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LA CERTIFICACIÓN FORESTAL EN GALICIA
Juan Picos Depto. Enxeñería dos Recursos Naturais e Medio Ambiente
Escola de Enxeñería Forestal - Universidade de Vigo
jpicos@uvigo.es
1. INTRODUCCION
Numerosos autores tanto en el ámbito internacional como en Galicia1 han catalogado la
Certificación Forestal como uno de los grandes cambios que la gestión forestal ha
sufrido en la última década.
La Ley de Montes 43/2003 define certificación forestal2 como un “procedimiento
voluntario por el que una tercera parte independiente proporciona una garantía escrita
tanto de que la gestión forestal es conforme con criterios de sostenibilidad como de que
se realiza un seguimiento fiable desde el origen de los productos forestales”. Además
establece3 que “las Administraciones públicas promoverán el desarrollo de sistemas de
certificación, garantizando que … sea voluntario, transparente y no discriminatorio, así
como velarán por que … establezcan requisitos en relación con criterios ambientales,
económicos y sociales que permitan su homologación internacional.”
En los últimos años se ha experimentado un crecimiento notable de la demanda de
madera certificada por parte de los mercados en todo el mundo. Esto ha hecho que la
superficie de bosque certificada aumentara significativamente en los principales países
desarrollados productores de madera. Sin embargo, en Galicia, este proceso, se
encuentra lejos de seguir estas tendencias. En los últimos años ha habido una pérdida de
superficie certificada y ha sido evidente que la manera tradicional de implantar sistemas
de certificación forestal encuentra muchas dificultades en un monte mayoritariamente
privado y muy parcelado como el de Galicia.
1 Ver p.ej. Bartley (2003), Bermúdez (2001), Valero (1999a y 1999b), FAO (1994), Prieto (2008) 2 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE núm. 280, de 22-11-2003) Art. 6 letra p
3 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE núm. 280, de 22-11-2003) modificada por a la Ley
10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003 (BOE núm. 102, de 28-04-2006,). Art. 35 Certificación Forestal.
2. LA CERTIFICACIÓN FORESTAL
La certificación forestal acredita que los productos forestales proceden de montes
gestionados de forma sostenible. Para poner en el producto final el sello (PEFC o FSC
según el sistema de certificación) se tiene que certificar tanto la gestión del monte del
que procede la madera como todo el proceso de transformación desde el apeo del árbol
hasta el producto final (conocido como cadena de custodia). La certificación forestal es
un proceso voluntario en el que una parte independiente (auditor) comprueba que
efectivamente se puede asegurar que la madera procede de montes gestionados de forma
sostenible. A este proceso se someten los propietarios o industrias de transformación de
la madera con el fin de obtener una mejora en la gestión ambiental en primer lugar pero
también con intención de mejorar tanto la apreciación social de su actividad, como sus
resultados económicos.
Pese a que la voluntariedad estaba en el origen del concepto de certificación forestal,
esta está evolucionando hacia una exigencia de los mercados, siendo requerida en
normas, reglamentos y legislación a escala mundial, europea4, nacional (compras verdes
públicas) y regional en normas de alcance autonómico y local.
Algunos autores, (véase por ejemplo Bartley 2003), afirman que la certificación forestal
es fruto de un entorno de presión de movimientos sociales en un marco de economía
neoliberal y globalizada, que sobrepasa la posibilidad de actuación de los gobiernos y
autoridades nacionales. Por ello, en sus comienzos, la certificación forestal, comenzó
siendo muy criticada por gran número de sectores implicados en la producción de
madera, pero actualmente, es una realidad relativamente aceptada que, como cualquier
otro proceso y presenta ventajas e inconvenientes.
Entre las ventajas están
- la extensión de la gestión forestal a la propiedad privada, la extensión de la
cultura forestal a la opinión pública, la utilidad para el gestor como herramienta
de presión política (tanto en montes privados como públicos) y, finalmente, su
interés para la integración de elementos y objetivos múltiples en la gestión
clásica (Tolosana y Ambrosio, 2004)
- en la cadena de custodia las empresas consideran la certificación como un tema
de marketing y de posición de mercado. Los principales motivos señalados por
varias empresas certificadas en Finlandia (Owari et al 2005) son por un lado la
transmisión del sentido del compromiso de la empresa en el manejo de la
materia prima, el ajuste a los requerimientos del cliente, la defensa de su
posición de mercado, poder evitar la pérdida de competitividad y vender sus
productos en el mercado existente.
4 Ver p.ej. Dictamen del Comité de las Regiones 210/C 141/09 de 29 de mayo de 2010 donde se habla de la conveniencia de
instaurar a nivel europeo la certificación forestal obligatoria.
Entre las desventajas:
- existen riesgo de perjudicar a la madera y otros productos forestales renovables
frente a sus competidores – acero, plásticos, etc... -, o el de perjudicar a los
montes menos productivos, más pequeños o más alejados de los índices que
caracterizan al estándar frente a los mejor situados (Tolosana y Ambrosio 2004)
- distorsiona el comercio de los productos forestales y altera el mercado. Se puede
llegar a una disminución de la producción mundial de productos forestales y
además puede desviar el mercado hacia zonas certificadas (Gan, 2005).
- se modifica la demanda de madera hacia zonas templadas y también entre el
empleo de productos forestales hacia otros no forestales. Aunque resulta mucho
más sensible el desplazamiento de la demanda hacia zonas templadas que la
sustitución de los productos forestales (Gan, 2005)
- se crea confusión en el consumidor final que puede por un lado desconfiar y por
otro pensar que la madera sin sello proviene de montes no gestionados de forma
sostenible.
- se incrementa el coste de producción y se altera la estructura de precios
- los distintos tipos de etiquetado de productos confunden al consumidor
- la madera no certificada puede llegar a no ser admitida por diversos mercados e
incluso no comprarse.
- Existe la posibilidad de que para la consecución de un mismo sello sean
aplicadas exigencias diferentes en zonas geográficas distintas lleve a la aparición
de “competencias desleales”. Esto es, que a un mercado lleguen productos desde
otros países etiquetados con un sello que a los montes del país de destino les
requiera mayores exigencias. De esta manera el mercado podría llegar a primar
al “peor” productor.
- La implantación de la certificación forestal será más costosa y supondrá mayores
esfuerzos para los pequeños silvicultores privados de caracter no industrial que
para administraciones forestales o grandes empresas, lo que puede acabar,
paradójicamente expulsándolos de los mercados.
Figura 1 ¿Es la Certificación forestal como “alimentar al pez grande”?
3. SITUACIÓN EN EL MUNDO Y EN ESPAÑA
En todo el mundo hay una decena de sistemas de certificación forestal. No obstante los
sistemas transnacionales más extendidos son los siguientes:
- FSC (Forest Stewardship Council): fundado en 1993 como una organización
independiente, no gubernamental y sin ánimo de lucro, cuya función es apoyar
la gestión ambientalmente responsable, socialmente beneficiosa y
económicamente viable de los bosques del mundo. Agrupa, entre otros, un gran
número de empresas del sector forestal, propietarios y asociaciones de carácter
conservacionista y social.
- PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) que
surge en 1998 como una iniciativa promovida por el conjunto de propietarios
forestales para evitar el monopolio que crearía un único sistema de certificación.
Su función es la de fortalecer y mejorar la imagen positiva del bosque, promover
una gestión económicamente viable, y conseguir el mantenimiento y mejora de
masas forestales.
Las modalidades generales de los sistemas de certificación forestal son la individual
(para propietarios particulares o empresas a título privado) y la de grupo (para un
conjunto de propietarios). El sistema PEFC contempla además la modalidad de
certificación regional que resulta muy eficiente en grandes áreas forestales de propiedad
particular. FSC incluye además los denominados SLIMF (Small and Low Intensity
Manager Forests - Bosques pequeños y de baja intensidad de manejo). Para ser
contemplado dentro de esta categoría la propiedad forestal debe ser de pequeño tamaño
(<100 ha) o de baja intensidad de manejo (menos de 5.000 m3
de aprovechamiento
anual y aprovechamientos anuales inferiores al 20% del crecimiento medio). En estos
casos existe un procedimiento simplificado de auditoría y la posibilidad de que no le
sean aplicados algunos indicadores.
En el mundo la superficie certificada es de 223 millones de hectáreas PEFC, 134
millones de hectáreas FSC y una cifra sensiblemente menor por otros sistemas de menor
reconocimiento. El 95% de la superficie certificada está en la zona UNECE, el 60% en
Norteamérica y 35% en Europa. El suministro potencial de madera en rollo desde
montes certificados se estima en un 22% de la demanda teórica mundial, sin embargo
sólo una pequeña parte de productos con certificado de origen llevan etiqueta
(FAO/UNECE, 2005).
En la actualidad, la certificación de unidades de manejo pequeñas y medianas de
propiedad privada constituye uno de los principales cuellos de botella para poder
incrementar el área certificada a nivel global. El desafío es particularmente importante
en Europa donde hay 16 millones de pequeños propietarios forestales que son dueños de
alrededor del 55% de los bosques europeos.
En los últimos años se ha experimentado un crecimiento significativo de la demanda de
madera certificada por parte de los mercados5. En 2008, en un contexto de crisis
económica global, con descensos en algunos segmentos cercanos al -30%, la demanda
de madera certificada aumentó +8%6
A esta tendencia hay que añadirle la implantación de Políticas de Compra-Verde en
numerosos países7. Así en España se ha establecido
8 que “en los procedimientos de
5 Ver por ejemplo Gan (2005), FAO (2009) Graeme et al (2008)
6 FAO (2009)
7 Comisión Europea (2005]
contratación pública, las Administraciones públicas adoptarán las medidas oportunas
para evitar la adquisición de madera y productos derivados procedentes de talas ilegales
de terceros países y para favorecer la adquisición de aquellos procedentes de bosques
certificados”.
Owari et al. 2005, mediante encuesta a 25 industrias de la madera finlandesas ha
determinado grandes diferencias en demandas de madera certificada según países. El
caso extremo es el del Reino Unido donde un 92% de su demanda de madera a las
industrias encuestadas lo es de madera certificada.
En un estudio comparativo de los sistemas PEFC y FSC en zonas piloto de Suecia,
Noruega y Finlandia se ha detectado que en principio ambos esquemas de certificación
ponen mayor énfasis en el aspecto de la sostenibilidad ecológica que en los aspectos
sociales y económicos. Las diferencias en la implementación de ambos sistemas no son
significativas en ninguna de las zonas piloto y parece que el sistema PEFC es un
esquema más adecuado para los pequeños propietarios, mientras que FSC se adaptó
mejor a las superficies forestales pertenecientes a la industria. Esto es debido por un
lado a que algunas de las exigencias (como las relacionadas con la biodiversidad) que
contemplan los estándares de FSC son difíciles de aplicar para los pequeños
propietarios y por otro a que las restricciones impuestas por los estándares a la
extracción de la madera pueden disminuir la renta entre un 15-20% lo que supone un
gran impacto para el propietario (NFS, 2005).
El reconocimiento mutuo entre FSC y PEFC, no parece actualmente posible, pero otros
esquemas de certificación de la región UNECE han establecido acuerdos de
reconocimiento con PEFC. No obstante, algunos pasos de aproximación de
reconocimiento se han hecho por ejemplo en Holanda donde existe un grupo de
certificación de la cadena de custodia para FSC y PEFC para las empresas de
aprovechamiento forestal y las empresas de comercialización de la madera
(UNECE/FAO 2005). Asimismo empieza a ser frecuente el caso de patrimonios
forestales de empresas o administraciones certificados por ambos sistemas lo que
supone cierta presión hacia reconocimientos mutuos (totales o parciales) o a la
implantación de sistemas de auditoría única.
La presencia de sistemas de certificación forestal en conflicto entre ellos podría llegar a
representar una barrera comercial no arancelaria. Esta competencia genera confusión
entre los compradores y deteriora la capacidad de comunicación (CEPI 2000 citado por
Raddi 2002).
8 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE núm. 280, de 22-11-2003) modificada por a la Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003 (BOE núm. 102, de 28-04-2006,). Art. 35 bis Compra responsable de productos forestales..
4. SITUACION EN ESPAÑA
En España, la Iniciativa Nacional, dentro de FSC, empezó a trabajar en 1997. En Julio
de 2004 el Grupo de Trabajo FSC fue acreditado oficialmente por el FSC internacional
como iniciativa nacional del FSC en España. El 30 de enero de 2006 fueron aprobados
los estándares españoles, aunque se exigió la revisión de varios de los indicadores así
como otras salvedades expresadas por FSC internacional en su aprobación.
En el caso de PEFC, en 1999 se constituye la Asociación para la Certificación Española
Forestal (CEF), que posteriormente pasaría a denominarse PEFC-España como
asociación encargada de cumplir los objetivos de PEFC en España. Esta asociación
junto a la Agencia Española de Normalización (AENOR), forma el organismo
reconocido por PEFC para la elaboración de las normas de certificación en España. En
marzo de 2000 se crea el Comité Técnico de Normalización (CTN) 162 encargado de
redactar el juego de normas UNE 162000.
A finales de 2010 la superficie certificada en España es de 1.227.356 ha en el sistema
PEFC y 130.518 ha en el sistema FSC. Es posible consultar tanto las superficies
forestales como las cadenas de custodia certificadas en las páginas Web de ambos
sistemas9.
Superficie Certificada PEFC y FSC en España
Sup. Forestal PEFC FSC PEFC+FSC
Comunidad Arbolada Area % Área % Área %
Murcia 307.392 10.070 3,28% 10.070 3,28% 20.140 6,55%
Baleares 173.145 0,00% 0,00% 0 0,00%
Canarias 134.283 0,00% 1.635 1,22% 1.635 1,22%
Madrid 260.304 0,00% 0,00% 0 0,00%
La Rioja 166.084 72.125 43,43% 0,00% 72.125 43,43%
C. Valenciana 752.063 1.219 0,16% 1.075 0,14% 2.294 0,30%
Aragón 1.573.988 78 0,00% 333 0,02% 411 0,03%
Extremadura 1.893.031 222 0,01% 268 0,01% 490 0,03%
Andalucia 2.955.676 156.372 5,29% 77.914 2,64% 234.286 7,93%
C. La Mancha 2.726.174 23.309 0,85% 0 0,00% 23.309 0,85%
Navarra 464.172 183.932 39,63% 13.577 2,92% 197.509 42,55%
Cantabria 214.771 22.515 10,48% 0,00% 22.515 10,48%
Cataluña 1.617.878 79.298 4,90% 11.293 0,70% 90.591 5,60%
País Vasco 397.573 63.731 16,03% 0,00% 63.731 16,03%
Asturias 444.326 7.407 1,67% 1.036 0,23% 8.443 1,90%
Castilla y León 2.973.001 498.015 16,75% 10.654 0,36% 508.669 17,11%
Galicia 1.371.406 109.065 7,95% 2.663 0,19% 111.728 8,15%
TOTAL 18.425.267 1.227.356 6,66% 130.518 0,71% 1.357.875 7,37%
Superficies: MMARM, Anuario de Estadística Agraria, 2009
Certificacion: webs oficiales 2010
Debido a que puede haber algunas superficies certificadas simultáneamente por los dos sistemas la mera suma PEFC+FSC resulta en un sobrestimacion dela superficie total certificada
9 http://www.fsc-spain.org/lista_certificados.html y http://www.pefc.es
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100% Europa: % superficie forestal nacional certificada FSC
Figura 2 Tipología de la implantación de la certificación FSC en España (2009)
5. SITUACIÓN EN GALICIA
En 2002 fueron certificados los primeros montes en Galicia. En 2006 se alcanzaron las
119.681,03ha por el sistema PEFC y 9.492,33ha por el Sistema FSC. (Gracias
fundamentalmente a la certificación de patrimonios forestales de empresas y de
100.000has de gestión pública). Desde ese momento la superficie certificada en Galicia
no solo no ha aumentado sino que ha disminuido.
Figura 3 Comparación certificación forestal en Reino Unido y Galicia en 2008. Ese año las cortas de madera
rondaron los 8 millones de m3 en ambos países.
De esta manera el bajo porcentaje de monte certificado en Galicia y la pequeña
cantidad de madera certificada que puede ser aprovechada por las cadenas de custodia
(2,7% de la capacidad de consumo) supone una seria amenaza para la competitividad
del sector forestal gallego.
Buena parte del fracaso de la implantación de los sistemas de certificación en Galicia
procede de la dificultad de adaptación de los procedimientos, implantación de normas y
estándares y auditoría a un monte mayoritariamente privado y enormente parcelado.
En Galicia hay certificadas 109.065 ha por el sistema PEFC (8,8 % del total español) y
2.663 ha por el Sistema FSC (2 % del total español) repartidas del siguiente modo:
Montes de Gestión Pública: 35% certificado mediante PEFC
Montes de gestión Privada no Industrial: < 1% certificado mediante PEFC
Montes gestionados por la Industria: 98% certificado mediante PEFC
25% además cuenta con FSC
La capacidad de consumo de las cadenas de custodia certificadas PEFC en Galicia de
los sectores de la pasta de papel, el tablero y el aserrado es de unos 4 millones de m3. La
realidad es que en 2009 salió al mercado menos de 100.000 certificados PEFC y 0
certificados FSC.
Figura 4 Oferta y demanda en 1ª transformación de madera certificada FSC en Galicia (2009)
Capacidad consumo CdC certificadas en Galicia
7.400.000 m3 c.c.
228.000 m3 c.c.51.000 m3 c.c.
51.000 m3 c.c. 65.000 m3 c.c.
116.000 m3 c.c.
750.000 m3 c.c.3.500.000 m3 c.c.
Capacidad consumo CdC certificadas fuera de Galicia con
consumo de madera gallega
1.062.500 m3 c.c.
Total cortas de madera en Galicia (2007)
Cortas madera certificada en Patrimonios Empresas
Cortas madera certificadasen montes de Gestión Pública
4.250.000 m3 c.c.
Objetivo % consumo con madera certificada
“mínimo vital”
Flujo a través de CdC certificadas
25 %
10 % de las necesidades para objetivo consumo 25% certificada en las actuales CdC
3,3 % de la capacidad de las industrias con CdC certificada en Galicia
2,7 % de la capacidad de la industria con CdC certificada que se aprovisiona en Galicia
1,5 % de las cortas de madera anuales en Galicia
Notas: Madera certificada ofertada y recibida en fábrica a 31 de Octubre de 2008 Capacidades consumo industria con CdC evaluada de manera conservadora
MADERA CERTIFICADA EN GALICIA
Figura 5 Oferta y demanda en 1ª transformación de madera certificada PEFC en Galicia (2008)
Independientemente de la actividad concerniente a los propietarios y empresas
certificadas individualmente o en grupo por cualquiera de los sistemas, a nivel
autonómico se han desarrollado otras iniciativas dignas de mención.
En Septiembre de 2003 se creó la Asociación Galega Promotora de Certificación
Forestal (PEFC Galicia) como una entidad sin ánimo de lucro a que pertenecen como
miembros 25 entidades o instituciones del sector forestal gallego (los propietarios o
empresas a titulo individual no pueden participar directamente). En 2004 se crea la
Entidad Solicitante da Certificación PEFC en Galicia, responsable de la modalidad
regional de la certificación PEFC en Galicia y a la que deberán adscribirse los
propietarios y gestores de montes interesados en integrarse en dicha modalidad.
Actualmente estas entidades están desarrollando los documentos y protocolos
necesarios para poner en marcha la certificación regional en Galicia.
En Diciembre de 2004 se constituyo el denominado “Grupo de Apoio Galego á
certificación FSC” tiene como función apoyar la certificación FSC y el desarrollo de sus
estándares, participando en los procesos de consulta a realizar en Galicia y divulgar
sobre la certificación FSC. En 2010 después de tres años de inactividad el Grupo ha
sido reconstituido y actualmente trabaja en los estatutos de su re-fundación.
6. ¿VALE MÁS CARA LA MADERA CERTIFICADA? / ¿CUÁNTO CUESTA
CERTIFICARSE?
Pese a que se preconiza10
que el consumidor podría pagar una prima por productos
certificados, la mayor parte de los expertos11
no considera realista esperar que ocurra.
Esto, lejos de restar importancia a la certificación, supone un factor determinante. La
certificación para los productores y transformadores de madera12
, supondrá ajustarse a
los requerimientos del cliente, defender su cuota de mercado, evitar la pérdida de
competitividad y vender sus productos en el mercados que exigen de manera
incuestionable madera certificada (p.ej. en R.Unido un 92% de su demanda de madera
es certificada).
Existen algunos estudios en los que se muestra que el usuario final está dispuesto a
pagar más por madera certificada (Gómez, 2000, Soto 2003), sin embargo según otros
estudios este extremo no está tan claro (Butterfield et al, 2005). Según Raddi (2002)
ningún operador del sector considera realista esperar que los consumidores paguen una
prima por los productos certificados. Se ha realizado una investigación del consumo de
productos certificados y el comprador reacciona positivamente cuando no existe
diferencia de precio, sin embargo, con un pequeño incremento de precio, disminuye
considerablemente los consumidores que seleccionan estos productos etiquetados
(Anderson y Hansen 2004, cit. en Butterfield et al, 2005). De hecho, el empuje más
fuerte sigue produciéndose por parte de los distribuidores y mayoristas en lugar de los
consumidores finales. Para estos operadores los productos forestales certificados
representan un instrumento de marketing que, a través de la promoción de una imagen
verde, les permiten acceder a nuevos sectores de mercado. De esta manera, el valor real
de la certificación para la industria de la primera transformación es el hecho de poder
mantener, o, en el mejor de los casos, mejorar ligeramente, la cuota de mercado de
productos que tienen un margen comercial reducido y que necesitan venderse
rápidamente y en gran cantidad.
El volumen y el valor de los productos forestales certificados comercializados son
desconocidos, debido a la falta de una clasificación específica y separada que permita la
preparación de estadísticas uniformes.
No se paga más por la madera certificada o sólo se paga más hasta que se generaliza su
presencia en el mercado, pero es posible que la industria rechace comprar madera no
certificada (González, 2001; González, 2005). En el análisis de mercado de la
comercialización de productos certificados durante el periodo 2004-2005 se señalan que
no es común pagar primas extra en determinados sectores de mercado, a pesar de la
escasez de madera certificada (FAO/UNECE, 2005).
10 Ver por ejemplo GÓMEZ,C.; (2000). 11 Ver por ejemplo Anderson y Hansen (2004), Butterfield et al, (2005), Raddi (2002), Ambrosio (2005), Navarro (2002), Gan(2005), FAO (2009) Graeme et al (2008) 12 Owari et al 2005
El 100% de la madera comercializada en Finlandia o Austria es certificada pero no
todos sus productos llevan etiqueta. Las empresas finlandesas prefieren que el producto
siga los canales normales de comercialización para disminuir costes y no marcar y
etiquetar con el logo. Sin embargo estas empresas consideran que sus clientes valoran
positivamente la certificación y la imagen de la empresa mejora (Owari et al, 2005).
Para el propietario forestal es fundamental obtener la certificación ya que esto puede no
suponer un aumento en el precio recibido, pero facilitará que esa troza entre al mercado,
mientras que una similar sin certificación a medio plazo puede tener más dificultades..
Además hay que tener en cuenta que entra a un mercado muy deficiente en madera
certificada donde la demanda, por lo general, supera la oferta.
Pese a esta tendencia general existe algún caso, como el mercado Noruego y Sueco,
donde se han establecido primas por la madera certificada con el fin de motivar el
comienzo de operaciones de certificación por parte de pequeños propietarios forestales
(NFS, 2005). No obstante se ha de tener en cuenta que estos dos mercados están
dominados por los patrimonios forestales certificados de grandes empresas, por lo que
estas primas solo se aplican a una pequeña parte de la madera que en una primera fase
entra al mercado.
La realidad, a pesar de no existir, por lo general, una prima extra por la madera, es que
existe una política de incremento de la superficie forestal certificada y una demanda
creciente de productos certificados. Los productos certificados que más se
comercializan lo son en el mercado del bricolage (DIY) y en las empresas de papel
(FAO/UNECE 2005)
No es, en el fondo, un problema de precio, es un problema de acceso al mercado. Los
productos certificados no se pagan, en general, más. Lo que pasa es que se está
“vetando” poco a poco el acceso de la madera no certificada a los mejores mercados.
Además la reducción de mercados debido a la situación económica global hace que
empresas que se suministran de madera en países que tienen garantizada la certificación
en más de 70-80% de su producción están reemplazando y expulsando de los mercados
a empresas que adquieren su madera en determinados mercados locales.
Algunos autores han alertado de un “Green Dumping” mediante el que en aras de la
defensa del medio ambiente se presiona a empresas y administraciones para que
adquieran madera certificada, que necesariamente debe ser importada de otros países,
con el consiguiente impacto ambiental derivado del aumento de las emisiones de CO2
derivadas del transporte a mayor distancia.
En Galicia ya ha habido fábricas que teniendo sus líneas de producción bajo mínimos
han tenido que importar producto semielaborado de otros países para atender a
determinados clientes cuya demanda está siendo inducida por las propias asociaciones
gestoras de los sistemas de certificación en España.
De esta manera ocurre que al mercado gallego tengan acceso privilegiado productos
certificados procedentes de países como China (cuyas auditorías recogen evidencias de
empresas que no dejan sindicarse a trabajadores o que no llevan un seguimiento
ambiental de sus operaciones), Brasil (que no aplica en sus plantaciones ninguno de los
principios que se exigen en España), Canadá donde en una sola auditoría se certifican
más de 5 millones de hectáreas de bosques boreales (casi dos veces la superficie
geográfica gallega) etc.
El coste de la certificar la gestión forestal sostenible de un monte depende del tamaño
del mismo, del grado de gestión, de la modalidad de certificación elegida, del organismo
certificador, etc.
Los costes en la certificación forestal de un monte son de dos tipos:
- Costes directos del proceso de auditoria (auditoria interna, auditoria inicial y
periódicas).
- Costes de adaptar los procedimientos de la gestión forestal a las exigencias de la
certificación forestal.
Recientemente, se ha publicado un estudio sobre la eficacia y eficiencia de la
certificación forestal PEFC y FSC en áreas piloto de Países Nórdicos y las estimaciones
de costes encontradas en estas tres experiencias piloto en Suecia, Noruega y Finlandia
son las siguientes (NSF, 2005):
- Sistema PEFC entre 1,4 - 2,5 - 13,6 €/ha
- Sistema FSC entre 2,6 - 13,6 - 19,1 €/ha
En cuanto a los costes de la cadena de custodia es difícil fijar un orden de magnitud
pues dependen del tipo de empresa, su tamaño, el organismo certificador, el sistema
elegido, etc.
Los costes para certificar la cadena de custodia son los siguientes:
- Incremento del coste de aprovisionamiento, motivado por la falta de madera
certificada en nuestro país. (Esta escasez de madera certificada en nuestro
país puede hacer necesaria su importación de otros países donde el proceso
de certificación se encuentra más extendido entre los propietarios,
ocasionando costes de transporte importantes).
- Costes derivados de la implantación de la certificación en la propia empresa:
costes derivados del proceso de auditoria, obtención del certificado y
derechos de uso del sello. Los procesos de auditorias habituales envuelven
unos costes fijos y otros gastos condicionados por el tamaño de la empresa,
tiempo invertido, disponibilidad de equipos informáticos que faciliten el
acceso a los registros, etc.
Según González (2001), los costes en un aserradero medio escandinavo, que produjese
una parte de sus tablas con madera certificada sería entre 2-10 €/m3 (etiquetado de 0,005
€/m3, apilado y almacén entre 1-5 €/m
3, comercialización y distribución 1-5 €/m
3). Si se
incorporara a este coste el incremento de coste por gestión sostenible de la madera en
rollo que suponen 6 €/m3 en la madera aserrada se tiene que el coste total sería de 8-16
€/m3 de madera aserrada.
En Galicia, debido a la problemática estructural de la propiedad y a la inadecuación de
las normas de PEFC y FSC a la realidad del monte gallego el coste de certificación por
hectárea puede ser de 100 a 300 veces superior al coste medio en Europa. Esto saca del
mercado de madera certificada al pequeño productor y a comunidades de montes de
Galicia. Desde el sector se trabaja en poder reducir estos costes pero, muchas veces son
las mismas entidades que promueven la compra de madera certificada de otros países
las que más problemas ponen a equiparar los requisitos a los productores gallegos con
los de los países de donde viene la madera importada.
7. CERTIFICACIÓN FORESTAL: UN RETO PARA GALICIA.
La industria española y en concreto la gallega tiene una posición en el mercado estatal
pero también en el mercado internacional y debe sobre todo mantener la competitividad.
La demanda creciente de productos certificados es una realidad de mercado y la
industria debe suministrar ese producto al mercado, bajo los criterios e indicadores de la
gestión forestal sostenible. En el mundo desarrollado las claves para mantener la
posición de mercado de las empresas se ha centrado en el marketing y la innovación en
la fabricación (FAO/UNECE 2005).
Debe tenerse especialmente presente que el sector forestal tiene escasa rentabilidad por
tanto es difícil que los propietarios e incluso industrias asuman sobrecostes elevados o
exigencias muy fuertes en cuento al grado de gestión (Tolosana y Ambrosio, 2004).
La certificación regional PEFC es una modalidad de certificación muy adecuada para
pequeños propietarios forestales y es de esperar que se agilice el proceso para poder
satisfacer de esta manera parte de la demanda de madera certificada que ya existe en la
actualidad. Para ello se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
- La certificación regional debe ser barata para alentar a los propietarios forestales
a adscribirse a ella, incluso debería ser gratuita por lo menos en principio.
- El apoyo de la administración forestal será decisivo fundamentalmente en la
recogida de información del adscrito, la aprobación, en caso de ser necesario, de
Documentación simplificada, el suministro de información geográfica y
administrativa y de los indicadores a nivel regional.
- Deben establecerse equivalencia o pasarelas entre la certificaciones individuales
o en grupo de PEFC en Galicia y modalidad regional.
Dentro del Sistema FSC, la certificación de SLIMFs (actualmente en proceso de
definición) será clave para Galicia, siempre que no redunde en los problemas de
inadaptación e interpretación que actualmente ya poseen los estándares españoles.
En el estudio realizado en los países nórdicos (NFS, 2005) se ha comprobado que en los
tres países ha habido un esfuerzo por hacer accesible la certificación al propietario
forestal para ello se han tenido en cuenta los siguientes aspectos, que pueden ser
considerados también para el caso gallego y que además sirven para comprobar que los
problemas son comunes:
- El grado de certificación entre propietarios privados es mayor si la demanda del
mercado es fuerte. Desde el punto de vista de los propietarios la industria
debería promocionar los productos certificados.
- El coste de auditoria, incluso los marginales, pueden representar una barrera
crítica para los propietarios forestales.
- Los requerimientos en la certificación con restricciones al aprovechamiento que
supone grandes pérdidas de renta de la madera en pie ha supuesto un rechazo a
aceptar la certificación forestal por parte de los propietarios.
- El coste eficacia de la certificación en grupo a través de las organizaciones
regionales de propietarios forestales ha animado a los propietarios a participar en
el proceso de certificación. Unos pocos propietarios se han unido a la
certificación en grupo con otras organizaciones como por ejemplo la industria
forestal.
- Los propietarios necesitan estar informados de la implicación en la certificación.
Sus organizaciones tiene que comunicar de forma transparente los costes y
beneficios de la certificación y su importancia. Esto supone una campaña de
información extensiva y se requiere mantener información constante a los
propietarios y empresas de aprovechamiento forestal.
Es evidente que cualquier intento de implantar mecanismos que permitan a los
pequeños propietarios forestales gallegos adscribirse a sistemas de certificación debe
minimizar los costes del proceso. De otra manera se estaría perjudicando a estos
productores frente a los de otras áreas donde los costes del proceso son menores y
podrían competir eficazmente con su madera. Esto es aplicable a la certificación de la
cadena de custodia de las empresas gallegas, sobre todo, para aquellas de menor
tamaño.
Por ello la implantación de la certificación forestal no debe ser en ningún caso, si se
quiere mantener a un coste asumible, excusa para la proliferación de procesos técnicos o
administrativos, que sin aportar mejoras evidentes supongan una carga en el sistema o
en la percepción del mismo por parte de los potenciales adscritos.
Las dificultades para implantar de forma justa los sistemas de certificación en Galicia
atenta contra la economía del país y el desarrollo de nuestro medio rural. Esta amenaza
debe ser afrontada desde todas las perspectivas posibles.
Velando activamente porque los requisitos exigibles sean justos en comparación
con los aceptados para nuestras regiones competidoras.
Estableciendo sistemas eficientes y con la adecuada periodicidad de seguimiento
de los principales indicadores de sostenibilidad a escala autonómica.
Promoviendo iniciativas que, desde una eficiencia en costes, ayuden a los
propietarios y comunidades de montes a certificar su madera por el sistema que
consideren oportuno.
Promoviendo el consumo de productos de madera certificada en Galicia de
forma equilibrada respecto la capacidad de proveerse aquí de ella.
Adaptando el marco normativo actual que afecta al monte a las necesidades
reales del sector económico, el medio ambiente y la sociedad.
Las ayudas públicas a las entidades promotoras de estos sistemas en España
deben exigir el compromiso de desarrollar de forma justa estos sistemas para la
madera producida en España y no facilitar que ese dinero se destine a ser meros
“agentes comerciales de madera importada”.
Denunciar la aparición en nuestro mercado de productos certificados a los que
los sistemas de certificación les exijan menos que a los gallegos
A modo de colofón, es necesario señalar que aunque para los propietarios forestales de
los países nórdicos la certificación forestal no ha traído beneficios económicos
significativos, ha contribuido ha mejorar la imagen ambiental de la madera y los
productos forestales y la competitividad de sus economías forestales en el mercado
internacional. Desde un punto de vista económico la certificación forestal es también
para el propietario forestal en particular, y para una región forestal en general, una
inversión de mercado y una forma de mantenerse en el mercado.
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