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Sánchez Muñohierro, Lourdes “Programa para contribuir al ejercicio de los derechos de niñas y niños, hijos de jornaleros agrícolas...”
Foro Invisibilidad y conciencia: Migración interna de niñas y niños jornaleros agrícolas en México 26 y 27 de septiembre del 2002
PROGRAMA PARA CONTRIBUIR AL EJERCICIO DE LOS
DERECHOS DE NIÑAS Y NIÑOS, HIJOS DE JORNALEROS
AGRÍCOLAS, Y DESALENTAR EL TRABAJO INFANTIL
(PROCEDER)
Lic. Lourdes Sánchez Muñohierro
SEDESOL–PRONJAG
L
a problemática en torno a la migración interna de niñas y niños, hijos de
familias jornaleras agrícolas, en México, es un tema que hasta hace pocos
años se incluye en las agendas de los encuentros y foros de discusión
entre instituciones públicas, académicas, de investigación y de la sociedad civil en
general.
En efecto, durante mucho tiempo la problemática que ahora abordamos ha
permanecido invisible, como invisibles han sido algunos derechos fundamentales
para miles de niñas y niños que laboran en los campos agrícolas.
Por lo anterior, es sumamente importante el compromiso que la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) han adquirido al organizar este foro, donde la “visibilidad” y la
“conciencia” serán los dos ejes fundamentales que nos permitirán generar un
espacio de análisis, así como avanzar en el desarrollo de propuestas viables que
contribuyan a solucionar la problemática de este sector de la población infantil de
nuestro país.
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Sánchez Muñohierro, Lourdes “Programa para contribuir al ejercicio de los derechos de niñas y niños, hijos de jornaleros agrícolas...”
Foro Invisibilidad y conciencia: Migración interna de niñas y niños jornaleros agrícolas en México 26 y 27 de septiembre del 2002
Por mi parte, agradezco a los organizadores la oportunidad que me han
dado de participar en este evento. Para realizar mi exposición, tendré como gran
marco de referencia las experiencias de trabajo que, desde 1990 y hasta la fecha,
ha desarrollado el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PRONJAG) con
esta población, y en particular con niñas y niños.
Con el propósito de organizar mi exposición y ofrecer un contexto
suficientemente amplio que permita dimensionar el tema que hoy nos ocupa, me
permitiré dividirla de la siguiente manera:
En la primera parte, considero imprescindible ofrecerles información
general sobre algunas de las características más relevantes de la población
jornalera agrícola y de los mercados laborales en los cuales se inserta; de
esta manera, podremos contar con elementos básicos que nos permitirán ir
contextualizando y explicando la situación que enfrentan niñas y niños
migrantes.
En la segunda parte, me centraré en la problemática sobre el
ejercicio de los derechos de niñas y niños, y en el tema del trabajo infantil;
al mismo tiempo, introduciré algunos aspectos fundamentales que definen
nuestra postura al respecto y el enfoque que hemos asumido para
contribuir a solucionar esta problemática.
Posteriormente, les haré una breve presentación del PROCEDER, como
una experiencia piloto de atención a la población infantil, misma que se ha
venido enriqueciendo en cinco entidades federativas con la participación de
las propias comunidades jornaleras.
Para finalizar, me permitiré expresar algunos comentarios que,
desde la experiencia de trabajo del PRONJAG, considero importantes para
enriquecer el análisis de este tema, que a todos nos preocupa.
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Aunque la heterogeneidad de la población jornalera agrícola, aunada a su
gran movilidad y dispersión, dificultan el estudio sistemático de su problemática y
el conocimiento puntual de su magnitud, de sus características y de su ubicación,
temporal y permanente, a lo largo y ancho del territorio nacional, el acercamiento
cotidiano del PRONJAG con las comunidades jornaleras –a través de una red de
promotores sociales que conviven cotidianamente con éstas– nos ha permitido
realizar tareas de investigación sobre sus características y problemática, así como
sobre el comportamiento de los flujos migratorios y de los mercados laborales en
que los jornaleros participan.
Nuestras fuentes de información se derivan de estas experiencias de
trabajo. En particular, a lo largo de esta ponencia me apoyaré, salvo mención en
contrario, en algunas referencias cuantitativas derivadas de dos ejercicios de
investigación que realizó el PRONJAG –uno en el año de 1994 y otro en el período
1998-1999– en entidades que cuentan con una importante presencia de
población jornalera agrícola.1
¿Quiénes son los jornaleros agrícolas?
Se estima que, en el país, existen alrededor de 3.2 millones de jornaleros
agrícolas, de los cuales 1.2 millones son migrantes. Aunque no conforman un
grupo homogéneo –en términos sociales, económicos y culturales– los jornaleros
agrícolas migrantes integran familias enteras del medio rural que, debido a su
precaria situación económica y social, se ven obligadas a dejar sus comunidades
1 1994: Encuesta levantada por el PRONJAG a 1,276 familias en: Valle de San Quintín, Baja California; Culiacán, Sinaloa; Costa de Hermosillo, Sonora; Canatlán, Durango, y Sierra Norte de Puebla, durante los ciclos agrícolas de 1994.
1998-1999: La Encuesta Nacional a Jornaleros Migrantes (ENJOMI) fue diseñada para captar información de las características particulares de los jornaleros agrícolas migrantes y sus grupos familiares. Se determinó como el universo de aplicación a los albergues y asentamientos de población migrante atendidos por el PRONJAG. El diseño muestral fue el estratificado combinado con conglomerados. Los estratos fueron los albergues y asentamientos, y las familias y migrantes solos, que es la forma de agrupación de la población, son los conglomerados. Se tomaron 23 muestras independientes en 10 estados (Baja California, Baja California Sur, Durango, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora) con una cobertura de 324 unidades de trabajo, en las cuales se levantaron 5,716 cuestionarios. La población total encuestada fue de 128,084 personas, con un margen de error del 5 por ciento.
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de origen. Migran hacia las zonas de desarrollo agrícola localizadas en diferentes
regiones y estados de la República Mexicana, en busca de mejores alternativas de
vida y de trabajo.
Se considera como jornaleros agrícolas a aquellos trabajadores eventuales
del campo que se emplean, a cambio de un salario, en labores que van desde la
preparación del terreno, hasta el cuidado y cosecha de los cultivos.
De acuerdo con los datos de la encuesta realizada en el período 1998-
1999, del total de personas encuestadas (128,084), el 57.43% eran hombres y el
42.57%, mujeres.
Por grupos de edad, la población se dividió de la siguiente manera: 39.50%
tenía entre 0 y 14 años; 37.36%, entre 15 y 29; 15.17%, entre 30 y 44,
mientras que el 7.42% contaba con 45 años de edad o más. El 0.55% de los
individuos no registró su edad.
Del total de población jornalera encuestada, los mestizos representaron el
59.01%, mientras que los hablantes de lengua indígena significaron el 40.99%.
Según su grupo étnico, los hablantes de lengua indígena registrados en este
rubro (un total de 48,430 personas), se distribuyeron de la siguiente manera:
mixteco, 42.78%; náhuatl, 23.66%, y zapoteco, 12.36%. Como puede observarse,
estas tres etnias conjuntaron al 78.8% de los hablantes de lengua indígena. En
menor medida, también destacaron los grupos: totonaco, con 4.74%; triqui,
3.75%; mazateco, 3.35%; tlapaneco, 2.55%, y tepehuano, 1.66%.
En cuanto a la situación de analfabetismo y alfabetismo de la población de
15 años de edad y más, se observó que, de un total de 76,722 personas
registradas, el 28.74% no sabía leer y escribir. Por grupos de edad, sin embargo,
se detectaron diferencias marcadas; así, en el rango de 15 a 29 años, el 21.94%
era analfabeta, en tanto que en los grupos de 30 a 44 y de 45 y más años, los
niveles de analfabetismo se elevaron hasta 34.83% y 50.56%, respectivamente.
En términos generales, la población jornalera migrante se caracteriza por
contar con bajos o nulos niveles educativos. La gran movilidad de las familias
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jornaleras genera un alto grado de deserción escolar y dificulta el acceso y la
continuidad de niñas y niños en los procesos educativos formales.
En 1998-1999, el 50.46% de la población indígena no contaba con ningún
grado de estudios; entre la población mestiza, este indicador fue del 25.27%. Así,
entre ambos grupos existió una diferencia ligeramente superior a los 25 puntos
porcentuales.
Los niveles de escolaridad entre quienes afirmaron tener algún grado de
estudios variaron según el origen indígena o mestizo y el sexo:
Los hombres indígenas tenían un promedio de cuarto de primaria y
las mujeres, de tercero.
Los hombres mestizos tenían un promedio de quinto año de primaria
y las mujeres, de cuarto.
Del total de niños indígenas de seis a 14 años de edad encuestados, el 61.06%
declaró no asistir a la escuela; este porcentaje fue superior al registrado por los
niños mestizos: 49.55%.
De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, de un total de 11,067
niñas y niños atendidos en el nivel primaria durante el ciclo escolar 2000-2001, el
54.10% de estos menores cursaba el primer grado; el 18.50% estaba en
segundo, mientras que el 27.40% restante se encontraba, con una tendencia
decreciente, entre el tercero y sexto grados.2
Por otra parte, las enfermedades que padecen los jornaleros indígenas son
aquéllas que se encuentran asociadas a la pobreza y a la poca seguridad en el
trabajo.
En el período 1998-1999, de los jornaleros indígenas que declararon
haberse enfermado durante el último mes anterior al levantamiento de la
encuesta, el 74.88% padeció enfermedades de vías respiratorias, infecciones
2 Secretaría de Educación Pública. Programa de Educación Primaria para Niñas y Niños Migrantes. 2001.
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gastrointestinales y dermatológicas, mientras que el restante 25.12% señaló
haber tenido problemas musculares, como dolores en la espalda, brazos y
piernas, la mayoría de estos relacionados con el desgaste en el trabajo.
Por otra parte, el 82.04% de los jornaleros mestizos encuestados declaró
haber recibido atención médica en unidades del Sistema Nacional de Salud. En
contraste, el 71.25% de los indígenas, señaló haber recibido atención en dicho
Sistema, mientras que el 28.75% restante debió acudir a otro tipo de servicios.
Dentro de la población jornalera, las mujeres embarazadas y los niños son
quienes más padecen por la carencia de servicios médicos:
Un 53.09% de las mujeres indígenas embarazadas no llevaba ningún
control médico, mientras que, en el caso de las mestizas, dicho porcentaje
se reducía al 35.00%.
El 34.49% de los niños mestizos no contaba con cartilla de
vacunación; en tanto que el 43.38% de los menores indígenas carecía de
este documento. Por lo anterior, se deduce que estos pequeños no son
vacunados.
Por otro lado, en las actividades laborales que se realizan en los campos agrícolas
se pueden apreciar diferencias entre los jornaleros indígenas y mestizos.
Los indígenas se incorporan al trabajo a una edad más temprana que los
mestizos. En 1998-1999, mientras que el 46.45% de los trabajadores indígenas
señaló haber comenzado a trabajar entre los cinco y los 14 años de edad, el
44.47% de los mestizos declaró haber iniciado su participación en actividades
productivas entre estas edades.
Entre la población indígena el trabajo infantil y el de las mujeres es más
acentuado que entre la población mestiza. El porcentaje de niños indígenas
mayores de seis años que se incorporaron al empleo fue de 85.93%, por 75.85%
de los niños mestizos. En el caso de las mujeres, la proporción de indígenas que
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trabaja fue superior que el de las mestizas, con un 77.98% y un 59.71%,
respectivamente.
En los niveles salariales también se observan diferencias aun cuando los
trabajos realizados sean similares. Mientras los jornaleros indígenas encuestados
declararon haber percibido un salario promedio diario de $48.18 pesos, los
trabajadores mestizos obtuvieron $60.26.
Por las características del mercado de trabajo agrícola se distinguen tres
tipos de entidades federativas y regiones: las de expulsión, en donde se localizan
las comunidades de origen de la mano de obra jornalera; las de atracción, que
demandan importantes cantidades de fuerza de trabajo jornalera, y las
intermedias, que presentan zonas de oferta y demanda de estos trabajadores.3
Los mercados laborales en los que se inserta la población jornalera agrícola
no son estáticos. De acuerdo con información recabada por el PRONJAG,
sobresalen los cambios referidos a los cinco estados que cuentan con la mayor
cantidad de jornaleros migrantes.
En 1994, Oaxaca registró el 25.73% de los trabajadores agrícolas
migrantes; Guerrero, el 16.20%; San Luis Potosí, el 15.26%; Sinaloa, el
8.80% y Morelos, el 7.60%. En suma, estos cinco estados aportaron el
73.59% de los jornaleros captados.
En el período 1998-1999, el orden de importancia de los estados
cambió y se incorporaron unos nuevos: Guerrero ocupó el primer sitio, con
27.86% de los jornaleros migrantes; Sinaloa, registró el 21.43%; Oaxaca,
3 Las entidades de atracción, como Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas y Nuevo León, y la región de la Comarca Lagunera (parte de Chihuahua, Durango y Coahuila), se caracterizan por contar con un sector agrícola moderno y exportador, que requiere cantidades significativas de jornaleros, particularmente indígenas, por períodos que van de los cuatro a los seis meses, sobre todo en la etapa de cosecha, ya que la oferta local de trabajadores agrícolas no puede satisfacer esta demanda. Oaxaca y Guerrero, que presentan un sector agrícola tradicional y de subsistencia, son los estados de donde emigra la mayor cantidad de jornaleros agrícolas, muchos de ellos indígenas, hacia las regiones de agricultura comercial del noroeste del país. Los estados intermedios, como Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz, están constituidos por mercados regionales y locales de trabajo donde coexisten zonas de atracción y de expulsión.
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se ubicó hasta el tercer lugar, con 17.94%. Asimismo, Veracruz y Durango,
con el 7.19% y el 4.45%, respectivamente, se ubicaron dentro de los cinco
primeros estados que registraron mano de obra jornalera agrícola
migrante.
En este período, las cinco entidades más importantes aportaron el
78.87% del total de jornaleros migrantes; esto es, 5.28 puntos
porcentuales más que en 1994. Por otra parte, también destaca el hecho
de que los estados de Puebla e Hidalgo, mostraron un significativo
incremento en su aportación de mano de obra a los mercados laborales
agrícolas.
Es preciso reiterar que, en la actualidad, necesitamos generar más información
que precise las características y la magnitud de los flujos migratorios en los que
se inserta la población jornalera agrícola y, en particular, la de origen indígena.
Sin embargo, sí tenemos evidencias de un incremento en el número de estados y
municipios expulsores.
Con base en la información del PRONJAG, les puedo decir que, en los
últimos años, se ha registrado un crecimiento en la cantidad de municipios en los
que se ubican las localidades de origen de la mano de obra jornalera.
En el año de 1994, en 672 municipios (el 27.85% del total nacional)
se registró la salida de población jornalera hacia diferentes zonas de
trabajo agrícola.
En el período 1998-1999, el número de municipios expulsores se
elevó a 929, mismos que representaron el 38.50% del total, lo que implicó
un aumento de 10.65 puntos porcentuales.
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Esta dinámica de crecimiento se ha acentuado en las regiones indígenas.
En 1994, de los 803 municipios considerados por el Instituto
Nacional Indigenista (INI) como indígenas, el 25.40% (204) expulsó
jornaleros.
En el período 1998-1999, los municipios expulsores constituyeron el
37.98% (305) del total.
Como pueden observar, en tan sólo cuatro años se detectó un incremento de 12.58
puntos porcentuales en la cantidad de municipios de donde sale fuerza de trabajo
indígena, para alimentar las necesidades del capital agroindustrial que se desarrolla
en los valles más fértiles del país.
Sin duda, estas cifras son conservadoras dado que en ellas no se incluyen
los procesos migratorios que se presentan en los estados del sureste del país ni
los que se registran entre regiones de una misma entidad federativa. No
obstante, nos ofrecen elementos que nos permiten acercarnos a una visión más
global del problema.
En síntesis, podríamos decir que ser jornalero o jornalera agrícola migrante
significa saber trabajar, luchar y esforzarse por salir adelante; ser portador de una
gran riqueza cultural; ser productivo y participar activamente en el desarrollo
económico de nuestro país. No obstante, ser jornalero o jornalera también significa
dejar de manera temporal o, a veces, definitiva, el lugar de origen; realizar largos
recorridos sin tener lo mínimo necesario; llegar al lugar de trabajo y habitar en un
espacio reducido para sobrevivir con carencias, comer mal y trabajar mucho bajo
condiciones extremas de frío o de calor; realizar largas y extenuantes jornadas
para hacer dos “tareas” de tomate, cortar un par de toneladas de caña o sacar 80
arpillas de cebolla que, cuando mucho, significarán $100.00 de paga.
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Significa llegar al término del día con un gran cansancio y tener que
levantarse antes de que salga el sol, todavía con el cuerpo adolorido por el
esfuerzo cotidiano; ver a los hijos trabajando desde pequeños y sufrir por sus
enfermedades y problemas de desnutrición, que se presentan de manera
recurrente, en cada viaje.
En efecto, ser jornalero representa enfrentar abusos, discriminación y la
violación de sus derechos humanos.
Los derechos de niñas y niños
En este contexto, la situación de las niñas y los niños que migran con sus padres es
más vulnerable. Comienzan a padecer desde la salida de sus comunidades de origen
–donde dejan escuela, amigos y parientes– y el traslado a los lugares de enganche.
Al llegar a estos, deben esperar durante muchas horas, e incluso dormir a la
intemperie, hasta el arribo de los camiones que los conducirán a las zonas agrícolas
donde se emplearán sus padres. Durante el recorrido, enfrentan condiciones de
hacinamiento, presencia de enfermedades y mala alimentación. De igual manera, no
son pocas las ocasiones que reciben maltratos verbales por parte de los
transportistas.
Llegan a los lugares de trabajo, sin documentación que los identifique, a
vivir en condiciones sumamente difíciles. Por lo general, cuando sus padres
trabajan, los niños más pequeños se quedan al cuidado de algún hermano mayor,
con todos los riesgos que esto implica; en otros casos, son llevados a los campos
agrícolas donde, a las espaldas de sus madres o sentados en los surcos, se les
expone a cambios extremos de temperatura, picaduras o mordeduras de insectos
y animales, y al contacto con agroquímicos.
Por otra parte, los menores que están en edad escolar muchas veces se
ven obligados a abandonar la escuela para incorporarse al trabajo en los campos
agrícolas.
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Con sus cabezas cubiertas por paliacates, con sus camisas descoloridas por
los intensos rayos del sol o desgastadas por el uso de muchos años, con sus
cuerpos menudos y frágiles, se pierden en los surcos durante largas y agotadoras
jornadas de trabajo.
Para estos niños es tan común padecer enfermedades respiratorias,
diarreas, parasitosis, infecciones de la piel y desnutrición, como sufrir por la
discriminación, el abuso y el maltrato de que son objeto. En suma, la violación
permanente de sus derechos fundamentales.
Quienes se incorporan al trabajo desde los siete años de edad, pasan de
vivir una corta infancia –con serias limitaciones para su desarrollo– a una especie
de “edad adulta”, con la obligación de aportar ingresos a una deteriorada
economía familiar.
Sin duda, el hecho de que niñas y niños trabajen en los campos agrícolas
es alarmante; pero también es preocupante que coman mal, medio vistan,
duerman poco, se enfermen constantemente y estén expuestos al maltrato de los
adultos y a la discriminación. Además, es igual de grave que no tengan acceso a
servicios médicos y educativos, y mucho menos a opciones y espacios recreativos
y culturales.
En cualquier caso, la violación de un derecho se relaciona o produce la
violación de otros derechos. Al final, los niños son excluidos de vivir una infancia
digna.
La situación que viven los hijos de las familias jornaleras en nuestro país, y
en particular su incorporación temprana al mercado de trabajo, no sólo se explica
como resultado de sus carencias y necesidades inmediatas; es necesario relacionar
éstas con diversos factores sociales, económicos y políticos que han contribuido a
generarlas.
Se explica entonces desde el análisis de un modelo económico que, a
mediados de la década de los ochenta, pasa de una agricultura orientada al
mercado interno a una economía abierta que impulsa al sector
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agroexportador, y que agudiza el proceso de polarización en el campo
mexicano; así, mientras por un lado tenemos un sector productivo y
moderno, por otro se encuentra un sector agrícola tradicional de
subsistencia, que enfrenta cada vez mayor pobreza y marginación. Como
consecuencia de este proceso, se incrementa la incorporación al trabajo
asalariado de mujeres y niños, quienes se ven obligados a buscar nuevas
fuentes para complementar el ingreso familiar.
Se explica también por la valoración del contexto en el que subsisten
las familias jornaleras agrícolas, particularmente en sus regiones y
comunidades de origen, caracterizado por los graves rezagos sociales que,
por generaciones, han enfrentado; la explotación indiscriminada de los
recursos naturales de su entorno y la degradación de sus tierras, así como
la falta de opciones de desarrollo, de servicios básicos y de fuentes de
empleo e ingreso.
La problemática de niñas y niños, y su incorporación al trabajo, no
sólo se explica por lo que establece la legislación nacional e internacional
sobre el reconocimiento de sus derechos, así como la prohibición del
trabajo infantil; se explica además desde el análisis de su aplicación, que
permite constatar la carencia de recursos, estructuras y mecanismos
institucionales destinados a garantizar el ejercicio de los derechos de los
menores y de sus padres.
El trabajo infantil no se explica desde el argumento referido a la
insuficiencia de mano de obra adulta. En todo caso, se explica en el análisis
de un sistema productivo que, en muchas ocasiones, se apoya en una red
de explotación conformada por enganchadores y/o contratistas que, por
cubrir el número de trabajadores solicitado por los productores, lo mismo
reclutan familias con niños que menores solos para trasladarlos a las zonas
agrícolas, quedándose con una parte importante de los salarios de los
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jornaleros, quienes por el temor de no ser contratados en un próximo ciclo
evitan denunciar tales anomalías.
De igual manera, se explica por la existencia de un sistema
productivo que está más preocupado por satisfacer las demandas del
mercado agroexportador que por ofrecer condiciones laborales y
prestaciones más adecuadas para los trabajadores y sus familias. Situación
que se agrava por las limitadas acciones de supervisión por parte de las
autoridades laborales locales y las instituciones de procuración de justicia.
El trabajo infantil no sólo se explica porque existen pocos programas
de instituciones públicas y de organismos sociales orientados a su
desaliento y/o erradicación, sino además porque algunos de estos están
más preocupados por atacar los efectos que las causas de dicha práctica.
Al revisar estas experiencias, podemos darnos cuenta que las soluciones se
han reducido al otorgamiento de becas y despensas, condicionado a que
los menores asistan a la escuela y dejen de trabajar.
Además, el monto de las becas ha sido muy inferior al salario que
podrían obtener los niños, de tal manera que se opta porque éstos sigan
laborando. Lo mismo ha sucedido con la entrega de despensas familiares.
En el mejor de los casos, cuando se ha logrado “desincorporar” a los niños
del trabajo, la única opción que se les ha ofrecido es la atención educativa.
Desgraciadamente, no se proporcionan otras alternativas, espacios y
condiciones que les permitan desarrollarse y ejercer sus derechos
fundamentales.
El problema del trabajo infantil en los campos agrícolas está
enmarcado en una problemática más amplia, en la que se insertan otros
sectores de la población infantil nacional que también trabajan. Resulta
imposible superar con éxito cualquier forma de trabajo infantil si se le
enfrenta de manera aislada. Por el contrario, se requiere que, con el
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esfuerzo de todos, contribuyamos a generar las condiciones adecuadas
para ello.
En síntesis, podemos decir que la problemática en torno a la migración interna de
niñas y niños, hijos de jornaleros agrícolas –que se encuentra estrechamente
vinculada al trabajo infantil y al no-ejercicio de los derechos de los menores–, es
parte de una problemática más global en la que convergen diferentes relaciones
sociales, económicas y políticas.
Estamos obligados a intervenir en todos los aspectos que forman parte de
esta problemática, particularmente en aquellos referidos a sus causas estructurales;
ofrecer medidas remediales no soluciona nada.
Reconocer la justa dimensión de este problema permite convocar la
participación corresponsable y comprometida de diferentes actores y grupos
sociales que, desde distintos frentes y posiciones estratégicas, podrán contribuir
en la aplicación efectiva de las leyes y en la generación de condiciones para que
los menores ejerzan sus derechos, incluido el de no trabajar. En todo caso,
debemos aceptar que estamos hablando de un proceso que podría brindar sus
mejores frutos en el largo plazo, pero que urge iniciar y darle continuidad.
El PROCEDER
Desde la perspectiva señalada con anterioridad, hemos desarrollado el Programa
para Contribuir al Ejercicio de los Derechos de Niñas y Niños, Hijos de Jornaleros
Agrícolas, y Desalentar el Trabajo Infantil (PROCEDER).
El enfoque del PROCEDER se basa en los derechos de niñas y niños,
situando en el centro el de “tener una vida digna”. Este derecho se traduce en la
satisfacción de las necesidades básicas, pero no sólo de aquéllas que se refieren a
la existencia o sobrevivencia biológica, sino además las que se relacionan con un
desarrollo físico, intelectual y social.
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Desde este enfoque, el objetivo del PROCEDER es ambicioso porque pretende
contribuir a la generación de condiciones físicas y ambientales para que los
menores ejerzan sus derechos fundamentales, entre ellos los que se relacionan con
la alimentación, la nutrición, la protección, la educación, el respeto, la salud, la
recreación y el juego, al mismo tiempo que se desalienta el trabajo infantil y se
propicia el desarrollo de sus capacidades.
Al igual que todos los proyectos y acciones del PRONJAG, el PROCEDER se
sustenta en estrategias de investigación, promoción social, coordinación
institucional y concertación social, formación y capacitación, y evaluación y
seguimiento:
Como se ha señalado, el ejercicio de los derechos de los niños es
nuestro objetivo o punto de llegada, pero al mismo tiempo es el punto de
partida; por ello, una estrategia fundamental es iniciar con un diagnóstico
sobre las necesidades básicas y la problemática sobre el ejercicio de los
derechos en los ámbitos donde niñas y niños se relacionan con otras
personas: el familiar, el comunitario, el escolar y, en su caso, el laboral.
La información que se recaba es cuantitativa y cualitativa –ésta
última recogida a través de relatos, testimonios e historias de vida– y su
propósito es contar con los elementos que permitan una rápida
intervención.
La promoción social es una estrategia que permite a un grupo de
profesionales, con diferentes perfiles, establecer un trabajo directo con las
distintas personas que conviven con los niños en estos cuatro ámbitos,
entre las que se encuentran: padres y madres, maestros, miembros de la
comunidad, productores agrícolas y agentes institucionales, con la finalidad
de sensibilizar y propiciar su participación y corresponsabilidad en este
programa.
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A partir de los resultados de los diagnósticos y del trabajo de la red de
promotores sociales, se desarrolla la estrategia de coordinación y concertación
con diversas instituciones y organismos públicos, privados y sociales para que
en sus respectivos ámbitos de competencia asuman el compromiso de
participar, de manera corresponsable, en acciones concretas que permitan
contribuir al ejercicio de los derechos de niñas y niños.
En materia de formación y capacitación, a fin de garantizar que cada
experiencia estatal del PROCEDER se sustente en un enfoque y una
metodología generales, se nombra un responsable en cada estado, quien
conforma equipos donde participan padres, maestros, miembros de la
comunidad, productores y agentes institucionales y de organismos sociales.
Estos equipos promueven y participan en el desarrollo de eventos
formativos –talleres, reuniones, cursos y asambleas, entre otros– que se
orientan hacia la sensibilización, participación y apropiación del programa,
así como a la difusión y construcción de una cultura sobre los derechos de
la infancia.
Con la finalidad de orientar y enriquecer cada una de las fases del
PROCEDER se realizan acciones de seguimiento y evaluación de cada uno de
los programas estatales. De igual manera, se busca que exista un
intercambio de experiencias entre los equipos conformados en cada
entidad federativa, lo que les permite compartir diversas alternativas de
atención a la problemática que enfrentan niñas y niños.
En el período que va de octubre de 2001 a junio de 2002, la experiencia piloto del
PROCEDER permitió atender a 8,610 niñas y niños, en cinco entidades federativas:
Baja California Sur, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí y Sinaloa. Estos menores,
de hasta 14 años de edad, son hijos de jornaleros agrícolas que, por las
condiciones de pobreza en las que subsisten, representan una población
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susceptible de incorporarse o que ya se ha incorporado a las actividades
productivas.
Como se ha dicho, el PROCEDER se sustenta en un enfoque y una
metodología generales, lo que ha permitido que en cada estado su diseño y
operación se hayan diversificado según las particularidades y características de
los grupos jornaleros, así como las posibilidades de gestión y participación de las
instituciones públicas, de los organismos sociales y de las propias comunidades
jornaleras.
Dentro de los principales componentes bajo los que opera el PROCEDER,
están los siguientes:
Generación de condiciones físicas y materiales. Con la finalidad de
hacer posible el ejercicio de los derechos de niñas y niños, así como de contar
con opciones que les permitan desarrollar sus capacidades, con recursos del
PRONJAG, de los productores agrícolas y de los gobiernos estatales, se han
construido, rehabilitado y equipado centros de atención infantil, aulas,
canchas deportivas, comedores, consultorios médicos, parques infantiles y
ludotecas. Cabe destacar que, por lo general, los productores agrícolas
participan con el 50% de los recursos económicos necesarios para llevar a
cabo estas obras.
Generación de condiciones ambientales. Si bien es cierto que las
condiciones físicas y materiales son esenciales para que los menores cuenten
con espacios adecuados para su sano desarrollo, también es importante
cuidar el modelo operativo; por ello, se han construido metodologías de
atención que cuentan con opciones atractivas, ágiles, incluyentes y flexibles,
mediante las cuales las personas o agentes que trabajan con los niños
generen ambientes favorables para el ejercicio de los derechos, a través de
diversas situaciones de aprendizaje. Actualmente, se han diseñado
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metodologías para centros de atención infantil y ludotecas, así como para la
realización de talleres lúdico-culturales.
Desarrollo de acciones articuladas por ámbito. Se busca desarrollar
acciones que favorezcan el ejercicio de los derechos de niñas y niños en los
ámbitos en que se desenvuelven: familiar, comunitario, escolar y, si fuera
el caso, laboral. Para promover y fortalecer el ejercicio de cada derecho, se
requiere llevar a cabo acciones en cada uno de estos ámbitos. Por ejemplo,
para contribuir al ejercicio del derecho a la salud, en cada experiencia
estatal se ha procurado efectuar acciones interrelacionadas que promuevan
este derecho en el hogar, en la escuela, en la comunidad y en el trabajo.
En este sentido, ha sido indispensable tener claridad sobre cómo se
relacionan las acciones en los diferentes ámbitos para hacer posible el
ejercicio de un derecho.
Asimismo, es importante subrayar que la promoción del ejercicio de
cualquier derecho no puede trabajarse a partir de acciones aisladas y
únicas; ni es recomendable trabajar sólo en uno de los ámbitos dejando a
los otros fuera.
Estímulos y apoyos. Los estímulos y apoyos que se otorgan están
ligados estrechamente con el ejercicio del derecho que se pretende apoyar.
Por ejemplo, por decisión de padres y madres jornaleros, las becas
educativas se han utilizado exclusivamente para la compra de productos
indispensables para la formación de sus hijos, como en el caso de útiles y
uniformes escolares.
Entre los estímulos otorgados se encuentran becas, libros, mochilas,
ropa, zapatos, así como la realización de paseos, excursiones y visitas a
lugares recreativos y culturales. La selección de estos estímulos se ha
llevado a cabo con la participación de las familias jornaleras y, en especial,
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de niñas y niños, con quienes también se establecen los procedimientos
para otorgarlos de manera temporal.
Cabe destacar que el ofrecimiento de estímulos nunca se ha
manejado de manera aislada; por el contrario, dichos apoyos han sido
parte integral del programa y han estado articulados al resto de las
acciones.
Generación de una cultura de protección de los derechos. En cada
unidad de trabajo, región o entidad federativa donde se ha piloteado el
PROCEDER, para difundir los derechos de los menores se han definido y
puesto en marcha diferentes estrategias y mecanismos, entre los que se
encuentran la transmisión de mensajes por radio y la elaboración y
distribución de carteles, folletos y trípticos.
Asimismo, para contribuir a generar esta cultura se han realizado
pláticas y talleres, dirigidos y adecuados a los diferentes grupos de la
población jornalera (niñas y niños, padres y madres, comunidad en general).
En este mismo sentido, se han aprovechado reuniones y foros de diversa
índole –en los que participan representantes de diferentes instituciones y
organismos públicos, privados y sociales– para promover los derechos de la
infancia y convocar la participación corresponsable de las diversas instancias
en tan importante tarea.
En cada entidad federativa donde se ha instrumentado la experiencia piloto, ha
sido muy provechoso comenzar por el análisis de las condiciones existentes en
materia de infraestructura y/o equipamiento, así como de las experiencias
previas de atención dirigidas a niñas y niños, en caso de que se hubieran
presentado. Con base en este análisis se trabajó en la articulación, integralidad y
fortalecimiento de las diferentes acciones y se buscó la construcción de nuevas
opciones de desarrollo que contribuyeran al ejercicio de los derechos de los
menores y al desaliento del trabajo infantil.
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En síntesis, puedo decirles que, con base en el enfoque y en la metodología
del PROCEDER, se definieron: los derechos que se contribuiría a ejercer; las
condiciones físicas, materiales y ambientales que se buscaría generar, así como los
apoyos y recursos, económicos, materiales y humanos necesarios para impulsar el
programa. Además, se visualizaron las acciones que se emprenderían; pero, sobre
todo, se identificaron las estrategias y mecanismos que permitirían articular dichas
acciones y, con ello, lograr el fortalecimiento de los derechos en los ámbitos donde
se relacionan niñas y niños. Todo esto fue posible con la participación de los
propios menores, de sus padres, de los agentes institucionales y de los productores
agrícolas.
Para quienes hemos participado en la construcción del PROCEDER, las
experiencias desarrolladas en los estados de Baja California Sur, Morelos,
Nayarit, San Luis Potosí y Sinaloa son, por sí mismas, sumamente valiosas.
Desgraciadamente, por razones de tiempo no podré describirles cada una de
ellas. Sin embargo, me gustaría presentarles algunos de los principales logros
alcanzados.
En Baja California Sur se atendió a 940 menores; en Morelos, a 470;
en Nayarit, a 1,200; en San Luis Potosí, a 1,300, y en Sinaloa, a 4,700.
Se cuenta con una gran variedad de material escrito, por medio del
cual se recogen testimonios, relatos, historias breves y anécdotas contadas
por niñas y niños. Este material ofrece la posibilidad de realizar un análisis
cualitativo sumamente valioso, pues son los propios menores quienes
hablan de su situación y sus necesidades.
Se diseñó y piloteó una metodología de planeación participativa con
niñas y niños. Por medio de la realización de dibujos, cuentos, manualidades
y juegos diversos, los menores participan en la identificación de su
problemática y en la definición de las acciones que permitan superarla.
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Se ofrecieron servicios de alimentación, nutrición, salud, higiene y
educación en los centros de atención infantil, lográndose además en casos
como el de Nayarit, el apoyo de transporte para trasladar a niñas y niños
de las parcelas a estos centros.
Se diseñó y piloteó una metodología para la instrumentación de
ludotecas para niñas y niños migrantes. En estos espacios, al mismo
tiempo que se favorecen el juego y el aprendizaje, se propicia el
intercambio de expresiones y manifestaciones culturales entre menores de
diversos grupos étnicos, en el marco del ejercicio de sus derechos.
Se logró, en San Luis Potosí, la operación de un museo móvil que
permitió acercar a niñas y niños –en diferentes campos agrícolas–
elementos representativos de diversas culturas y generar situaciones de
aprendizaje con los propios menores, con base en una metodología
participativa e interactiva.
Se diseñaron e instrumentaron talleres lúdicos, recreativos y
culturales dirigidos a niñas y niños, en lugares cercanos a los campos
agrícolas. En muchos casos, se rebasó el cupo establecido y se logró,
además, la aceptación y participación entusiasta de los padres y las
madres de los menores.
Se llevaron a cabo jornadas culturales con niños migrantes, las
cuales permitieron el intercambio, entre menores de diversos grupos
étnicos, sobre costumbres, tradiciones, bailes, cantos y juegos, entre otros.
Se realizaron visitas y excursiones con niñas y niños, con servicio de
transportación, a diferentes lugares culturales y recreativos.
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Se organizaron torneos deportivos con niñas y niños. Estos eventos
representaron una fuente importante de participación, ya que los menores
reconocieron la importancia de pertenecer a un grupo, respetar reglas, ser
reconocidos y valorados, ser solidarios y tener objetivos comunes, todo lo
cual les permite organizarse y superar obstáculos.
Para cada una de las actividades realizadas y situaciones que se
generaron, fue condición fundamental fortalecer el ejercicio de diferentes
derechos, entre los que se encuentran: el respeto, la libre expresión, el
reconocimiento de logros, la participación, el acceso a información, y la
posibilidad de reunirse, decidir y proponer. Cada una de las acciones
también se orientó a generar ambientes favorables, en los que niñas y
niños fueron llamados por su nombre y se fortaleció su identidad y el
intercambio cultural, eliminando cualquier signo de discriminación por su
religión, creencias, sexo, color o lengua.
El piloteo del PROCEDER en las cinco entidades mencionadas concluyó en el mes
de junio del año en curso. Durante el mes de agosto, se realizó una reunión de
intercambio entre los equipos estatales en la que se presentaron los avances que
les acabo de comentar. Actualmente, se encuentran realizando acciones de
sistematización de sus respectivas experiencias.
Asimismo, se llevan a cabo tareas de preparación para extender el
programa hacia otros estados que cuentan con una importante presencia de
población jornalera agrícola; entre estos se encuentran: Baja California, Durango,
Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz.
Los avances del PROCEDER no están desvinculados del conjunto de
proyectos y acciones que promueve el PRONJAG para la atención de las familias
jornaleras –entre los que sobresalen aquellos referidos a: vivienda, comedores
comunitarios, cocinas populares, tiendas de abasto, tortillerías, bancos de alimentos,
consultorios médicos, servicios básicos, capacitación y obtención de documentos
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oficiales– con base en una metodología de promoción social que favorece la
organización y la participación corresponsable de las comunidades beneficiarias.
Enseguida, me permitiré presentarles algunos proyectos relevantes:
Desde principios de la década de los noventa, con la participación de
productores, instancias estatales y federales y la propia comunidad
jornalera, se inició la instalación de centros de atención infantil para niñas
y niños de 0 a 6 años de edad, en donde se ofrecen servicios de salud,
alimentación, juego y recreación.
En la actualidad existen 132 centros en diferentes estados con
presencia significativa de familias jornaleras; en su mayoría, son operados
por madres cuidadoras jornaleras, atendiendo a un promedio de 6,600
menores por temporada agrícola.
Desde hace un par de años, el PRONJAG pilotea en el estado de Baja
California un Programa de Atención a Menores en Circunstancias
Especialmente Difíciles en el Área Rural, del cual se deriva un modelo de
atención integral para hijas e hijos de jornaleros agrícolas. En el desarrollo
de este esfuerzo, la participación y el financiamiento del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) han sido sustanciales, así como el
interés y la preocupación de UNICEF, que se ha corresponsabilizado en la
realización de las acciones enmarcadas en este programa.
En el Valle de Mexicali, se opera mediante el empleo de módulos de
atención en unidades móviles con guarderías y espacios escolares,
instalados en las cercanías de los campos de cultivo. En el de San Quintín,
se encuentra en proceso la rehabilitación de guarderías ya existentes, así
como la construcción y el equipamiento de otras guarderías y de casas de
cuidado diario y aulas para nivel preescolar.
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El desarrollo de esta infraestructura nos permitirá impulsar centros
de atención y educación infantil, que constituyan espacios dignos y seguros
en los que se ofrezca a niñas y niños, de hasta 6 años de edad, una
educación de calidad y una alimentación adecuada, así como condiciones
básicas de salud.
En el mes de julio del año en curso, la SEDESOL firmó un convenio
con UNICEF para conjuntar esfuerzos y experiencias metodológicas a fin de
ofrecer atención a hijas e hijos de familias jornaleras agrícolas, en el marco
del enfoque sobre los derechos de niñas y niños, y el desaliento del trabajo
infantil. En este año desarrollamos acciones en Baja California; sin
embargo, nuestro propósito es seguir construyendo experiencias viables
para que los menores tengan una vida más digna.
Como una respuesta a los graves problemas de desnutrición que
presentan los menores, en el estado de Sinaloa el PRONJAG se coordina con
instituciones y productores para operar un módulo de recuperación
nutricional que, a la fecha, ofrece servicios de salud, alimentación y
estimulación física. Cada temporada agrícola se atiende a 50 niñas y niños,
en promedio.
Desde el año pasado convocamos, junto con la Oficina de
Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la
Presidencia de la República, a diversas instancias federales para trabajar
en la construcción del Programa Intersectorial de Atención a Jornaleros
Agrícolas. El PRONJAG funge como Secretariado Técnico de un grupo que se
conforma, actualmente, con 18 representantes institucionales.
El objetivo general del programa intersectorial es generar las
condiciones para que los jornaleros agrícolas y sus familias puedan ejercer
sus derechos fundamentales, mediante la acción coordinada y complementaria
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de las instituciones públicas, privadas y sociales competentes en la
materia, así como con el impulso de una política nacional de atención a
este sector. Cabe destacar que dentro de las principales líneas de acción de
este programa se encuentra el desaliento al trabajo infantil.
Ya se conformaron grupos con representantes de instancias
federales y locales en los estados donde se pilotea el programa: Baja
California, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca y Sinaloa, que están
desarrollando las propuestas de trabajo estatales, en las cuales se precisan
los mecanismos y esquemas operativos con los que, de manera integral, se
busca dar respuesta a las necesidades de la población jornalera agrícola.
De manera permanente, se han impulsado acciones de
sensibilización y concertación con productores agrícolas, a fin de que
asuman plenamente las obligaciones que la ley laboral les impone con
relación a sus trabajadores; se han logrado avances en el mejoramiento de
las condiciones de trabajo que ofrecen a los jornaleros agrícolas, así como
en su inscripción al régimen de la seguridad social.
En particular, se ha registrado una creciente disposición de algunos
productores por participar en diferentes acciones que contribuyan al
desaliento del trabajo infantil, especialmente en entidades del noroeste del
país, ya sea porque se han sensibilizado ante esta problemática o porque
existe el riesgo de que Estados Unidos de Norteamérica suspenda la
importación de productos agrícolas mexicanos en cuya producción se haya
utilizado la mano de obra de menores
Comentarios finales
Aun cuando se ha avanzado en la atención de las familias jornaleras y de sus
hijas e hijos, es necesario reconocer que falta mucho por hacer para contribuir al
mejoramiento de sus condiciones de vida.
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Por lo anterior, me permitiré expresar algunas reflexiones que considero
importantes para enriquecer el análisis del tema que ahora nos preocupa.
Si bien existen diferentes líneas de investigación en torno a la
problemática de la migración de niñas y niños, que deben trabajarse para
ofrecer una explicación amplia y rigurosa sobre el tema, no podemos ni
debemos esperar hasta que estos estudios culminen para participar, de
manera corresponsable y comprometida, en la solución de dicha
problemática. En efecto, la urgencia de la situación nos obliga a trabajar en
ambas vías, así como a dotar de un sentido más práctico a nuestros
ejercicios de investigación.
El reconocimiento de la problemática que viven niñas y niños, hijos
de familias jornaleras agrícolas migrantes, implica la necesidad de que ésta
sea considerada con un alto grado de prioridad entre los temas que
conforman la agenda de las políticas públicas. Esto debe reflejarse en el
desarrollo de diferentes programas y proyectos (en sus objetivos,
estrategias, normas y lineamientos), así como en la infraestructura y los
recursos materiales, financieros y humanos destinados para su operación.
Por la magnitud de la problemática abordada, es necesario reconocer
que no será con medidas asistenciales y aisladas como habrá de
solucionarse la problemática de referencia. Es necesario brindar respuestas
integrales en las que participen instituciones públicas de acuerdo con sus
respectivos ámbitos de competencia, organismos sociales, las propias
comunidades jornaleras y, especialmente, los productores agrícolas.
Es preciso visualizar el trabajo infantil, y particularmente el que se presenta en
los campos agrícolas, como un problema que se inserta en un contexto más
amplio en el que existen otros ámbitos laborales, formales e informales, a los que
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muchos menores se pueden incorporar. Es imposible enfrentar, de manera
aislada, cualquier forma de trabajo infantil y pretender disminuirlo si en el
conjunto de la sociedad no se han generado las condiciones indispensables para
ello y para garantizar el ejercicio de los derechos de niñas y niños.
Eliminar la idea de que la erradicación del trabajo infantil se logra
con la entrega de apoyos aislados, como becas o despensas. Es preciso
reconocer las necesidades de la población jornalera y construir, junto con
ella, programas con los que se identifiquen; sólo así lograremos que, más
tarde, se apropien de éstos.
No se trata entonces de ofrecer programas preestablecidos que, en
el mejor de los casos, incluyan algunas adaptaciones de acuerdo con las
circunstancias prevalecientes en las zonas o regiones en donde se
apliquen. Debemos construir programas nuevos con la participación, el
consenso y la validación de las propias comunidades beneficiarias.
Si bien es claro que, por decreto, no se logrará disminuir ninguna de
las formas en que se presenta el trabajo infantil, incluido el agrícola, es
necesario revisar la aplicación de nuestra legislación y fortalecer algunas
de las funciones de las instancias laborales y de procuración de justicia.
El análisis de las experiencias realizadas en materia de atención a niñas y niños
migrantes es esencial para tener una justa dimensión de lo que se ha avanzado y
de las dificultades que han enfrentado quienes desde sus prácticas de campo
trabajan con las comunidades jornaleras. Por eso, dicho análisis debe traducirse
en propuestas concretas que nos permitan construir alternativas conjuntas más
que descalificar y anular los esfuerzos realizados.
Finalmente, creo que es imprescindible construir una cultura sobre la
protección de los derechos de niñas y niños, y rescatar la importancia que tiene
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la educación como un proceso formativo que supone la posibilidad de que los
menores participen en su propia transformación y la de su comunidad.
Sin duda, ningún proceso transformador es sencillo, requiere del
compromiso y la corresponsabilidad social para lograr condiciones de vida más
equitativas y justas para la población jornalera agrícola, pero en particular para
sus hijas e hijos.
Muchas gracias.
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