferentes áreas.Sin embargo, el tiempo si fue tomado en cuenta para la valoración de los puntajes, solo que no tenían una puntuación relevante como la que era proporcionada por los estudios, que implican una preparación académica, formativa y de gerencia.

Con base en los planteamientos mencionados, se preguntó sobre el conocimiento que tenían los funcionarios participantes, el cual correspondía al 93% del personal adscrito en la coordinación policial, legitimando así la realización del proceso de homologación y reclasificación policial ya que esta era la única forma de participar en los ascensos del órgano policial al cual pertenecía, según lo que se muestra en los siguientes gráficos:

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NO

SI

Gráfico N° 4¿Conoce usted el procedimiento legal que se llevó a cabo durante el

proceso de homologación policial en el 2010?


Gráfico N° 5¿Estuvo de acuerdo con la realización del proceso de homologación

policial llevado a cabo por el gobierno nacional

NO

SI


El gráfico n° 5, nos presenta un dato muy interesante en relación al alto porcentaje que participó en este proceso. Un 73% de los encuestados manifestó no estar de acuerdo con la realización de la homologación policial, lo cual está relacionado con las molestias originadas a partir del descenso en las jerarquías, ya que el porcentaje que manifestó su aprobación era porque obtuvo la jerarquía que merecía, según su consideración.

De acuerdo con los encuestados, hubo parcialidad en algunos casos y no se tomó en cuenta la antigüedad para la evaluación, dando como resultado el desmejoramiento de las jerarquías y sueldos. Esta aseveración fue una de las observaciones más sonadas en el discurso de los funcionarios, especialmente porque consideran que

la coyuntura afectó el comportamiento de los mismos, especialmente de aquellos que fueron afectados de forma negativa en su jerarquía, lo cual representa más de la mitad del universo policial de la coordinación. De esta manera, un funcionario que ostentaba una jerarquía de inspector y con la homologación pasó a ser un oficial se vio impactado en las cuotas de poder que en un principio manejaba, lo cual generó una conducta de indisciplina y más si los que asumieron el liderazgo de la institución no tenían una jerarquía superior.

Por otro lado, los encuestados manifestaron que los resultados de las diferentes pruebas no fueron socializados con el personal, que merecía tener conocimientos de sus fallas por cuanto las pruebas en general fueron de

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NEGATIVO

POSITIVO

Grafico N° 6¿Qué impacto tuvieron los cambios producidos por la

homologación policial?


En cuanto a la percepción del impacto de los cambios producidos en la coordinación a partir de la instauración del proceso de homologación, un 87% de los funcionarios señaló que fue negativo dentro del organismo policial, mientras que el restante 13% manifestó que fue positivo. La razon de esta percepción fueron construidas a partir de la experiencia individual de cada funcionario, ya que los encuestados que manifestaron el impacto negativo plantearon que lejos de mejorar los procesos, los cambios desmejoraron las jerarquías y salarios de todo el personal, especialmente la de comisarios y jefes de servicio que quedaron por debajo de sus jerarquías, mientras que otros con un grado menor se convirtieron en jefes, estableciéndose así una nueva estructuración.

conocimientos. Esto no significa que no estuviesen de acuerdo con la aplicación de los diferentes instrumentos aplicados, sino que en aras de su mejoramiento profesional era necesario visualizar las deficiencias del personal. No obstante, en esta oportunidad lo que reinó fue la desinformación en cuanto al proceso.

Ahora bien, un 54% de los funcionarios manifestó desconocer el procedimiento legal de la homologación y reclasificación policial, mientras que un 46 %, declaró conocerlo o al menos tenía información al respecto. Llama la atención el hecho de que la prensa nacional manejó en reiteradas ocasiones, noticias en relación al tema, pero ninguno expresó haber conocido el tema a partir de esta vía. No obstante, los encuestados manifestaron que las practiguías e instrumentos que definían y aclaraban la información fueron entregadas mucho después de la reclasificación, siendo poca la información manejada sobre el tema y en su mayoría se obtenía conocimiento a partir de conversaciones con otros funcionarios.

Con estos resultados, se puede inferir que el personal no estaba motivado a obtener información en relación al tema de homologación policial, lo cual es alarmante, ya que solo asumieron los juicios de valor y subjetividades que representaban las conversaciones entre pares, con muy poca consulta de los instrumentos legales, especialmente de las resoluciones que indicaban el proceso.

Por otro lado, el personal estratégico tampoco fomentó la realización de mesas de trabajo y comprensión del tema, ya que según lo planteado por los encuestados, “simplemente no hubo información, planteándose como un proceso imprevisto dentro de la organización” lo cual conllevó a que el personal asumiera posturas personales que, más allá de aclarar el desenvolvimiento del proceso, produjeron insatisfacción, por no cumplir con los requisitos que se estaban solicitando sin la mera comprensión de la realidad circundante.

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Sin duda esta situación influyó en el comportamiento de los funcionarios, según lo planteado por ellos mismos, por cuanto los funcionarios que asumieron el liderazgo no tenían la suficiente experiencia, lo cual creó un clima

05 10 15 20

INDISCIPLINA

LEGITIMACION Y UNIFICACIÓN DE CRITERIOS PARA EL PROCESO DE ASECENSOS

DESMEJORAMIENTO LABORAL

MEJORAMIENTO LABORAL

DESMOTIVACION LABORAL

MOTIVACION LABORAL

Gráfico Nº 7Considera usted que el proceso de homologación policial sirvió para generar


El gráfico nº 7 nos muestra por un lado el clima de tensión que se concibió a partir de los cambios que resultaron de la homologación policial, en donde un 46% de los funcionarios encuestados manifestó que la homologación sirvió para generar indisciplina dentro de la coordinación policial, lo que también incide en el 26.7% que manifestaron desmotivación laboral y el 5% que además sintieron un desmejoramiento policial. Por otra parte, se observaron aspectos positivos tales como el mejoramiento laboral de un 2.3%, que asumimos corresponde a aquellos funcionarios que salieron evaluados de forma satisfactoria, estableciéndose una incidencia de 13.3% de motivación laboral. Asimismo, se generó la necesidad de cursar estudios, a efectos de poder asumir nuevos rangos, cuestión que anteriormente no se daba.

de desmotivación, apatía, descontento e indisciplina en el personal de la coordinación, tal y como se muestra en el siguiente gráfico:

Necesario para la mayoría de los funcionarios por ser una de las debilidades que tienen los cuerpos policiales, no porque el personal no desee prepararse, sino que las ocupaciones propias de la función policial no permitían que el funcionario asumiese una formación profesional y más cuando no contaba con el apoyo del nivel estratégico. Al darse estos cambios, es importante que el funcionario se profesionalice, pero también que el cuerpo policial otorgue los permisos correspondientes para que el mismo pueda ejercer sus procesos de formación. De esta manera, no se convierte en una necesidad la formación policial sino en un requisito para acceder a los concursos jerárquicos y de homologación policial.

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NO

SI

Gráfico Nº 8¿Considera usted que el proceso de homologación policial dio

respuesta a la unificación de criterios organizacionales que buscaba generarse a nivel nacional?


El gráfico nº 8 por su parte, nos muestra que el 57.1% de los encuestados coinciden en que este proceso de homologación policial no dio respuesta a la unificación de criterios organizacionales que buscaban generarse a nivel nacional, por cuanto se siguen manteniendo diferencias a nivel nacional en relación a códigos, tratos e incluso beneficios laborales. Según los encuestados, se observan procesos de desorganización en algunas directrices, incluso improvisación en las acciones gubernamentales, viendo la ley a conveniencia de cada órgano.

Ahora bien, se estableció la unificación de jerarquías y en algunos casos se reivindicaron a funcionarios que no habían sido ascendidos por posturas personales, así como también se promovió el cumplimiento del derecho a la educación y la profesionalización policial. Así lo manifestó

el 42.9% de la muestra, que considera que la homologación policial promovió efectivamente la unificación de criterios organizacionales de los cuerpos de seguridad a nivel nacional.

En este sentido, debemos insistir en que los cambios operados en el personal de la coordinación policial impactaron no solo en el comportamiento de los funcionarios, sino también en el clima organizacional de esta institución, por cuanto se evidenciaron acciones realizadas por estos actores sociales emanadas de las diferentes situaciones involucradas en el proceso de homologación policial.

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En relación a la incidencia del proceso de homologación y reclasificación de jerarquías policiales en el comportamiento laboral de los funcionarios policiales que se desempeñan en diferentes cargos en el Centro de Coordinación Policial Nº 7 COL Norte, se pueden observar las siguientes consideraciones:

• El personal que labora en esta institución posee una amplia trayectoria laboral que supera los 21 años de servicio, lo que nos permite pronosticar que en aproximadamente cinco o diez años, un alto porcentaje de esta institución estará en proceso de jubilación.

• Un alto porcentaje de funcionarios participó en el proceso de homologación policial, legitimando la acción clasificadora, sin embargo, aun cuando no todos estaban de acuerdo con la realización del proceso de homologación policial, ya sea por no tener información precisa o por no cumplir con los requerimientos, los mismos se vieron en la necesidad de participar en el proceso cuyos resultados más impactantes fueron de índole negativo por cuanto generaron un alto índice de indisciplina y desmotivación, debido a que fueron desmejorados en sus jerarquías y salarios, respectivamente, según lo manifestado por los mismos encuestados.

• La institución policial sufrió un cambio organizacional, reflejado en la transformación de las jerarquías, tales como nuevos jefes, nuevos estilos de poder y decisiones. En este sentido, se promovió la descohesión del equipo existente, lo cual, aunado a la no aceptación de la nueva estructura jerárquica, estimuló un clima conflictivo sin procesos de comunicación asertiva que permitiesen mejorar las condiciones de todos los involucrados dentro de la coordinación.

• Los cambios a nivel estratégico impactaron en la dinámica diaria de la organización, específicamente en las aptitudes del personal, ya que propició un clima de indisciplina, especialmente por parte de aquellos funcionarios que quedaron por debajo de sus jerarquías iniciales, quienes además manifiestan el hecho de que no se socializaron los resultados de las pruebas en pro del conocimiento de las debilidades y fallas suscitadas en la evaluación. A este respecto, las relaciones interpersonales sufrieron cambios, por cuanto los oficiales comenzaron a asumir conductas agresivas para con sus compañeros de trabajo y en algunos casos los nuevos jefes de la coordinación, en relación a otros compañeros que decidieron mantener un comportamiento aislado, pasivo frente a las decisiones de sus propios compañeros.

Conclusión

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La producción de conocimiento científico en el área de la Seguridad Ciudadana incide directamente en el diseño e implementación de las políticas públicas que en esta materia desarrolla el Estado venezolano y de ahí parten los planes ejecutados por las instituciones involucradas en este proceso. En consecuencia, partiendo de un estudio preliminar desarrollado con docentes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad del Centro de Formación del Distrito Capital, se presenta ese ensayo con el objeto de promover investigaciones tendientes a interpretar los procesos epistemológicos insertos en las prácticas educativas desarrolladas por esta Universidad con la finalidad de disminuir la brecha entre los procesos propios del pensamiento cuantitativo y aquellos propios del pensamiento cualitativo, lo que pasa por integrar la participación protagónica de la comunidad en la creación intelectual y a su vez la construcción de una Epistemología propia de la Seguridad Ciudadana, con miras al desarrollo de políticas gubernamentales socio-comunitarias. Se propone abordar esta tarea desde un enfoque epistemológico socio-critico, trabajando con grupos focales y técnicas de sistematización de experiencias para colectar y procesar la información.

Palabras Claves: Epistemología, Educación, Seguridad Ciudadana, Políticas Socio-Comunitarias

Epistemología, educación y seguridad ciudadanaAutor: Ángel Walter Prado Díaz.

Hablar de Seguridad Ciudadana hoy en día nos lleva a imaginarios que suponen un hecho más allá de lo policial donde constitucionalmente se involucra a los Bomberos y a la Defensa Civil, además de la policía ostensiva y la de investigación penal. Lo anterior debería suponer formas diferentes de producción de

conocimiento en comparación con el concepto de orden público, sin embargo, en el presente ensayo se pone de relieve una reflexión sobre esta temática y una propuesta para comprender este hecho. Así se presenta la necesidad de reflexión en torno al cambio de nombre de Orden Público a Seguridad Ciudadana, si este ha significado verdaderamente un viraje en la forma como se ha sistematizado y divulgado recientemente el conocimiento en esta área del saber humano (seguridad ciudadana), es decir, el abordaje epistemológico dado a esta temática en específico.

En consecuencia, se vincula el elemento epistemológico planteado anteriormente y el componente educativo desde la mirada de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, con énfasis en el segundo eje reflejado en la Misión Alma Mater (2009), expresado en la “Participación Protagónica de la Comunidad” en los procesos universitarios. Esta reflexión se aborda inicialmente desde un punto de vista teórico, partiendo de los postulados de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela y de otras investigaciones caracterizadas por un marcaje empírico-positivista que resaltan la necesidad de otros abordajes epistemológicos, para seguidamente contrastar estos planteamientos con los resultados de la sistematización de experiencias de un grupo focal dentro del Diplomado en Docencia en Seguridad Ciudadana y Servicio Penitenciario del Centro de Formación del Distrito Capital, donde estos actores coinciden en la emergencia de reflexionar los procesos educativos de la Universidad Experimental de la Seguridad para transcender e incidir en la realidad social pasando de un pensamiento cuantitativo a un pensamiento cualitativo. En este orden de ideas se plantean unas reflexiones finales con el fin de proponer un direccionamiento para el desarrollo de una investigación, resaltando seguidamente los resultados esperados después de implementada la misma y quienes se beneficiarían de las derivaciones de ésta.

Introducción

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Del orden público a la seguridad ciudadanaHoy en día es normal el empleo del término Seguridad Ciudadana y el mismo es dejado a la margen del estudio de esta temática. ¿En qué momento los venezolanos comenzamos hablar de seguridad ciudadana y dejamos atrás el concepto de orden público imperante hasta finales del siglo XX? Es oportuno el abordaje de esta cuestión dadas las implicaciones político-sociales y la afectación implícita en la producción de conocimiento que debería suponer este cambio.

En tal sentido, el concepto de orden público propio de los Estados formados en torno a la modernidad (Sabine, 1998; Mires, 1998; Lyotard, 1994) plantea en primer orden una función estatal que radica en el mantenimiento del normal desenvolvimiento de una sociedad, en este sentido, este concepto resalta la función controladora del Estado y de intervención sólo ante la amenaza o perturbación de éste orden público, lo cual resalta la función policial de corte represivo e intervencionista. Por el contrario, la concepción de la seguridad ciudadana acuñada a comienzos de este siglo sobrepasa este concepto y está relacionada con la formulación de políticas de seguridad con la participación comunitaria que respondan a las características propias de la problemática en el país, abocándose al análisis profundo de los esquemas de organización de los diversos órganos de seguridad ciudadana para su mejoramiento en términos de efectividad y eficiencia pública, esperando contribuir al diseño de planes, programas y actividades dirigidas a prevenir la violencia y disminuir sus efectos en poblaciones de riesgo (MPPIJ: 2012).

Igualmente, el marco jurídico guarda congruencia con lo anteriormente expuesto, según lo expresado en los Artículos 55 y 332 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referidos a la responsabilidad del Estado para garantizar la paz y la convivencia social, aunque en su redacción mantiene aún el concepto de orden público. Además, desde la perspectiva internacional

este concepto ha sido expresado de diversas formas. En ese sentido, el presidente del Banco Mundial James D. Wolfensohn (2005) planteaba:

“Bien, pienso que la seguridad global ha costado mucho dinero, porque el mundo está gastando miles de miles de millones de dólares por año en defensa y seguridad. Desafortunadamente, más de $200 mil millones de ése gasto es por parte de los países en vías de desarrollo, pero cerca de 750 mil millones es ciertamente por los países donatarios, por los países ricos. Y en ese sentido se ha gastado mucho dinero. Pero pienso que hay un crecimiento de una conciencia que usted no puede tener paz en función del dinero gastado en defensa y seguridad, la mejor manera por la que usted da seguridad y paz es dándole esperanza a la gente dándoles oportunidad, dándoles algo, dándole futuro, y de esa manera viene el desarrollo interno. Si usted puede substituir pobreza por esperanza, y por oportunidad, entonces usted tiene una oportunidad verdadera de la paz duradera, y así mi esperanza es que el mundo entenderá gradualmente que si usted va a ocuparse de la cuestión de la seguridad, usted debe tener con ella la cuestión del desarrollo, y pienso que esta conciencia esta gradualmente calando en las personas (s.p.). (Traducción y subrayado de los autores)”.

Lo que implica que la concepción de la seguridad ciudadana pasa no sólo por las actividades concretas de la función policial, sino que engloba todas aquellas variables que afectan la sensación de seguridad de cualquier ciudadano. Podemos apreciar en la cita anterior que, pese a haber sido realizada por una autoridad representante del poder hegemónico monetario mundial, asoma la necesidad de la inversión social para poder lograr una seguridad permanente en el tiempo.

Ahora bien, antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999 las políticas de Orden Público se sustentaban básicamente en los reportes de los índices

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delictivos (Cermet: 1999), entendidos como las tablas de frecuencia de la comisión de los delitos en un tiempo y lugar determinado. No obstante, al alcanzar rango constitucional el concepto de seguridad ciudadana, sería oportuno preguntarse: ¿esta tendencia ha cambiado?

El Imperio del empirismo continúa

en la seguridad ciudadana

Al revisar las políticas del estado venezolano en materia de seguridad ciudadana, específicamente la Gran Misión a Toda Vida Venezuela (MPPIJ: 2012), se aprecia que la fundamentación de esta política se basa en un profundo estudio en el cual se refieren una serie de datos estadísticos de diversas categorías que demuestran hechos ‘a posteriori’, lo que es utilizado como la justificación de lo planteado en los vértices de esta Misión, entonces esto nos permite decir que la base del estudio realizado es profundamente empirista, entendiendo como empirismo (Diccionario Enciclopédico Hispanoamericano: 1965): “…aquella doctrina filosófica que se atiene sólo a los hechos como única esfera del conocimiento”.

Así que podemos afirmar que los estudios de la Misión a Toda Vida son de base empírica, siguen esa tradición de la Sociología Positiva que busca, desde lo dado y traducido en expresiones numéricas, abordar los fenómenos sociales - en este caso la seguridad ciudadana- y así darle criterios de cientificidad a las proposiciones que se planteen. Sin embargo, estudios independientes como los de Gabaldón (2008) siguen mostrando la marcada influencia del marcaje empirista-positivista en la base de sus estudios, con una numerosa referencia a cifras estadísticas para soportar sus planteamientos. Paradójicamente, a pesar del cambio de terminología de Orden Público a Seguridad Ciudadana,

tanto en lo planteado por la política de Estado (Misión a Toda Vida), como en el estudio de Gabaldón (2008) se relaciona la seguridad ciudadana con las “infracciones penales”. De igual manera, en los datos citados por el Estado, específicamente la referencia estadística sobre Delitos, Victimología y Niveles de Convivencia, se deja al margen una multiplicidad de elementos propios de un concepto más amplio de seguridad. Por consiguiente, darle amplitud al concepto de seguridad ciudadana, supone no sólo expresar ‘lo dado a posteriori’ y expresado numéricamente, sino también lo latente “a priori”, a lo dado desde la experiencia del ser en sociedad, lo que está en su cultura y que no es percibido en la frialdad estadística impuesta por lo empírico, sino que subyace en la intrasubjetividad del individuo en sociedad, formándose y reformándose en ella, y en donde lo empírico, tal como lo son las manifestaciones delictivas y de conflictividad social son más que datos o números que sirven para reafirmar mecanismos de producción de conocimiento propios del viejo esquema del orden público, con imperio de lo empírico, con manifestaciones concretas epistemológicas que marginan elementos importantes para el abordaje de la seguridad ciudadana.

Epistemología de lo cultural en la

seguridad ciudadanaLa producción de conocimiento en torno a la seguridad ciudadana se ha fundamentado en estudios profundamente empíricos, siendo esta la corriente epistemológica dominante, entendiendo como el objeto de la epistemología, ese conocimiento que se soporta en sí mismo o que soporta a una disciplina en su especificidad; lo que la sustenta como tal, en su esencia, sus alcances y límites en su acepción interna (propia de la disciplina) y externa (su influencia en su contexto social). (Jaramillo: 2003, s.p).

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Históricamente, el soporte de las políticas de seguridad ciudadana han sido las cifras estadísticas, lo que implica la producción de respuestas (forma de conocimiento asociado a la problemática de seguridad ciudadana) limitadas por la concepción positivista del abordaje del nudo problemático, la cual margina lo diverso del ser, la expresión del quehacer del ser de manera general, es decir, lo cultural como elemento “a priori” latente y manifiesto, a la vez que va más allá de la experiencia dada y está inmerso en las rutinas cotidianas, en los ‘haceres’ diarios de cada uno de los individuos en sociedad.

Entonces, considerar este elemento no implica satanizar lo empírico, pero si humanizarlo, bajarlo del “Olimpo” y emprender una construcción social de las políticas de seguridad ciudadana, (intento realizado por la Comisión Nacional para la Reforma Policial pero que por elementos al margen de la reflexión de este ensayo, se está perdiendo a causa de los procesos burocráticos y políticos del país) para así permitirnos cuestionar las políticas de seguridad ciudadana en busca de un mejoramiento continuo.

Ese cuestionamiento pasa por preguntarnos ¿hasta qué punto la producción de conocimiento para la seguridad ciudadana desde un ámbito meramente estadístico limita la comprensión del problema e imposibilita políticas asertivas más eficaces y eficientes en la materia? Esta problemática se traslada a los mecanismos de evaluación de estos planes, pues estos se centran en resultados numéricos: cuántos detenidos, cuántos elementos incautados, etc., lo que generalmente no implica una medición de satisfacción de la comunidad (Gabaldon y Peraza: 2007).

Es decir, partimos de números y se finaliza de igual manera cuantitativamente, como expresión de políticas públicas de gobiernos pasados y de esa manera se justifica la satisfacción de un plan, una política, una misión, pero la satisfacción real de la comunidad ¿será directamente proporcional al resultado estadístico? he aquí en donde el

ser y su cultura deberían entrar en juego, lo que implica una reflexión sobre la epistemología, la educación y la seguridad ciudadana.

La epistemología, la educación y la

seguridad ciudadana en la UNES (a manera

de conclusión)En el marco de las observaciones anteriores, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) al ser llamada por los objetivos estratégicos (2.2.5 y 2.2.5.9) del Plan de la Patria para “aumentar la capacidad de investigación y formación del nuevo modelo policial y la producción de saber en materia de seguridad ciudadana”, se convierte en un actor importante para posicionar métodos propios de la investigación cualitativa y hacer un viraje epistemológico desde sus procesos educativos.

Sin embargo, los procesos educativos desarrollados en la UNES están normados por la Ley de Universidades y traducidos en las funciones de Formación, Investigación y Extensión. Al ser creada esta institución de educación universitaria en el marco de la Misión Alma Mater sus funciones sustantivas quedaron definidas como: Formación, Creación Intelectual y Vinculación Social, esta última marca el compromiso de integrar a la comunidad en los procesos de la Universidad. Ahora cabe preguntarse ¿hasta dónde están informados de estas funciones universitarias las y los docentes que hacen vida en la UNES? Teniendo en cuenta las implicaciones que para la generación de conocimiento esto implica y, de igual manera, el estado del arte predominante, del conocimiento que sirve de base a las políticas públicas de seguridad ciudadana.

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Obtener una respuesta a manera de expresión por parte de los docentes (producción de significados en torno a la interrogante para dar cuenta de sus prácticas y comportamientos en su función de educadores) implicó sistematizar las experiencias de un grupo focal durante el desarrollo del Diplomado en Docencia en Seguridad Ciudadana y Servicio Penitenciario del Centro de Formación del Distrito Capital, realizado entre los meses de abril y mayo del 2016. De esta manera fue posible analizar, desde los actores académicos, el nivel de conciencia con respecto a sus prácticas educativas y su influencia en el aspecto epistemológico de la seguridad ciudadana.

Dicha sistematización permitió a los investigadores la construcción de un ‘árbol de problemas’, centrado en los procesos epistemológicos desde la práctica educativa de la UNES, y puntualmente desde los actores sociales de este grupo focal, develando en la práctica de los participantes lo siguiente:

1. Ausencia de conciencia sobre sus procesos en los ambientes de clases y su impacto en la producción de conocimiento. 2. Ausencia de conciencia de las y los docentes de su rol como investigadores(ras). 3. Comportamiento reiterado de asumir la investigación desde el sujeto y desligar al objeto del proceso investigativo; y 4. Ausencia de reflexión, desde el punto de vista epistemológico, del conocimiento que soporta la generación de políticas públicas de la seguridad ciudadana.

Esta situación de las experiencias sistematizadas y el abordaje teórico realizado al inicio de este ensayo nos permite preguntarnos, en relación a los procesos educativos llevados en la UNES y su forma de producir conocimiento: ¿Cuál es el paradigma epistemológico predominante en los procesos educativos desplegados en la UNES desde la experiencia de las y los Docentes del Centro de Formación del Distrito Capital? ¿Existe alguna influencia de los conocimientos generados en la UNES en las prácticas cotidianas de la seguridad ciudadana desde la experiencia de las y los discentes del Centro de Formación

del Distrito Capital? ¿Cuál será la participación protagónica de la comunidad en los procesos de generación de conocimiento en la UNES? ¿Los conocimientos generados en la UNES, tienen algún impacto en las comunidades de las poligonales de acción del Centro de Formación del Distrito Capital? ¿Cuál es la relación entre las actividades de vinculación social y la generación de conocimiento en la UNES desde la experiencia de los y las Docentes del Centro de Formación del Distrito Capital?

Finalmente, dar respuestas a estas interrogantes implicaría el desarrollo de una investigación específica con el fin de iinterpretar los procesos epistemológicos insertos en las prácticas educativas desarrolladas por la Universidad Experimental de la Seguridad desde la experiencia de las y los Educadores y Discentes del Centro de Formación del Distrito Capital. Además, esta representa una oportunidad para conocer la participación comunitaria en estos procesos, con la finalidad de presentar aportes alternativos al paradigma positivista que sean considerados al momento del diseño de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana.

El desarrollo de la mencionada investigación implica considerar el proceso involucrado en un enfoque de investigación cualitativo, bajo el cual se aspira que los integrantes de los grupos focales se constituyan en actores sociales conscientes de la relevancia de sus prácticas cotidianas dentro de los procesos educativos UNES y de la incidencia teórica y pragmática en los saberes propios de la Seguridad Ciudadana que estas actividades conllevan.En tal sentido, promover el empleo de la sistematización de experiencias en los grupos focales de docentes y discentes aspira lograr una transformación emancipadora con la finalidad de sembrar la valoración de otros tipos de conocimientos más allá de los originados a partir del dato estadístico e integrar en los procesos de generación de conocimientos a actores sociales diferentes a los docentes y discentes, es decir, a la comunidad. Por lo tanto, este ensayo busca proponer una investigación justificada en la necesidad de ir construyendo una epistemología propia de

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la seguridad ciudadana, en un primer momento desde los actores sociales protagonistas de los procesos educativos en la UNES (docentes y discentes), y posteriormente, con los resultados obtenidos, promover investigaciones con la integración de otros actores relacionados con la instituciones policiales, de bomberos y defensa civil relacionadas con la protección de la ciudadanía.

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Foto: http://26i6jf39wrql3um3bl37rm6t.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2017/05/PNB-chacaito.jpg

POLICÍA Y COMUNIDAD

Desempeño de la Policía Nacional Bolivariana

Autores: María Elvira, Marrugo Ramón, Medina Ruza , Freddy Jiménez y Wilmer Valbuena

El presente artículo hace referencia a los resultados de un proceso investigativo que se llevó a cabo en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante del municipio Maracaibo, por un colectivo docente de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, quienes preocupados por la matriz de opinión que se estaba gestando en relación al desempeño de los funcionarios adscritos a la Policía Nacional Bolivariana, reflexionaron sobre aspectos de la función policial a partir del enfoque cualitativo, desde la metodología fenomenológica, la cual permitió abordar la realidad en su mismo contexto y en donde los investigadores asumieron un rol participativo dentro de las comunidades. El estudio concluye con una apreciación de aspectos subjetivos y objetivos de la función policial que evidencian una evaluación positiva de la gestión del servicio, pero a la vez es opacada por situaciones que denotan una mala praxis policial por parte de funcionarios que asumen una postura individual y corrupta.

Palabras claves: Desempeño policial, PNB, percepción, comunidad.

Una visión cualitativa desde la percepción construida por las comunidades de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante

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POLICIA Y COMUNIDAD

Como parte del proyecto de Investigación titulado “Percepción Comunitaria del Desempeño Policial de la Policía Nacional Bolivariana” adscrito a la Unidad de Creación Intelectual del Centro de Formación UNES Zulia (CCIVS-UCI-14) y en relación directa con el trabajo desarrollado por el colectivo docente de

vinculación social en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante (FEB) del municipio Maracaibo del estado Zulia, presentamos los resultados de una investigación cualitativa desarrollada en las comunidades de esta parroquia. En esta investigación, nos propusimos conocer la percepción construida por los habitantes de estas comunidades en relación al desempeño de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en este contexto comunitario.

El abordaje de la percepción comunitaria constituye el punto de partida que permite visualizar la gestión contralora que ejercen las comunidades hacia los órganos de seguridad. Implica una construcción subjetiva, lo cual favorece la comprensión desde dentro, de las diversas formas de interconexión individual y colectiva con el entorno social (Sánchez y González, 2006: 17).

En nuestra investigación se privilegió la sabiduría de la comunidad, entendiendo que la misma maneja y aplica un conocimiento que le ha permitido desarrollar su vida sin la presencia de expertos académicos (Castellano, 2015), y es a partir de este conocimiento que ha de construir sus percepciones y expectativas de la realidad. A partir de esta premisa, se estructura el presente artículo, en tres aspectos vinculados entre sí: el primero contextualiza la realidad abordada en el proceso de investigación, el segundo muestra el recorrido metodológico para cumplir con los objetivos pautados, y el último, muestra los resultados que surgieron a partir del análisis y reflexión del proceso emergente.

Introducción

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Contextualización de la situación abordadaLa PNB surge con el propósito de conformar un modelo policial humanista, solidario, respetuosode los derechos humanos y promotor de la participación ciudadana, en correspondencia con la seguridad ciudadana como derecho fundamental y principio constitucional, donde la ciudadanía tiene un papel preponderante en los programas destinados en esta materia, a fin de construir de forma colectiva un nuevo concepto de seguridad que propicie un cambio en la sociedad venezolana.

Dentro de este marco, la PNB inició su gestión en el estado Zulia en el 2011, con una planta de talento humano de 1132 funcionarios policiales (970 de ellos pertenecientes a la primera cohorte del centro de formación UNES Zulia), cuyas funciones fueron priorizadas en las parroquias Francisco Eugenio Bustamante, Venancio Pulgar e Idelfonso Vásquez del municipio Maracaibo, para perfilar a “una institución pública, civil, de función indelegable y concurrente, orientada por los principios de participación, permanencia, eficacia, eficiencia, universalidad, democracia, control de desempeño y evaluación de acuerdo con procesos y estándares definidos y sometidos a un proceso de planificación y desarrollo en función de las demandas de la comunidad en los ámbitos nacional, regional y local” (CONAREPOL, 2007: 2-3).

Bajo estas premisas, se evidencian una serie de indicadores que permiten evaluar las actuaciones de los cuerpos de seguridad ciudadana y de sus funcionarios, así como los efectos de estas acciones en las comunidades donde se desenvuelven, no sólo en términos de cantidad de procedimientos efectuados, sino también en la calidad del servicio prestado, es decir, “…el impacto y efectos de su actividad sobre la realidad que se pretende cambiar, teniendo claro en qué forma y dirección, se pretende cambiar esa realidad” (Consejo General de Policía, 2010:

15). Sin embargo, una cosa es evaluar el desempeño de los oficiales, y otra muy distinta es definir su actuación en términos asociados a la percepción que de sus acciones señalan los habitantes de las comunidades donde estos se desempeñan.

Y es que la actuación policial siempre estará sometida a un mecanismo de valoración informal por parte de la población, en donde a partir de un pensar habitual muy personal, cada ciudadano calificará y estandarizará las conductas positivas y censurables no sólo de los cuerpos policiales, sino de toda persona que interactúe dentro de la sociedad. En este sentido, definir la percepción comunitaria en relación al desempeño de la PNB en la parroquia FEB del municipio Maracaibo, permitió identificar cómo la comunidad precisa la función policial a partir de la interacción diaria que ha tenido con este órgano policial, especialmente, porque la prensa local ha impactado con noticias que llaman la atención, debido a que evidencian una violación de los derechos humanos por parte de funcionarios policiales adscritos a este cuerpo.

Esto nos llevaría a generar datos muy subjetivos, propios de los integrantes de las comunidades y su relación con la realidad que les circunda. Por ello, resultó necesario adentrarse al conocimiento de los significados que construyen los individuos y que constituyen la percepción de su realidad. De allí la importancia de comprender que “…la percepción influye en la interpretación que hacemos de nuestras sensaciones, y a partir de esa definición que nos formulamos, le damos significado a todo nuestro entorno (Matlin y Foley, 1996: 03). En otras palabras, nuestro cerebro no sólo registra sino que interpreta a través de los sentidos la información recibida.

Sin embargo, este no es un proceso mecánico, como un carro que enciende al hacer contacto eléctrico todos sus mecanismos, siempre en un mismo sentido; en la

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percepción, la respuesta es todo un sistema estructurado en donde confluyen diferentes elementos en pro de que el individuo emita una interpretación.

En el caso venezolano, el tema de percepción y desempeño policial no ha tenido auge debido a que existen muy pocas referencias en esta materia, pues la percepción es una categoría que está dirigida especialmente al campo comercial en pro de la captación de clientes. Sin embargo, existe un cúmulo muy significativo de estudios que versan sobre el área policial en donde la ciudadanía espera una actuación según el marco legal; asimismo investigaciones que establecen relaciones entre diversos criterios y la actuación policial.

En efecto, Leticia Salomón (2004) hace referencia a la relación íntima existente entre la Policía y la comunidad donde estos se desenvuelven, en donde la imagen policial y la legitimidad ante la ciudadanía son elementos vinculados a la percepción que se forma el ciudadano sobre la criminalidad y la eficiencia con que los cuerpos policiales se enfrentan a ella. Mientras que Hidalgo y Monsalve (2003), definen que la policía constituye uno de los cuerpos de seguridad del Estado con mayor contacto con la comunidad y su relación está determinada por una serie de factores entre los que se cuentan: la manera cómo el policía se percibe a sí mismo frente a la comunidad, el papel que cumple como agente de control social, el apoyo que recibe de los diversos sectores de la sociedad y las expectativas que la comunidad tiene sobre el trabajo policial.

Atendiendo a estas consideraciones, el colectivo docente se preguntó con mucha preocupación lo siguiente: A poco tiempo del ejercicio policial llevado a cabo por la PNB Zulia en la parroquia FEB: ¿Cuál es la percepción que tienen las comunidades acerca del trabajo policial que ejercen los funcionarios de la PNB? ¿La información presentada por la prensa corresponde a un hecho atípico de la realidad, o en su defecto se relacionan con la apreciación compartida por los habitantes de las comunidades sobre el desempeño de

la PNB? Estas interrogantes, nos invitan a considerar que la dinámica de la función policial no puede ser evaluada desde un esquema rígido, en donde sólo se tome en cuenta la actuación positiva o negativa de los oficiales, sino que también es necesario visibilizar la valoración que tienen las comunidades como entes contralores de la función policial. Es necesario entender que las comunidades no asumen protocolos para definir si una actuación policial es positiva o negativa, simplemente intervienen factores como la realización de los actos policiales, la atención de los medios de comunicación, la cercanía de hechos o sucesos criminales, así como la cultura pública que se desenvuelve dentro de la comunidad, que incita a la formación de un pensar habitual y por tanto conduce ya sea a la aceptación o al rechazo de la institución policial.

Epistemología de la investigación

Al conocer la percepción que tienen las comunidades acerca del trabajo policial que realiza la PNB, se está intentando evaluar el desempeño de estos funcionarios en los sectores donde se desenvuelven.

En este sentido, nos encontramos en medio de una distinción entre la realidad y su percepción. Son muchos los factores que intervienen en esta relación, lo que genera que en algunas ocasiones se saquen conclusiones equivocadas y por ende, un manejo inadecuado de la información. Las ideas expuestas permiten valorar la lógica hegeliana que plantea una racionalidad dialéctica de la realidad, en donde “se concibe la totalidad del mundo como un sistema de relaciones de categorías” (Gadamer, 2000: 6). En otras palabras, es necesario ver la realidad como un todo, en constante movimiento y por ende en contradicción. De esta manera, cuando hablamos de percepción de cualquier realidad (en este caso, del desempeño de los funcionarios policiales), podemos hacer referencia a múltiples factores que determinan o definen la labor de los oficiales, pero

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estas acciones no necesariamente explican la percepción asumida por la persona. A este respecto, Alfred Schütz (citado por Hernández y Galindo, 2007) plantea que cada sujeto le otorga o adjudica significado a cada una de sus acciones, lo cual es producto del encuentro de la realidad (los hechos), con la corriente interna de su conciencia. Por tanto, las percepciones no representan los hechos mismos, sino más bien indicios o indicaciones de las vivencias, de las cuales relaciona su existencia y carácter, más no su significado. De esta manera, Schutz define la realidad como un mundo en el que los fenómenos están dados, sin importar si estos son reales, ideales o imaginarios (Hernández y Galindo, 2007). Consideramos entonces que los ciudadanos viven su mundo cotidiano desde el sentido común y es esa actitud la que le permite suponer o asumir experiencias significativas, en otras palabras, el ser humano se forma un pensar habitual a partir de la reflexión que haga de su contacto con la realidad. Esto supone una concepción subjetiva de su mundo, de la cultura, de la realidad, que es asimilada y comprendida, pero que no puede ser considerada como un todo verdadero, debido a que la realidad es intersubjetiva.

En consecuencia, los sujetos perciben y definen la realidad poniéndose en el lugar del otro ya que es en la intersubjetividad donde los sujetos no perciben los fenómenos de la experiencia inmediata, pero si a partir de la experiencia de los otros, en tanto les sean dadas como aspectos del mundo social. De esta manera, consideramos la percepción del desempeño de los funcionarios como una concepción definida de manera intersubjetiva, por cuanto es compartida por los miembros de la comunidad, conformando de esta manera la realidad social que define (de acuerdo al mundo social y cultural) la existencia de una apreciación hacia un hecho determinado.

Bajo estas premisas, y considerando que existen diferentes formas de percibir la realidad, es necesario recordar que cada investigador se debe a un modelo o paradigma específico con el cual determina su estudio. En relación a esto Edgar Morín (1982: 11), plantea que “un paradigma científico

se define como el conjunto de distinciones, relaciones, oposiciones fundamentales entre algunas nociones matrices que generan y controlan el pensamiento, es decir, la constitución de teorías y la producción de los discursos de los miembros de una comunidad científica determinada” En virtud de lo planteado, como investigadores unesistas que buscamos la generación de saberes en pro de la transformación de la realidad, asumimos el paradigma cualitativo, como el enfoque que nos permitirá abordar la investigación propuesta, por cuanto nos permite tratar de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones y su estructura dinámica; esta metodología tiene como objetivo la descripción y análisis de las cualidades de un fenómeno.

No se trata de probar o medir en qué grado una cualidad se encuentra dentro de la realidad, sino que de forma holística pero flexible, se estudie la realidad a través de la interacción entre los sujetos, los fenómenos estudiados y los que las estudian. De esta manera, los investigadores estudiaron la realidad en su propio contexto, buscando conocer las percepciones que tienen las comunidades de la parroquia Francisco E. Bustamante con respecto al desempeño de la PNB del estado Zulia en sus colectividades. La investigación trató de adentrarse a la dimensión de subjetividad e intersubjetividad en torno al rol que desempeñan los oficiales. Para ello, se busca abordar el estudio a través de las diferentes interpretaciones que realizan los ciudadanos acerca del tema, dentro de su diario vivir, lo que implica un proceso activo, sistemático y de indagación permanente. Esto nos llevó a utilizar la corriente Fenomenológica, la cual nos permite comprender los significados que los sujetos dan a su experiencia. Dado que, nos interesa ver cómo perciben los ciudadanos el trabajo de los funcionarios en sus comunidades, cómo la describen, la interpretan y comprenden. Para ello, es necesario llegar a la interpretación de los significados que afloran dentro del proceso investigativo y la hermenéutica como recurso que requiere del investigador, atendiendo a cada detalle por más simple que parezca, pues allí es probable que se encuentre la esencia de la realidad.

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policía en estos sectores. Del mismo modo, las entrevistas fueron grabadas (previa autorización de los entrevistados) y luego transcritas para el respectivo análisis de su contenido y contexto de acuerdo a las categorías existentes en el discurso de los entrevistados. Para la codificación y/o categorización de las entrevistas, se siguieron las recomendaciones de Francisco Cisterna Cabrera (2005), quien propone la organización de la información de campo, mediante la construcción de categorías a priori y el seguimiento de procedimientos de análisis a partir de una triangulación que permita interpretar y dar validez a la investigación.

ResultadosEn primera instancia, surge la concepción de seguridad que manejan las comunidades, en donde se refleja la obligación constitucional del Estado de garantizar protección por medio de los órganos de seguridad ciudadana. Dentro de este marco, nuestros líderes esperan que sus comunidades se sientan seguras con la presencia de los cuerpos policiales (en este caso la PNB), quienes están siendo formados bajo un modelo de educación popular que imprime un grado de consciencia en cada funcionario y cuyos principios debe garantizar los derechos humanos a la ciudadanía.

De la misma manera, el organismo visualiza la función policial como una forma de control social, en donde se ha de reprimir la conducta delictiva. La prevención sólo es manejada por el Servicio de Policía Comunal (SPC), cuyas funciones van dirigidas en este ámbito, sólo que no en todas las comunidades del municipio Maracaibo funciona este servicio, incluidas las abordadas en este estudio. Ahora bien, una vez que la PNB Zulia asume sus funciones de seguridad en el 2012, se desplegaron los diferentes servicios que presta la institución en las diferentes comunidades que le fueron asignadas. Y a partir de allí los ciudadanos se formulan su apreciación acerca del trabajo que realizan estos funcionarios a partir del servicio que prestan en la colectividad. En tal sentido, para la comunidad,

Recorrido metodológico

La experiencia investigativa que presentamos corresponde a un estudio realizado con los líderes y lideresas de algunas comunidades de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, en donde la UNES, a través del proceso de formación hacia los funcionarios policiales, enmarcaba un trabajo de vinculación social. De esta manera, siguiendo las recomendaciones de Fernández (2006), quien indica que todo este proceso debe ser sistemático, y por tanto debe seguir una secuencia, a fin de garantizar el análisis que nos garantice la consecución de los propósitos establecidos, se siguió la siguiente secuencia de pasos: 1) Obtención de la información, 2) Transcripción y ordenamiento de la información, 3) Codificación y por último, 4) Integración y análisis.

De acuerdo a los objetivos planteados en la investigación, se seleccionaron como técnicas de recolección de información: la entrevista en profundidad y la observación participante, las cuales fueron aplicadas en el marco del proceso de vinculación social y del Servicio de Policía Comunal ejecutado por la UNES en estas comunidades, que igualmente corresponde a una de las parroquias priorizadas por el cuerpo policial. Asimismo, considerando que las comunidades corresponden a un contexto geográfico muy amplio y que, al abordar el tema de seguridad se concibe cierto temor, y más cuando se hace referencia al desempeño policial, se realizaron entrevistas a siete informantes claves, constituyéndose como la muestra intencionada de la investigación, por cuanto fueron seleccionados de acuerdo a los elementos característicos (que según los investigadores), estos representantes tienen, ya que no sólo manejan información de sus comunidades, sino que también han tenido una experiencia significativa, desde la formación de los discentes, hasta su egreso de la UNES como ente formador de funcionarios policiales y su desempeño en actividades laborales como oficiales de

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el servicio policial está relacionado con la presencia que deben mantener los oficiales dentro del sector, implica su observancia en las diferentes calles realizando no sólo sus recorridos, sino también realizando acciones de proximidad comunitaria. De lo expuesto, podemos decir que la definición realizada sobre este cuerpo policial, surge a partir de la observación que realizan los ciudadanos sobre la participación de los oficiales dentro del contexto comunitario, y a partir de allí, comienzan a ser reconocidos positiva o negativamente por la comunidad.

Ahora bien, lamentablemente la opinión destacadahacia la PNB por parte de nuestras comunidades fue en general negativa, por cuanto se visualizaron acciones que denotaron una mala práctica policial y que se vio reflejado en las entrevistas cuando plantearon en reiteradas ocasiones: “…en la circunvalación Nº 2, a la altura del Turf, cuando colocan los puntos de control, se dan casos de matracas…,(E1, L:15) Aquí la PNB ha cometido infracciones…, (E3, L: 27) me ha tocado ver, cómo algunos policías ya están corrompidos…”(E6, L:35), estas apreciaciones surgen en el marco de situaciones que fueron observadas por los miembros de las comunidades y que se contraponen a los principios de actuación de los cuerpos de seguridad.

Ante esta situación, los jefes inmediatos del organismo policial hacen alusión al proceso de constitución de la PNB, por cuanto consideran que “…si la policía era nueva, todo su personal en general debía ser nuevo de paquete. (E4, L: 24)” En otras palabras, el personal que se formó en la UNES, está siendo bien formado, con algunas limitantes que es necesario abordar en pro de mejorar los procesos, pero es lamentable observar, cómo los jóvenes sucumben ante las orientaciones de algunos funcionarios que pertenecieron a otros cuerpos y que asumieron su propio concepto de trabajo policial, repitiendo las mismas prácticas del antiguo modelo y erosionando la credibilidad del naciente, tal y como se plantea a continuación:

…cuando ellos venían, nuevecitos, con un pensar de trabajar

implantado por la universidad, pero faltó algo y es que no se pensó

en la formación de los supervisores que tenían a su cargo. Estos

supervisores venían con otros valores arraigados, con una línea de

trabajo, algunos molestos porque los enviaron como castigo, o sea

se portaban mal en otra ciudad y entonces los enviaban para acá.

Y al ser más antiguos que ellos, los colocaban como supervisores.

Entonces te puedes imaginar… los jóvenes seguían órdenes de un

personal que, aunque fue preparado, el mismo no fue formado, no

estaba concientizado (E5, L: 76-88).

En este mismo orden de ideas, las autoridades universitarias plantean que se ha fallado no sólo en la formación, sino en la selección del personal: “…se eligió con mucha libertad a esos muchachos, no se les inculcó disciplina, la disciplina es lo que crea y desarrolla la personalidad del funcionario. Si no hay disciplina, ese hombre, esa mujer no crea ni fortalece esa personalidad” (E5, L: 35-38).

Dentro de este marco, se amerita con urgencia la corrección de todas las vicisitudes, y desde el ámbito universitario mejorar la selección, la formación, y por ende, la supervisión de los procesos. Dentro de este marco, la percepción negativa que se construye en la comunidad a partir de lo observado en su alrededor pudiera estar siendo avalada por la representación que se formula a nivel sustantivo la PNB y la UNES, lo que conlleva a evaluar los procesos, estableciendo la importancia de consolidar un estado de consciencia solido que no se corrompa ante las posibles orientaciones de autoridades inmediatas, sino que promueva el proceso de transformación que se busca en el nuevo modelo policial y en este sentido, las

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comunidades deben ser más participes en la formación y contraloría de los cuerpos policiales, por cuanto su participación se ha limitado a la espera que el cuerpo policial reprima su propia actuación.

Otro hallazgo representa, según los afectados, la falta de una respuesta oportuna ante los diferentes llamados que se realizaron en algunas situaciones ocurridas en la comunidad. Los entrevistados manifestaron el hecho de que los funcionarios se apersonaban en el lugar ante situaciones que representaban una emergencia y que debían buscar otros medios de resolución de conflictos entre los mismos actores de la comunidad. El hecho esta, en que uno de los principios de la función policial es la celeridad en la respuesta y nuestras comunidades están percibiendo el no cumplimiento de este principio, hasta el punto de plantearse la abstención al llamado del cuerpo policial por cuanto ya está perdiendo la credibilidad y confianza, como se ve reflejado en una de las entrevistas: “…ya uno se abstiene de llamarlos, porque cuando uno los llama, no vienen, no asisten, ni nada…” (E1, L: 90-91). Estas situaciones expresadas por algunos ciudadanos, nos permite captar el descontento que se está comenzando a gestar en el corazón de nuestras comunidades, quienes se habían formulado expectativas con respecto a un buen desempeño de los funcionarios que se supone venían a materializar la transformación del Nuevo Modelo Policial. En este contexto, se contrapone la versión de los oficiales, quienes manifiestan que los inicios de la PNB fueron muy difíciles, tanto por la falta de personal como de insumos necesarios para el trabajo policial. La PNB comienza su gestión con una planta de 1132 personas repartidas en los diferentes servicios en las cuatro parroquias seleccionadas. Asimismo, la sede no contaba con el sistema de comunicación, razón por la cual utilizaban la red de Policía Municipal de San Francisco, mejor definida como POLISUR para poder estar comunicados. No se tenían computadoras, material de papelería, así como tampoco se contaba con baños, ni pisos culminados en la sede. Tal y como lo planteó uno de los entrevistados:

…no teníamos agua, no teníamos computadoras, tuvimos que

trabajar mucho para que nos hicieran hasta los pisos, solicitamos el

apoyo de POLISUR con Danilo Vílchez con la comunicación, ya que

tampoco teníamos y trabajábamos con las líneas de ellos, incluso

la universidad y otras instituciones nos tuvieron que dar el apoyo

porque el principio fue bastante fuerte, una coyuntura bastante

difícil… (E4, L: 120-127).

El conocer esta situación, facilita la comprensión de situaciones que las comunidades manifestaban y valoraban como negativas en el desempeño policial, pero que sin embargo, las mismas no eran producto de una gestión individual de los funcionarios, sino consecuencia de los inicios turbulentos del organismo. No se trata de justificar la actuación que pudiera estar comprometiendo la gestión policial, sino más bien de analizar cómo la comunidad interpreta desde su hacer una percepción negativa, sin tomar en cuenta los factores que inciden en el comportamiento que ellos están observando.

Por otro lado, impactó el centralismo de decisiones que dificultaba los procesos, especialmente los gerenciales, por cuanto no se podía realizar ninguna acción, sin la autorización del organismo central. Esto limitaba los procesos, ya que se promovía la formación de los equipos de trabajos y se formulaban las postulaciones, pero en respuesta, se generaban cambios a nivel central, generando discrepancias con la realidad que se tenía en el Estado, e incluso malestar en el personal que se motivaba a trabajar en un área, se preparaba y al final era enviado a otro servicio, lo cual significaba un nuevo comienzo, una nueva preparación y por ende, gastos y pérdidas para el organismo, que debía iniciar de cero su actuación.

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Así lo reflejan algunas autoridades cuando manifestaban:

“…desde Caracas enviaban una lista en donde se especificaba

quienes iban a estar en cada cargo y no podía generar cambios de

ningún tipo..., Y lo que nosotros habíamos preparado y postulado,

pues eso no fue tomado en cuenta, lo que nos atrasó, porque

habíamos preparado un personal y luego aquel que fue preparado

para comunal, lo enviaron a OCAP, o para patrullaje… y no me

permitieron la posibilidad de hacer cambios y nos colocaron

lineamientos rígidos. Por supuesto se dio un choque para ellos y

claro un atraso para nosotros…” (E4, L: 157-167).

En otro orden de ideas, llama la atención el hecho de cómo las comunidades establecen discrepancias entre el trato recibido por los oficiales cuando estos eran discentes y el que reciben en la actualidad como funcionarios.

Se observa una clara diferencia en la cual manifestaban que durante los procesos de vinculación, los discentes mantenían un rol próximo a la comunidad, organizaban procesos y se veía la presencia en los diferentes espacios comunitarios.

Mientras que durante el despliegue de los funcionarios, los mismos realizaban sus recorridos sin el menor contacto con los ciudadanos, tal como lo reflejan en las entrevistas:

…ellos pasan y ya, mas nada, ni saludan… (E1, L: 26) …

cuando eran discentes y nos acompañaban, todo era muy chévere

y en el barrio estábamos muy contentos con su acercamiento.

Luego que se graduaron hicieron presencia unos meses, después

fue muy esporádica su presencia… (E3, L: 15 - 19) …cuando

eran discentes, se hacía un trabajo en conjunto con los profesores

y quedamos satisfechos con su trabajo, después que se graduaron,

nada… (E6, L: 42 – 44).

Queda claro que el proceso de formación que lleva a cabo la UNES a partir de los procesos de vinculación, no sólo fueron aceptados por las comunidades, sino que también reflejaron un impacto en la organización comunitaria, con lo cual, la colectividad se estableció un referente de trabajo policial en el que su participación era una pieza fundamental en la implementación de estrategias de seguridad ciudadana.

Sin embargo, al constituirse el órgano policial se vieron y se sintieron abandonados por parte del naciente cuerpo policial. “La UNES está haciendo un buen trabajo…, esos muchachos son muy buenos… qué diferencia hay entre los que son estudiantes y los que ya están graduados…” (E6, L: 158 - 160) estos fueron algunos de los planteamientos en las comunidades al hacer referencia al sentimiento de abandono por parte de la PNB hacia sus comunidades.

En este sentido, se evidencia no sólo la falta de personal, sino también la disociación entre el trabajo de la universidad y la PNB, por cuanto estos sectores no fueron tomados en cuenta para algunos servicios, especialmente para el SPC, razón por la cual la colectividad no establece un mayor contacto con la PNB.

La UNES, había avanzado en cuanto a organización comunitaria se refiere, se habían roto paradigmas relacionados con la criminalización de estos sectores durante la formación de los discentes, generándose expectativas de trabajo dentro de la comunidad:

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…Lamentablemente a pesar del trabajo que hemos hecho con la

UNES y a ti te consta, nosotros no fuimos tomados en cuenta para

ellos…, nuestros sectores no fueron priorizados, no entendemos

porque…, cuando eran discentes, se hacía un trabajo en conjunto y

la comunidad quedó satisfecha con su trabajo… (E2, L: 38-42).

De esta manera, aun cuando buscan organizar un trabajo mancomunado, el mismo queda en planificación, por cuanto su sector tal, y como la PNB les ha hecho saber, no se encuentra priorizado, mientras que sectores en los cuales la universidad no trabajó, los mismos están siendo abordados por el organismo policial, debido a que son más céntricos y de fácil acceso. Ante tal situación, la UNES se plantea con mucha preocupación la vulnerabilidad de estas comunidades y la necesidad de que éstas sean incluidas en el plan de trabajo de la institución policial, específicamente en el Servicio de Policía Comunal, por cuanto: “… Es necesario tomar en cuenta que estos sectores: Pradera Alta, Pradera Baja, Trinitarias, el Despertar y Hato Cardón, … pueden ser o se prestan para ser guaridas de malandros” (E6, L: 49-52) debido a las condiciones físico ambientales en las cuales están ubicados, especialmente el último, cuyo problema del subsuelo han proliferado vegetación y condiciones que han requerido la evacuación de los habitantes.

Es necesario tener en cuenta que las comunidades valoran el trabajo de la PNB y la consideran como parte fundamental en la transformación de su realidad, incluso relacionan con mucho orgullo el trabajo policial con la disminución de índices de robo de vehículos en uno de los sectores, y esto lo comprobamos cuando plantean: “De verdad que, si se ha disminuido al menos la delincuencia, antes robaban de tres a cuatro vehículos, ahora no, eso se ha calmado…” (E6: 55 – 57). Lo planteado, expresa la necesidad y aceptación de la PNB por parte de las comunidades, sin embargo, esta concepción pudiese verse manchada por el temor que al

mismo tiempo se está generando, por parte de un grupo de oficiales que no han asumido un rol transformador de la seguridad ciudadana y en cambio promueven el temor y desconfianza hacia el cuerpo policial con sus acciones. El hecho se demuestra en el momento en que los entrevistados manifestaron temor no sólo a los actores delictuales, sino también al cuerpo policial:

…quien habla aquí, yo te estoy hablando porque ya tenemos

confianza, pero aquí todos sabemos lo que pasa y no nos queda

otra que callarnos, ¿qué podemos hacer? Porque o son los policías o

son los malandros y bueno, uno tiene familia…, y con qué pruebas

denunciar, yo no podría ni reconocer al tipo, solo sé que estaban en

motos y uniformados, eran varios, pero entre la oscuridad no se veía

bien, solo sé que eran PNB y había uno del ejército. Pero como decir

fue fulano o sutano, además si denunciamos, que podemos esperar

si son los mismos… (E1, L: 121 – 130).

Tomando en consideración el rol de contralor de la función policial que deben mantener todas las comunidades organizadas o no, se les preguntó a los entrevistados sobre las razones por las cuales no denunciaban las situaciones que habían planteado y en forma unánime afirmaron temor a posibles represalias por parte de los funcionarios, alegando además algunos casos irrespeto al Consejo Comunal y amenazas como la que se presenta a continuación: “…A mis cojones el Consejo Comunal, me lo paso por el forro…, si sigues hablando te vamos a llevar y darte una paliza y dejarte por allí botado…” (E3, L: 36 – 38).Esta expresión revela un comportamiento que se supone no debe estar existiendo dentro de la institución policial, sin embargo, evidencian no sólo el abuso de poder que se está gestando por parte de algunos funcionarios policiales,

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sino también el desconocimiento por parte de nuestros actores claves ante este tipo de situaciones y lo reflejan aún más cuando asumen un posible desagravio a raíz de la elaboración de la entrevista, por considerar que no debían suministrar información de ningún tipo y mucho menos que afectase a la institución policial.

De esta manera, la organización comunitaria devela significativas debilidades en su quehacer diario, empezando por la inexistencia en algunos casos del comité de seguridad que debe funcionar dentro de las poligonales, y en casos donde el mismo si existe, sólo figura en el papel que acredita la constitución del Colectivo de Coordinación del Consejo Comunal, debido a que los integrantes no trabajan por diversas razones, entre ellas, el temor a ser atacados por los infractores, así como también al desconocimiento de la importancia del rol de este comité dentro de las comunidades. En este sentido, la percepción que se formulan nuestras comunidades, a partir de lo planteado por los entrevistados, posee elementos objetivos y subjetivos de la experiencia de los mismos ciudadanos. Algunos planteamientos vienen dados a partir de experiencias propias, sin embargo, aquellos que denotan una actuación policial, en su mayoría los afectados fueron personas muy cercanas a los entrevistados, lo que denota elementos subjetivos ya que no fueron apreciados de forma directa por los entrevistados. De allí que se hable de una percepción subjetiva del desempeño de los funcionarios, los cuales sólo son vistos como una instancia encargada de ofrecer la sensación de seguridad a través de su permanencia en las comunidades.

En este sentido, el concepto de seguridad que se imprime en el ideario del ciudadano sólo tributa al enmarcado en el artículo 55 de la Constitución el cual establece el derecho a la seguridad y que el Estado debe garantizarlo a través de los diferentes organismos. De allí que se formulan expectativas dirigidas a la satisfacción inmediata sobre seguridad en el aspecto criminalístico. A mayores funcionarios en la comunidad, mayor sensación de seguridad se percibe en el ambiente, aun cuando no se

tenga las diversas necesidades satisfechas. Vista así, la policía es una instancia de control social y la prevención pasa a un segundo plano, debido a que las comunidades abordadas en el estudio no son sectores priorizados para el organismo policial, aun cuando en la UNES se les tenía jerarquizado como las colectividades de mayor índice delictivo.

Finalmente, las comunidades construyen percepciones del trabajo de la PNB a partir de las experiencias derivadas del ambiente en el cual se desenvuelven, lo que conlleva a concebir una apreciación positiva al menos del Servicio de Policía Comunal, en lo cual reclaman la asignación del servicio y la priorización de sus sectores, tomando en cuenta las condiciones que viven y que definen una clara vulnerabilidad. En otras palabras, aun cuando no se cuenta con este servicio, de los entrevistados se desprende la satisfacción por referencias del mismo, expresando confianza y credibilidad en la institución. Igualmente, se define como un factor positivo el despliegue de la PNB, en las estrategias públicas de seguridad ciudadana, pero se nota un gran temor al mencionado cuerpo debido a la percepción de inseguridad que se gesta en el ideario comunitario, no sólo desde el ámbito de los ciudadanos infractores, sino también del mismo órgano policial en el cual se han generado procesos inconsistentes con el Nuevo Modelo Policial planteado, incluso desde su formación, en la cual fueron participes. Se reconoce el impacto del trabajo de la PNB en la disminución de uno de los delitos que más afectaba a la comunidad, tal como el robo de autos, pero se está gestando uno nuevo que está relacionado con la mala praxis policial.

Asimismo, no se puede obviar que durante tantos años los cuerpos policiales respondieron a un modelo que eran parte del problema de la inseguridad y que, a raíz de éstas experiencias, se deben tomar los correctivos necesarios a fin de que la PNB no siga erosionando su credibilidad por la irresponsabilidad de un grupo de funcionarios que no han respetado el rol que decidieron asumir cuando optaron por esta profesión. Igualmente, se hace

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necesario estimular la contraloría social, no sólo desde el punto de vista propagandístico, sino desde el proceso de concientización de los funcionarios y de las comunidades, quienes también tienen la corresponsabilidad de trabajar en esta materia en conjunto con el Estado.

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Considerando todo lo expuesto, la percepción comunitaria en relación al desempeño policial es una apreciación que surge de factores objetivos y subjetivos de la experiencia de los actores sociales comunitarios. En primera instancia, surge la apreciación de los ciudadanos de sentirse seguros con la presencia del funcionario en la comunidad. Dentro de este marco, la rapidez con la que fueron observados los recorridos, así como la no priorización de los sectores, suponen en los actores comunitarios un desempeño policial no acorde a lo que ellos esperan.

En este sentido, la falta de equipamiento, la centralización de decisiones, el inadecuado proceso de selección y/o formación, no son tomados en cuenta por la ciudadanía al momento de valorar el desempeño de los funcionarios, aunque estos inciden en el trabajo que realiza el órgano policial. En este sentido, se evidenciaron situaciones objetivas que denotan una mala praxis policial, especialmente aquellas que van acompañadas de amenazas, las cuales generan la percepción negativa del desempeño policial en las comunidades Pradera Baja, Pradera Alta, Hato Cardón y el Despertar. También aparecen señaladas la falta de celeridad en los procesos, la desatención a la ciudadanía, los patrullajes inadecuados dentro de los sectores o la ausencia de estos en otras comunidades.

En este sentido, desde la PNB y la UNES, se han intentado justificar algunas situaciones descritas por las comunidades, en donde no es la falta de atención ni celeridad de los procesos, sino que existen sectores priorizados en los cuales el personal ha sido asignado, y hasta el momento en el cual esta investigación se realizó, las comunidades antes identificadas, no estaban dentro de este lote de sectores. Por otro lado, la falta de personal, así como la deficiencia en relación a ciertos recursos, es una limitante

CONCLUSIÓN

dentro del cuerpo que apenas se está constituyendo dentro del municipio. Lo anteriormente planteado, junto a la inconciencia del personal que asumió la supervisión de los diferentes servicios de la PNB, configuraron la gran debilidad que presenta este órgano policial. Uno de los causales, fue la asimilación de personal que, tras haber cometido infracciones en su lugar de origen, fue enviado como castigo a otras ciudades, en este caso a Maracaibo, y al ser de mayor jerarquía que los recién graduados, estos funcionarios se convirtieron en supervisores, constituyendo, en lugar de castigo, una premiación a la conducta inadecuada que motivaba el traslado. De esta manera, la práctica inadecuada que no tuvo corrección, se convierte en un factor que debilita la actuación de los nuevos funcionarios, cuyas prácticas generaron una mala praxis policial.

Por tal motivo, las comunidades se encuentran en un proceso de contradicción, en el cual, visualizan al funcionario como garante de la seguridad, pero se encuentran ante la necesidad de cuidarse del mismo organismo que según la ley debe protegerlo, razón por la cual, se expresan comparaciones entre las actuaciones relativas al nuevo y al viejo modelo policial, evidenciándose similitud en cuanto a la participación de ciudadanos que han sido víctimas de trabajo policial, ya sea de forma directa, a través de procesos de corrupción, o indirecta, cuando los oficiales no acuden al llamado cuando se les ha solicitado sus servicio. Igualmente, al verse en la necesidad de contribuir a la cultura publica de corrupción que se gesta en sus comunidades, al tener que pagar para poder seguir trabajando, al ocultar información por temor a posibles represalias debido a la interacción policía – ciudadano infractor, en donde estos últimos no son reprimidos en su conducta delictual, tal y como lo espera la ciudadanía.Por otro lado, aun cuando estas comunidades fueron

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POLICIA Y COMUNIDAD

tomadas en cuenta para el abordaje educativo de los discentes, generando así altas expectativas de trabajo comunitario en la que los ciudadanos de estos sectores aspiraban participar de forma conjunta con la PNB, pero que, una vez graduados y consolidado el proceso institucional de la PNB en el estado Zulia, estos sectores no fueron priorizados, pese a que los altos índices delictivos hacían meritoria su participación. De allí pues, que las comunidades se sintieron abandonadas y utilizadas en el quehacer pedagógico de los funcionarios, lo que sumado a algunos hechos delictivos, profundizaron la desconfianza en el organismo naciente. No obstante, los funcionarios adscritos al servicio comunal, gozan de buenas referencias dentro de las comunidades que fueron abordadas en el presente estudio, al punto de solicitar ser incluidas en los procesos de priorización. Así como también denotan una disminución de los índices delictivos en sus comunidades, a pesar de no contar con suficiente patrullaje.

Para finalizar, en la UNES se manifiesta la necesidad de consolidar cambios relacionados con la selección y formación de los futuros funcionarios, cuyos inicios, desde la perspectiva de los investigadores, evidencian debilidades en estos procesos, especialmente, porque se aprecia el ingreso de discentes cuyo comportamiento y record académico dan muestras de un nivel percentil bajo, aunque no se tiene acceso a los resultados de las pruebas que se desarrollan para el ingreso de los aspirantes. Empero, se admite que no es tarea fácil para el personal de la universidad, desmontar, desvirtuar o transformar tantos años de formación personal, de influencia cultural, de información social, que de una u otra forma se refleja en el accionar de cada discente.

Se requiere de mucho más tiempo y de un trabajo en equipo, no sólo por parte de los docentes académicos, sino también de todos aquellos que se encuentren interrelacionados con los estudiantes, llámese docentes, monitores, Unidad de Atención Integral al Estudiante (UNACIES), entre otros, y más cuando ninguna coordinación a excepción de control de estudios, conoce los resultados del proceso de

selección, especialmente aquellas relacionadas con las valoraciones probablemente bajas, a fin de promover un trabajo pedagógico personalizado con cada discente.En este sentido, las comunidades se convierten en un componente esencial en la selección de los futuros funcionarios, a través de las visitas domiciliarias y el proceso de vinculación social que se ejecuta desde el contexto universitario. Lo anterior, se encuentra enmarcado en la política integral de la Misión A Toda Vida Venezuela, que promueve la transformación de los cuerpos policiales.

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RECOMENDACIONES

1- Fomentar una réplica investigativa en esta misma temática, pero de corte cuantitativo a fin de establecer la eficiencia y eficacia del desempeño policial, ampliando la muestra en el proceso investigativo.

2- Se deben establecer investigaciones que desarrollen la definición de seguridad y participación ciudadana a fin de valorar desde su perspectiva cómo asumen y actúan en relación al desempeño y a la contraloría de la función policial.

3- Incentivar procesos de investigación que relacionen los índices de corrupción y malas praxis en la PNB de forma anual desde el año de su constitución, tomando como referencia los expedientes que han sido abiertos en esta materia.

4- Desarrollar a partir de una historia de vida, la autopercepción de la función policial.

5- Sistematizar las experiencias educativas que fomenta la UNES, en donde se visualice la participación de las comunidades en la formación de los funcionarios. 6- Incentivar procesos de investigación en los cuales se desarrollen las expectativas de los futuros discentes en relación a su formación.

En relación a las comunidades:

1- Fomentar su actualización en conocimientos relativos a la participación activa de las comunidades en la contraloría de la función policial.

2- Promover la consolidación de los comités de seguridad y defensa integral, a fin de que las comunidades estén asesoradas ante situaciones que denoten una mala praxis.

3- Consolidar el proceso de concientización sobre la necesidad e importancia de denunciar aquellos hechos que impliquen una violación de derechos por parte de algunos funcionarios.

En relación a la PNB:

1- Promover el desarrollo de una evaluación de desempeño del personal adscrito a los diferentes servicios.

2- Incluir como sectores priorizados a las comunidades Hato Cardón, Pradera Alta y Pradera Baja en sus diferentes sectores.

En relación a la UNES:

1- Incentivar procesos de supervisión desde la instancia universitaria, en los cuales se valore la actuación del funcionario quien aún sigue siendo discente ya que no ha culminado su proceso de formación.

2- Establecer una oficina académica en las instalaciones de la PNB, que permita promover procesos de formación durante el desempeño de los oficiales.

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Referencias Bibliográficas

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Referencias Electrónicas

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Rodríguez Noriega, Yajaira. (s.f). La hermenéutica aplicada a la interpretación del texto. El uso de la técnica del análisis de contenido. Disponible en: http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/revista/a2n20/2-20-8.pdf Sandoval, H. (2011). Seguridad Ciudadana: Evolución del concepto de la función policial y el bien común hasta la seguridad privada. Una tendencia internacional. Disponible en: http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/SEGURIDAD%20CIUDADANA%20EVOLUCION%20DEL%20CONCEPTO.pdf

ENTREVISTASComisionado Jefe

Eduardo Ramón Contreras Bernal Director de la Academia de Policía Nacional Bolivariana

Autor: Revista Ciencia y Arte Policial

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¿Cómo funcionario público, cuál ha sido su participación en el proceso de transformación del modelo policial?

Mi participación en el cambio del nuevo modelo policial desde el área formativa ha sido la de garantizar la transversalización del tema de los derechos humanos durante toda la formación de los nuevos funcionarios, la forma de actuar, la imagen del nuevo policía, el acercamiento hacia las comunidades, el trabajo en equipo en pro de nuestro pueblo soberano. Igualmente, he tenido una participación directa en el área disciplinaria, que va desde la selección y conformación de los primeros consejos disciplinarios en el año 2010, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Estatuto de la Función Policial, hasta el día de hoy en que soy miembro del consejo disciplinario del CPNB, donde se toman decisiones constantemente apegadas a derecho, justas y con celeridad.No permito que los expedientes se conviertan en letra muerta, como ocurría en el viejo modelo policial, en el cual los expedientes se acumulaban y existía un retraso u omisión en la toma de decisiones de los diferentes casos disciplinarios.

En mi condición de funcionario con el rango más alto del nivel estratégico dentro de la CPNB y miembro principal del consejo disciplinario, puedo garantizar que nuestros funcionarios, que sean denunciados por involucrarse en situaciones irregulares, serán sancionados administrativa y penalmente si fuere necesario.Durante el proceso de homologación y reclasificación de rangos y jerarquías de los cuerpos de Policías Estadales y Municipales establecidos en la Ley del Estatuto de la Función Policial, que se realizó en los años 2010 y 2011 según resolución emanada por el M.P.P.R.I.J.P para este fin, me designaron la responsabilidad de los Estados Táchira, Barinas, Apure, Nueva Esparta, Vargas y el Municipio Libertador del Distrito Capital, lugares en donde se revisaron y certificaron los expedientes de los aspirantes a la homologación, se realizaron las pruebas y reclasificaciones correspondientes, para la obtención de los nuevos rangos policiales de acuerdo al nuevo modelo policial.

Según su experiencia, ¿en qué se diferencia el nuevo funcionario policial de aquel formado por el viejo modelo?

Que en este nuevo modelo policial los protagonistas son jóvenes universitarios con una formación especializada en Derechos Humanos y vinculación social, con las herramientas y técnicas que requiere un funcionario policial para interactuar con las comunidades. Hoy formamos a un policía netamente preventivo y de proximidad, con la capacidad para desempeñarse en cualquier comunidad bajo el lema de Proteger y Servir a nuestro pueblo soberano.

¿Cuál es la misión y visión de la Academia de Policía Nacional Bolivariana en los tiempos actuales?

Nuestra principal misión es la de garantizar la formación académica y especializada de las y los futuros oficiales del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, en el área del servicio de policía, con valores y principios éticos y morales que permitan responder a las necesidades y exigencias de las comunidades, respetando los derechos humanos durante la actuación policial como un servicio público, apegados a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sus leyes y reglamentos.

Tenemos como visión ser la academia policial con mayor prestigio nacional e internacional, encargada de diseñar y planificar estrategias orientadas a garantizar que se imparta una excelente formación básica, continua, avanzada y técnica especializada sobre seguridad ciudadana, para el buen servicio de las y los funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, basado en los principios socialistas, humanistas, en el respeto de los derechos humanos y sustentado por tres pilares fundamentales: la disciplina, la obediencia y la subordinación.

¿Cómo ha sido y cuáles son los retos de la vinculación de la PNB con las comunidades y el Poder Popular?

Desde el nacimiento de la Policía Nacional Bolivariana su punta de lanza ha sido el servicio de policía comunal, la cual nace en 2011 como una unidad operativa en un sector de la parroquia Sucre en Caracas. Actualmente es una Dirección Nacional y cuenta con más de mil funcionarios desplegados por todo el territorio nacional, quienes tienen una vinculación directa con las comunidades y con todos los que de una manera u otra transitan por su área de responsabilidad.

¿Cómo se realizan los procedimientos policiales con niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal?

Todos nuestros funcionarios durante la formación policial deben cursar la unidad curricular Fundamentos Jurídicos, donde ven lo relacionado con las leyes que regulan su actuación en los diferentes procedimientos policiales y entre ellos, el que debe seguirse con niños, niñas y adolescentes. En el artículo 65, numeral 9, de la Ley del Estatuto de la Función Policial se indica a todos los funcionarios policiales que deben “extremar las precauciones cuando la actuación policial este dirigida hacia las niñas, los niños o los adolescentes así como hacia los adultos mayores y la personas con discapacidad para garantizar su seguridad e integridad física, psíquica y moral”. Igualmente, en la Baquía número 20, sobre el buen trato,

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ENTREVISTA

guía que es suministrada a cada estudiante, se establece cuál es el procedimiento relacionado a seguir en estos casos, al igual que se enseña lo que aparece contemplado en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

¿Cómo pueden contribuir los consejos comunales y las comunidades para disminuir el problema de inseguridad?La seguridad es un problema social, por ello considero que las comunidades y los consejos comunales juegan un papel muy importante para minimizar la delincuencia existente y el surgimiento de futuros delincuentes. Desde el primer momento cuando observan que en sus comunidades se encuentran niños, niñas o adolescentes en estado de abandono, sin padres, desertores escolares o con una conducta con posibilidades de desviaciones delictivas, ellos deben coordinar programas, acciones o estrategias con las autoridades competentes para rescatar a esos niños y evitar que incurran en delitos. Como comunidades organizadas deben promover los valores morales, realizar organizaciones deportivas, centros culturales, escuelas para padres, de manera que estos niños estén ocupados en aprender y educándose para el futuro. De lo contrario, ellos van a ser captados por los delincuentes u organizaciones criminales que los formaran a su manera, creándole un perjuicio a la familia y a la comunidad.

¿Qué propuesta tiene la Academia de Policía Nacional Bolivariana para la actualización de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana y servicio penitenciario?

Se debe repotenciar el patrullaje inteligente a través de videocámaras del servicio VEN 911 que estén interconectadas con un centro de control de operaciones policiales en donde se pueda monitorear y prevenir cualquier actitud sospechosa antes de que se cometa el delito; de igual forma, fortalecer la plataforma tecnológica de las comunicaciones del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana de tal manera que se pueda generar una respuesta más oportuna ante el fenómeno delictivo.

¿A modo de balance, considera usted que la policía ha cubierto todas las áreas de servicios contempladas en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional? ¿Qué falta por hacer?

Considero que la Policía Nacional Bolivariana debe terminar de alcanzar la total cobertura en las veintidós (22) parroquias de Caracas y luego seguir desplegándose en los otros Estados del país, ofreciendo los distintos servicios que estipula la vigente Ley.

¿Cómo es la vinculación institucional de la Academia de Policía Nacional Bolivariana con las Academias de policías municipales y estadales?

Nula, no hay vinculación ya que hasta ahora la resolución de creación de la Academia de PNB no contempla la integración ni la cooperación con otras academias existentes.

¿Qué opina acerca del fenómeno de la corrupción en los Cuerpos Policiales y cómo debe combatirse? ¿Qué está haciendo la Academia de la PNB al respecto?

Este es un fenómeno que afecta gravemente a las instituciones de seguridad ciudadana, pero considero que si se puede combatir con mano dura y sin contemplaciones, siempre respetando los procedimientos de ley. Como lo indiqué anteriormente, nuestra institución hoy en día está conformada por más de 27.000 funcionarios, es posible que algunos de ellos se desvíen en su conducta, lo que si debemos es garantizar que se le aplique el brazo fuerte de la ley tanto administrativa como penalmente y que dichas acciones no queden impunes.

Envíele un mensaje a sus colegas de la PNB, y a la comunidad en general.

El mensaje para mis compañeros y hermanos policías es que avancemos en la consolidación del nuevo modelo policial con buenas actuaciones, respetando los derechos humanos, garantizando la paz social y el orden público, defendiendo la soberanía de nuestra Patria hasta con nuestras propias vidas si fuere necesario.Y a las comunidades, que confíen en su Policía Nacional Bolivariana. Esta es una institución humanista, socialista, conformada por hombres y mujeres que día a día arriesgan sus vidas por defender y proteger al pueblo. Si observan a algún funcionario con una conducta desviada, que los denuncien y aquí estaremos nosotros, los hombres y mujeres que tenemos la responsabilidad de mantener la disciplina interna, para imponer los correctivos que fueran necesarios y luego ustedes deben exigir que se les rindan cuentas.

¿Cómo es la vinculación institucional de la Academia de Policía Nacional Bolivariana con las Academias de policías municipales y estadales?

Nula, no hay vinculación ya que hasta ahora la resolución de creación de la Academia de PNB no contempla la integración ni la cooperación con otras academias existentes.

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