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SEMINARIO
La Democracia Constitucional Española, marco vital Ramón Rubial 1906 - 1993
CURSOS DE VERANO
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENEZDEZ PELAYO
Santander 25 de julio de 2006
Intervención de Antón Saracíbar Presidente de la Fundación Francisco Largo Caballero
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SEMINARIO
La Democracia Constitucional Española, marco vital Ramón Rubial 1906 - 1993
Proverbio chino: El mejor profeta del futuro es el pasado.
Buenos días: Quiero saludaros en primer lugar en nombre de la Fundación Francisco Largo
Caballero y manifestar mi satisfacción por estar presente en este seminario organizado por
la UIMP y la Fundación Ramón Rubial - Españoles en el Mundo que se inscribe dentro de los
actos que se están celebrando en conmemoración del centenario del nacimiento de Ramón
Rubial
En 2º lugar quiero agradecer a su director Juan José Laborda su invitación expresa para
participar en este evento con el propósito de recordar los acontecimientos relacionados
con el Movimiento Sindical en lo que se ha llamado genéricamente la transición de un
régimen de dictadura a la democracia parlamentaria que hoy disfrutamos.
A los pocos meses de solicitar el ingreso en el PSOE, en el año 1968, conocí a Ramón Rubial.
En aquel entonces Ramón era una referencia obligada del Socialismo en torno al PSOE y la
UGT, y particularmente en el socialismo vizcaíno, junto con Nicolás Redondo. Un socialismo
fundamentalmente obrero, con dos núcleos fuertes en torno a la margen izquierda de la ría
del Nervión y a la capital Bilbao y sus barrios. Ramón militaba en la agrupación de Bilbao
que luego se dividió en varias agrupaciones separadas.
Ramón era el enganche con la historia del socialismo, como lo era para muchos jóvenes
Benigno Bascaran en Eibar.
Representaba el rigor, la seriedad, la puntualidad, la ortodoxia, la defensa de unos ideales,
la organización por encima de todo. Era el más preclaro exponente del llamado “Pablismo”,
término acuñado en recuerdo de Pablo Iglesias. No sé si por eso le llamábamos “Pablo”;
todos teníamos sobrenombre, en aquella época .
Para los que militábamos en la margen izquierda de la ría, Ramón era, más en concreto, el
metalúrgico, defensor de la unión del partido y el sindicato a ultranza, contrario a la
participación en el sindicato vertical y receloso con el comportamiento de los comunistas.
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Era la autoridad moral para los recién llegados como yo. Lo ha dicho Ramón, y se acababa la
discusión. La memoria histórica no tenia mejor representante conocido por los socialistas
vizcaínos.
Para los socialistas vascos Ramón era más sindicalista que político aunque posteriormente
ocupó cargos políticos y no sindicales.
El triunfo del socialismo, en 1982, fue posible por personas como Ramón, pero también
fundamentalmente porque funcionó el concepto de memoria histórica que no sólo debe
recoger lo acontecido desde la II República hasta nuestros días.
Efectivamente, para un sindicato que ha cumplido 118 años la memoria histórica nos remite
a la revolución industrial y al nacimiento de dos figuras claramente diferenciados: El
capital y el trabajo.
La acumulación del capital necesario para financiar el maquinismo conduce a una feroz
explotación de los trabajadores, sobre todo en el siglo XIX, que explica la huelga del 1º de
mayo de 1886, en Estados Unidos, por las 8 horas y posteriormente su conmemoración
todos los años en todos los países del mundo. 5.000 fábricas y 340.000 obreros pararon y
fueron violentamente reprimidos en Chicago con un balance de 38 muertos y 115 heridos.
Cuatro de sus dirigentes fueron ahorcados un año y medio más tarde, el 11 de noviembre
de 1887, después de un juicio amañado.
En ese contexto, y al grito de organización o muerte, se desarrolló el marxismo, el
anarquismo, la Asociación Internacional de Trabajadores y posteriormente el socialismo y
el movimiento sindical en torno a la UGT. La CNT nace después, en 1910.
El concepto de memoria histórica nos recuerda también el antimilitarismo de las
organizaciones obreras, cuyo lema era “o todos o ninguno”, que hizo que Pablo Iglesias
manifestara que “los esclavos de aquí luchan contra los esclavos de allí” a propósito de la
guerra de Cuba y posteriormente de Marruecos.
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La actividad de las “casas del pueblo” en la formación de la clase obrera y su política con los
jóvenes a los que se querían separar de las plazas de toros, de las iglesias, de las juergas y
de los abusos alcohólicos. El entusiasmo por la organización obrera, la militancia, la
austeridad, la ética, la honradez, el internacionalismo y la solidaridad obrera.
En aquel entonces se aspiraba a formar un hombre nuevo, distinto, cuando no opuesto, al
que se suponía había contribuido a crear la sociedad burguesa y la moral católica.
El 1º de Mayo es otra de las fechas emblemáticas de la época. El 1º de Mayo causaba
horror a la burguesía, no tanto por el número, sino porque aquellas banderas rojas, aquellos
líderes, aquellas masas, rompían el retablo, rompían la organización del estado, los moldes,
los modelos, la forma de estar en el escenario político y representaba la movilización de una
clase social contra la burguesía y a favor del slogan “es necesaria otra política”.
Las manifestaciones, motines y huelgas en contra de la carestía de la vida y
particularmente de la subida del precio del pan entorno a la 1º guerra mundial con gran
participación de mujeres.
La huelga general del 17 convocada por las organizaciones obreras que acabó con el comité
de huelga en la cárcel y que significó el nombra-miento de Francisco Largo Caballero como
Secretario General de la UGT, cargo que ocuparía durante 20 años.
El internacionalismo obrero a través de la participación de la UGT en la constitución de la
OIT y de la Federación Sindical Internacional.
Las III internacional, las 21 condiciones de Moscú, la escisión del PSOE y el nacimiento del
Partido Comunista.
La pragmática actitud de la UGT, con Largo Caballero a la cabeza, en la dictadura de Primo
de Rivera participando en el Consejo de Estado a pesar de la carencia de libertades.
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La II República, precisamente celebramos su 75ª aniversario, y los avances en políticas
sociales, en la educación, en la cultura y en las infraestructuras públicas, en definitiva en
la modernización del país.
La reacción brutal de la derecha; de una derecha montaraz, caciquil y reaccionaria
plasmada en el bienio negro y amparada por el fascismo internacional con el propósito de
eliminar los logros de la II República. Es oportuno recordar como ejemplo de ello, que ante
las hambrunas de los jornaleros los caciques andaluces respondían al grito de “comed
República”.
La actitud defensiva de las clases obreras ante el avance del fascismo en Alemania, Italia
y Austria convocando la huelga general del 34, particularmente en Asturias.
El triunfo del frente popular en el 36. El levantamiento militar, la dictadura, la represión, la
cárcel y el exilio. La supervivencia del Movimiento Obrero Histórico organizado en el exilio,
en la clandestinidad y en la cárcel en contraposición con el sindicato vertical al que se
añaden nuevos movimientos organizados desde la década de los 60 en torno a USO y CCOO
y los movimientos obreros de acción católica JOC y HOAC. Para terminar con la reciente
transición política a la libertad y la democracia en nuestro país que es lo que se me ha
solicitado que trate en este seminario que estamos celebrando.
En relación con este último punto comenzaré manifestando que la clase obrera y su
memoria histórica ha sido protagonista y factor determinante en la recuperación de
nuestras libertades. Contribuyó y sigue contribuyendo al asentamiento de las instituciones
democráticas. Sin despreciar el papel de los partidos políticos, es hora de que se
reconozca el papel de los sindicatos en la transición democrática.
Al realizar este balance de la transición no pretendo enumerar detalladamente los hechos
protagonizados por la UGT en estas últimas décadas, ni tampoco explicar como se ha ido
desarrollando nuestra organización en este tiempo. Simplemente destacaré alguno de los
jalones que marcan nuestra trayectoria.
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En primer lugar “la lucha por la democracia”. Para nosotros la transición sindical comienza
en el XXX Congreso de la UGT, conocido como el “Congreso del Biarritz”, celebrado en
Madrid en Abril de 1976, bajo el eslogan “A la unidad sindical por la libertad”.en unas
circunstancias difíciles y que de hecho anticipó la posterior legalización de los sindicatos.
En concreto, aquel congreso de 1976 supuso un elemento de ruptura democrática y
significó tres cosas: la negación de cualquier continuismo, más o menos edulcorado, del
sindicato vertical; la irrupción de la libertad sindical; y la afirmación del pluralismo sindical
realmente existente en España; o dicho de otra manera: que cualquier proceso de unidad
tenía que partir de la libertad sindical.
El XXX Congreso de UGT no sólo materializó la ruptura sindical, también anticipó y propició
la transición política que por el contrario se llevó a cabo a través de un proceso de
reformas políticas.
La celebración de estas “Jornadas Sindicales”, denominación impuesta por el gobierno de
Arias Navarro, no fue una concesión a la UGT. Tampoco fueron concesiones gratuitas la
autorización de la Asamblea Sindical de CCOO celebrada en Barcelona, en julio de 1976, ni
el Congreso del PSOE celebrado en Madrid, en diciembre de ese mismo año, sino obligadas
dadas las fuertes presiones internas y los imperativos de tener que dar una imagen de
aperturismo político después de la muerte de Franco.
A partir de aquel congreso, la UGT impulsó la constitución de la COS (coordinadora de
organizaciones sindicales), que convocó la huelga general de noviembre de 1976, llevó a
cabo la unificación, en Diciembre de 1977, con la USO, el otro sindicato que se reclamaba
del socialismo democrático; organizamos el retorno a nuestro país de los restos de Largo
Caballero; celebramos en Madrid el 12º Congreso de la CIOSL, en 1979; volvimos a
participar con pleno derecho en las Asambleas de la OIT y comenzamos, en 1979, un largo
proceso de concertación social en base a grandes acuerdos globales que duró hasta 1986 y
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que por encima de cualquier consideración, tenia como norte estratégico consolidar la
democracia en nuestro país.
Por eso debo reiterar que la UGT y el sindicalismo en general han sido, sin ninguna
exageración, piezas esenciales en la recuperación y la consolidación democrática en España.
Aunque en las crónicas que se están haciendo de la transición no se recoja suficientemente
el papel que desempeñamos y del que nos sentimos muy orgullosos como he señalado
anteriormente.
En segundo lugar, “la afirmación del sindicato”. Frente a las prácticas asamblearias
propias de la clandestinidad, la UGT siempre ha defendido el papel del sindicato como única
organización representativa de los trabajadores.
Así, fuimos defensores e hicimos que fueran aceptadas en las empresas las secciones
sindicales en convivencia con los comités de empresas; pactamos el Estatuto de los
Trabajadores como marco de actuación de la autonomía de las partes; defendimos la
celebración de las elecciones sindicales con listas presentadas por los sindicatos;
reforzamos el principio de representatividad sindical; defendimos la presencia
institucional de los sindicatos, tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en la Ley
Orgánica de Libertad Sindical; y configuramos una estructura organizativa buscando el
equilibrio entre las organizaciones territoriales y sectoriales del sindicato que finalmente
dio paso al protagonismo de las Federaciones de Industria en el congreso celebrado en el
año 1994, sindicalizando más si cabe al sindicato.
En tercer lugar, aunque no en orden de importancia, “la defensa de los trabajadores”. El
trabajo sindical no es muy lúcido y hace falta mirar hacia atrás para apreciar lo conseguido.
A veces valoramos poco lo que hacemos y, desde luego, se valora poco desde fuera la labor
sindical. Pero lo realizado y lo conseguido en beneficio de los trabajadores no es
desdeñable. Sería muy largo inventariarlo todo. Pero sí quisiera destacar algunas cosas: la
consecución de las 40 horas de trabajo semanales; los 30 días de vacaciones anuales; la
reducción de 126 horas de jornada, en tres años, en el AMI; el llamado salario social, hoy
extendido en la práctica totalidad de las CC.AA; los procesos de reconversión industrial sin
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bajas traumáticas; las pensiones no-contributivas; el impulso a la formación profesional en
nuestro país; la importante mejora de las pensiones conseguida en el acuerdo del 90; la
revalorización de las mismas conforme a la inflación; la mejora de las prestaciones
familiares y de desempleo. Y por supuesto miles de convenios cada año que han ido
mejorando las condiciones de millones de trabajadores. Concretamente en España se firman
todos los años más de a 4.000 convenios que afectan a más de 8 millones de trabajadores.
En cuarto lugar “la concertación”. Aparte del amplio margen que la Constitución Española
estableció para la actuación sindical, muchos de los avances conseguidos no han sido fruto
de la iniciativa política sino de la negociación y las contrapartidas sindicales; en julio de
1979 negociamos el Acuerdo Básico Interconfederal (ABI), que tuvo importancia por ser el
primero de una serie de acuerdos, pero sobre todo, porque sentó dos principios esenciales
del marco normativo que hasta hoy permanecen: el reconocimiento del más amplio y
profundo juego de la autonomía de las partes y el reconocimiento asimismo de la presencia
y actuación de las organizaciones sindicales y empresariales en todos los ámbitos de las
relaciones laborales. Negociamos el Estatuto de los Trabajadores, que entró en vigor en
marzo de 1980. Esta ley básica, emanada de la Constitución, fue el producto del consenso
entre la UGT y CEOE que tuvo traducción en un amplio acuerdo parlamentario. Sin duda,
debe atribuirse a este hecho el que se haya configurado un marco laboral que en su
contenido esencial está plenamente vigente, y que si ha sufrido alguna modificación ha sido
en un sentido socialmente regresivo; negociamos, en el AMI, la presencia institucional de
los sindicatos; negociamos la Ley Orgánica de Libertad Sindical; negociamos en el ANE, el
reconocimiento de las secciones sindicales; el A.I. en el 83 y el A.E.S. en el 84; en 1992
negociamos la formación profesional continua, dando nacimiento a una Fundación conjunta
con los empresarios, la FORCEM;, y por último la constitución del Consejo Económico y
Social (C.E.S).
En quinto lugar, “la autonomía sindical”. Durante estos años nuestra defensa teórica de la
autonomía sindical se ha enfrentado a la realidad. Nunca antes la UGT había tenido que
ejercer su función sindical con un Gobierno socialista. Tuvimos que aprender en poco tiempo
lo que otros sindicatos en la Unión Europea habían asimilado mucho antes. Es decir, que la
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autonomía consiste en anteponer los intereses de los trabajadores a las opciones del
Gobierno, por cercano que este sea; que los partidos, la sociedad, los trabajadores han
cambiado y también las tradicionales relaciones entre partidos y sindicatos; que el
histórico reparto de papeles entre Partido y sindicato ya no funciona; que los sindicatos no
pueden actuar en función del color del gobierno ni depositar todas sus esperanzas a que
lleguen "los nuestros"; que los partidos tienen una composición interclasista y para
gobernar tienen que conseguir votos del centro y por lo tanto están sujetos a pactos y
compromisos y, consecuentemente, nadie puede sustituir a la fuerza autónoma de los
propios sindicatos para defender los intereses laborales y sociales.
En definitiva, las relaciones entre partidos y sindicatos se tienen que establecer en base a
una real autonomía de ambos. Es lo que sucede en otros países y es lo que finalmente
también se ha impuesto aquí.
Ello resulta imprescindible para la unidad del sindicato, para el respeto de su pluralidad
interna, para la unidad de acción sindical, para ejercer, en una democracia, el papel
institucional del sindicato. Y, por supuesto, para poder converger, autónomamente, con los
partidos y fuerzas progresistas en los objetivos de transformación social.
Sin duda hoy la autonomía sindical es un elemento estructural de los sindicatos y a ello la
UGT ha contribuido en España seguramente más que nadie. Al menos ha marcado el camino.
En sexto lugar hemos “defendido un pensamiento de inspiración social-demócrata”
identificado con:
Un sector público empresarial estratégico como instrumento de una política económica
social-demócrata. Hoy prácticamente desmantelado.
Una política económica que tenga como prioridad el pleno empleo. Un empleo de calidad
y con derechos y respetuoso con el medio ambiente. Una política no exenta de
sacrificios en torno al saneamiento de la economía y la reconversión de sectores en
crisis.
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Una política de inversión pública adecuada, sobre todo como posible instrumento a
utilizar en un contexto económico recesivo.
Una política fiscal progresista, basada en la imposición directa, no en la indirecta, y
desde luego contraria a la reducción de impuestos como se defiende actualmente.
Una protección social avanzada que garantice un sistema público de pensiones
suficiente y cobertura para las personas dependientes.
Una enseñanza y una sanidad pública y gratuita y de calidad contrastada como ejemplo
de servicio público para todos.
Estos son algunos de los instrumentos capaces de llevar a cabo una política redistributiva
que justifica plenamente la socialdemocracia. Dando por hecho que la redistribución
siempre se puede llevar a cabo, incluso en un contexto de crisis económica. Depende de la
voluntad política del gobierno de turno, no del crecimiento de la economía como defiende el
pensamiento liberal conservador.
Y lo hemos hecho en estos años donde lo que ha imperado ha sido el pensamiento único
Efectivamente, nos hemos enfrentado a muchos desafíos: la globalización de la economía,
el paro estructural, la ruptura de algunas de las bases que han sustentado el Estado del
Bienestar, las transformaciones productivas, los cambios culturales. Para algunos de esos
retos no tenemos todavía alternativas ideológicas ni organizativas. Pero ello tampoco debe
llevarnos a caer en la resignación, en la aceptación de paradigmas que en nombre de la
modernidad esconden recetas muy antiguas y muy conservadoras.
En séptimo lugar, la UGT “ha reafirmado su capacidad de movilización”. La UGT aceptó
en los primeros años de la década de los ochenta, con lealtad, un duro ajuste industrial y de
salarios justificado por la situación crítica de la economía española, esperando que con la
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recuperación económica el Gobierno adoptara medidas reformistas con el propósito de
recuperar una parte de los beneficios que se estaban generando, al finalizar la década de
los ochenta, por un mayor crecimiento de la economía. Sin embargo, eso no ocurrió y
además se comprobó que en el Gobierno predominaba un enfoque socioliberal que mantenía
una permanente demanda de contención salarial y planteaba duras propuestas que chocaban
con las demandas de las bases sindicales: la reforma de la Seguridad Social (1985) y el
referéndum de la OTAN (1986) son dos cuestiones de grave confrontación. Además de la
adopción de medidas impopulares, lo que preocupaba a los responsables ugetistas era el
tono con el que eran considerados los sindicatos en las altas esferas del partido y del
Gobierno: la visión creciente de los sindicatos como instituciones opuestas al progreso
social, como grupos de presión a los que había que limitar su capacidad de acción.
También influyeron los reiterados incumplimientos del AES por parte del Gobierno
Socialista y todo ello unido a un insistente discurso sobre el fin de la clase trabajadora en
un mundo post-industrial. Más allá del enfrentamiento concreto entre la alta dirección del
PSOE y la UGT, se argumentó y defendió el abandono por parte de las clases medias
profesionales de la alianza con la clase obrera. Ésta pasó de ser considerada vanguardia de
la transformación social a un grupo social en declive, conservador. Este abandono tuvo lugar
de formas diversas, y culminó con un enfrentamiento entre partido y sindicato en la familia
socialista, que se concretó en la huelga general del 14 de Diciembre de 1988, la de Mayo
del 92 y la de Enero del 94. Unas movilizaciones que permitieron recuperar la confianza en
la acción autónoma de la clase trabajadora y que consiguió imponer algunas importantes
medidas relacionadas con el bienestar social. No fue suficiente, sin embargo, ni para
cambiar la orientación básica de la política económica ni para hacer frente a los aspectos
más hirientes del nuevo modelo laboral: en particular la extensión de los contratos
temporales hasta niveles insospechados en el resto de los países europeos. Posteriormente
los Sindicatos han vuelto a demostrar su capacidad de movilización contra el decretazo
impuesto por el gobierno del P.P convocando una nueva huelga general en el mes de junio de
2002, lo que constituye una buena noticia para los trabajadores.
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No es cierto por lo tanto que el enfrentamiento se produce por desavenencias personales
entre Felipe González y Nicolás Redondo. Tampoco es cierto que R. Rubial diera
explícitamente la razón a Felipe González como ha dicho éste recientemente. Era el
presidente del PSOE y obró en consecuencia con esa responsabilidad, aunque intentó sin
conseguirlo, al no tener responsabilidades de gobierno, resolver los problemas enumerados
desde el partido a pesar de su escaso protagonismo, todo hay que decirlo; el poder estaba
en el gobierno.
Todavía no se ha escrito “la verdad” sobre lo acontecido en aquél entonces. Actualmente
sólo conocemos “la verdad ” de una de las partes en escritos y memorias publicados
recientemente con escaso rigor desde mi punto de vista sobre la verdad que yo viví
personalmente.
En octavo lugar, hemos defendido “la unidad de acción sindical”. Debemos manifestar que
en España, como en la mayoría de los países europeos, se ha consolidado un sistema de
pluralidad sindical.
No obstante, la existencia de varias opciones sindicales es compatible – y creo que este es
un hecho destacado, -con la unidad de acción entre las dos grandes centrales de ámbito
estatal, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, que se consolidó en la
segunda mitad de los ochenta y se mantiene hoy activamente. Conscientes de que los
trabajadores no ven con buenos ojos la división – mucho menos, el enfrentamiento – entre
los sindicatos, somos firmes partidarios de la unidad de acción y hemos dedicado
esfuerzos a reforzarla desde la UGT. Se trata de un activo para los trabajadores porque
refuerza la capacidad de los sindicatos para afrontar las complejas exigencias de nuestro
tiempo y desde luego resulta imprescindible para garantizar la eficacia de las
movilizaciones obreras. Sin la unidad de acción, por ejemplo, es impensable la convocatoria
de una huelga general.
Fases posteriores deben conducir a una mayor colaboración entre los sindicatos y al análisis
posterior sobre formas de articulación que conduzca, al margen de los resultados, a la
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unidad orgánica. Siendo conscientes que las dinámicas organizativas y culturales separan
más que las políticas sindicales –donde no existen diferencias- que se defienden desde la
plena autonomía sindical y por lo tanto, alejadas de la supeditación a referencias políticas
partidarias.
En noveno lugar hemos sido ardientes “defensores de la integración de España en lo que
es hoy la Unión Europea.” La permanente vinculación que tuvo la UGT en el exilio con el
movimiento obrero democrático, fundamentalmente de Europa, era propia del carácter
internacionalista que tuvo el sindicato desde su creación. Hemos participado en la fundación
tanto de la CIOSL, en 1949 – actualmente la mayor confederación sindical del mundo -
como en la Confederación Europea de Sindicatos, en 1973.
Nuestra estrecha vinculación con ambas organizaciones y los lazos fraternales históricos
con el movimiento sindical de las naciones democráticas fue de gran utilidad cuando España
solicitó el ingreso en la Comunidad Europea. Tanto la CIOSL como la CES se manifestaron
explícitamente a favor y dieron su respaldo a esa incorporación.
Desde entonces nuestra legislación laboral ha sufrido profundas modificaciones acordes
con las exigencias que se derivan de nuestra incorporación a la actual Unión Europea y de
las transformaciones que ha sufrido la economía. El proceso de incorporación al acervo
comunitario y la voluntad de homologar nuestras normas a las que son comunes a los demás
países han conducido a una modernización de nuestras leyes, donde, ahora, la negociación
colectiva y el pacto social sustituyen a la intervención del Estado.
Ante esta situación ¿qué valoración, qué balance podemos hacer tras los años
transcurridos desde 1976?
Lo que salta a la vista de inmediato es que España ha cambiado mucho. Hoy somos una
sociedad más libre, más culta, más tolerante. Tenemos un marco de convivencia, la
Constitución Española, equiparable a la de los países de nuestro entorno.
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Como síntesis, puede decirse que, sin duda, en los últimos 30 años ha habido una intensa
evolución en el ámbito social. Las peculiares circunstancias que atravesó España durante
buena parte del siglo XX y, sobre todo, el haber padecido una larga dictadura, nos llevaron
al aislamiento de los grandes foros internacionales y a quedar al margen de avances que se
iban generalizando en las naciones desarrolladas de occidente.
Hay, por lo tanto, avances. Sin embargo los trabajadores y trabajadoras de España siguen
teniendo problemas en base a una tímida apuesta por la redistribución de la riqueza
frenada en los años del gobierno de P.P.
Como consecuencia, las condiciones sociales de los trabajadores españoles están todavía, en
muchos aspectos, por debajo de los niveles de la Unión Europea.
La situación de la mujer trabajadora ha mejorado pero no se ha obtenido todavía la
igualdad plena y la discriminación subsiste, no en las leyes pero sí en la práctica.
Registramos un elevado desempleo que es producto de problemas estructurales de la
economía española pero, también, de políticas económicas más centradas en ajustar los
indicadores macroeconómicos que en crear puestos de trabajo. Pese a sus declaraciones
reiteradas, la creación de empleo nunca ha sido una prioridad de los sucesivos gobiernos
que hemos tenido desde el comienzo de la transición.
La alta tasa de rotación, la precariedad y la subcontratación en el empleo que afecta sobre
todo a los jóvenes, con sus inevitables consecuencias negativas, entre ellas, un gran número
de accidentes de trabajo, son un verdadero lastre en nuestro sistema de relaciones
laborales que esperamos se vayan corrigiendo con el reciente acuerdo laboral entre los
interlocutores sociales y el gobierno
España está 6 puntos del PIB por debajo de la media comunitaria en materia de protección
social como ha denunciado con reiteración el profesor Vicenç Navarro. La insuficiencia de
algunas pensiones, la escasa protección por desempleo, que ha sido reducida en varias
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ocasiones, la inadecuada protección familiar, dan lugar a quejas de los afectados y a
demandas constantes de los sindicatos para que sea mejorada.
Nos preocupó en su día la obsesión privatizadora sin la transparencia debida y nos
preocupa en estos momentos la insuficiente asignación de recursos, que pueden conducir al
deterioro de los servicios públicos esenciales para el bienestar y el progreso de nuestro
país. Nos referimos al transporte público, la Sanidad, la Educación, la vivienda y los
Servicios Sociales.
Otras preocupaciones tienen relación con la baja productividad de la economía española y
su impacto sobre el crecimiento a largo plazo; el deterioro de la competitividad; la escasa
inversión productiva y la pérdida de músculo de nuestro sector industrial. Dependemos
fundamentalmente del consumo interno y del ladrillo penetrado por una especulación sin
límites, incomprensible en una democracia. Nos preocupan cuestiones como el grado de
endeudamiento de las familias españolas y la apuesta por el corto plazo de nuestra política
económica, el desarme fiscal, traducido en una reducción de impuestos; la cultura de la
prejubilación y el consiguiente despilfarro de un capital humano valioso y productivo; el
retraso tecnológico y de investigación de nuestro país y sus efectos negativos sobre la
productividad; el fenómeno de la inmigración y su necesaria integración social o el posible
impacto de la ampliación de la U.E. sobre nuestra economía y las posibles deslocalizaciones
de empresas todavía sin calibrar suficientemente.
En relación a este último punto debo de manifestar que en España no se ha prestado gran
atención al importantísimo proceso que ha tenido lugar en el seno de la Unión Europea. Esto
provoca que haya un desconocimiento general sobre el proceso en marcha y las posibles
consecuencias para nuestro país.
Debemos recordar que en la U.E se ha producido la ampliación más importante de su
historia y se pretende aprobar con grandes problemas, derivados de las consultas
celebradas en Francia y Holanda, una constitución que siente las bases de su integración
política y social.
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Pero sobre todo tenemos una mayor preocupación de carácter más general y de ámbito
universal, me refiero a la globalización
Las expectativas de prosperidad, paz, libertad y solidaridad que siguieron al colapso del
comunismo no se han cumplido. Por el contrario han dado paso a niveles de desempleo sin
precedentes y, en muchos países, a una profunda pobreza en apariencia irremediable; a una
multitud de guerras increíblemente salvajes en Europa, África y Asia que han destruido las
vidas de millones de personas; y a una continua amenaza de conflicto nuclear. El nuevo
orden mundial, la llamada globalización, se ha convertido en una pesadilla para todos, salvo
para unos pocos. El final del siglo XX y comienzos del siglo XXI aparecen como testigos del
fracaso del capitalismo realmente existente que es precisamente el que gobierna el
fenómeno de la globalización.
En este contexto, muchos partidos de izquierda han desmoralizado a sus miembros al no
haberlos defendido contra las políticas de sus enemigos o, aún peor, haberlas adoptado
como propias; se han quedado sin impulso, sin ideas. A veces parece como si se hubieran
quedado sin futuro aparente.
Sin embargo, no es la primera vez que se produce un cambio de esta naturaleza, ni que los
valores de justicia y solidaridad, de igualdad de derechos para todos, de cooperación y
responsabilidad mutua, son postergados en el tiempo.
Las compañías transnacionales se han convertido en un fenómeno característico y
estructuralmente central de la economía mundial, en buena parte como resultado de la
revolución en los sistemas modernos de transportes y comunicaciones. Desde la década de
los 80, una transferencia masiva de producción comenzó a llevarse a cabo para aprovechar
los costos de trabajo más baratos en los países pobres y en los países recientemente
industrializados, fundamentalmente asiáticos, e incluso se están transfiriendo su
contabilidad y sus servicios informáticos, en este caso sobre todo a la India.
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Recientemente uno de los dirigentes de Saint Gobain, manifestaba: “Cuando pago 26 euros
por hora a un obrero de la UE, lo comparo con los 0,80 céntimos que tengo que pagar a su
homólogo chino. Si quiero seguir siendo competitivo, tengo que trasladar mis empresas a
China”.
En general, la subcontratación de servicios públicos o privados a favor de empresas
transnacionales ha provocado pérdidas de empleos en los países donde las compañías se
relocalizan o extienden. La economía global por lo tanto es una gran niveladora, pero nivela
hacia abajo, porque las nuevas fábricas, incluso en países con bajos salarios, son más
eficientes en el trabajo y por lo tanto necesitan menos empleos.
Por otra parte, cada vez es mayor el número de empresas que se constituyen como una
corporación de investigación, desarrollo y comercialización. De hecho, muchas compañías en
la actualidad venden su nombre y dejan la fabricación real del producto a otras empresas
de países distintos, lo que hace difícil la compra de productos americanos o europeos, ya
que sólo una parte de esos productos se origina en la producción interna de la empresa
matriz.
A esta situación hay que añadir las exigencias de una competitividad sin limites, no
suficientemente regulada, que se traduce en el deterioro de las condiciones de trabajo, la
deslocalización de actividades y en un lamentable aumento de los riesgos laborales. Y todo
ello se lleva a cabo a sabiendas de que esta competitividad sin límites es una carrera que no
se gana: No hay una llegada en la carrera hacia el abismo porque no se puede competir con
el trabajo de esclavos.
Está comprobado que a medida que una fuerza laboral, comunidad o país busca volverse más
competitiva reduciendo sus salarios y sus aspiraciones sociales y medioambientales, se crea
una espiral descendente general en los ingresos y en las infraestructuras sociales y
materiales. Salarios más bajos y una reducción del gasto público implican menor poder
adquisitivo, conduciendo todo ello al estancamiento, la recesión y el desempleo.
Por otra parte, la creciente toma de conciencia social de los problemas ambientales, en
particular el cambio climático, están reorientando la demanda de productos y obligarán a
transformaciones en los modelos de producción y consumo con importantes consecuencias
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sociales ante el incierto futuro de las energías actuales -con plazo de caducidad- y la
necesidad de explorar el futuro de las energías renovables a las que se ha incorporado
recientemente la agricultura energética para obtener biocombustible.
En este contexto internacional no podía faltar un serio ataque a los sindicatos. Ya a
comienzos de 1992 el TIMES, de Rupert Murdoch, se manifestaba contra las grandes
coaliciones de trabajadores y proclamó la definición conservadora de “las exitosas
organizaciones sindicales del mañana: Serán esencialmente asociaciones de personal, con
base en el lugar de trabajo en particular. No serán ideológicas, excepto en lo que se
refiere a entender que la prosperidad de sus miembros está ligada a la de sus empleadores.
Sostendrán y defenderán contratos individuales y los derechos legales de los trabajadores
y jugaran un papel en la modernización de la gestión”.
Como se comprueba, la nueva derecha apuesta por “asociaciones de personal” de base
empresarial, divididas, impotentes y autorizadas solamente a manejar quejas particulares
y a promover la propiedad del empleador.
La expresión “más mercado, menos estado; más empresa, menos sindicato” resume de forma
lapidaria la orientación de la política económica liberal y el fundamentalismo del mercado
que ha resultado nefasto porque, como bien se manifestó en su día, “el mercado es un buen
siervo pero un mal amo”
Será difícil que semejante programa pueda ser impuesto en toda su magnitud en las
democracias industriales sin abolir la democracia, pero ésta no puede darse por sentada, ni
siquiera en sus bastiones tradicionales, después de lo ocurrido con la invasión de IRAK y lo
que está ocurriendo con la invasión del Líbano.
La respuesta sindical a tal situación no es otra que la organización global reafirmando la
centralidad del trabajo en el mundo en que vivimos, porque no estamos ante el fin de la
Sociedad del trabajo como manifiesta el profesor Juan José Castillo; “ni siquiera ante una
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cesión del papel del valor trabajo: trabajo fluido, disperso, invisible, intensificado,
desregularizado, pero trabajo al fin”.
Paradójicamente el movimiento sindical está acostumbrado a organizarse en momentos
difíciles, aunque no será fácil dado el grado de desorientación y confusión en el que está
sumido. En todo caso, para organizarse eficazmente, el movimiento sindical debe aprender
a pensar en términos globales.
Un enfoque global de la organización del trabajo y de la acción sindical implica un mayor
protagonismo del Movimiento Sindical Internacional existente, fundamentalmente en torno
a la CIOSL y a la CES en la Unión Europea, que son las confederaciones internacionales que
cuentan, en términos prácticos, para el Movimiento Sindical español. Reconociendo que las
respuestas a la actual situación por parte de la CIOSL y de los Secretariados profesionales
de industria son más bien escasas, al margen de las manifestaciones conjuntas con los
movimientos antiglobalización que se producen periódicamente.
La primera conclusión, por lo tanto, se refiere a la necesidad de fortalecer
profundamente la CIOSL, sobre todo en esta fase de unificación con la otra confederación
internacional de carácter cristiano la CMT y su estructura organizativa dual: territorial y
sectorial, para hacerla más capaz de responder a los retos actuales y a los que se avecinan
a través de una acción sindical que sea referencia obligada para las confederaciones
nacionales, dando respuestas al fenómeno de la globalización, al dumping social y a los
problemas reales que observamos todos los días con preocupación: el desempleo; la escasa
protección social; el desarme fiscal; el deterioro del medio ambiente: las migraciones; las
deslocalizaciones; los nuevos empleos; la nueva organización del trabajo; el trabajo infantil;
la introducción de las nuevas tecnologías; la informática avanzada y sus consecuencias; etc.
Para que la respuesta sea eficaz hay que garantizar la existencia, por abajo, de fuertes
confederaciones y federaciones de región y de nación de lo contrario la CIOSL y la CES
serán un caparazón vacío, una superestructura “sin piernas” para poder caminar.
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En coherencia con ello las centrales sindicales europeas deben también reflexionar con
urgencia sobre el ¿qué hacer con la CES?, para que ésta sea una confederación única con
todas las consecuencias, tanto a nivel organizativo como en el desarrollo de la acción
sindical en este ámbito, cosa que no ocurre actualmente donde las políticas sindicales de
cada país son las que finalmente se imponen ante la carencia de políticas comunes y de una
negociación colectiva de mínimos en el ámbito de la U.E.
Una confederación con capacidad de influir en los procesos de decisión política y en la
legislación y el diálogo social impulsados por las autoridades europeas. Particularmente
debe influir en los asuntos relacionados con el empleo y con las políticas sociales y fiscales,
verdaderos instrumentos de redistribución de riqueza. También su influencia debe ser
determinante en el establecimiento de un sistema de relaciones laborales y desde luego
debe potenciar la coordinación de la acción sindical y de las movilizaciones que se
desarrollan en este ámbito.
En España el reto resulta igualmente apasionante, porque si bien hemos recorrido un largo
trecho, como he señalado anteriormente, todavía nos queda mucho camino por delante. Sin
ir más lejos, el actual marco de relaciones laborales debe enfrentarse a las nuevas
mutaciones que se avecinan, lo que traerá consigo el nacimiento de nuevas profesiones y
actividades. Desde luego confiamos en que el respeto a la autonomía de las partes y la
potenciación del acuerdo y el consenso entre los interlocutores sociales garantice la
eficacia de las futuras reformas sociales ” y dé un nuevo impulso a la función que la
Constitución Española atribuye a las Organizaciones Sindicales y Empresariales.
En todo caso estoy convencido de que el movimiento sindical afrontará las grandes tareas
que tiene por delante con el mismo entusiasmo y determinación con el que emprendió hace
más de un siglo, la gran aventura de organizar a los trabajadores con el propósito de
defender sus intereses y conquistar los logros que hoy disfrutamos. Sin embargo, llevar a
la práctica algunas de las ideas aquí mencionadas no resultará nada fácil. En todo caso
ponen de manifiesto preocupaciones, y el compromiso de seguir avanzando. Único
mecanismo que ha resultado eficaz a través de la historia. Una historia de ilusiones,
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esperanzas y utopías, con avances y retrocesos, y con la certeza de que el trabajo sindical
en el futuro nos deparará, como no se cansaba de repetirnos Ramón Rubial, nuevos logros
que hoy nos parecen lejanos.
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