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Análisis de la carta del Ministro Lavín

a la CONFECH

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No estamos conformes con la respuesta que el Ministro Joaquín Lavín dio a las demandas de los estudiantes. El siguiente documento es un desglose, punto por punto, de la carta que el Ministro envió a la CONFECH el 3 de junio, en el que exponemos el por qué consideramos que debemos seguir movilizándonos por una educación realmente pública y de calidad para todos y todas.

“Queremos valorar especialmente la preocupación de ustedes por el tema del acceso a la Educación Superior. Los estudiantes de menores recursos todavía tienen una presencia insuficiente en las universidades, los centros de formación técnica y los institutos profesionales: por eso tomaremos las medidas tendientes a facilitar el acceso a las universidades por razones distintas a la PSU, considerando especialmente el ranking de los alumnos en los establecimientos educacionales, lo que permitirá una clara ampliación social en las instituciones de educación superior. Lo mismo ocurre con los llamados propedéuticos y, ciertamente y como factor crucial, el mejoramiento sistemático de la enseñanza básica y media del país”

Esto, si bien no es malo hay que ver cómo es que se quiere hacer, no se cuestiona el carácter regresivo de la PSU. No es una medida nueva, ya lo había anunciado Piñera para el 21 de mayo. Y en el contexto de esta carta claramente tiene una función: Mostrar a un gobierno que cede frente a una demanda general de acceso. Pero ojo, como dijimos, Piñera ya lo había mencionado y de todas las demandas es la menos conflictiva, la que está más ampliamente consensuada y la que tiene más respaldo técnico.

“Creemos que es necesario aumentar el presupuesto de la Educación Superior, siempre de manera responsable y sostenida. Esto implica, además, considerar un par de aspectos importantes”

No hay mención alguna a qué significa aumentar el presupuesto, hacia dónde va la plata. Como veremos más adelante, no hay absolutamente ninguna referencia al problema de la institucionalidad, no hay una diferenciación importante entre universidades estatales y privadas. Desde la perspectiva de la CONFECH, es una vuelta de espalda a sus demandas, las que se han concentrado abiertamente en el tema de la institucionalidad. Tanto Giorgio como Camila han dicho por todos lados que la demanda de la institucionalidad es crucial, pues ésta entrega una forma de entender la acreditación que va a reglamentar hacia dónde se van los fondos. Desde nuestra perspectiva el tema de la institucionalidad también es fundamental, pues el presupuesto es que podamos definir claramente entre las universidades privadas y públicas. Esto tiene una segunda consecuencia y es que veremos cómo no hay ninguna referencia a regular el sector privado, lo que es gravísimo.

“En primer lugar, un estudio serio e integrado de nuestro actual sistema de becas, que tiene muchas variantes, instituciones que lo administran y criterios de asignación: nos parece que ha llegado el momento de perfeccionar este modelo que ha servido para que muchos accedan a la educación superior, pero que puede y debe mejorar en diversos ámbitos.”

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Esta frase es engañosa, pues si bien dice que lo que se quiere hacer es mejorar el sistema de becas, es necesario tener en cuenta que el objetivo del gobierno siempre ha sido generar un sistema único de becas y créditos, lo que desde nuestra perspectiva, es nefasto, pero dentro de lo cual esta frase cabe perfectamente. No se habla nada, obviamente, de los aranceles, ni de algún tipo de gratuidad en el sistema público.

“En la misma línea de financiamiento estudiantil se inscribe la propuesta de repactación de las deudas del Fondo Solidario, que hoy afecta a cien mil personas; así como otros aspectos relacionados con los créditos universitarios, a objeto de hacer menos gravoso el endeudamiento y permitir una mayor recuperación para la solidez del sistema y el apoyo a las nuevas generaciones.”

Acá no se plantea una solución al tema de los endeudamientos, repactar la deuda es sólo darle nuevos términos para que los deudores paguen lo que deben. Parece una concesión, pero en primer lugar no es una solución al problema, y en segundo, al igual que lo de acceso, ya había sido mencionado por Piñera el 21 de mayo.

“El segundo aspecto es un tema que ustedes nos plantearon y también ha surgido en diversas reuniones con el Consejo de Rectores, y se refiere a lo que denominan “Fondo de Revitalización para las universidades públicas”, que tiene buena acogida entre nosotros y cuyos criterios de asignación -tales como el carácter regional, la composición social o la pertenencia- queremos ver con ustedes y con los rectores en las mesas de trabajo.”

Esto parece ser la única “concesión” de la carta (al petitorio de la CONFECH) aunque no dice prácticamente nada, sólo que puede existir este fondo. La demanda con respecto a esto es que se le entregue una gruesa cantidad de dinero a las universidades precarizadas para que solucionen principalmente sus problemas de endeudamiento que las tienen sumidas en un círculo vicioso de precarización. Pero tenemos que entender que la concesión con respecto a este punto está en medio de un discurso que tiende radicalmente a la privatización, y desde allí, una inyección de recursos única sin un aumento del financiamiento basal a las universidades estatales y sin la creación de mecanismos orientados a mejorar el tema de la mala administración en éstas, sólo será la forma de “demostrar” la “incapacidad” e “ineficiencia” de las universidades estatales, y tener la excusa perfecta para avanzar a una privatización aún mayor.

“Adicionalmente, como deben saber, hemos iniciado un proceso que permitirá a las universidades estatales desburocratizar algunos de sus procedimientos. Todo esto será parte del nuevo trato y requieren reformas legales y un importante consenso para avanzar.”

Este punto es sumamente peligroso, en la forma como se está llevando (y que ya se empezó a hacer en las universidades) se entiende este “nuevo trato” como la creación de gobiernos corporativos. Esto significa gobernar las universidades a través del modelo del gobierno empresarial dando pie junto con ello a una mayor injerencia del empresariado en las universidades. Además es un gran paso atrás en la pelea por la democratización de los planteles (cuestión que tampoco se toca en absoluto en la carta). Por último, e igualmente grave, hay que tener mucho ojo con eso de

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desburocratizar sus procedimientos pues tiende, como está ocurriendo en la USACH ahora, a prácticas como la de la subcontratación de los empleados de la universidad.

“Esto se puede ver reflejado en lo que hemos denominado la "acreditación 2.0", que mueva a las instituciones a responder de manera efectiva y sólida, a la altura de las necesidades del país. De esta manera los resultados de la enseñanza superior y los recursos que se inviertan en ella serán mejor utilizados y tendrán una rentabilidad social más alta”.

De la acreditación no se dice nada, no genera distinción entre tipo de instituciones ni se amarra a ella los fondos entregados por el Estado a las instituciones acreditadas. No se dice nada de los criterios que debería considerar la acreditación y en la forma como está presentada no es ningún avance con respecto a lo que hay ahora.

“- Pensamos que el presupuesto de la Educación Superior debe acercarse al 1% del PIB y concentrar muchos de los esfuerzos en quienes más lo necesitan.”

La frase nuevamente es tendenciosa, si bien es importante que se aumente el Gasto Público en educación superior lo que dice es que se va a concentrar los esfuerzos en quienes más lo necesitan, o sea, en universidades privadas, CFT e IP, según el discurso del gobierno del último tiempo. Esto es grave, no hay un reconocimiento de la importancia del rol que deben cumplir las instituciones de educación superior estatales y por lo tanto no hay una preocupación por su fortalecimiento. En definitiva la traducción de esto es que se financiará, con plata de todos, proyectos educativos privados, “porque ahí están los estudiantes que más lo necesitan” antes trabajar en pos del fortalecimiento de las universidades públicas entendiendo que debiesen ser éstas las garantes del Derecho Social que es la educación. Esto es más grave cuando vemos las cifras hoy en día: El paísgasta un 2,2 % del PIB en Educación superior. De esto el 84% corresponde a gasto privado (familias) y sólo el 16 % a gasto público. Pero la situación es más crítica aún, porque de ese 16% el 35% va a las instituciones estatales y el 65% a las universidades privadas. Esta proporción aberrante es la que se pretende todavía aumentar.

“- Reiteramos nuestro compromiso con el respeto a las normas del derecho de asociación, y específicamente al derecho de los estudiantes a organizarse, constituir centros de alumnos y federaciones de estudiantes en las instituciones de educación superior.”

Está bien, pero es mínimo, es un Derecho Constitucional. No se habla nada de democracia institucional, ni se refiere a modificar la legislación vigente, que no sólo no promueve sino que prohíbe la democracia triestamental en las universidades en cuanto a la elección autoridades, presupuesto y planes de desarrollo.

“- En el plano de la beca BAES, habrá un aumento de su monto, y así se presentará para el presupuesto 2012.”

Para definir si esto es o no una medida de importancia debería conocerse de cuánto sería este aumento, puesto que las becas aumentan todos los años. Por otra parte, el gobierno ya había

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anunciado que entregaría 100.000 nuevas becas para alumnos que estudiaran en IP’s y CFT’s, independiente de a cuáles fueran (medida que fue criticada por la CONFECH).

“- En relación al tema del lucro, nos comprometemos a velar por transparentar la información de las instituciones universitarias.”

Acá otra declaración crítica. Se postula abiertamente la existencia de universidades que lucran con la educación, a pesar que en este momento lucrar es completamente ilegal. Los esfuerzos del ministerio se van a concentrar sólo en “transparentar la información”, y no a identificar y denunciar a aquellas universidades que incumplan la ley. Una vergüenza.

“- Además del fondo de revitalización para las universidades públicas, se creará un fondo de equipamiento para investigación, ciencia y tecnología. Para la distribución, en el primer caso se contemplarán criterios socioeconómicos y regionales, así como el tipo de institución.”

Con respecto a este punto, remitimos a lo mismo dicho con anterioridad con respecto a los fondos de revitalización. En un principio podría no estar mal, pero hay que ver a qué específicamente se refiere, observando la dirección que las políticas del gobierno han tenido con respecto a la educación superior siempre tendientes al aumento de privatización del sistema.

En Resumen:

Vemos en la carta la primera buena jugada del gobierno, parece una carta amable con disposición al diálogo y a los acuerdos, y que además desde un principio pareciera que está cediendo con respecto a las demandas de la CONFECH. Sin embargo, no entrega ninguna garantía de lo vinculante que sería el trabajo de la CONFECH dentro de la mesa de trabajo, más allá de un trabajo en conjunto donde éstos tuvieran un rol meramente consultivo. Con respecto a lo que dice, realmente es todo lo contrario a ser una carta que muestre concesiones de parte del gobierno, por el contrario hay una abierta reafirmación de los principios presentados por Piñera el 21 de mayo y de los puntos centrales de la reforma del gobierno que se han filtrado en los distintos medios. Con respecto a los puntos de la CONFECH, más allá de ciertos guiños (que son cuestiones ya adelantadas por el gobierno) como el tema del acceso o el Fondo Revitalizador, no hay nada, muchos de ellos ni siquiera se mencionan (como la regulación al sector privado, el problema de la institucionalidad y la TNE). Acceder a un fondo revitalizador para la educación pública, enmarcado dentro de las demás propuestas del gobierno que no comprenden en absoluto la importancia de la existencia de una educación pública estatal, sólo puede entenderse como una medida para dar el golpe de gracia a las universidades estatales. Mediante la entrega de un fondo a universidades con pésima administración y enormes deudas, y sin un aumento al financiamiento basal, esta medida se conformará en la excusa perfecta para declarar que las universidades públicas ya no tienen salida, y que la privatización es la respuesta ante el problema (algo similar a lo que pudimos ver con respecto a la UTEM en el programa “Esto no tiene nombre” y a lo que ha hecho el Estado desde la reforma de 1980).

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En el fondo, no se tocan temas que son de suma importancia en el petitorio de la CONFECH.Por ejemplo, no toca nada, pero absolutamente nada, el tema de la institucionalidad, no se realiza ninguna diferencia entre los distintos tipos de universidades (lo que redunda en que tampoco se hagan diferencias en relación hacia qué instituciones se van los fondos del aumento del Gasto Público). No se menciona en absoluto la regulación al mundo privado. Y como decía, esto no es casual sino que responde al modelo de institucionalidad levantado desde el gobierno donde se quiere homologar a todos los tipos de instituciones (la necesidad de “igualar la cancha”). Junto con ello, la referencia a la acreditación es completamente precaria y no presenta ningún cambio (más allá de que ahora sea 2.0) con respecto a la actual, ni en cómo funciona (el lucro indiscriminado que se genera en el proceso) ni en lo que mide.

Estas dos omisiones no son menores pues son la piedra angular del nuevo sistema de educación superior en el que se piensa. Es fundamental, antes que todo, tener claro cómo es la institucionalidad para saber con claridad hacia dónde se van los recursos.

Otras dos afirmaciones críticas y que, nuevamente, no son más que parte del proyecto educacional del gobierno, son, primero la que realiza sobre las instituciones que lucran, donde no se critica su existencia sino que sólo se postula la clarificación de su situación (aún cuando esto atenta contra la normativa vigente) y segundo, cuando se habla de la desburocratización de las universidades estatales, en la que, como ya dijimos, conociendo la política del gobierno entendemos que esto se traduce en la instauración de gobiernos corporativos.

En definitiva, lo que tras esta carta hay, no es más que una estrategia desmovilizadora. Se presenta una carta donde se ofrece una mesa de trabajo (sin garantías de nada y sólo sobre financiamiento estudiantil) y donde el ministerio aparece cediendo a priori en ciertas demandas (en un ejercicio sólo retórico porque vimos que son cuestiones presentadas por Piñera el 21 de mayo). Con esto se pretende generar en el movimiento estudiantil la sensación de que ya hay un trecho ganado en pos de mermar la capacidad movilizatoria de éste con las consecuencias que eso implica y que todos conocemos.

Nuestra misión, como estudiantes que luchamos por la educación pública, es mostrar que con esta carta no se ha ganado nada, en ella el ministerio no ofrece nada y no sólo eso sino que de hecho, presenta abiertamente sus posturas que, como vimos, tienden a profundizar aún más el sistema de Educación Superior tremendamente privatizado que tenemos hoy en día. Una mesa de trabajo sin garantía de nada no nos debe interesar, nadie quiere la mesa por la mesa, sino que hay que tener explicitadas las reales posibilidades de incidencia en la elaboración de las políticas educacionales que el movimiento estudiantil tendrá. Por lo tanto, lo que tenemos en este momento no es más que una estrategia del ministerio para romper la movilización estudiantil cuando aún no se ha ganado nada. Es importante que seamos capaces de develar cómo detrás de las frases del gobierno está la idea de profundizar un modelo que ya es absurdo con respecto a la forma como se da en otros lados, en particular los países de la OCDE, con los que le gusta tanto compararse a Chile. No debemos permitir que situaciones como estas contribuyan a mermar un movimiento estudiantil y la movilización tiene que ir en alza. Aún no hemos ganado nada, se hace necesario hablar de democracia, de no lucro, de regulación del sistema privado, de hacia dónde se van los fondos del Estado, etc. y mostrar cómo el gobierno se está negando abiertamente a poner esos temas sobre la mesa.