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Actualidad informativa
05 de abril de 2018
05 de febrero de 2018
ECONOMÍA
La Inspección de Trabajo propone
sancionar a la UTE de las ambulancias
El organismo corrobora distintas “deficiencias” y extiende un acta de infracción
tras visitar las bases del territorio
El cambio de titularidad a comienzos del pasado verano en el servicio de transporte
sanitario urgente no ha devuelto la tranquilidad a un sector marcado de forma recurrente
por la inestabilidad laboral.
Vitoria- La Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social ha dado su primer tirón
de orejas a la UTE que gestiona el transporte sanitario urgente en Álava, integrada por
las empresas Larrialdiak y Ambulancias Maiz, a raíz de una denuncia presentada el
pasado verano por un representante de los trabajadores de este sector. El organismo
acaba de emitir un informe en el que corrobora la existencia de distintas “deficiencias”
en las bases dispersas por el territorio histórico, requiere a la unión temporal de
empresas que “proceda a subsanar” una decena de ellas y, además, propone sancionarla
mediante la apertura de un acta de infracción tras constatar cinco “incumplimientos en
materia preventiva” en los centros de trabajo. La autoridad laboral competente, en este
caso el Departamento vasco de Trabajo y Justicia, será ahora la que determine a qué tipo
de sanción se enfrenta la UTE y, si así lo estima oportuno, le impone también una
cuantía económica atendiendo al régimen legal vigente.
La Inspección de Trabajo detalla en su expediente, fechado el pasado 22 de marzo y al
que ha tenido acceso DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, cinco infracciones
concretas por las que la UTE se expone ahora a la citada sanción. Los incumplimientos
advertidos por el organismo se extienden a materias como la elaboración de una
evaluación de riesgos en cada centro de trabajo, así como a la planificación preventiva
derivada de la misma, o la adecuación de los sistemas de lucha contra incendios y
evacuación de los trabajadores de las bases. También, a aspectos como las condiciones
materiales de los propios centros de trabajo -vestuarios, taquillas, aseos y condiciones
termo higrométricas-, el sistema de lavado y descontaminación de la ropa de trabajo -en
relación con los riesgos biológicos a los que se encuentran expuestos los profesionales-
o “el orden y la limpieza” de los lugares de trabajo.
La Inspección, que depende tanto del Instituto Nacional de Seguridad Social como del
Gobierno Vasco -Trabajo-, ha optado por extender una sola acta de infracción
acumulando las cinco infracciones detectadas y ya citadas, atendiendo a la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Además, insta a subsanar todas estas
deficiencias y otras como el acondicionamiento de los cuadros y las instalaciones
eléctricas de las bases, la entrega de equipos de protección individual (EPIs) y ropa de
trabajo a los profesionales y el cumplimiento de la normativa en relación con los
equipos a presión existentes en las bases, en alusión a las botellas de oxígeno.
La Inspección, por último, ha emitido también un requerimiento a la UTE para que
proceda a exponer el calendario laboral de los profesionales en los centros de trabajo,
otra de las deficiencias que detectó en sus visitas. Sin embargo, se inhibe de analizar o
proponer sanciones por las deficiencias también denunciadas en su día por el trabajador,
que pertenece al sindicato LAB, en las condiciones materiales de las ambulancias, al no
ser de su competencia.
Visitas desde septiembre. Tras recibir los distintos escritos de denuncia, el organismo
inició el proceso de inspección base por base el pasado 1 de septiembre, cuando visitó el
centro de trabajo situado en Espejo. A ésta se unieron varias actuaciones
comprobatorias respecto a las taquillas del centro de trabajo ubicado en Agurain y
varias visitas consecutivas más a los puestos de ambulancias de Murgia, Laguardia,
Zambrana, Laudio, al centro de trabajo de Legutiano, al puesto de Amurrio, y a los
diferentes centros de Vitoria. La Inspección también se vio las caras posteriormente con
la UTE, a la que solicitó diferentes documentos, y una vez recopilada toda la
información procedió a adoptar las medidas ya descritas.
El área de Trabajo tendrá ahora la última palabra, pero la normativa vigente en materia
de prevención de riesgos laborales establece sanciones que, si van acompañadas de
multa, pueden ir desde los 40 a 405 euros en el caso de las infracciones leves en su
grado mínimo a las muy graves en su grado máximo que contemplan de 409.891 a
819.780 euros. Los representantes de los trabajadores esperan también respuesta a una
denuncia paralela y muy similar interpuesta ante el Departamento vasco de Salud por
distintos “incumplimientos” del contrato de gestión del servicio de ambulancias por
parte de la UTE.
AL DETALLE
La denuncia. Un representante de los trabajadores del sector del transporte sanitario
urgente, perteneciente al sindicato LAB, denunció ante la Inspección de Trabajo la
existencia de numerosas deficiencias en las bases de ambulancias del territorio histórico.
Varios meses después, y tras visitar los puestos de trabajo, el organismo ha procedido a
redactar un informe donde corrobora varias de estas carencias.
La respuesta. La Inspección da cuenta de la existencia de distintas “deficiencias” en las
bases, requiere a la UTE Larrialdiak-Ambulancias Maiz que “proceda a subsanar” una
decena de ellas y, además, propone sancionarla mediante la apertura de un acta de
infracción tras constatar cinco “incumplimientos en materia preventiva” en los centros
de trabajo. El organismo, sin embargo, se inhibe de analizar o proponer sanciones por
las deficiencias también denunciadas en las condiciones materiales de las ambulancias,
al no ser de su competencia.
Infracciones. Los incumplimientos advertidos por el organismo se extienden a materias
como la elaboración de una evaluación de riesgos en cada centro de trabajo, así como a
la planificación preventiva derivada de la misma, o la adecuación de los sistemas de
lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores de las bases. También, a
aspectos como las condiciones materiales de los lugares de trabajo -vestuarios, taquillas,
aseos y condiciones termo higrométricas-, el sistema de lavado y descontaminación de
la ropa de trabajo -en relación con los riesgos biológicos a los que se encuentran
expuestos los profesionales- o “el orden y la limpieza” de los propios centros.
Sanciones. El Departamento de Trabajo tendrá ahora la última palabra, pero la
normativa en materia de prevención de riesgos laborales establece sanciones que, si van
acompañadas de multa, pueden ir desde los 40 a 405 euros en el caso de las infracciones
leves -grado mínimo- a las muy graves en su grado máximo que contemplan hasta
819.780 euros.
04 de abril de 2018
Economía
El empleo no peligra; tu sueldo sí
Un informe concluye que la automatización no reduce el número total
de trabajos, pero sí los salarios. La revolución de los algoritmos
acelerará aún más los cambios
Servidores en el centro de datos de Google en The Dalles (Oregón, Estados
Unidos).
¿Van a acabar los robots, los superordenadores y los algoritmos con el
trabajo? ¿Estamos a punto de entrar en un mundo postindustrial en el que el
empleo será una rara avisa la que solo tendrán acceso un grupo de privilegiados?
Son estas preguntas cada vez más habituales a la vista de la revolución
tecnológica que amenaza con sustituir a las personas por máquinas. Pero, en
contra de la muy extendida idea de que la era del empleo está llegando a su fin,
un estudio reciente concluye que la automatización no reduce el número de
puestos de trabajo. Más bien al contrario, ayuda a que aumente. El problema es
que la creciente tecnificación también contribuye a la depauperación de la clase
media.
En el artículo con el sugerente título Robocalypse now. ¿Supone la mayor
productividad una amenaza para el empleo?, David Autor, del Instituto
Tecnológico de Massachusetts (el famoso MIT) y Anna Salomons, de la
Universidad de Utrecht, analizan lo ocurrido en 19 países en los últimos 35 años.
Aunque el texto se refiere solo al pasado, los autores creen que sus conclusiones
son válidas también para el futuro inmediato.
“No hay ninguna razón que nos haga pensar que esta tendencia va a cambiar en
los próximos años. La nueva revolución tecnológica no va a impedir la creación
de nuevos empleos. Y va a seguir situando la desigualdad como uno de los
grandes retos de la sociedad”, asegura Salomons, una de las autoras, desde
Boston en una conversación vía Skype.
Esta profesora responsable del seminario de Empleo y Desigualdad en la
Universidad de Utrecht cree que uno de los principales hallazgos de su trabajo es
desmontar el mito de una sociedad con desempleo masivo, un temor que le
parece “infundado”. “Esto es algo que muchos economistas ya intuían, pero
nosotros lo hemos demostrado con datos”, añade.
El experto de Oxford Carl Frey ve en el empobrecimiento
de la clase media el mayor riesgo actual
Los autores no niegan el fuerte impacto del progreso en el empleo y admiten que
los aumentos de productividad fruto de los avances tecnológicos sí ayudan a
destruir empleo en determinados sectores: básicamente, aquellos a los que la
automatización afecta directamente. Pero, aunque en estas industrias se
produzcan pérdidas netas de trabajos, los ahorros económicos frutos de la mayor
productividad facilitan la creación de puestos en otros sectores. Esta
recolocación, sin embargo, suele ser con sueldos más bajos.
Así, los autores calculan que si en 1970 las rentas laborales suponían un 66,2%
de la tarta de los ingresos totales; en 2007 este porcentaje había disminuido al
62,7%. El proceso de pérdida de riqueza de los trabajadores continúa a marchas
forzadas; y además se agravó a partir de este siglo.
La técnica destruye puestos en ciertos sectores pero ayuda
a crearlos en otros
Esteban Moro, profesor de Matemáticas en la Carlos III de Madrid y en el Media
Lab del MIT, insiste en diferenciar la tecnificación de las últimas décadas,
protagonizada por los robots, con la actual segunda oleada de automatización,
basada en algoritmos e inteligencia artificial. “Esta revolución es muchísimo más
rápida. Y no tiene por qué tener los mismos efectos sobre el empleo y los salarios
que la anterior. El riesgo es que los cambios sean de tal velocidad que no dé
tiempo al mercado laboral a adaptarse para formar trabajadores con las
capacidades necesarias”, explica.
Pero lo que sí tiene todos los visos de continuar es lo que Moro define como
“vaciamiento de las clases medidas”, un proceso de polarización en el que una
gran mayoría de trabajadores se ven abocados a salarios cada vez más bajos; y
una minoría de mano de obra superespecializada con habilidades adaptadas a los
nuevos tiempos que aspira a una porción creciente de las rentas.
Este investigador español forma parte del grupo creado por el MIT para analizar
el futuro del trabajo, donde expertos de distintos ámbitos estudian el efecto que la
última revolución tecnológica tendrá en aspectos como los movimientos
migratorios entre zonas con industrias en declive —zonas eminentemente rurales
o con industrias tradicionales— y florecientes ciudades como San Francisco, con
oferta de trabajo adaptada a las nuevas necesidades.
Dos líneas de pensamiento
En los últimos años han surgido dos líneas de pensamiento entre los
investigadores en tecnología y empleo. Los primeros defienden la llegada de una
especie de Armagedón laboral, una sociedad que será incapaz de emplear a
amplísimas capas de la población. De ahí surgen iniciativas como la renta básica
universal, la idea de que, ya que la mayoría de personas va a estar desempleada,
el Estado debe asegurarse de que tengan lo necesario para llevar una vida digna.
Y la necesidad de que los nuevos instrumentos de la mecanización incorporen
parte de las cargas que lastran la contratación de personas, con medidas como los
impuestos a los robots.
La segunda idea-fuerza es la de que es imposible predecir qué pasará en el futuro,
pero que así como los cajeros automáticos no acabaron con las oficinas
bancarias; los avances tecnológicos harán que algunos empleos desaparezcan o
se reduzcan al mínimo, pero se crearán otros que ahora es imposible siquiera
imaginar. Y el saldo final puede incluso ser positivo. Es en este bando del debate
en el que se sitúa el trabajo de los profesores Autor y Salomons.
Carl Benedkit Frey, codirector del Programa de Tecnología y Empleo de la
Martin School de Oxford y una de las personas que más saben en el mundo sobre
este asunto, opta también por la segunda opción. “El principal riesgo de la
tecnificación no es el desempleo masivo, sino el empobrecimiento de las clases
medias, tendencia que ya empezó hace tiempo y que puede continuar en los
próximos años”, concluye.
LOS PERDEDORES DEL GRAN SALTO TECNOLÓGICO
Puestos como los de ascensoristas o lavadores de coches han desaparecido prácticamente
por completo del paisaje de las ciudades. Al tiempo que estos se desvanecían, surgían otros
que hasta hace poco nadie se imaginaba. Así, expertos como Carl Benedikt Frey, de la
Martin School de Oxford, creen que el proceso volverá a repetirse una vez más en la
revolución que estamos viviendo.
“Pese a que no crea que vaya a haber un desempleo masivo a largo plazo, no hay duda de
que algunos trabajadores sí se han visto perjudicados por el avance de la tecnología”,
explica. Frey se fija especialmente en las ciudades manufactureras de EE UU que han
asistido a un empeoramiento de las condiciones sociales, con crecientes tasas de mortalidad
entre hombres adultos y dificultades cada vez mayores para la movilidad social. “La mayor
preocupación ahora son esas capas de población que sufren una peor situación por culpa del
progreso de estos años. Son los perdedores de la automatización”, añade.
El español Esteban Moro cree que el nuevo mundo de los algoritmos dañará sobre todo a
aquellas profesiones basadas en tareas repetitivas que las máquinas pueden hacer casi al
instante. Pero también podrán resolver labores cada vez más complicadas como
traducciones, lecturas de textos jurídicos o de imágenes médicas. “La gran pregunta es qué
pasará con esas habilidades que los humanos han aprendido tras invertir mucho tiempo y
esfuerzo”, asegura el profesor en el Media Lab del MIT.
El drama del amianto persigue a miles de
trabajadores vascos
El caso de la antigua sede del BBVA en Bilbao es un ejemplo de la plaga que estuvo
presente en fábricas y edificios de Euskadi desde los años cuarenta. Durante
muchos años, varios trabajadores del área de mantenimiento estuvieron en
contacto con el amianto, una sustancia cancerígena. La Seguridad Social ha
ordenado el pago de un 50% de recargo de prestaciones a la familia de un
fontanero que falleció en 2016. La entidad ha presentado un recurso contra esa
resolución.
Protesta de CCOO a las puertas de una de las sedes del BBVA en Bilbao por el amianto.
El calvario de José Luis Baeza duró cinco meses. Un día de abril le
diagnosticaron cáncer de pleura, y un día de septiembre falleció. En el medio tuvo
tiempo para confirmar sus peores temores: la enfermedad que le llevaría a la tumba
había sido provocada por su entorno laboral, ese mismo en el que pasó 32 años su vida.
A lo largo de esas décadas, este fontanero había prestado servicios en el área de
mantenimiento de la sede principal del BBVA en Bilbao. Allí estuvo en contacto con
el amianto, una sustancia cancerígena que se encontraba en las tuberías.
“Lo más duro fue verle sufrir”, dijo a Público su viuda, María Victoria Uriarte. De ese
sufrimiento también pueden hablar en casa de Cosme del Real, un electricista que
trabajaba en la misma sede y que murió a causa de un idéntico cáncer en 2010.
Asimismo, fuentes de la Asociación de Víctimas del Amianto en Euskadi (ASVIAMIE)
señalaron a este periódico que en enero pasado murió un carpintero que trabajaba en ese
gigantesco edificio acristalado, situado en pleno centro de la capital vizcaína. Según
indicaron desde ASVIAMIE, la causa fue la misma que en los otros dos casos:
un mesotelioma maligno, una enfermedad que la Organización Mundial de la Salud
vincula directamente a la exposición al amianto.
Sólo en el País Vasco se estima que unos 25 mil trabajadores estuvieron en contacto con
esta sustancia cancerígena
Se trata de una auténtica plaga que estuvo presente en fábricas y edificios de Euskadi
desde los años cuarenta. Debido a sus propiedades aislantes, su comprobada resistencia
al calor y sus bajos costes económicos, fue utilizado en sectores muy variados. La
construcción fue uno de ellos. También se empleó en el mundo de la industria
ferroviaria y del automóvil, entre otras. Sólo en el País Vasco se estima que unos 25 mil
trabajadores estuvieron en contacto con esta sustancia cancerígena, cuyo uso no sería
prohibido en España hasta 2002.
Once trabajadores muertos en lo que va de 2018
En lo que va de año ya han muerto once trabajadores vascos por culpa de esa
sustancia, mientras que durante 2017 hubo 22 fallecidos. Un año antes se habían
producido otros 28 decesos. El goteo es imparable. “Este año hemos empezado fuerte”,
advirtieron desde ASVIAMIE, donde llevan un recuento de las personas que pierden la
vida por haber estado en contacto con el amianto.
En lo que va de año ya han muerto once trabajadores vascos por culpa de esa sustancia,
mientras que durante 2017 hubo 22 fallecidos
En el caso de Baeza, sus familiares pelean ahora por conseguir la reparación que
corresponda. A finales de enero parecía que estaban por lograrlo: según informó
entonces el sindicato CCOO, la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social en Bizkaia había emitido una resolución “por la que se reconoce un
recargo del 50% de todas las prestaciones que se originen a raíz del fallecimiento” de
este trabajador “por enfermedad profesional derivada de exposición laboral al amianto”.
“Debido a esto se verá incrementada la pensión de viudedad que se generó tras el
fallecimiento”, explicaron.
Sin embargo, el responsable de Salud Laboral de esta organización sindical, Alfonso
Ríos, denunció que “el BBVA, como la mayoría de las empresas, no quiere pagar” a la
familia de la víctima. En tal sentido, señaló que la entidad bancaria había formulado
“una reclamación previa ante la Seguridad Social” con el objetivo de “alargar el proceso
judicial durante ocho o nueve años e intentar así que la familia tire la toalla”. Si el INSS
volviese a ordenar el recargo de las prestaciones, el BBVA podría entonces llevar el
caso ante la justicia.
“Están intentando que nos cansemos, pero no lo van a conseguir. Mientras haya
que luchar, lo haremos por su memoria”, afirmó la viuda del fallecido. Por su parte,
Ríos calificó la situación como “infame” y destacó que “para una entidad como el
BBVA, el monto a pagar es ridículo”.
El BBVA: "En el año 2000 se detectó la presencia de amianto y se inició el proceso de
desamiantado en las instalaciones referidas"
En ese contexto, fuentes del BBVA señalaron que esta institución “siempre ha cumplido
la normativa vigente”, al tiempo que subrayaron que el edificio en cuestión “fue
construido siguiendo los estándares de la época”. “En el año 2000 se detectó la
presencia de amianto y se inició el proceso de desamiantado en las instalaciones
referidas”, apuntaron. En cuanto al caso del fontanero fallecido, explicaron que sus
abogados “están buscando una solución satisfactoria para ambas partes”.
Según ha podido saber este periódico, los representantes del banco se han opuesto “a
la sanción administrativa por omisión de las medidas de seguridad e higiene en el
trabajo, por considerar que en todo momento se siguió la normativa que existía al
efecto”. “En el momento que este trabajador prestaba sus servicios en este edificio se
desconocían los efectos nocivos del amianto”, argumentaron.
Alquiler a Primark
La histórica sede del BBVA está ahora en obras. La cadena textil Primark ha
alquilado seis de las 21 plantas e instalará allí su primera tienda en la capital vizcaína.
En febrero de 2017, cuando iban a empezar las obras, el sindicato CCOO presentó un
escrito ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Bizkaia para solicitar “un
especial control de las condiciones de trabajo en la obra en relación con la exposición al
amianto”. Fuentes de Primark consultadas por este periódico señalaron que “los trabajos
están a cargo del BBVA”, al tiempo que señalaron que aún no existe una fecha estimada
de apertura.
¿Qué mejoras piden las ´kellys´?
Las camareras de piso, un sector casi al 100% femenino, exigen medidas para mejorar su situación
¿De dónde viene el nombre 'kellys'? El nombre de 'kellys' es el que se ha extendido para referirse a las camareras de piso, un trabajo mayoritariamente femenino, que desempeñan en España unas 200.000 personas en hoteles y otras empresas.
La reunión con Mariano Rajoy lleva a la Moncloa el contencioso laboral sobre las camareras de piso, las llamadas 'kellys', unas 200.000 empleadas en toda España, que reivindican desde hace años mejoras en sus condiciones laborales y denuncian los bajos salarios y la precariedad de la profesión.
Tras la reforma laboral, muchas empresas, especialmente hoteles, han externalizado el servicio, lo que ha hecho que el sector, casi al 100% femenino, haya visto cómo se han rebajado los sueldos y también las condiciones de trabajo.
Las condiciones difieren entre comunidades autónomas, que pueden tener convenios diferentes, pero los sindicatos calculan que descolgarse del convenio sectorial colectivo y establecer convenios de empresa ha supuesto una reducción salarial de entre el 20% y el 40% con respecto a los empleados que sí trabajan para la empresa principal. El cambio ha supuesto una rebaja en unos sueldos ya de por sí bajos, hasta acercarlos al mínimo profesional.
Las nuevas condiciones han llegado a eliminar pluses de penosidad, peligrosidad o toxicidad y en algunos casos se han suprimido los pluses de antigüedad. CCOO y UGT achacan la reforma laboral el aumento de las cargas de trabajo y las externalizaciones debido a la prevalencia de los convenios de empresas multiservicios por encima de los convenios colectivos sectoriales en la hostelería.
Ambos exigen al Gobierno que elabore un plan de prevención de riesgos laborales para reducir el número de habitaciones que debe hacer cada camarera de piso. Además, CCOO y UGT han pedido al Gobierno que trate las enfermedades profesionales, los coeficientes reductores para que se puedan jubilar anticipadamente.
Pese a ello, parte de las camareras de pisos, agrupadas en el colectivo 'Las Kellys', han discrepado en ocasiones de la postura de los sindicatos. Estas son sus principales reivindicaciones, que ya incluyen en su propuesta de 'ley Kelly':
Rechazo a la externalización
El colectivo exige la modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad de contratación y la incorporación a la misma de la llamada 'Ley Kelly ' para impedir la cesión ilegal de trabajadoras.
Junto con esta petición también aparece la del blindaje de los convenios de hostelería, y que no se reconozcan en ningún caso a las empresas multiservicios como parte del sector.
Jubilación anticipada
'Las Kellys' quieren que se establezcan coeficientes reductores para tener pensiones decentes.
Reconocimiento de enfermedades profesionales
El colectivo pide también el reconocimiento de trabajo penoso y de las enfermedades profesionales directamente relacionadas con el aparato motor y músculo esquelético.
Incremento del número de inspectores
'Las Kellys' también piden un aumento del número de inspectores laborales y que se llevan a cabo inspecciones aleatorias, con castigo a los expedientes irregulares.
Conciliación
Igualmente, piden mejoras en el cumplimiento efectivo el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores para mejorar la conciliación familiar y lo referente en el artículo 55 en relación al embarazo.
equipos&talento.com
Cómo impulsar hábitos saludables en la
empresa
El envejecimiento progresivo de la población en las próximas décadas implicará
una diferencia considerable entre la población laboral disponible y el número de
personas que ésta tiene que mantener. La prevención de riesgos laborales debe,
por tanto, plantearse un nuevo reto y dirigir sus esfuerzos más allá, caminando
de la mano de las administraciones públicas competentes, hacia la Promoción
de la Salud en el Trabajo.
Recientemente EAE Business School daba a conocer en un estudio cómo, en apenas
5 años (de 2012 a 2017), España había perdido más de 700.000 habitantes y
anticipaba que para el 2050 habrá 76 jubilados por cada 100 habitantes en edad de
trabajar. Esto supone una inversión de la pirámide poblacional española que ya
está teniendo consecuencias: la prolongación de la vida laboral, a fin de hacer
sostenible el sistema de pensiones del país.
En este sentido, un artículo publicado por el Grupo Preving señala que la información
facilitada por los exámenes de salud puede ayudar a las empresas a "determinar las
áreas de mejora en la salud de la plantilla, definir un plan de intervención y diseñar
las acciones concretas a desarrollar, de acuerdo con los medios disponibles".
De este modo, indican que la vigilancia de la salud puede suponer un buen punto
de arranque para la implantación de un plan de Promoción de la Salud en el
Trabajo (PST). "Los exámenes de salud pueden constituir una buena oportunidad
para realizar pruebas adicionales que, en función de la edad, el sexo u otras variables
relevantes, permitan la detección precoz de enfermedades", explican. "Asimismo
constituyen un momento propicio para motivar la adquisición de unos hábitos más
saludables".
Para ello, los expertos del Grupo Preving señalan que hay que "identificar y aunar
todos los indicadores de salud que existan en la empresa, clasificarlos y analizarlos
junto con los datos de población laboral y absentismo", con el fin de poder desarrollar
las líneas estratégicas.
"En función de los indicadores de salud con peores resultados se priorizarán las
posibles líneas de actuación en PST a seguir en un determinado periodo de tiempo,
pudiendo controlarse la incidencia y la evolución de las actuaciones en los siguientes
exámenes de salud", destacan.
INFORMAZIO TEKNIKO ETA ZIENTIFIKOA
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA
“Ácido úrico y síndrome metabólico en una población masculina de pilotos
de líneas aéreas”
Resumen:
Introducción: Ácido úrico sérico y Síndrome Metabólico, son factores que se
relacionan fuertemente con enfermedades cardiovasculares. Objetivo: conocer la
prevalencia de Síndrome Metabólico así como la concentración de Ácido úrico sérico
en una población aeronáutica y determinar qué posibles relaciones muestran unos
niveles normales y/o patológicos de Ácido úrico con respecto a la presencia o
ausencia de Síndrome Metabólico.
Conclusiones: Nuestros resultados sugieren que la hiperuricemia puede ser una
complicación relacionada son el propio Síndrome Metabólico; la obesidad abdominal
puede condicionar un aumento en la concentración de Ácido úrico. Se hace preciso
aumentar los estudios sobre poblaciones aeronáuticas respecto a estos factores
metabólicos con objeto de aumentar la seguridad en vuelo
“Normas básicas de seguridad durante el manejo de equipos de
radiaciones no ionizantes”
Resumen:
La preocupación creciente de los trabajadores hacia los posibles efectos nocivos de
la exposición a campos electromagnéticos, está suponiendo una percepción
desproporcionada de los riesgos derivados de la exposición. En la actualidad, no
existe evidencia científica sobre dichos efectos nocivos, siendo aconsejable la
vigilancia sobre las exposiciones que están fuera de los límites de seguridad. Desde
este Servicio de Prevención y en colaboración con el Servicio de Física Médica,
hemos elaborado un procedimiento que garantice, mediante criterios preventivos
básicos, la seguridad y salud de los trabajadores que manejan equipos emisores de
radiaciones no ionizantes, en nuestro hospital y centros de especialidades. Para la
elaboración de este procedimiento hemos revisado la literatura científica relativa a
los efectos de los campos electromagnéticos sobre la salud, reuniones periódicas de
trabajo entre ambos servicios, identificación y ubicación de los equipos de
radiaciones no ionizantes, y asesoramiento por expertos en la materia.