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Castillero Calvo, Alfredo. Ciclos y coyunturas en la economía panameña: 1654-1869. Interpretación sumaria (primera parte). En: Revista Tareas, Nro. 119, enero-abril. CELA, Centro de Estudios Latinoamericanos, Justo Arosemena, Panamá, R. de Panamá. 2005. pp. 5-30. Disponible en la World Wide Web: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/tar119/casti.rtf
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HISTORIA Y SOCIEDAD
CICLOS Y COYUNTURAS
EN LA ECONOMÍA PANAMEÑA: 1654-1869 *
Interpretación sumaria (primera parte)
Alfredo Castillero Calvo**
* Primera parte.
**Profesor investigador del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá.
Crisis y reajustes en la economía
de los siglos XVII y XVIII
En 1739 se realizaban preparativos para la última feria del sistema galeonista que
tendría lugar en Portobelo. El régimen de las ferias, que se remontaba a mediados del siglo XVI, ya agonizaba. Sin embargo, se había vuelto a revivir hacía poco tiempo, al
ceder la Corona española a las presiones de los mercaderes sevillanos y por el
compromiso que había adquirido con Inglaterra de continuarlas realizando al firmar
el Tratado de Utrecht, el cual ponía fin a la Guerra de Sucesión (1702-1713), y
autorizaba a su rival a introducir en cada feria un navío de permiso con 600 toneladas
de mercancías. En este tratado España le entregaba a Inglaterra, además, el monopolio de la trata
de esclavos en América. Pero el negocio esclavista en manos británicas fue un fiasco, y
la presencia del navío de permiso se convirtió en una fuente permanente de conflicto
debido al contrabando sin control que se realizaba con la carga que llevaba en sus
bodegas, que se vaciaban de día y volvían a llenarse de noche, como un tonel de las Danaides. Las protestas de España y las tensiones entre los dos países fueron
agravándose y en 1739 Inglaterra rompió hostilidades, enviando al vicealmirante
Vernon para que atacara Portobelo. La plaza se rindió sin dificultad y sus fortalezas
fueron desmanteladas, dejando a Portobelo sin defensas mientras duró la guerra, que
no concluye hasta 1748.
Durante ese período, como era de esperar, no volvieron a celebrarse ferias, y la crisis puso en evidencia la necesidad de revisar de arriba abajo el proyecto galeonista,
hasta que finalmente se optó por cancelarlo definitivamente.
En realidad, las ferias estuvieron en crisis desde el siglo XVII y algunos
contemporáneos señalaron el año 1654 como la fecha en que inició su declive
definitivo. Eran cada vez más erráticas, pasaban años entre una y otra, y hubo un lapso de hasta once años sin feria. Para la segunda mitad del siglo XVII era evidente
que el sistema terciario panameño había dejado de depender de las ferias, como hasta
entonces. De hecho, su principal fuente de ingreso fiscal, el almojarifazgo, se fue a pi-
que y por primera vez Panamá carecía de recursos internos para sufragar los gastos de
su administración y defensa. Estos últimos eran cada vez mayores a medida que fue
aumentando la amenaza pirática en el Caribe y posesiones estratégicas como Jamaica
y Haití cayeron en manos de potencias rivales. Pero el problema se agravó aún más
tras los ataques de Morgan a Portobelo en 1668 y a Panamá en 1671. Las dotaciones
militares fueron aumentadas de manera considerable y los gastos en fortificaciones y
en las murallas y mudanza de la nueva Panamá consumieron sumas colosales que el
país no tenía.
A partir de 1663, estas urgencias se resolvieron con la creación del “Situado”, un subsidio en metálico que por órdenes de la Corona, la Caja de Lima debía transferir
cada año a Panamá para cubrir sus gastos militares. Pero como estos aumentaron y la
crisis comercial no cesaba, la suma original tuvo que aumentarse varias veces para
poder cubrir también la totalidad de los gastos de la administración y hasta los
sínodos de los curas doctrineros. De hecho, el Situado asignado ascendió a cifras que nunca hubiera podido enviar Lima, y desde principios del siglo XVIII, coincidiendo con
un declive de la producción argentífera del Perú, los envíos fueron cada vez más
erráticos, incluso muy inferiores a lo establecido. Pero el Situado continuó enviándose
a Panamá y a partir de mediados del siglo XVIII empezó a llegar de manera más
regular y en las cantidades fijadas, hasta que el último envío se realizó en 1810. Así
pues, desde su creación a fines del XVII, y desde la segunda mitad del siglo XVIII, el Situado se convirtió en un verdadero sostén de la economía panameña, gracias a que
era dinero fresco distribuido por todo el país y que tenía un poderoso efecto
multiplicador.1
Coincidiendo con la creación del Situado, la Corona firmó ese mismo año un
contrato con la empresa genovesa Grillo y Lomelin para que introdujera esclavos de Africa en régimen de monopolio.2 Esta compañía estableció en Panamá la sede de su
principal centro de operaciones, y durante su administración, que duró hasta 1674, el
60 por ciento de todos los esclavos que introdujo en América ingresaron por Panamá.3
No se ha encontrado todavía una explicación a la simultaneidad entre la creación
del Situado para Panamá y la trata esclavista, aunque no deja de llamar la atención.
El hecho es que la trata fue exitosa, contribuyó al desarrollo del comercio interregional vía Panamá —sobre todo a base del cacao de Guayaquil, la cascarilla o quinina de
Loja, y la lana de vicuña de los Andes—, lo que a la vez estimuló el contrabando, todo
lo cual contribuyó a reanimar la economía local.
De esa manera, desde mediados de la década de 1660, la economía transitista
panameña, que ya había dejado de depender de las ferias, empezó a descansar sobre todo en el Situado, la trata de esclavos, el comercio interregional y el contrabando, que
se convierten en los nuevos pilares de su economía terciaria.
Esta situación continuó hasta bien entrado el siglo XVIII. Hasta la década de 1730,
las ferias que se celebraron se cuentan con los dedos de una mano, y salvo cuando
estas tenían lugar podía decirse que lo terciario se apoyaba en ellas. Sin embargo,
como dije, el Situado entró en crisis desde principios del siglo y no empezó a llegar de manera regular y en las cantidades que se esperaban hasta comienzos de la segunda
mitad del siglo, cuando nuevamente se convierte en un puntal formidable de la
economía panameña y, de hecho, sobre todo en las últimas décadas, en su soporte
fundamental.
El contrabando -a su vez- llegó a niveles escandalosos, ya que, al ser tan erráticas las ferias, los mercados estaban muy mal abastecidos de manufacturas europeas y,
desde principios del siglo XVIII, se abrió una ruta contrabandista paralela a la que ya
existía en la ruta del Istmo central. Empezaba en el Caribe por el río Coclé del Norte,
cruzaba el Istmo por la cordillera central, donde sus agentes mantenían verdaderos
fortines, y salían al Pacífico por Penonomé, Natá o Los Santos, desde donde
embarcaban sus mercancías a Panamá, o a las costas sudamericanas. Esta ruta se mantuvo abierta hasta 1747, cuando tras una violenta represión armada, y luego de
que varios intentos militares fallaran, se apresaron a los cabecillas, se les encarceló,
desterró o ajustició. Las compañías de contrabandistas de Coclé quedaron desmante-
ladas para siempre.
Pero no por ello el contrabando desapareció, ya que continuó sin desmayo, aunque cada vez con menor intensidad. Como era una actividad que se relacionaba
directamente con el atractivo comercial de la ruta transístmica y esta deja de ser un
imán al cancelarse el sistema galeonista, también se debilita el contrabando, y desde
mediados del siglo XVIII ya ha perdido importancia.
La trata esclavista también tuvo sus altibajos, pero continuó siendo un factor muy importante hasta la década de 1770, cuando
este negocio deja de ser rentable debido al creciente número de mano de obra libre en América, y finalmente colapsa.
De esa manera, desde la segunda mitad del siglo XVIII, habiendo disminuido
sensiblemente el contrabando, y luego de virtualmente desaparecer la trata esclavista,
el Situado se convierte en el gran soporte de la economía. Como se distribuía en
muchos frentes, irrigaba la economía de virtualmente todo el país y servía como instrumento de pago para los productos importados, contribuyendo a que la balanza
de pagos no fuera deficitaria y a que el sector terciario continuara dominando la
economía del Istmo. Fue, entonces, un instrumento salvador.
Al cancelarse el sistema de ferias, Panamá perdió para siempre su carácter de ruta
forzosa, y su economía se estancó. En la segunda mitad del siglo XVIII, el panorama comercial de Panamá era desolador. Apenas llegaban barcos por el Pacífico o el Caribe.
El país no tenía nada valioso que exportar, salvo la plata que le entraba con el Situado
y esclavos. De hecho son esclavos la única mercancía de salida en numerosos embar-
ques, y es probable que los barcos que llegaban de Perú, del Ecuador, o de las costas
del Pacífico neogranadino, lo hacían para comprar solo esclavos, llevando como carga
a Panamá, productos alimenticios o bien productos como el cacao (aunque cada vez menos), quinina, y lana de vicuña, siempre en pequeñas cantidades y casi todo para
reexportar.
El cuadro era aún más deprimente en Portobelo, que permanecía casi vacío y al que
llegaban barcos sólo para llevar alimentos de Cartagena, Tolú, las islas caribeñas, y
ocasionalmente de Baltimore o Boston que llevaban cargas de harina. Desde que se establecieron los estancos a partir de la década de 1770, a este intercambio se sumó el
tabaco de Cuba, que se importaba como insumo para la fábrica de cigarros de Panamá
o para reexportar a Perú. El comercio exterior era tan escuálido que hubo ocasiones
en que los barcos que salían de Panamá sólo llevaban escobas como flete.
Para fines del siglo, se produjo una leve reactivación comercial, pero las guerras
napoleónicas y la concomitante interrupción de los circuitos comerciales, arrastraron nuevamente al país a la postración económica. Durante este período y desesperados
por encontrar nuevas oportunidades de negocios, los criollos panameños y sus pares
peninsulares recién llegados, se plantearon nuevas alternativas, sobre todo para
promover la agricultura, una opción que habían puesto de moda los fisiócratas. Pero
todo fue inútil, ya que incluso el cultivo del tabaco, que había logrado algunos progresos sobre todo en Chiriquí, fue finalmente prohibido por la Corona para que la
fábrica de cigarros sólo utilizara tabaco cubano. Además, no había brazos, y mucho
menos capitales para inversiones importantes.
La epifanía comercial pre-independentista: 1808-1818
Finalmente, en 1808 en plena crisis política y debido a la interrupción total del comercio con la Península, ocupada entonces por las tropas napoleónicas, el gobernador Juan Antonio Mata decidió abrir el comercio del Istmo a países no españoles, siempre
que fueran amigos o neutrales. En este caso, las ex-colonias británicas de Norte América e Inglaterra,
ahora aliada de España, y que había convertido a Jamaica en un gran almacén para sus manufacturas. El
Situado que recibía Panamá de Lima y de Cartagena se había suspendido y no había con qué pagar a la
tropa ni a los empleados civiles, de manera que fue una decisión tan oportuna como aplaudida por los
vecinos. Aunque esta medida fue también aplicada por otras colonias españolas, fue Panamá la que
obtuvo mayores ventajas de la coyuntura.
Al abrirse los puertos americanos al comercio libre, varias empresas inglesas establecidas en Jamaica
se desplazaron a Panamá para redistribuir los tejidos de algodón asiáticos en los mercados del Pacífico
americano, tanto del Sur como de la Nueva España (hoy México). Desde entonces, y sobre todo al estallar
las guerras de independencia en América, los ingleses utilizaron a Panamá como un gran depósito para sus mercancías, entrando
en frontal competencia con los talleres sudamericanos donde se producían textiles bastos y ocasionando su ruina. De hecho, los
británicos querían provocar la ruina de los telares españoles y penetrar el mercado americano, y para ello fraguaron una
conspiración en Jamaica en la que se propuso invadir la Nueva España para separarla de la Península.4
Además de Panamá, los ingleses pusieron su mira en Guatemala, Perú y Guadalajara. Su llegada a esta
última ciudad, situada en el lado Pacífico de Nueva España, coincidió con el bloqueo del puerto de
Acapulco, en el Pacífico, por las fuerzas insurgentes del cura Morelos, circunstancia que aprovecharon
para empezar a introducir mercancías de contrabando por el puerto tapatío de San Blas, donde estas se
pagaban con la plata de las minas mexicanas del Nordeste.
Durante la guerra de independencia, Guadalajara se mantuvo bajo control del ejército realista, de
modo que San Blas pudo permanecer abierto al contrabando de mercancías británicas que serían
conducidas desde Jamaica por la vía de Panamá. Entre 1812 y 1821 ya se encontraban varias firmas con
sede en Jamaica establecidas en Guadalajara, y su prosperidad fue tan llamativa, que en 1815 el gremio de
comerciantes, o Consulado, de México elevó una airada protesta. Argumentaban que, mediante este
comercio ilícito, se extraían grandes cantidades de plata mexicana en perjuicio del erario y de la economía
virreinal, calculando que en cinco años se habían extraído por San Blas más de 10 millones de pesos de
plata.5 El virrey Calleja alarmado por la situación, proclamó un bando el 12 de julio de 1816, prohibiendo
este tráfico en consideración a que “un torrente de buques” había salido de Panamá “a inundar de
mercancías extranjeras las costas del Mar del Sur”. El comercio entre el puerto de San Blas y Panamá y
varios puertos peruanos ya venía realizándose desde antes, pero se había intensificado notablemente a
partir de 1804. Como el comandante militar de la plaza, José de la Cruz, consideraba que este comercio
era ventajoso para Guadalajara, desatendió el bando del virrey 6.
Antes de que se produjera esta situación, la ruta tradicional de la plata de las minas mexicanas
(Guanajuato, San Luis Potosí, Sombrerete o Zacatecas) bajaba hasta la capital y salía por Veracruz con
rumbo a Europa. Pero debido a la insurgencia, se abandonó esta ruta para usar la de San Blas, creando
nuevos y muy distintos circuitos comerciales que obviamente perjudicaban a los que tenían intereses en
los circuitos anteriores.
En la documentación tapatía de la época, cada vez más se empieza a hablar de los comerciantes
“panameños” que frecuentaban el puerto con mercancías inglesas procedentes de Jamaica y que,
aparentemente, eran los que mayores ganancias obtenían, de hecho haciendo grandes fortunas en este
negocio. Se mencionan más de 30, entre los que destacan Manuel Jesús y Pedro Juan de Olazagarre,
Manuel Luna (sobrino de Pedro Juan de Olazagarre), Sotero Prieto, Salvador Batres, José Manuel
Berguido, José Vicente Landázuri, José María Lasso de la Vega, Ventura Martínez, entre otros, algunos
de los cuales llegaron a contraer matrimonio en Guadalajara y se establecieron allí. Varios de estos
“panameños” adquirieron grandes propiedades agrícolas como el gran fundo triguero que compró Pedro
Juan de Olazagarre pagando cerca de 25.000 pesos al contado. Olazagarre hacía el giro entre Panamá y
San Blas con dos fragatas de su propiedad.7
A la vez que esto ocurría, también la plata del Alto y Bajo Perú (Oruro, Pasco, Potosí, y otras minas),
que antes tenía su salida por Buenos Aires o por el Cabo de Hornos, empezó a tomar el rumbo de Panamá
al estallar la insurgencia en Argentina y Chile, lo que hacía muy inseguro el transporte por estos
territorios o frente a sus costas. De modo que a un mismo tiempo, durante este período, que se extendió
hasta 1818, virtualmente toda la plata de los principales centros argentíferos del continente, se envió hacia
la ruta panameña. Jamás había ocurrido nada semejante en la historia del comercio panameño. Era una
verdadera epifanía que hacía recordar los tiempos dorados de las ferias opulentas.
Se desconocen detalles sobre los beneficios directos que produjo este comercio en Panamá, pero no
hay duda de que fueron enormes, pues hacia 1823 un millón de pesos se le adeudaba a los comerciantes
panameños en el puerto de San Blas, suma que según un cónsul británico, una vez pagada sería
reinvertida varias veces en productos traídos de Jamaica. Según otra fuente, desde 1812 por lo menos 3
millones de pesos anuales eran desviados de la ruta de Veracruz a la de Panamá, aunque algunos
calculaban mucho más: 45 millones entre 1812 y 1818, es decir 7.5 millones anuales.8
En cuanto al comercio con Perú, hasta ahora mucho menos estudiado o documentado, se sabe eso sí
que la fortuna de los hermanos Mariano, Blas y Juan Arosemena se originó en esta etapa de auge
comercial, gracias a sus negocios con Lima. Con el dinero que acumularon, pudieron sufragar gran parte
del soborno que se pagó a los soldados realistas para que entregaran sus armas en 1821 y de esa manera
facilitar la independencia de Panamá.
Los años de prosperidad impactaron de manera visible el ambiente urbano en la capital. Según Andrés
Baleato, el censo de 1802 arrojaba “poco más de 8.000 habitantes”, contando los barrios de San Felipe y
Santa Ana.9 El censo de 1822 daba ya una población de 10.730 habitantes.10 El crecimiento había sido
sensible, sobre todo si consideramos que, a lo largo del siglo XVIII, la población capitalina se mantuvo
con muy pocos cambios en torno a los 7 a 8.000 pobladores. A la vez, el auge del comercio y el
incremento del transporte hizo necesario introducir gran cantidad de esclavos. Esto último lo evidencia el
escocés Basil Hall, que pasó por Panamá en 1822, quien al desembarcar escuchó asombrado a “todos los
negros y negras que pululaban en el muelle hablar inglés con fuerte acento que reconocimos ser de las
islas occidentales, peculiaridad, según deducíamos, adquirida por el continuo trato con Jamaica
mantenido a través del Istmo”.11
Testigos contemporáneos como el francés Gaspar Mollien se admiraban también de la atmósfera
cosmopolita que se respiraba en el ambiente urbano de la capital, donde las modas europeas habían
desplazado totalmente a las tradicionales, que habían quedado relegadas a lo sectores populares.
Pero la bonanza se detuvo tan repentinamente como apareció, al ir avanzando la revolución de
Independencia, y en 1819 ya era cosa del pasado. Una vez se consolidó la Independencia, Inglaterra pudo
realizar directamente el comercio con las nuevas naciones hispanoamericanas sin depender de su colonia
de Jamaica, y sin necesidad de utilizar la ruta panameña. Surgieron entonces nuevos circuitos comerciales
y se establecieron vínculos directos entre las antiguas colonias españolas y la potencia naval y
manufacturera más poderosa del mundo. Panamá quedó totalmente al margen de los nuevos circuitos
comerciales y su economía entró en crisis.
De esa manera, cuando los panameños se independizan de España en 1821, su economía se
encontraba virtualmente estancada, y luego de los pagos que se hicieron para sobornar a la tropa a fin de
evitar el derramamiento de sangre, sus bolsillos quedaron vacíos. Cuando pocas semanas más tarde,
asomaron frente a los muros de la capital, los buques de guerra españoles Prueba y Venganza y su
tripulación se ofreció a entregarse pacíficamente a cambio de que se le pagaran sus sueldos vencidos,
entregar los barcos y abandonar el Istmo para encaminarse a Cuba, ya no había recursos de capital para
aceptar tan espléndida oferta.
Estancamiento económico después de la Independencia
Tras la independencia de 1821, la economía revivió transitoriamente gracias a la movilización de tropas bolivarianas que desde Colombia y Venezuela eran enviadas a
millares por la vía de Panamá para la campaña del Sur, aunque sobre esto se sabe
muy poco y faltan evidencias cuantitativas. Luego sobrevino la parálisis. La
consolidación de la independencia en México hizo innecesaria la ruta panameña al
restablecerse lasactividades del puerto caribeño de Veracruz , y entre 1822 y 1823
sólo se registró un embarque cada año desde el puerto tapatío de San Blas a Panamá. Fueron los últimos del período. Asimismo, la producción de la plata peruana mermó,
también a consecuencia de los trastornos de la guerra, de modo que también las
remisiones de este metal se fueron reduciendo hasta detenerse del todo a partir de
1819, cuando la escuadra chilena de Cochrane empezó a amenazar las costas
peruanas. En 1824, con el triunfo final de las armas bolivarianas en Ayacucho, quedó consolidada la independencia de Sudamérica, y desde entonces la economía del Istmo
volvió a sumirse en el estancamiento.
El retorno de los soldados, otra vez por la vía panameña, retrasó hasta 1825 o 1826
la clausura del ciclo que se había iniciado en 1822. El cónsul británico Malcolm
MacGregor, afirmaba en diciembre de 1826, que 2.000 tropas cruzaban el Istmo “a
principios del mes pasado”.12 El movimiento marítimo parece confirmar este movimiento. Entre octubre de 1823 y junio de 1824, todavía entraban a los puertos
del Istmo 119 embarcaciones y una vez cubierto el año fiscal, el número se elevaría a
154, según se infiere de varias referencias. Durante los primeros diez meses, sólo a los
puertos Atlánticos de Chagres y Portobelo entraron 66 embarcaciones y 30 al puerto
de Panamá. En 1825 el total se reducía a 55, casi tres veces menos, limitándose las entradas Atlánticas a 38 y a 17 las del Pacífico. Todavía ese año, según manifestaba el
cónsul británico en el Callao, se mantenía un comercio relativamente activo entre
Panamá, Paita y Guayaquil con mercancía seca proveniente tanto de Jamaica como de
Estados Unidos. Pero últimamente ya habían dejado de llegar a Callao barcos con
carga procedentes de Panamá.13 Así pues, luego de una breve fase de estancamiento
entre 1819 y 1821, el movimiento de tropas durante las fases finales de la guerra de independencia contribuyó a excitar nuevamente la economía.
Al concluir la guerra los negocios quedaron virtualmente paralizados. En efecto,
hacia mediados del año 1825, cuando se celebraba en Panamá el Congreso
Anfictiónico, un conspicuo observador, el delegado peruano Manuel Lorenzo de
Vidaurre, escribía a un amigo que en la bahía de Panamá, “se pasan meses sin ver un buque”.14 Los ingresos de Aduana reflejan con claridad el derrumbe: en 1826 y 1827
sólo alcanzaron algo más de 70.000 pesos en cada año, cantidad apenas superior a la
recaudada en los años anteriores a la coyuntura alta que se inició en 1808 que ya
hemos discutido.
Las causas de este rápido viraje parecen ser varias. Al concluir la guerra
independentista, volvió a abrirse la ruta del Cabo de Hornos, interrumpida a lo largo de las guerras napoleónicas, primero durante varios años a partir de 1799 y luego por
las escuadras navales de las revolucionarias Argentina y Chile. Un contemporáneo
aseveraba que la ruta sureña resultaba más barata que la ruta del Istmo en
proporción de 2.2 a 1. La travesía transístmica resultaba muy cara, pues se pagaba a
razón de 6 pesos la carga de mula de 150 libras y un impuesto de exportación de tres
centésimos, costando el flete de un fardo de 300 pesos, entre 30 y 35 pesos. Era
preciso pagar además los fletes de transporte desde Panamá a otros puertos y luego
desde esos puertos al interior de las antiguas colonias. La ruta del Istmo estaba por otra parte llena de riesgos para las mercancías, por los malos caminos y el clima,
riesgos que, según el informante, no existían en la ruta del Cabo de Hornos.
Los altos fletes, las demoras y los riesgos habían sido aceptados por los
comerciantes ingleses, como decía en 1824 el cónsul británico en Guayaquil, por
tratarse de un camino forzado, pues al menos durante los años de guerra no disponían de otra vía. Algunos tenían además el propósito de radicarse en el país,
afirmaba el mismo cónsul. Pero esas esperanzas quedaron disipadas cuando se
expidió la ley del 28 de febrero de 1822, cuyo artículo 5 disponía que ningún
extranjero podía personalmente realizar transacciones por sí mismo, quedando
obligado a nombrar en el país un consignatario que fuese ciudadano de Colombia con
casa de comercio abierta en alguna de las ciudades de la República. La ley fue posteriormente derogada, pero el daño ya se había hecho.15
El Istmo tenía otra desventaja, a saber, su escasa demanda de bienes y su
incapacidad de retorno en dinero —desaparecida ya la inyección metálica del
Situado— así como la irregularidad en las llegadas de las embarcaciones por el lado
Pacífico, lo que generaba demoras innecesarias que se obviaban en la ruta más directa y menos dependiente del Cabo de Hornos. Finalmente, la decisión republicana de
subir los aranceles para reforzar un fisco empobrecido por la guerra, acabaría por dar
el golpe de gracia a la ruta.
A todo ello habría que agregar otro factor de alcances más amplios: el general
estancamiento económico en que quedó sumida gran parte de Hispanoamérica en la
postguerra. Una excepción fue Chile que, por el contrario, se vio muy favorecido con la reapertura de la vía del Cabo de Hornos literalmente bajo sus mismos dominios. Pero
sí perjudicó gravemente a las regiones con las que tradicionalmente Panamá había
mantenido más intensas relaciones. Tal es el caso, por el lado del Pacífico, del Perú,
que desde los tiempos de las flotas opulentas y aún durante la larga recesión de la segunda
mitad del siglo XVIII, constituía el polo dominante del comercio del Istmo. En cuanto a México, por una parte, la plata de sus minas dejó de salir por el puerto
tapatío de San Blas para seguir la ruta de Panamá rumbo a Jamaica (como lo había
hecho entre 1810 y 1818, según ya hemos visto) por otra, la actividad minera decayó
abruptamente como consecuencia de la guerra; finalmente, al terminar ésta los
rendimientos no mejoraron con la llegada de los inexpertos concesionarios ingleses,
que dominaban las técnicas de extracción de las minas de carbón, pero que tenían poca o ninguna experiencia en la minería de la plata. En cuanto a Jamaica, su
comercio se desplomó al mismo tiempo que el de Panamá, al perder el monopolio que
hasta entonces había usufructuado en el Caribe tras haber reconocido Gran Bretaña a
las nuevas repúblicas y abrirle éstas sus puertos mediante generosos e irreflexivos
tratados de amistad, navegación y comercio. Los buques británicos pudieron en lo sucesivo visitar sin cortapisas los puertos atlánticos del continente hispano-lusitano y
penetrar al Pacífico por la vía del Cabo de Hornos, ignorando, ya para siempre, la
servidumbre antaño tributada a Jamaica y, por ende, la ruta al Istmo.
La apertura de los puertos a las potencias marítimas —sobre todo a Inglaterra—el
carácter autónomo de las nuevas repúblicas y la agresividad del comercio externo,
particularmente de Estados Unidos por lo que se refiere a su Caribe próximo, y de Gran Bretaña respecto de ciertas áreas americanas —Venezuela, Brasil, Argentina,
México, Chile—, desarticularon los circuitos tradicionales de intercambio. Redes de in-
tercambio relativamente densas existentes en el Caribe, como el comercio entre México
y Venezuela, y los circuitos comerciales del Pacífico Sur, entre Panamá y la región
peruana, y entre Perú y Chile, quedaron dislocados. Los viejos lazos interregionales fueron sustituidos por rutas de una sola vía con las nuevas metrópolis: Chile rompería
su tradicional subordinación al Perú para vincularse a Inglaterra; los puertos
caribeños de México se enlazarían directamente con Nueva Orleans, Nueva York y
Boston; el Río de la Plata ya no dependerá más de sus vínculos con el Alto Perú, ya
que desviará la producción excedentaria de sus pampas hacia Gran Bretaña.16
El istmo de Panamá no entraría a formar parte de los nuevos circuitos y otra vez
quedó marginalizado. Al mismo tiempo —esto ocurre hacia 1825— las excesivas
esperanzas que había inspirado Hispanoamérica entre los hombres de negocio
británicos sufrieron un vuelco brutal. Las inversiones desbocadas de los primeros años de vida independiente, los grandes préstamos a las nacientes repúblicas, lejos de
dar los resultados apetecidos, constituyeron un aparatoso fracaso, lo que empezó a
despertar una creciente desconfianza en las inversiones: no había dinero para hacer
los pagos de las mercancías enviadas al continente, y los gobiernos fueron incapaces
de redimir las deudas contraídas con las grandes casas prestamistas británicas. Luego vino el derrumbe: en 1825 se desató en Londres el pánico financiero.
La acumulación de estos factores adversos repercutiría duramente en la actividad
comercial de Panamá, que quedó virtualmente detenida. Ya me he referido al
derrumbe de los impuestos de Aduana en 1826. Precisamente ese año se produjo —
tal vez no por casualidad— la primera tentativa autonomista de la elite panameña
respecto de Colombia. Aparentemente, los dirigentes del movimiento —comerciantes venidos a menos que recordaban con nostalgia los pasados años de bonanza—
tuvieron un móvil político: resistirse a las pretensiones combinadas de Antonio
Leocadio Guzmán y del general Carreño de imponer la Constitución boliviana.17
La elite panameña imputaba su ruina a la política fiscal de Colombia, ya que ésta
gravaba onerosamente el comercio, no a la crisis mundial de la economía que acabo de mencionar.
En frontal contraste con la política de control fiscal impuesta por Bogotá, la elite
abogaba por el comercio libre, es decir por un régimen de franquicias mercantiles.
Motivado por sus vínculos con Jamaica, el grupo autonomista apeló a la Gran Bretaña
para proponerle una confusa alianza “hanseática” mediante la cual el Istmo quedaría
bajo su protección, gracias a lo cual podría explotar más ventajosamente su posición geográfica.
En realidad, la solución “hanseática” o anseática no era nueva y de hecho estuvo de
moda durante aquellos años. En el propio Panamá ya se había planteado, por primera
vez, durante los debates del 28 de noviembre de 1821, y tanto Ecuador como los
países Centroamericanos también le propusieron a Gran Bretaña una alianza similar, de modo que no se trataba de algo inusitado u original. En un mismo correo, el cónsul
británico en Panamá Malcolm MacGregor, le envió a su superior Joseph Planta, el 17
de septiembre de 1826, las “actas” de Panamá y de la Intendencia de Guayaquil,
observando que la “declaración de este Departamento parece estar dictada por un
espíritu de mucho mayor decoro y discreción que aquella de sus vecinos de
Guayaquil”.18 Sin haber recibido respuesta a esta peregrina proposición, en 1830 la elite
panameña volvió a repetirle a Gran Bretaña la misma propuesta cuando trataba
nuevamente de separarse de Colombia.19 Pero Albión tampoco mostró ningún interés,
alarmada como se encontraba por el pánico financiero de 1825 y los descalabros que
habían provocado las infundadas expectativas americanas. La elite local empezó entonces a elaborar una política coherente, al principio
tímidamente, luego mediante una campaña sistemática a través de asociaciones,
periódicos y folletos, e incluso himnos y poesías, encaminada a perseguir lo que habría de convertirse en la gran idea fuerza del grupo dirigente: la libertad de
comercio. Sus diferencias con el régimen central no tuvieron consecuencias
inmediatas, pero sentaron un precedente en las luchas de reivindicación económica de la elite panameña, cuyos intereses desde fechas tan tempranas demostraron ser
opuestos a los intereses colombianos.
No muy distinta sería la causa del movimiento frustráneo de 1830, abortado y
desviado de sus propósitos iniciales por la intervención del general José Domingo
Espinar. Y los mismos motivos inspiraron el movimiento separatista de 1840
acaudillado por el general Tomás Herrera.20 A la ciega confianza en las franquicias se sumaría el clamor del grupo comerciante
por la apertura de la ruta transístmica, sea por un camino de macadam, un ferrocarril
o un canal; o por la combinación de todos ellos. Este doble objetivo aparece de manera
casi obsesiva planteado en los distintos órganos de expresión del grupo hasta
promediar el siglo, cuando pierde su razón de ser al cambiar la coyuntura económica tras la construcción del ferrocarril y hacer eclosión el Gold Rush. Sin embargo, la
política fiscal bogotana se mostró inflexible en materia de franquicias, al menos hasta
1835, y la República carecía de recursos para abocarse a una empresa tan costosa co-
mo abrir la ruta transístmica por medio de transportes modernos. Como es sabido, tanto el carácter como la propia nomenclatura de la mayoría de los
cien rubros de la contabilidad fiscal colombiana continuaron siendo prácticamente los
mismos que los de período colonial. Se siguieron cobrando alcabalas, diezmos, censos
y los impopulares monopolios o estancos estatales del tabaco y el aguardiente, y en
materia comercial se exhibió una política férreamente proteccionista. Desde el punto
de vista fiscal y administrativo, la impronta colonial continuaba vigente y virtualmente intacta.
Un primer cambio a favor de las demandas de la dirigencia panameña no se viene a
sentir hasta la presidencia de Santander a partir de 1835. El 25 de mayo de ese año
se expide una ley que declaraba libres de impuestos de introducción los puertos de
Portobelo y Panamá; pero esa misma ley quedaría subordinada a la condición de que sólo entraría en vigencia cuando se abriera un canal o un camino de rieles que
conectase ambos puertos. De esa manera, esta ley no pudo entrar en vigencia hasta
1855, cuando se concluyó el ferrocarril transístmico y quedaron conectados los
puertos terminales de Panamá y Colón. También de mediados de la década de 1830
datan las gestiones del aventurero barón de Thierry y del enviado del gobierno de
EEUU Charles Biddle, con propuestas para la apertura de un canal por el Istmo y que, como muchos otros proyectos del mismo tenor, fracasaron.
La postración económica del país durante el período comprendido entre 1830 y
1842, fecha esta última que anuncia (aunque tímidamente) el comienzo de una nueva
Era, se evidencia en la composición y los órdenes de magnitud que reflejan las
recaudaciones fiscales. Entre los siete ingresos fiscales más importantes después del de Aduana, figuraban los impuestos del tabaco, del aguardiente, de la alcabala, del
papel sellado, de los novenos del Estado y de los novenos de consolidación. El segundo
de mayor recaudación durante todo el período es el que se aplicaba al consumo del
tabaco, aunque Panamá no lo producía, pues el que se consumía era el de Ambalema,
en el distante interior de Colombia. No se trataba, entonces, de un impuesto a la
producción, sino al consumo. Durante los mejores años, el derecho de Aduana no recaudó arriba de 68.000 pesos y el promedio anual recaudado fue de 56.746, es decir
casi lo mismo que a comienzos del siglo, durante la coyuntura baja. El total recaudado
por la Aduana entre 1830 y 1842, es decir, durante 12 años, fue de 851.119 pesos,
suma muy inferior a lo que ingresó en sólo dos años, entre 1814 y 1815, años de gran
actividad comercial, cuando se recaudaron 911.574 pesos. De acuerdo con un folleto publicado por los Amigos del País, algunas gacetas
oficiales, diversas memorias de Estado colombianas, varios informes consulares
británicos y norteamericanos, y en los relatos de viajeros contemporáneos, entre 1830
y 1840 las importaciones del puerto de Panamá tuvieron un promedio anual de
231.203 pesos y de 245.245 pesos las exportaciones. Esta diferencia de 14.042 pesos
a favor de las exportaciones parece indicar una balanza favorable al comercio panameño; sin embargo, la mayor parte de esas exportaciones eran en realidad
reexportaciones de productos del comercio de cabotaje latinoamericano que
encontraban su salida por la ruta panameña, representando las exportaciones reales
de productos nativos tan sólo un 25 por ciento del total de las exportaciones. Los
productos locales de exportación eran perlas, zarzaparrilla, concha nácar, oro en polvo
y en alhajas, tablones, cueros, etc. y los que se reexportaban, oro y plata sellados, sombreros jipijapa, plata labrada, etc. Este panorama evoca claramente la estructura
y escalas del comercio existente a fines del siglo XVIII. Según el cónsul británico
Joseph Cade, en su informe del 1 de junio de 1838, las exportaciones ascendieron a
363.869 dólares en 1835; a 267.466 en 1836 y a 378.510 dólares en 1837. Sin
embargo, según él las exportaciones de productos propiamente panameños “no ascienden a 100.000 dólares por año”. De hecho, en 1835 fueron solo 60.450 dólares
las exportaciones de los productos locales, frente a 303.419 dólares de
reexportaciones, y en 1837 fueron sólo 63.671 dólares las primeras, frente a 314.839
dólares las segundas.21
Como se observa en el cuadro siguiente, las perlas ocupaban el renglón de
exportación más importante de Panamá, con alrededor del 50 por ciento del total. De
hecho, según el cuadro, perlas y nácar representaban el 59,1 por ciento del total de
exportaciones y sólo las perlas el 48,5 por ciento. En 1835, el valor de las perlas exportadas fue de 34.073 dólares, correspondiéndole el 56,4 por ciento del valor de las
exportaciones. Sin embargo, el mismo cónsul Cade reconocía que la exportación del
nácar era muy escasa debido a “que su calidad es tan inferior a las que se encuentran
en Oriente”, no pudiendo competir con éstas en el mercado europeo.
Sobre la actividad perlífera, el médico norteamericano J. H. Gibbon, que estuvo en Panamá en 1836, aseguraba que en las Islas de las Perlas había 2.000 personas
dedicadas a las pesquerías22. El mismo año, Mariano Arosemena presentaba un
cuadro estadístico sobre la producción de las “diferentes industrias” del cantón de
Panamá (en cuyo circuito se encontraban las islas perlíferas), según el cual su valor
anual era de 60.000 pesos, mientras que las conchas de madreperlas valían 3.000
pesos. Muy por debajo quedaban las demás producciones: 24 quintales de café con un valor de 576 pesos; 2.311 quintales de miel, evaluados en 9.244 pesos; 2.116 cueros
a peso cada uno; 413 sombreros de paja también a peso la unidad; 4.232 astas de res,
con un valor de 66,1 pesos; 1.500 quintales de palo de tinte con un valor de 563,4
pesos, y tucas y tablones de madera por valor de 3.000 pesos. Total: 78.977,5 pesos,
correspondiéndole a las perlas el 79,8 por ciento. El ganado vacuno, siempre un activo de mucha importancia en el país, contaba en el cantón con 23.783 cabezas y un valor
agregado de 285.396 pesos.23 Pero el ganado no contaba en el comercio de
exportación, salvo por el cuero, o las astas, ya que la carne se consumía localmente.
Tampoco se exportaba el escaso café que se producía, o las mieles.
La preeminencia de la industria perlífera continuaba en 1853, cuando el brasileño
Miguel María Lisboa, barón de Japura, quien llegó a ver personalmente una “perla pendiente que tenía una pulgada de diámetro y estaba valorada en cinco contos de
reis”, afirmaba que “el único artículo de exportación de Panamá es el nácar o conchas
de madre perla, que producen las islas del Rey, que es grande y gruesa, y vale de
ciento veinte a ciento sesenta mil reis la tonelada”. Agregaba que “la única industria
por la que es famosa esta ciudad es la de la fabricación de cordones de oro”, una reminiscencia de la actividad de los plateros que se remontaba al período colonial.24
En la década de 1830, el segundo renglón de exportación era el oro en polvo y en
alhajas, al que seguían los cueros y la zarzaparrilla. En 1837, como se observa en el
cuadro anterior, el oro en polvo, las joyas y la plata labrada (es decir, la plata
trabajada por plateros), tenían un valor agregado de exportación de 15.157 dólares y el
23,8 por ciento del total exportado. Entre las reexportaciones, ocupaba el primer lugar el dinero en monedas, que representaba en 1835, el 92,4 por ciento del total, y en
1837, el 71 por ciento. Luego seguían por orden de importancia, la plata labrada con
un 17 por ciento, el cacao de Guayaquil, la cochinilla, pólvora, sombreros de paja y
así otros de escaso valor.
Este panorama se mantenía entre 1840 y 1841. Se exportaban perlas por un valor de 40 a 45.000 dólares que representaban el 41,9 por ciento de las exportaciones; el
oro en polvo y las joyas tenían un valor agregado de 50 a 60.000 dólares con el 31,9
por ciento del total. Las reexportaciones consistían en cacao y cochinilla de Ecuador,
sombreros de paja de Guayaquil, y lingotes y monedas. Estos dos últimos con un valor
de 400.000 pesos y el 88,4 por ciento del total. El total de las exportaciones, según el
cónsul William Perry, estaba entre 154.150 y 190.950 dólares, mientras que las reexportaciones, entre 452.600 y 472.600 dólares.25
Por su parte, los servicios para el transporte seguían siendo tan primitivos como en
la colonia: según un informe de Mariano Arosemena de 1836, había en la zona de
tránsito 170 mulas con un valor individual de 25 pesos (es decir, mucho más baratas
que en el siglo XVII, cuando costaban 40 pesos o más); 79 “buques de río”, con un valor unitario de 16 pesos, lo que sugiere que eran simples canoas (y ya ni siquiera
piraguas y bongos, como en el período colonial), 13 “buques de mar” de 2.000 pesos
cada uno, es decir muy modestos; y otros “menores” en número de 237 y un valor
unitario de 50 pesos.26 Además de esto, una mano de obra libre sin calificación y un
puñado de esclavos. Es decir, una tecnología primaria, cuyos órdenes de magnitud, en
el mejor de los casos, en nada diferían de los años coloniales, si es que no
eran inferiores.
Así y todo, la ruta panameña, aún en sus coyunturas bajas, mantuvo
esencialmente su carácter de ruta de paso y su economía continuó apoyándose en los
servicios. Al igual que en la colonia, el Istmo careció de productos agrícolas que exportar y continuó siendo sobre todo exportador de oro y perlas, mientras que su
mundo rural siguió dominado por el ganado vacuno.
Otros dos fenómenos fueron igualmente característicos del período: por un lado, la
falta de circulante, sobre todo de moneda fraccionaria y, por otro, el contrabando,
repitiéndose también de esa manera otra situación crónica de los llamados tiempos muertos de la Colonia. Dado que el país no exportaba prácticamente nada de valor, se
producía una fuga constante de divisas, sin que ingresase suficiente dinero del
exterior. El cónsul británico, Malcolm MacGregor, escribía en su informe anual que
“estando el medio de circulación disminuyendo y deteriorándose a diario, tiene como
consecuencia que cuando el agricultor trae el poco producto que cosecha al mercado
de Panamá, las clases más necesitadas no poseen dinero para comprarlo.”27 La
carencia de circulante obligó importar a menudo monedas de diversas procedencias,
como las que introdujo en 1832, el comerciante y cónsul americano Juan Bautista
Feraud, que eran falsas. En cuanto al contrabando, al que facilitaba la extensión de las costas y la
imposibilidad de una vigilancia efectiva, no pudo tener una importancia muy grande
debido a la escasez de circulante, si bien las perlas y el oro en polvo pudieron cubrir
parte de esa falta. Diversos documentos evidencian, sin embargo, la importancia
relativa del comercio ilegal. Repetidas veces miembros de la Sociedad de Amigos del País, envueltos también en esta actividad, denunciaron las prácticas ilegales, si bien
que con el propósito de insistir sobre las ventajas de suprimir las trabas fiscales.
Manuel Morales, Ramón Arias y Mariano Arosemena, miembros conspicuos de la agrupación, estuvieron complicados en el escándalo del barco americano By-Chance,
que transportaba 2.780 libras de tabaco, violando la ley que al respecto se había
expedido en 1827. Augusto Le Moyne, que pasó por Panamá en 1841, cuando el Istmo se hallaba
separado de Colombia bajo el liderazgo de Tomás Herrera, observó que “algunas
familias no contaban con más recursos que los que obtenían vendiendo pieza a pieza
sus vajillas de plata y sus joyas”,28 es decir, una situación que recuerda claramente al
período colonial, cuando para adquirir artículos de contrabando introducidos por los
ingleses en las costas de Portobelo, los vecinos hacían fundir sus artículos de plata para convertirlos en “roelas”, que se aceptaban como moneda según su peso calculado
en marcos de plata. A la sazón, todavía algunos lograban mantenerse prósperos, como
el judío jamaicano Louis Lewis, casado con una hermana de Tomás Herrera, y quien
seguía haciendo negocios en Jamaica, o Manuel José Hurtado, que estaba ausente
durante la visita de Le Moyne, realizando operaciones mercantiles en Europa. Pero otros, como Mariano y Blas Arosemena, se encontraban en la ruina. Según el cónsul
MacGregor, en su informe del 1 de junio de 1838, “muchas de las residencias y
bodegas de los antiguos comerciantes están en ruinas, otras están divididas en
pequeños apartamentos y han sido dejadas a las clases más necesitadas, las cuales
existen en un estado de desocupación y abandono”.29 Las señales de tugurización del
viejo casco urbano no pueden ser más claras. La imagen de decadencia y abandono lo invadía todo: “Las ruinas de las iglesias y otros grandes establecimientos públicos,
cubiertos de monte y las calles llenas de hierba crecida, dan al pueblo la apariencia de
haber sido expuesto a los estragos de la guerra”.30
Otra evidente señal de decadencia era la disminución de la población capitalina.
Tras haber alcanzado la capital 10.730 habitantes, según el censo de 182231, es decir, al final del auge comercial anterior a la Independencia, en 1835 la población se había
contraído a 6.49632, descendiendo a unos escasos 4.897 habitantes en 184333. Es
decir, una cantidad inferior a la que tenía Panamá la Vieja a principios del siglo XVII. Según el
censo de 1843, Santa Ana tenía 4.030 pobladores y San Felipe, donde debía residir la elite, solo 2.466
pobladores.34
En este clima de postración y malos negocios —que los miembros del grupo
mercantil típicamente achacaban a las “opresivas regulaciones fiscales”—, se comprende mejor la resolución del comercio panameño de separarse otra vez de Colombia en 1840,
aprovechando el estado de confusión que en el Centro había provocado una guerra intestina.
En vísperas del movimiento separatista del 18 de noviembre de 1840, había hecho crisis la reiterada
resistencia de las dos últimas administraciones del Istmo, la de Obarrio primero, y luego la de Icaza, a la
exigencia bogotana de transferir fondos de las escuálidas arcas panameñas a las de Cartagena, lo que
amenazaba con dejar seca la Hacienda local y sin pago a los funcionarios. Cuando Tomás Herrera trató de
justificarse en 1842 ante el secretario del Tesoro colombiano tras el fallido golpe separatista, declaró que
hasta el día anterior del movimiento, el Tesoro Nacional debía a los empleados públicos de Panamá
50.074 pesos, lo que habría sido suficiente para justificar la revuelta si consideramos que muchos
miembros del gremio mercantil eran funcionarios. Baste recordar al respecto la observación del capitán
Liot en 1845,35 que los panameños preferían un empleo del gobierno a cualquier otro trabajo, así como los
enconados esfuerzos de los distintos miembros del grupo por ocupar las vacantes y disputarse
recomendaciones, según se observa a menudo en la documentación epistolar de Tomás Herrera.36 Nada de
esto era sorprendente, ya que se trataba de un comportamiento que formaba parte de las tradiciones
heredadas de la colonia, y que, después de todo, un cargo público siempre otorgaba prestigio, influencia y
poder.
Sin embargo, la coyuntura baja estaba próxima a concluir. 1842 es el año clave que anuncia, aunque
todavía tímidamente, el advenimiento de una nueva era. Ese año, dos líneas de vapor británicas, la Royal
Mail Packet Company, y la Pacific Steam Navigation Company, la primera en el Atlántico, la segunda en
el Pacífico, incorporan los puertos de Chagres y Panamá a sus itinerarios regulares. Como comentaba el
cónsul William Perry en su informe del 25 de junio de ese año, “desde el comienzo de este año es grato
observar que el Comercio de tránsito está mejorando gradualmente”.
Más adelante agregaba que “El Istmo de Panamá es de mucho interés en los actuales momentos
porque ofrece la más fácil, corta y económica ruta del Atlántico al Pacífico, ya sea por un canal para
barcos o por un ferrocarril”. Y a continuación recapitulaba los estudios que se habían hecho (y continua-
ban haciendo), y las soluciones propuestas que evidenciaban las ventajas de la ruta panameña.37 En
efecto, el interés mundial por Panamá iba en aumento, y en los años siguientes, la ruta del Istmo se
convirtió en uno de los pasajes donde la revolución de los transportes de la moderna era industrial se
pondría a prueba, potenciando los intercambios comerciales.
De hecho, para el año fiscal que terminaba en junio de 1842 ya empezaba a advertirse una ligera
mejoría en el movimiento comercial. Se exportaron entre 60.000 y 80.000 dólares en perlas; 600
toneladas de madreperlas con un valor de 10.000 dólares; entre 40 y 45.000 dólares en oro en polvo;
joyas por 10 a 15.000 dólares, tablones, zarzaparrilla, y otros productos de poca consideración para hacer
un total de entre 165.550 y 196.650 dólares. Las reexportaciones consistían en sombreros jipijapa de
Ecuador por un valor de 40 a 60.000 dólares y 400.000 dólares en lingotes y monedas.38 Sin embargo, la
composición de los productos era básicamente igual a la década anterior, y la mejoría era apenas
perceptible. El cambio efectivo llegaría poco después.
Notas
1. Para un examen más amplio del Situado, Alfredo Castillero Calvo, “El financiamiento de las defensas”, vol. I, t. II, cap. XIX de la Historia general de Panamá, Bogotá, 2004.
2. Para un examen más detenido de la trata esclavista, Alfredo Castillero Calvo, “La trata de esclavos”, vol. I, t. I, cap. XVI, de la
Historia general de Panamá, Bogotá, 2004. 3. Cf. Vega Franco, Marisa, El tráfico de esclavos con América (Asientos de Grillo y Lomelín, 1663-1674), Escuela de Estudios
Hispanoamericanos, Sevilla, 1984.
4. Johanna von Grafenstein Gareis, “Nueva España en el circuncaribe, 1779-1808”, en Revolución, competencia imperial y vínculos intercoloniales, México, UNAM, 1997, p. 216.
5. Vera Valdés Lakowsky, De las minas al mar. Historia de la plata mexicana en Asia: 1565-1834, México, FCE, 1987, p. 243.
6. Ibídem, pp. 244-245 y 253. 7. Sobre Olazagarre, ver Juan Olveda “Relación comercial con Manila y Panamá”, en Guadalajara, abasto, religión y empresarios,
México, 2000, p. 137. Aunque Olveda sostiene que Olazagarre era español, tengo pruebas de que era panameño de nacimiento,
de padre peninsular y madre nativa.
8. Carta al Exmo. Señor Duque de Frias, sobre el comercio de Nueva España, Londres, 1821, p. 10.
9. “Ciudad de Panamá, capital de su distrito y estaciones del año”, en Antonio B. Cuervo, Colección de Documentos sobre la
geografía y la historia de Colombia, Bogotá, 1891, p. 363. 10. Lo cita el científico británico Berthold Seeman, quien visitó y estudió Panamá en 1846, donde pudo consultar las fuentes
censales. Cf. Narrative of the Voyage of H. M. S. Herald during the years 1845-51 under the command of captain Henry
Kellett, R. N., C. B.; being a circumnavigation of the Globe, and three cruizes to the arctic regions in search of sir John
Franklin, by Berthold Seeman, F. L. S., member of the Imperial L. C. Academy Nature Curiosorum, naturalist of the expedition,
etc. en dos volúmenes, vol. I, Londres, 1853, p. 297. 11. “La ciudad de Panamá en 1822”, Revista Lotería (Primera época) Nº 44, año 1945 pp. 11 ss. Fragmento tomado de la
traducción de Carlos A. Aldao en 1920, de su libro El general San Martín en el Perú.
12. Carta a Joseph Planta, Panamá, 17. XII. 1826, Public Record Office, Foreign Office (En lo sucesivo, P.R.O, F.O.) 18 vol. 37, fol. 25-27,
13. Para el comercio del Callao, ver British Consular Reports on the Trade and Politics of Latin American, 1824-1826, ed. R. A.
Humphreys, Camden Third Series, vol. LXIII, Royal Historical Society London, 1940. 14. Carta a Pepe (José Cavero y Salazar, vocal de la Corte Suprema del Perú), Panamá, 11. VII. 1825. Archivo Diplomático
Peruano, T. I. El Congreso de Panamá. Recopilación y prólogo de Raúl Porras Barrenechea, Lima, 1930, p. 450.
15. Cf. R. A. Humphreys, op. cit., informes consulares referentes al puerto de Guayaquil. 16 Para un panorama del comercio en Hispanoamérica después de la independencia, Roberto Cortes Conde, Hispanoamérica: La
apertura al comercio mundial, 1850-1930, Paidos, Buenos Aires, 1974.
17 Cf. Alfredo Castillero Calvo, “El Movimiento Anseatista de 1826, Primera tentativa autonomista de los istmeños después de la anexión a Colombia”, revista Tareas Nº 4, Panamá, 1961.
18. P.R.O., F. O. 18, vol. 37, fols. 25-27,
19. Alfredo Castillero Calvo, “El movimiento de 1830”, revista Tareas, Nº 5, Panamá, 1961.
20. Ibídem. Para el movimiento de 1840, la obra clásica es Alfaro, Ricardo J., Vida del general Tomás Herrera, Barcelona, Imprenta
de Heinrich y Compañía, 1909. Hay otras ediciones. Una discusión detallada de los movimientos separatistas hasta el de 1840,
en el capítulo “La crisis política post-independentista: 1821-1841”, en este mismo volumen. 21. P. R. O., F.O. 55, Vol. 15, fols. 222-238.
22. “Notas relativas al istmo de Panamá, con observaciones sobre otros puntos propuestos para la intercomunicación entre los
océanos Atlántico y Pacífico, por [...]”, 17. XII. 1826, en Relaciones de viajes al istmo de Panamá en 1835, Juan Antonio Susto, ed., folleto publicado por la Revista Lotería, Panamá, 1961, p. 13.
23. “Cuadro estadístico [Nº 3] de la riqueza territorial del Cantón de Panamá ...., Panamá, 20. X. 1836”, por Mariano Arosemena,
en Cuadro que el jefe político del cantón de Panamá presentó al ilustre Concejo Municipal en su sesión ordinaria del 20 de octubre de 1836, Panamá, impreso por José Anjel Santos.
24 “El Istmo de Panamá en 1853”, transcripción, introducción y notas de J. A. Susto, Panamá, 1962, p. 27. La parte correspondiente
al Istmo pertenece a su obra Relación del viaje a Venezuela, Nueva Granada y Ecuador, cuya primera edición en portugués se hizo en Bruselas en 1866. La cita anterior es de la p. 307 en la edición de Bruselas.
25. Informe del cónsul británico William Perry, Panamá 25. VI. 1842 P. R. O., F.O. 55, Vol. 37, fols. 147-158.
26. “Cuadro estadístico [Nº3] de la riqueza territorial del cantón de Panamá ...., Panamá, 20. X. 1836», de Mariano Arosemena, ... ya citado.
27. Informe del 31. XII. 1827, P.R.O., F.O. Vol. 61 fol. 151.
28. Augusto Le Moyne, Viajes y Estancias en América del Sur, la Nueva Granada, Santiago de Cuba, Jamaica y el Istmo de Panamá, Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, Editorial Centro Instituto Gráfico, Bogotá, 1945.
29. F.O. 55, vol. 15, fol. 222-238.
30. Ibidem. 31. Lo cita Berthold Seeman en Narrative of the Voyage of H. M. S. Herald during the years 1845-51 under the command of captain
Henry Kellett, R. N., C. B.; being a circumnavigation of the Globe, and three cruizes to the arctic regions in search of sir John Franklin, by Berthold Seeman, F. L. S., member of the Imperial L. C. Academy Nature Curiosorum, naturalist of the expedition,
etc. en dos volúmenes, Vol. I, London, 1853, p. 297.
32. “Cuadro estadístico [Nº3] de la riqueza territorial del cantón de Panamá ...., Panamá, 20. X. 1836», por Mariano Arosemena, ... ya citado. Ver también Censo de Panamá en 1835, en la Sala de Investigación del Archivo General de la Nación, Bogotá (en lo
sucesivo AGNB).
33. Ver censo de Panamá para 184, en Sala de Investigación del AGNB. También lo cita Berthold Seeman, op. cit., p. 297. 34. Ibidem.
35. W. B. Liot, Panama, Nicaragua, and Tehuantepec; or, considerations upon the question of communication between the Atlantic
and Pacific Oceans, London, 1849. Era superintendente colonial de Gran Bretaña y había sido enviado a Panamá en 1845 por la Royal Mail Steam Packet Company junto con el investigador británico estacionado en Jamaica para conocer la viabilidad del
comercio y del transporte transístmico. Liot dice haber cruzado el istmo “six times”.
36. Cf. Horacio Clare Lewis (comp.), Correspondencia y otros documentos del Gral. Tomás Herrera, 3 tomos, Panamá, 1971. 37. Informe comercial fechado en Panamá, 25. VI. 1842, P.R.O., F.O. 55, Vol. 37, fols. 147-158.
38. Ibídem.
Quijano, Aníbal. El “movimiento indígena” y las cuestiones pendientes en América Latina. En: Revista Tareas, Nro. 119, enero-abril. CELA, Centro de Estudios Latinoamericanos, Justo Arosemena, Panamá, R. de Panamá. 2005. pp. 31-62. Disponible en la World Wide Web: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/tar119/quijano.rtf
www.clacso.org
RED DE BIBLIOTECAS VIRTUALES DE CIENCIAS SOCIALES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE, DE LA RED DE CENTROS MIEMBROS DE CLACSO
http://www.clacso.org.ar/biblioteca biblioteca@clacso.edu.ar
NUESTRA AMERICA
EL 'MOVIMIENTO INDÍGENA' Y LAS
CUESTIONES PENDIENTES EN AMERICA
LATINA
Aníbal Quijano*
*Sociólogo peruano, director del Centro de Investigaciones Sociales, Lima.
La economía mundial y América Latina: Tendencias, problemas y desafíos, Jaime Estay Reyno (compilador), 2005, colección Grupos de Trabajo, CLACSO, Buenos Aires.
No es poca la letra gastada, dentro y fuera de América Latina, sobre el así llamado ‘movimiento
indígena’, en especial después de la insurgencia de Chiapas en enero de 1994 y, recientemente, en
atención a los sucesos políticos de Bolivia y de Ecuador. Eso probablemente expresa, ante todo, un
preocupado reconocimiento del impacto político inmediato de las acciones de los ‘indígenas’, de los
conflictos que tales acciones desencadenan y que amenazan desencadenar en el resto de la población,
poniendo en riesgo, en cada vez mayor número de países, la estabilidad de los actuales regímenes
autodefinidos como democráticos y la ‘gobernabilidad’ de una población cada vez más descontenta
porque sus necesidades son cada vez menos satisfechas, y que está aprendiendo a organizarse con modos
nuevos y a plantear demandas inesperadas, obviamente, para sus dominadores. Sin embargo, quizá la
mayor parte de la literatura se refiere al tema de la identidad, aunque más bien como una demostración de
la infinitud del discurso sobre la cultura, la multiculturalidad, la hibridez cultural, etc., en fin, de la
siempre creciente familia de términos que envuelven la cuestión de la identidad para mantenerla lejos de
la cuestión del poder. En cambio, son aún delgadas e incipientes otras líneas de reflexión sobre
implicaciones más complejas y de más largo plazo de las acciones de los actuales ‘indígenas’
latinoamericanos, en particular respecto de las condiciones de otras formas de control del trabajo y de la
autoridad colectiva, en la trayectoria de, hacia, otras formas de existencia social.
Aquí lo que me propongo, principalmente, es abrir dos de las cuestiones que con
respecto al „movimiento indígena‟ no son aún suficientemente discutidas pero, que a
mi juicio son, podrían ser, las de más decisiva reverberación sobre la próxima historia
latinoamericana: su relación con el Estado-Nación y con la democracia dentro del
actual patrón de poder.
Nota sobre lo „indígena‟ y la colonialidad del poder
Para ese propósito es indispensable abrir de nuevo la cuestión de lo ‘indígena’ en América Latina.
Pero, en esta ocasión en un espacio limitado, me restringiré a plantear las propuestas más significativas
para su indagación y debate.
En primer término, es necesario reconocer que tanto los que hoy se autoidentifican como ‘indígenas’
en vez de ‘indios’, como aquellos otros que admiten ahora identificarlos como ‘indígenas’, ¨nativos¨,
‘aborígenes’ u ‘originarios’, son exactamente lo mismo, si se trata del lugar de su nacimiento o, incluso
para una inmensa mayoría, si se trata de la ‘antigüedad’ - de lo ‘aborigen’, pues - parcial o total, de su
linaje familiar. Esto es, desde esa perspectiva todos y cada uno de cualquiera de ambos lados caben,
exactamente, bajo los mismos calificativos identificatorios. En cambio, los unos y los otros no son lo
mismo, de ninguna manera, si se trata de su relación con los ‘blancos’ y con lo ‘europeo’.1
Y esa es, precisamente, la cuestión: cualquiera de tales ‘categorías’, en América, en especial en
América Latina, sólo tienen sentido en referencia al patrón de poder que se origina en la experiencia
colonial y que desde entonces no ha dejado de reproducirse y desarrollarse manteniendo sus mismos
fundamentos de origen y de carácter colonial. En otros términos, se trata de un patrón de poder que no
deja, no puede dejar, su colonialidad.
La colonialidad del actual patrón de poder
Para lo que aquí específicamente interesa, los principales productos de la experiencia colonial
son:
1) La ‘racialización’ de las relaciones entre colonizadores y colonizados. En adelante, ‘raza’, un
constructo mental moderno, sin nada que ver con nada en la previa realidad, generado para naturalizar las
relaciones sociales de dominación producidas por la conquista, se constituye en la piedra basal del nuevo
sistema de dominación, ya que las formas de dominación precedentes, como entre sexos y edades, son
redefinidos en torno de la hegemonía de ‘raza’.2 Los originarios términos extremos de ese nuevo sistema
de dominación son, de un lado, los ‘indios’, término colonial en el cual son embutidas las numerosas
identidades históricas que habitaban este continente antes de la conquista ibérica y, del otro, los
colonizadores, que desde el siglo XVIII se autoidentificarán, respecto de los ‘indios’, ‘negros’ y
‘mestizos’, como ‘blancos’ y ‘europeos’.
2) La configuración de un nuevo sistema de explotación que articula en una única estructura conjunta
a todas las formas históricas de control del trabajo o explotación (esclavitud, servidumbre, pequeña
producción mercantil simple, reciprocidad, capital), para la producción de mercaderías para el mercado
mundial, en torno de la hegemonía del capital, lo que otorga al conjunto del nuevo sistema de
explotación, su carácter capitalista.
3) El eurocentrismo como el nuevo modo de producción y de control de subjetividad - imaginario,
conocimiento, memoria - y ante todo del conocimiento. Expresa la nueva subjetividad, las relaciones
intersubjetivas, que se procesan en el nuevo patrón de poder. Es decir, los nuevos intereses sociales y las
nuevas necesidades sociales que se generan y se desarrollan dentro de la experiencia de la colonialidad
del poder, en especial de las relaciones entre el nuevo sistema de dominación social ordenado en torno de
la idea de ‘raza’ y el nuevo sistema de explotación capitalista. Ese es el contexto que modula la
novedad de la experiencia del tiempo nuevo, de radicales cambios histórico-sociales, de nuevas relaciones con el tiempo y con el espacio, el desplazamiento del pasado por
el futuro como la nueva edad dorada de realización de los anhelos de la especie. En
suma, el proceso que será nombrado pronto como modernidad. El eurocentramiento
del control del nuevo patrón de poder implicó que la elaboración intelectual
sistemática del modo de producción y de control del conocimiento tuviera lugar,
precisamente, en la Europa Occidental que se va constituyendo en el mismo tiempo y en el mismo movimiento histórico. Y la expansión mundial del colonialismo europeo
lleva también a la hegemonía mundial del eurocentrismo.
4) Finalmente, el establecimiento de un sistema nuevo de control de la autoridad
colectiva, en torno de la hegemonía del Estado - Estado-Nación después del siglo XVIII
- y de un sistema de Estados, de cuya generación y control son excluidas las poblaciones „racialmente‟ clasificadas como „inferiores‟. En otros términos, se trata de un sistema privado de control de la autoridad colectiva, en tanto que exclusivo
atributo de los colonizadores, ergo „europeos‟ o „blancos‟.3
Ese patrón de poder, que comenzó a ser constituido hace cinco siglos, es
mundialmente hegemónico desde el siglo XVIII. Si bien las luchas anticolonialistas
han logrado desconcentrar relativamente el control del poder, arrebatando a los colonizadores el control local de la autoridad colectiva y en gran parte del mundo, ésta
incluso se ha hecho formalmente pública, admitiendo la participación, en general pro-
forma, de los miembros de las „razas inferiores‟, el control central y mundial no ha
dejado de ser eurocentrado. Más aún, está en curso un proceso de reconcentración del
control mundial o global de dicha autoridad, en beneficio de los europeos.4 Y en una
buena parte del mundo actual excolonial, principalmente en América y Oceanía, los „blancos‟ y lo „europeo‟ han logrado mantener el control local del poder en cada una de
sus dimensiones básicas. En América, por eso, las cuestiones referidas al debate de lo
„indígena‟ no pueden ser indagadas, ni debatidas, sino en relación a la colonialidad del
patrón de poder que nos habita, y desde esa perspectiva, pues fuera de ella no
tendrían sentido. Es decir, la cuestión de lo „indígena‟ en América y en particular en
América Latina, es una cuestión de la colonialidad del patrón de poder vigente, al
mismo título que las categorías „indio‟, „negro‟, „mestizo, „blanco‟. En consecuencia, no es complicado entender que, en todos los contextos donde
el control inmediato del poder local no lo tienen los „blancos‟ ni lo „europeo‟, el término
„indígena‟ no tiene la misma significación, ergo tampoco las mismas implicaciones. Así,
en el sudeste de Asia, en India, Indonesia, Filipinas, en los países situados en la
antigua Indochina, quienes son identificados como „indígenas‟ y han terminado aceptando tal identificación, así como quienes los identifican de ese modo, no mientan
para nada ninguna referencia con lo „europeo‟, con lo „blanco‟, en suma con el
colonialismo europeo. Allá los grupos o poblaciones ¨indígenas¨ son aquellos que
habitan las zonas más aisladas, más pobres, por lo general en la floresta o en la
tundra, cuyos principales recursos de vida, a veces los únicos, son el bosque, la tierra,
los ríos, y sus respectivos habitantes, vegetales o animales. Tales poblaciones son oprimidas, discriminadas, despojadas de sus recursos, sobre todo ahora en tiempos de
la „globalización‟, por los otros grupos no „blancos‟, ni „europeos‟ (por lo mismo, tan
„nativos‟, „aborígenes‟ u „originarios‟ como los otros) que en esos países tienen hoy el
control inmediato del poder, aunque sin duda asociados a la burguesía „global‟ cuya
hegemonía corresponde a los „europeos‟ y „blancos‟. En países como India, la clasificación de la población en términos de castas, agrava esa situación de los adivasi („indígenas‟), los vincula y equipara a los dalit („intocables‟), al imponerles un secular
sistema institucionalizado de discriminación y de opresión.5 Y bajo el renovado
dominio de los brahmines y su fundamentalismo „comunalista‟, esa situación es hoy
aún peor y más violenta. Las demandas de los „indígenas‟ del sudeste asiático son,
pues, en todo lo fundamental, diferentes que los de sus homónimos latinoamericanos.
Sus movimientos de resistencia son cada vez más amplios y organizados y los conflictos regionales que ya producen irán en la misma dirección. La actual virulencia
del chauvinismo fundamentalista del „comunalismo‟ es una de sus claras señales.6
La colonialidad del poder y la cuestión
nacional en América
Con la derrota del colonialismo británico primero, e ibérico después, en América se instala una paradoja histórica específica: estados independientes articulados a sociedades coloniales.
Ciertamente en el caso de Estados Unidos, la nacionalidad del nuevo estado correspondió a la de la mayoría de la población del nuevo país, que no obstante su
origen y filiación ¨europea¨ y ¨blanca¨, con su victoria anticolonial se otorga una nueva
nacionalidad. La población ¨negra¨, inicialmente la única sometida a la colonialidad
del nuevo poder dentro de las sociedades coloniales britano-americanas, e impedida
de tener parte alguna en la generación y control del nuevo estado, era minoritaria a
pesar de su importancia económica, como lo será pronto la población „india‟ que sobrevivió a su cuasi exterminio, a la conquista de sus tierras y a su colonización con
posterioridad a la constitución del nuevo país, de la nueva nación y de su nuevo
estado.
En el caso de los países que se constituyen en la América que se desprende del
colonialismo ibérico, sea en el área española o más tarde en la portuguesa, el proceso es radicalmente diferente: los que logran asumir finalmente el control del proceso
estatal forman, de un lado, una reducida minoría de origen „europeo‟ o „blanco‟, frente
a la abrumadora mayoría de „indios‟, de „negros‟ y de sus correspondientes „mestizos‟.
De otro lado, los „indios‟ eran siervos en su mayoría y los „negros‟, salvo en el Haití
resultante de la primera gran revolución social y nacional americana del período de la
modernidad, eran esclavos. Esto es, esas poblaciones no sólo estaban legal y socialmente impedidas de tomar alguna participación en la generación y en la gestión
del proceso estatal, en su condición de siervos y de esclavos, sino que además, no
habían dejado de ser poblaciones colonizadas en tanto „indios‟, „negros‟ y „mestizos‟ y,
en consecuencia, tampoco tenían opción alguna de participar en el proceso estatal. La
sociedad continuó organizada, largamente, según el patrón de poder producido bajo el
colonialismo. Era, entonces, y seguía siendo, una sociedad colonial, en los mismos
tiempos y movimiento histórico en que se independizaba, se formaba y se definía el
nuevo estado. Ese nuevo Estado era independiente del poder colonial, pero, simultáneamente, en su carácter de centro de control del poder, era una ceñida
expresión de la colonialidad del poder en la sociedad.
¿De cuál „nación‟ eran los nuevos estados que se constituían? ¿De los „europeos‟
o „blancos‟ que se llamaban ahora „mexicanos‟, „peruanos‟ o „brasileños‟, esto es que
también se otorgaban una nueva identidad nacional? Pero estos eran una minoría realmente muy pequeña en todas partes, aunque relativamente no tanto en Chile,
donde la mayoría de la población „india‟ no había sido colonizada y ocupaba todo el
territorio al sur del Bío-Bío y resistió aún por otro siglo antes de ser cuasi exterminada
y colonizada, como lo había sido más temprano en Argentina y en Uruguay, bajo otras
condiciones y con otros resultados. Por el contrario, la nacionalidad de dichos estados
no tenía nada que ver con las poblaciones colonizadas de „indios‟, „negros‟ y „mestizos‟. No obstante, éstas eran la abrumadora mayoría de quienes quedaban encuadradas
dentro de las fronteras de los nuevos estados. La nacionalidad de los nuevos estados
no representaba a las identidades de la abrumadora mayoría de la población sometida
a los nuevos estados. En rigor, originalmente les era contraria.
En ambas dimensiones fundamentales, el nuevo estado independiente en esta América (Latina), no emergía como un moderno Estado-Nación: no era nacional
respecto de la inmensa mayoría de la población y no era democrático, no estaba
fundado en, ni representaba, ninguna efectiva ciudadanía mayoritaria. Era una
ceñida expresión de la colonialidad del poder.
La cuestión de la democracia y el 'problema indígena' Esa peculiar situación de la nueva sociedad ex – colonial no quedó del todo oculta
para una parte de los nuevos dueños del poder. Inmediatamente después de la
consolidación de la victoria anticolonial, al promediar la segunda década del siglo XIX,
en el área hispana ya está en debate la cuestión del carácter del Estado y los
problemas de ciudadanía. Para los liberales, en particular, eran demasiado visibles,
por inmensas, las distancias entre sus modelos políticos. Entonces procedentes sobre
todo del discurso de la revolución liberal en Europa Occidental, y las condiciones
concretas de su implantación en esta América. Y la población „india‟ será percibida pronto como un problema para la implantación del moderno Estado-Nación, para la
modernización de la sociedad, de la cultura. Así, en el debate político latinoamericano
se instala, desde la partida, lo que se denominó por casi dos siglos, el „problema
indígena‟. Se podría decir, en verdad, que tal „problema indígena‟ es coetáneo con la
fundación de las repúblicas ibero-americanas.
¿Porqué eran los ¨indios¨ un problema en el debate sobre la implantación del moderno Estado-Nación en esas nuevas repúblicas? Fuera de la colonialidad del
poder en las nuevas repúblicas, semejante problema no tendría sentido. En cambio,
desde esa perspectiva, los „indios‟ no eran solamente siervos, como eran esclavos los
„negros‟. Eran, primero que nada, „razas inferiores‟. Y la idea de „raza‟ había sido
impuesta no solamente como parte de la materialidad de las relaciones sociales – como era el caso de la esclavitud o de la servidumbre, lo que, en consecuencia, puede
cambiar – sino como parte de la materialidad de las propias gentes, como era,
precisamente, el caso con los „indios‟, con los „negros‟, con los „blancos‟. Y en este
nivel, por lo tanto, no habían cambios posibles. Y éste era, exactamente, el „problema
indígena‟ : no era suficiente quitar a los „indios‟ el peso de las formas no salariales de
división del trabajo, como la servidumbre, para hacerlos iguales a los demás, como había sido posible en Europa en el curso de las revoluciones liberales. O las marcas
del colonialismo tradicional, como el „tributo indígena‟, para descolonizar las
relaciones de dominación, como había ocurrido al ser derrotadas o desintegrados los
colonialismos anteriores. Y, encima, los sectores hegemónicos dentro de la fauna
dominante se oponían con todas sus fuerzas a la eliminación del tributo, pero sobre todo de la servidumbre. ¿ Quién trabajaría entonces para los dueños del poder? Y era,
precisamente, el argumento „racial‟ el instrumento, explícito o sobrentendido, para la
defensa de los intereses sociales de los dominadores.
El „problema indígena‟ se convirtió, pues, en un auténtico incordio político y
teórico en América Latina. Para ser resuelto requería, simultáneamente, ya que por su
naturaleza el cambio en una de las dimensiones implicaba el de cada una de las otras:
1) la descolonización de las relaciones políticas dentro del Estado; 2) la subversión radical de las condiciones de explotación y el término de la servidumbre; 3) y como
condición y punto de partida, la descolonización de las relaciones de dominación
social, la expurgación de „ raza‟ como la forma universal y básica de clasificación
social.
En otros términos, la solución efectiva del „problema indígena‟ implicaba, no podía dejar de implicar, la subversión y desintegración del entero patrón de poder. Y
dadas las relaciones de fuerzas sociales y políticas del período, no era en consecuencia
factible la solución real y definitiva del problema, ni siquiera parcialmente. Por eso,
con el „problema indígena‟ se constituyó el nudo histórico específico, no desatado
hasta hoy, que maniata el movimiento histórico de América Latina: el des-encuentro
entre nación, identidad y democracia. De otro lado, la independencia política frente a España o Portugal, bajo la
dirección y el control de los „blancos‟ o „europeos‟, no significó la independencia de
estas sociedades de la hegemonía del eurocentrismo. En muchos sentidos, por el
contrario, llevó a la profundización de dicha hegemonía, precisamente porque el
eurocentramiento del patrón de poder implicó que mientras en Europa Occidental la modernidad fuera impregnando no sólo el pensamiento, sino las prácticas sociales, en
esta América la modernidad fuera arrinconada en los ámbitos ideológicos de la
subjetividad, sobre todo en la ideología del „progreso‟, y ésta, por supuesto, más bien
entre grupos minoritarios entre los sectores dominantes y entre los primeros y
reducidos grupos de capas medias intelectuales.7
¿Democracia y modernidad sin revolución?
Ese es el contexto que permite explicar y dar sentido a un fenómeno político
peculiar, quizá, de la América Latina: la idea de que es posible alcanzar o establecer la
modernidad y la democracia en estos países, sin tener que pasar por ninguna
revolución del poder, o por lo menos de cambios radicales en los principales ámbitos del poder. De ese modo, la modernidad y la democracia, aquí tuvieron, tienen aún, el
lugar y el papel de un espejismo político: puesto que existen en otros espacios, la
retina liberal puede copiar sus imágenes en el horizonte ideológico del desierto
territorio político y social latinoamericano. Tal espejismo político aún fascina a una
parte principal del espectro político latinoamericano. Y de aquel espejismo tampoco
están libres los que imaginan la revolución latinoamericana como reproducción de la experiencia eurocéntrica. El eurocentrismo cobra aquí todas sus consecuencias.
En el debate político latinoamericano de los casi dos siglos corridos después de la
derrota del colonialismo español, esa ideología ha implicado la adopción del paradigma
de la democracia liberal acerca del Estado y de las relaciones entre Estado y sociedad,
pero separado, incluso opuesto en verdad, del paradigma de la sociedad burguesa. En ésta, que produjo la democracia liberal, las relaciones de poder social se han
constituido no solamente como expresión del capital y de la centralidad de Europa en
el heterogéneo universo capitalista, sino también – y para las necesidades de la
democracia liberal, sobre todo – como expresión de una relativamente amplia, si no
exactamente democrática, distribución de recursos de producción, de ingresos, de
mercado interno, de instituciones de organización y de representación. En los países ¨centrales¨ regidos por la democracia liberal, eso es el resultado de una centuria de
revoluciones liberal-burguesas, o de procesos equivalentes. Pero tales procesos no sólo
no tuvieron lugar, sino que no podían tener lugar en América Latina. Pues no se trata,
obviamente, sólo de la persistencia aquí de la esclavitud, de la servidumbre, de la
limitada producción industrial, etc., producida por la distribución de poder en el universo capitalista y el proceso de eurocentramiento de su control. Se trata ante todo
de que la ciudadanía liberal fue, aún es en rigor, una aspiración imposible para la
inmensa mayoría de la población, formada por „razas inferiores‟, esto es por no-iguales
a los demás
En ese sentido, el liberalismo en América Latina no ha dejado de proponer la
imagen de un „Estado de Derecho‟ constituido por un universo de instituciones
políticas y administrativas, diseñadas casi siempre con exquisito apego a las mejores
esperanzas del liberalismo, pero sustentadas casi exclusivamente en el discurso
constitucional, que no por acaso tiene en nuestros países una historia tan copiosa,
pero sin correlativos o previos cambios en las relaciones de poder social. Fraseando el propio discurso liberal, bien podría decirse que esa propuesta ha implicado en la
práctica, casi siempre, un „Estado de Derecho‟ articulado con una „sociedad de
derecha‟. Por lo cual cuando funciona no puede durar, nunca ha podido durar, o
simplemente no ha logrado funcionar.8
Respecto del lugar de la población „india‟ en el posible futuro democrático, el único cambio importante que pudo ser admitido ya tarde en el siglo XIX y que ha sido,
entrecortadamente, puesto en práctica en el siglo XX, es la „europeización‟ de la
subjetividad de los „indios‟, como un modo de su „modernización‟. El movimiento
intelectual llamado „indigenista‟ en América Latina, con ramificaciones en las artes
visuales y en la escritura literaria, fue, sin duda, la más acabada encarnación de esa
propuesta.9 La colonialidad de semejante idea es, sin embargo, patente, pues se funda en la imposibilidad de admitir, de imaginar siquiera, la posibilidad de una
descolonización de las relaciones entre lo 'indio' y lo 'europeo', ya que, por definición,
lo 'indio' no es solamente 'inferior', sino también 'primitivo' (arcaico, dicen ahora), es
decir, por partida doble, 'inferior¨ ya que 'anterior' a lo 'europeo' en una supuesta línea
de evolución histórica de la especie, concebida según el desplazamiento del tiempo que se hizo inherente a la perspectiva eurocéntrica de conocimiento. Ya que no era posible
'ablancarlos' a todos en términos 'raciales', a pesar de la intensa práctica de 'mestizaje'
que cubre la historia de las 'razas' en América Latina, se concluyó que, en todo caso,
era viable y tenía sentido 'europeizarlos' subjetivamente, o culturalmente, si se
quiere.10
No será necesario detenerse mucho aquí en lo muy sabido. Las políticas de los dominantes para enfrentar ese problema fueron principalmente dos en América,
aunque practicadas con muy diversas variantes entre países y entre momentos
históricos. De una parte, el virtual exterminio de los 'indios' y la conquista de sus
territorios, en todos los países en lo cuales los dominadores, liberales y conservadores
por igual, concluyeron pronto que ninguna des-indianización, como 'europeización', era viable. Así ocurrió en Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Chile. De otra parte, el
asimilacionismo cultural y político en México-Centro América y en los Andes.11
¿Por qué la diferencia? Principalmente, sin duda, porque en esos últimos países la
población 'india' era, es, no solamente mayoritaria, sino, sobre todo, a diferencia de la
de los otros países, socialmente disciplinada en el trabajo organizado dentro de un
sistema de dominación y de explotación. Estos países, como México y Perú, fueron precisamente las sedes centrales del imperio colonial español, mientras Argentina,
Chile, Uruguay fueron marginales antes de mediados del siglo XVIII. Dadas esas
condiciones, la política de los 'blancos' respecto de los 'indios' prolongó, con
modificaciones y adaptaciones, la política del período colonial, de asimilación y de
discriminación cultural, al mismo tiempo. Con la formación republicana, el
asimilacionismo comenzó a ser, sobre todo desde fines del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, la dimensión enfatizada en el discurso político, aunque mucho menos en la
práctica.
El asimilacionismo cultural es la política que se ha procurado sostener desde el Estado, a través del sistema institucionalizado de educación pública. La estrategia, por lo
tanto, ha consistido y consiste en una 'asimilación' de los 'indios' en la cultura de los
dominadores, que suele ser también mentada como la 'cultura nacional', a través de la
educación escolar formal, sobre todo, pero también por el trabajo de instituciones
religiosas y militares. Por eso, en todos estos países, el sistema educacional pasó a
ocupar un lugar central en las relaciones entre 'indio' y no 'indio'. La educación
escolar fue inclusive mistificada y mitificada en ambas partes, y no hay duda de que
en países como México o Perú, más en el primero después de la 'revolución mexicana', de todos modos en ambos más que en los demás países, fue un mecanismo de des-
indianización subjetiva, cultural si se quiere, de una parte no desdeñable de la
población 'india'. Un elemento importante en dicha estrategia ha sido también la
apropiación de las conquistas culturales de las sociedades que fueron conquistadas,
destruidas y sus poblaciones colonizadas, trasmitido como orgullo de lo 'inca', de lo
'azteca', 'maya', etc., en una palabra, de lo 'indio' anterior a la colonización.
Sin embargo, dicha estrategia nunca ha dejado de alternarse y de combinarse con la
política de discriminación de los 'indios' y de enajenación de lo 'indio'. De ese modo, la
des-indianización no pudo abarcar a la mayoría de la población 'india' y ésta no pudo incorporarse, ser incorporada, sino de manera parcial, precaria y formal, en el proceso
de nacionalización de la sociedad, de la cultura, del estado. La colonialidad del poder
sigue implicando que toda o parte de las poblaciones no 'blancas' no puede
consolidarse en su ciudadanía sin originar profundos y graves conflictos sociales. En
ciertos países como Brasil, Ecuador o Guatemala, o en ciertas zonas de Bolivia, México o Perú, esa es, exactamente, la raíz de lo que para la fauna dominante quizá
aparece todavía apenas como un nuevo 'problema indígena', pero que en verdad, como
se verá inmediatamente, ha inaugurado un período histórico nuevo y en primer
término para el patrón de poder en el cual está implicado.
Trayectoria del actual 'movimiento indígena' En la partida es pertinente hacer notar que el actual ¨movimiento indígena¨ es
la más definida señal de que la colonialidad del poder está en la más grave de sus
crisis desde su constitución hace 500 años.12
Por supuesto, las poblaciones sobrevivientes de las derrotadas sociedades e
identidades históricas13 anteriores, no aceptaron inmediatamente nombrarse 'indias'. Algunas de ellas resistieron admitir la derrota y la desintegración de sus sociedades y
de sus identidades históricas durante todo un medio siglo, como una parte de los
incas del Cusco. Todavía hoy muchos grupos reivindican o vuelven a reivindicar los
nombres particulares de sus antiguas identidades históricas (hoy colonialistamente
admitidas apenas como 'etnicidades'). Y es probable que en adelante varios otros
nombres regresen a la nomenclatura de esas poblaciones e inclusive que la hoy tan extendida 'tentación identitaria' lleve a que sean reinventadas algunas identidades
para ser recubiertas por esos nombres. Empero, la consolidación, el desarrollo y la expansión mundial de la Colonialidad
del Poder probaron ser procesos de excepcional vitalidad histórica. Pudieron sobrevivir
algunos de sus nombres y jirones de sus memorias históricas, pero todas aquellas sociedades e identidades, o peoplehoods, terminaron desintegradas y sus poblaciones
sobrevivientes y sus descendientes terminaron también admitiendo esa derrota y la nueva común identidad colonial, la cual, obviamente, ya no implicaba ningún
peoplehood. Trescientos años después de la Conquista, al comenzar el período
republicano, todas ellas eran 'indias'. Y durante los dos siglos siguientes, esa
identidad colonial se mantuvo. Podría decirse, sin arriesgar mucho, que para una
parte mayoritaria de esas poblaciones, esa identidad había terminado siendo admitida como 'natural'.
¿Porqué, en consecuencia, el rechazo ahora de esa denominación y la
reivindicación del nombre de 'indígena', se han extendido e impuesto virtualmente
entre esas poblaciones en toda América Latina, en el plazo relativamente corto de dos
a tres décadas? Y, más aún, ¿Por qué los ¨no-indios¨, ¨mestizos¨ en primer lugar,
pero también los ¨blancos¨ y ¨europeos¨ han terminado admitiendo esa reivindicación?
Entre dos crisis
Sugiero, en primer término, que el actual ¨movimiento indígena¨ fue incubándose
en el mismo cauce del agotamiento de lo que la investigación social latinoamericana
llamó la „crisis del Estado oligárquico‟, y que se constituyó y emergió en el mismo proceso de la neoliberalización-globalización de la sociedad latinoamericana.14
Es necesario tener en cuenta, a este respecto, que bajo el Estado oligárquico la
abrumadora mayoría de la población llamada 'india' en América Latina era rural,
aunque en la ciudad, no sólo en el campo, el régimen de dominación del cual eran
víctimas era igualmente señorial. Esto es, la condición social de la mayoría de los
„indios‟ era la servidumbre. Doméstica en las ciudades y agrario-doméstica en el campo.
La cuasi universal servidumbre de los „indios‟ fue consecuencia del despojo
continuo de sus tierras en favor de los no-indios, desde el comienzo mismo de la era
republicana. Durante el coloniaje, junto con la eliminación formal del sistema de
encomienda, y como un modo de control de las poblaciones „indias‟, la Corona dispuso
que se les otorgase tierras para sembrar y para residir, como zonas de exclusiva
propiedad y residencia 'indias'. La extensión de esas tierras fue diversa según las zonas. Pero no fue poca en ningún caso. En el Perú fueron muy extensas y en Bolivia
aún mucho más. Tras la derrota de los españoles, Bolívar decretó para todo el ex –
Virreinato del Perú, que las tierras de las comunidades indígenas fueran privatizadas y
mercantizadas. Sin embargo, durante la mayor parte del siglo XIX, las comunidades
indígenas de las repúblicas andinas, mantuvieron el control de la mayor parte de las tierras que les fueron adjudicadas durante el Virreinato. El despojo recomenzó a fines
de ese siglo, como una de las consecuencias de la apropiación de minas, plantaciones
y haciendas por parte del capital norteamericano. Y se acentuó y expandió en las tres
primeras décadas del siglo XX, reprimida y derrotada sangrientamente la resistencia
del campesinado indígena, forzando a la mayoría de las poblaciones 'indias' someterse
a la servidumbre. Lo que se ha denominado el Estado oligárquico, basado en las relaciones de dominación inherentes a la colonialidad del poder, fue fortalecido en
esos procesos. En México la resistencia del campesinado indígena convergió con la
disputa por el control del poder en el seno de la propia burguesía y de las capas
medias, dando lugar a la llamada „revolución mexicana‟.
Ese es el contexto histórico que ayuda a entender por qué la crisis y retirada del Estado oligárquico, en los países de mayoritaria población 'india' tuvo implicaciones
decisivas en la situación social y política de dicha población y estuviera en el origen de
la crisis y del cambio de su identidad.
En efecto, la crisis del Estado oligárquico terminó junto con el fin de la
predominancia de las relaciones serviles y semi-serviles y la desintegración de las
estructuras de autoridad local y estatal ligadas al poder de la burguesía señorial y de los terratenientes señoriales, ya sea por revoluciones sociales como en México (1910-
1927) o en Bolivia (1952) en las cuales la participación organizada del campesinado,
'indio' en su mayoría, fue decisiva; sea porque, por ejemplo en Perú, por la masiva
presión organizada de los campesinos, mayoritariamente 'indios'. Entre 1957 y 1969,
fueron adoptadas medidas de redistribución de tierras para sembrar, llamadas reformas agrarias; sea porque los propios terratenientes señoriales fueron forzados,
como en Ecuador (1969-70), a cambiar el régimen de trabajo servil por el trabajo
asalariado. El resultado fue, en todas partes, la expansión del trabajo asalariado y de
las actividades de carácter mercantil.
Tales procesos estuvieron asociados, como es conocido, con la abrupta
urbanización de la sociedad latinoamericanaen su conjunto, la relativa expansión de la producción industrial y de su mercado interno, el cambio de la estructura social
urbana con la formación de nuevos grupos de burguesía industrial-urbana, de nuevas
capas medias de profesionales e intelectuales y de una nueva población asalariada,
industrial y comercial. Y, por supuesto, parte de esos cambios fue la masiva migración
desde el campo a la ciudad. Todo eso se expresó pronto en la relativa modernización del Estado, que vio no
sólo ampliadas sus bases sociales, sino sobre todo cambiadas profundamente con la
parcial y precaria, pero no menos real y decisiva, incorporación de nuevos
contingentes, de origen campesino e „indio‟, al ámbito de la ciudadanía, aunque
enredados aún en mallas de clientelaje y de formas de intermediación política, más
que de representación directa. Esos procesos fueron más amplios, masivos, globales en una palabra, más en
unos países que en otros. Para los de población indígena mayoritaria, esas diferencias
han probado ser decisivas. En el Perú fue donde, sin duda, el proceso fue más
temprano, más rápido y más abarcador. Eso implicó la des-indianización de la
identidad y de la autoidentificación de una parte mayor de la población ¨india¨, su traslado a las ciudades, a actividades vinculadas al salario y al mercado, e inclusive
en el mundo rural, mucho más que a las campesinas del período precedente. Ese
específico proceso de des-indianización fue denominado de 'cholificación‟.15
La nueva población „chola‟ fue, sin duda, la principal protagonista y agente del
proceso de cambios en el Perú posterior a la segunda guerra mundial. Fue ella, en
primer término, la que formó el que hasta fines de la década de 1960 fue el más
amplio y poderoso movimiento campesino de América Latina16 y llevó finalmente a la
desintegración del poder señorial en el campo, cuya culminación fue la reforma
agraria de la dictadura militar de Velasco Alvarado en 1969 hecha, en rigor, para bloquear el desarrollo del movimiento campesino de los „cholos‟, con todas las
consecuencias negativas para la sociedad rural y para la producción agropecuaria.
Fueron ellos los que formaron el nuevo contingente de asalariados industriales y
comerciales urbanos, levantaron un nuevo movimiento sindical, cuya gravitación en el
debate político nacional fue muy importante hasta la crisis de mediados de la década de 1970, y conquistaron decisiones legislativas que les permitían negociar con algunas
ventajas la venta de su fuerza de trabajo. Fueron ellos los que poblaron el aparato
estatal de educación en todos los niveles, obligando al Estado a su rápida ampliación.
Ellos poblaron las universidades estatales formando un nuevo y más amplio
movimiento de estudiantes universitarios, con consecuencias profundas para el país,
comenzando por la ampliación brusca de nuevas capas medias, que se reclutaban precisamente en esa población. Ellos, más que nadie, poblaron las ¨barriadas¨
peruanas, que han llegado a albergar más del 70 por ciento de la población urbana del
Perú y que han llegado a significar la experiencia social, cultural y simbólica central
del último medio siglo XX peruano.
La militarización del Estado después de las experiencias guerrilleras de 1965-1967 y su enfrentamiento con las capas más jóvenes de esa nueva población ¨chola¨,
en especial en las universidades y entre los intelectuales jóvenes, bloqueó y
distorsionó el desarrollo social, cultural y político de esas poblaciones, sobre todo en la
¨segunda fase¨ de la dictadura militar (1968-1980), ayudó a exacerbar las graves
distorsiones que las versiones stalinianas y maoistas del ya eurocentrificado
'materialismo histórico' introducían en las universidades y entre la joven inteligencia 'chola', en el debate sobre el conocimiento del proceso peruano (según ellas el Perú era
una sociedad feudal o semi-feudal, como la China de comienzos de los años 30 del
siglo XX, por lo cual la guerra revolucionaria del campo a la ciudad, etc., y finalmente
se combinaron con ellas, hasta llevar, desafortunadamente para todos, al turbio y
sangriento intercambio terrorista entre el Estado y la agrupación maoista, Sendero Luminoso, entre 1980 y 2000, y cuyas principales víctimas fueron las propias
poblaciones campesinas „indígenas‟ o no del todo 'cholificadas' (según la Comisión de
la Verdad y Reconciliación. Informe Final, Lima 2003, más de 60 mil).
Durante medio siglo, la población que se des-indianizó, se apropió de e hizo
positiva la derogatoria identificación como 'chola' y/o como 'mestiza', no ha hecho sino
aumentar en proporciones y en presencia e influencia en todos los ámbitos de la sociedad peruana, incluido por cierto el mundo rural donde habitan,
minoritariamente, los que son aún identificados como 'indios', aunque no es seguro
que ellos acepten ya esa identificación. Y es improbable que la población 'chola'
regrese a la identificación como 'india'.
Esa es, seguramente, la respuesta a la interrogante que ahora pena en el debate peruano y latinoamericano sobre el actual 'movimiento indígena': ¿Por qué siendo Perú
el país donde la población 'india' era mayor que en los demás países andinos, no hay
ahora ningún 'movimiento indígena' importante, mientras si lo hay y tan presente e
influyente en Ecuador, sobre todo, y en Bolivia?
La neoliberalización-globalización y sus implicaciones en el ‘movimiento indígena’
Por comodidad, pero sin arbitrariedad, enlazo aquí neoliberalización-globalización
para denominar el proceso que ha sufrido América Latina, como el resto del mundo,
entre la crisis de mediados de la década de 1970 y ahora. Hay relativo consenso en el
debate actual, aparte de un océano de escritura, acerca del debilitamiento y de la des-nacionalización del Estado, de la polarización social y de la des-democratización de la
sociedad. No tengo que insistir en esas cuestiones.17 Pero lo que tales procesos
implican o han implicado para la cuestión del „movimiento indígena‟, apenas
comienza a ingresar en el debate latinoamericano. En consecuencia, aquí es más bien
pertinente abrir algunas de las cuestiones más significativas.
Sugiero, en primer lugar, que la rápida, más bien brusca, desintegración de la
estructura productiva que estaba en curso de desarrollo en estos países, produjo no
solamente el desempleo, aumento del subempleo y rápida polarización social, sino
también un proceso que puede ser reconocido como un proceso de re-clasificación social que afecta a todos los sectores sociales y, obviamente, sobre todo a los
trabajadores. Y ese proceso está asociado a una crisis de identidad social en todos los
sectores. En primer término, en aquellos cuya identidad era ambigua o vacilante,
empujándolos a la búsqueda urgente de otras nuevas identidades. Eso es lo que
explica, a mi juicio, por ejemplo, que las identidades sociales expresadas en términos de „clases sociales‟ hayan cedido en todos estos países, su lugar a identidades
llamadas „étnicas‟, regionales, residenciales, o „informales‟ y „pobres‟.
Esa crisis y cambio de identidades ha tenido lugar, explícitamente, entre los
trabajadores rurales „indios‟ de los países andinos y mesoamericanos menos
urbanizados, que habían sido identificados y habían admitido serlo en términos de
„clase‟, como „campesinos‟ y que ahora han terminado re-identificándose como „indígenas‟. Mientras que en el Perú, en cambio, la retirada de la identidad de
„campesinos‟ o no está en juego, o es más bien indecisa y lenta. Inclusive hoy, la más
importante organización comunal enfrentada a las empresas mineras se llama
Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), y no
apela a la idea de „comunidad indígena‟ en el propio país donde ella se originó. Junto con esos problemas, en segundo lugar, la llamada globalización ha
instaurado también un nuevo universo de comunicación, con un creciente espectro de
recursos, de medios tecnológicos, que van desde el clásico radio transistor, que fue el
primer elemento en romper la localización aislada de „campesinos‟ e „indios‟, hasta el
correo electrónico, extendido en lugares no inmediatamente sospechados, o el teléfono
portátil, el famoso „celular‟, ubicuo ahora inclusive en localidades, de otro modo, aisladas. En ese sentido, las poblaciones rurales o rural/urbanas en proceso de crisis
de identidades sociales y de re-identificación étnica, sobre todo, han encontrado, en la
red virtual un modo de re-conocerse y de identificarse con todos sus próximos en
lugar y nombre en el sistema „racial‟ de discriminación y de dominación, como en el
período inmediatamente anterior era pertinente identificarse con todos aquellos afectados por un mismo aparato de explotación, el capital.
Sin embargo, las propuestas de reconocer como „desterritorialización‟ o
„deslocalización‟, las nuevas realidades virtuales que producen esas nuevas redes de
comunicación, en el caso específico de los „indígenas‟, deben tomarse con muchas
cautelas, porque la geografía, lo local y lo comunal, el vecindario y la vivienda, tienen
sin duda una gravitación muy diferente que en el caso de las dispersas, a veces itinerantes o trashumantes, poblaciones urbanas de las sociedades industriales.
En tercer lugar, el debilitamiento del estado, su visible des-nacionalización e
inclusive su re-privatización en muchos países de la región, procesos todos que
cortan, precisamente, las conquistas de las poblaciones de origen o de identidad „india‟
educación y salubridad públicas, servicios urbanos, producción y protección de
empleo asalariado, no solamente han dejado a sectores amplios de los dominados y explotados de América Latina sin referencia de apelación para sus demandas y
necesidades, ahora mayores y más premiosas que nunca antes en los últimos
doscientos años. En varios de estos países, el Estado ha venido actuando, sobre todo
en la década de 1990, en contra de la mayoría de la población, de un modo análogo a
como lo hacía inmediatamente después de la derrota de los imperios coloniales ibéricos. Por eso, después de más de tres décadas de esos procesos, sectores
crecientes de la población popular de América Latina y dentro de ellos los „indios‟, han
aprendido o están rápidamente aprendiendo que tienen que encontrar maneras no
sólo de no vivir del Estado, sino de vivir sin o contra el Estado.
Y es allí, en ese específico ámbito, donde probablemente se encuentre el núcleo
principal de determinaciones de la re-identificación en curso: de „campesinos‟ y de 'indios' a 'indígenas'. Me refiero, ante todo, a las direcciones que ha ido tomando,
desde comienzos de la década de 1980, el manejo de las cuestiones de la autoridad
colectiva o pública por las poblaciones 'indias' que iniciaron acciones de organización
y de movilización en los países andino-amazónicos y que han ganado celebridad
mundial después de Chiapas.
Primero en el curso de organización de la Coordinadora de Organizaciones
Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), que se estableció en 1984, integrada por
las organizaciones de las más importantes poblaciones de la cuenca amazónica, de
Perú, de Bolivia, de Brasil, de Ecuador, de Colombia y de Venezuela, y poco después en la organización de la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA) en Puno, en
el altiplano peruano que bordea el lago Titicaca; en esa misma década, emergió como
uno de los aspectos de mayor significación la reorganización y revitalización de la
comunidad, como la específica estructura de autoridad colectiva y pública de esas
poblaciones. En los congresos que decidieron la formación de la COICA y de la UNCA, el problema de la ausencia y de la hostilidad del Estado fue explícitamente debatido y
fue decidido, por eso, la necesidad y la urgencia de la autoridad comunal.18 La
cuestión de la autonomía territorial y política, que había sido el vacío slogan de los
seguidores de la Internacional staliniana a fines de la década de 1920 y comienzos de
la década de 1930, reaparecía ahora, autónomamente colocada en la mesa del debate
de las „comunidades indígenas‟. Comenzó, entonces, el período de tensiones y de presiones entre esas poblaciones
y el Estado, que no ha hecho sino ampliarse e intensificarse hasta hoy. Probablemente
fue también el momento del desplazamiento de identidad de lo „indio‟ hacia lo
„indígena‟. Es dudoso, incierto en todo caso, que se haya producido entre los „indios‟
un debate colectivo y sistemático sobre la colonialidad de los términos 'indio', 'negro', 'blanco', „mestizo‟, aunque algunos científicos sociales, en México y en el Perú, ya
estaban discutiendo esas cuestiones.19 Lo más probable es que fue a partir de las
decisiones de reorganización y de revitalización de la 'comunidad indígena' frente al
Estado, que se va produciendo el abandono de la identificación de 'indio' en favor de
„indígena‟.
La 'comunidad indígena' fue una creación de las autoridades coloniales en el siglo XVI. Durante el coloniaje fue sede y refugio de las poblaciones 'indias' no
inmediatamente servilizadas. Por eso, cuando comienza el despojo republicano de sus
tierras y el sometimiento de los 'indios' a la nueva servidumbre, la 'comunidad
indígena' es reclamada y proclamada como la institución emblemática de la lucha
contra la servidumbre y el abuso de la hacienda, de la mina y del Estado. Y, además, por muchos años, para la población campesina 'india', se convierte en la sede
virtualmente exclusiva de democracia política bajo el Estado oligárquico, porque todos
los miembros adultos de las 'comunidades indígenas', varones y mujeres, desde los 14
años, tienen derecho a participar en el debate y en las decisiones colectivas que
afectan a sus miembros. Sin duda por eso, ante todo, a despecho de su origen
colonial, la 'comunidad indígena' provee ahora a las poblaciones de campesinos y de desocupados, informales, de origen „indio‟ y luego a profesionales e intelectuales del
mismo origen, de las banderas ideológicas anticoloniales tanto respecto del problema
nacional, como de la democracia.
Hay ya visible, reconocida y activa, una capa de intelectuales ¨indígenas¨ en
Ecuador, en Bolivia, en México, en Guatemala. También en Perú, pero los que se identifican como tales están sobre todo entre los aymaras y entre los pobladores de la
cuenca andino-amazónica. En el debate reciente acerca de todas aquellas cuestiones,
sin duda han pasado a tener una participación activa y decisiva. La creación de la
Universidad Indígena Intercultural y del Instituto de Investigaciones Indígenas, en
Quito, bajo la conducción de Luis Macas, uno de los fundadores de la CONAIE
(Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) y recientemente Ministro de Asuntos Indígenas en el gobierno de Lucio Gutiérrez, con quien finalmente ha roto, es
una de las más eficaces demostraciones de ese fenómeno.
El actual 'movimiento indígena' se desarrolla inicialmente entre los grupos
principales de la Cuenca Amazónica, cuya expresión mayor antes de la COICA fue
ECUARUNARI (Pueblos del Ecuador), en 1972. Aunque en Ecuador estuvieron activas organizaciones de 'indios' que, con la influencia y el respaldo del Partido Comunista
Ecuatoriano, buscaban autonomía política respecto del Estado de Ecuador, no es
probable que esos antecedentes hayan tenido gravitación en la formación del actual
movimiento indígena de ese país. Por el contrario, algunas organizaciones religiosas,
salesianos y jesuitas, habrían tenido influencia importante. En 1980 se formó la
CONFENAIE (Confederación de Nacionalidades Indias Ecuatorianas) y, finalmente, de
CONAIE (Confederación Nacional de Indígenas Ecuatorianos) en 1989, como
organización central de todos los grupos organizados de indígenas ecuatorianos. Su
legitimidad política fue conquistada en la famosa Marcha sobre Quito en 1992. Y ganó
presencia internacional con su participación en la caída del gobierno de Abdala Bucaram en 1997 y con su liderazgo en la caída del gobierno de Miguel Mahuad, en
enero del 2000, en cuya ocasión el líder principal de la CONAIE, Antonio Vargas,
ocupó, brevemente, el sillón presidencial, con el respaldo del entonces Coronel Lucio
Gutiérrez, que después sería elegido Presidente de Ecuador, gracias, principalmente,
al apoyo del movimiento indígena.20 El caso de Bolivia es mucho más complejo. Los campesinos bolivianos se fueron
organizando siguiendo patrones sindicales desde la década de 1940, lado a lado con el
movimiento minero. Juntos participaron en la revolución boliviana de abril de 1952 y
mientras los mineros tomaban las minas y las expropiaban, ellos se tomaron las
tierras y expulsaron a los terratenientes señoriales.21 Formaron juntos las famosas
milicias obrero-campesinas que consolidaron la revolución y aliados a la Confederación Obrera Boliviana (COB), obligaron al gobierno de Paz Estensoro a
legalizar y a extender la redistribución de tierras. Estuvieron en todos los avatares de
la política boliviana desde entonces, aunque no siempre en la misma línea. Inclusive
fueron utilizados por el general Barrientos que, con el golpe militar de 1964, bloqueó
el proceso revolucionario y produjo la feroz masacre de obreros mineros en junio de ese mismo año.
Al derrumbarse la minería del estaño y clausurarse las minas estatales, muchos
de los obreros mineros, incluidos algunos de sus más respetados líderes, decidieron ir
a trabajar junto con los cultivadores de coca en el Chapare. Además, les ayudaron a
organizarse según la experiencia sindical minera. Eso permitió a esos campesinos,
„indios‟ si se les aplica el criterio de „raza‟, no ser víctimas, ni instrumentos de las redes mafiosas del tráfico de coca y de cocaína. Pero también les ha permitido resistir
al Estado boliviano y al de Estados Unidos, empeñados simplemente en la
erradicación del cultivo de coca, sin alternativas provechosas para los campesinos. En
esa lucha se han fortalecido como movimiento de trabajadores y de campesinos, han
ganado el apoyo de otras fuerzas sociales, a las cuales han apoyado en sus propias luchas, han emergido después como un movimiento político de filiación socialista, el
Movimiento al Socialismo (MAS) y producido líderes políticos de talla nacional, como
Evo Morales, candidato a la Presidencia de la República en las elecciones y segundo
en el resultado final, contra los pronósticos de la prensa urbana. De otro lado, sin perder continuidad con las experiencias del movimiento katarista
(nombre en homenaje a Tupac Katari, caudillo aymara en la revolución de Tupac Amaru en l780), activo en las luchas campesinas y guerrilleras de la década de 1970, se han ido formando y cambiando otros movimientos de los aymaras, que pueblan el altiplano que rodea el lago Titicaca. El más importante actualmente es la Confederación Sindical
Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), cuyo líder es Felipe Quispe,
apodado el Mallku, que ha conquistado una notable autoridad sobre el campesinado y
notable presencia nacional. El MAS y la CSTUCB han participado no solamente en las elecciones, sino sobre
todo en amplios movimientos sociales y políticos en defensa del control nacional de los
recursos de producción del país, como en la Marcha por el Territorio y la Dignidad de
1991, y recientemente en los conocidos sucesos que llevaron a la renuncia de Gonzalo
Sánchez de Losada a la Presidencia de Bolivia, después de sangrientos conflictos con el movimiento popular.
No se trata, pues, en el caso boliviano, estrictamente de „movimientos indígenas‟
en todos los casos, como en Ecuador, en la COICA amazónica, o en Chiapas,
Guatemala, y más recientemente en los casos de los „mapuches‟ de Chile y otros
grupos menores en Argentina.
Respecto de Chiapas y de Guatemala, la prensa internacional ha hecho mundialmente famoso el movimiento de los 'indígenas' de Chiapas y a su mediático
vocero el subcomandante Marcos y en gran medida gracias a él, lo mismo que sobre
Guatemala, por la prolongada y sangrienta guerra civil y la presencia de la premio
Nobel Rigoberta Menchú.22
Sentido y perspectivas del actual ‘movimiento indígena’
No existe, en realidad, un „movimiento indígena‟, salvo en sentido abstracto
nominal. Y sería malconducente pensar que el término 'indígena' nombra algo homogéneo, continuo y consistente. Así como la palabra 'indio' sirvió en el coloniaje
como un identificador común de muchas, diversas y heterogéneas identidades
históricas, para imponer la idea de „raza‟ y como mecanismo de control y de
dominación que facilitara la división del trabajo explotado, la palabra 'indígena', no
obstante ser testimonio del rechazo de la clasificación colonial y de reivindicación de identidad autónoma, no sólo no es una liberación de la colonialidad, sino que tampoco
indica ningún proceso de homogenización, a pesar de que, sin duda, disueltas las
antiguas identidades, la homogeneidad es ahora mayor que ayer. No hay duda de que
el término cubre una heterogénea y diversa realidad y tampoco debe dudarse de que
varias de las identidades específicas reaparecerán, ya están reapareciendo, aparte de
que varias nunca se disolvieron, como en el caso de los aymaras, entre los amazónicos, o entre los diversos grupos de Chiapas o del Altiplano guatemalteco.23
Nada asegura, en consecuencia, que todos los actuales grupos de 'indígenas' o los
que emergerán después, se orientarán en las mismas perspectivas y se dirigirán hacia
el mismo horizonte.
Con todo, su actual presencia en el escenario latinoamericano tiene algunas implicaciones comunes. Primero que todo, es verdad, hay un reclamo común de
identidad, pero más bien como contrapartida de la discriminación que impide
asimilarse plenamente a la identidad nacional o cultural dominante. Pero esa es una
reivindicación casi tradicional, en la cual han estado comprometidos los indios y los
indigenistas, y por cierto los antropólogos que quisieran que lo que ellos llaman 'culturas' fueran
preservadas en una suerte de museos, independientemente de si así les gustaría o beneficiaría a las propias gentes.
Los más organizados, sin embargo, como en Ecuador primero y luego en Chiapas,
han avanzado a plantear la necesidad de un estado plurinacional. Y no se trata
solamente de hacer admitir en los textos constitucionales las frases rituales, ahora
comunes a casi todos esos textos, sobre la plurietnicidad, la pluriculturalidad, la pluri, etc. Se trata de que la estructura institucional del Estado sea modificada en sus fun-
damentos, de modo que pueda representar efectivamente a más de una nación. Es
decir, se trata de una múltiple ciudadanía, ya que en la existente los 'indígenas' no
tienen, no pueden tener, plena cabida.24
Es también cierto, sin embargo, que ese no es aún el horizonte de la mayoría de
las poblaciones que se re-identifican como 'indígenas' en América Latina. Pero esa demanda implica, de todos modos, el final del asimilacionismo político y cultural en
América, ya que, después de todo, nunca fue plena y consistentemente practicada por
los dominantes no- indios o 'blancos'. Y si eso logra abrirse realmente paso, si no es
simplemente reprimida y derrotada, ese es también el fin del espejismo eurocéntrico
de un Estado-Nación donde unas nacionalidades no han dejado de dominar y de colonizar a otras, además, mayoritarias.
Una variante de esa demanda es la autonomía política y territorial. Y en algunos
casos, en Venezuela y Canadá, los grupos dominantes han preferido no arriesgar sus
Estados-Nación y ceder territorios relativamente extensos, políticamente autónomos,
para determinados grupos indígenas. Pero en esos países, como en Argentina, Chile y
Uruguay, o en Brasil, las poblaciones 'indígenas' son minoritarias y bien pueden alguna vez acceder a espacios relativamente autónomos. Otro muy distinto es el caso
de países con grandes poblaciones 'indígenas', México, Guatemala, Ecuador, Bolivia,
inclusive Perú si los procesos identitarios se movieran en otras direcciones. Los
aymaras han ya imaginado, explícitamente, la posibilidad de territorio autónomo. Pero
ellos habitan en cinco países, y su situación podría parecerse alguna vez a la de los kurdos en el Medio Oriente. En estos países, el conflicto entre el Estado-Nación y el
Estado Plurinacional está planteado en serio.
Empero, a la hora de la globalización, con sus procesos de debilitamiento y de des-
nacionalización de los Estados, la demanda de Estados y de ciudadanías
plurinacionales aparece mucho más confusa y complicada. Porque eso plantea a los
pueblos sometidos a Estados producidos dentro de la colonialidad del poder, ante
todo, pero no menos a los demás pueblos, inclusive a los identificados con su propio
Estado-Nación, un serio problema sobre el control democrático de la autoridad
colectiva o pública. Y aquí, de nuevo, los movimientos de los indígenas
latinoamericanos más fuertes y más organizados, ya han levantado la reivindicación de la autoridad comunal, o mejor, de la comunidad como estructura de autoridad apta
para ser democráticamente controlada, desde sus bases y de modo continuo, frente a
Estados de naciones ajenas o, peor, bajo control global, lejano, imperial, represivo, burocrático, corporativo y vertical, como el que parece emerger con el Bloque Imperial Global, bajo hegemonía de Estados Unidos.25
En este plano, la iniciativa de la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA), del lado peruano, intentó un proyecto notable. Las comunidades de cada
jurisdicción básica (el distrito, en el caso peruano) local, se asocian entre si en una
Multicomunal Distrital. Las varias de ese nivel se asocian en una Multicomunal
Provincial. Y ellas dan lugar a la UNCA. Cada dirigente, de cualquier nivel es electo en
su comunidad de base y puede ser removido allí. El diseño es algo muy parecido a la
conocida idea del Estado que ya no es Estado, porque tiene la consistencia y la cobertura de un Estado, pero sus bases son diferentes y el modo de su generación y
de su control, mucho más. Se trata de un modo de autogobierno directo de las gentes
asociadas en una red de comunidades, pero con la fuerza y la autoridad de todo un
Estado.
Estas últimas demandas y ejercicios no nacen del aire, ni están en él. Son el desarrollo y la redefinición de la secular experiencia de la democracia local de las
comunidades indígenas. Si las poblaciones indígenas mayoritarias en determinados
países deciden poner en práctica esas formas de autoridad política, podrían confluir
con las tendencias más recientes y también más incipientes de otros sectores sociales,
como los que emergieron en el reciente estallido social de Argentina. De cierta manera,
pues, estos movimientos emergen en el mismo nuevo horizonte común de los nuevos imaginarios de cambio social y político, la producción democrática de una sociedad
democrática.
En todo caso, la redefinición de la cuestión nacional y de la democracia política,
aparecen ahora como las implicaciones más profundas, las de mayor alcance y de mayor potencial conflictivo en esta parte de América Latina. En ese sentido, se trata del desafío más importante que le haya surgido al patrón de poder marcado por su colonialidad. Este se originó aquí en América y también aquí está entrando en su más peligrosa crisis.
Notas 1. Toda estadística sobre los „indios‟ o „indígenas‟ en América Latina es azarosa e incierta. Depende
obviamente de los criterios de identificación, de quien identifica a quién y quién se identifica cómo. En
México las cifras van de 25 a 50 millones y en los países andinos de 10 a más de 20 millones. Las cifras solo pueden tener utilidad de referencia, pero no, exactamente, de estadística.
2. Véase de Aníbal Quijano e Immanuel Wallerstein: “The Americanity as a concept. Or the Americas in the Modern World-System”. En International Journal of Social Sciences, N°134, Nov. 1992, UNESCO, París.
También, de Aníbal Quijano: “Qué tal raza”, originalmente en Familia y cambio social. CECOSAM, 1999, pp. 186-204. Lima, Perú y reproducido en varias otras publicaciones. Además, “Raza, etnia, nación en Mariátegui. Cuestiones abiertas”, en Roland Forgues, ed. José Carlos Mariátegui y Europa, AMAUTA,
1993, pp. 167-188. Lima. 3. He comenzado a discutir las cuestiones referidas a ese nuevo patrón de poder, sus fundamentos y sus implicaciones,
principalmente en “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”, en Edgardo Lander, comp. Colonialidad del saber, eurocentrismo y ciencias sociales. UNESCO-CLACSO, 2000, Buenos Aires. “Colonialidad del poder y clasificación social”, en
Festschrift for Immanuel Wallerstein. Journal of World-Systems Research, vol. VI, N°2, Fall/Winter 2002, pp. 342-348. Special Issue.
Giovanni Arrighi and Walter L. Goldfrank, eds. Colorado; y en “Colonialidad, globalización y democracia”, originalmente en Tendencias básicas de nuestra época. Globalización y democracia, Instituto de Altos Estudios Diplomático Pedro Gual, pp. 25-61,
2001, Caracas, reproducido en otras publicaciones latinoamericanas. Traducción al portugués como “Colonialidade, poder, globalizaçao e democracia”, en Novos Rumos, Ano 17, N°37, pp. 04-29, 2002, Sao Paulo.
4. El término „europeo‟ es usado aquí no en su sentido físico-geográfico, sino en relación con la colonialidad del patrón de poder vigente. Esto es, como referencia a los grupos sociales „blancos‟ o „europeos‟ que
tienen el control del poder mundial donde quiera que sus respectivos países están ahora ubicados, pues esa geografía del poder sigue siendo un producto de la colonialidad del poder.
5. Hay una extensa literatura de ese debate. Véase el reciente libro de Agapit Tirkey: Jharkhand Movement. A Study of its Dynamices. All India Coordinating Forum Of The Adivasi/Indigenous Peoples (AICFAIP),
2002, New Delhi. La „castificación‟ de las relaciones de poder en India hace más compleja aún la „indigenización‟ de parte de la población. Véase, entre otros, de Oliver Mendelsohn y Marika Vicziany: The
Untouchables. Subordination, Poverty and the State in Modern India. Foundations Books, Cambridge
University Press, 2000, New Delhi. 6. En el IV Foro Social Mundial, cuya cuarta edición acaba de realizarse (enero 15-21, 2004) en Mumbai
(Bombay), India, fue, sin duda, más amplio y popular que los anteriores, precisamente por la masiva presencia de los adivasi/ indígenas de todo el Sureste Asiático y sobre todo de todas las regiones de la India, ocupando junto con los dalit/intocables todos los espacios del Foro con sus marchas, sus
consignas, sus demandas, su protesta contra la opresión, la discriminación, el despojo, contra la violencia del fundamentalismo „comunalista‟. El Foro fue para todos ellos también la ocasión de un común
encuentro, sin precedentes. No hay como minimizar la importancia de esos hechos cuyas implicaciones no tardarán en hacerse perceptibles.
7. He propuesto algunas cuestiones para ese debate en Modernidad, identidad y utopía en América Latina,
Sociedad y Política Ediciones, 1988, Lima.
8. Para una debate más detenido sobre las implicaciones de la „raza‟ para la ciudadanía, la representación y la participación en el Estado liberal, se puede ver mi “Colonialité du Pouvoir et Democratie en Amerique Latine”, en Future Anterieur. Amerique Latine, Democratie et Exclusion, L´Harmattan, 1994, París. También
“Ciudadanía y democracia: Cuestiones abiertas”, en Heidulf Schmidt y Helena González, eds., “Democracia para una nueva sociedad”, Nueva Sociedad, 1997, Caracas.
9. En el Perú el debate más importante se dio entre José Carlos Mariátegui y Luis Alberto Sánchez. Véase: de J.C. Mariátegui, 7 Ensayos de interpretación de la realidad peruana. Originalmente publicado
en 1928; de Luis Alberto Sánchez, Apuntes para una biografía del APRA. Los primeros pasos, 1923-1931, Mosca Azul, eds., 1978, Lima. De José Deustua y José Luis Renique, Intelectuales, indigenismo y descentralismo en el Perú, 1897/1931, Centro Bartolomé de las Casas, 1984, Cusco. De Hernán Ibarra,
“Intelectuales indígenas, neoindigenismo e indianismo en el Ecuador”, en Ecuador Debate, 48,
diciembre de 1999, pp. 71-94. 10. Véase Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina, op. cit.
11. Hay en ese debate un fenómeno aún no realmente estudiado. No cabe duda de que la población „india‟ era demográficamente mayoritaria en las repúblicas más importantes, en todo caso más extensas, del área hispana y era culturalmente predominante entre los colonizados, en México, Centro América y los Andes. No obstante, la población „negra‟, aunque obviamente menor, era importante en la costa norte
del Pacifico y sin duda, sobre todo, en el Caribe, para no mencionar el área portuguesa donde era abrumadoramente mayoritaria. Y curiosamente, la población „blanca‟ era la menos numerosa en todas estas repúblicas. Por lo mismo, la demografía no es, seguramente, la instancia a la que hay que recurrir para explicarse porqué la población „negra‟ no aparece en el debate político sobre el Estado, más allá
del problema de abolir o mantener la esclavitud. Sugiero que después de la revolución haitiana, los dominantes de todas las Américas, pero no menos las de Europa – éstos estaban en pleno curso de colonización de los „negros‟ del Africa - procuraron y lograron hacer sociológica y políticamente invisibles a los „negros‟ y los incluyeron solamente en el debate sobre la esclavitud. El hecho es, de
todos modos, que en el debate sobre qué hacer políticamente con las poblaciones no „blancas‟ o no „europeas‟, en el área hispana los „negros‟ son durante todo el siglo XIX virtualmente invisibles. Por eso no se instala el „problema negro‟ al mismo título que el „problema indígena‟.
12. Sus dos primeros grandes momentos de crisis fueron, primero, la revolución de Tupac Amaru en el
Virreinato del Perú, en 1780, que fue derrotada, pero dejó profundas secuelas para el destino del poder colonial. El segundo fue la revolución en Haití, en 1804, bajo la conducción de Toussaint Louverture, sin duda la primera gran revolución moderna, que en el mismo movimiento histórico produjo una victoriosa subversión social (esclavos contra amos), otra anticolonial y nacional (la derrota del
colonialismo francés y la formación de la nacionalidad haitiana), y una de porte global, el primer momento de la desintegración de la colonialidad del poder („negros‟ contra „blancos‟). Los posteriores avatares del proceso haitiano, de sobra conocidos, mellaron las potencialidades de la revolución, pero no disminuyen el significado histórico de aquella gesta excepcional.
13. No tengo una traducción satisfactoria del término peoplehood, neologismo acuñado en inglés por
Gonzalo Santos, ahora profesor de Bakersfield College, California, mientras era estudiante del doctorado en State University of New York at Binghamton, para mentar el modo propio, sui géneris, de
ser un pueblo ( en el sentido que la palabra implica en inglés) con sus propios patrones de poder, su propia historia, sus conquistas culturales, sus imaginario, conocimiento, lenguaje, memoria, su lugar en el mundo, pues, y que dice de manera más ceñida aquello que trato de decir, sin quedar satisfecho, con los términos de identidad histórica. Quizá sea mejor simplemente usar el neologismo en inglés.
14. Obviamente, de esa hipótesis de trabajo no se desprende que los „indios‟, como tales, hayan comenzado a movilizarse recién en los últimos treinta años. La lista de sus rebeliones e intentos de organización más permanente, por ejemplo en los países andinos, no es corta y hay abundante documentación al respecto. Pero mi propósito aquí no es historiar las rebeliones de „indios‟ después de la Colonia, sino
indagar por las especificidades y por el sentido del actual „movimiento indígena‟. Acerca de las luchas de los „indios‟ antes de ahora, puede consultarse, entre otros, Guillermo Bonfil Batalla, Utopía y revolución. El pensamiento político contemporáneo de los indios en América Latina. Nueva Imagen, 1981.
México. Varios: Democracia, etnicidad y violencia política en los países andinos. IEP/IFEA, 1998. Lima, Perú. Varios: Sismo étnico en el Ecuador, Abya Yala/Cedime, 1993. Quito. Rodrigo Montoya: Al borde del naufragio. Democracia, violencia y problema étnico en el Perú, Talasa Ediciones, 1992. Madrid. Debe tenerse en cuenta, además, que la mayor parte de las luchas indígenas fueron subsumidas como luchas campesinas entre 1930 y 1980. Sobre las luchas agrarias y campesinas, de Aníbal Quijano, “Movimientos campesinos contemporáneos de América Latina”, en S.M Lipset y A. E. Solari: Elites y desarrollo en América Latina. Paidos, 1967, Buenos Aires.
15. El debate respectivo, durante las décadas de 1950 y 1960, tomaron parte varios de los investigadores sociales peruanos y extranjeros. Véase, sobre todo, de François Bourricaud: “Algunas características originales de la cultura mestiza del Perú Contemporáneo”. En Revista del Museo Nacional, vol. XXIII,
1954, Lima. De José María Arguedas, “Evolución de las comunidades indígenas del Valle del Mataro y
de la ciudad de Huancayo¨, en Revista del Museo Nacional, vol. XXVI, 78-151. Y de Aníbal Quijano La emergencia del grupo cholo y sus implicaciones en la sociedad peruana, originalmente publicado en
Memorias del Congreso Latinoamericano de Sociología, Bogotá 1964, Colombia. Reproducido como “El cholo y el conflicto cultural en el Perú”, en Dominación y Cultura. Mosca Azul, 1980, 47-117. Lima,
Perú. 16. Un estudio sistemático de esos movimientos sociales, de Aníbal Quijano “Los movimientos campesinos
contemporáneos en América Latina”, originalmente, en Seymour Martin Lipset y Aldo Solari, comps. Elites y desarrollo en América Latina, Paidos, 1967, pp. 254-308. Buenos Aires.
17. Sobre mis propias perspectivas, puede verse Colonialidad del poder, globalización y democracia, op. cit. Y
sobre las consecuencias de la neoliberalización-globalización en la sociedad latinoamericana, en especial en la estructura social y en la estructura de poder, mis propuestas de debate en “El laberinto de América Latina: ¿Hay otras salidas?” en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, vol. 10,
N°1, enero-abril 2004, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela, Caracas. También en Tareas N°116, enero-abril 2004, pp. 39-77, CELA, Panamá.
18. Invitado al congreso de formación de la UNCA, me fue permitido asistir a esos debates. 19. Guillermo Bonfil Batalla, México Profundo. ERA, 1988, México, Aníbal Quijano, “Raza, etnia y nación”,
en J.C. Mariátegui: Cuestiones abiertas, op. cit.
20. Véase de Felipe Burbano de Lara, “Ecuador, cuando los equilibrios crujen”. En Anuario Social y Político de América Latina, N°3, 2000, pp. 65/79. FLACSO/Nueva Sociedad, Caracas. De Fernando Bustamante, “Y después de la insurrección qué.....” en Ecuador Debate, N°49, abril 2000, pp. 43/56.
Quito. 21. Las referencias respectivas en Los movimientos campesinos contemporáneos en América Latina, op. cit. 22. Entre los de mayor interés, por ejemplo, de George A. Collier y Elizabeth Lowery Quaratiello, Land and
the Zapatistas. Rebellion in Chiapas, Food First Books, 1994. Oakland, Ca. Y varios, Auroras of the Zapatistas. Local and Global Struggles of the Fourth World War. Midnight Notes. 2001, Jamaica Plain,
Ma. Sobre Guatemala, de Kay Warren, “Indigenous Movements as a Challenge to the Unified Social Movements Paradigm for Guatemala”, en Sonia E. Alvarez, Evelina Dagnino and Arturo Escobar, eds. Cultures of Politics, Politics of Culture, Westview, 1998, pp. 165-196. Boulder, Co.
23. Poco tiempo atrás un dirigente aymara del lado peruano, en una entrevista, enfrentó agriamente a una periodista que insistía en llamarlo indígena: señorita, yo no soy indio, ni indígena, soy aymara.
24. Sobre Ecuador, véase sobre todo de CONAIE. Proyecto político, documento N°4, Quito, 2002. Sobre Chiapas, Auroras of the Zapatistas, op. cit. Sobre Perú, han sido difundidos varios documentos.
Principalmente, “Propuesta concertada para incorporar los derechos de los pueblos indígenas y comunidades en la constitución política del Perú”, presentada por Miguel Palacin (CONACAMI), Antonio Iviche Quisque (AIDESEP), Hildebrando Ruffner Sebastian (CCOICAP) y César Sarasara (CONAP), EL 14 de abril de 2003, después de la Gran Consulta Indígena sobre Reforma Constitucional, del 12-14 de
ese mismo mes. 25. Sobre el concepto de „bloque imperial global‟, Colonialidad del pder, gobalización y democracia, op. cit.
Noel M., Enrique. La política social en la reforma económica cubana. Lo social como eje de desarrollo. En: Revista Tareas, Nro. 119, enero-abril. CELA, Centro de Estudios Latinoamericanos, Justo Arosemena, Panamá, R. de Panamá. 2005. pp. 63-80. Disponible en la World Wide Web: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/tar119/noel.rtf
www.clacso.org
RED DE BIBLIOTECAS VIRTUALES DE CIENCIAS SOCIALES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE, DE LA RED DE CENTROS MIEMBROS DE CLACSO
http://www.clacso.org.ar/biblioteca biblioteca@clacso.edu.ar
LA POLÍTICA SOCIAL EN LA REFORMA
ECONÓMICA CUBANA
Lo social como eje de desarrollo
Enrique Noel M.*
Dirán que pasó de moda la locura,
dirán que la gente es mala y no merece, mas yo partiré soñando travesuras
(acaso multiplicar panes y peces) Silvio Rodríguez
Latin American Perspectives, N°140, vol.32, enero 2005. Revista teórica y académica para el debate en torno al capitalismo y al socialismo, Riverside, Ca., EEUU. * Profesor de Ciencias Políticas y Derecho Internacional Público, Universidad Santa María La Antigua.
A partir de la década de 1990, como consecuencia de la desarticulación del mundo
socialista, Cuba pierde una importante relación de cooperación internacional la cual, aunque con limitaciones y contradicciones, permitía gozar de cierta estabilidad y
seguridad en la planificación de la economía y en los resultados previstos, traducida
en vínculos preferenciales, precios de intercambio estables y justos, asistencia técnica
e intercambios académicos. Esta situación, sumada al recrudecimiento del bloqueo
norteamericano, a la marginación financiera del país y al agotamiento del modelo de
desarrollo nacional, produjo la mayor crisis económica en la historia reciente de la isla.
Los datos económicos dan cuenta de una situación alarmante: entre 1989 y 1993
la capacidad de importación se redujo en un 70 por ciento, la capacidad industrial
estaba paralizada en un 80 por ciento, el producto interno se contrajo en más del 30
por ciento y se presentó una situación generalizada de escasez de bienes de consumo. Estos fenómenos exigieron la redefinición del sistema económico cubano para
lograr su reinserción en la economía mundial. En este contexto, se promueve una
reforma económica centrada en la apertura externa, planteándose la descentralización
del comercio exterior, la reducción de aranceles y tarifas, la creación de un mercado
interno en divisas donde compitieran los productos nacionales con la oferta
internacional, la creación de empresas con capital extranjero y la promoción de nuevas modalidades de inserción laboral.
No obstante que el programa de ajuste cubano implica la introducción de
mecanismos de mercado en distintas áreas de una economía anteriormente estatizada,
no debe ser asimilado con los procesos de ajuste y privatización que vienen ejecutando
desde hace dos décadas los demás países de la región. Precisamente, en el caso cubano, la continuidad de la política social en la época de crisis
demuestra que la preeminencia de los criterios sociales –justicia, equidad, bienestar- sobre la
racionalidad económica y los objetivos macroeconómicos ortodoxos garantiza la reproducción de un acumulado
social que pueda constituirse en el motor principal de la recuperación económica.
El papel del Estado como conductor de una política social universalista y la
participación de la sociedad en la ejecución de los programas, demuestran la posibilidad de plantearse en la actualidad modelos de desarrollo alternativos al
postulado por el discurso dominante. Sin dudas, la experiencia cubana debe ser
comparada con la aplicación -y los resultados- de las políticas sociales vigentes en el
resto de América Latina.
La política social y el estilo de desarrollo
La política social, al igual que las políticas económica, ambiental o tecnológica, constituye un componente de la política pública. En ese sentido, como políticas
públicas, todas ellas expresan formas particulares de mediación institucional que
implican tanto una modalidad de relación entre el Estado y la sociedad como una
determinada articulación entre el Estado y el modelo de desarrollo escogido.
El primer nivel de relaciones refiere al tipo de relación que establece el aparato institucional del estado con las clases sociales –dominantes y dominadas-,
constituyéndose, según Juan Carlos Portantiero, un específico modelo de hegemonía;
mientras que en el segundo nivel, el diseño y la ejecución de un modelo de desarrollo
específico supone una particular relación entre lo político-estatal y la economía,1
relación actualizada en la discusión, excesivamente ideologizada, sobre la oposición
entre el Estado y el mercado. Las políticas públicas configuran un conjunto estratégico de instrumentos
mediante los cuales el estado define, interfiere o modifica tanto las relaciones entre
instituciones como las relaciones entre instituciones y actores sociales, así como las
relaciones entre actores sociales. Dentro de esta configuración, la política social
constituye un factor decisivo en la reorganización social que supone todo estilo de desarrollo; sin embargo, la naturaleza de su incidencia se encuentra ineludiblemente
vinculada a la concepción de lo social que sostengan y promuevan los actores sociales
que hegemonicen el discurso del desarrollo dominante.
La comprensión del papel que juega la política social en la conformación del
modelo de hegemonía y en el modelo de desarrollo exige previamente la determinación
de lo que se entiende por política social, la naturaleza de su contenido, valga decir, ¿qué se entiende por lo social? y el carácter del cambio social que ella propone.
Irma Arriagada explica que, respecto a las políticas sociales, existe una amplia
gama de enfoques derivados de distintas orientaciones de carácter ético, político e
ideológico. Las estrategias tecnocráticas equiparan política social con el combate de la
pobreza extrema, de manera que lo social está temáticamente vinculado a los mundos
de los pobres, del trabajo y de la seguridad social –mundos precarios en la sociedad neoliberal-, cuyos problemas específicos deben ser resueltos mediante un conjunto de
medidas e instrumentos que tienen como objetivo de corto plazo garantizar la
sobrevivencia de los grupos afectados o “vulnerables”. Esta acepción de lo social y de
la política social en particular cobra vigencia a partir de la década de 1990 como parte
de aquella reorientación que Manuel Antonio Garretón ha denominado como una transformación de la matriz de constitución de la sociedad, la cual ha supuesto la
transformación del Estado latinoamericano en cuanto al traspaso de gran parte de sus
responsabilidades sociales al mercado y a la –término sometido a una profunda
ambigüedad conceptual- sociedad civil. Esto ha significado, además, la
desorganización de actores sociales clásicos y la exclusión de la política de sus
demandas históricas, pero también el reconocimiento, aunque incipiente y formalmente, de algunas demandas de nuevos actores sociales como el ambientalista
y el feminista. Desde la perspectiva neoliberal, que ha hegemonizado la crítica al
antiguo modelo desarrollista, la satisfacción de las necesidades sociales se produce en
el ámbito privado –familia, sociedad y mercado- y como resultado del esfuerzo
personal, de manera que el Estado sólo habrá de intervenir subsidiariamente para atender los déficit sociales o las urgencias de determinados grupos, convertidos ahora
en poblaciones “meta”, sectores que al circular constantemente en los linderos de la
mera subsistencia, no pueden constituirse en verdaderos actores sociales.
Ahora bien, si partimos del consenso aparente en los documentos y proclamas
públicas en el sentido de que las políticas sociales deben tener como objetivo el logro
del desarrollo social, se puede formular una comprensión alternativa de lo social. Según Arriagada, por desarrollo social se entiende “un proceso de avance articulado
en las dimensiones del bienestar, la equidad y la democracia”. El bienestar supone a
su vez la disponibilidad y accesibilidad de los bienes sociales y económicos para los
miembros de la sociedad. La equidad alude a la distribución igualitaria de esos bienes,
mientras que el contexto democrático implica la participación ciudadana en la toma
de decisiones sobre la modalidad de dicha distribución.2 En esta perspectiva, lo social
cumple un papel fuerte y central en el modelo de desarrollo en la medida en que se
convierte en eje del cambio en la sociedad y de la reproducción de nuevas formas de
humanidad. Para abordar adecuadamente el estudio de las políticas sociales, se recomienda un
enfoque sistémico e integral: sistémico en la medida que se reconozca la necesidad de
avanzar en soluciones macro y sectoriales simultáneamente, aplicándose políticas
tanto de corto como de largo plazo y con miras a redefinir las relaciones vigentes entre
el Estado y la sociedad. Integral, comprendiendo que en conjunto con la política económica y el crecimiento económico se promueva la equidad social,3 generándose lo
que se llamó en algún momento “el círculo virtuoso del desarrollo”. En cuanto a este
último punto, se ha sostenido que una hipótesis de discusión sobre la política social
particular escogida debe aclarar la relación existente entre política social y política
económica, de la cual derivará una determinada concepción de lo social.
Las políticas sociales contribuyen a encuadrar lo social de una manera particular y en consecuencia, constituyen los instrumentos y estrategias centrales para
reorganizar la sociedad en términos de la satisfacción de las necesidades humanas, la
inclusión en la comunidad social y la constitución de una ciudadanía efectiva. Para
ello, las políticas sociales deben responder a ciertos dilemas principales: En primer término, el problema centralización/descentralización, promoviendo la
distribución del poder de decisión entre diversas instancias de poder, pero sin dejar de reconocer la importancia del control central en la regulación de políticas de rango general y en la
fiscalización de las ejecuciones locales. El complemento universalidad/selectividad exige atender las necesidades globales
de la población sabiendo identificar a aquellos grupos que necesiten atención especial
por encontrarse en condiciones de vulnerabilidad. Un aspecto esencial en este tema se refiere a la relación eficiencia/participación,
que permita superar las desviaciones burocráticas del estatalismo y el neoliberalismo
incorporando a los actores sociales beneficiarios en la ejecución de los programas y en
su fiscalización. El debate requiere replantearse el sentido de la noción de eficiencia,
la cual ha sido tradicionalmente entendida como una característica exclusiva del
mercado, aún cuando los constantes escándalos corporativos en los países
industriales demuestren lo contrario. El dilema cobertura/calidad ha sido quizá el de mayor dificultad de resolución,
oscilando entre un servicio universal de baja calidad y una mejora cualitativa basada
en la reducción de los beneficiarios. Así mismo, debe lograrse la articulación sectorial/integral de las políticas sociales,
de manera que los beneficios por sectores se traduzcan en una sociedad de beneficios
compartidos por todos. Por último, también se necesita la articulación de políticas y objetivos de corto y
largo plazo.
Crisis económica y apertura externa
A partir de 1989, Cuba enfrenta una terrible crisis económica, la cual ocasiona
que los principales resultados macroeconómicos resulten seriamente comprometidos y que la sociedad vea drásticamente reducido su nivel de consumo, incluyendo
alimentos y medicamentos.
Según el sociólogo José Bell Lara, tres factores confluyen en esta coyuntura
crítica: la causa inmediata y de efectos devastadores en la definición de la crisis
proviene de la disolución del llamado socialismo real en la Unión Soviética y Europa oriental. Esto significó un verdadero trastorno para el comercio exterior cubano, al
desaparecer completamente el sistema de relaciones económicas en las que estaba
insertado el país. El Consejo de Ayuda Económica Mutua (CAME) constituía “un
mecanismo de integración que contemplaba un sistema de precios, créditos, algunas
producciones complementarias y determinados compromisos con un alto grado de
seguridad, que permitían a partir de estos una proyección estable de la economía”.4 Según Carlos Lage, vicepresidente del Consejo de Estado, “la inmensa mayoría de los
planes de desarrollo económico del país y los más importantes y estratégicos se
desarrollaron con la cooperación y con la colaboración de esos países; la tecnología y
la industria que el país importó e instaló durante todos esos años, derivados de esas
relaciones eran esencialmente de los países de Europa oriental y la URSS; la
formación de profesionales cubanos en el exterior y la asimilación de tecnologías
estuvieron, en buena parte, asociadas a estas relaciones con la URSS y los países de Europa oriental”.5 Sin embargo, el intercambio con el CAME, a pesar de establecer
precios de intercambio justos, mantuvo la vulnerabilidad externa de la economía
cubana, ya que se basó principalmente en la exportación de productos primarios como
el azúcar, cítricos y níquel.
Lo cierto es que al producirse la debacle centroeuropea, el país perdió mercado y precios por sus productos. De manera inmediata, Cuba pierde aproximadamente el
86 por ciento de su comercio exterior; la capacidad importadora se redujo en 75 por
ciento en el período 1989-1993, afectando la disponibilidad de insumos y suministros
para la industria, la agricultura y el transporte, así como de bienes de uso y consumo
para la población; la zafra de 1992 a 1993, alcanzó su nivel más bajo en 30 años; para
el mismo período la producción decayó en 11.7 por ciento; entre 1989 y 1993, la producción ganadera se redujo en un 50 por ciento;6 la caída del producto interno
bruto fue de 34.8 por ciento. Uno de los sectores más afectados, fue el energético por
su dependencia casi absoluta de la importación del petróleo soviético (para 1993 se
funcionó con menos de la mitad de las importaciones de 1989).7
A esta situación se añade, como segundo factor relevante, el endurecimiento del bloqueo económico norteamericano contra la isla. Como anota Bell Lara que este
constituye “un sistema de agresión que contempla no solo el bloqueo económico, sino
también la restricción de viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba, una campaña
sistemática de desinformación de la realidad cubana y sobre empresarios que quieran
negociar con Cuba. Incluso con medidas punitivas en algunos casos y una
articulación legal con terceros países, que establece medidas, o condiciona determinadas relaciones con Estados Unidos de América a las relaciones con Cuba,
por ejemplo, la suspensión de ayuda estadounidense a los países que brinden ayuda a
Cuba”.8 En ese camino, la ley Helms-Burton encuentra un lugar destacado en el
intento de impedir la recuperación económica mediante la amenaza de sancionar la
inversión extranjera y el comercio con la isla, incluyendo a terceros países que incumplan los términos de esta ley.9
Por último, auque no menos importante, debe reconocerse que la coyuntura
de la década de 1990 no obedeció exclusivamente a factores externos. El
agotamiento del modelo de crecimiento extensivo seguido hasta 1986 contribuyó
a ella debido al estancamiento de las exportaciones tradicionales y la
incapacidad de la industria para generar y estabilizar nuevos fondos exportables, así como al bajo aprovechamiento de los recursos productivos, la poca
efectividad del proceso de inversiones y el mal funcionamiento de sectores
claves para la economía, como el agropecuario y las construcciones.10 Estos
datos y los evidentes problemas de eficiencia y burocratización del sistema motivaron a partir de 1986 el llamado proceso de rectificación de errores y tendencias negativas,
con el objetivo de corregir las deformaciones del proyecto socialista. Cuba tuvo que hacer frente a todos estos problemas sin la posibilidad de tener
acceso a créditos o a financiamiento internacional.
Como estrategia de sobrevivencia inmediata y con miras a mantener el desarrollo social se establece el período especial en tiempos de paz, que se traduce en un ajuste
de la economía ante las nuevas condiciones de la economía internacional, proceso al
cual se dirigían el resto de las economías latinoamericanas. Empero, aunque la modalidad de esta transformación se oriente hacia la apertura externa, se diferencia
de los demás países latinoamericanos en sus esfuerzos por preservar la equidad social
y la vigencia de los principios socialistas, generándose tensiones entre la necesidad de
reinserción en el mercado mundial y las consideraciones de índole social. En una
primera etapa, el Estado asumió el costo de la crisis, manteniendo la cobertura de los servicios sociales y generalizando el racionamiento de todos los bienes de consumo
para garantizar su reparto equitativo.
Posteriormente, en 1993, superada esta etapa, el gobierno adopta medidas
activas para superar la crisis. Entonces se producen cambios significativos en el
modelo económico, entre los que destacan la descentralización del comercio exterior,
el establecimiento de un programa de saneamiento financiero que supuso la elevación
de los precios de artículos no esenciales (cigarros y bebidas alcohólicas), un nuevo
sistema tributario, la reducción o eliminación de subsidios a empresas no rentables, la creación de un mercado interno de divisas donde los productores nacionales
compitieran con productos extranjeros, la cooperativización de la producción agraria
(lo que se ha denominado como la tercera reforma agraria) y una creciente
desestatalización del trabajo (trabajo en empresas mixtas, trabajo cooperativo y por
cuenta propia). Para 1996 se puede afirmar que la economía cubana había superado la crisis y
empieza a dar muestras de una incipiente recuperación económica. Entre los
principales resultados macroeconómicos, Ferriol Muruaga destaca la reversión de la
contracción del PIB (en 1995 creció 2.5 por ciento y en 1996 7.2 por ciento), el control
del déficit comercial debido al comportamiento dinámico de las exportaciones (3.3 por
ciento en 1996) y el incremento en ella de los servicios, la mejora en el saldo de renta (divisas) y el aumento de la productividad, principalmente vinculadas a industrias
relacionadas con el turismo).11
Sin embargo, estas medidas de reforma económica también han tenido efectos
contradictorios en la redefinición del mundo social cubano. La repercusión social de
la política económica se expresa principalmente en el mercado de trabajo y la retribución laboral: el crecimiento de la desigualdad de distintos niveles y entre
distintos sectores laborales. El crecimiento del trabajo por cuenta propia y la
informalización del trabajo han generado diferencias entre los sectores formal e
informal, aunque con la peculiaridad – diferente al caso latinoamericano- de que tal
desigualdad se presenta en beneficio del sector informal. Así mismo, se generan
diferencias entre quienes están incorporados a la economía de divisas y los que no están vinculados al sector externo y entre aquellos que reciben mayores ingresos por
las remesas enviadas por parientes desde Estados Unidos y quienes reciben menos o
no reciben envíos de dinero.
Un cuadro comparativo entre la población de mayor y la de menor ingreso arroja
el siguiente perfil:
Fuente:Angela Ferriol Muruaga, 2001, Apertura externa, mercado laboral y política social" en Cuba Siglo XXI, sept.
La política social en la década de 1990 En la concepción neoliberal, la política social es considerada como una
externalidad a la política económica –el núcleo duro de la política pública. Así, el
gasto social aparece como una variable manipulable, subordinada al logro de las
metas establecidas en los programas de estabilización financiera y de ajuste
estructural, mientras que los principios de racionalización del gasto, focalización y selectividad se constituyen en los ejes conceptuales de la política social, concentrada
en programas destinados a enfrentar las tensiones derivadas del costo social de la
crisis y no como constituyente de una estrategia global de desarrollo humano.12
Como contrapunto a estas experiencias, en Cuba la política social durante todo el
período crítico ha tenido como objetivo preservar las conquistas sociales obtenidas
durante el desarrollo y consolidación de la revolución. De esta manera lo social en sentido fuerte –es decir, como reproducción humana de la propia sociedad- constituye
el núcleo de la racionalidad que orienta esta política, frente a las experiencias
generales de la región donde la política social es instrumentalizada en función de la
acumulación del capital y la estabilidad económica. De hecho, podemos sostener que
como estrategia general de reinserción, el gobierno ha seguido una política de
conexión selectiva con el sistema mundial del capital porque en los sectores
directamente vinculados a la economía externa, los cuales generan las divisas
necesarias para la acumulación económica, se opera de acuerdo con la ley del valor capitalista, a diferencia del área de producción y distribución de los servicios sociales
básicos, donde la asignación sigue operando con la lógica socialista, esto es según las
necesidades –aunque, es preciso señalarlo, este principio opera de manera imperfecta.
Esta situación podría hacer suponer la coexistencia de dos racionalidades diferentes,
incluso contradictorias: un área de funcionamiento y con objetivos capitalistas y otra de carácter socialista; sin embargo, la distinción entre finalidad y operación permite
comprender que en la política cubana lo social asume el carácter de eje transversal de
las demás políticas públicas y del estilo de desarrollo. El hecho de que la generación
de divisas imponga la necesidad de jugar según las reglas del mercado no impide que
el objetivo del proceso global sea el desarrollo social en un sentido amplio, donde se
articulen crecimiento económico, acceso a bienes sociales básicos y participación ciudadana.13
La prioridad que se otorga a lo social como eje del desarrollo puede ser constatado
examinando la composición del gasto público. Se observa que el gasto social ha
ocupado un puesto de prioridad dentro del presupuesto público tanto en los años de
ajuste como durante el proceso de recuperación económica. Durante los momentos
más críticos de la crisis, se mantuvo la estabilidad en el porcentaje del gasto social (65 por ciento) y a partir de 1993 crece a un 70 por ciento, hasta representar en 1989 el
86 por ciento del gasto estatal.14
Dentro del presupuesto, la educación constituye el principal destino del gasto
social, representando el 28.7 por ciento para 1999. Alrededor del 84 por ciento de
este gasto se ejecutó en la enseñanza preescolar, primaria y media. A pesar de las
dificultades, se han hecho esfuerzos por extender los servicios educativos, además de mantener su gratuidad. Aunque en este sector se han enfrentado serias dificultades
para poder mantener la calidad de la cobertura del servicio, particularmente la escasez
de divisas y los bajos niveles de energía disponibles produjeron un déficit en la
dotación de libros de texto, materiales y demás recursos de apoyo educativo.15
Igualmente, se presentan problemas de mantenimiento de la infraestructura. Dentro de esta difícil situación, resulta importante llamar la atención sobre el hecho de que el
gasto en educación en Cuba abarca –situación inverosímil para cualquier política
social de la región- el transporte escolar donde este sea necesario, los alimentos, el vestuario
y los materiales de estudio. Otro problema manifestado durante la crisis ha sido el traslado del
personal docente hacia empleos mejor remunerados, aunque, según el ministro de Educación, Luis
Gómez Gutiérrez, este éxodo no representa el 10 por ciento de la población docente.16 Esta dificultad se enfrentó incorporando a los estudiantes graduandos de institutos pedagógicos en las Brigadas
Pedagógicas quienes garantizaron la educación primaria.
Los resultados de los esfuerzos de la política educativa saltan a la vista. Los
indicadores que habían sufrido algún deterioro en los primeros años del período
especial se han recuperado a partir del período escolar 1997-1998: la retención escolar, la continuidad de estudios de los graduandos de sexto grado y la de los de
secundaria básica, todos superando el 98 por ciento. Así mismo, el país cuenta con
un maestro por cada 42 habitantes, cifra que coloca a Cuba en el primer lugar de
maestros per cápita en el mundo.
Un elemento de primordial relevancia permite analizar el vínculo de la política
educativa con el desarrollo tecnológico, ambas concebidas como factor de crecimiento y redistribución social. Se trata del papel asignado a la formación calificada en el
nuevo modelo de desarrollo: al finalizar 1997, en el país funcionan 222 centros de
investigación científica a los que están vinculados más de 42 mil profesionales y
técnicos. Cuba cuenta con 1.8 científicos e ingenieros por cada 1000 habitantes, cifra
superior a la media de los países en desarrollo.17 De aquí debe surgir el personal altamente calificado que habrá de vincularse a las áreas más dinámicas de la nueva
producción post-industrial, aquellas que basándose en las nuevas tecnologías, hacen
uso intensivo del conocimiento, convirtiéndose tanto en fuente de sustento del
crecimiento económico como en la garantía del bienestar social, directamente para los
vinculados como personal y mano de obra calificados e indirectamente para el resto de
la sociedad al generar mayor excedente para distribuir.
El segundo destino de importancia presupuestaria es la salud, sector como el
anterior protegido de la especulación capitalista, garantizándose la gratuidad y
cobertura universal de estos servicios. En 1999, a este sector se destinó el 25.5 por
ciento del gasto social. Como el conjunto de los sectores sociales, la salud recibió fuertes impactos negativos durante la crisis económica. Este sector fue uno de los
que se vio mayormente afectado al desarticularse el campo socialista, especialmente
en cuanto a suministros médicos, agregándose a los efectos del bloqueo en cuanto a
los obstáculos para la obtención de créditos y en la negociación con otros países. Así,
en los primeros años de la crisis, aumentó el índice de bajo peso al nacer y de mortalidad materna; se produjo un ligero aumento de la tuberculosis y otras
enfermedades infecciosas y parasitarias; se produjo un deterioro en algunos
programas como el de control de vectores y de saneamiento ambiental debido a la falta
de equipos y combustible, lo que significó el aumento de las tasas de morbilidad por
enfermedades transmisibles asociadas a las condiciones ambientales; también se
presentaron dificultades en la adquisición de los reactivos necesarios para los diagnósticos médicos.18 No obstante esto, el cuadro de salud de la población cubana
siguió siendo satisfactorio y notablemente superior a los países del continente. Según
datos de UNICEF, en Cuba la esperanza de vida alcanza los 75 años de edad, la
mortalidad infantil se sitúa en 7.2 por mil nacidos vivos (compárese con la cifra mun-
dial de 60). Otros datos como el porcentaje de bajo peso al nacer (6.9 por ciento) y el indicador de mortalidad materna (2.2 por mil) ubican al país al lado de indicadores de
países desarrollados. Una figura peculiar, responsable en el desarrollo de la salud, ha
sido el médico de familia, dedicado a la atención primaria de un promedio de 125 núcleos familiares
en un territorio delimitado. Durante el período de crisis, este sistema se extendió abarcando a más de
un 97 por ciento de la población.
También se han implementado políticas de desarrollo científico que complementan el desarrollo del sector salud. En tal sentido, existen once institutos de investigación
que combinan la atención médica especializada con la investigación en áreas
específicas, además de otros centros de alto nivel científico, cuyos resultados se
aplican en el campo de la salud. Así, se han desarrollado vacunas y otros productos
de alta complejidad, instrumentos, reactivos, medicamentos y equipos de tecnología avanzada para el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades.19
En materia de seguridad social, diversos autores han señalado la tensión
provocada por la convergencia de una serie de factores. La cobertura universal del
sistema de seguridad social supone la atención creciente de más usuarios en una so-
ciedad con altos niveles de esperanza de vida. Como problema central se presenta el
déficit en el aporte de cuota de la seguridad social, el cual históricamente había sido cubierto por el Estado, empleador exclusivo hasta el ajuste económico, y no por el
trabajador. Además, al abrirse la economía al sector privado disminuyen cada vez
más estas contribuciones. Se plantea, entonces, la necesidad de rediseñar el sistema
de manera que, manteniéndose los principios de universalidad y solidaridad, se logre
mayor eficiencia económica. Aunque el gobierno ha discutido con los trabajadores la aprobación de la contribución laboral al seguro social, la misma no ha sido aplicada
aún.
En materia de empleo, sin duda la política económica ha tenido repercusiones
serias en una situación anterior de pleno empleo. A raíz de la brusca caída de los
niveles de producción y la paralización de gran cantidad de empresas, se inicia un
proceso de racionalización de la fuerza de trabajo. Desde 1990 hasta 1998, se habían “racionalizado” 1555 mil trabajadores en centros productivos y de servicios. En 1995
la tasa de desempleo alcanzó el 7.9 por ciento. A diferencia de las políticas de choque
neoliberales, el gobierno cubano asumió este costo estableciendo un subsidio por
desempleo equivalente al 60 por ciento del salario, incluyendo las prestaciones
sociales básicas. Continúa siendo un reto de la política de empleo ajustarse a las nuevas condiciones de funcionamiento de la economía, de manera que a la vez que se
mejora la eficiencia económica y se readecua el tamaño y la planilla de las entidades
productivas de acuerdo a sus necesidades reales –para no derrochar recursos-, se
promuevan actividades económicas que incorporen de manera estable a la fuerza de
trabajo. En este aspecto, seguirá siendo importante la dirección y planificación
central de la economía, la asignación de recursos y el control público de las categorías
laborales básicas: salario, ocupación y productividad.
Debe señalarse, además, que la política social cubana prevé una asistencia social compuesta
por servicios gratuitos, prestaciones monetarias dirigidas a personas que no tienen aseguradas sus
necesidades esenciales: alimentación, reparación de viviendas, entrega de vestuarios, artículos de hogar e higiene, alimentación a ancianos pensionados sin familia a precios módicos, todas ellas
políticas de carácter focalizado.
Una vez observado el proceso de ejecución de algunas de las políticas sociales
durante el período especial, podemos hacer un balance general de la política social
cubana: 1) La política social y la política económica: a diferencia del modelo neoliberal y
sus variantes eclécticas, donde lo social está subordinado a lo que estas estrategias
consideran el centro duro de la política pública –es decir, la política económica-, en el
caso cubano es lo social el eje coordinador de la política pública y del desarrollo. De
ahí la prioridad que ha tenido durante el proceso de ajuste la protección estatal de la
población y la garantía de los servicios sociales básicos, no mercantilizados. La articulación de estos dos niveles de políticas supone que la acumulación económica es
necesaria, pero no suficiente para reproducir humanamente a la sociedad, de manera
que no es a su autorreproducción cerrada a la que responde sino a la racionalidad
socialista del sistema.
2) El Estado como ámbito de acción institucional privilegiado: en medio del debate histórico entre Estado y mercado, Cuba ha establecido una conexión selectiva con el
capital incorporándolo en áreas y sectores donde su participación es clave para el
desarrollo nacional. Sin embargo, en la medida que el compromiso central del
gobierno ha sido el de preservar la acumulación social lograda hasta el momento de la
crisis, se ha mantenido el principio de que los servicios sociales sean prestados por el
Estado, excluyendo a agentes económicos privados. Ahora bien, las propias autoridades cubanas han reconocido la necesidad de superar el viejo modelo centralis-
ta, redefiniendo administrativamente y desburocratizando al Estado. Aunque este
proceso ha seguido un camino sinuoso, no exento de retrocesos y tentativas
autoritarias, se han ensayado nuevas e incipientes formas de relación Estado-sociedad
a partir de la descentralización financiera y territorial y la incorporación de nuevas formas de participación social.
3) Participación y eficacia: aunque el Estado es el rector máximo en la asignación
de los beneficios sociales, durante el proceso de reforma económica se sometieron a
amplios procesos de discusión en las organizaciones de masa tanto las medidas que se
debían tomar así como sus efectos sociales. Ejemplo de ello, lo constituyen las
discusiones previas al IV Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) en 1990; las discusiones en los llamados parlamentos obreros a iniciativa de la Central de
Trabajadores de Cuba (CTC), que produjeron el documento base de discusión en la
Asamblea Nacional en 1994; el XVII Congreso de la CTC de 1996, donde se sometieron
a debate en todos los centros de trabajo del país temas relativos al salario, los
sistemas de estímulo laboral, los servicios sociales, el empleo y el reordenamiento laboral entre otros; o la discusión realizada en organizaciones barriales y centros de
trabajo del documento base del V Congreso del PCC celebrado en 1997. En cuanto a la
ejecución de las políticas, las dificultades para garantizar la cobertura o la calidad del servicio seenfrentó incorporando a la sociedad, no solamente a las clásicas organizaciones de masas
como la Federación de Mujeres Cubanas, que apoya las políticas sanitarias, sino que la nueva
participación se ha realizado desde los patrones de interacción social de la vida cotidiana, apelando a
solidaridades comunitarias, relaciones vecinales y vínculos familiares. Tenemos así el Programa educa a
tu hijo, modalidad de educación no escolarizada apoyada por la participación familiar y comunitaria para
hacerle frente a los déficits de construcción de círculos infantiles. También se presentan las figuras del
médico y la enfermera de familia, quienes residen en el sector que atienden, de hecho su consultorio está
anexado a su residencia.
Esta incorporación desde vínculos concretos facilita la ejecución eficaz de las políticas diseñadas.
Aún así, puede surgir la crítica de que las organizaciones responden políticamente al partido-gobierno.20
Lo que no puede ser negado, empero, es que existe una incorporación real y efectiva de amplios sectores
sociales.
4) La universalidad como principio rector: el Estado mantiene su compromiso con la cobertura
universal de los servicios sociales como estrategia de largo plazo para garantizar el desarrollo social,
articulándose con medidas selectivas destinadas a atender de manera inmediata a sectores vulnerables o
afectados negativamente por la apertura económica.
5) Carácter integral y sistémico de la política social: las políticas sectoriales se diseñaron de tal
manera que su entrelazamiento les permite apoyarse mutuamente e incorporar a los actores característicos
de un sector en otros. Recordemos la relación entre las políticas alimentaria y educativa o el apoyo que
prestan en política de salud los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Educación y las
organizaciones locales al Ministerio de Salud Pública.
Además, la política social como un todo se encuentra articulada al resto de las demás políticas
públicas, particularmente con las políticas económica y tecnológica. Replanteándose la clásica relación
política social-relaciones de producción, donde la atención de lo social se refiere exclusivamente a la
distribución de bienes sociales entre las distintas categorías sociales sin atender la eficacia y el desarrollo
tecno-científico –procesos propios de estatismos burocráticos socialistas y reformistas- la estrategia
cubana de desarrollo de la década de 1990, centrada en un esfuerzo por industrializar la producción de
bienes con alto componente tecnológico, establece un nuevo papel para la ciencia y la tecnología en el
logro del crecimiento y la equidad. La política social comienza a ser pensada a partir de lo que Enoch
Adames denomina el eje política social-fuerzas productivas, teniendo en el avance tecnológico el factor
impulsor del desarrollo.21 Sectores como la biotecnología, la industria médico-farmacéutica, los equipos
medico- computarizados deberán garantizar la competitividad del país y una reinserción privilegiada en el futuro, lo que además
constituirá la base de la acumulación de capital que ha de ser redistribuida mediante la aplicación de las políticas sociales, es decir,
a partir del eje política social-relaciones de producción).
Conclusión La política social no puede concebirse como el reducto de un modelo que articula dos
racionalidades distintas: una lucrativa, otra caritativa. Lo social, como demuestra el caso cubano, sólo
puede convivir con aspectos de una economía de mercado si esta contribuye en la acumulación social
expresada en la salud, la educación general de la sociedad y la calificación técnico-científica. Aún
cuando en la isla existe una economía de escasez y sacrificio compartido, la vigencia de los principios de
universalidad, gratuidad y solidaridad característicos del proyecto social de la revolución, han permitido
distribuir un bienestar relativo, superior a los países del continente.
No puede establecerse legítimamente una diferencia absoluta entre políticas, ya que lo social supone
una circularidad permanente en la cual la reproducción social promueve el avance científico, estimula el
crecimiento económico y fomenta la acumulación necesaria para poder distribuir el capital obtenido en
forma de servicios y derechos sociales.
Notas
1. Consúltese a Adames, Enoch, 1997, “Políticas sociales y estilos de desarrollo en tiempos de globalización”, en Desarrollo sin pobreza: lo social y lo económico en la política, Instituto de Estudios
Nacionales (IDEN), Universidad de Panamá, pp. 67-68. 2. Arriagada, Irma, 1996, “El debate actual de las políticas sociales en América Latina”, en Nueva Sociedad
N°144, julio-agosto 1996, p. 57. 3. Ibíd., p. 58. 4. Bell Lara, José, 1999, Cambios mundiales y perspectivas. Revolución cubana. Editorial de Ciencias
Sociales, La Habana, p. 34. 5. Lage Dávila, Carlos, 1995, “Resistir sin ajuste antihumano”, en El milagro económico cubano. Reportaje
después de la hecatombe. INDEPAZ, Colombia, p. 26.
6. Pérez Villanueva, Omar Everleny, 1995, “Los indicadores de la recesión”, en El milagro cubano...op.cit., p.
40. 7. Bell Lara, José, op. cit., p. 38. 8. Ibíd.., p. 33.
9. Véase por ejemplo a González Posso, Camilo, 1995, “La Ley Helms-Burton para la libertad de Estados Unidos en Cuba”, en El milagro cubano...op. cit., p. 246.
10. Bell Lara, José, op. cit. p. 369.
11. Estos y otros datos en Ferriol Muruaga, Angela, 2001, “Apertura externa, mercado laboral y política social”, en Cuba siglo XXI, septiembre, p. 8.
12. Sobre este aspecto de las políticas sociales ver Ayala, Roberto, 1999, “La política social en el nuevo contexto” en Tareas N°102, mayo-septiembre, p. 21.
13. A pesar de lo señalado, es importante anotar la preocupación manifestada por diversos autores sobre el impacto cultural que está causando la irrupción de principios mercantiles en la sociabilidad de la población cubana, elemento este que puede conspirar –como podemos constatarlo en nuestras propias poblaciones- en la cohesión social y el espíritu solidario de la población. Sin embargo, este tipo de
análisis excede el carácter de este trabajo.
14. Ferriol Muruaga, Ángela, op. cit., p. 12
15. Tabares Neyra, Lourdes e Iglesias Morell, Antonio, 1999, “Cuba: el rol del Estado y la justicia social en los años 90”, FLACSO-Programa Cuba, Documento de Trabajo X, La Habana, p. 7. También consultar a Bell Lara, op. cit., p. 73.
16. Gonzáles Posso, Camilo, 1995, “La educación es el futuro del país. Entrevista con el Ministro de Educación Luis Gómez Gutiérrez”, en El milagro cubano, op. cit., p. 136.
17. Tabares e Iglesias, op. cit., p. 7. 18. Bell Lara, op. cit. p. 77.
19. Consúltese a Tabaré e Iglesias, op. cit., p. 6. 20. No puede negarse que el sistema político cubano presenta un carácter peculiar, merecedor de una
atención detallada que no podemos prestarle en este trabajo. Se trata de un asunto que remite a discusiones sobre la teoría democrática, la sociedad civil y la descentralización política, sin duda de
singular importancia. 21. Adames, Enoch, op.cit., p. 74-75
Mansilla, H.C. F.. Los procesos de globalización en el Area Andina. Los fenómenos de interculturalidad y la influencia normativa de la modernidad. En: Revista Tareas, Nro. 119, enero-abril. CELA, Centro de Estudios Latinoamericanos, Justo Arosemena, Panamá, R. de Panamá. 2005. pp. 81-100. Disponible en la World Wide Web: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/tar119/man.rtf
www.clacso.org
RED DE BIBLIOTECAS VIRTUALES DE CIENCIAS SOCIALES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE, DE LA RED DE CENTROS MIEMBROS DE CLACSO
http://www.clacso.org.ar/biblioteca biblioteca@clacso.edu.ar
LOS PROCESOS DE GLOBALIZACION EN
EL AREA ANDINA Los fenómenos de interculturalidad y
la influencia normativa
de la modernidad
H. C. F. Mansilla*
*Sociólogo boliviano.
I Preliminares
Se puede afirmar que en el área andina del Ecuador a Bolivia la situación contemporánea está signada -entre otros problemas- por la existencia de tres grandes
conflictos trabados inextricablemente entre sí: 1) la lucha por la preservación de lo
propio contra los avances de la globalización occidental,1 2) la contienda entre
diferentes comunidades étnico-culturales por recursos materiales cada vez más
escasos y 3) la pugna convencional por espacios de hegemonía política.2 Las
diferentes variantes de la teoría de la interculturalidad -término por demás ambiguo- se inscriben en la constelación formada por estos conflictos. Teóricamente la
interculturalidad se halla inmersa en el debate mayor entre valores particularistas y
coerciones universalistas3 y en la discusión sobre la identidad colectiva.4
Asimismo, la disputa entre comunitarismo y liberalismo afecta importantes
elementos de la interculturalidad. Además, los problemas específicos de interculturalidad están entremezclados con asuntos sociopolíticos del día. En los
casos boliviano y peruano, se puede constatar una controversia soterrada, pero aguda,
entre la conservación de la tradicionalidad aborigen y los intentos de alcanzar la
modernidad a la brevedad posible, controversia no explícita que tiene lugar en el seno
de cada comunidad indígena y, en realidad, en la conciencia de innumerables
individuos. Esta pugna es particularmente clara y de intensidad mayor en grupos indígenas de urbanización reciente y formación universitaria. Nada de esto es
sorprendente, pues se repite muy a menudo en el gran libro de la historia universal.
No hay duda de que casi todos los grupos poblacionales indígenas intentan adoptar, lenta pero
seguramente, numerosos rasgos básicos del mundo occidental, sobre todo en los campos de la
técnica y la economía. Este designio tiene lugar, paradójica y simultáneamente, con el redescubrimiento de sus valores ancestrales. Lo que finalmente emerge es una amalgama abigarrada
y contradictoria que tiene una relevancia decisiva para la configuración de las identidades colectivas
del presente. Dicho con otras palabras: en el área andina los fenómenos de interculturalidad han
alcanzado una considerable complejidad y una alta intensidad, lo que hace difícil su exposición en
pocas palabras y conlleva, además, una fuerte carga emocional y política.
Algunos de los aspectos más importantes de este proceso son las múltiples modificaciones acaecidas en la esfera de la cultura y la mentalidad colectivas. La
modernización ha desplazado la relevancia que anteriormente tenían los sistemas
religiosos y ha inducido una fuerte tendencia hacia la secularización: en toda América
Latina, y no sólo en la región andina, la vida social e individual está cada vez menos
vinculada a los preceptos y los ritos de la Iglesia católica. Las normativas de origen
religioso se hallan en franco retroceso, mientras que paulatinamente los valores
profanos influyen sobre cada vez más terrenos del comportamiento humano. Se
pueden detectar serios intentos de recrear las religiones aborígenes prehispánicas,
pero estos esfuerzos se limitan al resurgimiento -arbitrario, por otra parte- de ciertos
ritos sociales y procesos adivinatorios, sin relevancia en la vida de las comunidades indígenas.
Por otra parte, en toda la zona andina se ha dado un proceso muy marcado de
diferenciación social. La pobreza compacta y la uniformidad dentro de las
comunidades indígenas, que eran las características predominantes de estos grupos
hasta la primera mitad del siglo XX, han sido desplazadas por una estructura social que abarca diferentes estratos sociales en sentido financiero-económico, educativo,
político y domiciliario. Las elites indígenas, que entre tanto han surgido con
extraordinario vigor, configuran los vehículos más rápidos y eficaces para la diseminación de los standards de la modernidad y de los valores universalistas que se
originaron en el seno de la civilización occidental. Así sea todavía bajo la forma de
modas efímeras, las clases altas de las etnias aborígenes son las primeras en abrazar las pautas de comportamiento y las ideas prevalecientes en las sociedades
metropolitanas del Norte, que poco a poco llegan a ser vistas como normativas más o
menos propias de toda la comunidad indígena correspondiente. La preservación de la
tradicionalidad queda restringida a los estratos sociales de menor acceso a la
educación formal contemporánea.
Uno de los elementos que más eficazmente contribuye a configurar una identidad moderna es la forma específica cómo la niñez y la juventud son socializadas. En el
caso boliviano, tenemos también una muestra de una evolución casi universal5:
Comparada con generaciones anteriores, la actual juventud, y precisamente aquella de
origen indígena, ha gozado de una instrucción primaria más extendida y de mejor
calidad, denota un porcentaje substancialmente más alto de absolventes universitarios, habla castellano -a menudo como único idioma- en una proporción
significativamente más amplia que sus progenitores, vive mayoritariamente en áreas
urbanas y se adhiere a los valores normativos modernos del individualismo y el
consumismo. Y está sometida al bombardeo de la “industria de la cultura”, es decir a
los contenidos uniformizadores y universalistas de los medios modernos de
comunicación, en una intensidad mucho más elevada que cualquier generación previa. Es por ello que las generaciones jóvenes de todas las etnias aborígenes en
territorio boliviano y peruano tienden paulatina pero seguramente a usar el castellano
(español) como idioma primario, tanto en el ámbito familiar como en las áreas del estudio, el trabajo, el esparcimiento y hasta la comunicación con peer groups de origen
indígena en detrimento de las lenguas nativas. Todos los estudios correspondientes
denotan un retroceso de las lenguas vernaculares y un aumento concomitante de la utilización del castellano, un retroceso que no conlleva, sin embargo, un
debilitamiento inmediato del sentimiento de pertenencia a una de las grandes etnias
aborígenes. A largo plazo, empero, esta tendencia terminará por socavar la noción de
diferencias étnico-culturales insalvables, pues el idioma constituye uno de sus pilares
irrenunciables.
II Los fenómenos de la alienación contemporánea y
el problema del reconocimiento por los otros
Toda esta constelación es el caldo de cultivo ideal para diversos fenómenos de
alienación: la conciencia colectiva indígena percibe y sufre la escisión entre la antigua
armonía social, cultural y económica de la época premoderna, que se desarrolló lenta y orgánicamente, por un lado, y la diversidad (renovada incesantemente) de acciones
colectivas y valores de orientación de la era moderna, por otro. La cosmovisión
compartida hasta hace pocos decenios por la mayoría de la población andina era
relativamente simple, unitaria y bien expandida. Entre sus valores fundamentales se
hallaban: a) una religiosidad practicada consuetudinariamente (rica en ritos cuasi-folklóricos y
pobre en contenido teológico);
b) la familia extendida (que actuaba también como un sistema espontáneo de
seguridad social, no mediado burocráticamente);
c) la jerarquías sociales basadas en la tradición histórica y en el origen social-familiar
de sus miembros; y
d) las obligaciones mutuas sancionadas por una ética venerable y por un control
social bastante estricto. La incursión de la modernidad significa ahora la confrontación cotidiana y
cambiante con mensajes disímiles, normativas divergentes y paradigmas foráneos, lo
que genera los modernos fenómenos de enajenación, por un lado, y la introducción de
valores normativos como el principio de rendimiento, el enriquecimiento individual, la
familia nuclear y el consumismo masivo, por otro. De esta constelación emerge necesariamente un fuerte debate sobre
interculturalidad e identidad social. Ante todo hay que señalar que el concepto de
identidad sólo tiene sentido cuando se refiere y se incluye a lo no-idéntico.6 La autoconciencia lograda de sí mismo es aquélla que se “pierde” en el otro y por ello se
reconoce a sí misma en la alteridad. Lo propio recién puede ser conocido y llegar a ser
familiar si lo podemos reconocer en el seno de lo ajeno. El éxito del proceso identificatorio se produce superando la cualidad de la alteridad absoluta: lo ajeno es,
en el fondo, lo que aún no ha sido comprendido del todo. En la confrontación con el otro, el sujeto tiende a percibirlo primeramente como lo extraño, pero el
reconocimiento de lo propio en medio de lo ajeno es paradójicamente lo que permite
un conocimiento cabal de uno mismo.
En la actualidad, uno de los problemas centrales de la interculturalidad está vinculado con la temática del reconocimiento por el otro. Las sociedades andinas han
ingresado en el proceso globalizador con vínculos desiguales que las atan a otras
culturas: la constelación básica resultante es de una marcada asimetría. Y las
culturas dominantes del Norte no reconocen a las sociedades andinas -y menos a las
comunidades indígenas- como iguales. Una identidad estable y razonable requiere de
comunicaciones e intercambios de variado tipo con los otros, lo que, en el fondo, ejerce la función de consolidar la identidad mediante el reconocimiento por los otros.7 Si falta
este reconocimiento, puede surgir un complejo de inferioridad que busca
inmediatamente mecanismos (y bienes) de compensación, muchas veces de índole
agresiva. Esta estrategia puede ser complementada por un renacimiento
instrumentalista e interesado de ciertas porciones de la propia tradición, porciones que aparentemente no están contaminadas por lo otro y que, según los ideólogos de la
pureza cultural, podrían servir de cimiento para la renovación de la identidad colectiva
afectada. A partir de abril de 2000, se percibe algunos de estos elementos en el seno
de los movimientos sociales y los partidos políticos vinculados a las etnias aborígenes
en Bolivia.
El problema del reconocimiento está entrelazado íntimamente con el de los vínculos
asimétricos, o dicho de otra manera: en el ámbito andino la conciencia intelectual considera la temática de la identidad como envuelta en la trama de relaciones
desiguales entre las naciones altamente industrializadas del Norte y las sociedades subdesarrolladas del Sur, por una parte, y lareproducción de este fenómeno entre los diferentes
grupos étnico-culturales dentro del propio país (el colonialismo interno), por otro. Cuando la temática de
la identidad irrumpe en el campo de las ciencias sociales latinoamericanas, lo hace en cuanto conciencia
de una crisis: así sea como carencia de una identidad generalmente aceptada y sólida o como una
meramente dependiente, subordinada y subalterna, que se manifiesta bajo la forma de una máscara.8 En
este contexto la cuestión no es si esta visión es verdadera o siquiera pertinente; ya que probablemente la
mayoría de la población se percibe a sí misma como subdesarrollada y dependiente con respecto al
mundo metropolitano occidental, su identidad colectiva está traumáticamente ligada a la existencia o la
ausencia de un reconocimiento proveniente de las comunidades septentrionales reputadas como el
paradigma actual de desarrollo.9
III Lo otro, la compleja interculturalidad y las presuntas amenazas externas
Es una tarea ardua determinar que es lo otro para la sociedad andina. Para las etnias indígenas, desde
la época de la conquista española, lo otro estuvo encarnado en la civilización proveniente de Occidente,
en sus normativas y costumbres, sus instituciones y ideologías. No cabe duda de que se trataba de un otro
en cuanto amenaza, que ha encarnado hasta nuestros días el peligro de la extinción material o degradación
espiritual de las distintas identidades aborígenes. Para el investigador mexicano Guillermo Bonfil Batalla,
lo otro está representado por la civilización de Europa Occidental, percibida como la suma de lo negativo;
la contradicción que marcaría a fuego el Nuevo Mundo sería aquella entre la cultura india y la presencia
de Occidente. Más aun: “La definición básica del pensamiento político indio está en su oposición a la
civilización occidental. [...] Se niega a Occidente de manera global”.10 Aunque en Bolivia existen pocos
testimonios empíricos para avalar esta tesis en su versión radical, se puede aseverar que en ciertos
movimientos indianistas11 la propia identidad grupal está definida ex negativo por la oposición a un
modelo civilizatorio materialmente exitoso y triunfador. Según esta doctrina no hubo coloniaje, sino
invasión, a la que hay que prestar resistencia de todas formas; el mestizaje, por consiguiente, no sería una
nueva y fructífera cultura por derecho propio, sino un producto detestable y degradado de Occidente, al
que hay de rechazar tajantemente. Las únicas manifestaciones culturales realmente valiosas en América
serían las que provienen del acervo indígena incontaminado, que perviven soterradas en la memoria
colectiva de los pueblos indios y en sus prácticas cotidianas. La lucha contra el imperialismo sería, ante
todo, una lucha anticolonialista, y por ello el marxismo y el socialismo resultarían insuficientes ya que,
por su origen y sus objetivos, no estarían en la facultad de comprender la indianidad.
Esta concepción es válida no sólo para pequeños grupos de intelectuales radicalizados, sino de manera
creciente para sectores de los partidos políticos que recibieron un fuerte respaldo de la población indígena
en las elecciones de junio de 2002. Pero esto es únicamente una cara de la problemática. En el presente,
las situación real es muy distinta de la imaginada por los intelectuales radicales. Por ejemplo: los
múltiples nexos existentes entre las comunidades indígenas y la civilización metropolitano-occidental se
han transformado en una nueva síntesis de carácter ambivalente, como ha sido la compleja evolución de
todo mestizaje a lo largo de la historia universal. Sobre todo en lo concerniente a las últimas metas
normativas que hoy en día definen lo que es “desarrollo”, las etnias aborígenes no han querido o no han
podido establecer modelos y valores genuinamente propios, originales y diferentes de aquellos surgidos
en las naciones del Norte. Las metas de desarrollo generadas por la civilización metropolitano-occidental
-la modernización exhaustiva, el alto nivel de consumo masivo, la tecnificación en un contexto
crecientemente urbano, acceso a una adecuada educación formal, participación en el mercado nacional,
configuración de la vida cotidiana según los parámetros occidentales y un Estado nacional más o menos
eficiente-, han sido entretanto acogidas por las comunidades indígenas en forma entusiasta y convertidas
en valores orientadores de primera importancia. En este aspecto, las comunidades indígenas en el área
andina siguen la pauta establecida por la elite blanca y los grupos mestizos del país respectivo, que
siempre se han sentido próximos a abrazar (de manera más o menos lograda o arbitraria) las normativas
metropolitanas occidentales. En esta época de presurosas adopciones de las más disímiles herencias
civilizatorias e intercambios culturales incesantes con las naciones más lejanas, la confrontación entre lo
propio y lo ajeno tiende a diluirse en un mar de ambigüedades, donde es muy arduo establecer categorías
científico-analíticas que puedan dar cuenta adecuadamente de una evolución sumamente compleja y hasta
contradictoria.
Ahora bien: a las corrientes nacionalistas, nativistas y particularistas de todo tipo -y en el caso andino
a las tendencias anti-occidentales de algunas etnias originarias- les asiste un cierto derecho. En una época
de fronteras permeables, de un sistema global de comunicaciones casi totalmente integrado y de pautas
normativas universales, nace la voluntad de oponerse a las corrientes de uniformamiento y
despersonalización. La legítima aspiración de afirmar la propia identidad sociocultural puede, sin
embargo, transformarse rápidamente en una tendencia xenófoba, racista, agresiva y claramente irracional,
que a la postre pretende la aniquilación del otro y de los otros.
Aparte de la propensión ya mencionada de imitar los decursos socio-culturales del mundo
metropolitano-occidental, en el mundo andino hay algunos movimientos indigenistas e indianistas que
propagan un etnocentrismo acendrado y hasta un racismo excluyente, acompañados por el designio de
revitalizar las antiguas religiones, lengua y costumbres. Después de largos siglos de amarga humillación y
explotación despiadada, es comprensible que surjan corrientes de estas características,12 que se consagran
a una apología ingenua del estado de cosas antes de la llegada de los conquistadores españoles. En lo
referente a la vida cotidiana del presente, las tendencias indianistas brindan, asimismo, una visión
unilateral y apologética de los valores de orientación indígenas: “la solidaridad, el respeto, la honradez, la
sobriedad y el amor” constituirían los “valores centrales, piedras fundadoras de la civilización india”,
mientras que las normativas de la civilización occidental son descritas como “egoísmo, engaño,
desengaño, apetito insaciable de bienes materiales, odio; todo lo cual prueba la historia y lo comprueba la
observación diaria de la vida urbana, reducto y fortaleza de la invasión occidental”.13 “La miseria, el
hambre, la enfermedad y las conductas antisociales no son herencia de la civilización india, sino
productos directos de la dominación. Forman parte de una circunstancia temporal (la invasión), pero no
cuentan como rasgos constitutivos de la civilización india”.14 Se trata claramente del rechazo del otro en
nombre de un anticolonialismo ruralista que coloca al campesinado de origen indígena en el centro de la
historia como sujeto privilegiado de los “nuevos” decursos evolutivos. Por lo demás, se puede constatar
fácilmente que esta contraposición maniqueísta de valores enteramente positivos de un lado y
profundamente negativos del otro tuvo y tiene poco que ver con la realidad de cualquier sociedad; por ello
es innecesario detenerse aquí y poner las cosas en claro. Se proclama simultáneamente la superioridad
moral del indio y la inferioridad correspondiente del europeo, con lo cual, además, se relativizan los
logros de Occidente: éstos se hallarían exclusivamente en el terreno material, contaminados por los fines
profanos a los que están subordinados.
IV. Nativismo e interculturalidad
Los fenómenos contemporáneos del fundamentalismo, nacionalismo y nativismo surgen como una
respuesta creíble y ampliamente aceptada al dilema conformado por los procesos traumatizantes de
aculturación y por una identidad colectiva amenazada y, al mismo tiempo, atraída por la civilización del
Norte. El nativismo y el nacionalismo poseen, en el fondo, la función de una ideología anticolonialista de
modernización,15 doctrina creada y difundida por las capas medias y sus intelectuales, que anhelan la
superación de la tradicionalidad pre-industrial y, simultáneamente, la consecución de la modernidad
occidental. El componente ideológico nacionalista sirve evidentemente de cortina de humo, pero también
como un mecanismo proveniente de las capas profundas de la tradición que apuntala un sentimiento de
identidad colectiva que está en peligro.
Este tipo de argumentación es muy apropiado para las más curiosas falsificaciones historiográficas. El
indianismo radical presupone, por ejemplo, la existencia de una sola civilización india en el Nuevo
Mundo, de la cual los muchos pueblos y testimonios culturales serían sólo las expresiones regionalmente
particulares. Esta única y gran civilización aborigen habría sido fragmentada premeditadamente por las
potencias europeas, “estableciendo fronteras, ahondando diferencias y provocando rivalidades. Esta
estrategia persigue un objetivo principal, ladominación, para lo cual busca demostrar ideológicamente que
en América la civilización occidental se enfrenta a una multitud de pueblos atomizados diferentes unos de
otros ... “. “Así la identificación y la solidaridad entre los indios, la indianidad, no es un postulado táctico
sino la expresión necesaria de una unidad histórica basada en una civilización común, que el colonialismo
ha querido ocultar”.16 Aunque no hay duda de que las potencias colonizadoras se han servido del
antiquísimo principio divide et impera, no se puede negar, por otro lado, que las culturas aborígenes
prehispánicas han conocido diferencias, rivalidades, guerras y conflictos casi perennes entre sí; con toda
seguridad los imperios sudamericanos no sabían nada de los mesoamericanos antes de 1492. El concepto
de una „indianidad‟ solidaria y sin mácula que hubiese abarcado todo el continente y que ahora estuviera
intacta entre los comunarios campesinos de los ayllus altiplánicos es una creación ideológica
contemporánea, generada exclusivamente con fines político-ideológicos precisos y profanos por
intelectuales que normalmente no tienen mucho que ver ni con la vida rural ni con la sangre indígena.
Por una parte, estos ejercicios de retórica fundamentalista no han podido establecer fehacientemente
en qué consiste la substancia imborrable, única e inconfundible de las identidades indígenas en territorio
boliviano: todos las características que se les pueden atribuir son comunes a sociedades de otras épocas y
latitudes, incluyendo el idioma. Por otra parte, el fundamentalismo indianista deja de lado
premeditadamente la profunda transformación que ha sufrido la población agraria e indígena del país,
especialmente en la esfera de los valores de orientación: estos sectores, cada vez más urbanizados y
sometidos a la influencia de la escuela, el mercado y los medios masivos de comunicación, quieren tener
un acceso pronto e irrestricto a la modernidad occidental y mantener sus antiguas normativas sólo en
terrenos secundarios, como la cultura (en sentido estricto) y la familia.17
En contraposición a las elucubraciones teóricas fundamentalistas la realidad cotidiana es, como
siempre, más compleja. En Bolivia el nativismo indianista -que posee fuertes elementos comunitaristas-
tiene una considerable presencia en ciertos segmentos de la Confederación Sindical Unica de
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), en los partidos políticos de inspiración radical (el
Movimiento al Socialismo [MAS] y el Movimiento Indígena Pachakuti [MIP]) y en pequeños grupos
indígenas tanto urbanos como rurales. Sectores de esta tendencia tomaron parte en las elecciones
presidenciales y parlamentarias de 1997 conformando el llamado Eje Pachakuti; pese a que la adhesión
obtenida fue extremadamente baja, es conveniente referirse a algunos de sus planteamientos centrales,
pues se reproducen en la actualidad, con pocas variantes, en los grupos radicalizados cercanos al MIP y,
en grado mucho menor, al MAS. Esta posición rechaza tajantemente cualquier tipo de capitalismo (“hasta
con posibles reformas”), se proclama socialista y autogestionario y propugna un “nuevo Estado
democrático, plurinacional y socialista”, basado en una asamblea de nacionalidades originarias (es decir:
casi exclusivamente campesinas) y en un socialismo comunitario, que se reduce, en el fondo, a postular el
renacimiento de las comunidades agrarias (ayllus) prehispánicos y premodernos. El programa es
completamente vago en cuanto a proposiciones concretas y reformas específicas, pero muy rico en
asociaciones emotivas: el rechazo del individualismo europeo, la lucha frontal contra el “sistema” y la
denigración de la organización estatal actual (“Bolivia es un Estado sin nación”) son los temas
recurrentes.18 Otros grupos afines, más intelectuales y menos políticos, exigen también la „dinamización‟
de los factores “lengua, historia y organización”.19 Se trata en ambos casos de una propuesta que
privilegia el mundo rural, los grupos étnicos allí predominantes y sus formas de vida y que, al mismo
tiempo, no considera adecuadamente la esfera urbana, los amplios sectores de mestizos y estratos medios
y los procesos de modernización que caracterizan Bolivia por lo menos desde 1952.
Factores adicionales dificultan este designio de recuperar y revitalizar las identidades aborígenes del
Nuevo Mundo. Es muy probable, por ejemplo, que las identidades colectivas premodernas -como lo son
hasta hoy las nacionalidades originarias en Bolivia y en toda el área andina- hayan tenido un carácter
cambiante según las circunstancias y los intereses de los involucrados. Puede ser, por ende, que conceptos
tales como identidad, etnia y nacionalidad posean una índole reduccionista, consagrada a clasificar
fenómenos variables, incoherentes y, en todo caso, muy complejos como si fueran fenómenos estables y
delimitables. Muchas veces son factores totalmente externos los que deciden si alguien pertenece o no a
una comunidad determinada: la mirada del otro determina a menudo la identidad de uno. En estos tiempos
modernos la autopercepción y el factor subjetivo se han transformado en mecanismos importantes para
precisar la pertenencia a una comunidad. Las fronteras étnico-culturales dependen también de las
circunstancias exteriores y de factores enteramente profano-materiales, como el acceso a recursos vitales.
Al debilitarse éste último, la definición étnica puede entrar en crisis.
No hay duda, por una parte, de que existen los llamados vínculos primarios (los aspectos “dados”) que
constituyen el fundamento de toda identidad socio-cultural: los nexos de la sangre y el parentesco, el
lenguaje cotidiano, la religión practicada, la vecindad inmediata, la comunidad de costumbres, usos y
cosmovisiones, nexos arrastrados por siglos y por ello convertidos en algo cercano a lo sagrado. Pero, por
otra parte, hay que considerar que estos vínculos primordiales mantienen su poder identificatorio y, por
ende, su relevancia cultural y política sólo si los involucrados los aceptan como tales. Es decir: las etnias
dejan de ser las unidades esenciales de la identificación social si sus miembros dejan de adherirse a ellas.
Si el control social de las comunidades primarias se relaja, si el prestigio de su religión y sus hábitos
decae y si su cosmovisión queda opacada por cualquier producto ideológico del mundo moderno,
entonces las etnias, las nacionalidades y toda comunidad premoderna pierden la capacidad de congregar y
guiar a sus individuos.20 Parece, por lo tanto, que la posición más sensata es una intermedia entre la
esencialista y la relativista: “nacionalidad”, “pueblo” y “etnia” no son, por supuesto, manifestaciones
totalmente objetivas de realidades empíricas, que permanecen en lo fundamental incólumes a través del
desenvolvimiento histórico y social, pero tampoco representan únicamente creaciones intelectuales,
imágenes populares y atractivas, o reconstrucciones fictivas del pasado, elaboradas ex professo por
pensadores y políticos con posterioridad a la prosaica realidad. En cuanto construcciones más o menos
artificiales son ciertamente importantes para reavivar sentimientos y movimientos nacionalistas, pero en
la mayoría de los casos los fenómenos étnico-culturales poseen un substrato real, conformado por una
lengua, un territorio, instituciones y tradiciones comunes.21
V Aspectos específicos en Bolivia
La historia de este territorio es desde antes de la colonización española una crónica de fragmentación,
disolución y reformulación de identidades colectivas; la mayoría de los indígenas aymaras no conoce, por
ejemplo, datos fundamentales del pasado de su pueblo y tiende a confundirlo con el de la etnia quechua
de origen incásico, aunque los incas oprimieron brutalmente a los aymaras después de conquistar su
territorio por las armas. La actual identidad aymara está asentada en elementos quechua-incásicos, mejor
dicho en una concepción idealizada y embellecida del pasado, de los logros histórico-políticos y de las
instituciones incásicas.
En el ámbito boliviano, donde el proceso de urbanización, aunque muy avanzado, no ha tomado aún las
dimensiones gigantescas de otras regiones, ha pervivido todavía un fuerte espíritu de búsqueda de una
identidad colectiva propia, apoyada en la cultura indígena y, por ende, rural, antimoderna y no occidental.
En Bolivia, las migraciones internas y los cambios sociales, vinculados hoy en día a la peculiar
modernización imitativa y apresurada del Tercer Mundo, no han conllevado hasta ahora una amplia
desarticulación del sector campesino y tampoco una desestructuración irremediable de las matrices
culturales premodernas. Es allí donde se da una amplia gama de corrientes contestatarias,22 y donde la
cuestión de una identidad social propia, diferente y opuesta a la encarnada por la modernidad occidental e
individualista, tiene una cierta raigambre en dilatados segmentos campesinos y en grupos políticos
populistas urbanos. Esta preocupación por “identidades cerradas”23 y pretendidamente autóctonas exhibe
en el campo institucional una inclinación por modelos de una democracia directa y participativa y un
rechazo de la democracia representativa y pluralista. Pero al mismo tiempo es imprescindible señalar que
otras corrientes en el seno de los campesinos indígenas bolivianos (por ejemplo fuera del ámbito aymara)
no se adhieren a posturas racistas y están, por el contrario, abiertas a pactos con otras tendencias
ideológicas y otros grupos ético-culturales.24
VI Problemas del imaginario popular
No hay duda de que la larga era colonial española y luego la republicana, que continuó algunos
elementos centrales de la explotación y subordinación de los indígenas, han generado en las etnias
aborígenes una conciencia muy dilatada de nación oprimida, de una injusticia secular no resuelta y de
agravios materiales y simbólicos aun vivos en la memoria popular.25 Se ha producido así un imaginario
colectivo altamente emocional que, pese a su indudable razón de ser, simultáneamente se cierra al análisis
racional y al debate realista de su condición actual.26 La exacerbación de elementos comunitaristas y
particularistas debilita los aspectos razonables de la modernidad, como la democracia pluralista, la
institucionalidad del Estado de Derecho y la moral universalista. Este imaginario alimentado por factores
emotivos no es favorable a acuerdos y arreglos práctico-pragmáticos con culturas diferentes y con otros
grupos étnicos. En el choque con los factores muy exitosos de la modernidad, los valores particularistas y
comunitaristas pueden transformarse en situaciones de una extendida anomia, que no es de ninguna
manera proclive ni a una consolidación de las propias etnias aborígenes ni a una convivencia civilizada de
las diferentes culturas en territorio boliviano. No hay duda de la injusticia que representan enormes
sectores poblacionales de excluidos, discriminados y marginales, pero el retorno al irracionalismo
histórico-social y el fomento de posiciones comunitaristas extremas sólo conducirán al debilitamiento de
las etnias aborígenes y a su permanencia en situaciones de desventaja. Especialmente grave es el rechazo
de lo “occidental” que engloba creaciones civilizatorias de índole universalista como los derechos
humanos y ciudadanos, algunas pautas contemporáneas de comportamiento socio-político (como la
democracia representativa pluralista) y algunos valores actuales de orientación (por ejemplo el principio
de rendimiento, el individualismo y la tolerancia ideológica).27
Actualmente se puede aseverar que en Bolivia se dan dos fenómenos al mismo tiempo. Por un lado, el
proceso de modernización que, por más modesto que sea, ha socavado en forma lenta pero segura la
autoridad, el prestigio y las funciones que eran inherentes a las colectividades indígenas definidas según
criterios étnico-culturales. La mayor autoconsciencia individual, la construcción de la personalidad de
acuerdo a parámetros urbanos, racionales y universales y las imágenes omnipotentes de la “industria
cultural” moderna contribuyen a debilitar todo nexo identificatorio tradicional. Por otro lado, la misma
acción modernizadora provoca una fuerte reacción autodefensiva de las comunidades aborígenes, que
intentan preservar sus valores y normas y el control sobre sus miembros precisamente con más ahínco
cuando se saben amenazadas de muerte. La función divulgadora de los medios contemporáneos de
comunicación social y el carácter tolerante y pluralista de los regímenes políticos del presente, favorecen
también un cierto renacimiento de los mencionados vínculos primarios. Entre esta dialéctica se mueve
hoy en día el movimiento indigenista e indianista en Bolivia.
VII Consideraciones finales
Para aclarar la compleja temática de la interculturalidad, no es superfluo retornar a algunas reflexiones
del acervo clásico. Existirían culturas, etnias y sociedades distintas, pero no superiores ni inferiores. Esto
se aviene adecuadamente con un concepto procesual y no substancialista de etnia: en lugar de definir a las
comunidades aborígenes buscando una esencia identificatoria indeleble e impermeable al paso del tiempo,
se debería comprenderlas en cuanto fenómenos históricos y, por lo tanto, pasajeros, como lo sugirió
Guillermo Bonfil Batalla28 “Tolerarse y respetarse, aun sin entenderse”, es decir reconociendo la
diversidad de identidades y abandonando todo proyecto unificador y homogeneizador -tanto en la variante
indigenista como en la modernizante de estilo occidental- parecería ser el modo de alcanzar mejores
nexos humanos en un país con pluralidad de culturas.29
A pesar de su frágil contextura inicial, de su ineficiencia y corrupción, de las alteraciones sufridas en
las últimas décadas y de su mala imagen en la opinión pública esclarecida, el Estado boliviano ha
desplegado paulatinamente una cierta fortaleza y coherencia y, lo que es más importante en este contexto,
ha engendrado un sentimiento generalizado de pertenencia a una nación específica y a una identidad
colectiva más o menos aceptada por la población del país. Es posible — pero no seguro — que este
Estado acepte los siguientes puntos, que no conllevan ni la disolución ni el debilitamiento del Estado a
largo plazo, y aceptándolos, se logre una mejor convivencia intercultural: una creciente territorialidad
propia de la presencia indígena, el despliegue de una plataforma política común a todas las etnias del país,
una inserción más efectiva y más justa de las economías indígenas en el mercado nacional y el
reconocimiento legal de las lenguas aborígenes como lenguas oficiales de uso normal en la escuela, los
tribunales y las dependencias de la administración pública.
A pesar de los dramáticos acontecimientos acaecidos desde abril de 2000, se puede aseverar que el
proceso boliviano de democratización a partir de 1982, el cosmopolitismo que permea ahora los medios
masivos de comunicación, los resultados lentos pero seguros de una mejor educación básica y también la
creciente autoconciencia de los pueblos aborígenes han reducido las actitudes de racismo abierto, que
durante siglos determinaron las relaciones intergrupales en Bolivia. Aunque este desenvolvimiento es aún
incipiente, no cabe duda de que hay una mayor apertura hacia la coexistencia más o menos civilizada de
etnias que hasta hace poco se observaban con desconfianza y temor, como si cada una fuera para la otra la
encarnación del adversario irreductible y amenazador: el otro por excelencia. A este desarrollo ha
coadyuvado eficazmente la obra perseverante de la Iglesia católica, que en Bolivia desde la década de
1960 denota una clara inclinación progresista, que alcanza, asimismo, al ámbito político. No sólo la
influencia de las teorías sociales contemporáneas de la Iglesia postconciliar, sino una tradición más
antigua de ayuda efectiva y silenciosa a las capas pobres de la población (compuestas mayormente por
indígenas), han motivado un acercamiento remarcable entre la Iglesia católica y la población india
boliviana y han engendrado una cosmovisión sin tantas discriminaciones socio-étnicas, a lo cual ha
contribuido el ascendiente aún poderoso de la Iglesia católica sobre los medios de comunicación, las
escuelas y universidades.
Pese a todos los retrocesos de las corrientes moderadas a partir de 2000, no hay que descartar la
siguiente posibilidad: mediante la educación pluricultural, el ensanchamiento de posibilidades reales de
participación de los estamentos campesinos y una política pragmática de alianzas con otros sectores de la
población, las tendencias moderadas podrían evitar el aislamiento sociocultural de las etnias indígenas y
su segmentación político-institucional. Apelando también a un elemento tradicional de la civilización
indígena (la complementaridad de los opuestos), estas corrientes parecían (por lo menos hasta 2000)
haber aceptado la democracia representativa dentro de la unidad estatal boliviana, insistiendo ante todo en
reforzar el carácter multicultural y plurilingüista del país. Enunciados sobre el presente y el futuro son
problemáticos a causa de la emergencia de fenómenos impredecibles a partir de abril de 2000.
Notas
1. Sobre esta temática cf. Fernando Mires, Teoría del nuevo capitalismo o el discurso de la globalización,
Caracas: Nueva Sociedad, 2000. 2. Sobre los nexos entre las luchas étnico-culturales y la pugna por recursos naturales (especialmente tierra
y territorio) a nivel mundial, cf. el número monográfico de Internationale Politik Und Gesellschaft (Bonn), Nº2, abril-junio de 2003.
3. Cf. el ensayo fundamental: Giacomo Marramao, “Paradojas del universalismo”, en: Sociedad (Buenos
Aires), Nº4, mayo de 1994, pp. 25-38 4. Cf. Nelly Arenas, “Globalización e identidad latinoamericana”, en: Nueva Sociedad (Caracas), Nº147,
enero-febrero de 1997, pp. 121-131; Jorge Larraín Ibáñez, Modernización, razón e identidad en América Latina, Santiago de Chile: Andrés Bello 1996; Daniel Innerarity, “¿Quiénes somos nosotros? Preliminares para una política de la identidad”, en: Revista de Estudios Políticos (Madrid), Nº113, julio-septiembre de
2001, pp. 225-236. 5. Salvador Romero Ballivián, “Los jóvenes ante el nuevo escenario”, en La Razón (La Paz), suplemento
Ventana, 22 de septiembre de 1996, p. 8 sq. 6. Theodor W. Adorno, Philosophische Terminologie (Terminología filosófica), Frankfurt: Suhrkamp 1974, t.
II, p. 135. 7. Sobre la problemática del reconocimiento cf. Jürgen Habermas, Die Einbeziehung des Anderen. Studien zur politischen Theorie (La
inclusión del otro. Estudios sobre teoría política), Frankfurt: Suhrkamp 1997, pássim; Habermas, Identidades nacionales y postnacionales, Madrid: Tecnos 1989, pássim; María Elósegui, La inclusión del otro. Habermas y Rawls ante las sociedades multiculturales, en: Revista de Estudios Políticos (Madrid), Nº98, octubre-diciembre de 1997, pp. 59-84.
8. Cf. José Joaquín Brunner, “Escenificaciones de la identidad latinoamericana”, en Política (Santiago de
Chile), Nº30, diciembre de 1992, p. 75 sq., 85. Sobre la constelación boliviana cf. Walter Navia, “Los otros en filosofía. Consecuencias para la investigación sobre otredades en Bolivia”, en Estudios Bolivianos
(La Paz), vol. 1995, Nº1, pp. 379-411. 9. Cf. la importante obra de carácter globalizante: Gilbert Rist, Le développement. Histoire d’une croyance
occidentale, París: Presses de Sciences Politiques, 1996; Anthony D. King, Culture, Globalization and the World System. Contemporary Conditions for the Representation of Identity, Basingstoke: Macmillan 1991
10. Guillermo Bonfil Batalla, “Aculturación e indigenismo: la respuesta india”, en: José Alcina Franch (comp.), Indianismo e indigenismo en América, Madrid: Alianza, 1990, p. 192 sq.; Bonfil Batalla, Utopía y revolución. El pensamiento político contemporáneo de los indios en América Latina, México: Nueva Imagen
1981, pássim. 11. Aunque la diferencia entre indianismo e indigenismo es poco clara y varía según los autores y los países, se puede decir con
reservas que el indianismo representa la tendencia existente entre los propios indios a la autonomía política y la independencia cultural; el indigenismo constituye un intento paternalista surgido fuera de las etnias aborígenes que propugna la mejora de las mismas mediante su aculturación e imitación de los modelos civilizatorios “más avanzados”. Cf. José Alcina Franch, “El indianismo de Fray Bartolomé de Las Casas”, en Alcina Franch (comp.), op. cit. (nota 10), p. 38.
12. Cf. Silvia Rivera Cusicanqui, “La raíz: colonizadores y colonizados”, en Xavier Albó y Raúl Barrios Morón (comps.), Violencias encubiertas en Bolivia, La Paz: CIPCA/ARUWIYIRI 1993; Ricardo Calla Ortega, “Identificación étnica y procesos políticos en Bolivia”, en: Alberto Adriantzén et al., Democracia, etnicidad y violencia política en los países andinos, Lima: IFEA/IEP 1993.
13. Guillermo Bonfil Batalla, “Aculturación...”, op. cit. (nota 10), p. 197.
14. Ibíd., p. 199. 15. Para el caso islámico, que tiene interesantes paralelismos con el área andina, cf. el brillante estudio de Bassam Tibi, Vom Gottesreich zum Nationalstaat (Del imperio divino al Estado nacional),
Frankfurt: Suhrkamp 1987, p. 30 ss. 16. Guillermo Bonfil Batalla, “Aculturación...”, op. cit. (nota 10), p. 194.
17. Cf. la obra basada en materiales empíricos: Rolando Sánchez Serrano, Comunidades rurales ante el cambio y la modernización. Desarrollo interno y participación comunitaria frente a la evolución actual, La
Paz: CEBEM 1994, p. 41 sqq., 58 sqq., 93 sq.
18. “Juan de la Cruz Villca rechaza el sistema individualista” [entrevista al candidato vicepresidencial Juan de la Cruz Villca], en Presencia (La Paz), 10 de mayo de 1997, suplemento Campaña Electoral, p. 4 sq.; Jaime E. Buitrago, El Eje quiere un Estado comunitario, en ibíd. Sobre esta problemática en general cf. el
importante texto de Héctor Díaz-Polanco, Autonomía regional. La autodeterminación de los pueblos indios, México: Siglo XXI 1991, pássim.
19. Cf. los testimonios primigenios que no han perdido vigencia intelectual: la obra colectiva Por una Bolivia diferente. Aportes para un proyecto histórico popular, La Paz: CIPCA 1991, p. 20, 63 et pássim; II Congreso Indígena Interamericano de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Documento de conclusiones, San Ignacio de Moxos, diciembre de 1991; Félix Cárdenas, Utopía andina. El proyecto comunero andino, Oruro: Serie 500 1990; Silvia Rivera Cusicanqui, Oprimidos pero no vencidos. Luchas del campesinado aymara y quechua de Bolivia 1900-1980, La Paz: HISBOL, 1984; Diego Cuadros (comp.), La revuelta de las nacionalidades, La Paz: UNITAS, 1991; Javier Hurtado, El katarismo, La Paz: HISBOL, 1986. Cf. la crítica de Javier Medina, “¿Por una Bolivia diferente?”, en Mario Miranda Pacheco (comp.), Bolivia en la hora de su modernización, México: UNAM 1993, pp. 303-308.
20. Cf. los estudios clásicos: Eric Hobsbawm y Terence Ranger, The Invention of Tradition, Cambridge: Cambridge U.P. 1987; Greg Urban y Joel Sherzer (comps.), Nation-States and Indians in Latin America,
Austin: Texas U.P. 1991; Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures, New York: Basic Books 1973, p.
259 sqq. 21. Esta posición intermedia es la sustentada por Peter Waldmann, “Ethnoregionalismus, eine
Herausforderung für den Nationalstaat” (Etnorregionalismo: un reto para el Estado nacional), en Wolfgang Reinhard (comp.), Die fundamentalistische Revolution. Partikularistische Bewegungen der Gegenwart und ihr Umgang mit der Geschichte (La revolución fundamentalista. Movimientos
particularistas del presente y su tratamiento de la historia), Friburgo (B): Rombach 1995, p. 275.
22. Cf. Oscar Arze Quintanilla, “Del indigenismo a la indianidad: cincuenta años de indigenismo continental”, en: José Alcina Franch (comp.), op. cit. (nota 10), pp. 18-33; Fernando Cámara Barbachano, “Identidad y etnicidad indígena histórica”, en: ibíd., pp. 69-101; Claudio Esteva-Fabregat, “Indígenas, memorias étnicas y sociedades abiertas. Perspectivas comparadas”, en ibíd., pp. 102-131; cf.
también: Sergio Ricco, “Lo étnico / nacional boliviano. Breves reflexiones”, en Mario Miranda Pacheco (comp.), op. cit. (nota 19), pp. 179-191; Mario Arrieta Abdalla, “Del Estado-Nación al Estado multinacional. Diagnóstico y estrategias”, en ibíd. (Miranda Pacheco), pp. 193-199.
23. René Antonio Mayorga, Antipolítica y neopopulismo, La Paz: CEBEM 1995, p. 133.
24. Cf. entre otros: Xavier Albó, “El sinuoso camino de la historia y de la conciencia hacia la identidad nacional aymara”, en Segundo Moreno y Frank Salomón (comps.), Reproducción y transformación de las sociedades andinas, Quito: Abya Yala, 1991, pp. 137-171; Esteban Ticona, Gonzalo Rojas y Xavier Albó,
Votos y wiphalas. Campesinos y pueblos originarios en democracia, La Paz: Milenio/CIPCA, 1995.
25. Cf. el interesante artículo de Wilson García Mérida, “De la Guerra del Chaco a la defensa del gas. Las armas de Warisata”, en El juguete rabioso, (La Paz), vol. 3, Nº 89, 28 de septiembre de 2003, p. 10,
donde el autor traza un sugerente vínculo entre los agravios históricos y la actual posición de los campesinos aymaras ante los recursos naturales exportables.
26. Para una interpretación diferente cf. Isabel Bastos, “El indigenismo en la transición hacia el imaginario populista”, en Estudios Bolivianos (La Paz), Nº2, vol. 1996, pp. 19-47.
27. Por ello es improbable que la “indianización de Bolivia” sea la estrategia adecuada. Sus proponentes pasan generosamente por alto algunos factores fundamentales, como la cultura política del autoritarismo en el seno de las nacionalidades aborígenes, el peso del muy complejo mestizaje y los a-nhelos normativos modernizantes de los propios indígenas. Cf. Alvaro García Linera, “Las señales históricas de Sorata y Warisata: Rebelión aymara”, en: El juguete ranioso, vol. 3, Nº89, 28 de septiembre de 2003, pp. 8-9.
28. Guillermo Bonfil Batalla, Utopía y revolución. El pensamiento político contemporáneo de los indios en América Latina, México 1981, p. 24.
29. Jorge Vergara Estévez y Jorge I. Vergara del Solar, La identidad cultural latinoamericana. Un análisis crítico de las principales tesis y sus interpretaciones, en Persona y Sociedad (Santiago de Chile), vol. X (1996), Nº1, p. 93; cf. también Daniel Mato (comp.), Teoría y política de la construcción de identidades y diferencias en América Latina y el Caribe, Caracas: Nueva Sociedad/UNESCO, 1994.
Araica A., Hildebrando. Sobre la crisis de la seguridad social Panameña. En: Revista Tareas, Nro. 119, enero-abril. CELA, Centro de Estudios Latinoamericanos, Justo Arosemena, Panamá, R. de Panamá. 2005. pp. 101-112. Disponible en la World Wide Web: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/tar119/araica.rtf
www.clacso.org
RED DE BIBLIOTECAS VIRTUALES DE CIENCIAS SOCIALES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE, DE LA RED DE CENTROS MIEMBROS DE CLACSO
http://www.clacso.org.ar/biblioteca biblioteca@clacso.edu.ar
TAREAS SOBRE
LA MARCHA
SOBRE LA CRISIS DE LA
SEGURIDAD SOCIAL PANAMEÑA
Hildebrando Araica A.*
* Demógrafo, investigador asociado del CELA y funcionario de la Caja de Seguro Social entre 1982 y 1991.
Según expertos en la materia, existe una situación financiera crítica en la seguridad social de
cualquier país cuando en el presente, o en el futuro previsible, la factibilidad de cumplir compromisos,
depende esencialmente de escoger entre la elevación de contribuciones hasta un nivel que rebasa lo que
económicamente se ha pensado como razonable, una reducción de beneficios, o una combinación de tales
opciones. De acuerdo con los datos que se dan a conocer de las finanzas de la rama de pensiones de
Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS), las tendencias y prácticas que
convenía vigilar, evaluar y ajustar responsable y sistemáticamente, fueron ignoradas y ahora tal situación
crítica debe ser enfrentada insoslayablemente por los pilares de la seguridad social: trabajadores,
empleadores y gobierno, buscando compromisos y consenso y evitando posiciones
intransigentes. La solución a los problemas financieros de la rama de IVM no parece
pasar actualmente por reajustes dentro de las otras ramas y programas de la
seguridad social panameña. Había, y hay necesidad de corregir tendencias de gastos,
administrar y controlar escrupulosamente, ajustar a los egresos el cobro de ingresos
de cada rama y programa, según la naturaleza de su régimen financiero, y vigilar su
equilibrio, así como sopesar la ventaja o desventaja de recurrir a nuevas fuentes de ingresos o a mecanismos de ahorro intrínsecos en ciertas modificaciones a los
requisitos para ejercer derechos, a fin de resolver desequilibrios financieros.
Factores demográficos y económicos condicionantes
de la evolución de la seguridad social Cuando se instituyó la seguridad social, hace ya más de 60 años, la mortalidad
general y la fecundidad de la población eran elevadas y relativamente constantes. Los valores de esperanza de vida eran bajos y no implicaban, en el corto, ni mediano
plazos, amenazas a equilibrios financieros de una rama de pensiones prácticamente
sin compromisos, tanto por su fase inicial de vida, como por la limitada extensión de
su cobertura. Pero, en seis décadas transcurridas, han concurrido fenómenos que afectan la evolución de la seguridad social. Panamá ha pasado de una etapa incipiente
de su transición demográfica a una etapa plena, acompañada de un progresivo
envejecimiento de su población, producto de disminuciones de su mortalidad y,
especialmente, de su fecundidad. Por otra parte, al transcurrir el tiempo, se avanzó en el camino hacia la universalidad de la protección de la población trabajadora y hacia
la maduración del régimen, que se ha ido manifestando con tendencias a aumentos
relativos mayores de la población en edad de retiro, que de la población activa que
cotiza. Es cierto que inicialmente el proceso de envejecimiento demográfico produce
una estructura de edades que en un ambiente económico favorable a la absorción de
mano de obra pudiera resultar beneficioso; pero si ese entorno no existe y en su lugar prevalecen políticas de flexibilización de la mano de obra, con su secuela de empleo
precario sin protección social y remuneración baja, el resultado es, además de la
frustración de jóvenes, elevados niveles de desocupación, que se traducen en débiles
incrementos de ingresos de la CSS. El asunto no es simple. Más bien, es complejo. Luego, la concurrencia de
fenómenos demográficos como la prolongación de la longevidad, disminución de la
fecundidad, envejecimiento de la población, nupcialidad precoz, concentración urba-
na, entre otros, constituyen factores que configuran problemas de la seguridad social.
Por otra parte, los ritmos de variación de la economía, el desempleo, los niveles de
salarios y de precios y la tasa de interés, junto a los factores que los determinan, son variables que influyen en los ingresos requeridos para ejecutar los programas de la
CSS. Así, resulta que la capacidad de atención de demandas de ciertos servicios
directos a población derechohabiente, puede ser afectada por los montos de ingresos y
la solvencia financiera necesarios para hacer frente a obligaciones. Naturalmente, los
elementos señalados han podido y pueden ser relacionados a través de modelos de simulación que podrían proveer juegos de resultados de utilidad en debates serios
sobre situaciones y perspectivas probables y para el análisis de decisiones.
Por lo tanto, es necesario e inaplazable que todos los trabajadores del país,
activos y pasivos, incluyendo a aquellos aún no incorporados al régimen del Seguro Social, conozcan cómo cumple la Caja de Seguro Social su tarea en la sociedad. Esto
es, cuáles son los servicios que presta la institución, los lugares y recursos disponibles, la naturaleza y características de los fondos que permiten financiar esos
servicios, así como sus fuentes y flujos determinados actuarialmente y ordenados
jurídicamente. Este conocimiento es fundamental porque la Caja es una organización
de servicios y como tal no existe para sí misma, sino para beneficio de sus
derechohabientes. También porque sus servicios tienen una naturaleza social, que
concierne a individuos, a seres humanos con necesidades y lógicamente interesados en su funcionamiento y fortalecimiento para procurarse seguridad ante ciertos riesgos.
Esto debiera significar a los asegurados sentirse estrechamente envueltos y comprometidos en sus relaciones con la institución, a través de derechos y obligaciones. Ellos todos: trabajadores y empleadores, tienen que saber el destino y
uso de sus cuotas. Desde luego, los funcionarios con responsabilidad política y
legislativa están obligados a conocer todo eso y mucho más. Hay que informarse sobre los programas de trabajo, los recursos financieros,
humanos y físicos asignados a los mismos y su justificación; sobre las ramas de la
seguridad social, sus problemas y perspectivas y su financiación. Solamente así se logrará comprender que toda legislación en materia de seguridad social requiere previamente el aval de análisis técnico-actuarial correspondiente que garantice la viabilidad financiera de cualesquier deseo o intención, interés o propósito. La maestra experiencia ha enseñado dolorosamente que sin conocimiento e información válida,
cualquier buen deseo o intención puede convertirse en improvisación de graves
consecuencias para la protección de las actuales y futuras generaciones. Las decisiones legislativas adoptadas en torno al destino de la segunda partida del décimo tercer mes, que se paga a los trabajadores, constituyen prueba de lo antedicho.
En efecto, al concebirse la Ley 15 de 31 de marzo de 1975, por la cual se
modificaría la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, se introducían mejoras sustanciales a las prestaciones, que demandaban su correspondiente financiación. Se
consideró entonces una contribución directa igual de parte de empleadores y de
trabajadores para financiar los beneficios contemplados en la rama de Enfermedad y Maternidad, así como la posibilidad de utilizar, además, la segunda partida del décimo tercer mes como medio de financiamiento de las mejoras en las pensiones del seguro
de IVM.
Después de formularse las consultas correspondientes y haberse discutido y analizado con las organizaciones de trabajadores y de empleadores del país, se
introdujo en la Ley Orgánica, a través de la Ley precitada, el siguiente texto relativo a
los ingresos de la Caja:
Las cantidades correspondientes a la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes, que
será pagada por los Empleadores particulares y por Estado, las cuales serán destinadas exclusivamente para el seguro de Vejez, Invalidez y Muerte [inciso (m) del
artículo 31]. A raíz de esta decisión se dieron las siguientes mejoras:
Prestaciones vigentes al 31 de Marzo de 1975
- Aumento de 30 balboas a las pensiones de vejez e invalidez
- Aumento de 30 por ciento a las pensiones de sobrevivientes (viudas, huérfanos,
padres)
- Aumento de 100 por ciento a las asignaciones familiares
Prestaciones que se concederían a partir del 1 de Abril de 1975
- Aumento del límite mínimo de la pensión de invalidez y de vejez, de 60 a 90 balboas.
- Aumento del límite máximo de la pensión de invalidez y de vejez de 500 a 1,000
balboas.
Nuevo método de cálculo de pensiones
- El monto básico de la pensión de vejez e invalidez varió de 50 a 60 por ciento del
salario promedio básico.
- El salario promedio básico sobre el que se calcula la pensión varió del promedio de
los 10 a los 5 mejores años dentro de los 15 últimos años de cuotas. [Cabe precisar que a raíz de aumentos de cuotas establecidos en la Ley 2 de 23 de
febrero de 1981 se produjeron nuevos beneficios, incluido el método de cálculo de las pensiones]
Obviamente, las reservas comprometidas por los beneficios acordados en la Ley 15 de 1975
tenían el respaldo del ingreso proveniente de la segunda partida del décimo tercer mes. Como ya queda dicho, todo beneficio en materia de seguridad social tiene costos
que deben estar respaldados por los ingresos correspondientes. Cuando ello no ocurre,
surgen situaciones deficitarias que plantean el dilema de afectar desfavorablemente
beneficios otorgados, o por adquirir, o decidir aumentos de ingresos (¿cuotas?) para
enjugar déficit. Esta verdad evidente fue soslayada cuando intereses políticos
prevalecieron sobre razonamientos técnicos al decretar el Consejo Nacional de Legislación en su Ley 17 de 22 de Agosto de 1983 que:
“La Segunda Partida del Décimo Tercer Mes que debe pagarse a los trabajadores
del Sector Público y Privado el 15 de agosto de cada año, será entregada por el
empleador directamente al trabajador a partir del año 1984” Esta decisión legislativa significó mutilar en por lo menos 20 por ciento el
financiamiento de la rama de pensiones de IVM. Desde entonces la Caja ha venido cumpliendo los pagos
de compromisos sin contar con el correspondiente respaldo financiero. Ello estuvo siendo posible sólo al
precio de debilitar la reserva para no arriesgar la adopción de decisiones de alto costo político y social.
Es inimaginable, por ejemplo, la reacción que produciría en los trabajadores cotizantes el eventual
anuncio que ¡desde ya! las pensiones de invalidez y vejez que se concedan serán reducidas en 30 balboas,
que la pensión máxima será reducida en 500 balboas, que el monto de la pensión de sobrevivientes será
reducida y que las asignaciones familiares sufrirán recortes de 10 balboas las esposas o compañeras, y de
5 balboas los hijos menores. Sin embargo, ¡este es el costo de no aportar lo comprometido para percibir
beneficios que no fueron abolidos! Y quizá algo más caro. Se pospuso por demasiado tiempo encarar el
problema financiero originado políticamente y que no tiene solución, ni divina, ni mágica. La disyuntiva
es: o se paga por el beneficio, o se pierde el mismo. Si se descarta lo último, hay que enfrentar lo primero.
¿Cómo hacerlo?
Esas costosísimas improvisaciones han contribuido, en gran medida, a la crítica situación financiera
por la cual atraviesa la seguridad social panameña. Otros factores también han participado. Cabe citar los
desgreños administrativos vinculados a inversiones de la reserva de IVM en planes de viviendas que
resultaron en escándalos y pérdidas cuantiosas. También han erosionado los ingresos de esa rama la
morosidad y evasión patronal en el pago de las cuotas. La precariedad en el empleo formal, ligada a la
política de flexibilización de la mano de obra, ha venido impidiendo, por otra parte, recaudaciones de
ingresos por pago de cuotas de empleadores y trabajadores. El aumento de la longevidad, tanto
masculina, como femenina, ha significado sistemáticamente crecientes obligaciones financieras, resultado
de brechas mayores entre la efectiva duración de la vida y las edades de retiro. Las finanzas de otros
programas de la seguridad social se han visto afectadas también por el desmesurado crecimiento y costo
de la burocracia, este último no ajeno a conquistas y presiones laborales envueltas en escalafones;
aumentos de precios de insumos y de medicamentos, encarecimiento de la atención intra-hospitalaria de
larga estancia, vinculada a demandas crecientes generadas por el progresivo envejecimiento demográfico
y también incrementos de demandas de usuarios afectados por situaciones económicas que, en
circunstancias más favorables, se atendían en instalaciones privadas.
Ahora bien, el aumento de recursos reales para enjugar un déficit actuarial y garantizar el pago de
compromisos vigentes y por adquirir, según el régimen financiero aplicado actualmente, puede suponer la
adopción de decisiones dentro del esquema tradicional de financiación de la seguridad social, cuyo
consenso necesario no se vislumbra fácil alcanzarlo. Además de mayores contribuciones tripartitas
efectivas, a lograrse mediante compromisos insoslayables, habrá que explorar la factibilidad de opciones
de mejoramiento de rendimiento de inversiones. Por ejemplo, aumentos de la tasa de interés de valores
del Estado invertidos por la Caja, transformación del perfil de las inversiones financieras, aportes nuevos
del Estado originados en impuestos especiales o contribuciones, v.g., alguna proporción de los ingresos
generados por la operación del Canal interoceánico ( con lo cual se avanzaría realmente en la promesa de
dar a esa obra el “mayor uso social”, alguna proporción de los aranceles aplicables a la importación de
artículos suntuarios, o cierta proporción de algún nuevo impuesto, como a la exportación de capitales
(remesas al exterior de utilidades de empresas de inversión directa extranjera).
Se podrá aducir que las necesidades financieras del Estado no dan cabida al optimismo para
concretar en breve algunas de las posibilidades mencionadas, pero alguna de esas opciones, o similares,
tendrán que ser examinadas en el proceso de enfrentamiento de la crisis financiera de la seguridad social
panameña. Por otra parte, dada la cerrada oposición de trabajadores a aumentos de sus cuotas, cabrá
precisarles que han venido recibiendo beneficios desde 1975 sin respaldo financiero, desde 1982, por
falta del ingreso de la segunda partida del décimo tercer mes al fondo de IVM. Sus actuales y posibles
beneficios futuros como pensionado dependen de ese ingreso. Si de tal examen emergiera el consenso de
que es preferible volver a contribuir al financiamiento de la rama de pensiones de IVM con la totalidad de
la segunda partida del décimo tercer mes, sería evidente que también los trabajadores del Estado tendrían
que aportar y, consecuentemente, cobrar esa bonificación. Por otra parte, si se considerara generar un
ingreso nuevo para IVM a partir de la deducción de la cuota obrero-patronal a todos los pagos del décimo
tercer mes, esta suma podría equivaler a 1.5 por ciento de los salarios en los casos de los trabajadores del
sector privado y a un poco menos en el caso de los servidores públicos. Esta posibilidad, que implicaría el
pago del décimo tercer mes a los servidores públicos, contribuiría a enjugar el déficit y haría menos
penosas otras decisiones complementarias que parecen inaplazables. Por otro lado, la eliminación de la
disposición fiscal que faculta a los empleadores a deducir del pago del impuesto sobre la renta las
cantidades aportadas al financiamiento de la seguridad social, además de hacer real su contribución a éste,
significaría al Estado ingresos de los cuales se priva, que podría dedicar, por ejemplo, a aumentar su
aporte a la seguridad social y a fortalecer al sector salud público. Esto parecería lo más justo porque el
modus operandi actual hace recaer sobre el conjunto de los consumidores (a través de impuestos al
consumo) parte de lo que el Estado asume en la realidad del financiamiento de la seguridad social y que
es dejado de percibir por la deducción antes aludida que hacen los empleadores en el pago del impuesto
sobre la renta. ¿A cuánto puede ascender esas cantidades? También cabe igualar las edades de retiro de hombres y mujeres,
gradualmente. Por ejemplo, en un período de 15 años podría lograrse, aumentando a 58 años la edad de retiro de la mujer en el
año 2008, 59 en 2011, 60 en 2014, 61 en 2017 y 62 en 2020.
Para encarar el presente difícil y el futuro menos halagüeño aún, será necesario que cada parte
reconozca el valor de su beneficio y el costo que trae aparejado recibirlo, evite confrontaciones estériles y
se proponga y comprometa a contribuir responsablemente a mantener y fortalecer el sistema de seguridad
social buscando el bien común en una sociedad libre, progresista, justa y solidaria. Es necesario descubrir,
entender y reconocer el principio de solidaridad inherente a la seguridad social (y que ésta es un derecho
humano básico): los aportes de la población activa financian beneficios de la población inactiva; los
trabajadores sanos aportan para financiar prestaciones a enfermos (coticen o no)...¡Hoy por ti, mañana por
mí! Se requerirá el mayor esfuerzo en tratar de responder a los siguientes lineamientos de política:
Solidaridad, equidad y universalidad Estos principios deberán guiar la ampliación de coberturas e igualación de tratos mediante la
aplicación de sistemas y leyes uniformes.
Seguridad, liquidez y rentabilidad social y económica de inversiones
Proteger y reproducir recursos a base de inversiones acordes con criterios de seguridad, rendimiento,
liquidez y de promoción del desarrollo nacional, ajustadas siempre a la ley.
Ajuste dinámico entre demandas y beneficios
conforme a la ley y a las finanzas
Conceder beneficios y extender alcance de los mismos, o modificarlos, solamente basándose en
previos y correctos estudios actuariales y técnicos, de conformidad con la capacidad financiera de la
institución, o sea, sin comprometer su liquidez, ni su solvencia.
Prestar directamente y en instalaciones propias los servicios, según la capacidad financiera de la
institución y la demanda efectiva de la población derechohabiente.
Coordinación y rendimiento de recursos
Usar eficaz y coordinadamente recursos dirigidos a proteger integralmente la salud de la población.
Comprometer a toda la sociedad en la lucha contra accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales, así como contra daños que conducen a la invalidez, mediante acciones armónicas de
prevención, protección, rehabilitación y la promoción de ambientes favorables, tanto en los lugares de
trabajo, como de residencia.
Mejorar rendimiento de personal y de equipo por medio del uso correcto del tiempo, implantación de
sistemas eficientes de referencia de pacientes y adecuado mantenimiento.
Adecuar disponibilidad y formación de personal a la necesidades de la población y a los programas dirigidos a su atención.
Responsabilidad patrimonial
Vigilar y controlar el uso debido de bienes y haberes de la institución.
Asegurar la máxima calidad, al menor precio, en el plazo más corto, en la adquisición de
medicamentos, equipos e instrumental médico-quirúrgico y de otros insumos, de conformidad con la ley y
con normas técnico-administrativas de comprobada efectividad.
Asegurar el suministro oportuno, eficiente y adecuado de medicamentos, equipos e instrumental
médico-quirúrgico y de otros insumos, así como el correspondiente almacenamiento y mantenimiento.
Mantener una administración financiera de honestidad a toda prueba, ágil y creativa, que reduzca
morosidades, elimine posibles fugas y gastos superfluos y acreciente masa de recursos, mediante
cumplimiento estricto de la Ley Orgánica y de sus reglamentos.
Transparencia informativa
Mantener el flujo de información requerida por los programas y por los usuarios para reforzar la
conciencia sobre los derechos y deberes que gobiernan la relación con la seguridad social.
Dirección y orientación en los debates de la crisis En época reciente, muchas personas han expresado opiniones en relación con la situación y
perspectivas de la seguridad social, particularmente de su rama de IVM. Es bueno que así haya sido.
Ciertamente, no es necesario ser prelado para tener opiniones sobre religión, ni economista o historiador
para emitir juicios sobre situaciones o cursos de determinados fenómenos sociales, como cierto tipo de
deudas.... Y es que la construcción de conocimiento demanda la expresión libre, responsable y razonada
de ideas y opiniones. Se podrá decir que quizá no sea suficiente, pero poca duda cabría existir de que sí es
necesaria.
Pero también es necesario y deseable, a veces, que quienes no sepan, callen y que quienes sepan
comuniquen su saber para así depurar y enriquecer el debate y hacer éste tanto más eficiente como justas las
decisiones que emanaran de sus conclusiones o recomendaciones. Entre la lluvia de declaraciones, comentarios e interpretaciones
en torno a la crisis de la seguridad social se han producido planteamientos sensatos y hasta lúcidos que, aunque a veces teñidos por
ciertos prejuicios, revelan al menos que quienes los profieren saben de lo que hablan. Pero también ha soportado el país, en medio
de ese aguacero de comentarios , pronunciamientos y presagios, cada disparate y declaraciones sin fundamento que revelan sólo
audacia, afán de figuración, sin faltar caso de ignorancia supina.
Ante las complejidades inherentes, por ejemplo, al financiamiento y funcionamiento de un seguro de
invalidez, vejez y supervivencia, en un régimen nacional de seguridad social, las informaciones que
sustenten argumentos no pueden ser tendenciosas, ni erróneas, so riesgo de generar o agudizar
desconcierto, malestar y presiones anormales. Un asunto de tanta envergadura en el presente y futuro de
la sociedad panameña, reclama:
-Que se tenga conocimiento de la materia examinada.
-Que la información básica que se maneja sea completa y correcta.
-Que la interpretación de la información sea objetiva.
-Que la metodología de análisis sea apropiada y los supuestos considerados sean
plausibles y apoyados en la experiencia y la razón.
Sin la observación estricta de esas cuatro consideraciones, existirá el peligro de hacer uso incorrecto
de información, o un abuso de ella. La información debe estar revestida siempre de validez y de seguridad
para que pueda expresar lo que se propone decir y para que sea coherente, lo mismo que el discurso
basado en ella. Algunas veces hay quienes sostienen que con la información estadística puede hacerse
cualquier cosa. Sin embargo, debe comprenderse que sólo podrá hacerse cualquier cosa con la
información, si la misma fuese objeto de abusos o incorrecciones nacidas de la ignorancia, negligencia o
picardía. Desde hace mucho tiempo se ha sentido la necesidad de llevar a cabo una labor docente en
diversos aspectos del campo de la producción, presentación, divulgación y uso de información en la
seguridad social, en general, y en la vinculada a equilibrios financieros de sus ramos, en particular.
Ningún profesional mejor capacitado, teóricamente, para llenar ese vacío que el actuario. Su debida
amplia visión general del contexto de la seguridad social basada en el necesario conocimiento de la ley,
estadística, contabilidad, finanzas, demografía, economía y de otras disciplinas y técnicas, le conferiría
un papel orientador insoslayable. Se espera de este profesional que entre sus tantas tareas complejas, vulgarice o difunda
sencillamente conceptos relativos a hechos cuyas dimensiones y variaciones observadas (o futuras probables) dan lugar a la
consideración de modificaciones en esquemas de prestaciones y de política en la seguridad social.
¿Qué es la seguridad social, por qué y para qué existe? ¿Cuál es la diferencia entre el seguro social y
el seguro privado? ¿Cómo se financia en Panamá la seguridad social? ¿Cuáles son sus ramas? ¿Cómo las
administra?¿Qué es un fideicomiso? ¿Cuáles, por qué y cómo los administra (o ha administrado) la Caja?
¿Qué es una reserva actuarial? ¿Cómo se constituyen, según la Ley Orgánica, la “reserva técnica general”
y la “reserva matemática” y cuáles son sus situaciones y perspectivas? ¿Qué son los “capitales
constitutivos”? ¿Qué es la esperanza de vida? y ¿Cómo influye su evolución en el costo de prestaciones?
¿Qué es la tasa de interés y cómo influye en estimaciones de capitales constitutivos? ¿Qué es un déficit
actuarial? ¿Cuáles pueden ser sus causas? ¿Cómo se enjuga un déficit actuarial? ¿Cuándo existe (o no)
iliquidez? ¿Qué indicadores pueden utilizarse para calificar esa situación? ... ¿Cuándo existe una crisis
financiera en la seguridad social?
Si todas estas interrogantes, más otras que estarían concatenadas, fuesen respondidas en forma sencilla y
correcta, asociándolas a la realidad existente, o probable en el futuro según supuestos admisibles, habría
un clima apropiado para un debate sereno, reflexivo y productivo en torno al futuro de la seguridad social
panameña. Sin desdén alguno hacia la competencia u opinión de actuarios foráneos, cuyos juicios
pudieran ser muy útiles, el sentimiento nacional clama porque el debate sea enriquecido también con el
pensamiento y la voz de panameños. ¡Que se manifiesten y cumplan su papel en el debate los actuarios
nacionales!
Austin, Herbert George Nelson. El acuerdo Arias Cerjack-Watt. En: Revista Tareas, Nro. 119, enero-abril. CELA, Centro de Estudios Latinoamericanos, Justo Arosemena, Panamá, R. de Panamá. 2005. pp. 113-122. Disponible en la World Wide Web: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/tar119/nelson.rtf
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EL ACUERDO ARIAS
CERJACK - WATT
Herbert George Nelson Austin*
*Escritor panameño residente en México.
Las concesiones proporcionadas al gobierno norteamericano que vulneran la
soberanía nacional y que eran consideradas ilegales no se detuvieron en los acuerdos
Becker. Aparte del estatus especial que se les otorgó a los elementos norteame-ricanos que participaran en territorio panameño en algún operativo de saneamiento ambiental del canal, tipo fuerzas visitantes, ahora Panamá renunciaba a entregar a la Corte Penal Internacional a ciudadanos norteamericanos que cometieran delitos de genocidio, lesa humanidad, agresión y de guerra en su territorio.
El tribunal internacional, conocido como Corte Penal Internacional, fue creado el
17 de julio de 1998 por 120 países dentro del marco de las Naciones Unidas, con el propósito de poner fin a la impunidad y permitir investigar y juzgar a criminales en
otros países sin el consentimiento de la nación en donde se cometió el delito. El
documento que sirvió de fundamento para la creación de esta corte internacional se
denominó Tratado de Roma.
Pocos días después de que el presidente de EEUU, William Clinton, firmó el Tratado de Roma, surgieron fuertes críticas de parte de algunos legisladores
norteamericanos. Consideraron, estos legisladores, que la Corte Penal Internacional
era un instrumento que vulneraba la política de seguridad nacional de EEUU y le restaba
autoridad al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y al veto de EEUU en el seno del Consejo.
Uno de los críticos más radicales en contra de la creación de la Corte Penal
Internacional, el influyente congresista Jesse Helms, argumentó que dicha corte no había definido claramente el concepto criminal de “agresión “. Agregó que si esta corte
hubiera estado operando durante la invasión a Panamá en 1989 habría podido sentar
a EEUU en el banquillo y acusarlo de “crimen de agresión” y “genocidio”.
Esta Corte pretende someter a juicio la política de seguridad nacional de EEUU. ¿Pueden ustedes imaginar lo que habría ocurrido si este tribunal hubiera estado ya en funcionamiento durante la invasión estadounidense a Panamá? ¿o la de Granada? ¿o el bombardeo de Trípoli? En ninguno de estos casos EEUU solicitó el permiso de las Naciones Unidas para defender nuestros intereses. Y mientras yo siga respirando, EEUU nunca permitirá – y repito, nunca – que sus decisiones sobre seguridad nacional sean juzgadas por una corte penal internacional.” (Este artículo se publicó en el Financial Times, de Londres, en su edición del 31 de julio de 1998. Jesse Helms, “Votar en contra de la Corte Penal Internacional no es suficiente”. Traducción y edición electrónica realizada por el Equipo Nizkor, en Madrid a 8 de agosto de 1998.).
Como conclusión a sus argumentos en contra de la participación de EEUU en la
Corte Penal Internacional, Helms calificó a éste organismo como un monstruo y
propuso “descuartizarlo antes de que crezca y acabe devorándonos”. Años después, EEUU retiró su firma del tratado que creó la Corte Penal
Internacional, bajo el argumento de que sus tropas podrían ser víctimas de juicios
arbitrarios en territorios ajenos y emprendió medidas concretas (acuerdos bilaterales
con otros países) para ir limitando el poder de la Corte Penal Internacional. Esta
decisión fue transmitida al Secretario General de las Naciones Unidas el 6 de mayo del
año 2002:
Por la presente, le comunico, en relación con el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional adoptado el 17 de julio de 1998, que Estados Unidos no tiene la intención de ser parte en el tratado. Por consiguiente, Estados Unidos no tiene obligación legal alguna derivada de su firma el 31 de diciembre de 2000. Estados Unidos solicita que esta intención de no devenir parte [en el tratado], tal cual se expresa en la presente carta, sea reflejada en los listados de los depósitos relativos a este
tratado. (Texto de la carta, fechada el 6 de mayo de 2002, dirigida al secretario general
de las Naciones Unidas por el subsecretario de Estado para Control de Armas y Seguridad Internacional, John R. Bolton. Bureau of Public Affairs, U.S. Department of State, May 6, 2002. Traducción al español de la versión original en inglés realizada por el Equipo Nizkor)
El 12 de junio de 2003, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas había
renovado la resolución 1422, aprobada el 12 de junio de 2002, mediante la cual se
impedía a la Corte Penal Internacional iniciar o proseguir investigaciones en contra de
los nacionales de Estados que hasta entonces no habían ratificado su estatuto, que
fueran sospechosos de haber cometido crímenes de genocidio, lesa humanidad y guerra, cuando hubieren hecho en el contexto de una operación de mantenimiento de
paz, promovida o autorizada por el consejo de seguridad. Este mecanismo de
renovación ordenaba a la Corte Penal Internacional suspender por un plazo de 12
meses cualquier investigación o enjuiciamiento que se hubiese iniciado.
Doce días después de renovarse dicha resolución, EEUU dio otro importante paso
en su intento por limitar el poder de la Corte Penal Internacional. Firmó con varios países, incluyendo a Panamá, acuerdos bilaterales para sustraer del ámbito de la
Corte Penal Internacional a sus ciudadanos que pudieran ser acusados de ciertos
actos penados por la justicia penal internacional.
La noticia se divulgó durante la visita que hizo a EEUU la presidenta Mireya
Moscoso, del 24 al 27 de junio del 2003. La existencia del acuerdo fue revelada por
la Casa Blanca a través de un vocero que señaló, el 26 de junio del 2003, que en la reunión que sostuvieron ese día los dos mandatarios, el presidente George W. Bush
agradeció a la presidenta Mireya Moscoso el apoyo del Gobierno panameño a la
posición de EEUU con respecto a la Corte Penal Internacional
EEUU se valió del artículo 98 del reglamento que se refiere a una disposición que
permite que los países signatarios de la Corte Penal Internacional, celebren acuerdos bilaterales para negar la jurisdicción de ese tribunal en determinados casos. EEUU se
oponía a que sus funcionarios y soldados estuvieran sujetos a ser enjuiciados por la
Corte Penal Internacional y había logrado, hasta ese entonces, que cerca de 45 países
firmaran “acuerdos bilaterales de inmunidad” como el que acababa de firmar con Panamá. (Betty Brannan Jaén, “Gobierno defiende acuerdo con EU”, La Prensa,
domingo 29 de junio de 2003). A los periodistas panameños que cubrían la visita de la presidenta a Estados
Unidos, les causó extrañeza que dicho acuerdo no hubiese sido informado antes en
Panamá a través de algún vocero del Gobierno. Mayor extrañeza causó al pueblo
panameño al enterarse la del acuerdo. El catedrático de derecho Miguel Antonio
Bernal, se refirió al aspecto secreto del acuerdo señalando que: “sin haber informado a
la población, constituye una flagrante violación al estado de derecho y además atenta directamente contra la recién creada Corte Penal Internacional”. (Juan Manuel Díaz C, “En
„secreto‟ firman acuerdo con EU. Denuncia el catedrático Miguel Antonio Bernal.”, en El Panamá América, sábado 28 de junio de 2003.).
Llevar a efecto este tipo de convenio, de esta manera, confirmó que el gobierno de
Mireya Moscoso no conducía “los asuntos de la nación” con la transparencia que
ameritan los temas de esta naturaleza. Demostró, una vez más, el desprecio que sentía por la opinión del pueblo panameño. El negociar y firmar en secreto acuerdos
internacionales, para luego presentarlos a la ciudadanía como un hecho cumplido, se
constituyó en un estilo característico de este gobierno. En este sentido se refirió a dicho acuerdo el editorial del periódico El Panamá América:
Por un lado, la connotación de desprecio al principio de transparencia en el manejo de los asuntos de la Nación del que ya nos tiene colmados este gobierno y, por el otro, la vergonzosa participación de Panamá en la configuración de una situación de privilegio
inaceptable para la potencia del Norte en menoscabo de las más pequeñas. Este proceder muestra el menosprecio de que viene haciendo gala en temas que conciernen y comprometen a las presentes y futuras generaciones, frente a lo cual la ciudadanía debe ser informada y consultada previamente, en vez de negociar y acordar en secreto, para luego presentárnoslo como hecho cumplido….” (El Panamá América, “Acuerdo secreto sobre Corte Penal Internacional”, Panamá, domingo, 29 de junio del 2003)
Estilo muy similar utilizó el gobierno panameño con los acuerdos Becker, negándose en todo momento a someter dichos convenios internacionales a la
aprobación de la Asamblea Legislativa. La Constitución Política panameña estipula en
el artículo 53, que a la Asamblea Legislativa le compete aprobar o rechazar los
acuerdos o tratados que pacte el Ejecutivo, precepto que fue desoído -en esos
instantes- por la mandataria.
El embajador de Panamá ante la Casa Blanca, Roberto Alfaro Estripeaut, explicó el alcance del convenio declarando que Panamá lo había firmado a petición de EEUU.
Añadió que en dicho documento se dejaba establecido que Panamá no “entregará a la
Corte Penal Internacional a los funcionarios o soldados norteamericanos en territorio
panameño que puedan estar acusados de delitos de lesa humanidad.” (Betty Brannan Jaén, “Gobierno defiende acuerdo con EU”, en La Prensa, domingo 29 de junio del
2003) Ante la pregunta de si la firma del convenio fue una precondición que le puso el
Gobierno de Bush a la mandataria panameña para poderla recibir y tratar el asunto
de un tratado de libre comercio, afirmó que esta no fue la condición, que “lo que EEUU
sí puso como condición, es que todos los países que reciben cualquiera asistencia
militar de EEUU deberán firmar un acuerdo de este tipo antes del primero de julio
próximo. Según el embajador - esa fecha tope y no el viaje oficial de la presidenta a Washington – fue lo que motivó que el Gobierno de Moscoso firmara el pacto la
semana pasada”. Además, dijo que si Panamá no hubiera firmado el acuerdo habría
experimentado problemas para recibir asistencias dela Guardia Costera y de otros organismos
norteamericanos. En otras palabras, los diplomáticos panameños aceptaron que Panamá fue forzada
a firmar el pacto debido a la coacción de EEUU. El método compulsivo utilizado por EEUU para imponer a Panamá el acuerdo
Arias Cerjack-Watt atentó contra el principio de igualdad jurídica de los Estados.
Para la mayoría de la población resultó un contrasentido que la República de
Panamá hubiera apoyado la creación de la Corte Penal Internacional, para llevar ante
este organismo a cualquier ciudadano de cualquier país que cometiera crímenes de
lesa humanidad y que ahora, con el convenio bilateral, desconociera la jurisdicción de esta corte para abordar casos de esta naturaleza. Esto significa que los crímenes de
agresión y genocidio, como los perpetrados durante la invasión norteamericana a Panamá de
diciembre de 1989, no podrán ser ventilados en una corte internacional, sino que el caso se tendría
que ventilar exclusivamente entre los dos países.
Este contrasentido implica simple y llanamente que, por un lado, Panamá jura respetar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y, por el otro, desconoce
dicho juramento al firmar el acuerdo bilateral con los norteamericanos. Para Julio
Yao, uno de los juristas críticos del convenio “los acuerdos que puedan pactar EEUU
con otros países estarían violando el Estatuto de Roma, que es un acuerdo
multinacional y que establece que los crímenes se deben perseguir en cualquier país
del mundo sin importar qué tipo de funcionario o ciudadano los cometa. Además, existe un principio siempre respetado que establece que ningún tratado de carácter
multinacional puede ser violado por un convenio que establezcan los países en forma
bilateral.” (Eduardo Martínez F., “Acuerdo con EEUU viola el Estatuto de Roma. Dice Dr. Julio Yao”, periódico El Panamá América, domingo 29 de junio de 2003).
En las actuales condiciones políticas del mundo, en el que EEUU ha emprendido
una carrera belicista usando todo su poderío militar para invadir y ocupar otras naciones para hacer cumplir sus ambiciones geopolíticas, el imperio busca crear
escudos legales para que sus ciudadanos no sean llevados a la Corte Penal
Internacional por los crímenes que cometen y están por cometer en los países en los
que intervienen. Sin embargo, la propuesta estadounidense es contraria al espíritu
del Estatuto de Roma y violatoria de varios instrumentos que el derecho
internacional ha consagrado con el elevado propósito de hacer respetar los derechos
humanos.
Si el estatuto que dio origen a la Corte Penal Internacional fue ratificado en Panamá por la Asamblea Legislativa, se deduce que el acuerdo bilateral con EEUU no
tiene ningún valor si no es ratificado por el órgano legislativo.
Ante estos señalamientos, el canciller panameño, Harmodio Arias Cerjack, aceptó
que el acuerdo que firmó con la embajadora de EEUU en Panamá, Linda E. Watt, sí
sería sometido al examen del poder legislativo y confesó que dicho “acuerdo se venía negociando desde hace dos años, que no es un acuerdo secreto, porque tiene que ir al
Gabinete y a la Asamblea Legislativa”. El 1 de julio del 2003, los periódicos El Panamá América y Crítica dieron a conocer
el contenido del acuerdo Arias Cerjack-Watt, que fue firmado el 23 de junio del 2003.
De los cinco artículos de que está compuesto el acuerdo, el primero extiende la
cobertura especificada en la Corte Penal Internacional más allá del personal militar. “1. A los efectos del presente Acuerdo, por "personas” se entiende los funcionarios
públicos, los empleados (incluidos los contratistas), el personal militar o los nacionales
de una Parte, actuales o antiguos.”
Abarca a todas las “personas estadounidenses, aunque no estuvieran cumpliendo
una misión oficial en el territorio de otro país. Sin embargo, el Estatuto de Roma y su
artículo 98 sólo aplica la exención al personal militar o a los civiles estrechamente ligados al ejército, que estén cumpliendo una misión oficial en el territorio de un
Estado
En otro párrafo del Acuerdo, se asienta que el personal militar o los nacionales de
una Parte que se encuentren en el territorio de la otra “no serán, salvo con el
consentimiento expreso de la primera parte a) entregadas ni trasladadas por ningún medio a la Corte Penal Internacional para ningún propósito, ni b) entregadas ni
trasladados por ningún medio a ninguna entidad a un tercer país, ni expulsadas a un
tercer país, con el propósito de entregarlas o trasladarlas a la Corte Penal
Internacional.”
En otro de los artículos se estipula que si se diera el caso de que Panamá tomara
la decisión de extraditar a un ciudadano norteamericano a un tercer país, Panamá no convendría en que dicho país hiciera entrega del ciudadano norteamericano a la Corte
Penal Internacional; que en estos casos, el tercer país requeriría del consentimiento
expreso del Gobierno de EEUU para poder depositarlo en poder de la Corte Penal In-
ternacional.
Al final se estipula que el tiempo de vigencia del convenio será hasta de un año después de la fecha en que una de las partes le hubiese notificado a la otra la
intención de derogarlo.
En relación con la fecha en que podía entrar en vigor el acuerdo, se especificó que
se haría “mediante un Canje de notas que confirmen que cada Parte ha cumplido con
los requisitos legales nacionales necesarios”.
Al conocerse el contenido del acuerdo Arias Cerjack – Watt arreciaron las críticas contra este pacto. En ese entonces, se dijo que dicho acuerdo era una violación del
Estatuto de Roma y que implicaba minimizar la eficacia y credibilidad de la Corte
Penal Internacional y restarle autoridad a la Corte Penal Internacional en su función
de vigilar que los crímenes de lesa humanidad no quedaran impunes. Algunos juristas
catalogaron al signatario del acuerdo, Harmodio Arias Cerjack y al resto del ejecutivo como cínicos “violadores del Derecho Internacional”. (Miguel Antonio Bernal, “Después de odio, la inmunidad”, en El Panamá América, viernes 4 de julio del 2003).
Otros ciudadanos se expresaron sobre el Acuerdo recriminando al gobierno por
haber firmado un tratado que defiende a los ciudadanos norteamericanos que violen
los derechos humanos de los panameños, y el haber cedido al chantaje de la oferta y
soborno del gobierno del presidente norteamericano George W. Bush. Otro aspecto central de la crítica hacía énfasis en la ocultación que el gobierno
había hecho de las negociaciones, siendo que ellos eran los representantes del pueblo
panameño y que deberían consultar y acatar las decisiones del pueblo.
Para la mayoría de la población panameña, el gobierno no tenía por qué concertar
dicho documento a cambio de unas migajas de ayuda militar; que el método utilizado
por EEUU para hacer que Panamá y otros países aceptaran sustraer del ámbito de la
Corte Penal Internacional los casos de ciudadanos norteamericanos que hubiesen
cometidos crímenes de lesa humanidad como el genocidio, la agresión y la tortura, era
una expresión de arrogancia imperial y de coacción. A pesar de la presión y chantaje desplegado por EEUU sobre otras naciones para
que concertaran también pactos de inmunidad, varias naciones de Europa y de
Suramérica se opusieron a las pretensiones norteamericanas. Además, expresaron su
determinación de mantener en alto la dignidad del país aunque esto implicara dejar de
percibir las migajas de ayuda militar que hasta ese entonces les proporcionaba el gobierno norteamericano.
El 2 de julio de 2003, EEUU procedió a congelar 48 millones de dólares en ayuda
militar a 35 países, por no suscribir acuerdos bilaterales como el que había
concertado con Panamá. La organización de derechos humanos Human Rights Watch
(HRW) protestó por esta medida, criticando a la administración Bush por usar
“tácticas de matón para conseguir que otros países se comprometan a no extraditar nunca a esta Corte a ciudadanos estadounidenses que estén en su territorio”. (Efe, “EU suspende ayuda militar a 35 países”, en El Panamá América, martes 2 de julio del
2003)
En Panamá, durante los meses de julio y agosto, poco se habló sobre el pacto Arias
Cerjack –Watt, pues había que esperar los resultados que arrojara la Asamblea
Legislativa que en septiembre, en sesión plenaria, tendría que determinar si ratificaba o no este acuerdo. Sin embargo, un sondeo realizado al presidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa, reveló que algunos legisladores
podrían ser presionados para ratificar el acuerdo, bajo la justificación de que en un
futuro Panamá podría “necesitar de la ayuda militar de EEUU para enfrentar el
conflicto armado de los grupos guerrilleros que operan en la frontera con Colombia”. (Víctor D. Torres, “Justifican convenio Panamá-EU”, La Prensa, domingo 13 de julio del
2003).
Espinoza Suira, José Angel. Soler: una referencia Panameña ineludible en el estudio de las ideas en “Nuestra América”. En: Revista Tareas, Nro. 119, enero-abril. CELA, Centro de Estudios Latinoamericanos, Justo Arosemena, Panamá, R. de Panamá. 2005. pp. 123-140. Disponible en la World Wide Web: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/tar119/suira.rtf
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HOMENAJE
SOLER: UNA REFERENCIA PANAMEÑA
INELUDIBLE
EN EL ESTUDIO DE LAS IDEAS EN "NUESTRA
AMERICA"*
José Angel Espinoza Suira**
*Conferencia dictada en el Primer Encuentro Internacional de Cátedras Martianas, efectuado en Santiago de
Veraguas del 8 al 12 de septiembre del 2003. **Profesor de Filosofía del Centro Regional Universitario de Veraguas, Universidad de Panamá.
Secuencia N°61, enero-abril 2005, revista de historia y ciencias sociales, publicada por el Instituto de investigaciones Dr. José María Luis Mora, México.
A nueve años de la desaparición física del maestro Ricaurte Soler, considero
pertinente, en ocasión de este significativo evento martiano en nuestro país,
reflexionar en torno a la importancia de la obra de Soler en el desbrozamiento de un
pensamiento panameño e hispanoamericano pionero en el estudio de la idea de
“Nuestra América”, anhelo siempre presente en la evolución traumática de las sociedades latinoamericanas que va desde la independencia del colonialismo europeo hasta lo que comenzamos a conocer desde mediados y finales del XIX como la
emergencia del imperialismo norteamericano.
Este ensayo lo realizamos con el propósito de replantear los aportes más significativos del pensamiento soleriano, tanto en el terreno de la indagación teórico-
filosófica, como en el de la construcción de una historiografía genuinamente americana: Aportes para nosotros significativos si tomamos en cuenta que las
urgencias del presente se han tornado apremiantes y cunde por doquier el pesimismo, el fatalismo, el inmovilismo, las visiones apocalípticas o, en el mejor de los casos,
dogmatismos, sectarismos o relativismos enfermizos.
El pensamiento de Soler hasta su propia personalidad estuvieron profundamente marcados por la impronta martiana. El legado martiano se observa en cada actuación
del hombre, del intelectual y del investigador que fue Don Ricaurte, como le
llamábamos algunos. Esta herencia, aunque inconclusa en su materialización bolivariana, cobra hoy inusitado vigor ante el aumento de los conflictos y la agudización de los problemas sociales en una región que se atomiza cada vez más,
gracias a los efectos de la denominada globalización y los pactos sectoriales con el imperio que, como el ALCA, Plan Puebla y los tratados bilaterales de libre comercio, se
erigen como nuevos recursos ideológicos e instrumentales urdidos por las tecnocracias
capitalistas, destinados para convertir en cosa del pasado las aspiraciones de
liberación nacional, autodeterminación, soberanía y justicia social. Por todo esto,
Martí se encuentra más vigente que nunca y, en efecto, hablar de Martí en Panamá
significa, sin duda alguna, hablar también de nuestro maestro para siempre, el Dr.
Ricaurte Soler.1
Los momentos actuales son de gran confusión e incertidumbre, en tanto que el gran capital viene propiciando a escala pla-
netaria cambios profundos en la base material y supraestructural de su sistema de dominación mundial, regional y nacional,
sobredimensionando el crecimiento científico-tecnológico y articulando los mercados para satisfacer la lógica ilógica de una racionalidad instrumental que, en lo ideológico, promueve la estandarización de gustos, el consumo desenfrenado, el egoísmo individualista, la vida disipada, sin nortes ni objetivos, y el culto a toda forma de placer. La llamada “globalización” promueve precisamente
estos anti-valores para mantenernos desarraigados, alienados y entretenidos y, sobre todo, hacernos creer que la lucha social y los
reclamos de patria y libertad constituyen “piezas de museo” o “periódicos de ayer”. Se plantea, entonces, el hacer altos epistemológicos y axiológicos en nuestra
percepción de la realidad para volver a beber de la fuente prístina de nuestro pasado glorioso, de jornadas, héroes y pensamientos que muchas veces adelantaron
advertencias, proyectos y tareas que ahora deben ser retomadas y actualizadas. Definitivamente, jamás entenderemos los eventos post-postmodernos (como ahora los
llaman) si antes no logramos encontrarnos de frente con nuestra angustia existencial, con nuestros logros, nuestros errores, nuestros héroes y continuar así la faena, muchas
veces interrumpida, de construcción de nuestra identidad y nuestro destino histórico. El pensamiento hispanoamericano del XIX y del XX continúa siendo válido en su
misión desalienadora y reconstructiva. Nos advierte precisamente de que los peligros
siguen siendo los mismos, pero, al ser estos mayormente complejos, nos propone la retoma crítica de todos estos aportes para recuperar lo mejor de su proyección visionaria, poder de diagnóstico, rigurosidad metodológica, optimismo imaginativo y prospección científica. Estos aportes sólo se quedarían en el pasado si las metas que
se trazaron y las tareas que se establecieron hubieran sido cumplidas o satisfechas.
Evidentemente, esto no ha sido así y hoy todavía acudimos a la sobrevivencia de un sistema oprobioso de dominación que pugna por mantenerse y expandirse a expensas
del atraso, subdesarrollo y explotación inmisericorde de nuestros pueblos. No
obstante, aunque esto constituye una realidad aplastante, también es cierto que los aportes de Martí y de Soler nos hablan del fortalecimiento de una ética política basada en la fe en el hombre, en el progreso material y espiritual de la humanidad, en el optimismo resultante de la lucha de los pueblos, en el acrecentamiento de un pensamiento hispanoamericano liberador y autóctono y en la confianza puesta en el ideal bolivariano de unidad de las ex -colonias españolas o “Nuestra América”, en algún
momento de todo este proceso. Diría Soler al respecto que la tarea del momento sería la de rehacer una
cosmovisión que haga justicia al requerimiento teórico y práctico que reclama la vertebración colectiva y multidisciplinaria del conocimiento, en franco compromiso con los problemas de la realidad americana. Examinar y reexaminar la realidad así como
nuestra percepción de ella es la empresa a continuar, y para ello el pensamiento pionero hispanoamericano
nos sigue ofreciendo las herramientas conceptuales, las premisas fundamentales, los recursos investigativos y las metodologías
adecuadas para llevar a feliz término este empeño vital.
Soler ya no está con nosotros, físicamente, pero sí lo está su producción y su obra, todo ello orientado
a llegar profundo en la indagación y a producir generalizaciones científicas a partir de la experiencia
concreta de la lucha de los pueblos indo-americanos. En este sentido, la cátedra martiana es oportuna
para la integración epistemológico-axiológica de todos estos aportes, porque están fuertemente
amarrados al tronco común de las gestas sociales reivindicadoras del clamor popular contra el
colonialismo de ayer y la opresión neoliberal del comercio de hoy.
Soler llevó un monitoreo permanente de cada cosa y cada evento que ocurrió en las revoluciones
nacionales y sociales de hispanoamérica y latinoamérica, en especial en la Cuba amada de Martí. Fue
un ferviente defensor de la revolución cubana y llamaba a aprender de sus enseñanzas. No fue casual,
entonces, que se propusiera asistir en el año 1995 a los actos conmemorativos del centenario de la muerte
en combate de José Martí y de la Guerra de Independencia cubana de 1895, a invitación de destacadas
personalidades del Centro de Estudios Martiano de Cuba.
Mayo de 1995 fue la fecha de este evento, importante para nosotros porque el maestro fallece
inesperadamente un 14 de agosto de 1994. Había planeado vender cierta cantidad de ejemplares de un
texto suyo sobre el canal, como apoyo económico al evento. Para este momento, ya era considerado, sin
duda alguna, uno de los intelectuales más lúcidos de “Nuestra América”. Había sido reelecto dos meses
antes de su muerte vicepresidente de la Asociación de Historiadores de América Latina y el Caribe
(ADHILAC), la cual sesionó en Querétaro, México. A la fecha ostentaba los títulos de licenciado en
Filosofía, de la Universidad de Panamá, un doctorado en Filosofía de la Universidad de París y había
pasado por cursos de Historia de América en la UNAM de México. No por casualidad había sido
también incluido su nombre en el Diccionario de las Letras en América Latina (DELAL), como figura y
personalidad literaria descollante: este diccionario fue confeccionado en Venezuela con el patrocinio de la
Fundación Biblioteca Ayacucho. Su actuación en congresos internacionales como los de Estocolmo,
Caracas, México, Lima, Sao Paulo y otros también fue notoria.
Una visión de Soler Como persona:
Miguel de Unamuno sentenció en su Sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos
que las filosofías nos interesan, no tanto por lo que proponen, sino por el hombre o mujer de carne y
hueso que ocultan. Esto cuenta de sobre manera, en tanto que los seres humanos sin excepción responden
a circunstancias de vida que determinan e inciden grandemente en la conformación de su personalidad.
En el caso del maestro lo recuerdo como un docente y un investigador austero, sobrio, de refinadas
maneras y poseedor de un rigor conceptual y hábitos de trabajo y estudio admirables. Por otra parte,
quienes lo conocieron han dado fe de su entereza moral, de su apego a los principios y de su honestidad
intelectual a toda prueba. No obstante, esa aparente rigidez de su imagen personal desaparecía al
producirse familiaridad y confianza en las relaciones y surgía así el profesor Soler, humorista y
anecdótico que mostraba preocupación en todo momento por sus estudiantes y amigos. Otros lo recuerdan
como un hombre impecable, que vestía con mucha formalidad y poseía ciertos aires de la década de
1950.
Nuestro primer contacto con él se produjo en el año 1973–74 cuando ingresábamos a los estudios
universitarios en la carrera de Filosofía e Historia. La asignatura cursada no podía ser otra que Historia
de la Ideas en América, la cual es recordada como un curso difícil donde “si entraban 20 o 25 sólo
quedaban 5 o 4 al final del semestre”. Al principio nos quejábamos de su metodología estricta, pero al
final terminábamos convencidos de que esta disciplina de estudio y trabajo era necesaria para la
interiorización de contenidos archi-complejos y lograr la capacidad de hilvanar datos históricos,
sociológicos, políticos y económicos cuyas relaciones no siempre aparecían a simple vista.
Nuestro último contacto académico con el maestro se produjo en la fase final de nuestros estudios de
licenciatura, cuando tuvimos que realizar el trabajo de graduación o tesis, la cual en nuestro caso giró en
torno al tema: “Bolívar y su concepción del Estado Nacional Hispanoamericano”. Precisamente, por los
conocimientos poseídos así como por su vasta experiencia en investigación, algunos de nosotros optamos
por elegirlo asesor del trabajo de graduación. Este fue precisamente mi caso, y nunca olvidaremos, por la
lección aprendida, que de los tres miembros del Jurado, Soler nos dio un puntaje de 98: dos puntos menos
por no haber citado la obra del Doctor Octavio Méndez Pereira, fundador de la Universidad de Panamá,
referente a Bolívar y el Panamericanismo. Había que ser exhaustivos.
En esta parte de la semblanza de su personalidad, deseo consignar un testimonio que logra captar la
opinión que el Dr. Ricaurte Soler tenía de sí mismo. En un homenaje prodigado a su persona, como
subdirector del Centro de Estudios Martianos, el historiador cubano Pedro Pablo Rodríguez nos habla de
su último contacto con el amigo Ricaurte. Fue un encuentro en México en ocasión del Congreso de la
Asociación de Historiadores de América Latina y el Caribe (ADHILAC), en el cual tuvo la oportunidad
de intimar con el intelectual panameño, que había sido reelecto en el cargo de vice-presidente.
Cuenta Pedro Pablo que en esa oportunidad se atrevió a hacerle a su amigo la pregunta de si él sabía
que, en ocasiones, su personalidad era un obstáculo para sus relaciones humanas; a lo cual contestó:
Sí, sé que no me ayudan mi estiramiento y mis modales, tan poco panameños. Los cubanos me lo
dicen y los panameños también. Pero, ¿qué le voy a hacer?. Ese es mi carácter, aunque quizás muchos
no imaginen que en realidad me gusta ver bailar, que admiro la palabra fácil y la broma ligera que a mi
no me salen, y que a mi, también, se me van los ojos tras el bamboleo de ciertas mujeres. Pero hacer todo
eso con el desenfado usual de la gente del Caribe, eso sí que no puedo, no me sale. Te repito, en eso sé
que soy poco panameño. Pero que no quepan dudas sobre mí: soy panameño total, esa es mi primera y
primordial definición como persona. Y esa ha sido la esencia de mi obra toda. ¿Mi aspiración? Que mis
lectores de hoy y, sobre todo, los de mañana, me vean así como panameño.2
Concepción de su rol en la política
Para el momento que trabamos contacto con el Dr. Soler, la década de 1970, su obra escrita y su
pensamiento filosófico y político ya había encontrado un punto de sedimentación y maduración.
Terminados nuestros estudios, la visión mantenida del maestro fue la de un docente e investigador
extraordinario, pero también la de un intelectual grandemente comprometido con la tarea de
construcción de un pensamiento político independiente, crítico y científico.
Muchos le criticábamos el no tomar partido con una militancia orgánica o partidista, adscrita a alguna
de las expresiones de izquierda conocida, pero, luego, nos convencía con su ejemplo, que su misión
estaba en el mundo de las ideas, de los conflictos conceptuales, para hacerlos expresar la acuciante y
compleja realidad de los pueblos y sus luchas libertarias.
Aunque Soler no fue político profesional se involucró en la política como un intelectual
comprometido con las causas nacionales y sociales. Su pensamiento, analítico, agudo y, a veces, irónico,
se dejaba escuchar en las aulas y pasillos universitarios, así como en los momentos de lucha estudiantil
por la democratización de la enseñanza universitaria, o por el co-gobierno universitario de profesores,
administrativos y estudiantes.
Todavía lo recordamos cuando, al toparnos en los pasillos de clases (como sabía que andábamos en
la militancia estudiantil universitaria, como dirigentes del Frente de Reforma Universitaria), se acercaba a
nosotros para darnos algún consejo, información o mostrarnos alguna bibliografía que resultara útil a
nuestro cotidiano quehacer.3
La filosofía como matriz germinal y estructural de su pensamiento
Constituye una riqueza inigualable la producción estrictamente filosófica que realizó el Dr. Soler.
Pudiéramos decir, sin exagerar, que toda su obra, sin excepción, es filosófica en el sentido amplio de la
comprensión de lo filosófico. Consignamos, a continuación, un listado de estas obras, tratando de
guardar el orden cronológico de su aparición:
- “Problemas de la Historia de la Filosofía”, Tareas N°7, junio-noviembre de 1962.
- “Sobre las direcciones filosóficas fundamentales”, Tareas N°15, abril - junio de
1965. - Modelo mecanicista y método dialéctico, Panamá, Ediciones de la Revista Tareas, 1966. Tareas N°17.
- El positivismo argentino. Pensamiento filosófico y sociológico, Biblioteca América
Latina, Buenos Aires, Editorial Paidos, S.A., 1968. - Estudios filosóficos sobre la dialéctica. (En colaboración con José de Jesús Martínez). Premio sección
ensayo, Concurso Literario Ricardo Miró, 1971, Ediciones de la Librería Cultural Panameña, 1973.
- “Causalidad en el mecanicismo y causalidad en la dialéctica”, Revista Lotería N°193, diciembre de
1971.
- “Dialéctica de universales e individuales (sobre el nominalismo)”, Revista Lotería N°194, enero de
1972.
- Materialismo e idealismo: Una alternativa. Ediciones de la Revista Tareas, 1974, tercera edición
aumentada, con apéndice analítico de Humberto Brugiati.
- “La especulación filosófica no puede apartarse de los problemas de la realidad americana”. Entrevista de
Dimas Lidio Pitty, aparecida en el diario El Día, de México, 10 de agosto de 1975. Tareas N°33,
septiembre - noviembre de 1975.
- “Consideraciones sobre la historia de la filosofía y de las sociedades latinoa-mericanas”, En Cueva, Agustín: La filosofía actual en América Latina, Grijalbo,
México, 1976. - “La Revolución francesa promovió valores humanos y democráticos que hoy tienen plena vigencia”.
(Entrevista). En Campus. Suplemento Bicentenario de la Revolución Francesa, Año 7, N°78,
Universidad de Panamá, julio de 1989.
- “Tradición, reflexión y enseñanza de la filosofía en Panamá”. Tareas N°79, septiembre – diciembre de
1991.
De todas estas obras filosóficas, Materialismo e idealismo: Una alternativa, es la más utilizada por la
mayoría de los profesores de filosofía a todo lo ancho y largo del país, indistintamente de su posición
ideológico-filosófica. Esto se debe a que los profesores han tenido que explicar las distintas escuelas
filosóficas que han existido desde el mundo antiguo hasta hoy, y esta obra, pequeña en su formato y
cantidad de páginas, constituye un trabajo de síntesis y orientación magistralmente escrita, además de
oportuna, en tiempos en que sobre esos temas predominaban los manuales propagandísticos sobre
filosofía marxista, provenientes de la hoy extinta URSS.
El profesor Soler se percató de la necesidad de un ensayo de este tipo, y más, cuando él era consciente
de que los estudios filosóficos en la Universidad de Panamá tenían una marcada tendencia europeizante,
además de ser bastante abstractos y referidos exclusivamente al estudio del “idealismo filosófico” en sus
diferentes vertientes.
Criticaba agudamente en Materialismo e idealismo... lo que observaba en las aulas de la Escuela de
Filosofía e Historia , en las cuales no se investigaba ni se trataba la realidad panameña o
hispanoamericana, sino, por el contrario, las disquisiciones giraban en torno a confrontaciones
conceptuales estériles huérfanas de contenido real.
Al respecto, sentenciaba en este trabajo: “De la confrontación de conceptos sólo surgen conceptos” y
que la búsqueda de la verdad, aislada de la práctica, ya sea individual o colectiva, deviene en un
problema puramente escolástico.4
Esta obrita, de exactamente 67 páginas, constituye la maduración de su pensamiento filosófico, el
cual venía gestándose desde los años 1962, 1964, 1965, 1966, a través de artículos aparecidos tanto en la
revista Tareas como Revista Lotería relacionados con los temas “Sobre las direcciones filosóficas
fundamentales”, “Problemas de la historia de la filosofía”, “Modelo mecanicista y método dialéctico”,
hasta finalmente lograr Materialismo e idealismo: Una alternativa. Para cuando estudiantes de mi
generación de 1973 llegábamos a la Universidad de Panamá a estudiar filosofía ya circulaba la tercera e-
dición aumentada de este trabajo, como Ediciones de la Revista Tareas, que contenía al final un apéndice
titulado “Materialismo e idealismo. Esquema analítico”, escrito por el profesor y amigo desaparecido
recientemente Humberto A. Brugiati.
Evidentemente, las ideas aquí expuestas representan una lenta sedimentación de criterios en torno a
la enseñanza de la filosofía tanto a nivel medio como universitario, la cual se encontraba imbuida hasta
los tuétanos de las diferentes variantes del idealismo filosófico. Insistirá, entonces, con mayor
vehemencia, que lo ideal, lo espiritual, lo cual no es negado, debe ser explicado a partir de la realidad
exterior al pensamiento. Hasta ese momento se propagaba en las aulas la creencia opuesta que, aunque
reconocía esta realidad exterior del mundo, la hacía derivar de un acto de creación del “espíritu divino”.
Concluía al respecto, para no dejar lugar a dudas, que estas dos direcciones filosóficas fundamentales,
“idealismo” y “materialismo”, habían sido históricamente irreconciliables y lo seguían siendo. Agregaba
que, aunque esta disputa filosófica no aparecía a simple vista en las diversas investigaciones históricas,
ésta se mantenía como supuestos a ser descubiertos y dilucidados críticamente.
Este tipo de razonamiento lo lleva a un enjuiciamiento radical del tipo de “lógica” que prevalecía en
los estudios históricos , sociológicos y culturales: Reconociendo que “la lógica formal” tendría su
derecho a existir y que pareciera como si las leyes de la conciencia cognoscente condicionan y
determinan el conocimiento del objeto, destaca, no obstante, que en la misma realidad reina “la
contradicción”, “el conflicto”, y ya con esto la “lógica formal” no puede arrogarse la pretensión de ser la
única expresión de la realidad. Importará, entonces, en Soler, no tanto la validez formal de un
conocimiento, sino la falsedad o verdad de conocimientos concretos, lo cual supone y exige otro criterio
de validación, que no puede ser otro que la actividad práctica de los hombres concretos, actuando en la
historia y haciendo la historia, de lo cual dependerá el grado de corrección o exactitud de los conceptos,
teorías o sistemas. La verdad no será, entonces, algo perenne, sino constituirá un desarrollo, una “verdad
histórica”. Con estas verdades del materialismo dialéctico e histórico a mano, finalmente tomará partido a
favor de un marxismo humanista y creador que, transformado en “guía para la teoría y la acción”
contribuya a despejar y orientar la lucha nacional y social en “Nuestra América”.
El marxismo soleriano y el problema
nacional hispanoamericano
Analistas de su pensamiento lo describen como un auténtico filósofo, en tanto que concebía la
reflexión filosófica como una empresa crítica de desalienación y profundamente vinculada con la
dilucidación de los problemas concretos de la realidad panameña e hispanoamericana. Ya lo
confirmaba en 1975, en ocasión de una entrevista que le hiciera Dimas Lidio Pittí: “la especulación
filosófica no puede apartarse de los problemas de la realidad americana”.5
Soler fue filósofo de principio a fin. Entendía que debía usar ciertos parámetros teóricos
fundamentales y su formación marxista amplia y crítica lo llevó a estructurar una cosmovisión
materialista dialéctica libre de ortodoxias y dogmatismos. Por otra parte, ya él se había percatado de que
el mismo marxismo adolecía de criterios orientadores en torno al problema nacional en la época de
emergencia del capitalismo imperialista. No por casualidad escudriñaba y volvía a hurgar en la obra de
Vladimir Lenin: “El Imperialismo fase superior del capitalismo”, la cual recomendaba grandemente a
amigos y estudiantes. Completaba esta formación la lectura, no sólo de los clásicos del marxismo y de
toda la filosofía universal, sino, sobre todo, del pensamiento hispanoamericano autóctono, el cual
siempre buscó, consultó y reinterpretó.
Llegado el momento, se percató de que inclusive este esfuerzo era limitado, en tanto que debía tomar
en cuenta la historiografía más vasta del continente entero: Por ello afirmaba ”el esfuerzo por registrar la
originalidad y las especificaciones de la historia de las ideas en América constituía una tarea insuficiente
en la medida que esas ideas no eran lo suficientemente integradas dentro del proceso total del desarrollo
histórico latinoamericano”.6
Este detalle nos parece de sobremanera importante en tanto que Soler descubre que su indagación de
las raíces de lo nacional en nuestro país durante el siglo XIX lo va conduciendo al examen de otras
especificidades en Latinoamérica. De allí que hienda también su escalpelo heurístico y hermenéutico en
los hechos relevantes de la revolución mexicana, en el proyecto de Unión Centroamericana, en el
bolivarismo venezolano, en el sandinismo nicaragüense y en otros experimentos socio-históricos que
arrojaban reveladoras luces sobre la dialéctica de la construcción del Estado Nacional
hispanoamericano. La Revolución cubana constituirá para él uno de los marcos referenciales más
importantes.
La tesis principal que orienta todo su faena reflexiva se sintetiza en la certidumbre de que en
“Nuestra América” la erección del Estado Nacional ha constituido un proceso “sui géneris” no siempre
lineal y que se aparta drásticamente del modelo europeo, que explicaba las cosas en términos de
burguesías, capitalismo y formación del Estado Nacional. Repetirá, entonces, una y otra vez que en
Hispanoamérica el Estado Nacional es burgués en su forma pero nacional por su contenido.
En otras palabras, constataba que en el caso latinoamericano, el Estado Nacional no ha sido
producto, consecuencia, sino comienzo, origen, posibilidad real de homogenización de la sociedad, desde
arriba, donde, en ausencia de burguesías industriales progresistas, el vacío de liderazgo es llenado por la
aparición de nuevos actores sociales, las clases sociales emergentes, las pequeñas burguesías
comerciales, las capas medias, los indígenas, los campesinos, etc., las cuales asumen conciencia
nacional en el seno de la lucha por el control del Estado para así propiciar la reforma social y satisfacer
las demandas concretas de las masas populares. En fin, en Soler, la conciencia nacional es construida a
partir de la conciencia social.
Esta aproximación teórica se fundamentaba también en otra certidumbre: la necesidad del examen de
los fenómenos concretos, en toda su especificidad, a partir de las clases sociales y sus luchas y
contradicciones. De toda la rica producción de textos y libros que Soler nos legara sobre estos temas, dos
de ellos recogen magníficamente la maduración de esta percepción, de manera exhaustiva y
documentada: estos son Formas ideológicas de la Nación panameña (1963) e Idea y cuestión nacional
hispanoamericana. De la independencia a la emergencia del imperialismo (1980). Este último influyó
poderosamente en el trabajo de graduación que realizamos en torno al complejo proceso de erección del
Estado Nacional Hispanoamericano a partir de la experiencia bolivariana.7
Una síntesis de las principales características de los estudios solerianos efectuados desde la perspectiva del materialismo
dialéctico e histórico nos conduce a los siguientes elementos:
- Esfuerzo sistemático de repensar el marxismo a partir de las especificidades de la realidad
hispanoamericana y panameña y no europea o norteamericana.
- Visión de la historia como una ciencia holística y estructural.
- Nominalismo social: la realidad del “Estado” no está alejada de los conflictos de clase. Existencia de
una dialéctica entre Nación-Individuo e Individuo-Nación.
- Investigación exhaustiva de los hechos sociales, políticos, económicos, culturales, etc., concretos con la
intención de arribar a premisas teóricas claras y comprensibles.
- Optimismo epistemológico y gnoseológico frente a la posibilidad real de concretar el proyecto de Idea y
cuestión nacional hispanoamericana. En esto es profundamente bolivariano y martiano, antes que
marxista.
- La teorización y acción sobre lo nacional y lo social es concebida como un “acto deliberado”,
“intencional”, donde la voluntad política individual y colectiva ayuda, da un empujón a la maduración
de las condiciones objetivas y subjetivas del cambio.
- Concepción del Estado Nacional como instancia o ente homogeneizador de la sociedad. Se manifiesta
en el caso hispanoamericano en la posibilidad real de que una instancia supraestructural, aunque vacía
de contenido y fortaleza socio-económica, pueda coadyuvar al empeño estatal-nacional y jugar un rol
reivindicador de lo social, sin que las condiciones infraestructurales estén maduras para ello.
- Creación de nuevas categorías en el análisis de los fenómenos políticos y sociales, como por ejemplo el
“bolivarismo” o el “torrijismo” de nuestra época. Manejo del concepto de “bonapartismo”, como
instancia estatal arbitral del conflicto “Nación”, “Estado”, “clases sociales”.
- Convicción de que sólo a nivel de las luchas por la erección del “Estado Nacional” se puede construir
una resistencia efectiva a los poderes imperiales del Norte Capitalista.
- Empeño dirigido hacia el usar las herramientas teóricas de un marxismo-leninismo renovado para la
construcción de una teoría de la nacionalidad panameña o una “teoría de la patria”.
Maduración de una teoría de la patria Formas ideológicas de la Nación panameña constituyó realmente la obra que recoge la maduración
de una primera fase de evolución del pensamiento soleriano. Todos los estudiosos de la obra de Soler
coinciden en esto e inclusive señalan que estas ideas comenzaron su gestación a partir de su primer
trabajo Pensamiento panameño y concepción de la nacionalidad en el siglo XIX, trabajo de graduación de
1954 que fuera prologado por Rodrigo Miró. Miró fue su segundo asesor de tesis, luego que el profesor
Carlos Manuel Gasteazoro marchara a España en 1953 a realizar una investigación en los Archivos de
Indias de Sevilla.8
Desde Pensamiento panameño... hasta Formas ideológicas... Ricaurte mostró una inquietud intelectual
singular. Lo vemos también, en el mismo año 1954, haciendo comentarios bibliográficos al ensayo de
Don Diógenes de la Rosa: Don Guillermo (Andreve) y Don Justo (Arosemena), dos hombres ante una
misma preocupación y prologando la obra del historiador Alfredo Castillero Calvo: Las luchas sociales
en el Istmo. La temática de la “cuestión” nacional latinoamericana también es abordada en esta década
de trabajo fecundo, que es denominada por algunos estudiosos de las ideas en Soler como “los años de su
juventud”. Así tenemos: El positivimo argentino (1959) y Estudio sobre historia de las ideas en América
(1961).
De Pensamiento panameño... destaca un pasaje de crítica germinal al rol de los estudios
universitarios, el cual constata la importancia que ya Soler le otorgaba a la indagación sobre la cuestión
nacional, como la llamaba: “Nuestra más alta casa de estudios es fundamentalmente panameña e
hispanoamericana: como tal, está llamada a integrar los elementos de nuestra débil estructura nacional, y
a investigar los fundamentos de la no menos débil fraternidad hispanoamericana; en una palabra, a
incrementar el sentimiento nacional como pedía Eusebio A. Morales, y a robustecer el sentido hispanoa-
mericanista como pedía Bolívar”.9
A partir de estas tempranas ideas, el maestro irá construyendo una interpretación de la realidad
panameña fuertemente fundada en una concepción del “ser” y del “deber ser” de lo nacional panameño
con miras a la formulación de una “teoría de la patria” o una “teoría de la nacionalidad” que realmente
explicara los fenómenos políticos, sociales, económicos, culturales; precisara las principales tendencias,
y, sobre todo, trazara el camino a seguir. Hasta este momento no se había producido un tipo de
especulación que integrara los muchos y variados trabajos que sobre la temática nacional y el “ser del
panameño” ya se conocían. Estos esfuerzos anteriores fueron realmente importantes y significativos, pero
la mayoría de ellos fueron elaborados desde la perspectiva del “idealismo filosófico”. No obstante, todos
ellos, por supuesto, dejaron profunda huella en su percepción crítica.10
Soler conoció de importantes y valiosas contribuciones al pensamiento político panameño. De éstas
podemos mencionar: los trabajos de Justo Arosemena: El Estado Federal de Panamá, Teoría de la
nacionalidad y Estudio sobre una idea para una liga americana; de José Dolores Moscote: Vocación
filosófica del Dr. Justo Arosemena; de Octavio Méndez Pereira: Justo Arosemena y Panamá: País y
Nación de tránsito; de Eusebio A. Morales: Meditaciones sobre la fragilidad del sentimiento patrio de los
panameños; y, por supuesto, los significativos aportes de Diógenes de la Rosa: Eusebio A. Morales,
conciencia crítica de la República y Tres de Noviembre, así como los del poeta Rodrigo Miró: Teoría de
la Patria (1947). A este respecto también es importante consignar el influjo poderoso de las ideas de tres
destacados intelectuales universitarios que produjeron una rica intelección sobre el “ser y naturaleza de lo
panameño” como lo fueron Moisés Chong, El pensamiento panameño, su trabajo de graduación, Diego
Domínguez Caballero e Isaías García Aponte, con su Naturaleza y forma de lo panameño.
A manera de conclusión
Realmente compendiar y examinar toda la obra del maestro Soler en un trabajo como este resulta casi
imposible sin que esto no nos lleve una cantidad de páginas mayor. Nos falta todavía hablar de sus
últimas obras importantes como lo fue, por ejemplo, La invasión de Estados Unidos a Panamá y El
Imperialismo en la posguerra fría. En esta última, Ricaurte continúa fiel a su espíritu crítico
investigativo y a su compromiso de filosofar e historiar la realidad concreta cerca de nosotros como
latinoamericanos y como panameños.
Desde Formas ideológicas de la Nación panameña (1971, pero sedimentada desde 1963) hasta La
invasión de Estados Unidos a Panamá (1994) podemos observar la maduración de un pensamiento crítico
fuertemente comprometido con el dilucidamiento del problema de la racionalidad del proyecto estatal-
nacional hispanoamericano y, sobre todo, del Estado Nacional panameño. El eje temático central de
estos trabajos continúa siendo el examen del fenómeno nacional, de la construcción del Estado Nacional
para resistir al imperialismo norteamericano. Por supuesto, ante el dilema “Realidad o artificialidad
histórica de la Nación panameña”, él se inclinará por lo primero, sustentando de manera prolija y
documentada que el “proceso de liberación nacional panameño” se ha ganado su derecho a existir. No
somos un invento de ningún poder exógeno, aunque nuestra clase política así lo haya pretendido o lo siga
pretendiendo. Y esta es la razón fundamental por la cual invadieron a Panamá, los Noriegas o los
militares sólo han brindado las excusas perfectas para ello. Todavía hoy no aprendemos de estas duras
lecciones que nos ofrece nuestra historia reciente. Todavía hoy seguimos creyendo en los “cantos de
sirena” del imperio y sus tentáculos financieros , militares y culturales.
Además de estos trabajos individuales, que significaron un tremendo aporte a la construcción de un
pensamiento político panameño fecundo y autóctono, quizá la mayor contribución del esfuerzo soleriano
estuvo en la fundación de la revista Tareas, de la cual fue su primer director, promotor y guía espiritual.
Arístides Martínez Ortega, precisamente, nos cuenta en su artículo “Ricaurte Soler y Tareas” las
vicisitudes enfrentadas durante la década de 1950 para la materialización de tan anhelado proyecto. Nos
habla, por ejemplo, de cómo Soler concebía la revista y del primer nombre ensayado para ella
“Quasimodo”, intentando rememorar y continuar aquella revista que dirigió el Dr. José Dolores Moscote.
El nombre Tareas quedó acordado posteriormente en una reunión donde participaron Franz García de
Paredes y César Young Núñez, quienes agregan una “s” a la propuesta original de “Tarea”.
Desde el principio hasta nuestros días, Tareas ha continuado fiel a sus objetivos fundacionales:
- Elaborar un pensamiento que dilucide e incida sobre lo concreto.
- Ver el pensamiento en su función social.
- Señalar las responsabilidades que se asumen cuando se es intelectual en Panamá,
en Hispanoamérica y en el mundo. - Servir de tribuna para la discusión de los problemas nacionales y regionales.
- Erigir un centro de documentación e información sobre el pensamiento científico-social
latinoamericano.
- Dilucidar la realidad panameña y latinoamericana en sus especificidades mediante un abordaje
epistemológico diferenciado.
- Originar y sistematizar estudios que permitan estructurar una concepción de la nacionalidad, sin
menoscabo de acoger trabajos no compatibles con la orientación general.
- Sentar las bases para la fundamentación de políticas coherentes en lo económico,
cultural, social, etc.. - Mantener viva la lucha por el perfeccionamiento de nuestra independencia.
Ahora nos toca proseguir las luchas y el ejemplo del maestro porque, como una vez dijera Martí: “De
pensamiento es la lucha mayor que se nos hace, enfrentémosla a pensamiento”.
Notas
1. La influencia y presencia del pensamiento martiano en Soler fue a todas luces palmaria. Varios trabajos recogen la continuación creativa de este legado: “José Martí: Bolivarismo y antiimperialismo”, Simposio Internacional sobre el Pensamiento Político Antiimperialista en José Martí, Memorias del Centro de Estudios Martianos, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1989. Anterior a este trabajo, entramos en 1980: “De Nuestra América de Blaine a Nuestra América de Martí”, Casa de las Américas N°119, La Habana, 1980. Posteriormente, en 1992, publica en Tareas N°82, septiembre– diciembre, un
interesante artículo titulado: “Martí y el Canal de Panamá”, pp. 47-51. 2. De Pedro Pablo Rodríguez: “Mi último encuentro con Ricaurte”. En Tareas N°89, de enero-abril de 1995,
pp.95-97. 3. Sobre su vínculo temprano con las causas del movimiento estudiantil universitario, Víctor Avila, docente
universitario, historiador y político, nos narra en su artículo “Ricaurte Soler: Un intelectual comprometido con su tiempo”, que el Dr. Soler siempre simpatizó con las causas defendidas por la Federación de Estudiantes de Panamá y el FRU. Desde 1958, con las jornadas de mayo de 1958, lo cual
le acarreó la detención por varios días en la Cárcel Modelo, hasta la huelga universitaria de agosto-septiembre de 1962, cuando la Unión de Estudiantes de Panamá frustró el intento de la “rosca universitaria”, liderada por el rector Narciso Garay, de investir al ex -presidente Ernesto de la Guardia como miembro de la Academia Panameña de la Lengua, en el Paraninfo universitario, para cubrir la
vacante que dejara el Dr. Octavio Méndez Pereira. Este testimonio también nos sitúa a Soler en el año 1963, durante el Foro sobre Reforma Universitaria que trajo a distinguidas personalidades como Gabriel del Mazo, ex –Rector de la Universidad de La Plata, Argentina; Benjamín Carrión, de Ecuador; el jurista salvadoreño Reynaldo Galindo y el pedagogo y político venezolano Dr. Luis Beltrán Prieto. Por Panamá
participaron Federico Velásquez, Francisco Céspedes y, por supuesto, el Dr. Ricaurte Soler, con su magnífico escrito: “La reforma universitaria: Perfil americano y definición nacional”, el cual fue recogido por Tareas N°9.
4. Soler, Ricaurte: Materialismo e idealismo: Una alternativa. De introducción a la Filosofía, tercera edición
aumentada. Apéndice esquemático-analítico de Humberto Brugiati. Ediciones de la Revista Tareas,
Panamá, 1974. 5. Entrevista aparecida en El Día de México, el 10 de agosto de 1975, la cual fue retomada por la revista
Tareas N°33.
6. En entrevista ya mencionada.
7. En el abordaje teórico del tema “las clases y sus luchas”, encontramos definitivamente la columna vertebral del pensar sociológico soleriano: Destacan, a nivel de la región: Clase y Nación en Hispanoamérica (Ediciones de la Revista Tareas, 1975) y a nivel de Panamá: Las clases sociales en Panamá (CELA, 1994). El título de nuestro trabajo de graduación fue: “Bolívar y su concepción del
Estado Nacional Hispanoamericano”. 8. Ver el interesante trabajo del profesor Rodrigo Miró: “Ricaurte Soler, Historiador de las Ideas”, Tareas
N°89, pp. 91-94. 9. Así se expresaba durante su discurso de graduación en la Universi dad de Panamá, el 27 de julio de
1954. Tomado de Miguel Candanedo: “Soler, Nación y Tareas”, en Tareas N°100, septiembre-diciembre
de 1998, p. 12. 10. Según el Dr. Miguel Angel Candanedo, en “Soler, Nación y Tareas”, la dirección filosófica idealista y la
metodología fenomenológica que el Dr. Diego Domínguez Caballero le imprimiera a los estudios sobre “el ser de lo panameño” en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Panamá, indujo a Soler a realizar una traducción de este empeño al lenguaje del materialismo histórico. Para este momento, en la misma perspectiva idealista, prevalecía también la visión de otro profesor de filosofía de renombre, Isaías
García Aponte, quien destacaba por su trabajo: “Naturaleza y formas de lo panameño”. Ver revista Tareas N°100, septiembre–diciembre de 1998, pp. 9-25.
Sotelo, Adrián. Brasil: la certificación neoliberal del gobierno de Lula. En: Revista Tareas, Nro. 119, enero-abril. CELA, Centro de Estudios Latinoamericanos, Justo Arosemena, Panamá, R. de Panamá. 2005. pp. 141-144. Disponible en la World Wide Web: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/tar119/sotelo.rtf
www.clacso.org
RED DE BIBLIOTECAS VIRTUALES DE CIENCIAS SOCIALES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE, DE LA RED DE CENTROS MIEMBROS DE CLACSO
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RESEÑA
BRASIL:
LA CERTIFICACION
NEOLIBERAL DEL GOBIERNO
DE LULA
Adrián Sotelo V. *Investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA), de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Antunes, Ricardo, 2004, A desertificação neoliberal no Brasil (Collor FHC e Lula),
Autores Associados, Sao Paulo.
No pudo ser más atinado y oportuno el título del reciente libro del sociólogo brasileño Ricardo Antunes, A desertificação neoliberal no Brasil (Collor FHC e Lula).
Pero más atinado es su contenido compuesto por 38 ensayos escritos con un estilo á-
gil, breve, claro y concreto que abarcan la historia política y electoral del Brasil
contemporáneo desde la época del presidente Collor (1990-1992) y de Itamar Franco (1992-1994) pasando por los dos períodos presidenciales del sociólogo Fernando
Henrique Cardoso (1995-2002) hasta el reciente gobierno (neoliberal) de Lula (2002-
2006).
Si el autor no dice otra cosa, el eje temático que articula el libro se vertebra
alrededor de la dicotomía-contradicción: crisis del capitalismo-alternativa socialista,
atravesado por las dinámicas sociopolíticas que en Brasil van marcando los procesos y ritmos electorales post-dictadura militar (1964-1985) que marchan paralelos con la
profundización de la crisis estructural de la economía, del peligroso incremento de la
precarización del mundo laboral, del monumental ensanchamiento de la “clase que
vive del trabajo”, de la pobreza en todas sus modalidades y vertientes y de las
desventajas que, en el plano internacional, va acrecentando para Brasil la aplicación de las políticas neoliberales, con mucha fuerza, en el gobierno petista de Lula,
respecto a las flamantes naciones desarrolladas del capitalismo central en su actual
fase de globalización neo-imperialista.
El libro ofrece una visión panorámica que da cuenta certera del proceso de democratización del país hasta el arribo del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva
cuando obtuvo 53 millones de sufragios que en 2002 corresponden a poco más del 30 por ciento del total de la población que en ese año ascendía a 175 millones de
habitantes.
El libro quedaría inconcluso, como tantos otros que se han escrito sobre el tema, si no se propusiera revelar las profundas causas del desencanto de la población de un
gobierno que, después de dos años de haber arribado al poder, no ha hecho otra cosa
más que darle continuidad al proyecto neoliberal impuesto en el país desde la época de Collor de Melo.
En efecto, son varias líneas las que explicarían ese carácter neoliberal y continuista
respecto a las políticas neoliberales de los gobiernos anteriores. Destaco tres:
a) En primer lugar, se deben constatar las transformaciones experimentadas por el
Partido de los Trabajadores (PT) en el curso de la década de 1990 que, en palabras del
autor, refieren al hecho de que “El PT parece finalmente completar su ciclo y llegar a la madurez política: nacido en el seno de las luchas sociales, sindicales y de la izquierda
al final de los años setenta, el joven partido surgía, entonces, sobre el designio de
rechazo tanto al „socialismo real‟ como a la socialdemocracia, sin migrar para el
capitalismo. Su fuerza y vitalidad derivaban del fuerte vínculo con los movimientos y
las fuerzas sociales del trabajo. La década de los ochenta, que tantos consideran la „década perdida‟, para el mundo del trabajo fue un periodo de creación y avance.
Basta recordar que allí florecieron, además del PT, de la CUT y del MST, una plétora
de movimientos sociales y sindicales, del campo y la ciudad, que irrumpían por la base, cuestionando nuestra trayectoria cuasi pretoriana, autocrítica, cuyos estratos de
„arriba‟ expresaban un universo burgués, al mismo tiempo agresivo y medroso, elitista
e insensible…En los años noventa, la década de la desertificación neoliberal en nuestro país, se abatió una tormenta sobre nuestro mundo del trabajo y sus núcleos
orgánicos…El PT sufrió esa tempestad” (pp. 164-165).
Dicha tempestad se tradujo para el Partido de los Trabajadores, que
históricamente se fundó en octubre de 1979 y para el propio dirigente Lula, en una
transformación que partió de la moderación de sus planteamientos y políticas hasta la
conversión y configuración de la contienda electoral en eje supremo de su actividad política, de la misma manera que otros partidos de ex-izquierda lo han hecho en los
escenarios políticos latinoamericanos. En las palabras de Antunes, el resultado fue la conversión del PT de ser “un partido de izquierda contra el orden” en una partido -
supuestamente- de izquierda “dentro del orden” (p. 165).
b) Un segundo elemento, apenas esbozado en el libro que comento, pero que sería
necesario desarrollar y profundizar porque remata esa transformación del partido en partido del orden burgués neoliberal, es la gama de alianzas político-electorales que
instrumentó la dirección del PT y el propio Lula con la derecha y las fuerzas
conservadoras del empresariado y la oligarquía financiera y que fungieron como motores de presión para utilizar la legitimidad del gobierno conseguida en las e-
lecciones y expresada en millones de votos, a favor de una opción continuista neoliberal
que ha cristalizado en sendas reformas que atentan contra los intereses mayoritarios
de los trabajadores y, en general, de la sociedad brasileña. c) En tercer lugar, el autor apunta un elemento poco comentado por los
“especialistas” en procesos político-electorales en Brasil y que constituye un
componente esencial de la actual estrategia y práctica política de la burocracia del PT en el poder. Se trata de la reforma “previdenciaria” ? (o sea: según el Diccionario Aurelio: previdência social es el “conjunto de normas de protección y de defensa del
trabajador o del empleado, mediante jubilaciones, amparos para las enfermedades, montepíos…”, así como las instituciones que las aplica). Dicha reforma, como se sabe,
consistió en la privatización de los fondos de pensión en beneficio tanto de
empresarios privados como de la (nueva) burocracia sindical ligada orgánicamente al
PT y que hoy se beneficia de sus resultados: “Encantado con el mundo de Palacio,
actuando como paladín del neoliberalismo, entretenido con la música de Zeca
Pagodinho, el gobierno del PT mantiene una política económica que profundiza su sujeción, amplía el desempleo y la informalidad del trabajo, además de estancar la
producción en beneficio de los capitales financieros. Su postura en relación con los
transgénicos se inclinó y cedió a las transnacionales y su acción contra la previsión
pública fue la visceral y completa negación de todo su pasado, generando frenesí y
catarsis junto con los nuevos operadores y „analistas simbólicos‟ de los fondos de pensión que vislumbran, sobre la batuta del PT, la feliz confluencia del mundo financiero con el sindicalismo de negocios” (p. 166, cursivas mías).
Estos tres elementos articulados explican la conversión del Partido de los
Trabajadores (otrora partido obrero) en un nuevo partido de corte liberal, semejante, como afirma el autor, al inglés New Labour de Tony Blair, que en Brasil está llamado a
resolver los problemas del mundo del capital y del agrobusiness en absoluto
detrimento del mundo del trabajo y de la sociedad. Esta es la realidad en un país desertificado que corroe sus entrañas para
alimentar infinita e indiscriminadamente la codicia y la sed de ganancias de los
tiburones de la burguesía, de las oligarquías financieras y de los servicios y del capital
internacional que, en la actualidad, ha hecho presa fácil del conjunto Brasil, entre otras cosas gracias a los buenos oficios y beneficios del partido y del gobierno de Lula. La alternativa, ante este desastroso escenario para los trabajadores, es el socialismo,
según el autor de este importante libro y de quien escribe, que cada vez se opone al
social-liberalismo que hoy domina los escenarios políticos, económicos y sindicales de
prácticamente todos los países de Nuestra América.