Post on 14-Aug-2015
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El origen de las reglas internas del Parlamento*
Daniel Chasquetti**
“…Los reglamentos de las Cámaras constituyen la ley interna de las asambleas, y tienen a menudo una importancia más grande aún, en el
desarrollo de los negocios políticos, que las propias disposiciones constitucionales…”.1
Diputado Arturo Lerena Acevedo (1930)
Resumen: A lo largo de su historia, el Parlamento uruguayo ha modificado en numerosas ocasiones su estatuto de funcionamiento. Sin embargo la reforma aprobada en 1930, introdujo un conjunto de procedimientos e instituciones que perduran hasta la actualidad. Las reglas de juego aprobadas en esa instancia contribuyeron al fortalecer el poder de los liderazgos. Este nuevo punto de equilibrio institucional fue el resultado de la convergencia estratégica de las fracciones mayoritarias de ambos partidos, los cuales accedieron a rediseñar la institución parlamentaria con el fin de favorecer el cumplimiento de sus metas legislativas. Para demostrar esta perspectiva, el artículo describe el equilibrio institucional previo a la reforma de 1930 y las características del proceso de aprobación del nuevo sistema de reglas. Finalmente, se ofrece una explicación centrada en la interacción estratégica de los actores, acerca de las condiciones que favorecieron la sanción de un nuevo equilibrio institucional. Abstract: Throughout its history, the Uruguayan Parliament has amended several times its internal rules. However, the amendment passed in 1930, introduced a set of procedures and institutions that endure to this day. The game rules adopted in this instance helped to encourage then the power of leadership. This new institutional equilibrium was the result of the strategic convergence of the fractions of both parties, which agreed to redesign the parliamentary institution in order to promote compliance with its legislative goals. To demonstrate this perspective, the article describes the institutional balance prior to the reform of 1930 and the characteristics of the process for adopting the new set of rules. Finally, we offer a detailed explanation of the strategic interaction of actors, on the conditions that favored the enactment of a new institutional balance.
* Este artículo es producto de la investigación “Carreras Legislativas en Uruguay: un estudio sobre reglas, partidos e individuos en la Cámara”, financiado por el Fondo Clemente Estable de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. ** Profesor en investigador del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. E-mail: chasquetti@fcs.edu.uy 1 Arturo Lerena Acevedo, miembro informante de la Comisión Revisora del Reglamento. Cámara de Representantes. 2ª Sesión Extraordinaria. 17 de marzo de 1930.
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Introducción
A lo largo de su historia, el Parlamento uruguayo ha sido dominado por partidos
políticos en cuyo seno conviven fracciones poderosas y bien organizadas. El control del
proceso legislativo por parte de estas organizaciones ha reposado en una doble
estructura institucional que favorece la influencia decisiva de los líderes. Por un lado,
ciertos dispositivos electorales otorgan a los jefes de fracciones un importante poder de
selección de candidatos -lista cerrada y bloqueada de fracción, un distrito grande que
elige a la mitad de la cámara, un senado con circunscripción nacional, etc.- (Moraes
2008); por otro, determinadas instituciones intraparlamentarias garantizan a los líderes
la capacidad de designación de los legisladores en la estructura de las cámaras -sistema
de comisiones y cargos de autoridad- (Chasquetti 2010). El establecimiento de una
segunda arena como fuente de poder partidario (Bowler 2000) no responde al azar del
destino ni al diseño parsimonioso de planificadores institucionales. Es el resultado de
una coyuntura caracterizada por el equilibrio de fuerzas entre los partidos históricos,
donde las soluciones acordadas se sobrepusieron a prospectos alternativos. Este artículo
indaga sobre el origen de las reglas parlamentarias y las condiciones que debieron
cumplirse para que las mismas fueran adoptadas.
Cox y McCubbins (1993) sostienen que las reglas intraparlamentarias no solo
son importantes para comprender el comportamiento de los individuos en la Cámara
sino también para interpretar el tipo de resultados del proceso legislativo arroja. Hasta el
presente no se han publicado investigaciones centradas en este aspecto del proceso
legislativo, como tampoco estudios que expliquen o den cuenta del surgimiento de las
reglas parlamentarias. La mirada de largo aliento muestra que el Parlamento uruguayo
ha procesado a lo largo de su historia un conjunto de reformas de sus reglamentos,
orientadas casi siempre a la optimización del funcionamiento de las cámaras y a la
adecuación de las instituciones legislativas a los preceptos establecidos en las diferentes
Constituciones. En esa saga sin embargo existe una reforma que por sus contenidos y
repercusiones ulteriores, puede ser caracterizada como la más influyente. Se trata de la
enmienda del Reglamento sancionada por la Cámara de Representantes en el mes de
abril de 1930, la cual introdujo un conjunto de procedimientos e instituciones que
perduran hasta la actualidad. La tesis que aquí sostengo, señala que las reglas de juego
aprobadas en esa instancia contribuyeron al establecimiento de una segunda fuente
institucional de poder de los liderazgos partidarios y que ello respondió a un acuerdo de
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las bancadas mayoritarias de los partidos históricos. Este nuevo punto de equilibrio
institucional es el resultado de la convergencia estratégica de las fracciones mayoritarias
de los partidos, los cuales accedieron a rediseñar procedimientos y crear instituciones
con el fin de favorecer el cumplimiento de sus metas legislativas.
En la primera sección del capítulo se presentará una descripción del equilibrio
institucional anterior a la reforma de reglas de 1930 junto al tipo de problemas que esa
situación originaba. En la segunda sección se analiza del proceso de aprobación del
nuevo sistema de reglas durante la coyuntura 1929-1930, destacando las opciones
consideradas y las soluciones finalmente escogidas. En la tercera sección se ofrece una
explicación centrada en la interacción estratégica de los actores, acerca de las
condiciones que favorecieron la sanción de un nuevo equilibrio institucional.
1. La evolución del sistema de reglas parlamentarias
Gary W. Cox (2006) sostiene que las reglas que regulan una asamblea legislativa buscan
casi siempre optimizar el tiempo de sus miembros. El ejemplo de la Legislatura en
Estado de Naturaleza (LEN) resulta útil para entender la importancia de este recurso
escaso. En una LEN deberían existir solo unas pocas reglas: las iniciativas son
presentadas únicamente por sus miembros; los proyectos se aprueban con el voto de la
mayoría del plenario; la sesión se enfrenta a una fuerte restricción de tiempo (hay
urgencias por tomar decisiones); y todos los integrantes tienen derecho a hacer uso del
tiempo sin limitación alguna.
Como todos los miembros de la LEN tienen derecho a presentar proyectos, el
pleno se verá rápidamente desbordado de iniciativas que no podrán ser tratadas por
ausencia de criterios de prelación. Este problema es conocido con el nombre de cuello
de botella. Para que un proyecto sea sancionado debe superar necesariamente el cuello
de botella, pero esa empresa será extremadamente compleja porque cualquier miembro
puede utilizar el tiempo en forma egoísta, retrasando y en definitiva bloqueando la
decisión. Esta clase de comportamiento es conocido con el nombre de estrategia del
filibustero y afecta en mayor o menor medida a todas las asambleas. Por esa razón, Cox
señala que en una LEN, la regla de la mayoría jamás podrá ser aplicada pues la
asamblea sólo podrá decidir cuando todos sus miembros estén absolutamente de
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acuerdo, lo cual resulta una paradoja que ilustra muy bien acerca de la gravedad de estos
problemas2. El establecimiento de normas que regulen el uso del tiempo representa el
único camino para superar los dilemas de acción colectiva que una LEN genera.
Normalmente, la aprobación de reglas que limiten el uso del tiempo y establezcan
criterios para ordenar la agenda, se alcanzará cuando una coalición de miembros impone
una reforma tendiente a optimizar el funcionamiento de la asamblea o cuando diferentes
coaliciones aprueban una secuencia de enmiendas que incluyen reglas eficientes e
ineficientes, pero que tendencialmente consiguen corregir el problema.
La solución a los dilemas de acción colectiva (cuello de botella y filibustero)
supone, en sentido estricto, la creación de poderes especiales para diseñar la agenda del
plenario, lo cual implica que ciertas estructuras de la asamblea tendrán la facultad de
definir qué y cómo serán tratados los proyectos. Paradojalmente, la creación de este
poder ofrece como resultado un estatuto de derechos desiguales entre los miembros de
la asamblea, ya que mientras todos tienen derecho a presentar proyectos, sólo unos
pocos pueden decidir cuáles serán tratados.
La evolución de las reglas de todo parlamento puede ser observada a la luz de
estos presupuestos teóricos. En el caso uruguayo, la historia de las reglas parlamentarias
aun no ha sido escrita. Los Reglamentos aprobados en ambas Cámaras a lo largo del
tiempo son desconocidos para la mayoría de los investigadores. Su rápida lectura
muestra hasta qué punto los mismos intentaron resolver problemas de funcionamiento
colectivo. Dentro de esa saga, sin embargo existe un punto de inflexión: la reforma
reglamentaria de 1930, que creó y modeló la mayoría de las reglas que seis décadas
después la Cámara todavía utiliza. En el Senado también se procesaron enmiendas
parecidas en los años 1934 y 1943, pero ninguna de ellas llegó a afectar el poder de
2 El dilema del cuello de botella (determinar cuáles proyectos se aprueban y cuáles no) bajo las condiciones de la LEN, se agrava por tres tipos de problema. Primero, todos los miembros gozan de un fuerte poder de veto sobre las propuestas que pueden utilizarlo con el simple uso de la palabra y el retraso indefinido de la decisión. Segundo, resulta imposible alcanzar acuerdos en torno a la aprobación de decisiones (“votaremos más tarde vuestro proyecto, si ustedes votan por el nuestro ahora”) o las formas de trabajo (“nos especializamos en esta materia y te mostraremos nuestros resultados, si a cambio ustedes actúan con reciprocidad en otra área”), porque las promesas pueden ser fácilmente quebrantadas en cualquier momento (Weingast y Marshall, 1988) o porque ninguna de las partes estará segura que cuando un proyecto ingrese al pleno será informado en forma completa y sin ocultar información (Krehbiel 1991). Tercero, los miembros de la asamblea pueden hacer uso del tiempo no solo con el fin de impulsar o retrasar decisiones sino también con ánimos proselitistas (por ejemplo dar a conocer sus posiciones sobre un tema antes sus representados) y eso agravará las condiciones de la LEN.
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designación de su Presidente3. En esta sección mostraré cómo la reforma del
Reglamento de la Cámara de Representantes de 1930 incluyó procedimientos para
transferir poder a los partidos y por ende, al liderazgo de las fracciones, situación que
garantizó el control de las carreras legislativas.
Durante el siglo anterior a la reforma (1830-1930), la Cámara contó con tres
Reglamentos. El primero fue votado el 26 de octubre de 1830 y su redacción estaba
inspirada en el Reglamento de la Asamblea General Constituyente y Legislativa que
sancionó la primera Constitución de la República. El segundo fue votado tres décadas
más tarde, el 19 de mayo de 1860, como resultado de una revisión de las prácticas
parlamentarias desarrolladas hasta ese momento. El tercero fue votado el 10 de octubre
de 1922, con el objetivo de ajustar el funcionamiento de la Cámara al régimen político
de la Constitución de 1917. Este conjunto de disposiciones son las que precisamente se
reformarán en 1930. A los efectos de hacer más ágil la lectura, he ordenado el análisis
en cuatro tipos de problemas relacionados con la estructura y funcionamiento de la
Cámara: las autoridades y el poder de agenda; el régimen de sesiones y quórum; el
régimen de debate; y el sistema de comisiones.
Desde 1830, la Cámara contaba con una estructura de autoridad compuesta por
un Presidente, dos Vicepresidentes y dos Secretarios, todos electos por pluralidad de
votos de sus miembros. Las titularidades eran rotativa debiéndose reelegir al inicio de
cada año legislativo. El Reglamento de 1922 garantizó al Presidente la potestad de
establecer la “correlación de los asuntos de la orden del día” (artículo 37), aunque
dicho orden podía ser modificado por los dos tercios de diputados presentes o por la
mitad del total de componentes de la cámara (artículo 38). Como en la práctica era
difícil que el pleno modificara el orden del día, el poder de agenda del Presidente se
transformó en un dato de la realidad. Ello generaba consecuencias políticas notorias
porque la autoridad de la Cámara controlaba el ritmo del proceso legislativo y la
promoción de diputados en la estructura parlamentaria. Por ese motivo, el liderazgo
tendió a colocar en dicha posición a legisladores experimentados que pudieran ejercer
autoridad de acuerdo a las preferencias legislativas de la mayoría4.
3 En el Senado, donde reside el liderazgo partidario y el tamaño de la cámara es pequeño, el control del proceso de asignaciones y de la conducta de sus miembros lo realizan en forma directa los propios líderes. Esta Cámara es, en cierto modo, un negocio atendido por sus propios dueños (Ver Chasquetti 2010). 4 Por ejemplo, el Presidente Julio Herrera y Obes colocó en la Presidencia de la Cámara a su hermano Miguel Herrera y Obes (1891-1895). José Batlle y Ordóñez impulsó a Antonio María Rodríguez (1903-
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Asimismo, el Reglamento vigente preveía la realización de sesiones ordinarias,
que se realizaban en los días establecidos por la Cámara, y sesiones extraordinarias, que
se celebraban por resolución expresa del cuerpo o por la solicitud de al menos 25
diputados (artículo 27). Este quórum mínimo posibilitaba la continúa convocatoria a
sesiones y era percibido como uno de los principales problemas a resolver.
En cuanto al régimen de debate, el Reglamento permitía a cada diputado hablar
una sola vez por ronda de discusión, pero preveía la posibilidad de que una mayoría de
miembros presentes declarara libre la discusión general. También las reglas vigentes
concedían la posibilidad de interrupciones cuando el orador faltare al orden o aludiese a
algún miembro del pleno. Si bien es cierto que el artículo 42 establecía una restricción
en el uso del tiempo del plenario (treinta minutos para cada diputado en la discusión
general, veinte en la discusión en particular, y cinco minutos para las interrupciones), su
aplicación laxa y discrecional por parte de la Presidencia condujo con frecuencia a
dilaciones en el proceso legislativo.
Finalmente, el Reglamento de 1922 encargaba al Presidente de la Cámara la
designación de los integrantes de las comisiones, pero recomendando “que en el total
de los cargos a distribuirse, los partidos y sus fracciones estén colocados en la misma
proporción que en el seno de la Cámara”. Esta aclaración buscaba garantizar una
representación acorde de los partidos en la estructura del Parlamento, sin embargo, la
práctica demostraba que muchos sectores eran discriminados y que el contralor del
sistema quedaba en manos de los grupos principales de la Cámara. El Reglamento
distinguía entre comisiones anuales y especiales, permitiendo que al final de cada año
legislativo la Cámara determinase una nueva integración para esos organismos. Ello
reforzaba el poder vertical de los grupos y el papel de la Presidencia en la asignación de
diputados a comisiones. Por último, el artículo 100 definía la existencia de 20
comisiones y el artículo 21 determinaba que cada comisión estaría integrada por siete
miembros. Ambos preceptos agravaban el diseño del sistema pues por un lado,
generaban problemas jurisdiccionales (el Ejecutivo contaba con apenas siete
1911) y a Eugenio Lagarmilla (1911-1913), y más tarde, cuando su sector volvió a recuperar el control de la Cámara, promovió a Ramón Saldaña (1916-1917), Domingo Arena (1918-1919), César Miranda (1920), César Mayo Gutiérrez (1925) e Italo Perotti (1926-1927). Cuando el Partido Nacional alcanzó la mayoría hizo exactamente lo mismo, o sea, ubicó en esas posiciones a dirigentes de reconocida trayectoria como Alfredo García Morales (1928), Guillermo L. García (1929-1931) y José Otamendi (1932-1933). En la Cámara de Senadores sucedió otro tanto. Herrera y Obes contó con Duncan Stewart (1891 y 1894) y Tomás Gomensoro (1892-1893), y Batlle y Ordóñez promovió a figuras como Juan P. Castro (1904), Juan Campisteguy (1905), Francisco Soca (1906) y Feliciano Viera (1907-1912).
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ministerios) y por otro, determinaban que muchas diputados participaran en más de una
comisión al establecerse más plazas que bancas (140 lugares para 123 diputados).
Como podrá imaginarse, el equilibrio institucional de 1922 generaba varios
problemas. Primero, concentraba autoridad en la Presidencia de la Cámara, pues le
garantizaba el poder de agenda (orden del día) y el poder de asignación (distribución de
diputados en comisiones). Segundo, existían un conjunto de normas que imprimían
ineficiencia al trabajo parlamentario al habilitar el obstruccionismo y la dilatoria del
proceso legislativo. Tercero, preveía un sistema de comisiones disfuncional. Con estas
reglas, los grupos pequeños ganaban influencia e imponían severos costos al accionar de
mayorías con ambiciones legislativas. Los reformadores de 1930 buscarían resolver
dichas dificultades mediante la formulación de una serie de ajustes innovadores.
2. La construcción de un nuevo sistema de reglas
La reconstrucción del proceso que condujo a la creación de un nuevo sistema de reglas
interparlamentarias se realizará desde la perspectiva de la Analytic Narrative, enfoque
que permite desarrollar modelos interpretativos apoyados en la teoría de la elección
racional. El primer paso consiste en determinar los actores del juego (jugadores), sus
objetivos y preferencias, y las reglas que influyen en el desenlace de sus conductas.
Posteriormente debe reconstruirse las interacciones estratégicas que limitarán algunas
decisiones y facilitarán otras. Como sostiene Levy “el énfasis está en la identificación
de las razones para el pasaje de un equilibrio institucional en un momento dado en el
tiempo, a un equilibrio distinto en un momento diferente”. En cierto modo, “la
narrativa es la historia que se cuenta como un raconto detallado del proceso y el
contexto, con una preocupación por los actores, sus preferencias, la secuencia y la
temporalidad” (2006:12). En la construcción del modelo resulta esencial la elección de
casos donde se registren interacciones estratégicas entre los jugadores de modo que la
decisión de uno dependa de la elección del otro. Si bien, como reconoce Levy
(2006:17), la inducción de las fuentes del cambio es un problema verdaderamente
crítico para entender el cambio institucional, a menudo, la comprensión de las razones
de la estabilidad institucional posterior (en t+1) arroja información sobre las
motivaciones de los actores.
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En lo que concierne a este estudio, conocemos el resultado de la modificación
del Reglamento de 1930, dada sus consecuencias ulteriores: (i) la racionalidad del
trabajo parlamentario aumentó debido al cambio del régimen de sesiones y a las
modificaciones en el uso del tiempo en el debate, (ii) el control de la agenda fue
transferido a la mayoría legislativa en funciones, (iii) los partidos –y por ende a sus
líderes- se apropiaron del poder de asignación de los diputados a las comisiones y (iv)
se establecieron ciertas garantías para la representación de los partidos menores en todos
los organismos del parlamento. A continuación, presentaré un análisis que procura
identificar a los actores del proceso, la naturaleza institucional del proyecto y las
características que asumió el trámite parlamentario. En la última sección brindaré una
explicación centrada en las preferencias de los actores, la interacción estratégica entre
ellos y las condiciones para acceder a un nuevo punto de equilibrio institucional.
Los actores de la enmienda.
Al cierre de la década del veinte, los partidos uruguayos no pasaban por su mejor
momento. La apertura de la competencia a partir de la reforma constitucional de 1918 y
de la sanción de las leyes electorales de 1924-1925, que garantizaban la representación
proporcional integral y el sufragio libre, permitieron el desarrollo de una intensa
competencia inter e intrapartidaria. La interna del Partido Colorado estaba dominada por
el Batllismo, que tras la muerte de su líder en octubre de 1929, comenzaba a dividirse en
dos grandes corrientes, los batllistas netos, nucleados en torno al diario El Día, y
aquellos que apoyaban la presentación de una candidatura presidencial batllista en las
elecciones del año siguiente, y que más tarde devendrían en terristas5. La escena
partidaria se completaba con la presencia de otras tres fracciones menores que en
diferentes coyunturas se habían apartado del tronco del sector mayoritario: el Riversimo,
el Vierismo y el Sosismo6. El Partido Nacional, por su parte, luego de un predominio
5 Agrupamiento de seguidores del Presidente Gabriel Terra, electo en noviembre de 1930. Podría decirse que el Terrismo nace en la etapa previa a la elección de 1930, como resultado de la pugna en torno a la candidatura presidencial del Batllismo. Entre marzo de 1931 y marzo de 1933 –momento del golpe de Estado- las filas del Terrismo crecen hasta convertirse tras la ruptura institucional en la principal fracción colorada. Acuden allí, colorados anticolegialistas, batllistas desencantados y viejos colorados conservadores. El grupo comienza a disgregarse cuando Terra abandona la Presidencia en noviembre de 1938, surgiendo dos grupos diferentes, el Baldomirismo y el Blancoacevedismo. Gabriel Terra falleció en 1942. 6 Para un análisis del proceso de formación de fracciones en el seno del Partido Colorado durante las tres primeras décadas del siglo XX, ver Caetano (1992 y 1993) o Manini Ríos (1970, 1972 y 1973) o Lindhal (1971).
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hegemónico del grupo acaudillado por Luis Alberto de Herrera (desde la elección
presidencial de 1922), comenzaban a prefigurarse dos grandes corrientes: por un lado
estaban los autodenominados herreristas y por otro, un conjunto de sectores y
agrupamientos opositores al caudillo que más tarde confluirían en la fundación del
Partido Nacional Independiente. Tres partidos menores –generalmente considerados por
los historiadores como “partidos de ideas”- completaban el espacio de competencia
partidista: la Unión Cívica, el Partido Socialista y el Partido Comunista.
Si bien la fragmentación (medida por el número efectivo de partidos en la
Cámara) y la fraccionalización (medida por el número efectivo de fracciones en cada
uno de los partidos fundacionales) mostraban niveles moderados (ajustados a los valores
históricos), la arena parlamentaria presentaba el espectáculo de dos grandes partidos al
borde de la ruptura7 y una diversidad de actores de diferentes tamaños e intereses no
siempre convergentes.
Cuadro 1. Distribución de Bancas en Diputados (1929‐1932)
(Mayoría absoluta en la Cámara = 62 diputados) Partidos y Fracciones Bancas Porcentaje
Partido Nacional 61 50%
Partido Colorado 59 48% Batllistas 37 63% Vieristas 4 7% Sosistas 9 15% Riveristas 9 15%
Partido Nacional 60 49% Partido Blanco 1 1% Partido Socialista 1 1% Partido Comunista 1 1% Unión Cívica 1 1%
Total 123 100%
NEP. 2,10 NEF coloradas 2,25 Fuente: Elaboración propia en base a Lindhal (1971)
A la dificultad que presentaba el Poder Ejecutivo bicéfalo, emanado de la
Constitución de 1918, con un Presidente riverista y un Consejo Nacional de
Administración dominado por el Batllismo, se sumaba la peculiaridad de un Parlamento
controlado por el Partido Nacional. O sea, el escenario de gobierno se encontraba
absolutamente dividido. En las elecciones legislativas de noviembre de 1928, los
7 Hay varios sucesos que ilustran esta situación. El Radicalismo blanco liderado por Lorenzo Carnelli fue expulsado del Partido Nacional; la fracción Vierista votó fuera del lema Partido Colorado en la elección miembros del Consejo Nacional de Gobierno de noviembre de 1924; el Riverismo Partido Colorado
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nacionalistas se habían transformado por primera vez en la principal fuerza de la
Cámara, situación que ya habían alcanzado en el Senado en la elección de 1925. Es
cierto que el nacionalismo no contaba con una mayoría absoluta de escaños, sin
embargo era la minoría mayor (49%) y controlaba las principales posiciones con poder
de agenda. Por ejemplo, Guillermo L. García, el experimentado diputado nacionalista de
San José, era el Presidente de la Cámara desde el 15 de febrero de 1929, acompañado en
la Vicepresidencia por los también nacionalistas Amador Sánchez –también diputado
por San José- y Bernardo Rospide -diputado por Florida-8.
La 30ª Legislatura (1929-1932) cumpliría un papel crucial en la compleja
coyuntura en la que ingresaba el país, pues durante su mandato se desatará la crisis
económica de 1929-1931 –con sus particulares consecuencias locales - y en el último
año del período legislativo (1932) se procesará el impulso reformista impulsado por un
Consejo Nacional de Administración controlado por batllistas y nacionalistas
independientes. No obstante, muy pocos pensaban al inicio del período, que esa
Legislatura terminaría haciendo historia. El panorama de la Cámara era por demás
preocupante, por su baja productividad legislativa y por las dificultades evidentes para
sesionar o alcanzar quórum. La composición de la Cámara mostraba la presencia de un
cuerpo experimentado de diputados donde se destacaban figuras como Domingo Arena,
Luis Batlle Berres, Francisco Ghigliani, Orlando Pedragosa Sierra, Mateo Legnani,
Ricardo Cosio, César I. Rossi (colorados batllistas), Pedro Manini Ríos, Carlos María
Prando, Carlos De Castro (colorados riveristas), Enrique Rodríguez Fabregat (colorado
sosista), José A. Otamendi, Guillermo L. García, Gustavo Gallinal, Amador Sánchez,
Bernardo Rospide y Carlos Quijano (nacionalistas), Emilio Frugoni (socialista) y Hugo
Antuña (cívico)9. Sin embargo, las dinámicas provenientes del contexto político-
8 Guillermo L. García era un experimentado legislador ligado, en ese entonces a Luis Alberto de Herrera a quien trataba personalmente como “querido Jefe” (Haedo 1990). Había ingresado al Parlamento en 1914 en representación del departamento de San José, actuando como diputado durante nueve años y luego como senador durante otros seis. En noviembre de 1928, fue uno de los dos candidatos del Partido al Consejo Nacional de Administración (junto al Dr. Ismael Cortinas). Al no alcanzar esa posición, sus compañeros de bancada lo ungieron como Presidente de la Cámara con la anuencia de Herrera. Los Vicepresidentes de la Cámara, Amador Sánchez y Bernardo Rospide tenían menos experiencia aunque ya ingresaban en su tercera legislatura. El primero provenía del tronco principista e integraba el denominado lussichismo, en tanto que el segundo era un fiel seguidor de Herrera. 9 Al respecto, Caetano y Rilla (1986:77) señalaron que “los comicios de 1928 habían llevado a la Cámara baja a mucho de lo más selecto del elenco político de entonces (…) por distintas razones podía decirse entonces que la Cámara superaba claramente en enjundia al Senado, y aún a otros órganos del Estado, lo que vino a ratificar una legislatura que por muchos motivos –la especial coyuntura por la que transitó, la entidad de los proyectos que se discutieron en ella, el rol de auténtico foro ideológico que
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institucional, el nivel de fragmentación y las propias prácticas obstruccionistas,
impedían que las Cámaras alcanzaran un rendimiento razonable. Estos problemas
incitarían al cambio de reglas, encubriendo en cierto modo las preferencias esenciales (y
egoístas) de los principales actores.
Presentación de la propuesta.
En la sesión del 3 de setiembre de 1929, los diputados colorados sosistas, Enrique
Rodríguez Fabregat, Héctor Ferreira, Ángel Moreno y Luis Fígoli, presentaron una
moción con el objetivo de modificar las características del régimen de sesiones10. Como
la Cámara funcionaba en sesión plenaria casi todos los días, no quedaba “tiempo para el
trabajo en las comisiones permanentes o para desarrollar la cantidad de gestiones que
debían atender los legisladores alrededor de cada uno de los asuntos que ocupa al
Parlamento”11. La propuesta fue tratada en la sesión del 4 de setiembre y lo que
comenzó como un tímido intercambio de argumentos entre sostistas y batllistas sobre
las frecuencias de las sesiones, se transformó más tarde en un intenso debate sobre casi
todos los aspectos del funcionamiento de la Cámara. Al problema del régimen de
sesiones se sumaron la forma de los debates, el ausentismo de los diputados, el excesivo
número de comisiones, la interpretación discrecional del Reglamento por parte del
Presidente, etc.12. Por ese motivo, el diputado nacionalista Mariano García Selgas
propuso “la revisión integral del Reglamento, principalmente, en lo que refiere a las
Comisiones Permanentes, cuyo número, excesivo en relación al de componentes de la
Cámara, dificulta su funcionamiento y el de la propia Cámara”. La iniciativa tomó por
sorpresa a buena parte de la Cámara, pues contaba con el apoyo de toda la bancada
jugó, etc.- dejó un recuerdo imborrable en los anales parlamentarios del país”. La 30ª Legislatura presentaba un promedio de 7,26 años de experiencia. En la elección de diputados de 1928, la tasa de reelección registrada fue del 63%, cifra que hasta ese entonces había sido la más alta de la historia legislativa uruguaya. 10 La moción señalaba “que las sesiones ordinarias de la Cámara tengan lugar en los días de la primera quincena de cada mes, excepción hecha del sábado y feriados, desde las 17 a las 19 horas” (DSS. CRR. Tomo 355, p.560). 11 Diputado Enrique Rodríguez Fabregat, DSS. CRR. Tomo 355, p.561 12 Algunos ejemplos: el diputado nacionalista Miguel Buranelli señaló que “no es cuestión de regímenes, sino que es cuestión de método de trabajo (…) con el sistema de declarar el debate libre se dilata de manera extraordinaria la consideración de los temas y se pierde un tiempo valioso…”; el diputado colorado batllista, Lorenzo Batlle Pacheco, manifestó que “existen otros problemas que perturban el buen funcionamiento de la Cámara, y uno de los más graves, a mi juicio, es esa incesante convocatoria a sesiones extraordinarias…”; el diputado nacionalista Juan Labat señaló que “la interpretación del Reglamento se hace todos los días de distinta forma, y es tal que lleva a espíritus inteligentes a cometer errores…” (DSS. CRR. Tomo 355, pp.564-568).
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nacionalista y recomendaba formar una Comisión revisora con representantes de todos
los partidos y fracciones (al estilo de las que dieron origen a las leyes electorales de
1924-1925), con el objetivo de proyectar una reforma del Reglamento13. Era evidente
que el Partido Nacional, que controlaba ambas Cámaras, deseaba un Parlamento
eficiente en una hipótesis de triunfo en las presidenciales de noviembre de 1930.
En la siguiente sesión, del 6 de setiembre, se procedió a designar una comisión
de veinticinco miembros que incluía representantes de todos los partidos y fracciones.
El proyecto de nuevo Reglamento quedó listo a fines de setiembre y contaba con el
acuerdo de los dos principales corrientes de la cámara, el Partido Nacional y el
Batllismo. Dicho entendimiento evidenciaba que la mayoría del Partido Colorado
también deseaba un Parlamento eficiente, aunque, como veremos más adelante, no
podemos divorciar este entendimiento del lento proceso de convergencia entre la
mayoría no-herrerista del Partido Nacional que controlaba el poder de agenda en la
Cámara y el grupo que por ese entonces comenzaba a denominarse Batllismo neto.
En la sesión del 15 de octubre de 1929 se presentó un proyecto de reforma de 47
artículos que, en su enorme mayoría, modificaban los del Reglamento anterior. La
iniciativa estaba acompañado de un informe, redactado y firmado por los diputados
nacionalistas Lerena Acevedo y García Selgas14, que explicitaba que la reforma
perseguía el propósito de aumentar la eficacia de la Cámara mediante la modificación
de tres grandes asuntos centrales: el régimen de sesiones, la modalidad de debate y el
sistema de comisiones.
El nuevo Reglamento establecía un régimen de sesiones ordinarias de veinte días
y admitía, a solicitud de 62 legisladores, la realización de sesiones extraordinarias
comunes (a desarrollarse antes de las ordinarias) y especiales (se desarrollarían en un
día previamente definido). En relación a la modalidad del debate, la Comisión proponía
13 La moción señalaba “el Diputado García Selgas propone la designación de una comisión especial de quince miembros, revisora del Reglamento, que deberá expedirse antes del 21 del mes corriente”. La moción fue votada por 39 de los 61 diputados presentes; en contra estuvieron los diputados batllistas, el diputado socialista y el comunista. (DSS. CRR. Tomo 355, p.570). 14 Arturo Lerena Acevedo pertenecía al grupo Democracia Social, liderado por Carlos Quijano, que obtuvo dos escaños por el departamento de Montevideo en las legislativas de 1928. Este sector estaba conformado por una camada de dirigentes jóvenes con ideas progresistas y era considerado el ala izquierda del Partido Nacional. Lerena Acevedo asumió la banca que dejó vacante el candidato electo, Emilio Oribe. Por su parte, Mariano García Selgas fue electo diputado en 1922 por el departamento de Montevideo. En 1925 y 1928 consiguió la reelección por el departamento de Canelones. Luego de la presidencial de 1930, García Selgas se pliega al sector anti-herrerista del partido y con el Golpe de Estado de marzo de 1933 se retira de la política activa. Contador de profesión, fue uno de los impulsores de la creación de la Facultad de Ciencias Económicas.
13
limitar el tiempo en el uso de la palabra, disminuir drásticamente las interrupciones,
reducir las posibilidades para discutir cuestiones de orden, etc. Para establecer el debate
libre exigía una mayoría absoluta de miembros, quedando esa posibilidad limitada
únicamente a la discusión de los proyectos en general. Finalmente, el proyecto reducía
el número de comisiones de 20 a 14 y creaba un nuevo procedimiento para la asignación
de los diputados en ellas y para la distribución de sus autoridades.
El trámite parlamentario.
El tratamiento en sala no fue nada sencillo. Tras la exposición de los miembros
informantes, las intervenciones se concentraron en el problema de la restricción del
tiempo del debate en sala, siendo interpretadas por algunos diputados como una
“mordaza” a la libre expresión. Uno de los abanderados de esa interpretación fue el
diputado comunista Eugenio Gómez, pero también se sumaron a esta crítica los
representantes de partidos y fracciones minoritarias15. Ante esto, los firmantes del
proyecto debieron realizar una serie de aclaraciones sobre la buena fe de la reforma y el
acuerdo partidario alcanzado en torno a ella16.
Las siguientes exposiciones se refirieron al problema del retraso en la toma de
decisiones (táctica del filibustero) promovido por sectores minoritarios de la Cámara
mediante el uso de subterfugios reglamentarios como la interrupción, la moción de
orden o la reconsideración de temas ya votados. En este punto, los dardos partieron
15 Rodríguez Fabregat señaló que votaría en contra el proyecto “no porque no haya estimado con demasiada frecuencia que era necesaria una revisión del Reglamento (…) [sino porque] el Reglamento será una maquina perfectamente odiosa, dispuesta a triturar el derecho de los diputados a expresar libremente su pensamiento” (DSS. C.RR. T.357. pp. 254-256). El diputado comunista Eugenio Gómez afirmó que “los sectores de la mayoría de la Cámara han apelado a la reforma del Reglamento alegando que con ella van a evitar que la Cámara siga perdiendo el tiempo en debates estériles (…) Yo entiendo que la Cámara, con reforma de Reglamento o sin ella, va a continuar perdiendo el tiempo, porque su misión, Cámara burguesa al fin, es la de disimular bajo una extensa prosa todos los atropellos que cometa contra la clase trabajadora…” (DSS. C.RR. T.357. p. 242). Desde una óptica más moderada, el diputado socialista Emilio Frugoni reconocía que “hacía falta, indudablemente, que en esta Cámara se modificara el Reglamento para limitar ciertos abusos e impedir que los debates se prolonguen indefinidamente, sobre todo en virtud de las interrupciones enrabadas; pero para suprimir ese inconveniente se ha caído en el extremo que tiene también grandes desventajas. Se ha transformado el Reglamento, a mi juicio, en una especie de bozal…” (DSS. C.RR. T.357. p. 253). 16 El diputado nacionalista Carlos Quijano, asumió la defensa del proyecto, argumentando que reformas como éstas habían sido aprobadas en otros países por partidos republicanos y democráticos: “…recuerdo las modificaciones introducidas por el Parlamento francés en los años 1925 y 1926, limitando el uso de la palabra. Yo asistía entonces a los debates del Parlamento francés y recuerdo claramente que el líder de esas modificaciones era el diputado Renaudel, uno de los jefes del Partido Socialista (…) si hay alguna cosa que conspira contra la eficacia del Parlamento es precisamente la verborragia…” (DSS. C.RR. T.357. p. 251-254).
14
desde filas batllistas hacia sus pares sosistas17, aunque también se sumaron a ese
emprendimiento legisladores nacionalistas como Segundo F. Santos: “…me parece
inconveniente el sistema actual de interrupciones, que ha degenerado en la monomanía
de las interrupciones, y eso es lo que hace extenuantes las sesiones e impide que un
diputado en diez o doce sesiones haya conseguido expresar su pensamiento” (DSS.
C.RR. T.357 p 262). No obstante, quien ilustró mejor sobre el retraso en las decisiones
fue el joven diputado Carlos Quijano cuando mencionó un ejemplo asombroso de
obstruccionismo: “El caso del doctor Frugoni sobre el problema del salario mínimo, no
creo que tenga parangón en ningún otro Parlamento del mundo. Es un discurso que se
está haciendo por medias horas, por tres cuartos de hora, desde el mes de agosto y
estamos promediando octubre. Es una de esas cosas que, francamente, rebasa los
límites del absurdo…” (DSS. C.RR. T.357. p. 265).
A casi tres horas de iniciada la sesión, el diputado batllista Luis De Mula
propuso considerar al proyecto como suficientemente debatido. La votación fue
afirmativa con 28 votos a favor en 35 diputados presentes (DSS. C.RR. T.357. p. 267).
Los siete votos contrarios correspondieron a diputados colorados vieristas y sosistas, y
al diputado comunista.
El estudio en particular de la reforma comenzó el 17 de octubre de 1929 y se
extendería hasta el 9 de abril de 1930, insumiendo en total siete sesiones extraordinarias
de la Cámara. Los 47 artículos del proyecto fueron analizados individualmente y varios
-por lo menos diez- debieron ser tratados en dos y hasta en tres ocasiones, requiriéndose
varias votaciones para zanjar diferencias y alcanzar finalmente un acuerdo. Dada la
extensión de la discusión y la diversidad de materias tratadas, presentaré aquí sólo un
resumen de las discusiones sobre los tres temas que considero fundamentales: a)
régimen de sesiones, b) sistema de comisiones y c) restricciones del debate en sala.
Los primeros artículos analizados referían a la potestad de cada Legislatura para
determinar su régimen de sesiones. El artículo 24 de la reforma establecía la necesidad
de definir una modalidad de trabajo para las comisiones permanentes porque, como ya
17 El diputado batllista Mateo Legnani afirmó “en la Cámara de Diputados el defecto reside no en la extensión de los discursos sino en las interrupciones. Los discursos largos jamás han impedido que se sancione un proyecto de ley, pero lo han impedido sí, las interrupciones y el desorden que ellas provocan en los debates” (DSS. C.RR. T.357. p. 255). Luis Batlle Berres señaló que “un diputado puede discrepar con los demás, pero no debe hacer obstrucción, no debe impedir que la mayoría decida las cuestiones…” (DSS. C.RR. T.357. p. 265).
15
se ha mencionado, su funcionamiento era la variable de ajuste de las convocatorias al
pleno. A su vez, el artículo 29 proyectaba que las sesiones extraordinarias deberían ser
solicitadas por un exigente quórum de 62 diputados. Los reformadores intentaban con
estos artículos establecer una secuencia lógica: primero se escogerían los días de
sesiones, luego los días de trabajo de las comisiones, y finalmente, se abría la
posibilidad de realizar sesiones extraordinarias, siempre y cuando se cumpliese con la
mayoría exigidas. Así desaparecerían las tan frecuentes sesiones de una hora
convocadas por tan solo 25 diputados y colocadas normalmente antes o después de
sesiones ordinarias de corta duración. Ambos artículos serían votados recién en la
sesión del 3 de abril de 1930 por 62 votos en 64 presentes (DSS. C.RR. T.361. p. 155).
Por su parte, el artículo 25 de la reforma puede ser considerado como una de las
piedras angulares de la reforma: “Una vez elegida la Mesa en cada período anual, se nombrará en la misma sesión, una
comisión especial integrada por un delegado de cada uno de los distintos sectores
políticos, a los efectos de determinar: a) cuantos representantes corresponden a cada
sector en el total de las comisiones permanentes; b) la distribución de puestos a
hacerse en cada una de esas comisiones. Para la integración de dicha comisión
especial, cada sector comunicará al Presidente su respectiva elección de delegado y, a
falta de esa comunicación, la Mesa lo designará por sí. Por sector político se
considerará, a los efectos de este artículo, a toda agrupación que, con lema propio,
hubiere obtenido representación en la Cámara. Cada delegado integrante de esta
comisión especial, tendrá en ella tantos votos como representantes de su sector haya en
la Cámara. La comisión deberá expedirse antes de la sesión ordinaria subsiguiente,
aplicándose luego el artículo 26 (referido a los tipos de sesiones, o sea, ordinarias y
extraordinarias)”.
La intención de los reformadores era quitarle al Presidente de la Cámara la
potestad del nombramiento y depositar dicho poder en los partidos políticos. Para ello,
eligieron un método que implicaba la creación de una comisión integrada por delegados
partidarios que negociarían posiciones sin manejar nombres. Una vez alcanzado el
acuerdo, correspondería a los partidos nominar a los individuos para cada posición
lograda. El poder pasaría a los partidos y dentro de ellos, a las fracciones y sus líderes.
Ante esto, los sectores minoritarios colorados protestaron porque creían que sus puntos
de vista no serían tomados en cuenta ya que la mayoría partidaria la controlaba el
16
Batllismo18. La respuesta del miembro informante, Pedragosa Sierra (batllista), señaló
que: “esta iniciativa la presentó el doctor Ghigliani19 a nombre de la agrupación
Batllista y fue aceptada en la comisión de los veinticinco. El pensamiento del doctor
Ghigliani ha sido el de dar representación estricta a todas las bancadas. Las bancadas
se dividen por lemas, y realmente yo no recuerdo que a nadie se le haya ocurrido
pensar que los sublemas podrían significar, dentro de la composición del Parlamento,
un distingo político, una representación distinta, a la que supone legítimamente los
lemas. Los sublemas pueden representar diferenciación dentro de los partidos, pero
dentro de la Cámara, dentro de su trabajo y de su distribución de votos, siempre se han
establecido los lemas. Tan es así, que en la composición de comisiones, la Mesa cuenta
la representación de cada bancada, o sea de cada lema…” (DSS. C.RR. T.357. p.
360).
Esta explicación resultó insuficiente para el diputado Quijano y por ello realizó
una contrapropuesta inspirada en una vieja fórmula de Washington Beltrán, presentada
en la Constituyente de 1916: “Yo haría, pues, moción en ese sentido: suprimiría esa
Comisión creada por el doctor Ghigliani, que me parece inocua, e iría a un artículo
que dijera: cada grupo de diez diputados tiene derecho a elegir un miembro de
Comisión” (DSS. C.RR. T.357. p. 361). La propuesta elaborada quince años antes con
el fin de disciplinar al nacionalismo en la Cámara, fue explosiva porque logró el
inmediato apoyo de Luis Batlle Berres20 y de otros diputados batllistas, dejando al
18 Por ejemplo, el diputado vierista Daniel Herrera y Thode dijo: “…creo que hay casos en que distintos candidatos concurren a la elección en sublemas, estableciendo dentro de un lema tendencias diferentes. Van a la elección, pero luego, si son electos, se incorporan a la Cámara defendiendo criterios distintos sobre problemas políticos económicos o sociales. Yo desearía saber si la Comisión ha tenido en cuenta esa circunstancia, para proponer entonces una reforma siempre que mi observación no fuera rectificada” (DSS. C.RR. T.357. p. 360). 19 Francisco Ghigliani era uno de los principales diputados del Batllismo. Electo diputado en Montevideo en la elección de 1919 desempeñó el cargo durante cinco legislaturas y tras el Golpe de Estado fue electo senador. Durante los años veinte, Ghigliani era una de las espadas del Batllismo en la Cámara, desempeñándose como director del vespertino batllista, El Ideal. Participa activamente de la Comisión de los 25 que redacta las leyes electorales de 1924 y 1925. Tras la muerte de Batlle, toma distancia de la cúpula batllista de El Día y apoya fervientemente la candidatura de Gabriel Terra. Dirige el diario El Tiempo, fundado por éste, y organiza a los dirigentes colorados que se alinean con Terra. Luego de ser designado como Ministro del Interior por Terra, cumple un papel central en la coyuntura crítica que deviene en el golpe de Estado de 1933. En ese momento, defiende con el fervor del converso, la decisión del Presidente de disolver las Cámaras. En las elecciones de 1934 fue electo senador y un año más tarde, fallece en circunstancias trágicas. 20 Dijo Luis Batlle Berres: “Yo me voy a pronunciar a favor de lo propuesto por el diputado Quijano. Creo que lo mejor que se puede hacer es que núcleos de diez diputados indiquen los puestos que desean ocupar…” (DSS. C.RR. T.357. p. 363).
17
descubierto las fisuras internas del sector y las claras intenciones instrumentales del
mencionado diputado respecto al problema de la disciplina partidaria.
De esta forma, en pocos minutos, los redactores del proyecto debieron enfrentar
dos frentes de batalla: uno, con las fracciones minoritarias del Partido Colorado que
exigían su representación en la Comisión Especial, y otro, con algunos diputados
disidentes de la mayoría bipartidista que propugnaban una solución que barría
precisamente con las bancadas minoritarias. En primer lugar respondió Lerena Acevedo
respondió diciendo que “la tarea de la Comisión Especial es, en un primer momento,
casi mecánica: saber cuántos diputados corresponden a cada sector en el total de las
comisiones permanentes; y en un segundo momento, de simple contralor, establecer la
distribución de puestos a hacerse para cada comisión. En la actualidad esto lo hace el
Presidente de la Cámara; pero, como en ciertos casos se han producido rozamientos,
porque algunos sectores políticos consideraron que deberían tener representación en
tal o cual Comisión, se ha pensado en hacer esta reunión con el objeto de que el
resultado del cambio de ideas y la exposición que hagan, por intermedio de sus
delegados, cada uno de los partidos políticos, ninguno de éstos salga perjudicado en la
distribución. En segundo término, no hay razón para establecer la representación de
los sublemas, porque la división de ideas tiene poca importancia en esta distribución
preliminar de cargos. Si se tratara de designar personas, el problema cambiaría de
aspecto. Pero esa es una cuestión que debe resolver cada uno de los partidos y lo deben
traer resuelto al seno de la Cámara y entonces dependerá de la organización interna de
las agrupaciones, pues a ellas compete la designación de los candidatos. Esta Comisión
simplemente distribuye cargos; no tiene relación con las personas…” (DSS. C.RR.
T.357. p. 362). Como prueba de buena voluntad, García Selgas manifestó que “una de
las dificultades más grandes que tuvo que afrontar la Comisión Revisora del
Reglamento en lo que respecta al tema de las Comisiones, fue la relativa a las
bancadas poco numerosas, entendiendo que ellas también tienen existencia autónoma y
deben ser contempladas. Es así que propuse en uno de los artículos, que todos los
sectores que no tengan representación en las Comisiones, puedan solicitarla a efecto de
que uno de sus miembros vaya a su representación a exponer sus ideas, las cuales
podrá pedir que consten en el informe correspondiente. Pero establecer núcleos de diez
diputados cuando hay bancadas que se componen de un solo miembro, es realmente,
18
aunque no sea esa la idea, atropellar en cierto modo su derecho”. (DSS. C.RR. T.357.
p. 364).
Este aspecto fue determinante para que el socialista Frugoni apoyara el proyecto
tal cual venía de la Comisión. El artículo que permitía a los sectores minoritarios la
participación con voz y sin voto en las comisiones en las cuales no alcanzaban
representación, parecía una garantía suficiente. De paso, acusó a Quijano y Batlle
Berres de querer “sembrar el confusionismo (sic) en el electorado a través de la idea de
los conglomerados o mosaicos de diez diputados de pequeños partidos y fracciones, sin
simpatías políticas ni sintonía ideológica…” (DSS. C.RR. T.357. p. 365). A esta
postura se sumaron Herrera y Thode (vierista) y Hugo Antuña (cívico). Como podrá
notarse, los sectores minoritarios comprendieron rápidamente que la propuesta de
Quijano era peor que la que la que propugnaba el proyecto de comisión. Como la
Cámara permanecía sin quórum, la discusión se cerró simplemente con la votación
favorable de 40 diputados en 46 presentes. Este artículo también fue sancionado en la
sesión del 3 de abril de 1930, con el voto afirmativo de 62 en 64 presentes.
Los artículos referidos a las restricciones del debate generaron también arduas
discusiones. Las estrategia de los reformistas para limitar el uso de la palabra consistía
en restringir el tiempo de las intervenciones y para ello se proponía: a) elevar el costo de
las interrupciones, b) delimitar el tiempo de los miembros informantes de las
comisiones, c) definir términos de intervención en las interpelaciones, d) reducir el
tiempo empleado para dirimir cuestiones de orden, e) restringir el debate libre, y f) crear
una modalidad de expresión para las exposiciones que no requieren resolución de la
Cámara.
El proyecto mantenía los 30 minutos para el orador en la discusión general, pero
reducía las intervenciones en la discusión en particular de 20 a 10 minutos. No obstante,
en una de las últimas sesiones del tratamiento de la reforma, los miembros informantes
de la comisión revisora se vieron obligados a mantener el lapso establecido en el
Reglamento anterior, con el fin de acelerar la sanción final del proyecto21. De todas
maneras, ese dilema resultaría un problema menor ante la propuesta presentada por el
diputado Luis Batlle Berres en la sesión del 17 de octubre de 1929: “Yo voy a hacer una
proposición, y es la siguiente: que en primer término se autorice a que cada sector
21 La razón de la aceptación tuvo que ver con la necesidad de acordar un trámite rápido para el remanente de artículos que quedaban pendientes, dada la eminente pérdida del quórum máximo para sesionar.
19
político nombre un orador en cada asunto que se discuta. En segundo lugar, que los
diputados que hablen a título personal, no tengan más de un cuarto de hora de tiempo.
Tercera cuestión, que el autor del proyecto, el miembro informante o el representante
de bancada puedan hablar cuarenta y cinco minutos. La finalidad es que a los autores
de proyectos, representantes de bancadas o miembros informantes se les dé más tiempo
que el que determina el artículo que habla de la media hora (…) Yo no quiero darle a
ese líder el carácter de jefe de bancada (…) el representante de la bancada no es el
jefe; es la persona que la bancada dispone que hable a su nombre y nunca es la misma,
sino que casi siempre se turna, y se elije a la que sea más apta (…) las bancadas
existen, puesto que existen las agrupaciones de gobierno y se tratan muchos asuntos
considerándolos como políticos, y cuando una agrupación de gobierno ha resuelto un
asunto como político, en general se vota unánimemente. En la bancada de enfrente es
obligatorio; en la bancada nuestra, es un parecer…” (DSS. C.RR. T.357. p. 387).
Esta intervención contó con el apoyo de algunos diputados batllistas, el diputado
nacionalista Quijano y los tres diputados de los partidos de ideas. Batlle Berres había
perdido la discusión en la interna del Batllismo pero ahora lanzaba su propuesta en el
plenario con el fin de presionar a la Cámara a una nueva negociación. Su idea era
limitar el tiempo pero al mismo tiempo fortalecer la verticalidad de los partidos y
fracciones mediante el establecimiento de la figura del portavoz. Ante la gravedad del
planteo, que dividía a las bancadas mayoritarias, García Selgas propuso pasar su
consideración para el final de la discusión. Entre los meses de octubre de 1929 y marzo
de 1930, se procesaría un trabajoso acuerdo que sería refrendado en las rápidas e
intensas sesiones de abril de ese año. Batlle Berres retiraría la propuesta de los speakers
y la comisión revisora aceptaría modificar algunos límites de tiempo establecidos en el
proyecto. Fue así que el tiempo de los miembros informantes y de los diputados en la
discusión en particular, se mantuvo sin modificaciones, y se quitaron las limitaciones
para el diputado interpelante y el ministro interpelado. Los reformadores cedieron en
este punto pero lograron pasar los artículos que elevaban el costo de las interrupciones,
reducían el tiempo para dirimir cuestiones de orden, y restringían la posibilidad del
debate libre22.
22 El quórum exigido para declarar el debate libre fue elevado de 25 a 62 diputados estableciéndose que esa decisión solo podría darse en la discusión en general de un proyecto.
20
La última transacción se produjo con la sanción del instituto de la “media hora
previa”. Este procedimiento existía desde el Reglamento de 1860, pero en la reforma de
1922 había sido trasladado para el final de la sesión. Como muchos diputados narraron,
esta facultad ubicada al inicio de la sesión antes de 1922, se había transformando en un
problema porque permitía a los opositores realizar discursos que promovían la
confrontación, lo cual afectaba el ánimo de la Cámara e impedía el normal desarrollo de
la sesión23. El proyecto de la comisión revisora mantenía la “media hora” al final de la
sesión, pero la presión de varios legisladores obligó al cambio. La decisión resultó
lógica porque si se mantenía el instituto en esos términos, cuando los diputados
intervinieran la Cámara carecería de quórum y ello impulsaría a muchos a intentar
colocar sus temas particulares en el medio de los debates. Como afirmó Frugoni, había
que “abrir una válvula de escape para que todas esas cosas salgan” (DSS. C.RR.
T.357. p. 370).
El nuevo Reglamento de la Cámara terminó de aprobarse el 9 de abril de 1930.
Recién en la sesión del 3 de abril los partidos consiguieron establecer un quórum
permanente superior a los 62 diputados que dio aprobación al articulado. El cuadro 2
presenta un resumen de las principales enmiendas confrontadas con las disposiciones
del anterior Reglamento. Cuadro2. Reglas internas de la Cámara de Representantes
Autoridades y Poder de Agenda Régimen de Sesiones Régimen de Debate Sistema de comisiones
3º Reglamento (1922)
Presidente y dos Vicepresidentes. Agenda la controla el Presidente pero puede ser modificada por 2/3 de presentes o por la 1/2 de los componentes de la Cámara
Sesiones ordinarias: quórum mínimo para sesionar de 25 diputados Sesiones extraordinarias a solicitud de 25 diputados
Cada diputado hablaba una vez por debate Debate en general: 30´ Debate en particular: 20´ Interrupciones: 5´ Debate Libre: 1/2 de presentes Media hora al final de la sesión
Las designa el Presidente(cuidando representación de los sectores) 20 comisiones 7 miembros cada una
4º Reglamento (1930)
Ídem
ÍdemSesiones extraordinarias a solicitud de 62 diputados
ÍdemInterrupciones a cuenta del orador Debate Libre:1/2 de componentes (62) Media hora previa
Comisión Especial con un delegado por partido 12 comisiones El tamaño de cada comisión era variable*
* En 1943 se dispuso la reforma del artículo, al establecerse un mínimo de 5 miembros por Comisión y un máximo de 15. También se dispuso que cada legislador integre una comisión. En 1968, se volvió a modificar el artículo para bajar el mínimo de componentes a 3. Fuente: Elaboración propia en base a los Reglamentos de la Cámara de Representantes
23 Por ejemplo, el diputado batllista Pedragosa Sierrra narró que “si los señores diputados recorren los anales parlamentarios verán que se hacía imposible tratar el orden del día, porque el señor Herrera planteaba cuestiones previas. Entonces esas cuestiones dilataban la consideración de los asuntos del orden del día, porque impresionaban de tal modo a la Cámara que se dedicaba a esas cuestiones previas exclusivamente” (DSS. C.RR. T.357. p. 365).
21
3. La construcción de un nuevo equilibrio
La modificación del sistema de reglas parlamentarias de 1930 supuso la construcción
de un nuevo equilibrio institucional. En ello influyeron decisivamente los partidos y sus
fracciones. Un acuerdo entre el Partido Nacional –mayoritario en la Cámara- y el
Batllismo –mayoritario en el Partido Colorado- permitió la redacción de esta normativa
que, con pequeños cambios, fue aprobada en el plazo de un semestre. Si bien el trámite
de la reforma no fue lineal (en noviembre los debates se bloquearon), tras el receso de
verano, el acuerdo fue ajustado y sumó el apoyo de otros grupos menores del Partido
Colorado, el Partido Socialista y la Unión Cívica.
Como actores colectivos, los partidos tenían buenas razones para cambiar las
reglas parlamentarias. El deficiente funcionamiento de la Cámara no sólo empeoraba las
condiciones de trabajo, sino que provocaba profundas desigualdades que favorecían a
los grupos pequeños y bien organizados. El obstruccionismo y el retraso de la
legislación eran los síntomas más notorios de dichos problemas. A esto se sumaba la
existencia de un contexto político negativo y de creciente polarización sobre el
funcionamiento del diseño institucional instaurado en 1918. Las recurrentes críticas al
funcionamiento del Ejecutivo bicéfalo, se extendieron también al desempeño del Poder
Legislativo. Carlos Quijano decía que “estamos en un período de desprestigio
parlamentario y, sin duda alguna, no guardo la ilusión de los que creen que estas
modificaciones reglamentarias van a trocar, de la noche a la mañana, a este
Parlamento en un Parlamento verdaderamente realizador; pero, sin duda alguna, esta
reforma contribuirá a la regulación de los debates y a la mejora de nuestro trabajo”
(DSS. C.RR.T.357. p. 229). Por su parte, Lerena Acevedo reconocía que “en todas
partes, en la prensa, en las reuniones públicas, y aún en las conversaciones privadas,
se hace sentir a diario un intenso malestar contra el trabajo de la Cámara. Todo el
mundo condena el trabajo realizado sin orden y sin método, esa labor desordenada que
a nada bueno conduce…” (DSS. C.RR.T.361. p.15).
Por tanto, existían por buenas razones–funcionamiento y mala imagen- para que
los partidos se comprometieran con un cambio sustantivo de las reglas de juego. Sin
embargo, existían también intereses de los actores individuales que contribuyeron a la
construcción de un nuevo equilibrio. O sea, las razones generales operaron
22
sustantivamente pero los objetivos individuales de los sectores mayoritarios aceleraron
el proceso de configuración de un escenario favorable al cambio.
El abanderado de la reforma fue el Partido Nacional, pero la confección de
ciertos dispositivos institucionales como la Comisión Especial, respondió a la pluma de
diputados batllistas. Ambos actores fueron los animadores de la enmienda. El Partido
Nacional, como se dijo antes, creía que podía ganar la elección presidencial del
siguiente año. Los buenos resultados alcanzados en las presidenciales de 1926 y las
legislativas de 192824, alentaban fuertes expectativas pese a que algunos dirigentes del
partido no se mostraban muy convencidos de las orientaciones de su candidato25. La
temprana proclamación de Luis Alberto de Herrera, en noviembre de 1929, puede ser
una prueba del nivel de confianza de la dirigencia nacionalista. Una circular del
Directorio dirigida a las departamentales partidarias de todo el país, fechada en
setiembre de 1930, dejaba entrever ese espíritu: “desde su dramático descenso del
poder en el año 1865, el Partido Nacional nunca se ha encontrado en más favorables
circunstancias para alcanzar la victoria final” (citado por Caetano y Jacob, 1988:155).
Un presidente nacionalista con un Parlamento eficiente y controlado por su propio
partido, representaba un prospecto de gobernabilidad muy favorable, sobre todo si se
toma en cuenta la compleja situación que afrontaba el sistema político uruguayo a
finales de los años de veinte.
No obstante, el Partido Nacional de 1929-1930 no constituía un bloque
homogéneo. En su interior convivían dos tendencias claramente diferenciadas: por un
lado estaban los llamados “principistas”, “conservadores” o “lussichistas” y por otro, los
“demócratas” o “herreristas” (Reyes Abaddie 1989:208). Los historiadores Caetano y
24 El diseño institucional de la Constitución de 1918 determinó un cronograma de elecciones extremadamente exigente (ver como ejemplo el diagrama 1). La Cámara de Representantes se renovaba íntegramente cada tres años, el Senado y el Consejo Nacional de Administración se renovaban por tercios cada dos años y la elección del Presidente de la República se realizaba cada cuatro años (Chasquetti 2003). Durante la década del veinte se realizaron comicios casi todos los años. En materia de elecciones presidenciales, la ventaja entre ambos partidos venía reduciéndose elección tras elección. En noviembre de 1922, Luis A. de Herrera, perdió por 5.181 votos; cuatro años más tarde, en noviembre de 1926, la diferencia se redujo a tan solo 1.594 votos. Para tener un completo panorama sobre el nivel de expectativa electoral de los nacionalistas debe también considerarse el triunfo alcanzado por este partido en la elección de renovación parcial del Consejo Nacional de Administración de noviembre de 1925 y el triunfo en las legislativas de noviembre de 1928, que transformó a los nacionalistas en la primera fuerza del Parlamento. Al respecto ver Caetano (1993). 25 Haedo (1990:232) cuenta el caso del diputado Gustavo Gallinal, quien propuso a dos miembros del Directorio del Partido que se concurriera a la elección de 1930 con listas separadas (no vinculadas) para Presidente y Consejeros. Gallinal pensaba que había ciudadanos dispuestos a votar candidatos nacionalistas al Consejo y a un candidato colorado a la Presidencia. La presión de Herrera impidió la adopción de ese método.
23
Jacob señalan que para fines de la década del veinte podía ya percibirse “un
nacionalismo independiente en formación, muy difuso socialmente, nucleando fuerzas y
figuras de orígenes e ideologías muy diversas, pero con el atractivo de perfilarse como
una alternativa hipotéticamente viable a la conducción de Herrera…” (1989:189-191).
Si bien este peculiar conglomerado “asaltaría” la dirección del partido después
de la derrota en la elección presidencial de 1930 (iniciándose así el proceso de fractura o
cisma del nacionalismo26), su accionar colectivo ya podía observarse en los meses
previos a esos acontecimientos27. En lo atinente al tema que nos ocupa, queda claro que
el grupo que en 1929 impulsó la reforma del Reglamento estaba conformado
principalmente por nacionalistas independientes. Los que actuaron como miembros
informantes, animaron el debate en la Cámara y votaron la sanción final de la reforma
en las sesiones de abril, eran diputados que tras la elección presidencial de 1930 se
opusieron fervientemente a Herrera28. Otros legisladores que hasta ese momento
revestían en el círculo íntimo del caudillo, iniciaron su distanciamiento precisamente en
26 Tras la elección, Herrera exigió al Directorio saliente que publicara “un manifiesto declarando de antemano que el enemigo a quien debe combatirse es el Batllismo de cuya fracción no debe aceptarse nada en lo sucesivo” (citado por Caetano y Jacob 1988:169), pero eso no sucedió. El Directorio se negó a censurar expresamente al Batllismo y presentó su renuncia en pleno el 31 de diciembre de 1930. Por ese motivo fue convocado un congreso electoral el 13 de enero de 1931 con el fin de elegir un nuevo Directorio. El impacto de la derrota ambientó, sin embargo, un escenario de debate, críticas y polarización en torno a la posición asumida por Herrera. El discurso del caudillo durante los días posteriores a su derrota “no sólo trasuntaba su profundo desencanto ante el contraste electoral: proyectaba también toda una estrategia para el futuro, tanto en lo concerniente a lo que pasaría fuera como dentro del Partido Nacional” (Caetano y Jacob 1988:170). En virtud de las situación, los nacionalistas “independientes” le exigieron en el Congreso una serie de condiciones para votarlo como Presidente del Directorio, lo cual motivó el rechazo de Herrera. Sin embargo, un grupo de congresistas acólitos al caudillo presentó una lista con su candidatura que igualmente cayó derrotada (Reyes Abadie 1989:216). Haedo sostiene que los adversarios de Herrera “eran dueños de la gran mayoría de las bancas legislativas, -obtenidas bajo el patrocinio de su nombre-, dominando como consecuencia inmediata todas las autoridades partidarias, desde el Directorio a las departamentales y seccionales, por lo que les fue fácil construir un congreso que fuese el reflejo de sus ideas y dúctil a sus orientaciones” (1990:262). La votación del Congreso fue de 96 votos para la lista “anti-herrerista” y 67 votos para la lista “herrerista”. El resultado generó la idea de que Herrera había sido finalmente vencido, pero los acontecimientos ulteriores mostrarían lo contrario. El 2 de febrero de 1931 constituyó el Comité Nacional Herrerista y meses más tarde fundó el diario “El Debate”. La Convención del Partido realizada a fines de junio dirimió la línea política del partido y selló la división que se mantendría por casi tres décadas. 27 Existen una serie de sucesos que muestran perfectamente los alineamientos. La discusión en torno a la posición del Partido Nacional frente a la integración de la Corte Electoral, la designación de autoridades en los Entes Autónomos, la definición en 1930 de las candidaturas para el Consejo Nacional de Gobierno y la actitud ante el Batllismo triunfante en 1930. Al respecto ver Caetano y Jacob (1989), Haedo (1990) o Gallinal (1938). 28 La votación del congreso elector de enero de 1931 permite comprender los alineamientos dentro de la bancada nacionalista. De los datos ofrecidos por Haedo (1990:268-269) deduzco que de los 60 diputados nacionalistas, sólo 21 acompañaban a Herrera, 35 eran claramente opositores y 4 permanecían como indefinidos.
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esos meses (el caso del propio Presidente de la Cámara)29. En consecuencia, podríamos
suponer que el grupo anti-herrerista que impulsó la reforma podría tener motivos
particulares para cambiar el status quo reglamentario de la Cámara.
La lectura cuidadosa de algunos acontecimientos ulteriores, como sugiere Levy,
conduce a pensar que el empeño por mejorar el funcionamiento parlamentario no
respondía únicamente a la eventualidad de un triunfo presidencial nacionalista, sino
también a una convicción inspirada en políticas. Como da cuenta el relato de algunos
actores, por lo menos desde 1929, el Directorio del Partido Nacional –controlado por
dirigentes no-herreristas-, negociaba con el Batllismo la aprobación de un conjunto de
reformas que más tarde (octubre de 1931) sería sancionado como el gran acto legislativo
del periodo. Para ser más precisos, el conocido paquete legislativo acordado por el
Batllismo y el Nacionalismo Independiente venía siendo negociado desde tiempo
atrás30.
Al respecto, Gustavo Gallinal –por entonces legislador nacionalista- narra en su
libro sobre la caída del régimen que: “en filas nacionalistas las negociaciones con el
Batllismo, hasta 1931, se hicieron con unánime apoyo de de legisladores, consejeros,
miembros del Directorio partidario. Apenas solía salvar su opinión el diputado
Otamendi, opuesto a los contactos con el adversario. En marzo de 1930 cristalizó el
laborioso acuerdo en sus primeras realizaciones concretas (…) Solucionóse el
entredicho de la Corte Electoral; fue reformada la Constitución para establecer la
elección directa de los senadores, suprimiéndose el Colegio Electoral; una ley
29 Eduardo Víctor Haedo presenta a Guillermo L. García y a Ismael Cortinas (ambos candidatos del partido al Consejo Nacional de Gobierno en 1928) como dos claros ejemplos de “traición” a Herrera. Afirma el autor: “Fue grande el desencanto de Herrera. La visión directa de lo que pasaba le golpeó fuertemente la sensibilidad. Eran los mismos hombres que voceaban su nombre, disputaban su retrato, fingían una adhesión incontenible… los que ya, apenas ubicados en sus bancas, tomaban sus ideas como pesado lastre y se mancomunaban para arrojarlo por la borda (…) Los grupos formados alrededor de estos dos hombres (García y Cortinas), con el auspicio de ellos, se sumaban a los viejos e irreductibles adversarios de Herrera para abatirlo… (1990:213). 30 El origen de estas negociaciones se encuentra en el conflicto desatado por la renovación de la integración de la Corte Electoral. El Batllismo y los nacionalistas no-herreristas propiciaban la votación de miembros neutrales, pero Herrera pretendía que la Corte se integrara proporcionalmente con delegados de los partidos. Para destrabar la situación, se iniciaron contactos entre las cúpulas partidarias y a propuesta del Batllismo se fueron ampliando los temas de negociación. Por ejemplo, en diciembre de 1929, el diputado Batllista, Francisco Ghigliani, propuso integrar la Corte de forma neutral e integrar en forma proporcional los organismos de dirección de los Entes Autónomos tomando como base de cálculo a la integración del Consejo Nacional de Administración. También propuso proveer proporcionalmente al personal subalterno de los entes, y aprobar un proyecto para espaciar la realización de elecciones. Los negociadores eran el Dr. Aguirre por el Partido Nacional, y el Dr. Domingo Arena por el Partido Colorado. Al respecto, ver Gallinal (1938:206-207).
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interpretativa reglamentó la designación de un Presidente provisorio para el caso de
acefalia por retardo de los escrutinios (…) quedaron para ser tratadas después del 10
de julio y ser motivos de nuevos acuerdos, sobre bases ya aceptadas, las demás
fórmulas y entre ellas las relativas a los directorios y al personal de los entes
autónomos (…) Apremios políticos propios de un año de elección presidencial
dificultaron la continuación de la gestiones pendientes que fueron retomadas recién en
el siguiente año, tras la aceptación de la derrota” (1938:208).
Por su parte, la mayoría del Partido Colorado también tenía múltiples intereses.
Por un lado, era obvio que deseaban un Parlamento eficiente para que el Presidente
batllista y su mayoría en el Conejo Nacional de Gobierno no encontraran bloqueos
legislativos en el tratamiento de sus planes. Sin embargo, al igual que en el
nacionalismo no-herrerista, la convicción por mejorar el andamiaje pudo responder al
deseo de acelerar las reformas que se venían negociando. Es probable que la mayoría de
los dirigentes batllistas viera en el nuevo Reglamento a una herramienta útil para
disciplinar los espíritus facciosos y evitar las disidencias a la hora de decidir acerca de
temas complejos. El citado libro de Gallinal aporta también aquí una visión útil sobre
cómo la mayoría colorado encaró las negociaciones y el acuerdo final: “…el Batllismo
se mostraba unido en 1931 y unido se presentó a las negociaciones y las ultimó con la
cooperación curiosa de quienes formarían en 1933 el estado mayor de la dictadura. El
Dr. Terra intervino en el estudio de las leyes del pacto como miembro de la
Agrupación de gobierno y fue encargado de tratar como consejero –junto al consejero
nacionalista Ismael Cortinas- (Nota: esto fue antes de asumir la Presidencia en 1931) el
tema del monopolio del alcohol y la manera de realizar la iniciativa…” (1938:217)
El pacto legislativo parece haber sido negociado en dos etapas, la primera entre
diciembre de 1929 y julio de 1930, y la segunda entre febrero y octubre de 1931. Esas
interacciones fueron el marco propicio para el acuerdo y aprobación del nuevo
Reglamento en la Cámara de Representantes. La traba observada en el tratamiento de la
enmienda en noviembre de 1929 fue removida precisamente en los meses del verano,
momento en el cual se negociaban las iniciativas legislativas. Ya para marzo de 1930, el
acuerdo en torno al nuevo Reglamento era sólido y los sectores menores del Parlamento
lo habían aceptado. Los grupos mayoritarios tenían intereses específicos en materia de
policies por lo que el establecimiento de nuevas reglas de juego que favorecieran las
condiciones del tratamiento parlamentario, representaba una ganancia. El nuevo
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Reglamento establecía un método de trabajo ordenado que garantizaba el
funcionamiento de las comisiones permanentes, el abandono de la modalidad del debate
libre (sin límite de tiempo y permitiendo toda clase de interrupciones) y establecía
restricciones muy útiles para anular la estrategia del “filibustero” en el pleno. Es
probable entonces que el pacto legislativo de octubre de 1931 no hubiese sido tramitado
con tanta fluidez si el viejo Reglamento no hubiera sido enmendado. Obsérvese que
antes de finalizar la legislatura, el Parlamento recibió, analizó y voto un paquete de
leyes sustantivas que cambiarán el curso de los acontecimientos políticos: Regulación
de las operaciones cambiarias -primer antecedentes del contralor de cambios- (ley
8.763); Creación de la Administración Nacional de Combustible, Alcohol y Portland –
ANCAP- (ley 8.764); Reorganización de los Entes Autónomos (ley 8.765); Creación del
Consejo de Salud Pública (ley 8.766); Establecimiento del Monopolio de los Teléfonos
a cargo de UTE (ley 8.767); etc.
En términos de Cox y McCubbins (1993) es obvio que en ese año –el último de
la legislatura- existió en la Cámara una coalición cartelizada que controló las posiciones
con poder de agenda y que viabilizó el paquete legislativo acordado. El nuevo equilibrio
institucional permitió el desempeño de ese cártel legislativo cuyo vértice residía en en el
Poder Ejecutivo bicéfalo. Es cierto que para que eso sucediera debió transcurrir la
elección presidencial de 1930, pero ya antes de la campaña electoral de ese año la
coalición había obtenido réditos como la ley que determinó la elección directa de los
senadores o la que reglamentaba los casos de acefalia por retardo de los escrutinios.
Tras la crisis del Partido Nacional en el congreso elector de enero de 1931, se aceleraron
las negociaciones y entre julio y octubre se redactan los proyectos, se envían al
Parlamento y se sancionan con el voto de la mayoría. Nótese que todo eso sucede en
plena campaña electoral para la elección de renovación de la Cámara de noviembre de
1931 (ver diagrama 1). Sólo una coalición o partido cartelizado podría haber logrado un
éxito de tal envergadura.
Diagrama 1. Proceso político de la 30ª Legislatura
30ª Legislatura
Legislativa 1928 Elección CNA 1929 Presidencial 1930 Legislativa 1931 Elección CNA 1931 Golpe de Estado 1928 1929 1930 1931 1932 1933 Reforma de reglas Paquete reformas
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Lo paradojal del caso es que en la elección legislativa de ese año se suscitarían
grandes sorpresas para una parte de los precursores del cambio. La votación del
Herrerismo en la interna del partido duplicó los votos de los candidatos independientes
y un número importante de legisladores perdió su banca. El desastre electoral redujo la
bancada independiente de 39 a 21 diputados, en tanto que los herreristas crecieron de
21 a 34. Globalmente, el Partido Nacional perdió 5 bancas y el Partido Colorado obtuvo
una adicional. Entre los legisladores del nacionalismo independiente, 27 compitieron
por la reelección y sólo 15 tuvieron éxito. Figuras relevantes de la legislatura como
Javier Barrios Amorín, Carlos Quijano, Arturo Lerena Acevedo, Daoiz Cerdeiras, Julio
Lorenzo y Deal y José María Penco quedaron afuera del Parlamento. Otros tantos, como
Guillermo L. García y Mariano García Selgas, ni siquiera compitieron.
La mayoría de los historiadores sostienen que el resultado de esa elección se
explica por la polarización que Herrera desató luego de la ruptura del partido. Su
prédica desde la prensa escrita, sus continuas giras por el interior del país y su consigna
“Con Herrera, contra el colegiado y por el plebiscito”31 hizo carne en un país
fuertemente conmovido por la crisis económica mundial, los altos niveles de
desocupación y el descontento con el gobierno32. Dentro del Batllismo, sin embargo, no
se observó un proceso similar, pues el sector creció levemente a costa de las fracciones
menores. La división de este grupo se procesaría en el siguiente año con motivo de un
cambio de orientación muy nítido del propio Presidente de la República.
Por tanto, parece evidente que una parte de los auspiciantes del cambio de reglas
parlamentarias y de la ulterior tramitación del paquete legislativo no obtuvo réditos por
su gestión. Teóricamente, los partidos o coaliciones cartelizadas cimentan su accionar
31 La consigna de Herrera devela su estrategia política. Por un lado, endilgaba toda la responsabilidad de la crisis económica al gobierno colegiado y por otro, promovía la realización de un plebiscito que permitiera reformar la Constitución y retornar al típico sistema presidencialista de 1830. Vale decir que la Constitución de 1918, como tantas otras de la época, exigía para su enmienda la voluntad expresa de dos legislaturas consecutivas. A sabiendas de que esa decisión no podría obtenerse con un Parlamento controlado por batllistas y nacionalistas independientes, el Herrerismo y el Riverismo levantaron las banderas de la consulta directa a la ciudadanía. 32 Caetano y Jacob (1988: 51-62) ilustran como la crisis desatada en 1929 afectó el nivel de actividad y del Producto Interno Bruto del país. Para 1933, el volumen de las exportaciones se había reducido en un 49% y el de las importaciones un 46%. La desocupación en 1932 alcanzaba a 38.000 personas y el costo de vida había aumentado por encima del 31% (considerando productos básicos como aceite, frutas, harina, pan, queso, etc.).
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en un beneficio colectivo de carácter electoral que consigue el partido en base al
prestigio público alcanzado. Es muy probable que los votantes no lograran evaluar la
significación de los resultados legislativos y que la polarización impuesta por Herrera
(junto a otros elementos como por ejemplo su indiscutible carisma), hayan determinado
un trasiego de votos y la derrota de los incumbents. Por tanto, pese a que una parte de
los promotores del cambio de reglas perdería sus bancas en la elección legislativa, el
nuevo status quo institucional diseñado por ellos permanecería vigente hasta nuestros
días.
Bibliografía
Bowler, Shaun (2000). “Parties in the Legislature: two competing explanations”, en Dalton, Russell J. y Martin P. Wattenberg, Parties without Partisans, Political Change in Advanced Industrial Democracies. Oxford: Oxford University Press.
Caetano, Gerardo (1992). La República conservadora (1916-1929). Tomo I. El alto a las reformas. Montevideo: Editorial Fin de Siglo.
Caetano, Gerardo (1993). La República conservadora (1916-1929). Tomo II. La guerra de posiciones. Montevideo: Editorial Fin de Siglo.
Caetano, Gerardo y José Rilla (1986). El joven Quijano (1900-1933). Izquierda nacional y conciencia crítica. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.
Caetano, Gerardo y Raúl Jacob (1989). El nacimiento del terrismo (1930 - 1933). Tomo I. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.
Cox, Gary W. (2006). “The Organization of Democratic Legislatures” en Weingast, Barry R. y Donald Wittman (eds.) The Oxford Handbook of Political Economy. Oxford University Press.
Cox, Gary W. y Mathew D. McCubbins (1993). Legislative Leviathan. New York: Cambridge University Press.
Chasquetti, Daniel (2003). “El proceso constitucional en el Uruguay del siglo XX”, en Caetano, Gerardo y Benjamín Nahum, El Uruguay del siglo XX. La Política. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental – ICP.
Chasquetti, Daniel (2010). Parlamento y carreras legislativas en Uruguay: un estudio sobre reglas, partidos y legisladores en las Cámaras. Tesis de Doctorado. Institutito de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República.
Gallinal, Gustavo (1938). El Uruguay hacia la dictadura. Editorial Nueva América.
Haedo, Eduardo Víctor (1990) [1936]. La caída de un régimen. Montevideo: Talleres Gráficos Institutos Penales.
Krehbiel, Keith (1991). Informaion and Legislative Organization. Ann Arbor: University of Michigan Press.
29
Levy, Margaret (2006). “Modelando Procesos Históricos Complejos con Narrativas Analíticas” en Revista Uruguaya de Ciencia Política. Volumen 15 (01). Montevideo: Editorial Cauce.
Lindahl, Göran (1971). Batlle; fundador de la democracia en el Uruguay. Montevideo: Arca
Manini Ríos, Carlos. (1970). Anoche me llamó Batlle (1911-1919). Crónica política del Uruguay contemporáneo. Montevideo: Talleres de Imprenta Letras S.A.
Manini Ríos, Carlos. (1972). Una nave en la tormenta (1919-1923). Crónica política del Uruguay contemporáneo. Montevideo: Talleres de Imprenta Letras S.A.
Manini Ríos, Carlos. (1973). La Cerrillada (1923-1927). Crónica política del Uruguay contemporáneo. Montevideo: Talleres de Imprenta Letras S.A.
Moraes, Juan Andrés (2008). “Why Factions? Candidate Selection and Legislative Politics in Uruguay” en Peter Siavelis y Scott Morgestern, Political Recruitment and Candidate Selection in Latin America. Penn State University Press.
Reyes Abadie, Washington (1989). Breve historia del Partido Nacional. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.
Weingast, Barry R. y William Marshall (1988). “The Industrial Organization of Congress” en Journal of Political Economy 96:132-163.
Materiales de Consulta
Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes. Tomos 355, 356 y 357.
Reglamentos Cámara de Representantes (1828, 1860, 1922, 1930, 1955, 1967, 1991 y 1998)
Reglamentos Cámara de Senadores (1830, 1858, 1918, 1943, 1985 y 2009)